02009R0004 — ES — 31.12.2018 — 004.001

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REGLAMENTO (CE) No 4/2009 DEL CONSEJO

de 18 de diciembre de 2008

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad.

2.  En el presente Reglamento, se entenderá por «Estado miembro» todo Estado miembro al que se aplique el presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

1.  A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

2.  A efectos del presente Reglamento, el concepto de «órgano jurisdiccional» incluye a las autoridades administrativas de los Estados miembros con competencias en materia de obligaciones de alimentos, siempre que dichas autoridades ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que estén establecidas:

Estas autoridades administrativas figurarán en una lista en el anexo IX. Dicho anexo se establecerá y modificará de acuerdo con el procedimiento de gestión contemplado en el artículo 73, apartado 2, a petición del Estado miembro en el que esté establecida la autoridad administrativa de que se trate.

3.  A efectos de los artículos 3, 4 y 6 el concepto de «domicilio» sustituirá al de «nacionalidad» en aquellos Estados miembros que utilicen dicho concepto como criterio de vinculación en materia familiar.

A efectos del artículo 6, se considerará que las partes que tengan su «domicilio» en diferentes unidades territoriales de un mismo Estado miembro tienen su «domicilio» común en ese Estado miembro.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA

Artículo 3

Disposiciones generales

Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:

Artículo 4

Elección del foro

1.  Las partes podrán convenir en que el órgano u órganos jurisdiccionales siguientes de un Estado miembro sean competentes para resolver los litigios en materia de obligación de alimentos suscitados o que puedan suscitarse entre ellos:

Las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) tendrán que cumplirse en el momento de celebrarse el convenio relativo a la elección del foro o de presentarse la demanda.

La competencia atribuida por convenio será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.

2.  El convenio relativo a la elección del foro se celebrará por escrito. Se considerará hecho por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

3.  El presente artículo no es aplicable a los litigios relativos a la obligación de alimentos respecto de un menor de edad inferior a 18 años.

4.  Si las partes hubieren acordado atribuir una competencia exclusiva a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un Estado parte en el Convenio relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( 1 ), firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (denominado en lo sucesivo «el Convenio de Lugano»), y dicho Estado no fuere un Estado miembro, dicho Convenio será de aplicación excepto en lo referente a los litigios mencionados en el apartado 3.

Artículo 5

Competencia basada en la comparecencia del demandado

Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia.

Artículo 6

Competencia subsidiaria

Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4 y 5 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado parte en el Convenio de Lugano que no sea un Estado miembro sea competente con arreglo a lo dispuesto en dicho Convenio, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que las partes tengan nacionalidad común.

Artículo 7

Forum necessitatis

►C1  Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4, 5 y 6, los órganos jurisdiccionales ◄ de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación.

El litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él.

Artículo 8

Límites de los procedimientos

1.  Si se ha dictado una resolución en el Estado miembro o en el Estado parte del Convenio de La Haya de 2007 en el que el acreedor tiene su residencia habitual, el deudor no podrá iniciar en ningún otro Estado miembro un procedimiento para que se modifique la resolución o se adopte una nueva mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en que se dictó la resolución.

2.  El apartado 1 no será de aplicación:

Artículo 9

Recurso a un órgano jurisdiccional

A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio:

Artículo 10

Verificación de la competencia

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se haya recurrido para un asunto respecto del cual no sea competente en virtud del presente Reglamento se declarará de oficio incompetente.

Artículo 11

Verificación de la admisibilidad

1.  Si un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no compareciera, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el proceso hasta que se demuestre que al demandado se le notificó el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con antelación suficiente para que pudiera defenderse o que se tomaron todas las diligencias posibles a tal fin.

2.  Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1393/2007 en lugar del apartado 1 del presente artículo si el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente ha tenido que ser transmitido de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento.

3.  Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) no 1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, de 15 de noviembre de 1965, si el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente ha tenido que ser transmitido al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 12

Litispendencia

1.  Si se formulasen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.

2.  Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.

Artículo 13

Conexidad

1.  Cuando demandas conexas estuvieran pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda posterior podrá suspender el proceso.

2.  Cuando tales demandas conexas estuvieran pendientes en primera instancia, cualquiera de los órganos jurisdiccionales a los que se hayan presentado las demandas posteriores podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la primera demanda fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.

3.  Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

Artículo 14

Medidas provisionales y cautelares

Podrán solicitarse las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente para conocer sobre el fondo.

CAPÍTULO III

LEY APLICABLE

Artículo 15

Determinación de la ley aplicable

La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, «el Protocolo de La Haya de 2007») en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.

CAPÍTULO IV

RECONOCIMIENTO, FUERZA EJECUTIVA Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Artículo 16

Ámbito de aplicación del presente capítulo

1.  El presente capítulo regula el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones contempladas en el presente Reglamento.

2.  La sección 1 se aplicará a las resoluciones dictadas en Estados miembros vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007.

3.  La sección 2 se aplicará a las resoluciones dictadas en Estados miembros no vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007.

4.  La sección 3 se aplicará a todas las resoluciones.

SECCIÓN 1

Resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007

Artículo 17

Supresión del exequátur

1.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a proceso alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

2.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 que sean ejecutivas en ese Estado gozarán de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de la ejecución.

Artículo 18

Medidas cautelares

Toda resolución ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autorización para poner en marcha las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro de ejecución.

Artículo 19

Derecho a solicitar un reexamen

1.  El demandado que no haya comparecido en el Estado miembro de origen tendrá derecho a solicitar reexamen de la resolución ante el órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro cuando:

a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución, cuando hubiera podido hacerlo.

2.  El plazo para solicitar el reexamen empezará a correr a partir del día en que el demandado haya tenido conocimiento efectivo del contenido de la resolución y haya estado en condiciones de actuar, es decir, a más tardar, a partir del día de la primera medida de ejecución que tenga por efecto inmovilizar total o parcialmente sus bienes. El demandado deberá actuar con prontitud, y en todo caso dentro de un plazo de 45 días. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

3.  Si el órgano jurisdiccional rechaza la solicitud de reexamen prevista en el apartado 1 debido a que no se cumple ninguna de las condiciones de reexamen enunciadas en dicho apartado, la resolución seguirá en vigor.

