—

Reunida en Adís Abeba (Etiopía) del 25 al 27 de noviembre de 2013,

—

Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 2 y 21, apartados 1 y 2,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú, en particular el artículo 8, apartado 4, el artículo 9, el artículo 33, apartado 1, y el artículo 96,

—

Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, aprobada el 30 de enero de 2007, en particular, el artículo 2, apartados 2, 5, 6 y 9, el artículo 3, apartados 1, 2, 5, 7, 8 y 9, y los artículos 4, 10, 12, 15, 17, 27, 32 y 33,

—

Vista la Carta de la Sociedad Civil de la CARICOM, de 19 de febrero de 1997, en particular el artículo XVII,

—

Vista la Declaración sobre la Democracia, la Gobernanza Política, Económica y Corporativa de la Organización de la Unidad Africana, de 8 de julio de 2002, en particular los artículos 7 y 14,

—

Vista la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, de 11 de julio de 2003, y, en particular, los artículos 3 y 17 (2),

—

Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 16 de marzo de 2012, titulado «En aras de la justicia: un programa de acción para reforzar el Estado de derecho en los planos nacional e internacional»,

—

Vistos los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura,

—

Visto el Protocolo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental A/SP1/12/01 sobre democracia y buena gobernanza, aprobado en Dakar el 21 de diciembre de 2001,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 101.521/A/fin.),

A.

Considerando que el respeto del Estado de Derecho y el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son una condición indispensable para la aplicación y el funcionamiento de una democracia estable —objetivo común que ocupa un lugar primordial en la cooperación ACP-UE— y un elemento fundamental de la buena gobernanza, así como un requisito previo para el fomento de un Estado justo y de un desarrollo político, económico y social sostenible que permite que la democracia parlamentaria funcione más fácilmente;

B.

Considerando que una separación de poderes efectiva, estricta y clara es fundamental para garantizar la presencia de un poder judicial verdaderamente imparcial, independiente y accesible;

C.

Considerando que las estructuras jurídicas establecidas deben garantizar un equilibrio entre los tres poderes constitucionales, que deben ser independientes de las personas que ocupan puestos concretos;

D.

Considerando que contar con una red de prensa libre y ética, así como con una sociedad civil cuyos derechos se respetan y que es tenida en cuenta en la toma de decisiones política, podría contribuir a garantizar un correcto equilibrio entre los poderes constitucionales;

E.

Considerando que tanto los países ACP como los de la UE tienen un notable interés común en el desarrollo continuo de la democracia y el establecimiento de un constitucionalismo que funcione de forma adecuada;

F.

Considerando que la existencia de un poder judicial imparcial, independiente y accesible constituye un aspecto crucial del Estado de Derecho en todos los Estados, con objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación por parte de todos, así como para promover un crecimiento económico sostenible y reforzar la confianza de la población en su gobierno, fomentando de este modo la estabilidad política y la seguridad;

G.

Considerando que la corrupción en el sector judicial infringe el principio de no discriminación y el derecho al acceso a la justicia, a un juicio justo y a un recurso efectivo, que son fundamentales para la ejecución de todos los demás derechos humanos, y que la corrupción distorsiona gravemente la independencia, competencia e imparcialidad del poder judicial y de la administración pública, fomentando la desconfianza en las instituciones públicas, lo que socava el Estado de Derecho y ocasiona violencia;

H.

Considerando que disponer de recursos humanos suficientes y bien formados, contratados con arreglo a criterios objetivos y justos, es esencial para el correcto funcionamiento del sistema judicial y de la policía;

I.

Considerando que la confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico de su país y en la legitimidad de los tribunales depende de un poder judicial equitativo, transparente, íntegro y eficaz;

J.

Considerando que la integridad de los asuntos públicos y de la gestión de los fondos públicos ocupa un lugar fundamental en la buena gobernanza y el Estado de Derecho y se considera que es un factor que reduce la corrupción; considerando asimismo que los dirigentes políticos deben responder política y penalmente por la apropiación privada de fondos públicos; considerando que la corrupción generalizada y la falta de transparencia, acceso a información y participación inclusiva en la toma de decisiones impide a los ciudadanos pedir cuentas a los gobiernos y los representantes políticos con objeto de garantizar que los ingresos relacionados con los recursos y la prospección de mercado se utilicen en aras de la garantía de sus derechos humanos; considerando que corresponde a los gobiernos hacer todo lo que esté en su mano para luchar contra la corrupción en las empresas públicas y privadas;

K.

Considerando que la buena gobernanza, que es un principio clave de la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP, se define como un proceso de cambio a largo plazo basado en objetivos y principios universales y en aspiraciones comunes que deben informar las principales funciones públicas de gobierno y la interacción entre las instituciones públicas y los ciudadanos (3);

L.

Considerando que la educación, en particular la educación para la ciudadanía, desde edades tempranas, y la sensibilización general de la población con respecto a una cultura de paz, derechos humanos, democracia, Estado de Derecho y libertades civiles son claves para fomentar un sentido de pertenencia de los ciudadanos con la sociedad, y el compromiso con la misma, así como para permitir el arraigo del respeto del Estado de Derecho;

M.

Considerando que deben aplicarse los mismos principios sin excepción y sin ser objeto de «normas» nacionales o regionales concretas, aunque la forma en que se apliquen puede variar en función del país;

1.

Recuerda que todo sistema democrático se basa en una constitución y un sistema judicial asociado, y hace hincapié, en este contexto, en la importancia del principio de la independencia del poder judicial;

2.

Insiste en la aprobación y aplicación efectivas de los artículos correspondientes relativos al Estado de Derecho, la separación de poderes y un poder judicial independiente recogidos en tratados, cartas, acuerdos y declaraciones de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y organizaciones regionales;

3.

Insta a las organizaciones internacionales y regionales a utilizar su influencia para ayudar a los parlamentos nacionales a ejercer su función de control con respecto al poder ejecutivo; alienta, en este contexto, el intercambio de buenas prácticas entre los Parlamentos de los países ACP y los de los Estados miembros de la Unión Europea;

4.

Celebra la adopción de iniciativas regionales para la gobernanza, como el Mecanismo Africano de Evaluación entre Pares (MAEP), y pide que se desarrollen instrumentos similares en el ámbito de la justicia;

5.

