La presente Directiva establece normas relativas al acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros, y al ejercicio de las mismas, dentro de la Unión.

La presente Directiva se aplica a cualquier persona física o jurídica establecida en un Estado miembro o que desee establecerse en él para acceder a la distribución de productos de seguro y reaseguro y ejercerla.

La presente Directiva no se aplica a los intermediarios de seguros complementarios que ejercen actividades de distribución de seguros cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

Los Estados miembros garantizarán que, cuando la actividad de distribución se ejerza a través de un intermediario de seguros complementarios que esté exento de la aplicación de la presente Directiva conforme a lo dispuesto en el apartado 3, la empresa de seguros o el intermediario de seguros garantice lo siguiente:

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes realicen un seguimiento del mercado, incluido el mercado de los productos de seguros complementarios que se comercialicen, distribuyan o vendan en o desde su Estado miembro. La AESPJ podrá facilitar y coordinar dicho seguimiento.

La presente Directiva no se aplicará a las actividades de distribución de seguros y reaseguros en relación con riesgos y compromisos localizados fuera de la Unión.

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

A los efectos del apartado 1, puntos 1 y 2, ninguna de las actividades que a continuación se indican constituirá distribución de seguros o de reaseguros:

Los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios deberán estar registrados por una autoridad competente, en su Estado miembro de origen.

Las empresas de seguros y reaseguros, así como sus empleados, no tendrán la obligación de registrarse a efectos de la presente Directiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer que las empresas y los intermediarios de seguros y de reaseguros u otros organismos puedan cooperar con las autoridades competentes en el registro de los intermediarios de seguros y de reaseguros y de seguros complementarios, así como en la aplicación de los requisitos que se establecen en el artículo 10.

En particular, las empresas de seguros o reaseguros, los intermediarios de seguros o reaseguros, las asociaciones de empresas de seguros o de reaseguros, o los intermediarios de seguros o reaseguros podrán registrar, bajo la supervisión de una autoridad competente, a los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios.

Un intermediario de seguros o reaseguros o un intermediario de seguros complementarios puede actuar bajo la responsabilidad de una empresa de seguros o reaseguros o de otro intermediario. En este caso, los Estados miembros podrán establecer que la empresa de seguros o reaseguros u otro intermediario serán responsables de garantizar que el intermediario de seguros o reaseguros o el intermediarios de seguros complementarios cumpla las condiciones de registro, incluidas las condiciones establecidas en el apartado 6, párrafo primero, letra c).

Los Estados miembros podrán también establecer que la empresa de seguros o reaseguros u otro intermediario que se responsabilice del intermediario de seguros o reaseguros o del intermediario de seguros complementarios registre a dicho intermediario o intermediario complementario.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero a todas las personas físicas que trabajen para un intermediario de seguros o reaseguros o un intermediario de seguros complementarios y que ejerzan la actividad de distribución de seguros o reaseguros.

Los Estados miembros garantizarán que los registros indiquen los nombres de las personas físicas, en el seno de la dirección del distribuidor de seguros o reaseguros, responsables de las actividades de distribución de seguros o reaseguros.

En los registros también se indicará en qué Estados miembros opera el intermediario en régimen de libertad de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios.

Los Estados miembros establecerán un sistema de registro en línea. Dicho sistema deberá ser de fácil acceso y permitir que se rellene el formulario de registro directamente en línea.

En caso de que exista más de un registro en un Estado miembro, dicho Estado miembro creará un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de dichos registros establecidos y actualizados por vía electrónica. El punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

La AESPJ establecerá, publicará en su sitio web, y mantendrá actualizado, un registro electrónico único en el que consten los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios que hayan notificado su intención de desarrollar actividad transfronteriza de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III. Los Estados miembros facilitarán a la AESPJ la información pertinente sin demora, a fin de que pueda llevar a cabo esta labor. El registro contendrá enlaces a los sitios web de las autoridades competentes de cada Estado miembro.

La AESPJ tendrá derecho a acceder a los datos almacenados en el registro al que se refiere el párrafo primero. La AESPJ y las autoridades competentes tendrán derecho a modificar dichos datos. Los interesados cuyos datos sean objeto de almacenamiento en el registro y de intercambio tendrán derecho a acceder a dichos datos almacenados y derecho a recibir información adecuada al respecto.

La AESPJ establecerá un sitio web con hiperenlaces para cada uno de los puntos únicos de información o, cuando proceda, de los registros, constituidos por los Estados miembros de conformidad con el apartado 3.

Los Estados miembros de origen velarán por que la inscripción en el registro de los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios esté sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 que le sean aplicables.

La validez del registro estará sujeta a una revisión periódica por parte de la autoridad competente.

Los Estados miembros de origen velarán asimismo por que los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios que dejen de cumplir los requisitos especificados en el artículo 10 sean excluidos del registro. Cuando proceda, el Estado miembro de origen informará al Estado miembro de acogida de dicha exclusión.

Los Estados miembros garantizarán que las solicitudes de los intermediarios para ser incluidos en el registro se tramiten en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de una solicitud completa, y que se notifique la decisión al solicitante sin demora.

Los Estados miembros velarán por que se exija a los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios, como condición para el registro, toda la información siguiente:

Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios notifiquen a las autoridades competentes, sin demora injustificada, los cambios en la información facilitada de conformidad con el presente apartado.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes denieguen el registro si las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país aplicables a una o varias personas físicas o jurídicas con las cuales el intermediario posea vínculos estrechos, o las dificultades para hacer cumplir esas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Todo intermediario de seguros, de reaseguros o de seguros complementarios que se proponga ejercer una actividad en el territorio de otro Estado miembro por vez primera en régimen de libre prestación de servicios, facilitará a la autoridad competente de su Estado miembro de origen la siguiente información:

En el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la información a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará dicha información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que acusará recibo sin demora. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará por escrito al intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios que la autoridad competente del Estado miembro de acogida ha recibido la información y que el intermediario puede comenzar a desarrollar su actividad en el Estado miembro de acogida. Cuando proceda, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará al mismo tiempo al intermediario, que la información relativa a las disposiciones legales a que se refiere el artículo 11, apartado 1, de aplicación en el Estado miembro de acogida, está disponible a través de los soportes a que se hace referencia en el artículo 11, apartados 3 y 4, y también que el intermediario debe cumplir dichas disposiciones a fin de iniciar sus operaciones en el Estado miembro de acogida.

Si se producen cambios en cualquiera de los datos comunicados en aplicación del apartado 1, el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios lo notificará por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de origen como mínimo un mes antes de que el cambio sea efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada de ese cambio por la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la mayor brevedad posible y, a más tardar, un mes después de que la autoridad competente del Estado miembro de origen haya recibido esa información.

Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida tenga motivos para pensar que un intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios que opere en su territorio en régimen de libre prestación de servicios infringe cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Directiva, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Tras evaluar la información recibida conforme al párrafo primero, la autoridad competente del Estado miembro de origen adoptará, si procede y en tal caso cuanto antes, las medidas oportunas para corregir la situación. Informará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida acerca de todas las medidas adoptadas.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, o en ausencia de tales medidas en dicho Estado miembro, el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios persiste en actuar de forma claramente perjudicial a gran escala para los intereses de los consumidores del Estado miembro de acogida o para el buen funcionamiento de los mercados de seguros y reaseguros, las autoridades competentes de este último podrán adoptar, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las medidas apropiadas para prevenir nuevas irregularidades y, si fuera absolutamente necesario, impedir que el intermediario siga llevando a cabo nuevas actividades en el territorio del Estado miembro de acogida.

Además, la autoridad competente del Estado miembro de origen o de acogida podrá remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010. En tal caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo a los poderes que le confiere dicho artículo.

El apartado 1 no afectará a la facultad del Estado miembro de acogida de adoptar las medidas oportunas a fin de prevenir o sancionar las irregularidades cometidas en su territorio en caso de que sea necesaria una acción inmediata a fin de proteger los derechos de los consumidores. Esta facultad incluirá la posibilidad de impedir que los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios realicen nuevas operaciones en su territorio.

Toda medida adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de acogida en virtud del presente artículo deberá comunicarse en un documento debidamente justificado al intermediario de seguros, de reaseguros o de seguros complementarios interesado y se notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la AESPJ y a la Comisión sin demora injustificada.

Los Estados miembros dispondrán que todo intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios que se proponga ejercer la libertad de establecimiento para crear una sucursal o establecer una presencia permanente en el territorio de otro Estado miembro lo comunique primero a la autoridad competente de su Estado miembro de origen, y aporte a dicha autoridad competente la siguiente información:

Se asimilará a una sucursal toda presencia permanente de un intermediario en el territorio de otro Estado miembro que sea equivalente a una sucursal, a menos que el intermediario constituya legalmente su presencia permanente mediante otra forma jurídica.

Salvo cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen tenga motivos para dudar de la adecuación de la estructura organizativa o la situación financiera del intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios, a la vista de las actividades de distribución previstas, en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la información a que se refiere el apartado 1, comunicará dicha información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que acusará su recibo sin demora. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará por escrito al intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios que la autoridad competente del Estado miembro de acogida ha recibido la información.

En el plazo de un mes tras la recepción de la información a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, la autoridad competente del Estado miembro de acogida comunicará las disposiciones legales a que se refiere el artículo 11, apartado 1, a través de los soportes a que se refiere el artículo 11, apartados 3 y 4, que sean de aplicación en su territorio, a la autoridad competente del Estado miembro de origen. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará tal información al intermediario y le informará de que puede iniciar su actividad en el Estado miembro de acogida siempre que cumpla dichas disposiciones legales.

Si no se recibe comunicación alguna durante el plazo previsto en el párrafo segundo, el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios podrá establecer la sucursal y comenzar a ejercer sus actividades.

Si la autoridad competente del Estado miembro de origen se niega a comunicar la información a que se refiere el apartado 1 a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, deberá motivar su negativa ante el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios en el plazo de un mes tras el recibo de toda la información a que se refiere el apartado 1.

La negativa a que se refiere el párrafo primero o la falta de comunicación de la información a que se refiere el apartado 1 por parte de la autoridad competente del Estado miembro de origen podrán ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.

Si se producen cambios en cualquiera de los datos comunicados en aplicación del apartado 1, el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios lo notificará por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de origen como mínimo un mes antes de que el cambio sea efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada de ese cambio por la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la mayor brevedad posible y, a más tardar, un mes después de que la autoridad competente del Estado miembro de origen haya recibido esa información.

Si el centro principal de actividad de un intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios está situado en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de origen, la autoridad competente de ese otro Estado miembro podrá acordar con la autoridad competente del Estado miembro de origen actuar como si fuera la autoridad competente del Estado miembro de origen por lo que atañe a las disposiciones establecidas en los capítulos IV, V, VI y VII. En caso de existir tal acuerdo, la autoridad competente del Estado miembro de origen lo notificará al intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios y a la AESPJ sin demora.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida tendrá la responsabilidad de garantizar que los servicios prestados por el establecimiento dentro de su territorio sean conformes con lo dispuesto en los capítulos V y VI, así como con las medidas adoptadas en cumplimiento de los mismos.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida tendrá derecho a examinar las disposiciones tomadas por el establecimiento y exigir los cambios que sean estrictamente necesarios para que dicha autoridad pueda hacer cumplir lo dispuesto en los capítulos V y VI, así como las medidas adoptadas en cumplimiento de los mismos, en relación con los servicios prestados o las actividades desarrolladas por el establecimiento dentro de su territorio.

Cuando la autoridad competente de un Estado miembro de acogida constate que un intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios infringe las disposiciones legales o reglamentarias adoptadas por ese Estado miembro en virtud de las disposiciones de los capítulos V y VI, dicha autoridad podrá adoptar las medidas adecuadas.

Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida tenga razones para considerar que un intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios que opere en su territorio a través de un establecimiento infringe cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Directiva, y cuando la autoridad competente no tenga la responsabilidad conforme al artículo 7, apartado 2, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente del Estado miembro de origen. Tras evaluar la información recibida, la autoridad competente del Estado miembro de origen adoptará, si procede y, en tal caso, cuanto antes, las medidas oportunas para corregir la situación. Informará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida acerca de tales medidas adoptadas.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, o en ausencia de tales medidas en dicho Estado miembro, el intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios persiste en actuar de forma claramente perjudicial a gran escala para los intereses de los consumidores del Estado miembro de acogida o para el buen funcionamiento de los mercados de seguros y reaseguros, las autoridades competentes de este último podrán adoptar, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las medidas apropiadas para prevenir nuevas irregularidades y, si fuera absolutamente necesario, impedir que el intermediario siga llevando a cabo nuevas actividades en el territorio del Estado miembro de acogida.

Además, la autoridad competente del Estado miembro de origen o del Estado miembro de acogida podrá remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010. En tal supuesto, la AESPJ podrá actuar de acuerdo con las facultades que le confiere dicho artículo.

Los apartados 2 y 3 no afectarán a la facultad del Estado miembro de acogida de adoptar las medidas oportunas y no discriminatorias a fin de prevenir o sancionar las irregularidades cometidas en su territorio en caso de que sea estrictamente necesaria una acción inmediata a fin de proteger los derechos de los consumidores del Estado miembro de acogida, y cuando el Estado miembro de origen no disponga de medidas equivalentes o estas resulten inadecuadas. En tales situaciones, el Estado miembro de acogida tendrá la posibilidad de impedir que el intermediario de seguros, reaseguros y seguros complementarios en cuestión realice nuevas operaciones en su territorio.

Toda medida adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de acogida en virtud del presente artículo deberá comunicarse al intermediario de seguros, reaseguros y seguros complementarios interesado en un documento debidamente justificado y se notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la AESPJ y a la Comisión sin demora injustificada.