Si el órgano jurisdiccional decide que el reexamen está justificado por alguno de los motivos contemplados en el apartado 1, la resolución será declarada nula y sin efecto. No obstante, el acreedor conservará las ventajas derivadas de la interrupción o suspensión de los plazos de prescripción o caducidad, así como el derecho de solicitar el pago retroactivo de alimentos que se le hubieren reconocido por el proceso inicial.

Artículo 20

Documentos a efectos de la ejecución

1.  Para la ejecución de la resolución en otro Estado miembro el demandante deberá presentar a las autoridades de ejecución competentes:

2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán exigir al demandante que presente traducción de la resolución. No obstante, podrá exigirse una traducción si se impugna la ejecución de la resolución.

3.  Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

Artículo 21

Denegación o suspensión de la ejecución

1.  Los motivos de denegación o suspensión de la ejecución previstos por el Derecho del Estado miembro de ejecución se aplicarán en la medida en que no sean incompatibles con la aplicación de los apartados 2 y 3.

2.  A instancia del deudor, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución total o parcial de la resolución del órgano jurisdiccional de origen cuando el derecho a obtener la ejecución de dicha resolución haya prescrito ya sea en virtud del Derecho del Estado miembro de origen o en virtud del Derecho del Estado miembro de ejecución, si este estableciera un plazo de prescripción más largo.

Además, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá, a instancia del deudor, denegar la ejecución total o parcial de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional de origen si esta fuera incompatible con una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o con una resolución dictada en otro Estado miembro o en otro Estado que reúna las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución.

Una resolución que tenga por efecto modificar una resolución anterior de obligación de alimentos debido a un cambio de circunstancias no se considerará una resolución incompatible en el sentido de lo dispuesto en el párrafo segundo.

3.  A instancia del deudor, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá suspender total o parcialmente la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional de origen en caso de que se haya interpuesto ante el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de origen una solicitud de reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de origen de conformidad con el artículo 19.

Además, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución suspenderá, a instancia del deudor, la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional de origen en caso de que se suspenda su fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen.

Artículo 22

Falta de efectos respecto a la existencia de relaciones familiares

El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos en virtud del presente Reglamento no implicarán en modo alguno el reconocimiento de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad en que se basa la obligación de alimentos que dio origen a la resolución.

SECCIÓN 2

Resoluciones dictadas por un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007

Artículo 23

Reconocimiento

1.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno.

2.  En caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento de una resolución a título principal podrá solicitar, por los procedimientos previstos en la presente sección, que se reconozca la resolución.

3.  Si el reconocimiento se invoca como cuestión incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer del asunto.

Artículo 24

Motivos de denegación del reconocimiento

Se denegará el reconocimiento de una resolución:

Una decisión que tenga por efecto modificar, debido a un cambio de circunstancias, una decisión anterior relativa a alimentos no se considerará como una decisión incompatible según las letras c) o d).

Artículo 25

Suspensión del proceso

El órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 suspenderá el proceso si la fuerza ejecutiva de la resolución se suspende en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto recurso.

Artículo 26

Fuerza ejecutiva

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que no esté vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 y que sean allí ejecutivas se ejecutarán en otro Estado miembro una vez que, a instancia de cualquier parte interesada, se haya otorgado su ejecución en este último.

Artículo 27

Competencia territorial

1.  La solicitud de otorgamiento de ejecución se interpondrá ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución cuyo nombre haya sido notificado a la Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.

2.  La competencia territorial estará determinada por la residencia habitual de la parte contra la que se solicite la ejecución o bien por el lugar de ejecución.

Artículo 28

Procedimiento

1.  La solicitud de otorgamiento de ejecución deberá ir acompañada de los documentos siguientes:

2.  El órgano jurisdiccional o la autoridad competente ante los cuales se haya presentado la demanda no podrán exigir al demandante que presente traducción de la resolución. No obstante, podrá exigirse una traducción en el marco del recurso previsto en los artículos 32 o 33.

3.  Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

Artículo 29

Incumplimiento del requisito de presentación del extracto

1.  De no presentarse el extracto a que se refiere el artículo 28, apartado 1, letra b), el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrá señalar un plazo para su presentación, o bien aceptar un documento equivalente o, si considera que dispone ya de suficiente información, otorgar una dispensa.

2.  En el caso contemplado en el artículo 1, se presentará una traducción de los documentos si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente así lo exigiese. La traducción deberá ser realizada por una persona autorizada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

Artículo 30

Otorgamiento de ejecución

Se otorgará la ejecución de la resolución sin el examen previsto en el artículo 24, tras la conclusión de los trámites indicados en el artículo 28, o, a más tardar, en los 30 días siguientes a la conclusión de dichos trámites, salvo impedimento debido a circunstancias excepcionales. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.

Artículo 31

Notificación de la resolución sobre la solicitud

1.  La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se pondrá de inmediato en conocimiento del demandante por el procedimiento que determine la ley del Estado miembro de ejecución.

2.  El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la que se haya solicitado la ejecución, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido notificada aún a dicha parte.

Artículo 32

Recurso contra la resolución sobre la solicitud

1.  La resolución sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

2.  El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que se haya notificado a la Comisión por el Estado miembro interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.

3.  El recurso se sustanciará según las normas que rigen el proceso contradictorio.

4.  En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la ejecución ante el órgano jurisdiccional que conozca del recurso interpuesto por el demandante, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 11, incluso si la parte contra la que se solicita la ejecución no está domiciliada en ninguno de los Estados miembros.