Recomienda que las constituciones o los documentos constitucionales fundamentales definan claramente las normas relativas a la separación de poderes y especifiquen el marco institucional correspondiente; expresa en este sentido reservas en cuanto a la práctica, cuestionable desde el punto de vista constitucional, que se puede observar y conforme a la cual las mayorías con capacidad para reformar la constitución pueden restringir, en virtud de la legislación nacional, los derechos de las minorías establecidos con fines de control político; resalta que la revisión de las constituciones debería ser la excepción y estar destinada a satisfacer necesidades institucionales y no políticas; alienta, por tanto, el establecimiento de sistemas de control político y control constitucional por parte de un tribunal independiente antes de proceder a enmendar la constitución;

6.

Insiste en que es fundamental el establecimiento de derechos efectivos para las minorías parlamentarias, junto con la aplicación de normas estrictas sobre la financiación de los partidos políticos que aseguren un alto grado de transparencia, con objeto de permitir la supervisión democrática, el equilibrio de poderes y una democracia sostenible;

7.

Reitera que la sociedad civil desempeña un papel positivo y proactivo en la interacción entre competencias estatales, partidos políticos y ciudadanos, así como en la prevención de golpes de Estado o violaciones del Estado de Derecho;

8.

Hace hincapié en la importancia de unos medios de comunicación pluralistas, libres e independientes que puedan contribuir al control democrático y al equilibrio de competencias estatales, con derechos protegidos por la legislación sobre la libertad de información; pide que se ponga fin al acoso a los periodistas, que deberían poder realizar su trabajo de manera independiente, sin miedo a la violencia y a la recriminación, así como la inmediata liberación de los periodistas y blogueros encarcelados injustamente por su trabajo; pide que se modifique la legislación en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo, así como la legislación nacional sobre seguridad, traición o subversión que puede utilizarse para perseguir y encarcelar a periodistas;

9.

Recomienda encarecidamente el refuerzo de las estructuras e instituciones estatales, especialmente las relacionadas con el poder judicial; insta a las autoridades nacionales a asignar los medios necesarios para dicho fin; observa que no es posible aplicar las penas y condenas dictadas por los tribunales sin un sistema penal creíble, dotado con la financiación necesaria y respetuoso de los derechos humanos;

10.

Considera que la Unión Europea debe prestar más atención a la situación de los «Estados desestructurados», de conformidad con los Principios de la OCDE para una acción internacional en Estados frágiles y situaciones precarias;

11.

Solicita procesos de elaboración de la legislación claros y transparentes en el ámbito económico que, junto con un poder judicial independiente, incrementen la confianza de los inversores y, por tanto, contribuyan de forma importante a un desarrollo económico sostenible; solicita, a este respecto, que se preste especial atención a las normas relativas a la propiedad, y destaca la importancia de aplicar el derecho de participación y el derecho de acceso a la información y a mecanismos de rendición de cuentas pública, como los datos públicos, como principios básicos de la democracia;

12.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar, mediante formación y reciclaje profesionales, las aptitudes intrínsecas de los agentes responsables del poder judicial (Tribunal Constitucional, comisión electoral nacional independiente, magistrados, fiscales, departamentos de la policía judicial) e institucionalizar los mecanismos de control interno de la integridad;

13.

Recomienda la creación de un tribunal disciplinario para los agentes del sistema judicial, a fin de garantizar la independencia de los jueces por lo que respecta a posibles ascensos profesionales y nombramientos;

14.

Destaca la gran necesidad de abordar los problemas cotidianos, como la pobreza, la falta de atención sanitaria asequible y la corrupción, que refuerzan la percepción pública de que la democracia no ha mejorado las condiciones de vida;

15.

Considera que un sistema judicial fuerte y dotado de recursos adecuados constituye una defensa contra la corrupción endémica; considera, en este contexto, que el personal judicial y policial debe percibir una remuneración adecuada y estar protegido contra toda presión que pueda amenazar su integridad o dificultar el ejercicio de su profesión;

16.

Subraya la importancia de una formación judicial y policial de gran calidad, basada en valores y en una ética humanista así como en los principios democráticos y de buena gobernanza y en el Estado de Derecho;

17.

Aboga por la creación de instituciones y mecanismos parlamentarios que pongan en marcha una transformación de la mentalidad de la sociedad, a fin de asegurar una protección eficaz contra la corrupción y el clientelismo; aplaude la Declaración de Yakarta, de noviembre de 2012, sobre los principios para los órganos de lucha contra la corrupción; hace hincapié en la necesidad de abordar la falta de eficacia para hacer frente a la corrupción de las instituciones de lucha contra la corrupción creadas en muchos países, sobre todo debido a sus acuerdos institucionales, la falta de independencia funcional del poder ejecutivo, la falta de apoyo político, sus fuentes de financiación, sus normas de selección y designación de funcionarios y sus poderes de ejecución; pide el desarrollo de unas normas internacionales sobre la independencia y la eficacia de las autoridades de lucha contra la corrupción, elaboradas a nivel intergubernamental con el objetivo de su aprobación definitiva por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que serían equivalentes y tendrían el mismo sólido ámbito que los Principios de París relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos; hace hincapié en que estos principios deben utilizarse como puntos de referencia de la responsabilidad a través de evaluaciones de los resultados por homólogos;

18.

Apoya la creación, mediante un tratado internacional o un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de una comisión internacional contra la corrupción que establecería un organismo internacional de investigadores penales dotados de poderes equivalentes a los de los servicios de aplicación de la ley a escala nacional y un ministerio público para investigar y enjuiciar delitos de corrupción en los territorios nacionales de los Estados signatarios, que tenga competencias para acusar a las personas ante los tribunales penales nacionales;

19.

Destaca que los principios y prácticas de buena gobernanza en materia judicial deben tener su anclaje a escala local, en particular mediante el desarrollo de una infraestructura judicial de calidad que opere en todo el territorio;

20.

Alienta las iniciativas de reforma de los sistemas judiciales y considera que en ellas deberían participar plenamente las delegaciones europeas interesadas, los distintos interlocutores y la sociedad civil;

21.

Recomienda la introducción de programas de educación para la ciudadanía en los planes de estudios nacionales desde edades tempranas, con el fin de fomentar una cultura de responsabilidad y la concienciación en cuanto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, especialmente para luchar contra la corrupción endémica;

22.