La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de acogida de adoptar las medidas oportunas y no discriminatorias adecuadas a fin de prevenir o sancionar las irregularidades cometidas en su territorio que supongan una contravención de las disposiciones legales a que se refiere el artículo 11, apartado 1, siempre que sea estrictamente necesario. En tales supuestos, el Estado miembro de acogida tendrá la posibilidad de impedir que el intermediario de seguros, reaseguros y seguros complementarios en cuestión realice nuevas operaciones en su territorio.

Asimismo, la presente Directiva no afectará a la facultad de la autoridad competente del Estado miembro de acogida de adoptar las medidas adecuadas para impedir que un distribuidor de seguros establecido en otro Estado miembro lleve a cabo actividades dentro de su territorio en régimen de libre prestación de servicios o, cuando proceda, de libertad de establecimiento, si la actividad en cuestión va dirigida, total o principalmente, al territorio del Estado miembro de acogida con la única finalidad de evitar las disposiciones legales que serían de aplicación si dicho distribuidor de seguros tuviera su residencia o domicilio social en dicho país y, además, si su actividad pone seriamente en peligro el buen funcionamiento de los mercados de seguros y reaseguros en el Estado miembro de acogida en lo que respecta a la protección de los consumidores. En tales casos, la autoridad competente del Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, podrá adoptar respecto a dicho distribuidor de seguros todas las medidas adecuadas necesarias para proteger los derechos de los consumidores en el Estado miembro de acogida. Las autoridades competentes pertinentes podrán remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010 y, en tal caso, la AESPJ podrá actuar de acuerdo con las facultades que le confiere dicho artículo en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida y de origen.

Los Estados miembros de origen garantizarán que los distribuidores de seguros y de reaseguros y los empleados de las empresas de seguros y reaseguros que realicen actividades de mediación de seguros o reaseguros poseen unos conocimientos y aptitudes apropiados para desempeñar sus cometidos y funciones adecuadamente.

Los Estados miembros de origen velarán por que los intermediarios de seguros y reaseguros, y los empleados de las empresas de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros cumplan los requisitos en materia de formación y desarrollo profesional permanente, al objeto de mantener un grado de eficacia adecuado que corresponda a la función que realizan y al mercado en cuestión.

A este fin, los Estados miembros de origen implantarán y publicarán mecanismos para controlar y evaluar realmente los conocimientos y las competencias de los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de las empresas de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros, sobre la base de, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año, teniendo en cuenta el carácter de los productos vendidos, el tipo de distribuidor, la función que desempeñan y la actividad realizada en el seno del distribuidor de seguros o reaseguros.

Los Estados miembros de origen podrán exigir que se demuestre haber completado con éxito los requisitos de formación y desarrollo mediante la obtención de un certificado.

Los Estados miembros adaptarán las condiciones exigidas en materia de conocimiento y de aptitud en función de la actividad concreta de distribución de seguros y de reaseguros, y de los productos distribuidos, en particular en el caso de intermediarios de seguros complementarios. Los Estados miembros podrán exigir que, en lo referente a los casos contemplados en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y a los empleados de las empresas de seguros o reaseguros que realicen actividades de distribución de seguros o reaseguros, la empresa o el intermediario de seguros o reaseguros compruebe si los conocimientos y aptitudes de los intermediarios se ajustan a los requisitos del apartado 1 y, en su caso, les facilite medios para la formación o el desarrollo profesional que corresponda a los requisitos relativos a los productos vendidos por dichos intermediarios.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el apartado 1 y en el párrafo primero del presente apartado a todas las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o reaseguros o un intermediario de seguros o reaseguros y que ejerzan una actividad de distribución de seguros o reaseguros, pero los Estados miembros velarán por que una proporción relevante de personas, en el seno de la dirección de dichas empresas, responsables de la distribución de los productos de seguros y de reaseguros, así como cualquier otra persona que participe directamente en la distribución de seguros o de reaseguros, acrediten los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de su trabajo.

Los intermediarios de seguros y reaseguros demostrarán que cumplen los requisitos pertinentes en materia de conocimientos y competencias profesionales que establece el anexo I.

Las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o reaseguros o los intermediarios de seguros y de reaseguros que ejerzan una actividad de distribución de seguros o reaseguros deberán gozar de buena reputación. En cualquier caso, no tendrán antecedentes penales o su equivalente nacional por haber cometido delitos graves, ya sea contra la propiedad o relativos al ejercicio de actividades financieras, ni deberán haber sido declarados en quiebra con anterioridad salvo que, de conformidad con lo previsto en su Derecho nacional, hayan sido rehabilitados.

Los Estados miembros podrán permitir, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, que el distribuidor de seguros o reaseguros verifique la buena reputación de sus empleados y, cuando proceda, de sus intermediarios de seguros o reaseguros.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero del presente apartado a todas las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o de reaseguros o un intermediario de seguros o reaseguros siempre que dichas personas físicas no participen directamente en la distribución de seguros o reaseguros. No obstante, los Estados miembros velarán por que las personas que forman parte de la dirección responsable de tales empresas y todo el personal que participe directamente en la distribución de seguros o reaseguros cumplan dicho requisito.

Por lo que respecta a los intermediarios de seguros complementarios, los Estados miembros velarán por que las personas responsables de la distribución de seguros complementarios cumplan los requisitos previstos en el párrafo primero.

Los intermediarios de seguros y reaseguros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Unión, o de cualquier otra garantía comparable para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos 1 300 380 EUR por siniestro y, en total, 1 924 560 EUR para todos los siniestros correspondientes a un determinado año, a menos que tal seguro o garantía comparable ya esté cubierto por la empresa de seguros o reaseguros u otra empresa en cuyo nombre actúe el intermediario de seguros o de reaseguros, o por la cual el intermediario de seguros o de reaseguros esté facultado para actuar, o la empresa en cuestión asuma plena responsabilidad por los actos del intermediario.

Los Estados miembros exigirán que los intermediarios de seguros complementarios dispongan de un seguro de responsabilidad civil profesional o de garantías comparables en un nivel que determinará cada Estado miembro teniendo en cuenta el carácter de los productos vendidos y la actividad ejercida.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para proteger a los clientes frente a la incapacidad del intermediario de seguros, reaseguros o seguros complementarios para transferir la prima a la empresa de seguros o para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado.

Dichas medidas adoptarán una o varias de las formas siguientes:

▼M2

▼B

La AESPJ revisará periódicamente las cuantías mencionadas en los apartados 4 y 6 para tener en cuenta la evolución del índice europeo de precios al consumo, publicado por Eurostat. La primera revisión se efectuará a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y se realizarán revisiones sucesivas cada cinco años a partir de tal fecha.

La AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para adaptar los importes básicos en euros a que se refieren los apartados 4 y 6 en función de la variación en porcentaje del índice a que se refiere el párrafo primero del presente apartado entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, o entre la última fecha de revisión y la nueva fecha de revisión, redondeándolos al múltiplo de 10 EUR más próximo.