5.  El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación o comunicación. Si la parte contra la que se solicite la ejecución tuviese su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya otorgado la ejecución, el plazo será de 45 días y empezará a correr a partir de la fecha de notificación o comunicación, tanto si esta se hizo en persona como en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 33

Procedimientos para recurrir las resoluciones dictadas sobre el recurso

La resolución que resuelva el recurso solo podrá ser objeto de los recursos que el Estado miembro interesado haya notificado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.

Artículo 34

Desestimación o revocación del otorgamiento de ejecución

1.  El órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en los artículos 32 o 33 solo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por alguno de los motivos indicados en el artículo 24.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 4, el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso previsto en el artículo 32 decidirá dentro de un plazo de 90 días a partir del recurso, salvo impedimento debido a circunstancias excepcionales.

3.  El órgano jurisdiccional que conozca de un recurso previsto en el artículo 33 se pronunciará sin demora.

Artículo 35

Suspensión del proceso

El órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en los artículos 32 o 33 suspenderá el proceso, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, si el carácter ejecutorio de la resolución se suspende en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto recurso.

Artículo 36

Medidas provisionales y cautelares

1.  Cuando una resolución deba ser reconocida con arreglo a la presente sección, nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales o cautelares, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, sin que sea necesario el otorgamiento de la ejecución conforme al artículo 30.

2.  El otorgamiento de la ejecución implicará por ministerio de la ley la autorización para adoptar medidas cautelares.

3.  Durante el plazo previsto en el artículo 32, apartado 5, para interponer recurso contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se resuelva sobre el mismo, solo podrán adoptarse medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución.

Artículo 37

Ejecución parcial

1.  Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones de la demanda y el otorgamiento de la ejecución no pueda concederse para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente concederá la ejecución para una o varias de ellas.

2.  El demandante podrá instar un otorgamiento de ejecución parcial.

Artículo 38

Exención de impuestos, derechos y tasas

El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna proporcional al valor del litigio en los procedimientos encaminados al otorgamiento de la ejecución.

SECCIÓN 3

Disposiciones comunes

Artículo 39

Fuerza ejecutiva provisional

El órgano jurisdiccional de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva provisional a la resolución, no obstante la interposición de un eventual recurso, aunque el Derecho nacional no prevea la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley.

Artículo 40

Invocación de una resolución reconocida

1.  La parte que desee invocar en otro Estado miembro una resolución reconocida en el sentido del artículo 17, apartado 1, o en virtud de la sección 2, deberá presentar una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad.

2.  Si ha lugar, el órgano jurisdiccional ante el que se invoque la resolución reconocida podrá pedir a la parte que desea invocarla que presente un extracto expedido por el órgano jurisdiccional de origen utilizando el formulario cuyo modelo figura, según el caso, en el anexo I o en el anexo II.

El órgano jurisdiccional de origen expedirá este extracto igualmente a instancia de cualquier parte interesada.

3.  Si ha lugar, la parte que invoque la resolución reconocida presentará trascripción o traducción del contenido del formulario mencionado en el apartado 2 en la lengua oficial del Estado miembro interesado o, si este tuviera varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se invoque la resolución reconocida, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro interesado haya indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales acepta que se cumplimente el formulario.

4.  Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

Artículo 41

Procedimiento y condiciones de ejecución y condiciones de la ejecución

1.  A reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en dicho Estado miembro de ejecución.

2.  La parte que inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no tendrá obligación de tener en el Estado miembro de ejecución una dirección postal ni un representante autorizado, sin perjuicio de las personas con competencias en los procesos de ejecución.

Artículo 42

Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro en que se solicite el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución.

Artículo 43

Cobro no prioritario de los costes

El cobro de los costes ocasionados por la aplicación del presente Reglamento no tendrá prioridad sobre el cobro de alimentos.

CAPÍTULO V

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 44

Derecho a justicia gratuita

1.  Las partes en un litigio contemplado en el presente Reglamento tendrán garantizado el acceso efectivo a la justicia en otro Estado miembro, también para los procedimientos de ejecución y recurso, en las condiciones establecidas en el presente capítulo.

En los casos contemplados en el capítulo VII, el acceso efectivo será garantizado por el Estado miembro requerido a todo solicitante que tenga su residencia en el Estado miembro requirente.

2.  Con el fin de garantizar este acceso efectivo, los Estados miembros proporcionarán el beneficio de justicia gratuita de conformidad con el presente capítulo, salvo que sea de aplicación el apartado 3.

3.  En los casos contemplados en el capítulo VII, los Estados miembros no estarán obligados a proporcionar el beneficio de justicia gratuita en la medida en que sus procedimientos permitan a las partes actuar ante los órganos jurisdiccionales sin necesidad del beneficio de justicia gratuita y la autoridad central proporcione gratuitamente los servicios necesarios.

4.  Las condiciones de acceso a la justicia gratuita no serán más restrictivas que las fijadas en los asuntos internos equivalentes.

5.  No se exigirá ninguna fianza ni depósito, sea cual fuere su denominación, para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos en materia de obligaciones de alimentos.

Artículo 45

Contenido de la justicia gratuita

La justicia gratuita concedida en virtud del presente capítulo designará la asistencia necesaria para permitir a las partes conocer y hacer valer sus derechos y para garantizar que sus solicitudes, presentadas a través de las autoridades centrales o directamente a las autoridades competentes, se traten de forma completa y eficaz. Abarcará, en función de la necesidad, los siguientes costes:

Artículo 46

Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a favor de niños presentadas a través de las autoridades centrales

1.  El Estado miembro requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para todas las demandas relativas a obligaciones de alimentos a favor de una persona menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, que sean presentadas por un acreedor en virtud del artículo 56.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro requerido podrá denegar la asistencia jurídica gratuita, para las solicitudes no contempladas en el artículo 56, apartado 1, letras a) y b), si considera que la demanda o cualquier recurso conexo resulta manifiestamente infundado.