Recomienda la introducción de elementos locales en la organización del poder judicial y en la estructura democrática general del Estado con objeto de asegurar un sentimiento de identificación más fuerte entre los ciudadanos manteniendo al mismo tiempo el pleno respeto de las normas y los principios democráticos; destaca, a este respecto, la importancia del diálogo a escala local y de la policía de proximidad para impedir la delincuencia y promover el respeto y la defensa del Estado de Derecho y del sistema judicial por parte de los ciudadanos;

23.

Subraya el importante papel que está desempeñando la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar de forma efectiva en la lucha contra la impunidad; observa, a este respecto, que la Corte Penal Internacional no es un sustituto de un sistema penal nacional eficaz; alienta la creación de un mecanismo institucional de diálogo periódico entre la CPI y los gobiernos, en particular los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, a fin de mejorar el funcionamiento actual de la Corte y tener en cuenta las preocupaciones de las distintas Partes del Estatuto de Roma;

24.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a las instituciones de la Unión Africana y de la Unión Europea, al Consejo ACP, a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Comunidad de Desarrollo del África Austral y el Secretario General de las Naciones Unidas.

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Reunida en Adís-Abeba del 25 al 27 de noviembre de 2013,

—

Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

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Visto el Acuerdo de Asociación entre los miembros los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra parte, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (5) (Acuerdo de Cotonú), modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (6), y por segunda vez en Ouagadougou el 22 de junio de 2010 (7),

—

Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que dispone que «el objetivo principal de la política de la Unión en» el «ámbito» de la cooperación para el desarrollo «será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»,

—

Vista la Declaración aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria en Budapest, en mayo de 2011, sobre el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan (Corea del Sur) 2011 (8),

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Vista la Declaración de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Malabo, en particular su apartado18, que pide que se preste una atención especial a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular con objeto de poner fin a la dependencia de la ayuda (9),

—

Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 1 de diciembre de 2011 (10),

—

Vistos la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de 2 de marzo de 2005, y el Programa de Acción de Accra (PAA), de 4 de septiembre de 2008 (11),

—

Vistas las Conclusiones de la 3166a sesión del Consejo de la Unión Europea (Asuntos Exteriores/Desarrollo), de 14 de mayo de 2012, sobre el tema «Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la Unión Europea: Programa para el cambio» (12),

—

Vista la Nota del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Plan Marco que contiene orientaciones prácticas sobre el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y a la cooperación triangular (SSC/17/3), de 12 de abril 2012 (13),

—

Visto el Informe del simposio ACP-OIF sobre el refuerzo de la cooperación Sur-Sur: desafíos y oportunidades para el Grupo ACP (14),

—

Visto el Documento final de la reunión del «building block» sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular celebrada los días 5 y 6 de marzo de 2012 en Bruselas (15),

—

Vistas las Conclusiones del diálogo político sobre la cooperación triangular organizado en Lisboa los días 16 y 17 de mayo de 2013 por la OCDE y el Gobierno de Portugal (16),

—

Visto el Documento final de Nairobi aprobado por la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (17),

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Visto el Informe de la reunión conjunta de las juntas ejecutivas del PNUD, el FNUAP, la OSP, UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA, celebrada en febrero de 2013 en Nueva York con el fin de valorizar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular (18),

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre un Reglamento por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (19), Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de 2000,

—

Visto el Informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular: oportunidades y retos para los países ACP (AP101.516/13/fin),

A.

Considerando que la primera década del siglo XXI se ha caracterizado por un rápido crecimiento económico de los grandes países emergentes del sur (China, India, Brasil, Argentina, Indonesia, Sudáfrica, etc.), que se afirman cada vez más como importantes agentes del desarrollo y cuyo PIB, según las estimaciones de la OCDE, ascendió en 2010 a casi el 50 % del PIB mundial, frente al 36 % hace una década;

B.

Considerando, en este contexto y teniendo en cuenta los retos asociados al desarrollo, que los países ACP adoptan crecientemente planteamientos que incluyen la asociación Sur-Sur, que abarca no solo los flujos financieros, sino también el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnología, el acceso preferencial al mercado y enfoques comerciales más solidarios;

C.

Considerando que el futuro de la cooperación Sur-Sur descansa en acciones colectivas que contribuyen al desarrollo de todos los países participantes y dan respuesta a los retos comunes;

D.

Considerando que los Acuerdos de Asociación Económica en curso de ratificación por los países ACP deben servir como vehículo de desarrollo para los países socios de la Unión, en especial mediante la diversificación de sus economías y la intensificación de la cooperación entre los países ACP;

E.

Considerando que los países ACP han tomado cada vez más en consideración nuevas formas de abordar los objetivos de erradicación de la pobreza y consecución de un desarrollo sostenible a una escala más regional y mediante asociaciones horizontales;

F.

Considerando que la cooperación triangular incluye un proceso de cooperación Sur-Sur con el apoyo de un país del norte que se diferencia de los simples programas de cooperación técnica por el hecho de que cada actor define su contribución sobre la base de sus propias ventajas comparativas, asumiendo una parte de la responsabilidad por los resultados del desarrollo;

G.

Considerando que la cooperación Sur-Sur debe ser más transparente y aumentar la participación de las sociedades civiles locales;

H.

Considerando que, pese a los importantes progresos realizados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dichos progresos han sido muy desiguales;

I.

Considerando que los países del norte tienen un interés personal en garantizar el éxito de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular;

J.

Considerando que la inversión extranjera directa (IED) entre los países en desarrollo alcanzó el 16 % del total mundial en 2010 (aproximadamente 210 000 millones de dólares frente a 187 000 millones de dólares en 2008), y que sigue habiendo posibilidades aún sin explotar para lograr una mayor integración económica transfronteriza Sur-Sur;

K.

Considerando que, según el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la cooperación para el desarrollo Sur-Sur ha aumentado rápidamente hasta alcanzar los 16 200 millones de dólares estadounidenses en 2008, un incremento del 63 % con respecto a 2006;

1.