La AESPJ presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 30 de junio de 2018 y los proyectos de normas técnicas de regulación siguientes, cada cinco años a partir de esa fecha.

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refieren los párrafos segundo y tercero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1, 2 y 3, las empresas de seguros y reaseguros aprobarán, aplicarán y revisarán periódicamente sus políticas internas y los procedimientos internos adecuados.

Las empresas de seguros y reaseguros determinarán una función que garantice una correcta ejecución de las políticas y los procedimientos aprobados.

Las empresas de seguros y reaseguros constituirán, mantendrán y actualizarán registros de todos los documentos pertinentes relativos a la aplicación de los apartados 1, 2 y 3. Las empresas de seguros y reaseguros facilitarán el nombre de la persona responsable de dicha función a la autoridad competente del Estado miembro de origen, a petición de esta.

Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes publiquen oportunamente las disposiciones legales nacionales pertinentes de protección del interés general, incluida la información sobre si el Estado miembro ha decidido aplicar, y cómo, las disposiciones más estrictas establecidas en el artículo 29, apartado 3, que resulten aplicables a la distribución de seguros y reaseguros en su territorio.

Todo Estado miembro que prevea aplicar y que aplique a la distribución de seguros disposiciones adicionales a las establecidas en la presente Directiva deberá cerciorarse de que las obligaciones administrativas que se deriven de tales disposiciones sean proporcionadas respecto de la protección del consumidor. El Estado miembro vigilará permanentemente que tales disposiciones se ajusten al presente apartado.

La AESPJ incluirá en su sitio web los hiperenlaces correspondientes a los sitios web de las autoridades competentes en los que figure la información sobre las normas de interés general. Las autoridades competentes nacionales actualizarán periódicamente esa información y la AESPJ la incluirá en su sitio web clasificando todas las disposiciones nacionales de interés general en los distintos ámbitos del Derecho pertinentes.

Los Estados miembros establecerán un punto de contacto único a través del cual se ofrecerá información sobre sus respectivas normas de interés general. Ese punto de contacto estará constituido por una autoridad competente adecuada.

Antes del 23 de febrero de 2019, la AESPJ elaborará y presentará a la Comisión un informe sobre las disposiciones de interés general publicadas por los Estados miembros de conformidad con el presente artículo, en el contexto del adecuado funcionamiento de la presente Directiva y del mercado interior.

Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias.

Las autoridades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo deberán ser autoridades públicas u organismos reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por el Derecho nacional. No podrán ser empresas de seguros o reaseguros ni asociaciones cuyos miembros incluyan directa o indirectamente empresas de seguros o reaseguros o intermediarios de seguros o reaseguros sin perjuicio de la posibilidad de cooperación entre autoridades competentes y otros organismos prevista explícitamente en el artículo 3, apartado 1.

Las autoridades competentes deberán disponer de todas las facultades necesarias para el desempeño de las funciones que les asigna la presente Directiva. En caso de pluralidad de autoridades competentes en su territorio, cada Estado miembro velará por propiciar una estrecha colaboración que les permita desempeñar eficazmente sus respectivas tareas.

Con vistas a garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva, deberá haber cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros entre ellas y mediante el intercambio de cualquier información pertinente sobre distribuidores de seguros y reaseguros.

En concreto, en el proceso de registro y de manera regular, las autoridades competentes compartirán información pertinente relativa a la buena reputación y a los conocimientos y competencias profesionales de los distribuidores de seguros y reaseguros.

Las autoridades competentes deberán también intercambiar información sobre los distribuidores de seguros o de reaseguros que hayan sido objeto de una sanción o de otra medida contemplada en el capítulo VII que pueda conducir a la exclusión del registro de dichos distribuidores.

Todas las personas que deban recibir o divulgar información en relación con la presente Directiva estarán vinculadas por el secreto profesional, tal como se establece en el artículo 64 de la Directiva 2009/138/CE.

Los Estados miembros velarán por que se establezcan, con arreglo a los actos legislativos aplicables de la Unión y al Derecho nacional, procedimientos extrajudiciales adecuados, efectivos, imparciales e independientes de reclamación y recurso para la resolución de litigios entre los distribuidores de seguros y los clientes, en relación con los derechos y obligaciones derivados de la presente Directiva, utilizando, si procede, organismos ya existentes. Los Estados miembros garantizarán que tales procedimientos sean de aplicación a los distribuidores de seguros contra los cuales se hayan iniciado los procedimientos, y que las competencias del organismo pertinente los incluyan efectivamente.

Los Estados miembros garantizarán que los organismos a que se refiere el apartado 1 cooperen en la resolución de litigios transfronterizos relativos a los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios de seguros o los distribuidores de seguros, cuando desarrollen actividades de distribución de seguros, actúen siempre con honestidad, equidad y profesionalidad, en beneficio de los intereses de sus clientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 ), los Estados miembros garantizarán que toda la información relativa al ámbito de la presente Directiva, incluidas las comunicaciones publicitarias, dirigidas por los distribuidores de seguros a los clientes o posibles clientes sea precisa, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales.

Los Estados miembros garantizarán que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. En particular, un distribuidor de seguros no establecerá ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que este o sus empleados recomienden un determinado producto de seguro a un cliente si el distribuidor de seguros puede ofrecer un producto diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente.

Los Estados miembros garantizarán que, con suficiente antelación antes de celebrarse un contrato de seguro, los intermediarios de seguros proporcionen al cliente, como mínimo, la información siguiente:

Cuando el cliente deba abonar directamente el honorario, el intermediario de seguros informará al cliente del importe de dicho honorario o, cuando ello no sea posible, el método para calcularlo.

Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa, en virtud del contrato de seguro, algún pago distinto de las primas periódicas y los pagos previstos, el intermediario de seguros facilitará también la información a que se refiere el presente artículo en relación con cada uno de esos pagos.

Los Estados miembros garantizarán que, con suficiente antelación antes de celebrarse un contrato de seguro, las empresas de seguros comuniquen al cliente el carácter de la remuneración recibida por sus empleados en relación con el contrato de seguro.

Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa algún pago en virtud del contrato de seguro distinto de las primas periódicas y los pagos previstos, la empresa de seguros facilitará también la información a que se refiere el presente artículo en relación con cada uno de esos pagos.

Antes de la celebración de un contrato de seguro, el distribuidor de seguros especificará, basándose en informaciones obtenidas del cliente, las exigencias y las necesidades de dicho cliente y facilitará al cliente información objetiva acerca del producto de seguros de forma comprensible, de modo que el cliente pueda tomar una decisión con conocimiento de causa.

Cualquier contrato que se proponga debe respetar las exigencias y necesidades del cliente en materia de seguros.

Si se facilita asesoramiento antes de la celebración de un contrato determinado, el distribuidor de seguros facilitará al cliente una recomendación personalizada en la que explique por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del cliente.

