—

Vista la Posición Común del Consejo ((8698/4/2007 — C6-0258/2007),

—

Vista su posición en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006) 0230) (2),

—

Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0308/2007),

1.

Aprueba la posición común;

2.

Llama la atención sobre la declaración efectuada por la Comisión en la sesión plenaria del 6 de septiembre de 2007, conforme a la cual «la Comisión se compromete de forma excepcional a transmitir cuanto antes a la presidencia de la comisión parlamentaria competente las propuestas de programas de trabajo anuales relativos al programa específico, al margen de la transmisión de dichas propuestas realizada vía el registro de comitología, y a informar lo antes posible al Parlamento Europeo de cualquier modificación aportada a las mismas a raíz de las reuniones de las comisiones»;

3.

Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

4.

Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 254, apartado 1, del Tratado CE;

5.

Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Visto el artículo 3 del Tratado CE, en el que se prevé la creación de un mercado interior mediante la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas,

—

Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre la acción comunitaria relativa a la prestación de servicios sanitarios transfronterizos (1),

—

Visto el informe de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA 58) sobre el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA), de 26 de mayo de 2006, en la que se pedía la aplicación voluntaria anticipada de algunos aspectos del RSI relacionados con la pandemia de la gripe humana (WHA 59.2),

—

Vistos el Reglamento (CE) no 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (2), la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades (3), y la Decisión de la Comisión 2000/57/CE, de 22 de diciembre de 1999, relativa al sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0263/2007),

A.

Considerando que en los últimos años han surgido nuevas enfermedades que suponen un desafío para la sanidad pública nacional e internacional y que en consecuencia es preciso mejorar los procedimientos de ayuda e información a nivel nacional y regional; considerando que resulta necesario combatir la propagación de enfermedades a escala europea;

B.

Considerando que en este mundo que se está globalizando y tiene un elevado nivel de movilidad se percibe una creciente necesidad de protección sanitaria pública de dimensión paneuropea e internacional,

C.

Considerando que debería ser prioritario velar por una máxima protección contra la propagación mundial de enfermedades infecciosas y las emergencias de sanidad pública de alcance internacional, interfiriendo en la menor medida posible en el tráfico mundial,

D.

Considerando que, de conformidad con el artículo 5 del Tratado CE, debe respetarse el principio de subsidiariedad, pues la organización de los servicios sanitarios es competencia de los diferentes Estados miembros,

1.

Reconoce la importancia de contar con un mecanismo internacional claro y completo para prevenir la propagación de enfermedades, proteger contra tal propagación y controlarla, y que un servicio de salud pública facilite una respuesta proporcional a los riesgos y accesible a todos cuantos la necesiten;

2.

Se congratula de la citada resolución de la WHA, en la que se pide la aplicación voluntaria anticipada de algunas cuestiones del RSI relacionadas con la pandemia de la gripe aviar y humana;

3.

Insta a la comunidad internacional a respetar y poner en práctica la guía de buenas prácticas de la OMS sobre la comunicación rápida de cepas, publicada en enero de 2007;

4.

Se congratula de la posición de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional revisado expuesta en su Comunicación (COM(2006) 0552) con vistas a promover un debate estructurado con el Consejo y el Parlamento;

5.

Destaca la urgente necesidad de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional con la mayor premura con arreglo al principio de subsidiariedad, al tiempo que se afianzan los sistemas y capacidades existentes;

6.

Subraya la necesidad de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional coordinadamente en toda la Comunidad;

7.

Indica simultáneamente, no obstante, que, en virtud de sus competencias y del principio de subsidiariedad, la organización de los servicios sanitarios es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, debiendo éstos garantizar un elevado nivel de protección de la salud de sus ciudadanos;

8.

Toma nota de que las medidas de este mecanismo internacional no serán «más restrictivas del tráfico internacional ni más invasivas ni intrusivas para las personas que otras opciones razonablemente disponibles que permitan lograr el nivel adecuado de protección sanitaria» (artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional);

9.

Considera que para abordar mejor el riesgo conviene apoyar el desarrollo de sistemas de información, tanto para el intercambio de información entre los proveedores de servicios sanitarios como para ofrecer información a los pacientes; destaca la necesidad de mejorar la seguridad de tales sistemas de información;

10.

Expresa su convicción de que para obtener un alto nivel de protección y capacidad de reacción en un mundo que se está globalizando y tiene un elevado nivel de movilidad es imprescindible apoyar a los países vecinos y terceros y cooperar con ellos;

11.

Subraya la necesidad de velar por la estrecha cooperación de las autoridades nacionales entre sí y con las autoridades europeas, para el intercambio de información en el ámbito de la seguridad de la salud pública, a fin de optimizar su aplicación y proteger mejor a los ciudadanos frente a emergencias de salud pública de importancia internacional;

12.

Recuerda el cometido del Centro europeo para la Prevención y el Control de las enfermedades (ECDC) y del sistema de alerta precoz y respuesta a las amenazas de salud pública (SAPR) en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en caso de emergencia;

13.

Insta a los Estados miembros a que cumplan sus obligaciones con arreglo a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional;

14.

Pide a la Comisión que elabore, conjuntamente con la comisión parlamentaria competente, orientaciones para la detección y evaluación de las amenazas;

15.

Pide al mismo tiempo a la Comisión que formalice el cometido del ECDC en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, en particular con respecto a la recogida de datos en asuntos que corresponden al ámbito de su mandato;

16.

Anima a la Comisión a encontrar modos y maneras de apoyar el establecimiento de sistemas adecuados en los países vecinos y terceros mediante financiación y mecanismos de desarrollo regional;

17.

Pide a la Comisión que defina los medios y los mecanismos que permitan apoyar la política de la OMS relativa al acceso de los países en desarrollo a las vacunas pandémicas;

18.

Insta a la Comisión a desarrollar programas para hacer frente a amenazas europeas y mundiales tales como las infecciones asociadas a la atención sanitaria y la creciente resistencia a los tratamientos con antibióticos; señala que se requiere una solución paneuropea, puesto que dichas crisis sanitarias no respetan las fronteras geográficas;

19.

Subraya la necesidad de crear una reserva central de la UE de productos antivirales y vacunas indiscutiblemente efectivos para proteger a los ciudadanos de la UE frente a una posible pandemia de gripe que afecte a todos los Estados miembros, a fin de complementar las actividades de éstos; subraya asimismo la necesidad de que la Comisión adopte medidas a escala de la UE que permitan, en caso de una pandemia de gripe, luchar eficazmente contra la propagación de la gripe en Europa en un plazo de 24 horas;

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Oficina regional de la OMS para Europa.

—

Vista la 8a reunión de la Conferencia de las Partes (CP 8) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), celebrada en Madrid los días 3 a 14 de septiembre de 2007,

—

Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A.

Considerando que la desertificación es la degradación de tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y se debe a diferentes factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas, por lo que requiere un programa holístico de diagnóstico e implementación,

B.

Considerando que el cambio climático provoca el calentamiento de la tierra, con un aumento de la temperatura del suelo y el consiguiente incremento del nivel de evaporación, que da lugar a la desertificación,

C.

Considerando que una mayor temperatura provoca la desecación de los manantiales y reduce el flujo del nivel de agua de los ríos y de las cuencas de aguas subterráneas, destruyendo con ello la estructura superficial del suelo; que en las actuales condiciones de sequías cada vez más duraderas será más difícil repoblar los bosques tras los incendios, con el consiguiente riesgo de desertificación,

D.

Considerando que la desertificación y la sequía son problemas que afectan a todas las regiones del mundo, y que una acción conjunta es necesaria para luchar contra la desertificación y atenuar los efectos de la sequía; que la CLD es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que aborda el problema de la degradación del suelo en las tierras áridas, con una representación casi universal de 191 países miembros,

E.

Considerando que entre los países que experimentan una sequía o desertificación graves hay una elevada proporción de países en desarrollo, y sobre todo de países menos desarrollados,

F.

Considerando que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que la desertificación afecta actualmente a entre un veinticinco y un treinta por ciento de la superficie terrestre mundial, y que corren peligro entre 1 200 y 2 000 millones de personas en al menos 100 Estados; que las pérdidas económicas debidas al descenso de la productividad se estimaron en 42 000 millones de dólares en 1992 (64 000 millones de dólares a precios de 2006); y que el índice global de desertificación está aumentando, lo que conlleva la pobreza, las migraciones forzadas y los conflictos,

G.

Considerando que tres cuartas partes de los suelos en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se están degradando, y que casi la mitad de las tierras sujetas a cultivo fluvial se ven amenazadas, al tiempo que la degradación provoca una pérdida de biodiversidad, una reducción de la fertilidad del suelo y de su capacidad para retener agua, un aumento de la erosión y una reducción de la captura de dióxido de carbono,

H.

Considerando que la desertificación se produce principalmente a consecuencia del cultivo y el pastoreo excesivos, de las prácticas de irrigación inadecuadas y de la deforestación; que dichas actividades son el resultado de una mala gestión del territorio, que, a su vez, a menudo se deriva de las condiciones socioeconómicas en las que viven los agricultores; considerando que, según los estudios, las inversiones en prácticas sostenibles de gestión del territorio serían rentables,

I.

Considerando que los fenómenos climáticos extremos ligados al cambio climático, como las inundaciones y las sequías, son cada vez más frecuentes y tienen unas repercusiones más drásticas, que aumentan aún más el riesgo y las consecuencias socioeconómicas negativas de la desertificación,

J.

Considerando que la desertificación contribuye asimismo al cambio climático ya que la degradación del suelo y la pérdida de vegetación que conlleva provocan un aumento de las emisiones y una reducción del sumidero del carbono; que el restablecimiento de las condiciones de las tierras áridas podría tener un impacto positivo importante,

K.

Considerando que la CLD desempeña un papel clave en los esfuerzos globales para erradicar la pobreza, lograr un desarrollo sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

1.

Manifiesta su respaldo a la CLD y a su proceso de reforma; invita a la Comisión y a los Estados miembros a presentar una posición unificada en la reunión de la CP, en estrecha colaboración con los socios ACP;

2.

Manifiesta su apoyo a un plan estratégico de acción con objetivos sujetos a plazos concretos; insta a la UE a participar de forma constructiva en la formulación y negociación del plan estratégico decenal a fin de establecer mecanismos fuertes y eficaces para una aplicación efectiva de la CLD; a este respecto, pide que se preste especial atención a:

3.

Subraya el papel de la sociedad civil y de las poblaciones locales en la aplicación y la consecución de los objetivos de la CLD;

4.

Recomienda la organización de una Conferencia para evaluar la aplicación y la eficacia de los planes de acción en las regiones más afectadas, especialmente en África, antes de la celebración de futuras Conferencias de las Partes;

5.

Reconoce la importancia de la degradación del suelo como un obstáculo crucial para el desarrollo futuro de los países afectados, y pide que la política de desarrollo de la UE preste una atención especial a este fenómeno, incluida la evaluación de las necesidades de ayuda al desarrollo;

6.

Manifiesta su preocupación por la falta de financiación comprometida para llevar a cabo acciones; acoge con satisfacción la utilización del Fondo para el Medio Ambiente Mundial como mecanismo financiero de la CLD y pide a la UE que refuerce la financiación de las medidas contra la desertificación en el contexto de mecanismos flexibles en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto;

7.

Aboga por que la reforma de la Política Agrícola Común introduzca criterios vinculantes en materia de lucha contra la desertificación y la degradación del suelo en las zonas afectadas en la Unión Europea; asimismo, hace un llamamiento a favor de una política de prevención y aplicación para mantener la población en las zonas rurales;

8.

Aboga por un cuidado integral de los bosques, a fin de reducir en la mayor medida posible su carga calorífica y la propagación y avance rápido de los incendios; señala que la biomasa recuperada podría contribuir a la viabilidad económica de la operación;

9.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un Observatorio Europeo de las Sequías, que sería responsable de recabar conocimientos y proponer medidas de mitigación y seguimiento para minimizar los efectos de las sequías en Europa;

10.

Reconoce que estudios recientes han llegado a la conclusión de que el coste de las inversiones para reducir la degradación del suelo en las zonas afectadas sería inferior a los costes que se derivan de la degradación; es consciente del compromiso a largo plazo que es necesario para que las medidas contra la desertificación surtan efecto;

11.

Invita a la Comisión y a los Estados miembros a intensificar la cooperación internacional para la aplicación de la CLD, ofreciendo incentivos adicionales y ayuda financiera, así como a apoyar programas de cooperación transfronteriza sobre el agua; pide, asimismo, que el asunto se incluya en el orden del día de la próxima cumbre UE-África;

12.

Reitera su Resolución de 7 de julio de 2005 sobre la aceleración de la ejecución del Plan de Acción de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (1) y su decepción por la falta de reglamentación obligatoria y exhaustiva que prohíba la importación en la UE de madera ilegal y talada de forma no sostenible;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a las partes de la CLD y a la Secretaría de la CLD.