Considera que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, si bien su naturaleza y alcance son diferentes, crean nuevos foros y nuevos medios de cooperación que permiten que los países emergentes del Sur puedan transmitir a los países menos desarrollados, en particular a los países menos avanzados (PMA), la experiencia de sus éxitos y las lecciones extraídas de sus fracasos, y ofrecerles ayuda para el desarrollo;

2.

Señala que los países emergentes (China, India, Brasil, Turquía, Marruecos, los países del Golfo Pérsico, etc.) están invirtiendo fuertemente en los países ACP y que es preciso alentarlos a que se valgan de su papel para hacer frente a los problemas internacionales clave, desde la recuperación económica a la seguridad alimentaria, los derechos humanos y el cambio climático;

3.

Reconoce que los países ACP poseen conocimientos técnicos específicos de su territorio gracias a la proximidad geográfica y al aumento de las complementariedades regionales, si bien persisten los desequilibrios comerciales, como en el caso de China en África;

4.

Lamenta la estructura de los intercambios comerciales entre los países ACP y las economías emergentes, que no ha cambiado en términos cualitativos, de forma que los países ACP siguen siendo fuente de productos básicos y materias primas utilizados para alimentar el crecimiento industrial en otros países; insta a dichos países a que demuestren su capacidad de promover nuevos mecanismos de desarrollo y movilización de recursos, a fin de que las relaciones económicas con los países emergentes respalden la diversificación estructural de la economía;

5.

Pide a los actuales socios comerciales que contribuyan con formación e inversiones a las industrias que añaden valor a los productos de los países ACP y de otros países meridionales, a fin de crear competencias y obtener el máximo valor de sus recursos para un futuro crecimiento sostenido;

6.

Pide, por lo tanto, a la Unión Europea que apoye una cooperación para el desarrollo Sur-Sur que responda firmemente a los principios de interés mutuo e igualdad, teniendo en cuenta los desequilibrios entre las dos partes de las asociaciones; considera que se debe impedir la mera venta de materias primas y apoyar un comercio justo de los recursos y, en particular, transferencias intensivas de educación, conocimientos y tecnologías;

7.

Considera que los proyectos de cooperación triangular brindan a la Unión Europea otra oportunidad para impulsar asociaciones sostenibles con los países ACP;

8.

Alienta el desarrollo de mecanismos de financiación innovadores, como la opción de introducir un impuesto sobre el carbono basado en el principio de «quien contamina paga», dado que los países desarrollados y los países emergentes son a menudo una fuente importante, aunque no la única, de emisiones de CO2 debido a su rápida industrialización; felicita, a este respecto, a los Estados miembros de la UE por sus esfuerzos encaminados a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en consonancia con los compromisos internacionales de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático, y alienta a que la cooperación triangular se centre en la promoción del uso de tecnologías ecológicas y energías renovables como parte de una combinación sostenible de fuentes de energía;

9.

Insta a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a que incrementen su financiación para iniciativas de cooperación triangular, en particular entre países fronterizos;

10.

Alienta a todas las partes interesadas a promover el refuerzo de las capacidades de los países ACP a largo plazo mediante la aplicación de una cooperación triangular que aproveche las ventajas comparativas y las complementariedades entre los diferentes agentes del desarrollo, agrupando a los países en torno al objetivo común de la erradicación de la pobreza en el mundo y la promoción de un desarrollo sostenible;

11.

Opina que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular deben centrarse asimismo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con miras a lograr un desarrollo económico sostenible basado en el Estado de Derecho;

12.

Considera que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular deben contribuir al uso sostenible y económicamente viable de los recursos naturales y las materias primas;

13.

Recuerda que, para que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular aporten beneficios tangibles a los ciudadanos, deben desarrollarse como complemento de unas inversiones públicas, privadas y conjuntas anticipatorias en servicios públicos como, entre otros, el transporte, la energía, en particular el abastecimiento de electricidad y el acceso a la electricidad, y la infraestructura de las TIC, e ir acompañadas de un conjunto de políticas públicas favorables al crecimiento, incluidos un régimen fiscal y un nivel de descentralización adecuados, a fin de capacitar a las regiones y las comunidades locales;

14.

Reconoce que, dada la escasa movilización de recursos internos y el volumen decreciente de la ayuda al desarrollo, la financiación obtenida por medio de la cooperación Sur-Sur supone una gran ayuda para muchos países ACP que tienen enormes necesidades de financiación; lamenta, no obstante, que la financiación se caracterice por una fuerte concentración en sectores como el de la extracción de recursos naturales y minerales;

15.

Considera que los proyectos de ayuda al desarrollo y de cooperación deben prestar más atención al fomento de un mejor uso de los recursos internos de los países ACP;

16.

Insta a que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular se extiendan a ámbitos que impulsen el desarrollo sostenible, como la buena gobernanza;

17.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados ACP de elaborar y aplicar disposiciones legislativas con miras a un desarrollo solidario que garantice el respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza, la justicia social, la equidad, la democracia y el respeto y la protección del medio ambiente;

18.

Considera que los países ACP deben ser capaces de afrontar desafíos ambientales como el cambio climático, la energía, la degradación del medio ambiente y la pérdida de diversidad biológica, en particular mediante el uso de fondos destinados a la explotación de los recursos naturales, que debe realizarse de forma sostenible;

19.

Sugiere que la asociación mundial para una cooperación eficaz para el desarrollo sirva como foro para socios que comparten los mismos principios y cuyos compromisos estén correctamente definidos, con el fin de obtener resultados tangibles en materia de desarrollo, explorando las ventajas comparativas y las complementariedades y mejorando la transparencia en lo que se refiere a los gastos, los beneficiarios y la responsabilidad de los agentes locales y regionales que participan en los procesos en cuestión;

20.

Destaca que los donantes tradicionales siguen siendo los principales proveedores de ayuda a los países ACP y a los socios comerciales, y que la Unión Europea y sus Estados miembros han reafirmado su compromiso de aportar el 0,7 % de su renta nacional bruta para acelerar los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y después de esta fecha;

21.

Alienta a que se formen asociaciones en ámbitos específicos y para medidas específicas con el fin de ejercer una mayor influencia en las decisiones internacionales; insta a las partes interesadas a que consideren la sostenibilidad de estas nuevas formas de cooperación, teniendo en cuenta las cuestiones centrales de la transferencia de conocimientos y tecnología y de la protección del medio ambiente más allá de las fronteras;

22.

