cuando se suspendan concesiones u otras obligaciones tras la resolución jurisdiccional de una diferencia comercial en aplicación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC, su nivel no deberá superar el nivel autorizado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC;

cuando se suspendan concesiones u otras obligaciones tras la realización de un procedimiento internacional de solución de diferencias en el marco de cualquier acuerdo comercial internacional, incluidos los acuerdos bilaterales o regionales, su nivel no deberá superar el nivel de anulación o menoscabo derivado de la medida del tercer país en cuestión, determinado por la Comisión o mediante el recurso a un arbitraje, según el caso;

cuando se adopten medidas para restringir el comercio con un tercer país en las situaciones previstas en el artículo 3, letras a bis) o b bis), el nivel de tales medidas no será superior a la anulación o el menoscabo de los intereses comerciales de la Unión causados por las medidas de ese tercer país;

en caso de reequilibrio de concesiones u otras obligaciones en el marco de las disposiciones sobre salvaguardias de acuerdos comerciales internacionales, la acción de la Unión deberá ser sustancialmente equivalente al nivel de las concesiones u otras obligaciones afectadas por la medida de salvaguardia, con arreglo a las condiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC o a las disposiciones sobre salvaguardias de cualquier acuerdo comercial internacional, incluidos los acuerdos comerciales regionales o bilaterales, en virtud de los cuales se aplique la medida de salvaguardia;

cuando las concesiones o los compromisos sean modificados o retirados en el marco del comercio con un tercer país en relación con el artículo XXVIII del GATT de 1994 y el correspondiente Entendimiento ( 1 ), o con el artículo XXI del AGCS y los correspondientes procedimientos de aplicación, deberán ser sustancialmente equivalentes a las concesiones o a los compromisos modificados o retirados por dicho tercer país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVIII del GATT de 1994 y el correspondiente Entendimiento, o en el artículo XXI del AGCS y los correspondientes procedimientos de aplicación.

eficacia de las medidas para incitar a los terceros países a cumplir las normas comerciales internacionales;

potencial de las medidas para ayudar a los operadores económicos de la Unión afectados por medidas de terceros países;

disponibilidad de fuentes alternativas de suministro para las mercancías o servicios de que se trate, a fin de evitar o minimizar todo impacto negativo en las industrias usuarias, las autoridades o entidades contratantes, o los consumidores finales dentro de la Unión;

evitación de costes y de complejidad administrativa desproporcionada en la aplicación de las medidas;

y cualquier otro criterio específico que pueda establecerse en los acuerdos comerciales internacionales en relación con los casos a los que se refiere el artículo 3.

la suspensión de concesiones arancelarias y la imposición de derechos de aduana nuevos o más elevados, incluidos el restablecimiento de derechos de aduana al nivel de la nación más favorecida, la imposición de derechos de aduana por encima del nivel de la nación más favorecida o la introducción de cualquier otro gravamen a la importación o exportación de mercancías;

la introducción o el incremento de restricciones cuantitativas de las importaciones o exportaciones de mercancías, a través de contingentes, licencias de importación o exportación u otras medidas;

la suspensión de las obligaciones relativas al comercio de servicios y la imposición de restricciones al comercio de servicios;

la suspensión de las obligaciones con respecto a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio concedidos por una institución u organismo de la Unión y válidos en toda la Unión, así como la imposición de restricciones a la protección de tales derechos de propiedad intelectual o su explotación comercial, en relación con los titulares de derechos que sean nacionales del tercer país de que se trate;

la suspensión de concesiones relativas a mercancías, servicios o proveedores en el ámbito de la contratación pública, mediante:

medidas relativas al comercio de servicios que requieran una autorización con validez en toda la Unión la cual se base en el Derecho derivado, o, cuando no se disponga de tales medidas;

medidas relativas a otros servicios en ámbitos en los que exista una amplia legislación de la Unión, o, cuando no se disponga de tales medidas;

medidas respecto a las que el ejercicio de recogida de información realizado con arreglo al artículo 9, apartado 1 bis, tal como dispone el artículo 5, apartado 1 ter , letra a), haya demostrado que no impondrían una carga desproporcionada en el proceso de administración de la normativa nacional pertinente.

estarán sujetas a un ejercicio de recogida de información de conformidad con el artículo 9, apartado 1 bis;

se adaptarán, en caso necesario, mediante un acto de ejecución de conformidad con el artículo 4, apartado 1, cuando, tras una revisión realizada con arreglo al artículo 9, apartado 1 bis, la Comisión concluya que las medidas no son lo bastante eficaces o imponen una carga excesiva en el proceso de administración de la normativa nacional pertinente. Dicha revisión por parte de la Comisión se llevará a cabo por primera vez seis meses después de la fecha de aplicación de las medidas y posteriormente a intervalos de 12 meses;

serán objeto de un informe de evaluación, seis meses después de su finalización y basado, entre otras cosas, en las aportaciones de los interesados, en el que se examinarán su eficacia y funcionamiento, y se extraerán posibles conclusiones para futuras medidas.

incluirán umbrales, con arreglo a las características de las mercancías o servicios de que se trate, por encima de los cuales se aplicarán la exclusión y/o el recargo forzoso de los precios, teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo comercial celebrado y el nivel de anulación o menoscabo;

determinarán los sectores o las categorías de mercancías o servicios a las que se aplicarán, así como las excepciones aplicables;

determinarán las autoridades o entidades contratantes, o las categorías de autoridades o entidades contratantes, enumeradas por Estado miembro, cuya contratación pública cubran. A fin de proporcionar la base para esta determinación, cada Estado miembro presentará una lista de autoridades o entidades contratantes adecuadas, o categorías de autoridades o entidades contratantes adecuadas. Las medidas garantizarán que se alcance un nivel adecuado de suspensión de concesiones u otras obligaciones y una distribución equitativa entre los Estados miembros.

cuando se trate de una persona física, su país de nacionalidad o el país en el que tenga el derecho de residencia permanente;

cuando se trate de una persona jurídica:

cuando el tercer país cuyas medidas se hayan considerado que infringen las normas comerciales internacionales en un procedimiento de solución de diferencias se ponga en conformidad, o cuando se alcance otra solución mutuamente satisfactoria;

en los casos de reequilibrio de concesiones u otras obligaciones tras la adopción por un tercer país de una medida de salvaguardia, cuando la medida de salvaguardia se retire o expire, o cuando el tercer país afectado conceda una compensación adecuada y proporcionada a la Unión tras la adopción de un acto de ejecución con arreglo al artículo 4, apartado 1;

en los casos de retirada o modificación de concesiones o compromisos por un miembro de la OMC en el marco del artículo XXVIII del GATT de 1994 o del artículo XXI del AGCS, cuando el tercer país de que se trate conceda una compensación adecuada y proporcionada a la Unión tras la adopción de un acto de ejecución con arreglo al artículo 4, apartado 1.

el impacto de tales medidas en los proveedores de servicios o titulares de derechos de terceros países que sean nacionales del tercer país de que se trate y en los competidores de la Unión, usuarios de la Unión o consumidores de la Unión de dichos servicios o titulares de la Unión de derechos de propiedad intelectual;

la interacción de tales medidas con las normativas pertinentes de los Estados miembros;

la carga administrativa que pueda derivarse de tales medidas.