—

Vistos todos los acuerdos celebrados entre la UE y terceros países, así como las cláusulas sobre derechos humanos y democracia incluidas en dichos acuerdos,

—

Vistos los artículos 177, 178, 300 y 310 del Tratado CE y los artículos 3, 6, 11, 19 y 21 del Tratado de la UE,

—

Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos y, en particular, en materia de diálogo sobre derechos humanos, adoptadas en diciembre de 2001, y la evaluación de la aplicación de las mismas, aprobada en diciembre de 2004, y vistas también las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, aprobadas en el mes de junio de 2004,

—

Vistos su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (1), y el seguimiento dado por la Comisión a dicha Resolución,

—

Visto el documento del Consejo, de 7 de junio de 2006, sobre la integración de las cuestiones de derechos humanos en la PESC y en otras políticas de la UE,

—

Visto el Acuerdo marco de 26 de mayo de 2005 entre el Parlamento Europeo y la Comisión,

—

Vista su Resolución, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países (2),

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación relativa a los derechos humanos en el mundo,

—

Vistos sus anteriores debates y resoluciones de urgencia sobre casos de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho,

—

Vistas las directrices específicas sobre acciones en materia de derechos humanos y democracia para los diputados al Parlamento Europeo de visita en terceros países,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (3),

—

Vistas las conclusiones alcanzadas durante los debates celebrados en el seno de su Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, en las reuniones, de 3 de mayo de 2007, sobre los derechos humanos en China y Uzbekistán y, de 23 de abril de 2007, sobre los derechos humanos en Rusia,

—

Vistas sus Resoluciones, de 10 de mayo de 2007, sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebrará en Samara el 18 de mayo de 2007 (4), de 26 de abril de 2007, sobre la reciente represión de manifestaciones en Rusia (5), de 18 de enero de 2007, sobre la condena y el encarcelamiento por parte de Libia de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino (6), de 16 de noviembre de 2006, sobre Irán (7), de 26 de octubre de 2006, sobre Uzbekistán (8), y de 7 de septiembre de 2006, sobre las relaciones UE-China (9),

—

Vistas las conclusiones sobre Asia Central alcanzadas en la Sesión no 2796 del Consejo de Relaciones Exteriores celebrada en Luxemburgo el 23 de abril de 2007, los Acuerdos de colaboración y cooperación con Kirguistán, Kazajstán y Uzbekistán, que ya han entrado en vigor, los Acuerdos de colaboración y cooperación con Tayikistán y Turkmenistán, que han sido firmados pero no ratificados, y el Documento de estrategia para Asia Central de la Comisión 2002-2006,

—

Vistos los artículos 8, 9, 96 y 97, así como el anexo VII del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (10), y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (11) (Acuerdo de Cotonú),

—

Vistas las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP ACP-UE) y, en particular, su Resolución de 25 de noviembre de 2004, aprobada en La Haya, sobre el diálogo político ACP-UE (artículo 8 del Acuerdo de Cotonú) (12),

—

Vistos los Planes de acción bilaterales adoptados por la Comisión en el marco de la política europea de vecindad (PEV) con los países socios de la PEV, con la excepción de Argelia, Belarús, Libia y Siria,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la consolidación de la PEV (COM(2006) 0726) y su próxima resolución sobre esta cuestión,

—

Vistas sus recomendaciones destinadas al Consejo, de 15 de marzo de 2007, sobre los mandatos de negociación de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, de una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, de otra (13), y entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de Centroamérica, por otra (14),

—

Vistas sus Resoluciones, de 12 de octubre de 2006, sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Mercosur de cara a la conclusión de un Acuerdo de Asociación Interregional (15), y de 27 de abril de 2006, sobre una Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina (16),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0302/2007),

A.

Considerando que los diálogos sobre derechos humanos son uno de los diferentes instrumentos de los que puede servirse la UE para poner en práctica su política de derechos humanos, y que constituyen una parte esencial de la estrategia global de la UE de fomento del desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad,

B.

Considerando que se ha de mantener y fomentar la universalidad, la individualidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, entendidos no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos sociales, medioambientales, económicos y culturales; considerando asimismo que, a tal fin, la UE sigue creando instrumentos de peso,

C.

Considerando que las decisiones de iniciar un diálogo sobre derechos humanos se adoptan sobre la base de criterios concretos adoptados por el Consejo en los que se tienen especialmente en cuenta el gran interés de la UE por la situación de los derechos humanos dentro de cada país, un compromiso auténtico por parte de las autoridades del país con el diálogo para fomentar la situación de los derechos humanos in situ, y el impacto positivo que un diálogo sobre derechos humanos puede tener sobre su situación,

D.

Considerando que en las Directrices de la Unión Europea sobre derechos humanos se pide que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos se aborden adecuada y sistemáticamente, en el marco del diálogo político global mantenido con los países terceros a todos los niveles,

E.

Considerando que, en 2004, el Consejo decidió examinar dos veces al año la situación general de los diálogos sobre la base de una revisión y de un calendario actualizado, y que, simultáneamente, puso de relieve que no deberían iniciarse diálogos por un período indefinido sino, más bien, por un período de tiempo determinado, teniendo prevista una estrategia de salida,

F.

Considerando que la existencia de una gran variedad de estructuras, formatos y modalidades en el desarrollo de los diálogos y las consultas sobre derechos humanos sin el mantenimiento adecuado de la coherencia necesaria puede minar la credibilidad de la política de derechos humanos de la UE en el escenario internacional, y que sería deseable una mayor transparencia y control democrático sobre la aplicación de las mencionadas Directrices de la UE para los diálogos en materia de derechos humanos,

G.

Considerando que la práctica actual del Consejo consiste en ofrecer información sobre la agenda y los objetivos de las próximas rondas de diálogos/consultas estructurados sobre los derechos humanos y en invitar a un funcionario del Parlamento a participar junto con los representantes de las organizaciones no gubernamentales,

H.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú está orientado hacia el desarrollo sostenible y se centra en los individuos como principales protagonistas y beneficiarios de la política de desarrollo; considerando que ello implica que se respeten y fomenten todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que la mencionada revisión del Acuerdo, de 25 de junio de 2005, tuvo como resultado la intensificación del diálogo político en el marco del artículo 8, en especial en materia de derechos humanos,

I.

Considerando que el incumplimiento por una de las partes de una obligación derivada del principio de respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho, tal como se recoge en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú, se traduce en el inicio de un procedimiento de consulta con arreglo al artículo 96 para solucionar la situación,

J.

Considerando que, pese a que ha de acogerse positivamente el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, en el que se prevé el diálogo político entre los países ACP y la UE, así como la evaluación periódica del respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y la buena gobernanza, sigue preocupando que se recurra a esta disposición para obviar el procedimiento de consulta contemplado en el artículo 96 en casos de violación de los derechos humanos,

K.

Considerando que la aplicación de los Planes de acción de la PEV es supervisada por varias subcomisiones y que, en virtud de los acuerdos de asociación bilaterales, la UE ha lanzado un proceso destinado a ampliar las subcomisiones de derechos humanos, democratización y gobernanza a todos los países de la PEV; considerando que, hasta la fecha, Marruecos, Jordania y el Líbano han aprobado la creación de esas subcomisiones, las cuales ya han celebrado reuniones, que Egipto ha aprobado la creación de la subcomisión, aunque aún no ha celebrado reunión alguna, y que Túnez está en proceso de aprobación de dicha subcomisión,

L.

Considerando que, como medida a corto plazo, en varios Planes de acción de la PEV se recomienda la creación de una subcomisión en virtud del artículo 5 del Acuerdo de Asociación, con objeto de desarrollar un diálogo político estructurado sobre la democracia y el Estado de derecho; considerando que la subcomisión en cuestión no tiene poderes decisorios pero podrá presentar propuestas a la comisión competente de la Asociación o a órganos situados a un nivel superior del diálogo político,

M.

Considerando que, como resultado de la reforma de los instrumentos financieros para la ayuda exterior, el Parlamento tiene ahora derecho a realizar un control democrático de los documentos estratégicos pertinentes y es al mismo tiempo una rama de la Autoridad Presupuestaria,

N.

Considerando que los derechos de las mujeres y los niños forman parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, tal como se estableció en la Declaración de Pekín y en la Plataforma de Acción de 1995,

1.

Subraya que el fomento de los derechos humanos es una parte fundamental de la ejecución de la política exterior de la UE, pide al Consejo y a la Comisión que incluyan sistemáticamente las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la agenda de los diálogos políticos y de las consultas de la UE con terceros países, y que integren progresivamente los derechos humanos en todas las políticas exteriores de la UE, incluidos los aspectos externos de las políticas internas de la UE, e insiste en que se utilicen todos los instrumentos disponibles para alcanzar esos objetivos;

2.

Opina que la cuestión de los derechos humanos debe tratarse al más alto nivel político, con el fin de dar más peso político al interés por los derechos humanos; recuerda que el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en terceros países no deben estar condicionados por alianzas geopolíticas o geoestratégicas; insiste en que, en el marco del diálogo político, económico y comercial, el respeto por los derechos humanos debería ser un elemento fundamental para unas relaciones estratégicas y privilegiadas con la UE;

3.

Pide al Consejo que aplique en su totalidad las mencionadas Directrices de la UE para los diálogos en materia de derechos humanos;

4.

Respalda las conclusiones del primer examen de la aplicación de las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, en las que se destaca que la situación de los mismos y el entorno en el que realizan su labor deberían integrarse sistemáticamente en los diálogos y consultas políticos de la UE con terceros países, incluidos los diálogos y las consultas bilaterales mantenidos por los Estados miembros de la UE;

5.

Acoge con agrado la reciente adopción de la Decisión del Consejo relativa a la elaboración de unas Directrices de la EU sobre los derechos del niño, cuya conclusión está prevista durante la Presidencia portuguesa en 2007; a este respecto, insiste en la necesidad de respetar la complementariedad con las actuales Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados y la necesidad de tomar en consideración los Compromisos de París, de 6 de febrero de 2007, para la protección de los niños reclutados de forma ilegal o utilizados por fuerzas o grupos armados.

6.

Pide una vez más al Consejo que aplique sistemáticamente la cláusula de derechos humanos y democracia en su integridad en todos los acuerdos de la UE y en sus relaciones con terceros países; reitera su llamamiento para que se establezca un mecanismo transparente de evaluación de la situación de los derechos humanos y de la aplicación de la cláusula de derechos humanos; pide que se tengan en cuenta de manera sistemática los resultados de dicha evaluación en los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos mantenidos con terceros países y viceversa;

7.

Recuerda que el objetivo principal del diálogo y la consulta es impulsar la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, la buena gobernanza y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos en los países terceros, entendidos no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos sociales, medioambientales, económicos y culturales; hace hincapié en que estos objetivos se perseguirán observando los principios generales establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por cualquier otro instrumento universal de derechos humanos adoptado dentro del marco de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

8.

Sostiene que la existencia de un diálogo o de consultas sobre derechos humanos con un país tercero debe tener como consecuencia su integración transversal sistemática en todos los ámbitos de cooperación de la UE con el país en cuestión, incluida la política de desarrollo de la Comunidad y la cooperación económica, financiera y técnica con países terceros, de modo que su existencia no constituya un fin en sí mismo;

9.

Celebra los esfuerzos realizados por el Consejo para dotar de coherencia al diálogo y las consultas sobre derechos humanos, a través de las mencionadas Directrices de la UE en materia de diálogo sobre derechos humanos; sostiene que la flexibilidad y el pragmatismo necesarios para garantizar la eficacia del diálogo y de la consulta no deben menoscabar la coherencia necesaria para que los diálogos no se conviertan en un instrumento «a la carta»;

10.

Destaca la existencia de una amplia variedad de diálogos y consultas, con estructuras, formatos, periodicidad y metodología diversos, lo que se traduce en la opacidad y la confusión por lo que respecta a la actuación de la UE en este ámbito; lamenta que la información sobre la agenda, los objetivos, los valores de referencia o los resultados, respecto de los diálogos y consultas basados en acuerdos, diálogos y consultas ad hoc, el diálogo con los países afines o los diálogos y consultas políticos no incluyan los derechos humanos; constata que ni el Consejo ni la Comisión han establecido ningún método para organizar y sistematizar estos diálogos, lo que impide ver sus resultados con una perspectiva integrada; pide a la Comisión y al Consejo que sistematicen de forma metódica y temática los diálogos en materia de derechos humanos con terceros países, de manera que sean la base de una evaluación y un seguimiento objetivos de la situación de los derechos humanos, los avances realizados, etc.;

11.

Considera que es esencial establecer mecanismos para mejorar la coordinación entre las diversas instituciones de la UE (Consejo, Comisión y Parlamento Europeo), a través del establecimiento de un diálogo interinstitucional a tres bandas sobre el diálogo político y los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos; pide asimismo que se estudien urgentemente fórmulas para mejorar la comunicación interna en el seno de dichas instituciones;

12.

Acoge positivamente la iniciativa del Grupo de trabajo sobre Derechos Humanos del Consejo (COHOM) de pasar revista periódicamente a todos los diálogos y consultas sobre derechos humanos de la UE con el fin de mantener una visión global de los mismos por medio de debates semestrales, sobre la base de un marco general actualizado y de un calendario de los diálogos y consultas sobre derechos humanos en curso; pide que dicha revisión se lleve efectivamente a cabo, y que se transmita sistemáticamente dicha información al resto de los Grupos del Consejo, a la Comisión y a sus delegaciones en terceros países y al Parlamento Europeo, en el marco de dicho diálogo interinstitucional a tres bandas;

13.

Pide al Consejo que aplique el mandato del COHOM para garantizar la coherencia entre los diálogos y consultas y los demás mecanismos de fomento de los derechos humanos por los que la UE trata de promover los derechos humanos en los países en cuestión (independientemente de que esos diálogos y consultas se deriven de los trabajos en el seno de organismos internacionales o de las obligaciones establecidas en los propios instrumentos de la UE);

14.