Las precisiones a que se refiere el apartado 1 se modularán en función de la complejidad del producto de seguro propuesto y del tipo de cliente.

Cuando un intermediario de seguros informe a su cliente de que facilita asesoramiento basado en un análisis objetivo y personal, deberá facilitar ese asesoramiento sobre la base del análisis de un número suficiente de contratos de seguro ofrecidos en el mercado de modo que pueda formular una recomendación personal, ateniéndose a criterios profesionales, respecto al contrato de seguro que sería adecuado a las necesidades del cliente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Directiva 2009/138/CE, antes de la celebración del contrato, ya se ofrezca o no asesoramiento e independientemente de que el producto de seguro forme parte de un paquete con arreglo al artículo 24 de la presente Directiva, el distribuidor de seguros facilitará al cliente la información pertinente sobre el producto de seguro de forma comprensible, de modo que el cliente pueda tomar una decisión fundada, y atendiendo a la complejidad del producto de seguro y al tipo de cliente.

En relación con la distribución de productos de seguro distinto del seguro de vida tal y como se enumeran en el anexo I de la Directiva 2009/138/CE, se facilitará la información a que se refiere el apartado 4 del presente artículo mediante un documento normalizado de información sobre productos de seguro, en papel o en otro soporte duradero, para la distribución de productos de seguro distintos del seguro de vida.

El productor del producto de seguro distinto del seguro de vida elaborará el documento de información sobre el producto de seguro al que se refiere el apartado 5.

El documento de información sobre el producto de seguro:

Los Estados miembros podrán disponer que el documento de información sobre el producto de seguro debe facilitarse junto con la información exigida conforme a otros actos legislativos aplicables de la Unión o al Derecho nacional, a condición de que se cumplan todos los requisitos del párrafo primero.

El documento de información sobre el producto de seguro contendrá la siguiente información:

La AESPJ, previa consulta a las autoridades nacionales y previas pruebas entre los consumidores, elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución relativas a un formato de presentación normalizado de información sobre productos de seguro en el que se especifiquen los detalles de la presentación de la información a que hace referencia el apartado 8.

La AESPJ remitirá dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 23 de febrero de 2017.

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.

No será obligatorio facilitar la información contemplada en los artículos 18, 19 y 20 cuando el distribuidor de seguros ejerza actividades de distribución en relación con los seguros de grandes riesgos.

Los Estados miembros podrán disponer que no sea necesario facilitar la información prevista en los artículos 29 y 30 de la presente Directiva a un cliente profesional tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 10, de la Directiva 2014/65/UE.

Los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones más estrictas sobre los requisitos en materia de información prevista en el presente capítulo siempre y cuando dichas disposiciones sean conformes al Derecho de la Unión. Los Estados miembros comunicarán a la AESPJ y a la Comisión dichas disposiciones nacionales.

Los Estados miembros adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar que sus autoridades competentes publiquen oportunamente la información sobre si el Estado miembro ha decidido aplicar, y cómo lo hará, disposiciones más estrictas en virtud del presente apartado.

En especial, los Estados miembros pueden exigir que el asesoramiento a que se hace referencia en el artículo 20, apartado 1, párrafo tercero, sea obligatorio para la venta de cualquier producto de seguro o para determinados tipos de producto de seguro. En tal caso, tales distribuidores de seguros, incluidos los que operan en régimen de libre prestación de servicios o de libertad de establecimiento, deben cumplir estas disposiciones nacionales más estrictas al celebrar contratos de seguros con clientes que tengan su residencia habitual o su establecimiento en dicho Estado miembro.

Los Estados miembros podrán limitar o prohibir la aceptación o recepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios abonados o proporcionados a los distribuidores de seguros por un tercero o por una persona que actúe en nombre de un tercero, en relación con la distribución de productos de seguros.

Para establecer un nivel elevado de transparencia por todos los medios apropiados, la AESPJ velará por que la información relativa a las disposiciones nacionales que se le comunique sea también comunicada a los clientes y los distribuidores de seguros y reaseguros.

Cuando el distribuidor de seguros sea responsable de prever los regímenes obligatorios de pensiones laborales de jubilación, y un trabajador pase a formar parte de tal régimen sin haber tomado la decisión individual de adherirse a él, los Estados miembros velarán por que se facilite al trabajador, justo después de su inclusión en el régimen en cuestión, la información a que hace referencia el presente capítulo.

Toda información proporcionada en virtud de los artículos 18, 19, 20 y 29 deberá comunicarse a los clientes:

Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), del presente artículo, la información a que se refieren los artículos 18, 19, 20 y 29 podrá facilitarse al cliente de una de las siguientes formas:

No obstante, cuando la información a que se refieren los artículos 18, 19, 20 y 29 se facilite a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.

La información a que se refieren los artículos 18, 19, 20 y 29 podrá facilitarse a través de un soporte duradero distinto del papel cuando concurran las siguientes circunstancias:

La información a que se refieren los artículos 18, 19, 20 y 29 podrá facilitarse a través de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las siguientes circunstancias:

A efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, facilitar la información a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web se considerará adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, si existen pruebas de que este último tiene acceso regular a internet. Se considerará que la comunicación por parte del cliente de una dirección de correo electrónico a efectos de esas operaciones constituye una prueba válida.

En caso de venta por teléfono, la información facilitada al cliente por el distribuidor de seguro antes de celebrarse el contrato, incluido el documento de información sobre el producto de seguro, se comunicará de acuerdo con las normas de la Unión aplicables a la prestación a distancia de servicios financieros a los consumidores. Además, incluso cuando el cliente haya decidido obtener información previamente por un soporte duradero distinto del papel de conformidad con el apartado 4, el distribuidor de seguro facilitará la información al cliente con arreglo a los apartados 1 o 2 inmediatamente después de celebrarse el contrato de seguro.

Cuando un producto de seguro se ofrezca conjuntamente con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros como parte de un paquete o del mismo acuerdo, el distribuidor de seguros informará al cliente de si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y, en tal caso, ofrecerá una descripción adecuada de los diferentes componentes del acuerdo o paquete y facilitará aparte justificantes de los costes y gastos de cada componente.

En las circunstancias a que se refiere el apartado 1, y si el riesgo o la cobertura de seguro resultantes de dicho acuerdo o paquete ofrecido a un cliente son diferentes de los asociados a los componentes considerados por separado, el distribuidor de seguros facilitará una descripción adecuada de los diferentes componentes del acuerdo o paquete y del modo en que la interacción entre ellos modifica el riesgo o la cobertura de seguro.

Cuando un producto de seguro sea auxiliar a un bien o servicio que no sea de seguros, como parte de un paquete o del mismo acuerdo, el distribuidor de seguros ofrecerá al cliente la posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado. El presente apartado no se aplicará cuando el producto de seguro sea complementario de un servicio o actividad de inversión en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2014/65/UE, un contrato de crédito en el sentido del artículo 4, punto 3, de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 4 ), o una cuenta de pago en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5 ).