Artículo 47

Casos no contemplados en el artículo 46

1.  En los casos no contemplados en el artículo 46, a reserva de los artículos 44 y 45, podrá concederse la justicia gratuita de conformidad con el Derecho nacional, en particular por lo que respecta a las condiciones de evaluación de los recursos del solicitante o al fundamento de la solicitud.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la parte que en el Estado miembro de origen haya obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o de una exención de costas y gastos, tendrá derecho, en todo proceso de reconocimiento, fuerza ejecutiva o ejecución, a la justicia gratuita más favorable o a la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la parte que en el Estado miembro de origen haya obtenido el beneficio un procedimiento gratuito ante una de las autoridades administrativas enumeradas en el anexo X tendrá derecho, en el marco de todo procedimiento de reconocimiento, de fuerza ejecutiva o de ejecución, a la justicia gratuita con arreglo al apartado 2. A tal fin, deberá presentar un documento establecido por la autoridad competente del Estado miembro de origen, que certifique que reúne las condiciones económicas para poder acogerse total o parcialmente al beneficio de justicia gratuita o de una exención de costas y gastos.

Las autoridades competentes a los fines del presente apartado se enumeran en el anexo XI. Dicho anexo se establecerá y modificará de acuerdo con el procedimiento de gestión contemplado en el artículo 73, apartado 2.

CAPÍTULO VI

TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA

Artículo 48

Aplicación del presente Reglamento a las transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva

1.  Las transacciones judiciales y los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán reconocidos en los demás Estados miembros y tendrán en ellos la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones, de conformidad con el capítulo IV.

2.  Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables, en la medida necesaria, a las transacciones judiciales y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva.

3.  La autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un extracto de la transacción judicial o del documento público con fuerza ejecutiva mediante el formulario cuyo modelo figura, según el caso, en los anexos I y II o en los anexos III y IV.

CAPÍTULO VII

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE AUTORIDADES CENTRALES

Artículo 49

Designación de las autoridades centrales

1.  Cada Estado miembro designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el presente Reglamento le impone.

2.  Los Estados miembros federales, los Estados miembros en que existan varios ordenamientos jurídicos y los Estados que tengan unidades territoriales autónomas podrán designar más de una autoridad central y especificarán el ámbito territorial o personal de sus atribuciones. El Estado miembro que haya hecho uso de esta posibilidad designará la autoridad central a la que pueda dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado. Si se envía una comunicación a una autoridad central que no sea competente, esta será responsable de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de ello al remitente.

3.  Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, de conformidad con el artículo 71, la designación de la autoridad o autoridades centrales, sus datos de contacto y, en su caso, el alcance de sus atribuciones con arreglo al apartado 2.

Artículo 50

Funciones generales de las autoridades centrales

1.  Las autoridades centrales deberán:

2.  Las autoridades centrales adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin se hará uso de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE.

Artículo 51

Funciones específicas de las autoridades centrales

1.  Las autoridades centrales prestarán asistencia en lo que respecta a las solicitudes contempladas en el artículo 56. En particular, deberán:

2.  En lo que concierne a dichas solicitudes, las autoridades centrales tomarán todas las medidas apropiadas para:

3.  Las funciones de la autoridad central en virtud del presente artículo podrán ser desempeñadas, en la medida en que lo permita la ley del Estado miembro de que se trate, por organismos públicos u otras entidades sometidos al control de las autoridades competentes de ese Estado miembro. La designación de esos organismos públicos u otras entidades, así como los datos de contacto y el ámbito de sus funciones, serán comunicados por el Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 71.

4.  El presente artículo y el artículo 53 no imponen en ningún caso a las autoridades centrales la obligación de ejercer atribuciones que, con arreglo a la ley del Estado miembro requerido, solo pueden ser ejercidas por autoridades judiciales.

Artículo 52

Poder

La autoridad central del Estado miembro requerido solo podrá exigir un poder al solicitante cuando actúe en su representación en procedimientos judiciales o ante otras autoridades o con el fin de designar a un representante a tal efecto.

Artículo 53

Peticiones de medidas específicas

1.  La autoridad central podrá dirigir una petición motivada a otra autoridad central para que esta adopte las medidas específicas adecuadas previstas en el artículo 51, apartado 2, letras b), c), g), h), i) y j), cuando no esté pendiente ninguna solicitud prevista en el artículo 56. La autoridad central requerida adoptará las medidas que resulten adecuadas si las considera necesarias para ayudar a un solicitante potencial a presentar una solicitud prevista en el artículo 42 ter o a determinar si se debe presentar dicha solicitud.

2.  Cuando se presente una petición a los fines de las medidas previstas en el artículo 51, apartado 2, letras b) y c), la autoridad central requerida buscará la información solicitada, si es preciso en aplicación del artículo 61. No obstante, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, letras b), c) y d), solo podrá buscarse si el acreedor presenta copia de una resolución, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva, acompañada en su caso del extracto previsto en los artículos 20, 28 o 48.

La autoridad central requerida comunicará las informaciones obtenidas a la autoridad central requirente. Cuando dicha información se haya obtenido en aplicación del artículo 61, esa comunicación versará solo sobre el domicilio del posible demandado en el Estado miembro requerido. Dentro del marco de una petición con vistas a un reconocimiento de una declaración que demuestre la fuerza ejecutiva o de una ejecución, la comunicación versará además solo sobre la existencia de ingresos o de patrimonio del deudor en dicho Estado.

Si la autoridad central requerida no estuviere en condiciones de facilitar la información solicitada, informará de ello sin demora a la autoridad central requirente, precisándole las razones de tal imposibilidad.

3.  La autoridad central también podrá tomar, a petición de otra autoridad central, medidas específicas respecto de un asunto de cobro de alimentos que esté pendiente en el Estado requirente y que tenga un elemento internacional.

4.  Para las peticiones que presenten de conformidad con el presente artículo, las autoridades centrales emplearán el formulario cuyo modelo figura en el anexo V.

Artículo 54

Costes de la autoridad central

1.  Cada autoridad central asumirá los costes que suponga para ella la aplicación del presente Reglamento.

2.  Las autoridades centrales no podrán cargar al solicitante ningún gasto por los servicios que presten en virtud del presente Reglamento, salvo los costes excepcionales que se deriven de una petición de medidas específicas contemplada en el artículo 53.