Reitera su llamamiento para que el Consejo examine la posibilidad de convertir el COHOM en un grupo de trabajo con representantes radicados en Bruselas y que coopere estrechamente con la comisión competente del Parlamento Europeo; considera que esto permitiría disponer de más tiempo para las reuniones, garantizaría una mejor coordinación y, por tanto, posiblemente también un control más estrecho de las políticas de derechos humanos de la UE en un sentido amplio, y de los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos, en particular, así como la integración de los derechos humanos para dar coherencia a las políticas de la UE;

15.

Pide al Consejo que refuerce el papel de la Unidad de Derechos Humanos de su Secretaría General, garantizando su participación en la celebración de los diálogos políticos, incluidos los diálogos y consultas basados en los acuerdos de cooperación bajo responsabilidad de la Comisión, y que establezca en el seno de su Unidad de Derechos Humanos un sistema de coordinación permanente para cada diálogo o consulta estructurado en materia de derechos humanos, con objeto de garantizar la innovación de los temas del diálogo, la selección de los participantes pertinentes y la continuidad, debiendo contribuir esta coordinación al establecimiento de redes bilaterales de organizaciones, instituciones y académicos entre Europa y el país en cuestión, a fin de garantizar la necesaria integración de los derechos humanos y la democracia en todas las políticas de la UE, especialmente a raíz de las reformas de los instrumentos financieros para la ayuda exterior de la CE; en este sentido, reclama que se adopten las medidas necesarias para que dicha Unidad pueda cumplir esta tarea, incluido el aumento de sus recursos financieros y humanos;

16.

Pide al Consejo que refuerce la coherencia entre los diálogos y consultas bilaterales sobre los derechos humanos mantenidos por los distintos Estados miembros y por la UE, y que consolide el papel del COHOM en la coordinación de las actividades de las embajadas de los Estados miembros con las de las delegaciones de la Comisión;

17.

Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan en todos los documentos de estrategia por países y en otros documentos de estrategia una estrategia específica relativa a los derechos humanos y la situación relativa a la democracia y que se utilice como marco para el diálogo político;

18.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que garantice que, en todo momento, el personal que trabaje para cada delegación de la Comisión en un tercer país incluya a un funcionario de la UE encargado del diálogo en materia de derechos humanos, y solicita que vele por que la persona responsable de dichas cuestiones esté presente cuando se celebre cualquier tipo de diálogo político y, en este sentido, reclama que se adopten las medidas necesarias para que la Comisión pueda cumplir esta tarea, incluido el aumento de sus recursos financieros y humanos;

19.

Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las misiones de observación electoral (especialmente por lo que respecta a la estrategia postelectoral) y el proceso de los diálogos y las consultas sobre derechos humanos; pide asimismo a la Comisión que establezca, junto con el Parlamento Europeo y los terceros países interesados, un mecanismo de protocolo postelectoral para supervisar y respaldar el proceso de democratización, que incluya la participación de la sociedad civil en todas las etapas de la aplicación de las recomendaciones postelectorales;

20.

Pide a la Comisión que aplique y utilice los resultados de los diálogos y consultas en materia de derechos humanos en la elaboración de las estrategias anuales sobre las que se basa la implementación de los proyectos llevados a cabo en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) establecido de conformidad con el Reglamento (CE) no 1889/2006, y que vincule sistemáticamente estos dos instrumentos;

21.

Pide a la Comisión y al Consejo que integren los resultados del diálogo y las consultas en materia de derechos humanos en los proyectos y los programas, en especial de ayuda al desarrollo y de cooperación técnica, comercial y financiera;

22.

Saluda la disposición del Consejo a que la existencia de diálogos y consultas bilaterales en materia de derechos humanos no conlleve una menor presión internacional de la UE con respecto a las violaciones de derechos humanos que se producen en el país en cuestión, y recuerda que es fundamental que el diálogo sea reforzado por una presión diplomática y política adecuada, en todos los niveles, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y, en particular, en el seno del Consejo de Derechos Humanos;

23.

Pide al Consejo y a la Comisión que analicen, apoyen y coordinen el establecimiento de valores de referencia para el diálogo de la UE sobre derechos humanos con las acciones de otros donantes y otras organizaciones internacionales, centrándose especialmente en los mecanismos existentes de las Naciones Unidas (informes de los relatores especiales, comisiones de expertos, el Secretario General, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, etc.); considera que, en su enfoque global del tratamiento de las cuestiones de derechos humanos en el contexto del diálogo político, el Consejo y la Comisión deberían referirse sistemáticamente a las promesas electorales de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

24.

Recomienda que se desarrollen mecanismos apropiados para asegurar la concertación de los indicadores y objetivos con el resto de los países terceros y los organismos internacionales que mantienen un diálogo en materia de derechos humanos con un mismo país o grupo de países; recomienda que estos mecanismos se desarrollen siguiendo el ejemplo del Proceso de Berna establecido por Suiza en sus relaciones con China, a través de la creación de foros informales para el intercambio de información y buenas prácticas;

25.

Considera que el diálogo y las consultas en materia de derechos humanos deben realizarse de manera más transparente y coordinada, y pide que se busquen las medidas apropiadas para dar cumplimiento a este propósito sin comprometer la eficacia del diálogo y las consultas;

26.

Reconoce la necesidad de respetar un cierto nivel de confidencialidad en los diálogos y solicita una respuesta favorable a la petición de desarrollar, junto con el Parlamento, un sistema en el que determinados diputados al Parlamento Europeo puedan disponer de información sobre actividades confidenciales en relación con el diálogo, las consultas y las gestiones en materia de derechos humanos; propone una vez más que este sistema siga el modelo de los criterios previamente establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 20 de noviembre de 2002, entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso del Parlamento Europeo a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y de defensa (17);

27.

Pide al Consejo que la definición de los objetivos concretos que la UE desea alcanzar mediante el inicio de un diálogo con el país en cuestión, así como la determinación de los criterios para analizar los progresos alcanzados a través de los valores de referencia («benchmarks») establecidos y los criterios con respecto a una posible estrategia de salida, se realicen al final de un proceso de consulta con todas las partes interesadas, en particular con el Parlamento Europeo y con las ONG;

28.

Considera que es necesario establecer objetivos precisos en el marco de cada diálogo y consulta, utilizando para ello todos los documentos elaborados por el Consejo, los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento, así como los informes de las organizaciones de derechos humanos internacionales y locales, para identificar los objetivos en el diálogo o consultas de derechos humanos con un tercer país y pide las mejores líneas de actuación para obtener resultados concretos que se puedan analizar; considera que cada diálogo deberá garantizar la consecución de dichos objetivos;

29.

Insiste en que los objetivos del diálogo y la consulta deben estar basados en el principio de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y recomienda que se introduzcan criterios que, junto a los derechos civiles y políticos, contemplen los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales;

30.

Subraya la necesidad de enviar una delegación de la troika de la UE, que incluya expertos de alto nivel, al país objeto de examen con vistas al posible inicio de un diálogo sobre derechos humanos, envío que iría seguido de la presentación del informe de la delegación al COHOM y al Parlamento;

31.

Pide al Consejo que establezca unos criterios claros para iniciar, suspender o poner fin a un diálogo, que lleve a cabo una evaluación de impacto previa en la que se expongan las razones de la iniciación o suspensión (e incluya la duración prevista de la misma y las medidas que deben tomarse para la reanudación del diálogo o de la consulta) y que se asegure de que la delegación del país en cuestión no percibe el diálogo con la UE como un fin en sí mismo que debe mantenerse a toda costa;

32.

Pide al Consejo que, en los casos en los que el tercer país rechaza el establecimiento o la continuación de un diálogo o consultas sobre derechos humanos, se consideren actuaciones específicas en materia de derechos humanos y democratización, en particular a través del apoyo a la sociedad civil;

33.

Pide que el Consejo y la Comisión hagan público el orden del día de los diálogos con la antelación suficiente en beneficio de todas las partes interesadas para que todas ellas, en particular el Parlamento Europeo y las ONG, puedan aportar su contribución;

34.

Considera que, en aras de la eficacia, la selección de los temas del diálogo y de las consultas en el orden del día debería ser más precisa y centrarse en lo sustancial, y que deben participar en su formulación las dos partes; recuerda a la Comisión y al Consejo que el desarrollo del diálogo y las consultas está basado en la reciprocidad y que se enmarca dentro de un respeto mutuo;

35.

Insta al Consejo y a la Comisión a que presionen a las autoridades del tercer país en favor de la participación de representantes de los ministerios y otras instituciones públicas concernidos por los temas seleccionados en la agenda del diálogo o las consultas en materia de derechos humanos;

36.

Pide al Consejo y a la Comisión que, con la participación del Parlamento y de las ONG, elaboren indicadores para cada objetivo/valor de referencia establecido; considera que dichos indicadores deben ser realistas y tendentes a la obtención de resultados concretos que puedan ser apoyados a través de otros instrumentos de la política exterior de la UE; se muestra firmemente convencido de que es importante reconocer que los resultados de los diálogos deberían evaluarse a largo plazo;

37.

Toma nota de los esfuerzos realizados por el Consejo con el fin de armonizar ámbitos clave de preocupación por lo que se refiere a los diálogos y consultas en materia de derechos humanos de la UE para que dichos ámbitos de preocupación puedan utilizarse como base para establecer valores de referencia que permitan medir los progresos, con objeto de reforzar la coherencia y la consistencia entre los diálogos en materia de derechos humanos y todos los instrumentos de la política de derechos humanos de la UE;

38.

Pide al Consejo y a la Comisión que hagan públicos los objetivos y los valores de referencia establecidos en los diálogos y las consultas, con objeto de que sean analizados no sólo por las propias instituciones que organizan el diálogo, sino también por los actores externos al mismo —institucionales o no gubernamentales—, de modo que la UE pueda rendir cuentas públicamente del resultado y de la evolución de los diálogos;

39.

Subraya la necesidad de establecer mecanismos eficaces de seguimiento para abordar los puntos planteados en los diálogos y en las recomendaciones finales; pide al Consejo y a la Comisión que den continuidad a los resultados de los diálogos y consultas a través del desarrollo y la puesta en marcha de programas y proyectos dirigidos a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno;

40.

Pide al Consejo y a la Comisión que hagan públicas las conclusiones de cada diálogo, o al menos un resumen del mismo en el caso de que algunos elementos deban tratarse como confidenciales en aras de la eficacia;

41.

Considera necesario que se realicen comunicados públicos conjuntos, que impliquen a las dos partes del diálogo, tras la celebración de cada ronda de diálogo o consulta, con objeto de garantizar un mayor impacto y coherencia;

42.

Insta al Consejo y a la Comisión a que incrementen, con vistas a su mejora, la transparencia y la visibilidad de las comunicaciones de la UE en el ámbito de las acciones en materia de derechos humanos, y que, en este contexto, amplíen el alcance de la información sobre el trabajo del COHOM a la que puede accederse a través de la página Internet de la Unión Europea;

43.

Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen la participación activa de la sociedad civil en las distintas fases de preparación, seguimiento y evaluación de los diálogos sobre derechos humanos; apoya, a este respecto, la decisión del Consejo de asociar a defensores de los derechos humanos a la preparación de las reuniones del diálogo, así como de consultar a ONG y defensores locales de los derechos humanos al establecer las prioridades en materia de derechos humanos en el contexto de los diálogos políticos; recomienda que se extienda la fórmula de los seminarios de expertos, acuerdos utilizados en los diálogos estructurados, a otras fórmulas y modalidades de diálogo;

44.

Pide al Consejo y a la Comisión que promuevan la colaboración de los defensores de los derechos humanos del país concernido por el diálogo o las consultas en materia de derechos humanos con el fin de otorgarles un espacio y voz en el desarrollo del mismo, en aplicación de las líneas directrices del Consejo y en seguimiento de la campaña en favor de las mujeres defensoras de los derechos humanos;

45.

Subraya que, con objeto de garantizar la libertad de expresión de las ONG participantes, éstas no deben ser elegidas por las autoridades del país en cuestión;

46.

Pide a la Comisión que, en el marco de la IEDDH, prevea la financiación de los costes de los participantes de la sociedad civil, incluidas las ONG, en los seminarios de expertos;

47.

Pide al Consejo que realice y transmita al Parlamento y a sus comisiones competentes las fichas descriptivas de la situación con respecto a los derechos humanos en terceros países, así como evaluaciones semestrales de cada diálogo o consulta, y pide al Consejo que aclare la evaluación explicando cómo deben aplicarse los valores de referencia, estableciendo plazos para alcanzarlos y destacando las tendencias y no los resultados aislados; insiste en que, en el caso de que dicha información contenga elementos de carácter confidencial, se remitirá al Parlamento de acuerdo con el sistema descrito en el apartado 26 de la presente Resolución;

48.

Pide a la Comisión que transmita al Parlamento evaluaciones periódicas sobre la situación de los derechos humanos en terceros países y que informe regularmente sobre la situación del diálogo político en materia de derechos humanos con terceros países o regiones, incluidos su calendario y los temas abordados en las negociaciones y, en el caso de que dicha información contenga elementos de carácter confidencial, acuerda que dicha información se remita al Parlamento en el marco del sistema descrito en el apartado 26 de la presente Resolución;

49.