La AESPJ podrá elaborar directrices para la evaluación y supervisión de las prácticas de venta cruzada, señalando las situaciones en las que las prácticas de venta cruzada no sean conformes con lo dispuesto en el artículo 17.

El presente artículo no impedirá la distribución de productos de seguro que prevea la cobertura de diferentes tipos de riesgo (pólizas de seguros multirriesgo).

En los casos referidos en los apartados 1 y 3, los Estados miembros garantizarán que los distribuidores de seguros especifiquen las exigencias y las necesidades del cliente respecto de los productos de seguro que forman parte del conjunto del paquete o el mismo acuerdo.

Los Estados miembros podrán mantener o adoptar medidas adicionales más estrictas o actuar en casos particulares para prohibir la venta de productos de seguro junto con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros como parte de un paquete o el mismo acuerdo cuando puedan demostrar que dichas prácticas redundan en perjuicio de los consumidores.

Las empresas de seguros, así como los intermediarios que diseñen productos de seguro para su venta a clientes, mantendrán, gestionarán y revisarán un proceso para la aprobación de cada uno de los productos de seguro o las adaptaciones significativas de los productos de seguro existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes.

El proceso de aprobación del producto será proporcionado y adecuado a la naturaleza del producto de seguro.

El proceso de aprobación del producto especificará un mercado destinatario definido para cada producto, garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes para el mercado en cuestión y la coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista, y adoptará medidas razonables para garantizar que el producto de seguro se distribuye en el mercado destinatario definido.

La empresa de seguros entenderá los productos de seguro que ofrezca o comercialice y efectuará revisiones periódicas de ellos, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario definido, para evaluar al menos si el producto sigue respondiendo a las necesidades del mercado destinatario definido y si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la adecuada.

Las empresas de seguros, así como los intermediarios que diseñen productos de seguro, pondrán a disposición de los distribuidores toda la información adecuada sobre estos y sobre el proceso de aprobación del producto, incluyendo el mercado destinatario definido del mismo.

Cuando un distribuidor de seguros ofrezca productos de seguro no diseñados por él, o asesore sobre estos, contará con los mecanismos adecuados para obtener la información a que alude el párrafo quinto y para comprender las características y el mercado destinatario definido de cada producto de seguro.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 38 a fin de especificar en mayor medida los principios establecidos en el presente artículo, teniendo en cuenta de forma proporcional la actividad realizada, la naturaleza de los productos de seguro vendidos y la del distribuidor.

Las políticas, procesos y mecanismos a que se refiere el presente artículo se entenderán sin perjuicio de todos los demás requisitos previstos por la presente Directiva, incluidos los relativos a publicación, valoración de idoneidad o conveniencia, identificación y gestión de conflictos de intereses, e incentivos.

El presente artículo no será aplicable a productos de seguro que consistan en seguros de grandes riesgos.

Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros adopten todas las medidas oportunas para detectar los conflictos de intereses que surjan entre ellos mismos, incluidos sus directivos y empleados o cualquier persona directa o indirectamente ligada a ellos por vínculos de control, y sus clientes, o entre un cliente y otro, en el ejercicio de actividades de distribución de seguros.

En caso de que las disposiciones organizativas o administrativas adoptadas por el intermediario de seguros o la empresa de seguros de conformidad con el artículo 27 para gestionar los conflictos de intereses no basten para garantizar, con un grado razonable de seguridad, que se eviten los riesgos de lesión de los intereses de los clientes, el intermediario de seguros o la empresa de seguros informarán claramente al cliente de la naturaleza general o del origen de tales conflictos de intereses, con el tiempo conveniente antes de celebrarse un contrato de seguro.

No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, la información a que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo:

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 38, a fin de:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 y el artículo 19, apartados 1 y 2, se facilitará a los clientes o clientes potenciales, con el tiempo suficiente antes de celebrarse un contrato, información adecuada sobre la distribución de productos de inversión basados en seguros, así como sobre los costes y gastos asociados. Dicha información incluirá, como mínimo, lo siguiente:

La información sobre todos los costes y gastos, incluidos los relacionados con la distribución del producto de inversión basado en seguros, que no sean causados por la existencia de un riesgo de mercado subyacente, estará agregada de forma que el cliente pueda comprender el coste total así como el efecto acumulativo sobre el rendimiento de la inversión, facilitándose, a solicitud del cliente, un desglose de los costes y gastos por conceptos. Cuando proceda, esta información se facilitará al cliente de manera periódica, y como mínimo una vez al año, durante el ciclo de vida de la inversión.

La información a que se refiere el presente apartado se facilitará de forma comprensible de tal modo que los clientes o clientes potenciales puedan comprender razonablemente la naturaleza y los riesgos del producto de inversión basado en seguros ofrecido y, por tanto, adoptar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Los Estados miembros podrán permitir que esta información se facilite en un formato normalizado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letras d) y e), el artículo 19, apartado 3, y el artículo 22, apartado 3, los Estados miembros velarán por que solo se considere que las empresas de seguros o los intermediarios de seguros cumplen las obligaciones que les incumben de conformidad con el artículo 17, apartado 1, o los artículos 27 o 28 en los casos en que abonen o cobren honorarios o comisiones, o proporcionen o reciban cualquier beneficio no monetario en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros o un servicio auxiliar a cualquiera o de cualquiera, excepto el cliente o la persona que actúe en nombre de este, cuando el pago o beneficio:

Los Estados miembros podrán imponer requisitos más estrictos a los distribuidores respecto de las cuestiones contempladas en el presente artículo. En particular, los Estados miembros podrán también prohibir o restringir aún más la oferta o la aceptación de honorarios, comisiones o beneficios no monetarios de terceros en relación con la prestación de asesoramiento de seguros.

Los requisitos más estrictos podrán incluir la exigencia de que dichos honorarios, comisiones y beneficios no monetarios se devuelvan a los clientes o se compensen mediante los honorarios abonados por el cliente.

Los Estados miembros podrán exigir que el asesoramiento a que se hace referencia en el artículo 30 sea obligatorio para la venta de cualquier producto de inversión basado en seguros o para determinados tipos de productos de inversión basados en seguros.

Los Estados miembros podrán exigir que si un intermediario de seguros informa al cliente de que el asesoramiento se ofrece de forma independiente, el intermediario deba evaluar un número suficientemente elevado de productos de seguro disponibles en el mercado que sean suficientemente diversificados en cuanto al tipo y a los proveedores de productos con el fin de garantizar que los objetivos del cliente puedan cumplirse adecuadamente, y no se limite a los productos de seguro emitidos u ofrecidos por entidades que tengan vínculos estrechos con el intermediario.