A efectos del presente apartado, no se considerarán excepcionales los costes asociados a la localización del deudor.

3.  La autoridad central requerida no podrá exigir el reembolso de los costes excepcionales mencionados en el apartado 2 si el solicitante no ha dado su consentimiento previo a la prestación de los servicios de que se trate a ese coste.

Artículo 55

Solicitud a través de las autoridades centrales

Las solicitudes previstas en el presente capítulo se remitirán a la autoridad central del Estado miembro requerido a través de la autoridad central del Estado miembro en que resida el solicitante.

Artículo 56

Solicitudes disponibles

1.  El acreedor que pretenda el cobro de alimentos en virtud del presente Reglamento podrá presentar las solicitudes siguientes:

2.  El deudor contra quien exista una resolución en materia de alimentos podrá presentar las solicitudes siguientes:

3.  Respecto de las solicitudes contempladas en el presente artículo, la asistencia y la representación a que se refiere el artículo 45, letra b), serán prestadas por la autoridad central del Estado miembro requerido bien directamente, bien a través de autoridades públicas u otros organismos o personas.

4.  Salvo disposición en contrario en el presente Reglamento, las solicitudes previstas en los apartados 1 y 2 se tramitarán con arreglo al Derecho del Estado miembro requerido y estarán sometidas a las normas de competencia aplicables en él.

Artículo 57

Contenido de la solicitud

1.  Las solicitudes previstas en el artículo 56 deberán presentarse utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo VI o en el anexo VII.

2.  Toda solicitud que se presente en virtud del artículo 56 deberá contener, como mínimo:

3.  A los efectos del apartado 2, letra b), la dirección personal del solicitante podrá sustituirse por otra en los casos de violencia doméstica, si el Derecho nacional del Estado miembro requerido no exige, a los fines de los procedimientos que hayan de incoarse, que el solicitante facilite su dirección personal.

4.  Cuando proceda, y en la medida en que se conozca, la solicitud incluirá igualmente la información siguiente:

5.  La solicitud deberá ir acompañada de toda la información o documentación de apoyo necesaria, incluida, en su caso, la documentación que demuestre el derecho del solicitante a recibir asistencia jurídica gratuita. Las solicitudes previstas en el artículo 56, apartado 1, letras a) y b), y en el apartado 2, letra a), solo irán acompañadas, según los casos, de los documentos enumerados en los artículos 20, 28 o 48 o del artículo 25 del Convenio de La Haya de 2007.

Artículo 58

Transmisión, recepción y tramitación de solicitudes y asuntos a través de las autoridades centrales

1.  La autoridad central del Estado miembro requirente prestará ayuda al solicitante para asegurar que la solicitud vaya acompañada de toda la información y los documentos que, según le conste a dicha autoridad, sean necesarios para el examen de la solicitud.

2.  La autoridad central del Estado miembro requirente, tras comprobar que la solicitud cumple los requisitos del presente Reglamento, la transmitirá a la autoridad central del Estado miembro requerido.

3.  La autoridad central requerida acusará recibo de la solicitud en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción, utilizando para ello el formulario cuyo modelo figura en el anexo VIII, informará a la autoridad central del Estado miembro requirente de las gestiones iniciales que se hayan efectuado o se vayan a efectuar para la tramitación de la solicitud y podrá solicitar cualesquiera otros documentos o información que estime necesarios. Dentro del mismo plazo de 30 días, la autoridad central requerida deberá comunicar a la autoridad central requirente el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio encargado de responder a las consultas sobre la tramitación de la solicitud.

4.  Dentro de los 60 días siguientes al acuse de recibo, la autoridad central requerida informará a la autoridad central requirente del estado de tramitación de la solicitud.

5.  Las autoridades centrales requerida y requirente se mantendrán informadas mutuamente:

y contestarán puntualmente a las consultas.

6.  Las autoridades centrales tramitarán los asuntos con toda la rapidez que permita el examen adecuado de las cuestiones planteadas.

7.  Las autoridades centrales utilizarán los medios de comunicación más rápidos y eficaces de que dispongan.

8.  La autoridad central requerida solo podrá negarse a tramitar una solicitud cuando sea manifiesto que no se cumplen los requisitos exigidos por el presente Reglamento. En tal caso, dicha autoridad central informará con prontitud a la autoridad central requirente de los motivos de la denegación, utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo IX.

9.  La autoridad central requerida no podrá rechazar una solicitud por la única razón de que se necesite documentación o información adicional. Podrá, no obstante, pedir a la autoridad central requirente que presente dicha documentación o información adicional. Si la autoridad central requirente no las presenta en un plazo de 90 días o en un plazo más largo determinado por la autoridad central requerida, esta última podrá decidir que no tramitará la solicitud. En tal caso, informará de inmediato a la autoridad central requirente, utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo IX.

Artículo 59

Lenguas

1.  El formulario de petición o de solicitud deberá cumplimentarse en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, si este tuviere varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en que esté establecida la autoridad central pertinente, o en cualquier otra lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea que el Estado miembro requerido haya indicado que puede aceptar, salvo dispensa de traducción por parte de la autoridad central de dicho Estado miembro.

2.  Los documentos que acompañen el formulario de petición o de solicitud solo se traducirán a la lengua determinada de conformidad con el apartado 1 si es necesaria una traducción para prestar la asistencia solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20, 28, 40 y 66.

3.  Cualquier otra comunicación entre las autoridades centrales deberá estar redactada en la lengua determinada de conformidad con el apartado 1, salvo que las autoridades centrales convengan en otra cosa.

Artículo 60

Reuniones

1.  Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la aplicación del presente Reglamento.