Considera que estas nuevas formas de integración territorial requieren la transferencia de los proyectos de desarrollo a los actores locales y regionales;

23.

Insiste en la necesidad de asignar una función importante a la investigación y la innovación mediante la negociación, en el contexto de las relaciones internacionales, de disposiciones favorables a la investigación para el desarrollo;

24.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Parlamentos nacionales y regionales y a las organizaciones regionales de los países ACP.

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Reunida en Adís Abeba (Etiopía) del 25 al 27 de noviembre de 2013.

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Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

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Visto el «Marco político para el pastoreo en África: garantizar, proteger y mejorar la vida, el modo de vida y los derechos de las comunidades de pastores» («Policy Framework for Pastoralism in Africa: Securing, Protecting and Improving the Lives, Livelihoods and Rights of Pastoralist Communities») de la Unión Africana, aprobado por la Conferencia de Ministros Africanos de Agricultura en octubre de 2010 y por el Consejo Ejecutivo en su 18a sesión ordinaria, en enero de 2011 en Adís Abeba (doc. EX.CL/631 XVIII),

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Vista la Declaración de Yamena, de 29 de mayo de 2013, sobre la contribución del pastoreo a la seguridad y al desarrollo,

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Visto el marco y las directrices de las políticas agrarias en África, aprobadas por la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Asuntos Agrarios y Ganadería de la Unión Africana en 2009,

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Vista la Decisión A/DEC.5/10/98 de los Jefes de Estado o de Gobierno de la CEDEAO relativa a la reglamentación de la trashumancia entre los Estados miembros de la CEDEAO,

—

Vista la política agraria de los Estados miembros de la CEDEAO aprobada el 19 de enero de 2005 en Abuya,

—

Vista la política agraria de la UEMOA aprobada el 10 de diciembre de 2001 por el Acta Adicional no 3/2001,

—

Visto el proyecto de Marco estratégico de COMESA para la seguridad alimentaria en las regiones de pastoreo de diciembre de 2009,

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Visto el Marco estratégico de política regional de la IGAD para la salud animal y el comercio, aprobado en diciembre de 2009,

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Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE («Acuerdo de Cotonú»), en particular el artículo 32, apartado 1, relativo al medio ambiente y los recursos naturales, el artículo 32 bis sobre el cambio climático, el artículo 31 relativo a las cuestiones vinculadas a la igualdad de sexos y el artículo 23 relativo al desarrollo económico sectorial, que afecta a las estrategias rurales y la producción agrícola,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de marzo de 2013, titulada «La mejora de la nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un marco estratégico de la UE» (COM(2013)141 final),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «El planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» (COM(2012)0586),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2010)127 final),

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Vistas las iniciativas AGIR y SHARE de la UE destinadas a abordar las crisis alimentarias y de nutrición,

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Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado «Ganadería mundial 2011. La ganadería en la seguridad alimentaria» (Roma, 2012),

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007 (A/RES/66/142),

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 18 de noviembre de 2002, sobre los pueblos indígenas (13466/02),

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Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por las Naciones Unidas en el año 2000,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/101.526/13/fin.),

A.

Considerando que en África viven unos 268 millones de pastores y que en algunas regiones el pastoreo constituye la principal fuente de ingresos; considerando que las zonas de pastoreo abarcan casi el 40 % del continente africano, y que el pastoreo constituye la principal actividad en determinadas regiones, disponiendo Níger, por ejemplo, de un capital en ganado estimado en 2 billones de francos CFA y contribuyendo los ingresos del sector en un 21 % a los recursos de exportación del país;

B.

Considerando que los pastores disponen de buenos conocimientos indígenas y que recurren a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para buscar los pastos más ricos en las zonas áridas y semiáridas y llevar allí, de forma estratégica, su ganado, beneficiándose de esta forma de tierras baldías poco aptas para otros usos;

C.

Considerando que no se conocen mucho las estadísticas sobre la contribución del pastoreo a las economías nacionales, a pesar de su importancia en la provisión de ganado y la creación de una red de servicios asociados;

D.

Considerando que en las zonas áridas y semiáridas el pastoreo resulta más productivo que la ganadería sedentaria en términos de producción de carne por hectárea y de calorías por hectárea, y que, por lo tanto, contribuye a la alimentación de las comunidades y al incremento de la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia;

E.

Considerando que el pastoreo en las zonas áridas y semiáridas, junto con el potencial de retención de dióxido de carbono de los pastos, podría tener repercusiones positivas en el medio ambiente; considerando, por otra parte, que el pastoreo con rebaños que no se desplazan conduce a un pastoreo excesivo y a la pérdida de biodiversidad, pues impide que la flora se recupere de forma suficiente;

F.

Considerando que el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los pastores ante la inseguridad alimentaria y la pobreza, sin perjuicio del hecho de que la movilidad de los pastores significa que pueden adaptarse más fácilmente al cambio climático que los ganaderos sedentarios;

G.

Considerando que el crecimiento demográfico incrementa la necesidad de tierras agrícolas y la urbanización en África, factores que pueden limitar la movilidad de los animales, y que la gestión prudente y la creación de códigos y planes relativos al uso de la tierra son, por tanto, de especial importancia para preservar la movilidad de los animales;

H.

Considerando que abordar la gestión de la movilidad transfronteriza a escala regional puede aportar soluciones a los conflictos intracomunitarios relacionados con el acceso al agua y a la tierra;

I.

Considerando que los pastores, al desplazarse por zonas remotas, pueden desempeñar un papel positivo en materia de seguridad;

J.

Considerando que la diversificación de sus actividades permite que algunos pastores aumenten sus ingresos;

K.

Considerando que los pastores pueden tener dificultades para acceder a servicios adecuados y de buena calidad de sanidad, educación, agua y atención veterinaria para sus animales, y que las dificultades para incluirlos en los censos pueden acarrear su marginación política;

L.

Considerando que el Marco político de la UA para el pastoreo pretende mantener los ingresos de los pastores, ayudarles a hacer frente a los desafíos que se les presentan, salvaguardar sus derechos y reforzar su contribución a la economía;

1.

Insta a los países ACP y a las autoridades locales a adaptar sus políticas nacionales, locales y regionales al marco de la Unión Africana, así como a incluir a los pastores en la definición de las estrategias que deben utilizarse;

2.