Pide al Consejo y a la Comisión que, tras cada ronda de diálogo dialogo o consulta, se organice una sesión de consulta y un informe verbal con diputados del Parlamento, y reitera su llamamiento para que se implique al Parlamento en la decisión sobre su continuidad o su suspensión;

50.

Insiste en la necesidad de que el Parlamento participe en la decisión de iniciar un nuevo diálogo o consulta, recibiendo toda la información necesaria para ello; pide que se tome en consideración su opinión sobre el mandato, los objetivos, el formato, los procedimientos, el diálogo previsto, entre otras;

51.

Pide al Consejo y a la Comisión que permitan a diputados al Parlamento Europeo asistir a los seminarios de expertos organizados con ocasión de los diálogos estructurados;

52.

Pide al Consejo y la Comisión que utilicen su influencia para conseguir que en el diálogo oficial participen diputados del Parlamento nacional del país tercero; considera que ello dotaría de mayor legitimidad al propio diálogo y facilitaría la participación de diputados del Parlamento Europeo en el mismo;

53.

Considera fundamental que se refuerce el papel de las Asambleas Interparlamentarias y de las Delegaciones Interparlamentarias en los diálogos y consultas sobre derechos humanos;

54.

Recomienda que se apliquen plenamente las directrices específicas sobre acciones en materia de derechos humanos y democracia para los diputados al Parlamento Europeo de visita en terceros países; en este sentido, pide que se organicen de manera sistemática sesiones de información con los miembros de las delegaciones parlamentarias, permanentes y ad hoc, sobre el diálogo en materia de derechos humanos que se lleva a cabo con el tercer país, con miras a limitar las incoherencias interinstitucionales y aumentar el impacto de las negociaciones; considera que debe invitarse a diputados al Parlamento Europeo a participar en las visitas sobre el terreno organizadas al margen de algunos diálogos oficiales;

55.

Subraya la necesidad de reforzar y mejorar considerablemente el diálogo UE-China sobre derechos humanos; destaca que el historial de China en materia de derechos humanos sigue siendo muy preocupante;

56.

Considera que los asuntos tratados en las sucesivas rondas de diálogo con China, como la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la reforma del sistema judicial penal, incluyendo la pena de muerte y el sistema de reeducación a través del trabajo, la libertad de expresión, en particular en Internet, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, opinión y religión, la situación de las minorías en Tibet y Xinjiant y en Mongolia, la liberación de los detenidos tras los sucesos de Tiananmen, los derechos laborales y otros, deberán continuar planteándose en el marco del diálogo, en particular en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones procedentes de los diálogos anteriores y de los seminarios sobre asuntos jurídicos; en este sentido, pide al Consejo que considere prolongar los plazos del diálogo y conceder más tiempo para la discusión de los temas planteados;

57.

Pide a China y a la UE que multipliquen las ocasiones de intercambio recíproco de información y de estrategias sobre la defensa y el desarrollo de los derechos humanos; considera que China se enfrenta ya a una creciente demanda de democracia y de derechos humanos por parte de su propio pueblo, y señala que en China se han hecho leves progresos en algunos ámbitos, pero que es difícil evaluar exactamente cuál ha sido el impacto del diálogo UE-China en materia de derechos humanos en los cambios registrados; subraya la necesidad de modificar el marco del diálogo para que esté más orientado hacia los resultados y de centrarse en el cumplimiento de las obligaciones de China con arreglo al Derecho internacional;

58.

Destaca la necesidad de que el Consejo identifique y utilice indicadores específicos para cada uno de los ocho valores de referencia más amplios a fin de medir y evaluar los progresos;

59.

Recomienda que no se aísle el diálogo sobre derechos humanos del resto de las relaciones sinoeuropeas; pide a la Comisión, a este fin, que garantice que sus relaciones comerciales con China están relacionadas con las reformas en materia de derechos humanos, y pide en este contexto al Consejo que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos previamente a la celebración de todo nuevo acuerdo marco de colaboración y cooperación;

60.

Lamenta que se pospusiera la sesión del seminario de expertos que debía celebrarse en Berlín el 10 de mayo de 2007 por la negativa de las autoridades chinas a autorizar la participación de dos ONG independientes invitadas por la UE; aplaude la actuación de la Comisión y de la Presidencia alemana del Consejo, quienes insistieron en que estos representantes de los derechos humanos debían poder participar plenamente en el mismo, ya que la representación de ONG y de otros actores de la sociedad civil debe entenderse como un recurso valioso para todas las partes involucradas en el diálogo;

61.

Manifiesta su honda preocupación por la interrupción del diálogo sobre derechos humanos con Irán desde 2004 debido a la falta de cooperación por parte de Irán; lamenta que, según el Consejo, no se haya alcanzado progreso alguno, y pide al Consejo que informe al Parlamento sobre la evaluación del diálogo en materia de derechos humanos y sobre las medidas adicionales que podrían tomarse para fomentar la democracia y los derechos humanos en Irán;

62.

Anima a la Comisión a seguir financiando proyectos destinados a respaldar la buena gobernanza, incluida la protección de los defensores de los derechos humanos, la reforma del poder judicial y los programas educativos para los niños y las mujeres; con el mismo ánimo, pide a la Comisión que lleve a la práctica todas las acciones necesarias en el marco de la IEDDH, con objeto de promover los contactos y la cooperación con la sociedad civil iraní y de seguir apoyando la democracia y los derechos humanos, centrándose principalmente en la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres y los niños;

63.

Toma nota de la continuación de las consultas de la UE sobre derechos humanos con Rusia; apoya el objetivo del Consejo de desarrollar esas consultas hasta convertirlas en un diálogo real y franco UE-Rusia sobre derechos humanos, y solicita la participación del Parlamento y de las ONG europeas y rusas en este proceso; a estos efectos, pide que se consulte antes a las ONG durante la fase de preparación de dichas consultas, con objeto de evaluar los progresos realizados y señalar los resultados concretos obtenidos sobre el terreno;

64.

Pide al Consejo y a la Comisión que soliciten la participación en las consultas de funcionarios de los ministerios rusos cuyos ámbitos de especialidad estén relacionados con los temas incluidos en el orden del día, que insistan en que las consultas se organicen en Moscú y en las regiones, y que soliciten la participación de sus homólogos rusos en una reunión pública con las ONG;

65.

Lamenta que Rusia, en su calidad de socio, al término del proceso de consultas, emita normalmente su propio comunicado por separado, y reitera el llamamiento para que las dos delegaciones redacten conjuntamente dichos comunicados;

66.

Pide a la Comisión que mejore la comunicación con la sociedad civil rusa independiente y ayude a incrementar su capacidad de intervención, dentro del marco extremadamente limitado que permite el Derecho ruso, integrando a las regiones rusas y previendo un mecanismo de rotación en la participación de las ONG;

67.

Reitera la necesidad de integrar las consultas en materia de respeto de derechos humanos en las restantes cuestiones que están dentro del ámbito de las relaciones ruso-europeas; pide que se integren las consultas en el resto de los diálogos políticos, las negociaciones y los documentos a que den lugar las relaciones UE-Rusia y subraya que el desarrollo de los derechos humanos en Rusia tiene un efecto decisivo, especialmente en el marco de los cuatro «espacios comunes» de cooperación o en el marco de un futuro acuerdo de asociación y cooperación, y está convencido de que no se podrá construir un espacio común de libertad, seguridad y justicia mientras las cuestiones de derechos humanos no sean una parte esencial de esa labor, incluyendo un mecanismo de consulta;

68.

Pide al Consejo y a la Comisión que establezcan unas obligaciones concretas y unos mecanismos eficaces de seguimiento y consiguiente control de las obligaciones asumidas por Rusia, además de la cláusula de derechos humanos, para lograr una mejora real de la situación preocupante de los derechos humanos en Rusia, como en el ámbito de la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de la prensa y los medios de comunicación; pide el cumplimiento de las recomendaciones y conclusiones de las instituciones internacionales y regionales, así como las evaluaciones presentadas por las ONG sobre el respeto por parte de Rusia de los principales acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado;

69.

Subraya la necesidad de tratar las cuestiones de derechos humanos y democracia de manera sistemática en el diálogo político previsto en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú; señala al respecto la necesidad de crear un mecanismo claro y transparente así como valores de referencia para el diálogo político establecido en el artículo 8 del Acuerdo; expresa su preocupación por el hecho de que, a falta de semejante mecanismo, existe un riesgo real de elusión de su artículo 96, en caso de urgencia especial en el ámbito de los derechos humanos;

70.

Pide al Consejo y a la Comisión que respeten el compromiso de la UE establecido en el artículo 8 (diálogo político), el artículo 9 (derechos humanos, principios democráticos, el Estado de derecho y buena gobernanza) y los artículos 96 y 97 (consultas) del Acuerdo de Cotonú; pide la participación de la sociedad civil en los diálogos del artículo 8, así como la participación informal de la sociedad civil en la preparación de las consultas del artículo 96 que debería conducir a una mejora de la transparencia y del control democrático;

71.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE un informe que defina un mecanismo claro y transparente destinado a permitir la evaluación de los resultados positivos y las deficiencias del diálogo político con los países ACP;

72.

Destaca los resultados positivos del proceso de consultas llevado a cabo en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, debido en parte a su carácter institucionalizado y transparente así como a su vínculo directo con la ayuda al desarrollo comunitaria, y observa que son particularmente evidentes cuando se adoptan medidas positivas como resultado del diálogo destinadas a apoyar a los países ACP en el cumplimiento de las normas democráticas y el respeto de los derechos humanos; reitera su llamamiento para que se extienda también este ejemplo al resto de los diálogos;

73.

Acoge con satisfacción el refuerzo del diálogo político con los países de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), y pide a la Comisión que vele por que las cuestiones relacionadas con los derechos sociales y los derechos humanos no ocupen un lugar secundario por detrás de los intereses económicos y financieros de los países de Asia Central y la Unión Europea en los ámbitos de la energía, la construcción y el comercio;

74.

Acoge con satisfacción la adopción por el Consejo Europeo, en junio de 2007, del proyecto de estrategia de la UE para una nueva asociación con Asia Central, que incluye una estrategia en materia de derechos humanos y democratización que se puede utilizar como marco para el diálogo político;

75.

Pide al Consejo y a la Comisión que establezcan un enfoque global y coherente a corto y medio plazo hacia la región de Asia Central en su conjunto, pero también para cada uno de los países, que incluya la mencionada estrategia en materia de derechos humanos y democratización;

76.

Saluda la petición del Consejo a las autoridades de Uzbekistán para la instauración de un diálogo regular en materia de derechos humanos, y toma nota de la celebración de una primera ronda en Tashkent los días 8 y 9 de mayo de 2007, así como de la celebración de dos reuniones de expertos sobre la masacre de Andijan; considera que la implantación de dicho diálogo regular no debe suponer en sí misma justificación suficiente para el levantamiento de las sanciones;

77.

Pide que el Parlamento participe en la decisión del inicio de dicho diálogo y que se tomen en cuenta el resto de las propuestas mencionadas en la presente resolución en el desarrollo de dicho diálogo;

78.

Pide al Consejo que se establezcan indicadores concretos y orientados a la obtención de los objetivos perseguidos en el diálogo con Uzbekistán, prestando especial atención a la situación de los defensores de los derechos humanos;

79.

Pide al Consejo y a la Comisión que aprovechen la situación actual, en que han expirado acuerdos de asociación y cooperación con varios países vecinos, para negociar nuevos acuerdos, con el objeto de introducir los derechos humanos y un diálogo efectivo sobre los mismos en los futuros acuerdos, incluido un mecanismo de seguimiento;

80.

Señala que el principal objetivo de la PEV es establecer una relación privilegiada con los vecinos orientales y meridionales de la UE sobre la base de un compromiso mutuo con valores comunes, fundamentalmente en los ámbitos del Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos, opina que los diálogos de la EU podrían tener un mayor impacto sobre la reforma en los países vecinos destinatarios de la PEV teniendo en cuenta la existencia de una Subcomisión de Derechos Humanos y el resultado de los diálogos en dicha Subcomisión; señala que, en el caso de regímenes no democráticos o de violaciones graves de los derechos humanos, el diálogo sobre derechos humanos debe combinarse con una reacción más enérgica como, por ejemplo, críticas públicas y otras medidas apropiadas;

81.

Pide a la Comisión que utilice un lenguaje más claro y que introduzca compromisos específicos y mensurables por parte de los socios participantes en la PEV, en los Planes de acción y en el mandato de las subcomisiones de derechos humanos, y subraya la necesidad de que el Consejo y la Comisión procuren lograr una mayor participación activa de la sociedad civil, tanto en Europa como en los países socios participantes en la PEV, en la elaboración y la supervisión de los Planes de acción de la PEV, así como en la aplicación de la cláusula relativa a los derechos humanos y a la democracia; acoge con satisfacción la posibilidad de facilitar, en el marco de la IEDDH, apoyo financiero a los proyectos destinados a la supervisión de los Planes de acción de la PEV;

82.

Pide a la Comisión que se esfuerce en mayor medida por establecer subcomisiones de derechos humanos para todos los países participantes en la PEV que carecen de ellas, y que ponga en funcionamiento las que todavía no son activas a fin de garantizar un procedimiento de supervisión efectivo y perfeccionado en lo que se refiere a la aplicación de los objetivos en materia de derechos humanos y democracia establecidos en los Planes de acción;

83.

Toma nota de que en las subcomisiones de justicia, libertad y seguridad constituidas con Moldova y Ucrania se han examinado las cuestiones relacionadas con los derechos humanos; no obstante, reitera el objetivo final, consistente en la creación de subcomisiones independientes dedicadas exclusivamente a los derechos humanos para todos los países participantes en la PEV, incluidos los del Cáucaso Meridional; llama la atención sobre el constante deterioro de la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y subraya, por consiguiente, la necesidad particular de que se cree una subcomisión de derechos humanos con ese país lo antes posible;

84.

Pide a la Comisión y al Consejo que velen por la existencia de una auténtica cooperación entre las subcomisiones de derechos humanos y las encargadas de justicia y asuntos de interior, al estar todas estas cuestiones íntimamente relacionadas; al respecto, pide que se mantenga plenamente informado al Parlamento sobre los preparativos y el proceso de supervisión en este asunto;

85.

Pide al Consejo y a la Comisión que consideren la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo o consultas en materia de derechos humanos con Libia;

86.

Pide al Consejo que, a la espera de la firma de un acuerdo de asociación, considere la posibilidad de establecer un mecanismo de diálogo sobre derechos humanos con Siria;

87.

Subraya la necesidad de establecer una subcomisión institucionalizada de derechos humanos con Israel que sustituya al mecanismo provisional actual;

88.

Insta al Consejo a que informe e involucre a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y a las delegaciones del Parlamento en las comisiones parlamentarias de cooperación existentes entre la UE y lospaíses vecinos orientales;

89.

Pide al Consejo y a la Comisión que examinen la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo específico para realizar un seguimiento de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos de la UE con América Latina y América Central, por ejemplo, completando las cláusulas sobre derechos humanos con planes de acción operativos (similares a los Planes de acción de la PEV) y a través del establecimiento de subcomisiones de derechos humanos, y, en este sentido, subraya la necesidad de informar plenamente a las comisiones mixtas y a los consejos mixtos de los resultados de estos diálogos, a fin de reforzar la integración de los derechos humanos en los diálogos políticos de la UE con los países de esas regiones;

90.

Pide, por lo tanto, a la Comisión que lleve a cabo una evaluación anual de la situación de los derechos humanos en los países de América Latina sobre la base de los Planes de acción y de las subcomisiones de derechos humanos que se creen;

91.

Pide al Consejo y a la Comisión que integren a la sociedad civil en el desarrollo de los diálogos sobre derechos humanos, con una participación adecuada del sector sin ánimo de lucro, y considera que el diálogo con México debe reforzarse y reestructurarse a fin de que pueda utilizarse como referencia para el resto de los países de América Latina;

92.

Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan los derechos humanos en las negociaciones en curso de los acuerdos de asociación con la Comunidad Andina, América Central y Mercosur, y que informen al PE de los avances en este ámbito;

93.

Pide al Consejo que informe e involucre a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos;

94.

Señala que los acuerdos de comercio y cooperación de la UE con terceros países prevén que su aplicación debe ser supervisada periódicamente por comisiones mixtas; señala que en las comisiones mixtas, se crearon, con carácter experimental, grupos de trabajo específicos sobre derechos humanos, buena gobernanza, Estado de derecho y reforma administrativa con Bangladesh, Vietnam y Laos en 2003;

95.

Considera que el Consejo debería iniciar estos diálogos con arreglo a los mismos criterios y que sus resultados deberían debatirse dentro del diálogo político para, de esta forma, aumentar la coherencia de la política de la UE en materia de derechos humanos con terceros países; en este sentido, pide al Consejo y a la Comisión que informen al Parlamento sobre el resultado de estos diálogos;

96.

Pide una vez más que la cláusula sobre derechos humanos y democracia se amplíe a los nuevos acuerdos entre la UE y terceros países, tanto industrializados como en desarrollo, incluidos acuerdos sectoriales como los de pesca, agricultura, sector textil, comercio y ayuda técnica o financiera, en la línea de lo realizado con los países ACP;

97.

Pide al Consejo, y en especial a la troika, que aplique las recomendaciones formuladas en la presente resolución a todos los diálogos ad hoc sobre derechos humanos, para que dichos diálogos se desarrollen de una manera más transparente y coherente con el resto de políticas externas de la UE, informando antes y después de su desarrollo al resto de las instituciones y, en particular, al Parlamento Europeo y a las ONG;

98.

Pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas en la presente resolución a los diálogos establecidos en el marco de la dimensión exterior del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y que, en aras de la coherencia interinstitucional, mantenga informados sobre su desarrollo, contenido y resultados al resto de las instituciones y, en particular, al Parlamento y a las ONG;

99.

Pide al Consejo que aplique también las propuestas arriba expuestas a las consultas de la troika con los países afines y que incremente la transparencia y la coherencia con otras políticas de la UE, y recomienda que esas consultas sobre derechos humanos se utilicen para buscar sinergias y compartir experiencias a la vez que se abordan las cuestiones de derechos humanos con respecto a los países afines;

100.

Acoge favorablemente la reciente apertura para informar a la sociedad civil de la agenda de estos diálogos y pide al Consejo que adopte la misma actitud hacia el Parlamento; pide que se formalice de manera sistemática una sesión de información con el Parlamento Europeo sobre el contenido y los resultados de los mismos;

101.

Pide al Consejo que aplique también las propuestas arriba expuestas a todos los diálogos políticos con terceros países, especialmente por lo que respecta a la agenda y el contenido del diálogo;

102.

Pide a los servicios del Parlamento que incrementen la coordinación interna entre sus órganos, facilitando información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en terceros países, y pide que la Unidad de Derechos Humanos del Parlamento Europeo reciba recursos financieros y humanos más sustanciales para cumplir dicha misión;

103.

Pide al Consejo y a la Comisión que integren en la agenda de los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos, las recomendaciones y conclusiones de las resoluciones del Parlamento, en particular las que se refieren a los derechos humanos, y los informes de las delegaciones del Parlamento Europeo;

104.

Insiste en que los derechos de la mujer deben entenderse como parte intrínseca de los derechos humanos; insta a la Comisión a que, incluya de forma sistemática y explícita el fomento y la protección de los derechos de la mujer en todos los diálogos y consultas de la UE en materia de derechos humanos con terceros países; en este contexto, destaca la necesidad de crear un mecanismo transparente, específico para los derechos de las mujeres, para el control del cumplimiento de la cláusula de derechos humanos de los acuerdos internacionales exteriores de la UE y de tomar las medidas necesarias en caso de incumplimiento de dicha cláusula;

105.

Recuerda la importancia de la sociedad civil, en particular de las ONG que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres, y recomienda su plena participación en los diálogos entre la UE y los terceros países en este ámbito;

106.

Pide al Consejo y a la Comisión que incrementen la interacción de las iniciativas de género y de la sociedad civil en el marco de los instrumentos europeos existentes en materia de derechos humanos, y que alienten a los terceros países a garantizar la colaboración y coordinación del trabajo de todos los organismos y mecanismos del ámbito de los derechos humanos;

107.

Pide a la Comisión que supervise de forma sistemática la ratificación y la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo en el marco del diálogo sobre derechos humanos con terceros países y que informe al respecto a su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en sus comparecencias periódicas; pide a la Comisión y al Consejo que aseguren que los derechos garantizados por la Convención se respeten en estos terceros países, con el fin de colmar la brecha entre la existencia de los derechos de la mujer y el ejercicio efectivo de dichos derechos;

108.

Recomienda que la Comisión establezca una lista de discriminaciones específicas por razón de género de acuerdo con la CEDAW y los Pactos de derechos humanos en los procesos y métodos de producción, tal y como están definidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de crear una base de datos de productos y marcas cuya importación a la UE pudiera, en su caso, prohibirse;

109.

Reitera que los derechos de la mujer deben abordarse explícitamente en los diálogos sobre los derechos humanos y, en particular, el combate y la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas todas las formas dañinas de prácticas tradicionales o usuales, como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces o forzados, todos los tipos de trata de seres humanos, la violencia doméstica y el feminicidio, la explotación en el trabajo y la explotación económica;

110.

Insiste en la inclusión sistemática de los derechos de la mujer en un enfoque basado en el género para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y de niños para la explotación sexual y laboral o la extracción de órganos;

111.

Insiste en que deben tomarse medidas específicas para fomentar que las mujeres asuman un mayor protagonismo en el mercado de trabajo, la vida económica y social, la vida política y el proceso de toma de decisiones, la prevención y solución de conflictos y las tareas de pacificación y reconstrucción; recomienda una participación amplia y equilibrada desde el punto de vista del género de los diputados del Parlamento en la evaluación de los proyectos de derechos humanos financiados por la CE y una participación más directa del Parlamento Europeo en el diálogo sobre derechos humanos con terceros países;

112.

Insta a la Comisión a que facilite formación en materia de los derechos humanos de la mujer para preparar al personal y funcionarios de las delegaciones de la Comisión, en particular a quienes participen en actividades de derechos humanos y ayuda humanitaria;

113.

Insta a la Comisión a que presente una propuesta de código de conducta para los funcionarios de las instituciones y órganos comunitarios, en particular cuando se encuentren en misiones de la UE ante terceros países, de forma similar al código de conducta de las Naciones Unidas; considera que este código debe manifestar con claridad la reprobación de la compra de servicios sexuales y otras formas de explotación sexual y de violencia basadas en el género, y contener las sanciones pertinentes en caso de mala conducta, y que se debe informar con detalle a los funcionarios sobre el contenido de este código de conducta antes de enviarles a una misión;

114.

Recomienda la adopción de medidas que refuercen la seguridad de las mujeres y las niñas en los campos de refugiados y que garanticen y protejan los derechos humanos de las personas desplazadas;

115.

Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen la aplicación de la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción; insta al Consejo y a la Comisión a que animen a los terceros países a incorporar la perspectiva de género en los programas de acción nacionales y a integrar transversalmente los derechos humanos y la perspectiva de género en las políticas nacionales;

116.

Insta a la Comisión a que, en sus diálogos sobre derechos humanos con terceros países, asegure la elaboración de un programa completo de educación en materia de derechos humanos, con el fin de concienciar a las mujeres sobre sus derechos humanos y aumentar la sensibilización general en materia de derechos humanos de las mujeres;

117.

Insta al Consejo y a la Comisión a que alienten a los terceros países a incorporar el principio de la igualdad de hombres y mujeres en sus legislaciones, a que aseguren, a través de la legislación y de otros instrumentos adecuados, la consecución de este objetivo y a que garanticen el respeto de estos derechos en todos los ámbitos.

118.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo (incluido a su Secretario General/Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, su Representante Permanente para temas de derechos humanos, Riina Kionka, y los miembros del COHOM) y a la Comisión (incluidos los jefes de sus delegaciones en terceros países), así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los copresidentes de las comisiones parlamentarias de cooperación y de las delegaciones interparlamentarias entre la UE y los países interesados.

—

Visto el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (1),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,

—

Vista la Declaración final de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo del 26 de Agosto al 4 de septiembre de 2002,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible (COM(2006) 0360),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2) sobre la Comunicación de la Comisión,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0298/2007),

A.

Considerando que la mayor parte de los recursos pesqueros comunitarios de mayor valor comercial están sobreexplotados o cerca de la sobreexplotación,

B.

Considerando que la sostenibilidad de los recursos pesqueros es fundamental para garantizar, a largo plazo, la actividad de pesca y la viabilidad del sector pesquero,

C.

Considerando que el sistema de conservación y gestión comunitario basado en totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas no ha permitido una explotación racional de los recursos, que por el contrario, debido a su rigidez y a su sometimiento a directrices políticas y no biológicas, ha entorpecido esta gestión racional, dificultando el control y favoreciendo los descartes,

D.

Considerando que el sistema de conservación y gestión comunitario debe basarse en la investigación científica en el ámbito de la pesca y disponer de información estadística fidedigna, detallada y relativa a un largo período de años,

E.

Considerando las distintas y sucesivas modificaciones y adaptaciones del sistema de gestión de la política pesquera común (PPC), superponiendo el régimen de TAC y cuotas y el régimen de esfuerzo pesquero, estableciendo distintos planes de recuperación que han tenido resultados muy dispares, y estableciendo sucesivas medidas para el desguace de flota que no han dado tampoco los resultados esperados y han repercutido negativamente en los ámbitos económico y social,

F.

Considerando que las mencionadas adaptaciones en su mayoría solo han logrado una disminución de la rentabilidad y la competitividad de la flota comunitaria, tanto en el ámbito interno de la UE como en el ámbito internacional, complicando de manera creciente la aplicación de la legislación pesquera para el sector, que se enfrenta a normas cada vez más complejas y en cambio permanente sin la menor oportunidad de planificar su actividad a medio y largo plazo, y sin que ello haya tenido consecuencias significativas en la mejora de los recursos,

G.

Considerando que la UE asumió en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el compromiso de procurar que los recursos pesqueros comunitarios alcancen los niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS) antes del año 2015,

H.

Considerando que la comunidad científica en general considera que la formulación original del modelo RMS ha quedado superada debido a la dificultad de trasladar a la gestión un modelo matemático de carácter teórico, que necesita de un conocimiento detallado de la evolución de las poblaciones y de largas series históricas de datos para ser formulado con precisión, y que cualquier fallo, error o incertidumbre en el modelo conduce inevitablemente a una pesquería por encima del RMS,

I.

Considerando que en un sistema de gestión de las pesquerías es necesario asumir un determinado grado de incertidumbre científica, y desviaciones o errores en la definición de un modelo, debido a fallos en el reclutamiento de las especies o a variaciones ambientales, entre otras razones, lo que conduce inevitablemente bien a definiciones erróneas de RMS, bien a incumplimientos del objetivo,

J.

Considerando que desde las primeras formulaciones de RMS el mundo científico ha ido presentando nuevos enfoques de este modelo tratando de corregir sus defectos y suplir sus carencias,

K.

Considerando que la aplicación del RMS resulta de una enorme complejidad en la gestión de las pesquerías multiespecíficas, que constituyen la mayoría de las que son explotadas por la flota comunitaria y que no es un modelo aplicable a las pesquerías pelágicas,

L.

Considerando que una aplicación estricta del RMS resultaría a corto plazo en una disminución muy considerable, y a veces drástica, de la actividad, del empleo y de los ingresos de la flota comunitaria,

M.

Considerando que la gestión pesquera debe tener en cuenta análisis más completos sobre los efectos naturales y otros efectos de las interrelaciones entre las especies, además de los efectos derivados de la actividad humana, que contribuyen a la contaminación marina y a la destrucción de los ecosistemas marinos,

N.

Considerando que la flota comunitaria necesita imperativamente un sistema de gestión que, al mismo tiempo que equilibre el esfuerzo pesquero en relación con los recursos disponibles, le otorgue una mayor estabilidad empresarial y le permita una mejor planificación de su actividad; teniendo en cuenta que cualquier período de transición hacia un nuevo modelo necesitará medidas de acompañamiento financiero,

1.

Acoge con el mayor interés la Comunicación de la Comisión, valorando muy especialmente su reconocimiento de que la actual política de gestión pesquera ha fracasado y su objetivo de crear un nuevo modelo de gestión que permita recuperar los recursos, adaptar el esfuerzo pesquero a la realidad de las pesquerías y proporcionar mayor rentabilidad y estabilidad a la flota pesquera;

2.

Destaca la necesidad de que todas las futuras medidas de modificación del actual sistema de conservación y gestión comunitario se adopten con la plena participación de los pescadores y estén basadas en la investigación científica en el ámbito de la pesca;

3.

Recuerda la necesidad de reforzar los importes destinados a la investigación científica sobre la pesca en el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico, como medio de contribuir a la mejora del sistema comunitario de conservación pesquera mediante el desarrollo de modelos teóricos de gestión pesquera, su aplicación, un mejor análisis del estado de los recursos, de los efectos naturales y de otros efectos de las interrelaciones entre las especies, así como mediante la mejora de los artes de pesca;

4.

Toma nota de la intención de la Comisión de lograr estos objetivos a través de la implantación del RMS como punto de referencia para la gestión de las pesquerías pero advierte, no obstante, de que para una gran mayoría del cuerpo científico, incluyendo a la FAO, el modelo clásico de RMS está superado por otros enfoques de vanguardia que tienen en cuenta el ecosistema en su globalidad e incorporan aspectos ambientales, interrelaciones entre poblaciones y aspectos económicos y sociales entre otros;

5.

Observa que científicos eminentes han desarrollado en los últimos años nuevos métodos, basados en simulaciones informáticas pesqueras, que emulan el enfoque RMS sin considerarlo un objetivo explícito, y tienen debidamente en cuenta los riesgos, los factores medioambientales y las posibles interacciones entre las especies, y que tales métodos podrían en principio ampliarse para tener en cuenta factores sociales y económicos específicos;

6.

Alerta sobre las dificultades de aplicar el modelo de RMS a las pesquerías multiespecíficas, mayoritarias en la UE, ya que si se aplica el RMS de la especie principal el resto podría resultar sobreexplotado, mientras que si se aplica, como parecería lógico, el de la especie en peor estado, habría que renunciar a las capturas de especies en buena situación biológica, con las consiguientes pérdidas económicas, de empleo y de competitividad, lo que por otra parte es totalmente contradictorio con la obtención del rendimiento máximo sostenible como tal;

7.

Tiene que lamentar, por tanto, la falta de análisis y de soluciones de la Comunicación de la Comisión sobre estos aspectos en particular y de una evaluación más profunda de lo que supone la aplicación de un modelo de RMS en general, de sus carencias y particularidades de implantación y de los riesgos que cualquier fallo en el modelo puede conllevar; deplora en particular la ausencia de análisis sobre la evolución del RMS y las ventajas que podrían aportar los distintos enfoques;

8.

Entiende, en consecuencia, que una propuesta para la implantación del RMS no está lo suficientemente madura y que habría que profundizar más y mejor en los problemas, carencias y objetivos de la propia política de conservación y gestión comunitaria con el fin de decidir con valentía política las medidas adecuadas para llevar a cabo el cambio más necesario en la actual PPC;

9.

Teniendo en cuenta lo anterior tiene que mostrar su perplejidad ante recientes medidas de la Comisión elaboradas para cumplir con el modelo de RMS, como el propio Reglamento de TAC y cuotas para 2007 (3), cuando la propia Comisión ha reconocido en diferentes debates y foros que son necesarios aún muchos estudios sobre diferentes aspectos de la aplicación del RMS;

10.

Expresa su inquietud por que, en el contexto del ambicioso objetivo de cambiar el enfoque del sistema de conservación y gestión de la PPC, no se aproveche la oportunidad para definir con claridad el sistema de acceso a los recursos, y que continúe el solapamiento de los sistemas de TAC y cuotas y de esfuerzo pesquero; considera que la Comisión no debe dejar pasar esta oportunidad para definir el sistema de acceso a los recursos que mejor actúe a favor de la sostenibilidad, dificulte los descartes, simplifique las medidas técnicas, elimine las discriminaciones y la competencia exacerbada por el recurso, otorgue la necesaria flexibilidad y mejore la competitividad del sector;

11.

Subraya que cualquier modificación en el sistema de gestión debe contar, obligatoriamente, con mecanismos de compensación adecuados y suficientes desde el punto de vista financiero, para lo que se necesita un estudio de impacto de las consecuencias socioeconómicas de la propuesta final; pide a la Comisión que desarrolle estas medidas junto con el nuevo sistema de gestión y, a ser posible, que las integre;

12.

Destaca que tanto el estado lamentable de las poblaciones de peces en las aguas europeas como las dificultades encontradas por el sector pesquero de la UE significan que deben adoptarse medidas cuanto antes, y que nuevos retrasos no pueden sino suponer nuevas dificultades para el sector y nuevos retrasos en la vuelta a la rentabilidad;

13.

Solicita que se sigan estos pasos antes de tomar una decisión y, por tanto, pide un debate abierto y mayoritario en el que se analicen otros posibles enfoques de gestión con el fin de lograr el más amplio consenso posible para las modificaciones que se deben llevar a cabo en la política de gestión comunitaria;

14.

Aboga, en definitiva, por la instauración progresiva de un sistema que pueda culminar en una política pesquera cada vez más adaptada a la capacidad biológica de unos recursos en recuperación, de manera que la sostenibilidad de las pesquerías comunitarias esté más cerca de ser una garantía que una preocupación y así se perciba cuando en cualquier parte del mundo circulen productos pesqueros comunitarios; que permita a la flota una estabilidad y una planificación correcta a cada vez más largo plazo y que, en definitiva, instaure un sistema de acceso a los recursos estable, en el que los TAC o las cuotas sólo deban modificarse en casos puntuales y de manera semiautomática, en lugar de año a año y por criterios distintos a los meramente científicos;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

—

Vistos el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (COM(2006) 0744) y el Compendio de Derecho comunitario en materia de consumo — Análisis comparativo (1),

—

Vista la legislación comunitaria vigente en el ámbito de la protección de los consumidores, del comercio electrónico y del desarrollo de la sociedad de la información,

—

Vistas su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre el Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro (2), su Resolución de 7 de septiembre de 2006 sobre el Derecho contractual europeo (3) y su Resolución de 21 de junio de 2007 sobre la confianza de los consumidores en un entorno digital (4),

—

Vista la audiencia pública sobre la revisión del acervo comunitario en materia de consumo, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2007,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0281/2007),

A.

Considerando que un 48 % de los minoristas está preparado para realizar transacciones transfronterizas, pero que sólo el 29 % lo hace realmente; que un 43 % de los minoristas opina que sus ventas transfronterizas aumentarían si las disposiciones legislativas que regulan las transacciones con los consumidores fueran las mismas en toda la Unión Europea (5),

B.

Considerando que la mitad de los europeos (50 %) desconfía más de las compras transfronterizas que de las compras interiores; que más de los dos tercios (71 %) piensan que, en el caso de las compras transfronterizas, es más difícil solucionar determinados problemas como las reclamaciones, las devoluciones de mercancía, la reducción de precios o las garantías (6),

C.

Considerando que el objetivo principal de esta revisión consiste en llegar a establecer un verdadero mercado interior de los consumidores, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre un elevado nivel de protección del consumidor y la competitividad de las empresas,

D.

Considerando que el 90 % de las empresas en Europa son empresas muy pequeñas que, por su naturaleza, establecen una relación directa y de confianza con los consumidores, por lo general en una marcada dimensión de proximidad, y que es conveniente tener en cuenta estas peculiaridades en el marco de la revisión del acervo comunitario en materia de protección del consumidor,

E.

Considerando que el enfoque de la armonización mínima no ha logrado el objetivo de la armonización y, después de veinte años de evolución de la legislación en materia de consumo, no ha conseguido crear un mercado interior del comercio minorista en beneficio de los ciudadanos,

F.

Considerando la necesidad de simplificar las ocho directivas (7) sobre protección de los consumidores mencionadas en el Libro Verde y de darles coherencia para evitar la fragmentación y garantizar la modernización de la legislación comunitaria en materia de protección del consumidor,

G.

Considerando que está resuelto, en beneficio de los 493 millones de ciudadanos y consumidores de la Comunidad, a completar el mercado interior y a eliminar las restricciones de la competencia que aún persisten en el Derecho contractual y mercantil,

H.

Considerando que, con el fin de reforzar la confianza de los europeos en el mercado interior, es necesario proporcionar mayor seguridad jurídica tanto para los consumidores como para los agentes económicos, así como garantizar la aplicación efectiva de la legislación vigente,

I.

Considerando que la revisión, que afectará al Derecho contractual de consumo, debería tener como fundamento los actuales trabajos sobre el Derecho contractual y la creación de un marco común de referencia para el Derecho contractual europeo e integrarse en el mismo de manera coherente.

1.

Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo, en particular el objetivo establecido de modernizar, simplificar y mejorar el marco reglamentario que rige para los profesionales y los consumidores para facilitar de este modo el comercio transfronterizo y fortalecer la confianza de los consumidores;

2.

Preconiza que esta revisión se centre en la actualización de las ocho directivas sobre protección de los consumidores mencionadas en el Libro Verde y en darles coherencia; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (8), en el que se especifiquen las cuestiones relativas a la confianza de los consumidores;

3.

Considera fundamental que el legislador comunitario adopte las iniciativas necesarias para subsanar las contradicciones existentes entre las directivas en materia de protección al consumidor que entran en este ejercicio de revisión;

4.

Considera esencial tener una visión global clara de la manera en que se relacionan e interactúan los diferentes regímenes jurídicos y reglamentarios que rigen las actividades en el ámbito del Derecho de consumo y mercantil a escala de la UE, en particular respecto de la relación entre los instrumentos que se creen en el marco de la revisión y los que se ocupan de los conflictos de leyes (9), así como los que se basan en el principio del país de origen (como la Directiva sobre el comercio electrónico);

5.

Expresa su preferencia por la adopción de un enfoque mixto o combinado, a saber, un instrumento horizontal destinado prioritariamente a establecer la coherencia de la legislación existente y que permita llenar los vacíos al reagrupar, en Derecho constante, las cuestiones transversales del conjunto de las directivas; considera que las cuestiones específicas que no entran en el ámbito de aplicación del instrumento horizontal se habrán de seguir elaborando por separado para cada una de las directivas sectoriales;

6.

Considera que el instrumento horizontal debería ser objeto de examen periódico y de una evaluación en cuanto a su eficacia e impacto, con miras a su revisión en caso necesario;

7.

Se opone a que la revisión del acervo comunitario se aproveche para ampliar el contenido normativo de las directivas sectoriales vigentes o para añadir directivas;

8.

Considera que el instrumento horizontal debería aplicarse lo más ampliamente posible al conjunto de los contratos celebrados con consumidores, independientemente de si se trata de transacciones nacionales o transfronterizas, con el fin de evitar la introducción de un nuevo elemento de complejidad al imponer al consumidor regímenes jurídicos diferentes en función de la naturaleza de la transacción;

9.

Recuerda que la armonización no debe traducirse en una disminución del nivel de protección del consumidor alcanzado en algunos dispositivos nacionales sino que debería conducir a un nivel de protección del consumidor comparable en todos los Estados miembros;

10.

Se felicita de la propuesta de la Comisión relativa a un instrumento horizontal y reconoce las posibles ventajas de lo que algunos han calificado como una directiva «básica» sobre derechos del consumidor; propone que en el instrumento horizontal, con las cuestiones transversales, que debe atender a la coherencia de conceptos y a la eliminación de lagunas e incongruencias, se parta del principio de la armonización plena específica;

11.

Propone que las herramientas sectoriales objeto de esta revisión se basen en el principio de la armonización mínima combinado con el principio de reconocimiento mutuo en lo que se refiere al ámbito coordinado; observa, no obstante, que esto no excluye una armonización máxima específica allí donde resulte necesaria en interés de los consumidores y de los profesionales;

12.

Recuerda que en el estado actual del Derecho, en lo referente a los ámbitos no coordinados, la legislación aplicable queda determinada por las reglas del Derecho internacional privado, en particular por el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I); en este sentido, convendrá, con ocasión de los debates en curso, evitar las divergencias entre dicho Convenio y los actos legislativos comunitarios específicos;

13.

Recomienda que en los instrumentos sectoriales se incluya una cláusula de mercado interior que permita que los consumidores se beneficien plenamente del mercado interior;

14.

Señala que los epígrafes 4 y 5 del Anexo I del Libro Verde recogen una amplia lista de cuestiones jurídicas en materia de contratos con los consumidores, algunas de las cuales ya formaban parte del trabajo sobre el marco común de referencia; que muchas de ellas tienen un carácter altamente «político», por lo que, si hubiera de integrarse alguna norma general en un instrumento armonizado a escala de la UE, debería producirse un amplio debate analítico, también de carácter público;

15.

Propugna la inclusión en el instrumento horizontal de determinadas cuestiones transversales, aplicables a todos los contratos con consumidores, cuando, por ejemplo, favorecen la coherencia de las definiciones comunes, de las normas generales sobre los requisitos en materia de información y la elaboración del funcionamiento de los derechos de retractación y renuncia;

16.

Considera que las definiciones de «consumidor» y «profesional» no son coherentes ni en la legislación comunitaria ni en las legislaciones nacionales y que es esencial aclarar estos conceptos en el instrumento horizontal, en la medida en que determinan el ámbito de aplicación del Derecho de consumo;

17.

Considera esencial definir como «consumidor» a toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad profesional; considera asimismo necesario definir como «profesional» a toda persona que actúe con fines relacionados con su actividad profesional;

18.

Propone que se incluyan en el instrumento horizontal las definiciones de «forma escrita» y «soporte duradero de datos»;

19.

Se opone a la inserción en el instrumento horizontal de una cláusula general de buena fe y actuación leal aplicable a los contratos de consumo;

20.

No considera conveniente aplicar las reglas relativas a las cláusulas abusivas a las cláusulas que hayan sido objeto de negociación individual para no restringir la libertad contractual de las partes;

21.

Considera que, con el fin de reforzar la confianza de los consumidores en el mercado interior, debería instaurarse un dispositivo más protector, conservando al mismo tiempo un margen de flexibilidad; pide a la Comisión que, más adelante, examine la utilización de una fórmula que combine una lista negra de cláusulas prohibidas y una lista gris de cláusulas presuntamente abusivas y otras cláusulas, cuyo carácter abusivo pudiera demostrar el consumidor a través de una acción judicial, sobre la base de criterios armonizados y preestablecidos;

22.

Rechaza la idea de extender la prueba de deslealtad a todas las cláusulas esenciales del contrato, incluidas las referentes al objeto principal y a la adecuación del precio, habida cuenta del principio de libertad contractual;

23.

Considera que, en esta fase, es complejo determinar una reglamentación general relativa a los efectos contractuales derivados del incumplimiento de la obligación de informar que tenga en cuenta las características de cada contrato;

24.

Subraya la necesidad de unificar las modalidades para fijar el inicio del plazo y para el cálculo del plazo, favoreciendo el método de cálculo basado en días naturales, con el fin de reforzar la seguridad jurídica de las transacciones;

25.

Considera que la duración del plazo debe armonizarse cuando resulte objetivamente justificado;

26.

Subraya que la confianza del consumidor en el mercado interior se verá reforzada si el instrumento horizontal prevé que el consumidor pueda retractarse del contrato; considera que se deberán armonizar las modalidades de retractación con el fin de mejorar la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para los agentes económicos, y que el instrumento horizontal debería afirmar que los consumidores no deberían tener que soportar costes distintos de los gastos directos de devolución de las mercancías;

27.

Opina que, en un instrumento horizontal, los Estados miembros pueden prever excepciones al derecho de retractación a nivel nacional si el contrato se establece en forma de documento público;

28.

Considera que la introducción de un «formulario tipo de retractación» en todas las lenguas comunitarias simplificaría el procedimiento, reduciría los costes y aumentaría la transparencia y la confianza de los consumidores;

29.

Opina que la introducción de soluciones contractuales generales va más allá de esta revisión, en la medida en que este concepto depende del Derecho contractual vigente en cada uno de los Estados miembros;

30.

Recuerda el debate sobre las acciones colectivas y opina que merecen consideración ulterior;

31.

Considera oportuno examinar las cuestiones relativas a la protección de los consumidores cuando celebran contratos de suministro de contenido digital, de programas informáticos y de datos, habida cuenta del grado de protección previsto por la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo; pide a la Comisión que analice esta cuestión en profundidad para determinar si es oportuno proponer una o varias reglamentaciones específicas o aplicar a este tipo de contrato las normas contempladas en la mencionada Directiva;

32.

Propone que esta cuestión se excluya del ámbito de aplicación del instrumento horizontal y se mantenga la posibilidad para los Estados miembros de prever que el concepto de bien de consumo no incluya los bienes de segunda mano vendidos en subastas públicas; preconiza, sin embargo, la adopción de normas específicas para las subastas en línea;

33.

Considera que el concepto de entrega y la reglamentación de la transmisión del riesgo están estrechamente vinculados; propone, por consiguiente, incluir en el instrumento horizontal una definición común del concepto de entrega, pero concediendo prioridad por principio a los acuerdos contractuales;

34.

Considera que el instrumento horizontal podría útilmente establecer que la duración de la garantía legal se amplíe por un período idéntico al período de inmovilización del bien para reparación;

35.

Subraya, sin embargo, que el instrumento horizontal no debería incluir reglas específicas para los bienes de segunda mano con el fin de respetar las reglas adoptadas por los Estados miembros según sus propias tradiciones jurídicas;

36.

Propone que se mantenga el principio de la presunción refutable en su forma actual;

37.

Considera que el instrumento horizontal podría establecer un orden de compensación en caso de mala ejecución, dado que la rescisión del contrato de venta está reservada a la ejecución incompleta del contrato o a incumplimientos especialmente graves del mismo;

38.

Considera conveniente que el instrumento horizontal elimine las divergencias existentes en materia de notificación de la falta de conformidad que son actualmente fuente de confusión;

39.

Considera que no es pertinente introducir la responsabilidad directa de los productores por falta de conformidad;

40.

Subraya que el conjunto de las cuestiones relativas a la garantía comercial (contenido, transmisión, limitación) no depende del marco jurídico sino del principio de libertad contractual; considera, por consiguiente, que estas cuestiones no deberían formar parte del instrumento horizontal;

41.

Insiste en que la presente revisión, que trata de los contratos con consumidores, debería integrarse coherentemente con los trabajos que se están llevando a cabo sobre legislación en materia de contratos en general, en el interior del proceso de realización de un marco común de referencia; destaca, por consiguiente, que la presente revisión y los trabajos sobre el marco común de referencia deben progresar de manera complementaria, aunque reconoce que este deseo de coherencia no debe impedir ni retrasar el proceso actual de revisión;

42.

Subraya la necesidad de garantizar la eficacia del Derecho de consumo con el fin de reforzar la confianza de los consumidores en el mercado interior;

43.

Exhorta a la Comisión a mejorar los dispositivos existentes de protección e información del consumidor, así como a velar por la buena aplicación y el cumplimiento de las normas vigentes;

44.

Insta a la Comisión a que evalúe minuciosamente el impacto de las medidas propuestas en el marco de la presente revisión a fin de garantizar que aumentan la confianza de los consumidores sin añadir cargas innecesarias para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y que contribuyen a la realización del mercado interior;

45.

Insta a la Comisión a que coordine su actuación en el plano interno y a que fomente la evolución coherente de la legislación sectorial;

46.

Recomienda que se apliquen escrupulosamente los principios de «Legislar mejor»;

47.

Insta a los Estados miembros a que refuercen la cooperación entre sus autoridades nacionales encargadas de la aplicación del Derecho de consumo, así como a que faciliten los recursos judiciales o extrajudiciales para permitir a los consumidores hacer valer sus derechos a nivel europeo;

48.

Pide a los Estados miembros que asuman su responsabilidad de completar el mercado interior de bienes y servicios y que se abstengan de sobrerregular a partir de la legislación europea en materia de consumo; pide a los Estados miembros que, por el contrario, acuerden una estrategia coherente para una armonización con objetivos prefijados de la legislación en materia de consumo, combinada con una cláusula sobre el mercado interior que incremente la confianza de los consumidores en el funcionamiento de dicho mercado;

49.

Apoya las iniciativas en curso y previstas de la Comisión en materia de educación de los consumidores; opina que podría hacerse más mediante la cooperación entre administraciones públicas y empresas con vistas a fomentar una oferta de formación de calidad elevada en el ámbito financiero para mejorar la formación financiera general, la calidad de los productos y la legitimidad del conjunto del sector; celebra el estudio encargado por la Comisión sobre iniciativas de formación financiera general en la Unión Europea, cuyos resultados se esperan para finales de 2007;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

—

Vista la primera sesión formal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Birmania, de 29 de septiembre de 2006,

—

Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, de 18 de julio de 2007, así como la carta dirigida a este último por 92 diputados birmanos con fecha de 1 de agosto de 2007, que incluía una propuesta para la reconciliación nacional y la democratización en Birmania,

—

Vista la denuncia sin precedentes formulada por el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger, el 28 de junio de 2007, en relación con violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas por el Gobierno de Birmania contra la población civil y personas detenidas, y su petición de que el Gobierno birmano adopte medidas urgentes para poner fin a estas violaciones y evitar que se reproduzcan,

—

Visto el Reglamento (CE) no 481/2007 de la Comisión, de 27 de abril de 2007, por el que se renuevan las medidas restrictivas aplicables a Birmania/Myanmar (1),

—

Vista la prórroga, con fecha de 1 de agosto de 2007, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, de las restricciones a la importación contenidas en la Ley sobre la Libertad y la Democracia en Birmania (Burmese Freedom and Democracy Act), de 2003,

—

Vista la solicitud pública formulada el 23 de agosto de 2007 por el Jefe del Grupo Interparlamentario de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), Zaid Ibrahim, de que China se sirva de su influencia para resolver la crisis en Birmania,

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Vista la octava reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Asia y Europa (ASEM), celebrada en Alemania los días 28 y 29 de mayo de 2007,

—

Visto el anuncio del movimiento 88 Generation Students, de 8 de agosto de 2007, con ocasión del decimoséptimo aniversario de la victoria de la Liga Nacional para la Democracia (LND) en las elecciones parlamentarias de 27 de mayo de 1990, en el que se condenan las propuestas constitucionales formuladas por la Convención Nacional, que entraron en su última fase el 18 de julio de 2007,

—

Visto el anterior informe (18 de julio de 2007) de Human Rights Watch, según el cual la nueva constitución propuesta para Birmania mantendría un sistema represivo de orden militar,

—

Vistas sus Resoluciones, de 12 de mayo de 2005 (2), 17 de noviembre de 2005 (3), 14 de diciembre de 2006 (4)y 21 de junio de 2007 (5), sobre Birmania,

—

Vista la Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de 28 de agosto de 2007, sobre la detención de activistas en favor de la democracia en Birmania,

—

Vista la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (CEAP) de los días 8 y9 de septiembre de 2007,

—

Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A.

Considerando que la dirigente de la LND, Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz y el Premio Sájarov, ha pasado once de los últimos diecisiete años bajo arresto domiciliario,

B.

Considerando que el 15 de agosto de 2007 el Gobierno de Birmania suspendió sin previo aviso las subvenciones a los combustibles, lo que provocó un incremento en los precios de los combustibles de un 500 % aproximadamente, duplicó los costes del transporte y disparó el coste de los bienes y servicios básicos,

C.

Considerando que, según los cálculos de la Asociación Birmana de Asistencia a los Presos Políticos, más de 100 activistas de derechos humanos y manifestantes pacíficos fueron detenidos inmediatamente después de las protestas originadas por los incrementos en el precio de los combustibles el 15 de agosto de 2007,

D.

Considerando que la llamada Convención Nacional de Birmania ha concluido la redacción de los principios básicos de una nueva constitución, que carece de legitimidad y credibilidad internacional debido a la ausencia de unos representantes elegidos democráticamente,

E.

Considerando que el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo (CEPD) sigue sometiendo a la población birmana a terribles violaciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, la persecución de disidentes, la llamada a filas de niños soldados y los traslados forzados de población,

F.

Considerando que alrededor del 90 % de la población birmana vive cerca o por debajo del umbral de pobreza de un dólar diario; que más del 30 % de los niños menores de cinco años padecen desnutrición, las tasas de mortalidad debido a la malaria y la tuberculosis siguen siendo muy elevadas, la epidemia de VIH/SIDA se ha extendido entre la población en su conjunto, y casi la mitad de los niños en edad escolar jamás se matriculan,

G.

Considerando que la ASEAN ha empezado a tomar una posición más decidida con respecto a las violaciones cometidas por el régimen militar de Birmania insistiendo en que Birmania mejore su historial de derechos humanos y adopte un régimen democrático,

H.

Considerando que, por primera vez desde 1988, monjes budistas han participado recientemente en manifestaciones en contra del régimen, a pesar del toque de queda impuesto en Thanlyin desde el 19 de agosto de 2007,

1.

Deplora las medidas represivas adoptadas por el CEPD contra las personas que se manifestaron pacíficamente en contra del incremento del precio de los combustibles de 15 de agosto de 2007, la detención de más de 100 personas, y los ataques violentos a la población civil, y, de forma particularmente brutal, a las mujeres;

2.

Exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas desde el comienzo de las protestas el 19 de agosto de 2007, incluidos los dirigentes del movimiento 88 Generation Students, como Min Ko Naing, que ya ha pasado 16 años en la carcel, y Ko Ko Gyi, que ha pasado en la carcel 15 años;

3.

Expresa su profunda preocupación ante los efectos adversos que el considerable incremento de los precios de los bienes básicos está teniendo en la población birmana y ante el hecho de que la junta militar birmana sea manifiestamente incapaz de emplear los extraordinarios recursos naturales del país en beneficio del pueblo birmano;

4.

Expresa su profunda preocupación ante el incremento de la presencia militar en Rangún y los violentos ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad y organizaciones civiles afines;

5.

Condena enérgicamente el recurso a movimientos civiles como Union Solidarity and Development Association (USDA) y Swan Ahr Shin (SAS) para detener, atacar, intimidar y amenazar a manifestantes y activistas, y pide la disolución inmediata de estos grupos y otros similares;

6.

Exige la liberación inmediata e incondicional de Daw Aung San Suu Kyi;

7.

Condena la implacable represión de la población birmana por el CEPD, así como la persistente persecución y el encarcelamiento de activistas en favor de la democracia; llama particularmente la atención sobre el caso de U Win Tin, un periodista de 77 años de edad, encarcelado como prisionero político desde hace casi dos decenios por remitir una carta a las Naciones Unidas sobre los malos tratos infligidos a los prisioneros políticos y las penosas condiciones en que éstos se encuentran;

8.

Lamenta que, a pesar de las condiciones del país, de la crítica regional e internacional y de los cuarenta y cinco años de gobierno, el CEPD no haya respetado siquiera los derechos humanos más fundamentales ni hecho ningún progreso significativo hacia la democracia;

9.

Pide la interrupción del actual proceso constitucional ilegítimo y su sustitución por una Convención Nacional plenamente representativa, que incluya a la LND y a otros partidos y grupos políticos, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas, a fin de convertirlo en un proceso constitucional incluyente y democrático;

10.

Aplaude la intervención sin precedentes del Jefe del Grupo Interparlamentario de la ASEAN, en la que insta a China a que se esfuerce activamente por propiciar un cambio favorable en Birmania;

11.

Reitera su pesar ante el hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores birmano, Nyan Win, pese a la prohibición de viajar a la UE, pudiera asistir a la octava reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del ASEM celebrada en Alemania este año, apenas unos días después de que la Junta Militar birmana hubiera prorrogado el arresto domiciliario ilegal de Daw Aung San Suu Kyi un año más;

12.

Insiste en que se levanten el toque de queda nocturno impuesto a los monjes de Thanlyin y otras restricciones a la libertad de expresión de la oposición al régimen y a sus métodos;

13.

Insta a China y a la India, así como a Rusia, a que se sirvan de su notable influencia política y económica sobre el régimen birmano para conseguir mejoras sustanciales en el país y para poner fin, en cualquier caso, a los suministros de armamento y demás recursos estratégicos;

14.

Pide de nuevo a las empresas que invierten en Birmania que garanticen que, en la realización de sus proyectos, se respeten realmente los derechos humanos, y que, en caso de que se produzcan violaciones de los mismos, suspendan sus actividades en el país; expresa su decepción por el hecho de que varios países hayan considerado adecuado incrementar sustancialmente sus inversiones en Birmania sin consideración alguna hacia la precaria situación de los derechos humanos allí;

15.

Acoge con satisfacción las nuevas sanciones selectivas de la UE, pero admite que no se ha logrado producir con ellas el efecto deseado en los responsables directos del sufrimiento del pueblo birmano, por lo que pide al Consejo que analice los puntos débiles en el actual sistema de sanciones e introduzca otras medidas que puedan resultar necesarias para garantizar un mayor grado de eficacia;

16.

Insiste, en este contexto, en que todos los Estados miembros apliquen rigurosamente las medidas restrictivas previamente acordadas;

17.

Observa que, de conformidad con las medidas restrictivas contra Birmania, el apoyo se limita a la asistencia y la ayuda humanitaria a las personas más necesitadas;

18.

Pide a los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros que debatan medidas de refuerzo de la Posición Común del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas aplicables a Birmania con ocasión del próximo Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de los días 7 y 8 de septiembre de 2007;

19.

Insta a los Gobiernos del Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia y Eslovaquia, todos ellos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que lleven a cabo un esfuerzo conjunto para presentar y recabar un respaldo unánime para una resolución vinculante en relación con Birmania, en la que se incluya la liberación de Aung San Suu Kyi; observa que una resolución similar se aprobó en enero de 2007 pero fue vetada por China y Rusia y a la que se opuso también Sudáfrica; pide que se convoque una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación actual en Birmania;

20.

Insta a los Gobiernos de todos los Estados miembros de la UE que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a que lleven a cabo un esfuerzo conjunto para presentar y recabar el respaldo a una resolución sobre Birmania en la próxima sesión del Consejo, prevista para septiembre de 2007;

21.

Insta a los dirigentes presentes esta semana en Sydney con ocasión de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, de los días 8 y 9 de septiembre de 2007, a que aborden las recientes violaciones de los derechos humanos en Birmania y acuerden medidas que propicien un cambio en este país;

22.

Pide a Ibrahim Gambari, nombrado Consejero Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Birmania, que visite urgentemente Rangún y otras partes de Birmania, asegurándose de tener la ocasión de entrevistarse con Aung San Suu Kyi y con otros miembros destacados de la oposición, así como con personalidades del régimen;

23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Gobiernos de los países de la ASEAN, a la Liga Nacional para la Democracia de Birmania, al Consejo Estatal para el Desarrollo y la Paz de Birmania, al Gobierno de la República Popular de China, al Gobierno de la India, al Gobierno de la Federación de Rusia, al Gobierno de los Estados Unidos de América, al Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica y al Secretario General de las Naciones Unidas.

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bangladesh, en especial su Resolución de 16 de noviembre de 2006 (1),

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Visto el estado de emergencia decretado por el Gobierno provisional de Bangladesh el 11 de enero de 2007,

—

Vista la Declaración de la Presidencia de la UE, de 16 de enero de 2007, sobre los recientes acontecimientos políticos en Bangladesh,

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Vista la visita de la Troika de la UE a Bangladesh en junio de 2007,

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Visto el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladesh sobre colaboración y desarrollo (2),

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Vista la Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas de 17 de julio de 2007 sobre Bangladesh,

—

Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A.

Considerando que, en virtud de una decisión del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2007, las elecciones legislativas que debían haberse celebrado el 22 de enero de 2007 se aplazaron tras los actos de violencia electoral y que se ha anunciado que se celebrarán antes de finales de 2008,

B.

Considerando que la situación política anterior al establecimiento del estado de emergencia se caracterizaba por el rechazo del diálogo entre los principales agentes políticos, por antagonismos personales, por episodios ocasionales de violencia y por un nivel de corrupción extraordinariamente elevado,

C.

Considerando que el 11 de enero de 2007 se decretó el estado de emergencia y que el ex Gobernador del Banco Central, Fakhruddin Ahmed, encabezó un gobierno provisional con un programa dirigido a poner término a la corrupción,

D.

Considerando que la misión de observación electoral de la Unión Europea suspendió sus actividades el 22 de enero de 2007, ya que en aquel momento parecía remota la posibilidad de que las elecciones se desarrollaran de forma libre y justa,

E.

Considerando que el mismo día las Naciones Unidas decidieron retirar su ayuda al proceso electoral,

F.

Considerando que el Gobierno provisional apoyado por el Ejército, con el objetivo de poner término a la corrupción, ha introducido medidas represivas, entre las que se encuentra la prohibición de ejercer cualquier tipo de actividad política y la detención o acusación de más de 160 líderes políticos, entre los que se encuentran tres ex Primeros Ministros, Moudud Ahmed, Sheikh Hasina y Khaleda Zia, y más de 100 000 civiles,

G.

Considerando que se han denunciado frecuentes violaciones de la libertad de prensa, incluyendo detenciones y casos de tortura de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación,

H.

Considerando que las fuerzas comunes desarrollan un papel cada vez más importante en la lucha contra la corrupción a nivel nacional, con plenos poderes para llevar a cabo redadas en los hogares de las personas sospechosas y confiscar sus bienes,

I.

Considerando que parece peligrar cada vez más la larga tradición de democracia laica de Bangladesh, respetuosa de los derechos humanos y, en especial, de los derechos de la mujer, de la libertad de expresión y de la tolerancia religiosa,

J.

Considerando que Sigma Huda, famosa abogada de Bangladesh, activista de los derechos humanos y Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas fue detenida en julio de 2007 y condenada a tres años de prisión bajo la acusación de soborno y corrupción; que cada vez es mayor la preocupación por el hecho de que a Sigma Huda, gravemente enferma, se le niega el acceso a tratamiento médico especializado; que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, instó el 17 de julio de 2007 a las autoridades de Bangladesh a que respetaran plenamente los derechos fundamentales de Sigma Huda,

K.

Considerando que, de conformidad con el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal»,

L.

Considerando que, el 27 de agosto de 2007, el Tribunal Supremo anuló una sentencia judicial de liberación bajo fianza de Sheikh Hasina, ex Primera Ministra y Presidenta de la Liga Awami, que se encontraba detenida desde el 16 de julio de 2007,

M.

Considerando que la ex Primera Ministra Khaleda Zia y su hijo fueron detenidos el 3 de septiembre de 2007 en Dhaka por presuntos delitos de corrupción,

N.

Considerando que la Unión Europea y Bangladesh mantienen desde hace tiempo buenas relaciones e importantes vínculos comerciales,

1.

Pone de manifiesto su gran preocupación por la respuesta desproporcionada del Ejército y de las fuerzas policiales ante las protestas estudiantiles de finales de agosto de 2007 en la Universidad de Dhaka; considera que las manifestaciones son la prueba de la impopularidad del papel político que desempeña el Ejército; acoge con satisfacción el hecho de que el 28 de agosto de 2007 se levantara el toque de queda impuesto a causa de dichas protestas; pide la liberación inmediata de las personas detenidas tras los disturbios de estudiantes y profesores, entre los que se encuentran Anwar Hossain, Harun Ur Rashid, Saidur Rahman Khan y Abus Sobhan, miembros de la asociación de docentes Shikkhok Samity;

2.

Pone de manifiesto su gran preocupación por la detención y por la justificación de su mantenimiento en prisión de Sheikh Hasina, Presidenta de la Liga Awami, detenida el 16 de julio de 2007 bajo la acusación de extorsión, y de la Presidenta del Partido Nacionalista de Bangladesh, Khaleda Zia, bajo la acusación de corrupción; pide a las autoridades de Bangladesh que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y dentro del respeto del Estado de Derecho; insta en especial al Gobierno provisional de Bangladesh a que base su campaña de lucha contra la corrupción únicamente en delitos importantes en el contexto de procesos penales por corrupción;

3.

Insta a las autoridades de Bangladesh a que permitan el acceso a todos los tribunales a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a las partes interesadas y a observadores internacionales, como diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea o personal de la delegación de la Comisión, con objeto de que puedan cerciorarse de que el proceso se desarrolla de manera justa e imparcial;

4.

Manifiesta su profunda preocupación por las condiciones de detención de Sigma Huda, condenada bajo la acusación de soborno, y en especial, por el hecho de que no pueda acceder al tratamiento médico que necesita con urgencia; insta a las autoridades de Bangladesh a que presten a Sigma Huda toda la asistencia médica y la ayuda que necesita debido a su estado de salud; pide a las autoridades de Bangladesh que respeten los derechos fundamentales de Sigma Huda, en especial, el derecho a recibir en prisión la visita de sus familiares y amigos; pide a las autoridades que autoricen inmediatamente estas visitas;

5.

Lamenta que, aunque registra avances en la lucha contra la corrupción, el Gobierno provisional ha dado pruebas de menos energía al afrontar las reformas políticas; pide el retorno de la democracia y el fin del estado de emergencia en Bangladesh; pide, en especial, que se ponga término a la prohibición de ejercer actividades políticas, con objeto de que todos los partidos y organizaciones políticas puedan prepararse para unas elecciones abiertas y justas, como garantiza la Constitución;

6.

Toma nota de la publicación por parte de la Comisión Electoral de un plan de acción para las elecciones en julio de 2007 y de los esfuerzos emprendidos para renovar el proceso de inscripción en el censo y modificar la legislación en materia electoral; insta, no obstante, al Gobierno provisional a que reconsidere el plan de acción para estas elecciones y a que acelere sus preparativos;

7.

Acoge con satisfacción el compromiso contraído por la Unión Europea de prestar plena asistencia técnica a las autoridades de Bangladesh para la organización de las elecciones; pide a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que retome en cuanto sea factible y aconsejable sus actividades a largo plazo;