2.  La convocatoria de dichas reuniones se realizará de conformidad con la Decisión 2001/470/CE.

Artículo 61

Acceso de las autoridades centrales a la información

1.  En las condiciones previstas en el presente capítulo y como excepción a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 4, la autoridad central requerida pondrá en práctica todos los medios adecuados y necesarios para obtener la información contemplada en el apartado 2 que sea necesaria para facilitar, en un determinado asunto, la obtención, la modificación, el reconocimiento, el otorgamiento de ejecución o la ejecución de una resolución.

Las autoridades públicas o las administraciones que, en el marco de sus actividades habituales, tengan en su poder, dentro del Estado miembro requerido, la información contemplada en el apartado 2 y que sean responsables de su tratamiento en el sentido de la Directiva 95/46/CE la proporcionarán, a reserva de las limitaciones justificadas por motivos de seguridad nacional o pública, a la autoridad central requerida, a petición suya, en los casos en que esta no tenga acceso directo a dicha información.

Los Estados miembros podrán designar a las autoridades públicas o a las administraciones que puedan proporcionar a la autoridad central requerida las informaciones contempladas en el apartado 2. Cuando un Estado miembro proceda a dicha designación velará por que su elección de las autoridades y de las administraciones permita a su autoridad central tener acceso a las informaciones requeridas con arreglo al presente artículo.

Cualquier otra persona jurídica que tenga en su poder, dentro del Estado miembro requerido, las información contemplada en el apartado 2 y que sea responsable de su tratamiento en el sentido de la Directiva 95/46/CE la proporcionará a la autoridad central requerida, a petición suya, si está autorizada por el Derecho del Estado miembro requerido.

La autoridad central requerida transmitirá la información así obtenida, en la medida en que sea preciso, a la autoridad central requirente.

2.  La información a que se refiere el presente artículo será la que se halle ya en poder de las autoridades, administraciones o personas contempladas en el apartado 1. Esta información deberá ser adecuada, pertinente y no excesiva, y se referirá a:

Para obtener o modificar una resolución, la autoridad central requerida solo podrá solicitar la información contemplada en la letra a).

Para obtener el reconocimiento, el otorgamiento de ejecución o la ejecución de una resolución, la autoridad central requerida podrá solicitar toda la información contemplada en el párrafo primero. Sin embargo, la información contemplada en la letra d) solo podrá solicitarse si la información contemplada en las letras b) y c) es insuficiente para hacer posible la ejecución de la resolución.

Artículo 62

Transmisión y utilización de la información

1.  Las autoridades centrales transmitirán dentro del Estado miembro, según el caso, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, a los órganos jurisdiccionales competentes, a las autoridades competentes encargadas del traslado y notificación de los documentos y a las autoridades competentes encargadas de la ejecución de la resolución.

2.  Las autoridades u órganos jurisdiccionales a los que se transmita información en virtud del artículo 61 solo podrán utilizarla para facilitar el cobro de créditos alimenticios.

Con excepción de las informaciones relativa a la propia existencia de un domicilio, de ingresos o de un patrimonio en el Estado miembro requerido, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, no podrá divulgarse a la persona que haya presentado solicitud ante la autoridad central requirente, sin perjuicio de la aplicación de las normas de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales.

3.  La autoridad que trate la información que le haya sido comunicada de conformidad con el artículo 61 no la conservará más tiempo del necesario para alcanzar los fines con que fue remitida.

4.  La autoridad que trate la información que le haya sido comunicada de conformidad con el artículo 61 garantizará la confidencialidad de dicha información, de conformidad con su Derecho interno.

Artículo 63

Notificación a la persona a que se refiere la recogida de información

1.  La notificación a la persona a que se refiere la recogida de la información de la comunicación de todo o parte de ella se llevará a cabo de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requerido.

2.  Si esta notificación pudiera comprometer el cobro efectivo del crédito alimentario, podrá aplazarse por un período máximo de 90 días a partir de la fecha en la cual se haya proporcionado la información a la autoridad central requerida.

CAPÍTULO VIII

ORGANISMOS PÚBLICOS

Artículo 64

Solicitudes de organismos públicos

1.  A los efectos de una solicitud de reconocimiento y de otorgamiento de ejecución, o a efectos de la ejecución de resoluciones, el término «acreedor» comprende el organismo público que actúe en nombre de una persona física a la cual se deba el pago de alimentos, o el organismo al que se adeude un reembolso por prestaciones concedidas a título de alimentos.

2.  El derecho de un organismo público de actuar en lugar de una persona física a quien se le deba el pago de alimentos o de solicitar el reembolso de prestaciones concedidas al acreedor a título de alimentos se regirá por la ley a que esté sujeto el organismo.

3.  Un organismo público podrá solicitar el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución o solicitar la ejecución:

4.  El organismo público que solicite el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución o requiera la ejecución de una resolución deberá facilitar, cuando se le solicite, todo documento necesario para probar su derecho en virtud del apartado 2 y el pago de las prestaciones al acreedor.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 65

Legalización y formalidades similares

No se exigirá legalización ni formalidad similar alguna en el contexto del presente Reglamento.

Artículo 66

Traducción de documentos justificativos

Si perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20, 28 y 40, el órgano jurisdiccional ante el cual se haya presentado la demanda solo podrá exigir a las partes que presenten traducción de los documentos justificativos en una lengua distinta de la lengua del procedimiento si considera que dicha traducción es necesaria para dictar su resolución o para respetar los derechos de defensa.

Artículo 67

Recuperación de los gastos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, la autoridad competente del Estado miembro requerido podrá pedir el reembolso de los gastos, a la parte que haya perdido, de asistencia jurídica gratuita, en virtud del artículo 46 el proceso si su situación económica lo permite.

Artículo 68

Relaciones con otros instrumentos comunitarios

1.  Sin perjuicio del artículo 75, apartado 2, el presente Reglamento modifica al Reglamento (CE) no 44/2001 sustituyendo las disposiciones de dicho reglamento aplicables en materia de obligaciones de alimentos.