Insta a la UE a reconocer que el pastoreo es un valioso sistema de producción, así como a apoyar a los Estados ACP en la ejecución del marco político;

3.

Señala la necesidad de adoptar medidas adecuadas de salud e higiene animal con objeto de evitar la propagación de enfermedades animales, preservar el pastoreo y proteger la salud pública; toma nota de la importancia de que los pastores dispongan de conocimientos sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades animales;

4.

Insta a los Estados a que creen iniciativas, legislaciones y códigos locales, nacionales, bilaterales y regionales para el pastoreo, la trashumancia y el uso de la tierra; insta a los Estados ACP a que desarrollen asimismo conceptos de abastecimiento innovadores en ámbitos como la educación y la salud pública, proveer mejores servicios a los grupos de población móviles;

5.

Insta a los actores de los sectores público y privado a garantizar que las fronteras y los límites no influyan negativamente en la movilidad segura de los pastores ni en su acceso a los recursos y que, en caso de privatización de la tierra, los pastores puedan seguir pastoreando sus rebaños;

6.

Recomienda que los Estados ACP apoyen y asesoren a las pastoras en lo referente a su empoderamiento económico;

7.

Insta a los Estados ACP a que refuercen sus estructuras de gobernanza para velar por una mejor representación de los pastores, incluso mediante la capacitación de las instituciones tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil, con objeto de que se utilicen medios adecuados para alcanzar los objetivos siguientes:

8.

Insta a los países ACP a que presten especial atención a la educación de las niñas en las comunidades dedicadas al pastoreo y a que creen recursos para que accedan a la educación;

9.

Insta a los Estados ACP y a la Unión Europea a que incluyan a los pastores en la toma de decisiones y a que les presten ayuda en la resolución de conflictos, utilizando, siempre que sea adecuado y posible, instrumentos tradicionales, así como a que mejoren el acceso a servicios jurídicos;

10.

Insta a los Estados ACP a que apoyen y asesoren a los pastores que decidan abandonar el pastoreo;

11.

Recomienda a los Estados ACP que recaben nuevos datos sobre el pastoreo a fin de realizar una mejor evaluación de su contribución a la economía, así como que realicen estudios socioeconómicos para clasificar mejor la vulnerabilidad de los pastores ante, por ejemplo, el cambio climático, los conflictos, los cambios en el uso de la tierra o la inseguridad alimentaria;

12.

Insta a la UE y a los países ACP a hacer todo cuanto esté en sus manos para combatir el cambio climático, dado que este perjudica a las poblaciones dedicadas al pastoreo; destaca, en este sentido, la importancia no solo de respaldar la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia entre los pastores en los países ACP, sino también de intentar conseguir un programa ambicioso a la hora de gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en la UE como en los Estados ACP;

13.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Parlamentos nacionales y regionales y a las organizaciones regionales de los países ACP.

—

Reunida en Adís-Abeba del 25 al 27 de noviembre de 2013,

—

Visto el artículo 18, apartado 2, de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación 2000/483/CE entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000 y revisado posteriormente en 2005 y 2010,

—

Vista la Resolución 2098 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo,

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la situación de inestabilidad e inseguridad en la región de los Grandes Lagos y, en particular, en el este de la República Democrática del Congo, aprobada en la reunión celebrada en Paramaribo (Surinam) del 27 al 29 de noviembre de 2012,

—

Vista la declaración, de 14 de noviembre de 2013, del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de la República Democrática del Congo,

—

Visto el Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la Región de los Grandes Lagos, firmado en Nairobi (Kenia), en diciembre de 2006, por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL),

—

Visto el Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región, firmado el 24 de febrero de 2013 en Adís Abeba (Etiopía) por los once Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la CIRGL y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC),

—

Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la CIRGL, reunidos en Kampala (Uganda) el 5 de septiembre de 2013, sobre la situación de la seguridad en la provincia de Kivu del Norte (República Democrática del Congo),

—

Visto el comunicado final de la Cumbre conjunta de la SADAC y la CIRGL celebrada en Pretoria el 4 de noviembre de 2013,

—

Vista la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo, adoptada el 14 de noviembre en su 406a reunión,

—

Vistas las Declaraciones conjuntas de 9 de septiembre y 4, 6 y 11 de noviembre de 2013 de los Enviados y Representantes Especiales de la UE, las NN.UU., la UA y los EE.UU. para la región de los Grandes Lagos,

—

Vistas las declaraciones realizadas por Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el 30 de agosto de 2013 sobre la situación en Kivu del Norte y el 7 de junio y el 10 de julio de 2012 sobre la situación en el este del Congo,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo, en particular las de 17 de diciembre de 2009, 13 de diciembre de 2012 y 12 de septiembre de 2013,

—

Vista la declaración, de 26 de junio de 2012, de Kristalina Georgieva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis de la UE, sobre el agravamiento de la situación en la República Democrática del Congo,

—

Vistos el artículo 3 y el Protocolo II del Convenio de Ginebra de 1949, que prohíben las ejecuciones sumarias, la violación, el reclutamiento forzoso y otras atrocidades,

—

Vista la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que, en particular, prohíbe la participación de los niños en los conflictos armados,

—

Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

—

Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la República Democrática del Congo en 1982,

A.

Manifestando su profunda preocupación por la continua violencia, las graves violaciones de los derechos humanos, los delitos de todo tipo (detenciones arbitrarias, extorsión, saqueos, trabajo forzoso y ejecuciones) y la inseguridad en la región de los Grandes Lagos;

B.

Considerando que la presencia y las actividades de grupos armados en la región de los Grandes Lagos en general, y en la República Democrática del Congo en particular, son una de las causas originarias de la continua falta de seguridad en la región y plantean una amenaza constante a la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social, así como a la cooperación entre los países de la región;

C.

Considerando que la explotación y el saqueo continuos de los recursos naturales y mineros de la República Democrática del Congo, en particular en el este del país, siguen siendo una de las principales causas de la inseguridad en la región de los Grandes Lagos; considerando que el desempleo y la pobreza crecientes, la crisis alimentaria y la insuficiencia de servicios sociales básicos son asimismo fundamentales para el resurgimiento de la violencia y la inestabilidad en la región;

D.