Todos los intermediarios de seguros o empresas de seguros, incluidos los que operan en régimen de libre prestación de servicios o de libertad de establecimiento, deberán cumplir los requisitos más estrictos de un Estado miembro, a los que se refiere el presente apartado, al celebrar contratos de seguro con clientes que tengan su residencia habitual o su establecimiento en dicho Estado miembro.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 38, a fin de especificar:

Los actos delegados a que se refiere el apartado 4 tendrán en cuenta:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, cuando ofrezcan asesoramiento sobre un producto de inversión basado en seguros, el intermediario de seguros o la empresa de seguros obtendrán también la información necesaria sobre los conocimientos y la experiencia del cliente o cliente potencial en el ámbito de la inversión propio del tipo de producto o servicio específico, su situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, y sus objetivos de inversión, incluida su tolerancia al riesgo, con el fin de que el intermediario de seguros o la empresa de seguros recomienden al cliente o cliente potencial los productos de inversión basados en seguros que sean idóneos para él y que, en particular, mejor se ajusten a su nivel de tolerancia al riesgo y su capacidad para soportar pérdidas.

Los Estados miembros velarán por que, cuando un intermediario de seguros o una empresa de seguros presta asesoramiento en materia de inversión recomendando un paquete de servicios o productos combinados de acuerdo con el artículo 24, el paquete considerado de forma global sea idóneo para el cliente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, los Estados miembros garantizarán que los intermediarios de seguros o las empresas de seguros, cuando realicen actividades de distribución de seguros distintas de las referidas en el apartado 1 del presente artículo, conexas a ventas en las que no se ofrezca asesoramiento, soliciten al cliente o cliente potencial información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión propio del tipo de producto o servicio específico ofrecido o solicitado, de modo que el intermediario de seguros o la empresa de seguros puedan analizar si el producto o servicio de seguro previsto es adecuado para el cliente. Cuando lo que se prevea sea un paquete de servicios o productos combinados de conformidad con el artículo 24, la evaluación examinará si el paquete considerado de forma global es adecuado.

Cuando el intermediario de seguros o la empresa de seguros consideren, basándose en la información recibida de conformidad con el párrafo primero, que el producto no es adecuado para el cliente o cliente potencial, el intermediario de seguros o la empresa de seguros advertirán de ello al cliente o cliente potencial. Dicha advertencia podrá realizarse en un formato normalizado.

Cuando los clientes o clientes potenciales no faciliten la información a que se refiere el párrafo primero o faciliten información insuficiente sobre sus conocimientos y experiencia, el intermediario de seguros o la empresa de seguros les advertirán de que no están en condiciones de decidir si el producto previsto es adecuado para ellos. Dicha advertencia podrá realizarse en un formato normalizado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, cuando no se ofrezca asesoramiento en relación con productos de inversión basados en seguros, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las obligaciones a que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo, permitiendo a los intermediarios de seguros o las empresas de seguros realizar actividades de distribución de seguros en su territorio sin necesidad de obtener la información o adoptar la decisión que prevé el apartado 2 del presente artículo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Al celebrar contratos de seguro con clientes que tengan su residencia habitual o su establecimiento en un Estado miembro que no haga uso de la excepción contemplada en el presente apartado, los intermediarios de seguros o empresas de seguros, incluidos los que operan en régimen de libre prestación de servicios o de libertad de establecimiento, deberán cumplir las disposiciones aplicables en dicho Estado miembro.

El intermediario de seguros o la empresa de seguros crearán un registro que contenga el documento o los documentos acordados entre el intermediario de seguros o la empresa de seguros y el cliente, que recojan los derechos y obligaciones de las partes y el resto de condiciones con arreglo a las cuales el intermediario de seguros o la empresa de seguros prestarán sus servicios al cliente. Los derechos y deberes de las partes en el contrato podrán establecerse por referencia a otros documentos o textos jurídicos.

El intermediario de seguros o la empresa de seguros facilitará al cliente, en un soporte duradero, los oportunos informes sobre el servicio que prestan. Dichos informes incluirán comunicaciones periódicas a los clientes, atendiendo al tipo y la complejidad de los productos de inversión basados en seguros de que se trate y a la naturaleza del servicio prestado al cliente, e indicarán, en su caso, los costes de las operaciones y los servicios realizados por cuenta del cliente.

Cuando ofrezcan asesoramiento sobre un producto de inversión basado en seguros, el intermediario de seguros o la empresa de seguros facilitarán al cliente, antes de la celebración del contrato, una declaración sobre la idoneidad en un soporte duradero en la que se especifique el asesoramiento proporcionado y la manera en que este se adapta a las preferencias, los objetivos y otras características del cliente. Serán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 23, apartados 1 a 4.

Cuando el contrato se celebre utilizando un medio de comunicación a distancia que impida la entrega por anticipado de la declaración de idoneidad, el intermediario de seguros o la empresa de seguros podrán proporcionar la declaración de idoneidad en un soporte duradero inmediatamente después de que el cliente esté vinculado por un contrato, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

Cuando un intermediario de seguros o empresa de seguros haya informado al cliente de que efectuará una evaluación periódica de idoneidad, el informe periódico deberá contener un estado actualizado de cómo el producto de inversión basado en seguros se ajusta a las preferencias, objetivos y otras características del cliente.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 38 para regular más específicamente cómo han de cumplir los principios establecidos en el presente artículo los intermediarios de seguros y las empresas de seguros cuando realicen actividades de distribución de seguros con sus clientes, también en lo que respecta a la información que han de obtener al evaluar la idoneidad y conveniencia de los productos de inversión basados en seguros para sus clientes, los criterios de evaluación de productos de inversión no complejos basados en seguros a los efectos del apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, y el contenido y el formato de los registros y los acuerdos para la prestación de servicios a clientes y de los informes periódicos a los clientes sobre los servicios prestados. Estos actos delegados tendrán en cuenta:

A más tardar el 23 de agosto de 2017, la AESPJ elaborará directrices, actualizándolas periódicamente, para la evaluación de los productos de inversión basados en seguros que incorporen una estructura que dificulte al cliente comprender el riesgo implicado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), inciso i).

La AESPJ podrá desarrollar directrices, actualizándolas luego periódicamente, para la evaluación de los productos de inversión basados en seguros clasificados como no complejos a los efectos del apartado 3, letra a), inciso ii), teniendo en cuenta los actos delegados adoptados en virtud del apartado 6.

Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las autoridades competentes y del derecho de los Estados miembros a establecer e imponer sanciones penales, los Estados garantizarán que sus autoridades competentes puedan imponer sanciones administrativas y otras medidas, aplicables a toda infracción de las disposiciones nacionales de aplicación de la presente Directiva, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Los Estados miembros velarán por que las sanciones administrativas y otras medidas que establezcan sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas sobre sanciones administrativas en virtud de la presente Directiva para las infracciones que sean objeto de sanciones penales en su Derecho nacional. En tal caso, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho penal pertinentes.

Las autoridades competentes ejercerán sus facultades de supervisión, incluidas las facultades de investigación y de imposición de sanciones previstas en el presente capítulo, de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales, de cualquiera de los modos siguientes:

Los Estados miembros velarán por que, cuando se impongan obligaciones a los distribuidores de seguros o reaseguros, en caso de infracción de tales obligaciones, puedan aplicarse sanciones administrativas, y otras medidas, a los miembros de su órgano de dirección o supervisión y a las demás personas físicas o jurídicas responsables de la infracción con arreglo al Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán por que las sanciones administrativas y otras medidas, adoptadas en virtud del presente artículo, puedan ser objeto de recurso.

Se otorgará a las autoridades competentes todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus facultades de imponer sanciones administrativas y otras medidas, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que esas sanciones y medidas produzcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación en los casos de ámbito transfronterizo, respetando las condiciones para que el tratamiento de datos sea legítimo con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001.

Los Estados miembros que hayan optado, de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, por establecer sanciones penales respecto de las infracciones de las disposiciones contempladas en el artículo 33 velarán por que se adopten las medidas adecuadas para que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades necesarias para:

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente haga pública, sin demora injustificada, cualquier sanción u otra medida administrativa que se haya impuesto por infracción de las disposiciones nacionales de aplicación de la presente Directiva y contra la que no se haya interpuesto a tiempo recurso alguno, en particular información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de las personas responsables de la misma. No obstante, si la autoridad competente considera que la publicación de la identidad de personas jurídicas o la identidad o los datos personales de personas físicas resulta desproporcionada, tras una evaluación en cada caso de la proporcionalidad de la publicación de tales datos, o si esta última pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, la autoridad competente podrá decidir diferir la publicación, no realizar la publicación o publicar las sanciones de manera anónima.

Si el Derecho nacional obliga a publicar la decisión de imposición de una sanción u otra medida que haya sido recurrida ante las autoridades competentes —sean o no judiciales—, las autoridades competentes publicarán sin retraso injustificado en su sitio web oficial esa información, así como toda información posterior relativa al resultado de tal recurso. Se publicará también toda decisión que anule una decisión previa por la que se imponga una sanción u otra medida que haya sido publicada.

Las autoridades competentes informarán a la AESPJ de todas las sanciones y otras medidas administrativas impuestas pero no publicadas con arreglo al apartado 1, incluidos los recursos interpuestos en relación con ellas y el resultado de los mismos.

El presente artículo se aplicará como mínimo a:

En los casos de infracción a que se refiere el apartado 1, letra e), los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para imponer, de conformidad con el Derecho nacional, como mínimo las siguientes sanciones administrativas y otras medidas:

Para los casos de infracción a que se refiere el apartado 1, letras a) a d) y f), los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para imponer, de conformidad con el Derecho nacional, como mínimo las siguientes sanciones administrativas y otras medidas:

Los Estados miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que prevean sanciones adicionales u otras medidas y niveles de sanciones pecuniarias administrativas más elevados que los previstos en el presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan mecanismos eficaces que permitan y alienten denunciar ante ellas las infracciones posibles o reales de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva.

Los mecanismos a que se refiere el apartado 1 incluirán, como mínimo:

Las autoridades competentes informarán a la AESPJ de todas las sanciones administrativas y otras medidas impuestas pero no publicadas de acuerdo con el artículo 32, apartado 1.

Las autoridades competentes facilitarán cada año a la AESPJ información agregada relativa a las sanciones administrativas y otras medidas impuestas de conformidad con el artículo 31.

La AESPJ publicará dicha información en un informe anual.

Cuando la autoridad competente haya divulgado públicamente una sanción administrativa u otra medida, notificará simultáneamente ese hecho a la AESPJ.

Los Estados miembros aplicarán la Directiva 95/46/CE en lo que atañe al tratamiento de datos personales realizado en los Estados miembros con arreglo a la presente Directiva.

El Reglamento (CE) no 45/2001 será de aplicación en lo que atañe al tratamiento de datos personales realizado por la AESPJ con arreglo a la presente Directiva.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 25, 28, 29 y 30 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 22 de febrero de 2016.

La delegación de poderes mencionada en los artículos 25, 28, 29 y 30 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 25, 28, 29 y 30 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

A más tardar el 23 de febrero de 2021, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del artículo 1. Dicho informe incluirá una evaluación, sobre la base de la información recibida de los Estados miembros y la AESPJ de conformidad con el artículo 1, apartado 5, de si el ámbito de aplicación de la presente Directiva, incluida la excepción contenida en el artículo 1, apartado 3, sigue siendo adecuado por lo que se refiere al nivel de protección de los consumidores, la proporcionalidad del trato entre los diferentes distribuidores de seguros y la carga administrativa impuesta a las autoridades competentes y los canales de distribución de seguros.

A más tardar el 23 de febrero de 2021, la Comisión someterá la presente Directiva a revisión. La revisión incluirá un estudio general de la aplicación práctica de las normas al amparo de la presente Directiva, teniendo debidamente en cuenta la evolución de los mercados de productos de inversión minorista, así como la experiencia adquirida en la aplicación práctica de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 1286/2014 y la Directiva 2014/65/UE. La revisión incluirá una evaluación de si se logran resultados adecuados y proporcionados con las normas de conducta específicas para la distribución de productos de inversión basados en seguros establecidas en el capítulo VI de la presente Directiva, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un nivel elevado de protección del consumidor coherente con las normas de protección de los inversores aplicables en virtud de la Directiva 2014/65/UE y las características específicas de los productos de inversión basados en seguros y la naturaleza específica de sus canales de distribución. La revisión deberá analizar también la posibilidad de aplicar lo dispuesto en la presente Directiva a los productos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE. Asimismo, dicha revisión incluirá un análisis específico de los efectos del artículo 19 de la presente Directiva, atendiendo a la situación de competencia en el mercado de distribución de seguros respecto de contratos que no sean de los ramos especificados en el anexo II de la Directiva 2009/138/CE, así como los efectos de las obligaciones a que se refiere ese mismo artículo 19 de la presente Directiva sobre los intermediarios de seguros que sean pequeñas y medianas empresas.

Previa consulta al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, la Comisión presentará un primer informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

A más tardar el 23 de febrero de 2020, y cada dos años como mínimo a partir de dicha fecha, la AESPJ elaborará otro informe sobre la aplicación de la presente Directiva. La AESPJ deberá consultar a la Autoridad Europea de Mercados y Valores antes de publicar dicho informe.

En un tercer informe que deberá elaborarse a más tardar el 23 de febrero de 2018, la AESPJ evaluará la estructura de los mercados de intermediarios de seguros.

En el informe que deberá elaborar la AESPJ a más tardar el 23 de febrero de 2020, con arreglo al apartado 4, se examinará si las autoridades competentes mencionadas en el artículo 12, apartado 1, disponen de las facultades y los recursos adecuados para llevar a cabo sus cometidos.

En el informe a que se refiere el apartado 4 se efectuará, como mínimo, lo siguiente:

En el informe a que se refiere el apartado 4, la AESPJ evaluará las repercusiones de la presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 1 de julio de 2018 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de octubre de 2018, a más tardar.

▼B

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.