2.  El presente Reglamento sustituye, en materia de obligaciones de alimentos, al Reglamento (CE) no 805/2004, excepto en lo referente a los títulos ejecutivos europeos sobre obligaciones de alimentos expedidos en un Estado miembro no vinculado por el protocolo de La Haya de 2007.

3.  En materia de obligaciones de alimentos, el presente Reglamento no afectará a la aplicación de la Directiva 2003/8/CE, a reserva de lo dispuesto en el capítulo V.

4.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 69

Relación con los convenios y acuerdos internacionales existentes

1.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del artículo 307 del Tratado.

2.  No obstante el apartado 1 y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios y acuerdos que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y de los que sean parte los Estados miembros.

3.  El presente Reglamento no será óbice a la aplicación del Convenio de 23 de marzo de 1962 entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega sobre la cobertura de créditos de alimentos por los Estados miembros partes de dicho Convenio, habida cuenta de que prevé, en lo que se refiere al reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las decisiones:

Con todo, la aplicación de dicho convenio no habrá de privar al demandado de la protección que le ofrecen los artículos 19 y 21 del presente Reglamento.

Artículo 70

Información puesta a disposición del público

Los Estados miembros proporcionarán, a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE del Consejo, la siguiente información para que se ponga a disposición del público:

Los Estados miembros mantendrán siempre actualizada esa información.

Artículo 71

Información sobre datos y lenguas de contacto

1.  A más tardar el 18 de septiembre de 2010, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior de esta información.

2.  La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos de contacto de los órganos jurisdiccionales y autoridades contemplados en las letras a), c) y f).

3.  La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad con el apartado 1 por cualquier otro medio adecuado, en particular por medio de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE.

Artículo 72

Modificación de los formularios

Toda modificación de los formularios previstos por el presente Reglamento se adoptará por el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 73, apartado 3.

Artículo 73

Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 70 del Reglamento (CE) no 2201/2003.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

Artículo 74

Cláusula de revisión

A más tardar cinco años a partir de la fecha de aplicación indicada en el artículo 76, tercer párrafo, la Comisión presentará al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, con inclusión de una evaluación de las experiencias prácticas en materia de cooperación administrativa entre autoridades centrales, en particular por lo que se refiere al acceso de estas a la información en posesión de las autoridades públicas y las administraciones, y una evaluación del funcionamiento del procedimiento de reconocimiento, de declaración de fuerza ejecutiva y de ejecución aplicable a las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007. En caso necesario el informe irá acompañado de propuestas de adaptación.

Artículo 75

Disposiciones transitorias

▼C1

1.  Las disposiciones del presente Reglamento solo se aplicarán a los procedimientos incoados, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados como tales a partir de su fecha de aplicación, sin perjuicio de los apartados 2 y 3.

▼C2

2.  Las secciones 2 y 3 del capítulo IV se aplicarán a:

en la medida en que dichas resoluciones, a los fines del reconocimiento y la ejecución, entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001.

▼B

El Reglamento (CE) no 44/2001 seguirá siendo de aplicación a los procedimientos de reconocimiento y ejecución que estén en curso en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Los párrafos primero y segundo se aplicarán mutatis mutandis a las transacciones judiciales aprobadas o realizadas y a los documentos públicos de los Estados miembros.

3.  El capítulo VIII sobre la cooperación administrativa entre autoridades centrales se aplicará las peticiones y solicitudes recibidas por la autoridad central a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 76

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 2, apartado 2, el artículo 47, apartado 3, y los artículos 71, 72 y 73 se aplicarán a partir del 18 de septiembre de 2010.

El presente Reglamento se aplicará, con excepción de las disposiciones mencionadas en el párrafo segundo, a partir del 18 de junio de 2011, siempre y cuando el Protocolo de La Haya de 2007 sea aplicable en la Comunidad en esa fecha. De no darse esa circunstancia, el presente Reglamento se aplicará a partir de la fecha de aplicación de dicho Protocolo en la Comunidad.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

▼M3

ANEXO I

EXTRACTO DE UNA RESOLUCIÓN O TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS NO SOMETIDA A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR

[artículos 20 y 48 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 2 )]

IMPORTANTE

La expedición la realizará el órgano jurisdiccional de origen

La expedición solo tendrá lugar si la resolución o transacción judicial tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen

Solo se mencionarán los datos indicados en la resolución o transacción judicial o de los que tenga conocimiento el órgano jurisdiccional de origen

1.   NATURALEZA DEL ACTO

Fecha y número de referencia: …

La resolución/transacción judicial está reconocida y tiene carácter ejecutivo en otro Estado miembro sin que sea posible oponerse a su reconocimiento y sin que sea necesaria una declaración de exequátur [artículos 17 y 48 del Reglamento (CE) no 4/2009].

2.   ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN

3.   DEMANDANTE(S) ( 3 ) ( 4 )

3.1.    Persona A

3.2.    Persona B

3.3.    Persona C

4.   DEMANDADO(S) ( 5 ) ( 6 )

4.1.    Persona A

4.2.    Persona B

4.3.    Persona C

5.   PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN/TRANSACCIÓN JUDICIAL

5.1.    Moneda

 Euro (EUR)  Lev (BGN)  Corona checa (CZK)  Kuna (HRK)  Forint (HUF)  Zloty (PLN)  Leu rumano (RON)  Corona sueca (SEK)  Otra (indíquese el código ISO): …

5.2.    Prestación de alimentos ( 7 )

5.2.1.    Prestación de alimentos A

5.2.2.    Prestación de alimentos B

5.2.3.    Prestación de alimentos C

5.3.    Gastos y costas

La resolución/transacción judicial establece que

… [nombre y apellido(s)]

deberá abonar el importe de …

a … [nombre y apellido(s)].

En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …

Hecho en: … el: … (dd/mm/aaaa)

Firma y/o sello del órgano jurisdiccional de origen:

…

ANEXO II

EXTRACTO DE UNA RESOLUCIÓN O TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS SOMETIDA A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR

[artículo 28 y artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 8 )]

IMPORTANTE

La expedición la realizará el órgano jurisdiccional de origen

La expedición solo tendrá lugar si la resolución o transacción judicial tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen

Solo se mencionarán los datos indicados en la resolución o transacción judicial o de los que tenga conocimiento el órgano jurisdiccional de origen

1.   NATURALEZA DEL ACTO

Fecha y número de referencia: …

2.   ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN

3.   DEMANDANTE(S) ( 9 ) ( 10 )

3.1.    Persona A

3.2.    Persona B

3.3.    Persona C

4.   DEMANDADO(S) ( 14 ) ( 15 )

4.1.    Persona A

4.2.    Persona B

4.3.    Persona C

5.   PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN/TRANSACCIÓN JUDICIAL

5.1.    Moneda

 Euro (EUR)  Lev (BGN)  Corona checa (CZK)  Corona danesa (DKK)  Libra esterlina (GBP)  Kuna (HRK)  Forint (HUF)  Zloty (PLN)  Leu rumano (RON)  Corona sueca (SEK)  Otra (indíquese el código ISO): …

5.2.    Prestación de alimentos ( 19 )

5.2.1.    Prestación de alimentos A

5.2.2.    Prestación de alimentos B

5.2.3.    Prestación de alimentos C

5.3.    Gastos y costas

La resolución/transacción judicial establece que

… [nombre y apellido(s)]

deberá abonar el importe de …

a … [nombre y apellido(s)].

En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …

Hecho en: … el: … (dd/mm/aaaa)

Firma y/o sello del órgano jurisdiccional de origen:

…

ANEXO III

EXTRACTO DE UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS NO SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR

[artículo 48 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 20 )]

IMPORTANTE

La expedición la realizará la autoridad competente del Estado miembro de origen

La expedición solo tendrá lugar si el documento público tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen

Solo se mencionarán los datos indicados en el documento público o de los que tenga conocimiento la autoridad competente

En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …

Hecho en: … el: … (dd/mm/aaaa)

Firma y/o sello de la autoridad competente:

…

ANEXO IV

EXTRACTO DE UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR

[artículo 48 y artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 24 )]

IMPORTANTE

La expedición la realizará la autoridad competente del Estado miembro de origen

La expedición solo tendrá lugar si el documento público tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen

Solo se mencionarán los datos indicados en el documento público o de los que tenga conocimiento la autoridad competente

En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …

Hecho en: … el: … (dd/mm/aaaa)

Firma y/o sello de la autoridad competente:

…

ANEXO V

SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS

[artículo 53 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 28 )]

PARTE A

A rellenar por la autoridad central requirente

1.   AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE

2.   AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA

3.   SOLICITUD

3.1.    La medida específica solicitada pretende:

3.2.    Motivación de la solicitud:

…

…

…

…

…

3.3.    La información solicitada se refiere:

3.4.    Información solicitada

El acreedor ha presentado una resolución, una transacción judicial o un documento público que deberá ejecutarse, en su caso acompañado del formulario pertinente

 La notificación a la persona a que se refiere la petición de información puede perjudicar al cobro efectivo de la prestación de alimentos [artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) no 4/2009].

Hecho en … el: … (dd/mm/aaaa)

Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requirente:

…

PARTE B

A rellenar por la autoridad central requerida

4.   NÚMERO DE REFERENCIA DE LA AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA: …

5.   PERSONA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD:…

6.   MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

…

…

…

…

7.   INFORMACIÓN OBTENIDA

7.1.    Sin recurrir a los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento (CE) no 4/2009:

7.2.    En aplicación de los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento (CE) no 4/2009:

IMPORTANTE

[en caso de aplicación de los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento (CE) no 4/2009]

Con excepción de las informaciones relativas a la existencia de un domicilio, de ingresos o de un patrimonio en el Estado miembro requerido, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, no podrá divulgarse a la persona que haya presentado una solicitud ante la autoridad central requirente, sin perjuicio de la aplicación de las normas de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales [artículo 62, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 4/2009].

8.   IMPOSIBILIDAD DE COMUNICAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA

La autoridad central requerida no está en condiciones de proporcionar la información solicitada por las siguientes razones:

…

…

…

Hecho en … el: … (dd/mm/aaaa)

Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requerida:

…

ANEXO VI

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO, DE DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR O DE EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE ALIMENTOS

[artículos 56 y 57 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 35 )]

PARTE A

A rellenar por la autoridad central requirente

1.   SOLICITUD

2.   AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE

3.   AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA

4.   DOCUMENTOS ANEXOS ( 36 ) A LA SOLICITUD EN CASO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN ESTADO MIEMBRO

5.   DOCUMENTOS ANEXOS ( 37 ) A LA SOLICITUD EN CASO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN TERCER ESTADO

Número total de documentos que se adjuntan al formulario de solicitud: …

Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)

Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requirente: …

PARTE B

A rellenar por el solicitante o, en su caso, por la persona/autoridad autorizada en el Estado miembro requirente para rellenar el formulario en nombre del solicitante

6.   SOLICITUD

7.   RESOLUCIÓN

8.   SOLICITANTE

8.1.    Persona física

8.2.    Organismo público

9.   DEMANDADO

10.   CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE PUEDA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DEL DEMANDADO: …

…

…

…

11.   PERSONA O PERSONAS PARA QUIENES SE PIDEN O A QUIENES SE ADEUDAN ALIMENTOS ( 47 )

12.   DEUDOR

13.   INFORMACIÓN EN CUANTO AL PAGO SI ES EL ACREEDOR QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD

13.1.    Pago por vía electrónica

13.2.    Pago por cheque

14.   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (SI PROCEDE):

…

…

…

Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)

Firma del solicitante: …

y/o, si fuera necesario:

Nombre y apellido(s) de la persona/autoridad autorizada en el Estado miembro requirente para rellenar el formulario en nombre del solicitante:

…

ANEXO VII

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA OBTENER O MODIFICAR UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS

[artículos 56 y 57 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 66 )]

PARTE A

A rellenar por la autoridad central requirente

1.   SOLICITUD