Considerando que en los últimos años los combates han provocado el desplazamiento de más de 100 000 personas, exacerbando la continua crisis humanitaria de la región, en la que hay unos 2,6 millones de desplazados internos y 6,4 millones de personas que necesitan alimentos y ayuda de emergencia, situación causada fundamentalmente por la rebelión del M23 y las actividades delictivas de otros grupos armados en el este de la República Democrática del Congo;

E.

Considerando que, tras la ofensiva militar lanzada a finales de octubre de 2013 con el apoyo de la Brigada de Intervención de la MONUSCO, las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) pusieron fin a la rebelión del M23 y permitieron la progresiva reinstalación de la administración territorial del Estado en las zonas ocupadas por los rebeldes;

F.

Tomando nota de la declaración de 5 de noviembre de 2013 de los líderes del M23, en la que anunciaron el fin de su rebelión y su voluntad de perseguir los objetivos de su movimiento exclusivamente por medios políticos;

G.

Considerando que, a pesar de dicha victoria de las FARDC así como de los esfuerzos realizados y los recursos aportados por la comunidad internacional en la región de los Grandes Lagos, en particular en el este de la República Democrática del Congo, la violencia y las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad perpetrados por grupos armados y la explotación ilegal y el saqueo de los recursos naturales de la República Democrática del Congo están aún lejos de haber terminado; considerando, por lo tanto, que es importante que continúen los esfuerzos para consolidar la paz y la seguridad en la región;

H.

Lamentando las dificultades para concluir rápidamente, a pesar de los progresos ya realizados, las conversaciones de Kampala entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y el M23, debido al desacuerdo sobre la naturaleza y el título final del texto que sancionaba dichas conversaciones;

I.

Considerando que es urgentemente necesario poner fin definitivamente a las actividades de todas las demás fuerzas negativas que operan en el este de la República Democrática del Congo, incluidos las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), las Fuerzas Aliadas Democráticas/Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF/NALU) y los diferentes grupos Mai-Mai, así como restablecer rápidamente la paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos;

J.

Considerando lamentable que los compromisos contraídos en el acuerdo marco antes mencionado, firmado en Adís Abeba el 24 de febrero de 2013, no hayan sido cumplidos por todas las partes interesadas;

K.

Considerando que, durante su visita conjunta a la región de los Grandes Lagos con el Secretario General de las Naciones Unidas en mayo de 2013, el Presidente del Banco Mundial anunció que éste iba a aportar 1 000 millones de dólares estadounidenses a proyectos de desarrollo en la región, como complemento de los esfuerzos actualmente realizados por la comunidad internacional para establecer una paz duradera en la región de los Grandes Lagos;

1.

Condena una vez más, de la forma más enérgica posible, los actos de violencia, los delitos, la vulneración de los derechos humanos, las violaciones y el reclutamiento de niños soldado que se han producido, y reitera su apoyo a los pueblos de la región de los Grandes Lagos expuestos a las atrocidades de la guerra; alienta a los Estados a que promuevan el diálogo, la mediación y la negociación en la resolución de los conflictos internos como medio de eliminar las causas de disensión que dan lugar a las tentativas de deposición de los gobiernos democráticamente elegidos;

2.

Insta al Gobierno de la República Democrática del Congo a ejercer plenamente su autoridad en el territorio de este país, y a mejorar su gobernanza general, también en el ámbito de los derechos humanos, así como a determinar y aplicar medios adecuados para velar por que todos los sectores de la sociedad congoleña tengan los mismos derechos;

3.

Insta a los Parlamentos de la región de los Grandes Lagos a que trabajen con sus gobiernos y partidos políticos para promover la justicia social y asegurar una paz duradera;

4.

Insta a los parlamentos y a los gobiernos a que velen por que todas las categorías de la sociedad, incluidos los jóvenes, las mujeres, las minorías y los grupos vulnerables, participen en igualdad de condiciones en el proceso democrático y la gobernanza;

5.

Insta a la comunidad internacional, incluidas la UA, la UE y las NN.UU., a que siga aportando una ayuda sustancial, coordinada y más eficaz a las personas afectadas por la situación de la seguridad en la región de los Grandes Lagos y a que siga estando dispuesta a hacer frente a la catástrofe humanitaria de la región;

6.

Reafirma su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de los países de la región de los Grandes Lagos en general y de la República Democrática del Congo en particular, y destaca que deben respetarse con objeto de promover la paz, la seguridad y el desarrollo de la región de los Grandes Lagos;

7.

Reafirma el derecho inalienable e irrevocable de cada uno de los pueblos de la región a beneficiarse plenamente de sus activos nacionales y a disponer de ellos de forma totalmente soberana y de conformidad con sus propias legislaciones;

8.

Expresa su apoyo al Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba, e insta a todas las partes signatarias a que cumplan sus compromisos con celeridad y de buena fe; insta, por lo tanto, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que adopte medidas adecuadas, conforme al apartado 6 de su Resolución 2098 (2013), con respecto a todos los partidos que no hayan cumplido los compromisos fijados en dicho Marco;

9.

Acoge con satisfacción el apoyo de la UE al acuerdo marco y le alienta a que haga todos los esfuerzos posibles, junto con otras organizaciones internacionales, para promover la paz y mejorar la cooperación entre la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania;

10.

Expresa su apoyo a todas las medidas destinadas a restablecer la paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos promovidas y aplicadas por las NN.UU., la UA, la UE, la CIRGL y la SADAC, y les exhorta a continuar sus esfuerzos así como, en particular, a elaborar un programa para el desarrollo armonioso de la región, con objeto de ofrecer a los jóvenes y a la población de la región de los Grandes Lagos en general una alternativa a la guerra que les proporcione un futuro mejor;

11.

Acoge con satisfacción la Resolución 2098 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo y pide urgentemente a los líderes de la región de los Grandes Lagos y a la comunidad internacional en su conjunto que trabajen para velar por que la resolución se aplique adecuada y plenamente;

12.

Acoge con satisfacción el despliegue en Kivu del Norte de tropas de la Brigada de Intervención establecida con arreglo a dicha resolución en el seno de la MONUSCO; acoge con satisfacción la activa participación de la brigada en la neutralización de la rebelión del M23, y le insta a que siga apoyando a las tropas del Gobierno congoleño, con objeto de disolver a todos los demás grupos armados presentes en el territorio de la República Democrática del Congo y poner fin a todas las actividades delictivas en la región de los Grandes Lagos;

13.

Exhorta a la comunidad internacional, en particular a los donantes de ayuda, a que apoye los esfuerzos de las autoridades de la República Democrática del Congo, tras su victoria militar contra el M23, para realizar reformas institucionales, políticas, económicas y sociales estructurales, en particular en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la justicia, con vistas a reforzar la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza en todos los niveles de la administración pública;

14.

Insta a la República Democrática del Congo y a sus vecinos a que desarrollen una cooperación regional más estrecha y efectiva, con objeto de afrontar conjuntamente las consecuencias de los conflictos recurrentes en la región y, además de abordar cuestiones políticas y de seguridad, promover el desarrollo económico en la región de los Grandes Lagos; insta a la comunidad internacional, en particular a la ICGLR, la UA, la UE, las NN.UU. y los EE.UU., a apoyar dicha cooperación;

15.

Hace hincapié, a dicho fin, en la necesidad de revitalizar la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos y de dotarla de medios para promover la paz, la integración, el crecimiento económico y la creación de empleo, con objeto de proporcionar una vida mejor a las personas de la región;

16.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en las negociaciones de Kampala bajo los auspicios de la CIRGL, y exhorta al mediador y a todas las partes a concluir rápidamente dichas conversaciones, con objeto de resolver cuestiones urgentes como la extradición de antiguos rebeldes del M23 refugiados en países vecinos y de personas citadas para comparecer por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y graves violaciones de los derechos humanos;

17.

Pide que la desmovilización, el desarme, la rehabilitación y la reinserción (DDRR) de antiguos rebeldes se efectúe estrictamente conforme a las normas internacionales fundamentales en este ámbito y las exigencias específicas de la actividad militar, mencionadas en la Resolución de la APP ACP-UE sobre las amenazas que plantean los golpes militares a la democracia y la estabilidad política en los países ACP y la función de la comunidad internacional;

18.

Toma nota de las consultas nacionales celebradas en la República Democrática del Congo entre la mayoría presidencial, la oposición política y la sociedad civil convocadas por el Presidente Joseph Kabila, e insta a las autoridades de dicho país a actuar con arreglo a las conclusiones y recomendaciones de las mencionadas consultas, a fin de promover la reconciliación nacional y eliminar de una vez todas las causas que se encuentran en el origen de las recurrentes crisis políticas de la República Democrática del Congo;

19.

Hace hincapié en la necesidad de no perder tiempo alguno en la identificación, con ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional, de los antiguos rebeldes del M23 y los refugiados congoleños en Ruanda y Uganda, de modo que puedan ser repatriados, si es su voluntad, a su país de origen, y de que toda persona que así lo desee pueda tomar parte en el programa de DDRR;

20.

Hace hincapié en que poner fin a la impunidad es una de las condiciones previas para el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos y reitera su llamamiento a las autoridades judiciales de los Estados miembros de la CIRGL y a la Corte Penal Internacional para que persigan y castiguen a los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, violaciones y reclutamiento de niños soldado en la región de los Grandes Lagos;

21.

Insiste en que todos los grupos armados que vagan por la región de los Grandes Lagos y que aún no lo hayan hecho deben deponer las armas inmediatamente y comprometerse a volver a la vida civil normal en sus países respectivos;

22.

Exhorta a todos los países de la región de los Grandes Lagos que hayan acogido refugiados civiles o militares de otros países a que se adhieran estrictamente a las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1967 por la que se regulan aspectos específicos de problemas de los refugiados en África, en particular la prohibición de que dichas personas emprendan actividades políticas y militares contra sus países de origen;

23.

Insta al Banco Mundial a que cumpla la promesa realizada por su Presidente el 22 de mayo de 2013 en Kinsasa de invertir 1 000 millones de dólares estadounidenses en proyectos de desarrollo en la región de los Grandes Lagos, y recomienda que estos fondos se destinen prioritariamente a las zonas afectadas por los conflictos;

24.

Exhorta a la UA, la CIRGL y sus Estados miembros, las NN.UU. y la UE a que adopten medidas firmes y efectivas para combatir la explotación y el comercio ilegales de recursos naturales de la República Democrática del Congo y otros países de la región de los Grandes Lagos y, en particular, a que impongan sanciones a las empresas implicadas en tales prácticas, de conformidad con los principios de transparencia adoptados a nivel internacional;

25.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a la Unión Africana, el Consejo ACP-UE, el Consejo y la Comisión de la Unión Europea, la Vicepresidenta/Alta Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas a la región de los Grandes Lagos, los Estados miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y los Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno y los Parlamentos de los Estados interesados.

a)

Los Estados que se encuentren en el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación;

b)

Los Estados que son miembros del Grupo ACP.

i)

los informes presentados por las comisiones permanentes; su número se limitará a tres por sesión plenaria. La longitud de las propuestas de resolución contenidas en los informes se determina en el anexo II;

ii)

los asuntos de carácter urgente, propuestos por una comisión permanente o presentados por la propia Mesa; la inscripción de estos asuntos tendrá carácter excepcional y su número no podrá ser superior a dos por sesión plenaria. El resto de asuntos se remitirá a la comisión permanente competente;

iii)

un asunto destacado para un debate de alto nivel.

—

fomento de los procesos democráticos mediante el diálogo y la concertación;

—

cuestiones económicas, financieras y sobre intercambios y cuestiones relativas a la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo;

—

cuestiones sociales y medioambientales.

I.

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

Esta comisión coordinará el trabajo de las misiones de información y estudio, incluidas las misiones destinadas a la observación de elecciones, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea.

II.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

III.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

—

Exposiciones de motivos, documentos de trabajo preparatorios y actas de las misiones de información y estudio: seis páginas;

—

Propuestas de resolución contenidas en los informes y los asuntos de urgencia: cuatro páginas, incluidos los considerandos, pero excluidos los vistos.

a)

Para las reuniones organizadas en los lugares de trabajo habituales del Parlamento Europeo:

b)

Para las reuniones organizadas fuera de los lugares de trabajo habituales del Parlamento Europeo: