—

Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (el «Acuerdo de Cotonú») (2), y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (3), y, en especial, sus artículos 8, 17, apartado 2, 20, 31, 33, 96 y 97,

—

Reconociendo que un clima político que garantice la paz, la seguridad y la estabilidad, el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos, forma parte integrante del desarrollo a largo plazo (preámbulo del Acuerdo de Cotonú),

—

Poniendo de relieve que, de conformidad con el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, el «respeto del conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluido el respeto de los derechos civiles fundamentales, la democracia basada en el Estado de derecho y una gestión transparente y responsable de los asuntos públicos forman parte integrante del desarrollo sostenible»,

—

Subrayando que, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, «las Partes ejercerán una política activa, global e integrada de consolidación de la paz y prevención y resolución de los conflictos» basada en el principio de la apropiación, y que debe concentrarse, en particular, en el desarrollo de la capacidad regional,

—

Vista su Resolución sobre el diálogo político ACP-UE (artículo 8 del Acuerdo de Cotonú), aprobada en su 8a sesión, celebrada en La Haya el 25 de noviembre de 2004,

—

Vista su Resolución sobre la rehabilitación posconflicto en los países ACP, aprobada en su 9a sesión, celebrada en Bamako el 21 de abril de 2005,

—

Vista su Resolución sobre el papel de los Parlamentos nacionales en la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú, aprobada en su 10a sesión, celebrada en Edimburgo el 24 de noviembre de 2005,

—

Vista su Resolución sobre el papel de la integración regional en el fomento de la paz y la seguridad, aprobada en su 11a sesión, celebrada en Viena el 22 de junio de 2006,

—

Vista la Resolución sobre la cooperación ACP-UE, la implicación en los procesos electorales en los países ACP y el papel de la Asamblea Paritaria (ACP-UE 2748/99/fin),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE (COM(2000) 0191),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países (4),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2001, sobre la comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE (5),

—

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 31 de marzo de 2004, sobre la gobernanza en la política de desarrollo de la Unión Europea (6), y 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo (7),

—

Vistos la Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones, de 24 de octubre de 2005, aprobados por el Parlamento Europeo el 16 de mayo de 2007,

—

Vistos la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pueblos y todos los instrumentos jurídicos internacionales y regionales pertinentes,

—

Vista la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), que ha establecido un mecanismo para evaluar la actuación de los Gobiernos africanos en todos los sectores mediante el Mecanismo de evaluación inter pares africano (APRM),

—

Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurídicos internacionales, que abogan por mecanismos de acción positiva intencionados, inmediatos y sostenibles para corregir los desequilibrios creados por la historia, la tradición o las costumbres que excluyen a las mujeres de la participación en la esfera pública,

—

Vistos el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los compromisos de la OSCE, acordados en Copenhague en 1990,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, promulgada en Niza el 7 de diciembre de 2000,

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos todos los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 100.123/07/def.),

A.

Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, constituyen un objetivo global de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y deben ser parte integrante de la política exterior de la Unión Europea,

B.

Considerando que los esfuerzos para promover el respeto de los derechos humanos y la democracia como objetivos fundamentales de las políticas de relaciones exteriores de la UE fracasarán si no se da a los principios inherentes suficiente prioridad con respecto a los intereses relacionados con la seguridad, económicos y políticos,

C.

Considerando que la reducción de la pobreza, el principal objetivo de la política de desarrollo de la Unión, requiere la existencia de una verdadera democracia participativa y de unos Gobiernos responsables y exentos de corrupción,

D.

Considerando que la Asamblea Paritaria, que representa a los pueblos de los Estados ACP-UE, es un componente clave de las relaciones ACP-UE y puede contribuir esencialmente a la profundización de la dimensión política de la futura cooperación ACP-UE,

E.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú otorga un mandato a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE para promover procesos democráticos a través del diálogo y la consulta,

F.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE constituye un foro único para el diálogo entre los parlamentarios ACP y de la UE, asimismo en materia de derechos humanos y democracia,

G.

Considerando que la democracia a nivel político implica mucho más que el simple acto de emitir periódicamente un voto, y abarca la totalidad del proceso de participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones,

H.

Considerando que el derecho a que los ciudadanos participen en la gestión de los asuntos públicos puede lograrse a través de una amplia gama de mecanismos políticos democráticos,

I.

Consciente de la necesidad de consolidar las capacidades de los parlamentos de los países en desarrollo para que puedan ejercer de manera efectiva sus competencias de control ejecutivo y de autoridad presupuestaria,

J.

Reconociendo la vital importancia de la participación de los agentes no estatales y la sociedad civil para el funcionamiento de la democracia, así como del papel que las iglesias y las comunidades o las organizaciones religiosas, los líderes comunitarios tradicionales y la sociedad civil, en forma de ONG y foros nacionales, podrían desempeñar a la hora de promover la paz o de proporcionar mediación mediante la creación de oportunidades para debatir y resolver las diferencias,

K.

Considerando que la libertad de los medios de comunicación es uno de los elementos esenciales de unas elecciones democráticas, ya que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre las distintas opiniones políticas, debiendo tener todas las fuerzas políticas democráticas, así como los candidatos, libre acceso a los medios de comunicación,

L.

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los ciudadanos deben disfrutar del derecho a elegir a representantes libremente escogidos mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, que constituye un elemento esencial de la democracia y el Estado de derecho, con el que están comprometidos la Unión Europea y los estados ACP en virtud de sus distintas obligaciones legales,

M.

Considerando que la Unión Europea debería desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a los Estados ACP, de hacer valer los derechos humanos y la democracia, de alentar la promoción de estos derechos a través de su acción exterior y de responder de forma rápida y efectiva en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos,

N.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, son elementos esenciales de la buena gobernanza,

O.

Considerando que debe garantizarse y promoverse la universalidad, la individualidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, que quiere decir no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales,

P.

Considerando que el pluralismo político, la libertad de expresión, la igualdad de acceso a los medios de comunicación durante la campaña, el secreto de las votaciones y el respeto de los derechos fundamentales de los candidatos son elementos esenciales de unas elecciones democráticas, libres y justas,

Q.

Reconociendo que el proceso electoral es crucial para determinar en qué medida se respetan los principios clave del pluralismo político, lo que requiere, por lo tanto, que los países organicen las elecciones de conformidad con unas normas reconocidas a nivel internacional y regional,

R.

Considerando que la observación y la asistencia electorales son elementos clave de la estrategia global de la UE para el respeto de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y del Estado de derecho y el fomento del desarrollo en sus relaciones con los países en desarrollo,

S.

Considerando que el fomento de la democracia a través de la asistencia electoral debe basarse en la observación previa del entorno político del país en cuestión, y que el control de las elecciones debe formar parte de un proceso continuo de observaciones y de apoyo a la democratización,

T.

Considerando que la observación de elecciones, en particular por parte de parlamentarios democráticamente elegidos, es vital para reforzar la legitimidad del proceso electoral, aumentar la confianza pública en las elecciones, evitar el fraude electoral, mejorar la protección de los derechos humanos y contribuir a la solución de conflictos,

U.

Considerando que unas delegaciones y unas misiones de observación de las elecciones ACP-UE constituidas de manera uniforme pueden contribuir al mismo tiempo a calmar situaciones críticas en los países en cuestión,

V.

Considerando que el Parlamento Europeo debería asumir un papel preponderante en el control electoral de la UE, dada su legitimidad democrática y su experiencia específica, y que ello acrecentaría el perfil político de dichas misiones,

W.

Profundamente preocupado por el hecho de que muchos estados ACP inestables que se encuentran en transición de una situación de conflicto a la democracia, con una capacidad institucional limitada para celebrar elecciones libres, justas y seguras, puedan revertir fácilmente a la situación de conflicto si no cuentan con el respaldo de fuerzas de pacificación electoral para salvaguardar las elecciones y los procesos electorales,

X.

Preocupada asimismo por el hecho de que la presencia de fuerzas de seguridad armadas delante de los colegios electorales, así como la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre y la militarización de los ciudadanos en varios países ACP incrementan el riesgo de intimidación, acoso y brotes de violencia durante las elecciones, lo que dificulta que muchas personas puedan votar,

Y.

Considerando que la participación de las mujeres como agentes de procesos democráticos en la toma de decisiones en el marco de la cooperación ACP-UE es insatisfactoria y requiere medidas especiales para corregir esos desequilibrios,

Z.

Consciente de que estados ACP-UE como Ruanda, Suecia, Sudáfrica y Uganda, entre otros, que han logrado una representación femenina del 30 % en los Parlamentos nacionales, lo han hecho mediante la institucionalización de distintas formas de acción positiva en favor de las mujeres,

AA.

Convencido de que es extremamente necesario institucionalizar la educación cívica, la formación y la concienciación pública de los candidatos, los votantes y el personal electoral,

AB.

Considerando que es necesario que los gobiernos nacionales establezcan financiación pública para los partidos políticos a fin de evitar que dependan de influencias externas y de impedir que aquellos partidos que dependan de fuentes externas puedan ejercer influencia a favor de su interés específico en dichos países y fomentar la corrupción,

AC.

Reconociendo que el establecimiento y el respaldo de marcos institucionales para promover la democracia, la buena gobernanza, la paz y la seguridad, la rendición de cuentas y los derechos humanos son esenciales para potenciar las elecciones y los procesos electorales libres y justos,

AD.

Señalando que en varios países ACP se impide de diversas maneras a los partidos de la oposición actuar libremente por lo que se refiere a captar miembros y a ejercer sus derechos de libertad de asamblea, asociación y expresión,

1.

Invita a todos los Estados a reconocer la importancia de unas elecciones libres, igualitarias y secretas como uno de los postulados para garantizar la democracia y a entender que unas elecciones libres y justas y unas instituciones nacionales legítimas son un requisito previo para la democracia, pero no garantizan la gobernanza democrática;

2.

Afirma que hay normas y principios democráticos universales recogidos en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales que deben constituir un principio de orientación al que deben ajustarse los países mientras establecen instituciones y marcos democráticos;

3.

Exhorta a los gobiernos en ejercicio a garantizar una competencia justa entre los partidos y grupos políticos, de modo que las elecciones puedan cumplir con las normas internacionales, y subraya la necesidad de evitar cualquier modificación tardía del sistema electoral, tal como cambiar el proceso o eliminar a votantes del censo;

4.

Respalda el que los Estados empleen un sistema político — ya sea pluralidad/mayoría, representación proporcional o una mezcla — que refleje su entorno histórico y cultural y aborde los principios fundamentales de participación de todos los ciudadanos en la gobernanza democrática;

5.

Respalda el que los estados empleen un modelo de gestión electoral cimentado en un modelo independiente que reconozca el desarrollo histórico y cultural del estado en cuestión y pueda garantizar unas elecciones libres y justas; y subraya que dicho organismo de gestión electoral no debe tener un sesgo gubernamental y debe emplear a funcionarios independientes y neutrales;

6.

Destaca que lo más importante en la preparación de unas elecciones es, por una parte, evitar el mal uso del derecho electoral y el fraude electoral y, por otra, asegurar la inclusión de todos los electores en las listas electorales con una carga administrativa aceptable y mediante un procedimiento lo más sencillo, comprensible y menos costoso posible;

7.

Destaca que lo más importante en la preparación de unas elecciones es, por una parte, garantizar una votación sin obstáculos ni represiones y, por otra, evitar que se produzcan manipulaciones en el recuento de votos, así como asegurar que en todas las fases se pueda acceder de forma transparente y pública a los resultados;

8.

Destaca que las medidas soberanas y las medidas de terceros que se adoptan deliberadamente con la intención de influir en la preparación, ejecución o el desarrollo posterior de unas elecciones o de falsificar su resultado deben ser objeto de sanciones penales adecuadas;

9.

Exhorta a todos los Estados a seguir consolidando el papel de las mujeres en la arena política, como votantes y como candidatas, a través de incentivos voluntarios o constitucionales para que las mujeres se presenten como candidatas;

10.

Insta a los gobiernos a establecer un régimen jurídico que deje margen para unos medios de comunicación independientes, libres y equilibrados, asegurándose de que el estado no tenga una posición monopolista o dominante y fomentando unos medios de comunicación privados y amplios que no estén dominados por un grupo o individuo;

11.

Insta a los responsables políticos a que velen por que en los medios de comunicación de masas, en particular en la televisión y, sobre todo, en la radio, ya que a través de la radio se puede llegar también a la población analfabeta y a los habitantes de regiones alejadas, se difunda información objetiva sobre las elecciones, por ejemplo sobre los procedimientos de inscripción, sistemas electorales, horarios de los colegios electorales, partidos o candidatos en liza, etcétera; considera que es asimismo importante difundir esta información también en las lenguas locales y regionales;

12.

Invita a todos los gobiernos a reconocer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los relacionados con la libertad de expresión y de asamblea y con el fomento de los derechos de la oposición a participar de forma significativa en los procesos electorales;

13.

Insta a todos los Estados a prever un trato equitativo y la igualdad política de los ciudadanos (sobre todo aquellos grupos que hayan sido tradicionalmente marginados o las minorías) y a proporcionar una formación totalmente exhaustiva y universal en relación con las elecciones;

14.

Exhorta a todos los estados a establecer unos mecanismos jurídicos que salvaguarden la participación efectiva de la oposición y les permita movilizarse y vender sus alternativas políticas libremente para estimular la competencia política;

15.

Insta a los estados ACP-UE a establecer políticas nacionales basadas en el respeto de los valores, principios y normas de la democracia y los derechos humanos y destinadas a desarrollar el Estado de derecho, garantizar la transparencia de los procesos electorales, consolidar la eficiencia de los servicios jurídicos y de seguridad y luchar contra las políticas discriminatorias de exclusión y violencia durante las elecciones;

16.

Invita a los estados ACP-UE a integrar las cuestiones de género en las políticas nacionales mediante la introducción de disposiciones legislativas destinadas a afianzar las medidas positivas en favor de las mujeres (cuotas), así como a asegurarse de que dichos mecanismos de acción positiva sean capaces de garantizar una representación mínima de mujeres en puestos de toma de decisiones del 30 %;

17.

Invita a los Estados a asegurarse de que las leyes sobre partidos políticos aborden la importancia de la inclusión en igualdad de condiciones de las mujeres en las listas electorales de los partidos, así como que promuevan la democracia interna en dichos partidos mediante normas claras y que a las mujeres que no tienen una buena posición económica les presten un apoyo especial en las campañas electorales a fin de que puedan hacer su campaña como los candidatos masculinos, por lo general mejor situados económicamente;

18.

Alienta a los Estados a establecer un organismo electoral independiente desde el punto de vista constitucional que no esté sujeto a la dirección y el control de ninguna autoridad y que sea responsable de organizar, llevar a cabo y supervisar las elecciones; demarcar las circunscripciones electorales; recabar, mantener, revisar y actualizar el censo electoral; recibir las denuncias relacionadas con las elecciones que surjan antes y durante las mismas y dictaminar al respecto, y formular y llevar a cabo programas de educación electoral de los votantes, entre otras funciones;

19.

Exhorta a los Estados ACP a castigar severamente el uso indebido de fondos de las campañas electorales, las promesas deshonestas y los regalos de promoción destinados a influir de forma masiva en el voto, la compra de votos, las amenazas de recurrir a la violencia en caso de votación controvertida y el fraude electoral;

20.

Invita a los países ACP a establecer un marco nacional para financiar a todos los partidos políticos, basado en la representación proporcional de los partidos en la asamblea nacional, como se hace en Sudáfrica, Namibia y Seychelles, y alienta también a los países ACP a prohibir la financiación externa de los partidos políticos;

21.

Subraya que unas elecciones no pueden tener éxito si no se presta una atención suficiente a las tres etapas del proceso electoral — el período pre-electoral, el período electoral y el período post-electoral — ya que, a su manera, cada una de ellas es decisiva y debe reconocerse como tal;

22.

Insta a todos los estados a dedicarse a la preparación plena de las elecciones a través de un organismo de gestión electoral que mejore la libertad de expresión, así como la libertad de los partidos para movilizarse y captar miembros;

23.

Aboga por un censo electoral transparente, que incluya a todos los ciudadanos y prevea la educación a gran escala de los votantes; y pide que las listas del censo estén disponibles a su debido tiempo, de modo que todos los ciudadanos sean conscientes de su inclusión en el censo y de que haya suficiente tiempo para impugnarlas antes de que los ciudadanos depositen su voto;

24.

Invita a los organismos de gestión electoral a hacer todo lo posible para garantizar unas elecciones justas y seguras a través de la accesibilidad total a los colegios electorales y de la transparencia en el recuento y en la tabulación de los resultados;

25.

Exhorta a los candidatos y a los partidos a hacer todo lo que esté en su mano para prevenir la violencia y la intimidación en las elecciones;

26.

Subraya la necesidad de que los observadores de elecciones sigan el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones (suscrito por las Naciones Unidas en octubre de 2005) y de que sus recomendaciones sean tenidas firmemente en cuenta por los estados que soliciten la observación de elecciones;

27.

Insta a todos los Estados a que doten a los procesos electorales de normas destinadas a alcanzar la máxima transparencia, lo que incluye la participación de observadores nacionales neutrales procedentes de organizaciones de la sociedad civil que, mediante un proceso de acreditación, estén facultados para acceder a todos los colegios electorales y presenciar todo el proceso electoral, desde la apertura de los colegios hasta el final del recuento de votos, y que emitan una valoración sobre su desarrollo, debiéndose comprometer a observar una estricta neutralidad política;

28.

Insta a los Estados a que también faciliten libre acceso a los colegios electorales, desde su apertura al cierre y el término del recuento de votos, a los representantes acreditados de los partidos, que deberán observar una actitud estrictamente neutral y no hacer ningún tipo de propaganda en favor de sus partidos; reafirma su constatación de que la observación crítica por parte de las fuerzas políticas en liza limita considerablemente el riesgo de abusos y fraudes;

29.

Destaca la necesidad de designar observadores electorales en la APP, que representen de forma paritaria a las partes ACP y UE, y de enviarlos a todos los países ACP en los que la Unión Europea se ha comprometido a apoyar los procesos democráticos, y hace hincapié en la importancia de enviar estas delegaciones de observación de elecciones a diferentes ciudades y regiones, a fin de obtener una imagen lo más detallada posible de los hechos;

30.

Considera absolutamente necesario que se informe a los observadores electorales sobre el país de que se trate, así como sobre su situación política y social, que viajen al país con tiempo suficiente para informarse in situ y conocer la zona en que van a trabajar y que permanezcan ahí hasta que el desenlace de las elecciones esté próximo, ya que sólo entonces es posible emitir un juicio fiable;

31.

Insta a que la totalidad del Derecho electoral nacional permita la compensación y las denuncias sobre las elecciones, que deberán ser abordadas por mecanismos efectivos a través de una judicatura independiente, y a que se reconozca la importancia del período post-electoral;

32.

Aboga por el apoyo post-electoral de un gobierno que sea elegido en unas elecciones legítimas que cumplan con las normas internacionales y regionales, y pide que se adopte una postura firme contra los gobiernos que no sean el resultado de unas elecciones libres y justas;

33.

Invita a la comunidad internacional de donantes y, en especial, a la Comisión Europea a organizar asistencia post-electoral para consolidar las instituciones democráticas recientemente elegidas, las organizaciones de la sociedad civil y las ANS, en especial para supervisar la aplicación de la democracia en el país;

34.

Invita a los Estados ACP-UE a asegurarse de que el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes y las milicias reciban la máxima prioridad en todos los programas de reconstrucción posconflicto a fin de asegurarse de que el período que conduce a reformas democráticas para la celebración de elecciones sea seguro y esté exento de violencia;

35.

Invita a los Estados, y a los Estados ACP-UE en particular, a apoyar y a consolidar la aplicación y el seguimiento del Protocolo de Nairobi sobre armas ligeras y de pequeño calibre, a fin de asegurarse de que no se conviertan en armas utilizadas para intimidar a los opositores y a los votantes durante el período electoral;

36.

Insta a los Estados ACP y de la UE a que establezcan mecanismos para garantizar el apoyo de los estados que surjan de conflictos, como la República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona y Liberia, mediante el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz durante el período previo a las elecciones y después de las mismas, a fin de consolidar la paz y la seguridad mientras se efectúan reformas democráticas en dichos países;

37.

Invita a la UE a crear un punto para centralizar y coordinar el apoyo a la democratización, así como la asistencia electoral y la observación de elecciones; e insta a la UE a hablar con una sola voz por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la democracia y las elecciones;

38.

Recomienda que las tres instituciones de la UE tengan conjuntamente papeles definidos y complementarios en el ámbito de la democracia, la asistencia electoral y la observación de elecciones que puedan maximizar la eficiencia y la capacidad de la UE;

39.

Reconoce la importancia de la democracia en la prevención de conflictos (violentos) y para el éxito del desarrollo económico a largo plazo;

40.

Reconoce la labor realizada por la Comisión Europea en el proceso de observación de elecciones, y subraya el importante papel desempeñado por los miembros del PE en las delegaciones de observación de elecciones de la UE, y expresa la voluntad de continuar la buena cooperación ya establecida;

41.

Subraya la importancia de una coherencia clara en la política de la CE relativa a los procesos electorales, que aporte continuidad y armonización a la observación de elecciones y a la asistencia electoral para asegurar el respeto del ciclo electoral;

42.

Invita a los Estados miembros de la UE y a los países ACP a trabajar en colaboración y a aumentar la cooperación en el ámbito del desarrollo democrático y de los procesos electorales; y recomienda que se lleven a cabo más misiones conjuntas ACP-UE, especialmente en el ámbito de la democratización;

43.

Insta a la UE y a los Estados ACP a respaldar la colaboración con otras organizaciones internacionales, agentes no estatales, ONG, la sociedad civil, las autoridades locales y los movimientos de base para mejorar o solidificar el apoyo a la gobernanza democrática;

44.

Invita a los estados a consagrarse al desarrollo de capacidades y a la formación para los administradores electorales y parlamentarios (así como a apoyar y a consolidar a los partidos políticos);

45.

Exhorta al respeto y a la garantía de la igualdad de acceso al voto, así como de los derechos civiles y políticos de los grupos desfavorecidos y marginados, como las personas con discapacidad, las minorías étnicas y otras minorías y los desplazados;

46.

Recomienda iniciativas de formación de alto nivel dirigidas a la sociedad civil, los Parlamentos nacionales, el Parlamento Panafricano y el personal de administración electoral, que deben ser llevadas a cabo por adelantado, de forma permanente y no justo antes del período electoral;

47.

Insta a los Estados a apoyar un planteamiento sostenible para aumentar la capacidad nacional de administrar procesos electorales y de consolidar la democratización;

48.

Insta a los Estados a observar los procesos electorales siempre que existan las condiciones necesarias para celebrar elecciones democráticas y que los países en cuestión soliciten dicha observación, como medio de asegurar que sean libres y justas, y a promover iniciativas de asistencia electoral a través de una mejor planificación y ejecución de las actividades;

49.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y a los Parlamentos nacionales y regionales, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo y a la Unión Africana.

—

Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación ACP-UE (2), firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, en el ámbito del apoyo a las inversiones y al desarrollo del sector privado, y de comercio,

—

Vistos los informes de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo de 2005 y 2006 y su informe sobre el desarrollo económico en África (Report on Economic Development in Africa: Rethinking of the Role of Investment, 2006),

—

Visto el informe de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) sobre su estudio de la inversión extranjera directa en África (Africa Foreign Investor Survey, 2005/2006),

—

Vista la Declaración de Ciudad del Cabo de marzo de 2002 sobre las próximas negociaciones para el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales,

—

Vistos la Declaración de las Naciones Unidas (2000) sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y su compromiso para erradicar la pobreza,

—

Vistos los compromisos contraídos por la comunidad internacional en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), en especial el de movilizar recursos internacionales y favorecer el flujo neto de recursos financieros y la cooperación técnica para el desarrollo con el fin de, entre otras cosas, alcanzar los ODM,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE 100.126/07/def.),

A.

Considerando la importancia de la función que desempeña la IED en el proceso de desarrollo de los países receptores, en particular poniendo a su disposición tanto capital como tecnología y, de ese modo, proporcionándoles técnicas, conocimientos especializados y acceso al mercado, lo que contribuye a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos y a aumentar la productividad,

B.

Considerando que el flujo de capital privado hacia países en desarrollo ha ido en aumento en los últimos años y que su importancia como fuente de financiación se ha acrecentado hasta ser comparable con la de la ayuda oficial al desarrollo (AOD),

C.

Considerando que la IED estimula el crecimiento mediante la incorporación de nuevos medios y tecnologías al proceso de producción del país receptor, y que puede mejorar las capacidades de abastecimiento del mercado en los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y contribuir a crear un nexo dinámico entre inversiones y exportaciones que ayude a estos países a alcanzar sus objetivos de crecimiento y desarrollo económicos, incluyendo los ODM,

D.

Considerando que la IED puede desempeñar un papel importante en la transformación de las economías africanas, pero que su impacto depende de la calidad, y no de la cantidad; destacando que, por lo que se refiere a las relaciones UE-África, el reto consiste en reflexionar de manera crítica sobre la manera de atraer y de regular el tipo de IED que apoyará el crecimiento equitativo creando empleo y apoyando y potenciando las actividades locales,

E.

Consciente de los obstáculos a los flujos de IED, que varían enormemente entre regiones del grupo de Estados ACP y dentro de esas mismas regiones, y que comprenden, entre otros, asuntos básicos de gobernanza, el marco jurídico y el clima empresarial, la fortaleza de las instituciones, el grado de intermediación financiera y factores de localización como transportes e infraestructuras, educación, disponibilidad de mano de obra cualificada y salud,

F.

Considerando que la mayoría de los países ACP han aplicado legislación en el ámbito económico que ofrece un amplio abanico de garantías y oportunidades a los inversores extranjeros, como la eliminación de obstáculos a la adquisición de terrenos y bienes inmuebles y a la circulación de capitales extranjeros, garantizando de este modo a los inversores extranjeros el derecho a repatriar capital y beneficios,

G.

Considerando que muchos de los países ACP han promulgado legislación en el ámbito económico que permite a los inversores extranjeros participar en programas de privatización y ofrece generosos incentivos fiscales,

H.

Considerando que los países ACP han firmado 210 tratados bilaterales de inversión con Estados miembros de la UE y también, cada vez con más frecuencia, con otros países en desarrollo,

I.

Considerando que la disponibilidad de recursos financieros adicionales, principalmente mayores flujos de IED y oportunidades de comercio, reviste una importancia considerable para la estabilidad económica y social y el desarrollo sostenible de los países ACP,

1.

Considera que, ante la carencia de recursos adecuados para financiar el desarrollo a largo plazo y la dificultad cada vez mayor de alcanzar los ODM para 2015, la solución de atraer IED ha pasado a ocupar un lugar destacado en las estrategias de renovación económica;

2.

Hace hincapié en la necesidad de apoyar a los países ACP en su intento de atraer mayores flujos de inversiones extranjeras directas y obtener la transferencia de la tecnología apropiada con el fin de estimular su desarrollo y competitividad;

3.

Considera que sería necesario revisar las políticas destinadas a atraer la IED y tener seriamente en cuenta el enfoque coste-beneficio, incluyendo, por una parte, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales, y, por otra, la contribución a los objetivos de la economía nacional en materia de desarrollo sostenible;

4.

Reitera que los países ACP son los principales responsables de su propio desarrollo y que es de vital importancia que dichos países se impliquen en el proceso para lograrlo, especialmente en los ámbitos de estabilidad macroeconómica sostenible y entorno empresarial;

5.

Destaca la importancia crítica de factores locales, como la infraestructura social y económica, el clima de los negocios, las condiciones del mercado local, los recursos disponibles, las iniciativas anticipatorias de promoción de las inversiones, y la disponibilidad de activos, a la hora de tomar la decisión de invertir en países receptores;

6.

Acoge con satisfacción la atención prestada recientemente al fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia, a fin de de garantizar que los beneficios lleguen a los pobres,

7.

Hace hincapié en que las inversiones públicas de muchos de los países ACP siguen necesitando un fuerte impulso para hacer frente a los elevados costes de transporte en dichas regiones, la reducida dimensión de los mercados, la baja productividad agrícola, unas condiciones agroclimáticas adversas, la pesada carga que representan las epidemias, y la lenta difusión de la tecnología extranjera;

8.

Reconoce que los factores que motivan la inversión en un país receptor — los factores de atracción — y la cooperación regional pueden crear mayor estabilidad financiera, mejor coordinación de políticas, mejor planificación de infraestructuras y un modelo más dinámico de desarrollo industrial, lo que puede contribuir a su vez a un clima de inversión más favorable tanto para las empresas extranjeras como para las locales;

9.

Insta a los países ACP a que profundicen progresivamente en sus iniciativas respectivas de integración regional y en el reparto del trabajo;

10.

Destaca asimismo la importancia crítica de los factores que incitan a un país a la inversión — los factores de impulso — que comprenden, entre otros, las condiciones de mercado y comercio, coyuntura empresarial y políticas nacionales;

11.

Pide a los Estados de la UE y a la Comisión Europea que mantengan un elevado nivel de supervisión y control de las empresas multinacionales europeas, en particular en los sectores más sensibles, mediante la aplicación de normas más estrictas de responsabilidad empresarial, el intercambio de información recabada con los responsables políticos del país receptor y la introducción de medidas disciplinarias y regímenes de indemnización para aquellos casos en los que se demuestre que la economía del país receptor ha resultado perjudicada;

12.

Pide a los Estados miembros de la UE que negocien un marco colectivo para la comercialización de oportunidades de inversión en los países ACP y que, además, promuevan la ampliación a otros países de tratados bilaterales de inversión como los ya existentes en Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Francia y los Países Bajos;

13.

Pide asimismo a los Estados miembros de la UE que alcancen un acuerdo lo antes posible en cuanto a un marco colectivo de medidas innovadoras de promoción de la inversión, como por ejemplo la concesión de incentivos concretos, financieros y de otra índole, a sus empresas e instituciones para que transfieran tecnología a países ACP, y de créditos fiscales a empresas que inviertan en países ACP; hace hincapié, no obstante, en que ello no puede sustituir a la financiación del desarrollo ni a una ayuda pública al desarrollo que sea mejor y más previsible;

14.

Destaca la necesidad de, por una parte, analizar cómo se vertebra la IED con la inversión local y, por otra, establecer un diálogo estructurado sobre la mejor manera de promover los vínculos entre empresas multinacionales y empresas locales, incluida la necesidad de promover un diálogo público-privado con el fin de eliminar los principales obstáculos a la inversión;

15.

Pone de manifiesto su preocupación por la falta de información en cuanto a las implicaciones que podría tener a escala nacional y regional el hecho de incluir disposiciones sobre la inversión en los acuerdos de asociación económica;

16.

Pide a la Comisión que le informe anualmente del porcentaje de IED procedente de la UE en comparación con la IED de otras partes del mundo;

17.

Insta al Banco Europeo de Inversiones a que consolide y mejore la actuación de su mecanismo de inversión para convertir dicho instrumento en un recurso viable para el sector privado en países ACP;

18.

Insta asimismo a las partes del Acuerdo de Cotonú a que asignen a su mecanismo de inversión un mandato de promoción de la inversión, en concreto añadiendo al actual mandato de dicho mecanismo el de fomentar la creación de empresas de capital mixto;

19.

Insta a la Comisión Europea y a las partes del Acuerdo de Cotonú a que establezcan, en el marco del 10o Fondo Europeo de Desarrollo (FED), una agencia o un mecanismo de garantía de inversiones ACP con los recursos financieros adecuados, según lo estipulado en el artículo 77, apartado 4, del Acuerdo de Asociación de Cotonú;

20.

Destaca la urgencia de redefinir el papel y el mandato de las instituciones paritarias ACP-UE — el Centro para el Desarrollo de las Empresas y el Centro Técnico de Cooperación Agrícola — con miras a otorgarles mandatos específicos de promoción de la inversión y dotarles de financiación adicional proporcional a sus nuevos mandatos;

21.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que presten un mayor apoyo financiero y técnico a organismos de promoción de la inversión de los países ACP a nivel nacional y regional, en particular otorgándoles mandatos específicos para inversiones exteriores;

22.

Destaca la necesidad de abordar, en especial dentro del marco de cooperación ACP-UE, los déficit estructurales a los que se enfrentan los países ACP a la hora de atraer y retener flujos de IED; insta a todas las partes del Acuerdo de Cotonú a que hagan especial hincapié en la movilización de recursos para el desarrollo de infraestructuras, inversiones sociales y económicas y buena gobernanza;

23.

Destaca asimismo la necesidad de garantizar que el esperado incremento de los flujos de IED a los Estados ACP, especialmente para la explotación de sus recursos naturales, tenga una repercusión equilibrada en el desarrollo gracias a instituciones y políticas apropiadas; pide a los Estados ACP que cumplan sus compromisos de desarrollo en este aspecto y a la comunidad internacional que preste su apoyo a dicho proceso;

24.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco de Desarrollo Africano.

—

Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Vistos los artículos 177 a 181 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

—

Vistos los objetivos comunes de la Unión Europea (UE) definidos en el «El consenso europeo sobre desarrollo» (2),

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú (3)», y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio — La contribución de la Unión Europea» (5),

—

Visto el aumento de la importancia de las asociaciones público-privadas en cuanto al suministro de bienes públicos mundiales, según se indica en la Comunicación de la Comisión titulada «La salud y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo» (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo» (7),

—

Visto el Informe sobre la salud mundial 2006 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) «Colaboremos por la salud» (8),

—

Vista la Resolución de la 59a Asamblea Mundial de la Salud (WHA) sobre salud pública, innovación, investigación fundamental sobre salud y derechos de propiedad intelectual: hacia una estrategia y un plan de acción globales (9), de 27 de mayo de 2006,

—

Visto el Programa de cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP),

—

Visto el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), de 18 de diciembre de 2006 (10),

—

Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2004, sobre las enfermedades relacionadas con la pobreza y la salud reproductiva en los países ACP en el contexto del noveno FED (ACP-UE 3640/def.) (11),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2004, sobre la ayuda y la seguridad alimentarias (ACP-UE 3692/04/def.) (12),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre las enfermedades principales y las enfermedades olvidadas en los países en desarrollo (13),

—

Visto el informe de su Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-EU/100.083/07/def.),

A.

Considerando que la salud es un derecho básico, un requisito para el desarrollo y la prosperidad económica y que, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos debe ocupar el centro de las políticas de desarrollo,

B.

Considerando que el acceso a la atención sanitaria es una cuestión de seguridad general y de derechos humanos, puesto que la aparición y el resurgir de enfermedades contagiosas pueden provocar que la pobreza, la discapacidad, la morbilidad y la inestabilidad generalizadas se extiendan rápidamente por todo el mundo,

C.

Considerando que los progresos en la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el plazo fijado de 2015 no han sido adecuados, lo que pone de manifiesto la necesidad de un mayor compromiso para su realización,

D.

Considerando que 27 000 personas mueren cada día debido a la falta de acceso a los medicamentos esenciales,

E.

Considerando que el 25 % de los 10 millones de muertes de niños que se producen cada año lo ocasionan enfermedades que podrían evitarse mediante el uso de vacunas,

F.

Considerando que, cada año, se deja de inmunizar a 28 millones de niños durante su primer año de vida,

G.

Considerando que, además de la carga que representan las tres enfermedades que causan una mayor mortalidad, VIH/SIDA, malaria y tuberculosis, hay muchas otras enfermedades que en conjunto afectan a una población estimada en 1 000 millones de personas, es decir, a una sexta parte de la población mundial,

H.

Considerando que entre estas enfermedades olvidadas figuran la tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño), la úlcera de Buruli, la enfermedad de Chagas, el dengue, la helmintiasis gastrointestinal, la diarrea infantil, la leishmaniosis (Kala Azar), la lepra, la filariosis linfática (elefantiasis), la oncocercosis (ceguera de los ríos), la esquistosomosis y el tracoma, así como la diabetes, las enfermedades mentales y la epilepsia,

I.

Considerando que, a causa de las limitaciones de las terapias existentes, las enfermedades olvidadas ocasionan una enorme carga de discapacidad y pobreza, pero reciben para su investigación, incluso en la UE, una financiación comparativamente escasa,

J.

Considerando que la investigación orientada al desarrollo de medicamentos se centra fundamentalmente en medicamentos que se venden en los países desarrollados y que se destinan al tratamiento de enfermedades que afectan al mundo desarrollado,

K.

Considerando que es necesario realizar más investigación y desarrollo «translacionales», que trasladen los conocimientos científicos y la investigación básica a ensayos clínicos y den lugar al registro de nuevos productos,

L.

Considerando que la infección asociada de la tuberculosis y del VIH es una amenaza importante, aunque sólo se realizan pruebas de detección de la tuberculosis en el 0,5 % de los seropositivos y sólo se practican pruebas de detección del VIH en el 7 % de los enfermos de tuberculosis, lo que demuestra la necesidad de más ayudas financieras, más recursos y una mayor colaboración entre los programas y servicios específicos de cada enfermedad,

M.

Considerando que la tuberculosis multirresistente es muy difícil de diagnosticar y de tratar,

N.

Considerando que los medicamentos falsificados representan entre el 6 y el 10 % del mercado mundial y que se calcula que el 25 % de los medicamentos consumidos en África son falsificados,

O.

Considerando que la prevención es la manera más efectiva de luchar contra las enfermedades de transmisión sexual y que el acceso a la información y a los servicios de planificación familiar y de salud materna y reproductiva desempeña un papel importante en la reducción de la pobreza y en la lucha contra el VIH/SIDA,

P.

Considerando que hay una escasez mundial de profesionales de la salud, que se estima en unos 4,3 millones, incluido un déficit de 2,4 millones de médicos, enfermeras y comadronas en cincuenta y siete de los países más pobres del mundo, problema que se agrava en las zonas rurales,

Q.

Considerando que las jóvenes tienen acceso a la educación y que existe una gran proporción de mujeres que trabajan en el sector sanitario, lo que anima a otras mujeres a utilizar los servicios de salud,

R.

Considerando que a menudo la ayuda se ha concedido en un plazo demasiado corto e imprevisible para sufragar los costes recurrentes del sector sanitario a largo plazo, que su prestación puede ser compleja debido al gran número de organizaciones internacionales implicadas, y que no siempre responde a las prioridades de los Gobiernos y a los esfuerzos de creación de capacidades,

S.

Considerando que las políticas del FMI y del Banco Mundial crean enormes obstáculos a los países pobres, imponiendo en materia de gasto público normas de una extrema rigidez incompatibles con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de sanidad, agua y salubridad,

1.

Pide a los países ACP que destinen el 15 % del gasto público anual a la sanidad (Declaración de Abuja (14)) y a la UE que cumpla el objetivo del Parlamento Europeo de gastar el 20 % de los compromisos de ayuda financiera en salud y en educación;

2.

Subraya que los Estados miembros deben mantener su compromiso de donar el 0,7 % de su renta nacional en calidad de ayuda exterior y de garantizar que dicha ayuda esté coordinada, sea predecible y a largo plazo e incluya nuevas condonaciones de deudas;

3.

Pide a la UE, al FMI y al Banco Mundial que dejen de imponer normas extremadamente rígidas en materia de gasto público y que dejen de fomentar la introducción de reformas de mercado inapropiadas en los servicios públicos mediante la imposición de condiciones a las ayudas, su asesoramiento técnico y acuerdos comerciales;

4.

Considera que la salud debe tener mucha más importancia en los Documentos estratégicos por países (para el 10o Fondo Europeo de Desarrollo), en los Documentos estratégicos relativos a la reducción de la pobreza y en los marcos en materia de gasto a medio plazo, incluidos sus presupuestos, y que estos documentos deben garantizar que el análisis que los informa contribuye a determinar el núcleo del trabajo que se realiza en el sector sanitario;

5.

Subraya la importancia del liderazgo y de la responsabilidad a nivel de la política nacional y pide a los Gobiernos ACP y a la Comisión que garanticen que la sociedad civil y las comunidades afectadas y marginalizadas participan en la formulación y la ejecución de las políticas;

6.

Sostiene que, además del VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, los compromisos de ayuda deben reflejar el estado de salud general y los resultados generales de los países;

7.

Suscribe la recomendación del Informe sobre la salud mundial 2006 de dedicar el 50 % de la ayuda internacional al desarrollo destinada a la salud a reforzar los sistemas sanitarios, destinando la otra mitad de estos fondos a reforzar los efectivos;

8.

Apoya la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios de los países ACP mediante enfoques consistentes, por ejemplo, en mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y genéricos, reducir la burocracia mediante la racionalización de la gestión, aumentar la rentabilidad, mejorar la eficiencia mediante la reorganización de los servicios y la descentralización de los sistemas sanitarios, y destinar recursos a atender mejor las necesidades de la población;

9.

Apoya todas las intervenciones destinadas a mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, en particular para las comunidades pobres y vulnerables de los países ACP;

10.

Fomenta la creación y el refuerzo de marcos nacionales de reglamentación sanitaria y de sistemas de garantía de calidad como medios para racionalizar la programación y la supervisión de las actividades de los suministradores públicos y privados de medicamentos y de servicios sanitarios;

11.

Hace hincapié en el papel positivo que pueden desempeñar las asociaciones público-privadas, las asociaciones de desarrollo público y las asociaciones «Norte/Sur» en el fortalecimiento del sector de la sanidad, especialmente en los países subdesarrollados y en los países en desarrollo;

12.

Subraya que la prevención de las enfermedades debe ocupar el centro de las políticas públicas mediante campañas de vacunación, seguridad alimentaria (nutrición) y suministro de agua potable limpia y de un buen saneamiento, programas de lucha contra el tabaco, y campañas sobre higiene, sexo seguro, promoción de estilos de vida sana y otras campañas educativas;

13.

Pone de relieve que la información y las vacunas representan el medio más rentable para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas y que hay margen para una mayor cobertura de las vacunas existentes, para la introducción de vacunas nuevas e infrautilizadas y para un mejor diseño de las vacunas, adecuado a los países en desarrollo;

14.

Pide que se introduzcan medidas preventivas, como una distribución más extensa de mosquiteros antipalúdicos tratados con insecticidas de efecto prolongado, la supresión de fuentes de agua estancada, la formación en materia de reconocimiento de síntomas, la detección de la tuberculosis en pacientes seropositivos y viceversa, y la aplicación de programas de salud reproductiva y sexual y en materia de VIH/SIDA, junto con los correspondientes suministros;

15.

Anima a las empresas farmacéuticas comprometidas en realizar esfuerzos para aumentar el acceso a los medicamentos esenciales y asequibles en los países ACP, en particular centrándose en las enfermedades olvidadas;

16.

Considera que las infraestructuras y las cadenas logísticas sanitarias son fundamentales para obtener mejores resultados sanitarios, tanto en lo que se refiere a personal, clínicas y hospitales como a canales de suministro y distribución de medicamentos y vacunas;

17.

Pide que se realicen mayores esfuerzos para restaurar, construir y reforzar los sistemas sanitarios, mediante el incremento de los presupuestos anuales y con la ayuda de la UE, para mejorar el acceso a servicios, diagnósticos, vacunas y medicamentos de calidad, especialmente para los grupos pobres y de riesgo;

18.

Acoge con satisfacción los esfuerzos emprendidos por asociaciones sanitarias mundiales como la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI) y el Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM) con el fin de apoyar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en los países en desarrollo;

19.

Pide iniciativas para acelerar el acceso local a diagnósticos apropiados, medicamentos seguros, accesibles y en cantidad suficiente, métodos seguros de recogida de sangre y suministros seguros de productos sanguíneos, junto con la formación, la asistencia técnica y las infraestructuras correspondientes, incluido en zonas rurales, y subraya la importancia de que todos los programas de vacunación proscriban la reutilización de material médico;

20.

Observa que la recogida de datos fiables y la supervisión de los parámetros fundamentales en materia de salud permiten el desarrollo de políticas basadas en pruebas científicas, que pueden ser más eficaces;

21.

Apoya el trabajo del programa de precalificación de la OMS para evaluar y proporcionar nuevos medicamentos esenciales y para consolidar la creación de capacidades;

22.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo y espera que se refuercen las medidas en este ámbito; reitera la necesidad de mejorar las condiciones laborales, la formación y las posibilidades de carrera del personal médico, y de ofrecer incentivos para la permanencia del personal, mecanismos de hermanamiento y programas de intercambio;

23.

Insta a los Gobiernos de los países ACP a que hagan la sociedad más equitativa, prestando especial atención a las mujeres y las jóvenes, buscando la igualdad de género tanto en el aspecto educativo como en lo que se refiere a la situación en materia de empleo, y a que refuercen el estatus social y la autonomía de las mujeres, prestando especial atención a las jóvenes y mujeres en el desarrollo de recursos humanos y de oportunidades profesionales en el sector sanitario;

24.

Anima a la UE a desarrollar y aplicar un código de conducta de la UE para la contratación ética del personal sanitario y a apoyar un código universal, con miras a evitar la «fuga de cerebros» de los países en desarrollo hacia los países desarrollados; considera que la ayuda internacional y de la UE deben garantizar la financiación duradera de los recursos humanos como inversión en los sistemas sanitarios;

25.

Considera que las inversiones en el suministro de agua, el saneamiento y las infraestructuras, así como la sensibilización sobre la relación entre salud, limpieza del agua, saneamiento e higiene, son básicos para luchar contra las enfermedades de transmisión hídrica y para la eficacia de los sistemas sanitarios;

26.

Acoge con satisfacción la aprobación de la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre salud pública, innovación, investigación fundamental sobre salud y derechos de propiedad intelectual, que prepara el camino para definir las necesidades de investigación en materia de salud y las prioridades de los países en desarrollo;

27.

Acoge con satisfacción la inclusión de las enfermedades olvidadas en el Séptimo Programa Marco de investigación de la UE y el énfasis que éste pone en la investigación translacional; pide a la Comisión que apoye a los centros que deseen cooperar con las iniciativas de salud pública destinadas a estos sectores y que garantice que los nuevos medicamentos obtenidos gracias a la investigación de financiación pública no se patentarán, sino que seguirán siendo accesibles a todos;

28.

Señala que a este mayor compromiso político a nivel de la UE e internacional deben acompañarle ahora una ayuda financiera a largo plazo y una mayor cooperación entre los países socios, las universidades y la industria para desarrollar nuevos medios diagnósticos y medicamentos seguros y eficaces;

29.

Reconoce el papel del EDCTP en la organización de ensayos clínicos para desarrollar nuevos medicamentos y vacunas adaptados a las condiciones clínicas, éticas y sociales locales de los países endémicos, y pide que las actividades del EDCTP se amplíen para incluir otras enfermedades olvidadas y otras fases de desarrollo clínico (fases I y IV);

30.

Pide que los ensayos clínicos con los medicamentos sean más específicos desde el punto de vista del género; hace hincapié en la necesidad de aumentar la sensibilización de los investigadores médicos sobre los diferentes estilos y condiciones de vida de las mujeres y los hombres para que tengan en cuenta este hecho a la hora de desarrollar nuevos medicamentos y vacunas;

31.

Aboga por la consolidación de las capacidades locales de investigación, ensayos clínicos y producción, a saber, el desarrollo de industrias regionales y nacionales de producción de medicamentos genéricos en las zonas afectadas y el desarrollo de proyectos integrados, desde la identificación de nuevas enfermedades hasta la concepción/fabricación de nuevos medicamentos, y pide que la investigación incluya una relativa a los sistemas operativos y sanitarios encaminada a una ejecución más eficaz de las intervenciones y que tenga en cuenta los aspectos culturales en materia de prescripción, uso, acceso, precios y distribución de los medicamentos;

32.

Pide que se promuevan una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso y los precios de los medicamentos, incluidos precios escalonados, donaciones y descuentos, premios a la innovación, créditos fiscales, incentivos, compromisos de compra y de comercialización anticipados de las vacunas por los cuales los donantes se comprometan específicamente a subvencionar la compra de las vacunas que cumplan unas normas previamente acordadas; pide asimismo la transferencia de tecnologías de fabricación y de experiencias a países endémicos;

33.

Acoge con agrado planteamientos innovadores como las garantías de mercado (Advance Market Commitments) en lo que respecta a la aceleración del desarrollo y el aumento de la producción de medicamentos y vacunas para el mundo en desarrollo;

34.

Considera que la revisión y el registro de medicamentos deberían tener en cuenta las prioridades de los países endémicos con procedimientos específicos para una mejor evaluación de la relación riesgo-beneficio de los medicamentos destinados a las enfermedades olvidadas;

35.

Considera que las colaboraciones público-privadas (CPP) ofrecen un modelo acertado para establecer una colaboración entre las empresas farmacéuticas y la investigación pública con el fin de desarrollar terapias innovadoras y consolidar la creación de capacidades;

36.

Recuerda que los países en desarrollo tienen derecho a utilizar las fórmulas flexibles que les ofrece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), especialmente en sectores no lucrativos que no son aplicables al mercado de la OCDE, manteniendo al mismo tiempo incentivos a través de la protección de la propiedad intelectual y abordando cuestiones reglamentarias relativas al registro y la comercialización de medicamentos; estos derechos pueden tener utilidad, cuando haya cuestiones de supremo interés público en el ámbito de la salud, en los litigios que puedan surgir con la industria farmacéutica sobre las licencias de nuevos medicamentos y sobre derechos de propiedad intelectual;

37.

Señala el reciente ejemplo que representa Brasil en cuanto al uso de todo el potencial que ofrece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) por lo que se refiere a las licencias obligatorias de medicamentos y a otros aspectos de derechos de propiedad intelectual;

38.

Manifiesta su profunda preocupación porque algunos Gobiernos ACP aplican aranceles, derechos de importación e impuestos a principios farmacéuticos activos, productos farmacéuticos terminados y vacunas, de manera que se convierten en medicamentos inalcanzables para las comunidades pobres; pide a la Comisión que investigue esta cuestión y anima a los Gobiernos a abolir estos impuestos;

39.

Subraya la importancia de que se cumplan las prescripciones médicas para limitar las resistencias y de buscar en la medida de lo posible períodos de administración de los medicamentos más cortos, asociaciones de medicamentos y dosis fijas;

40.

Pide a los países ACP y a la UE que intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra los medicamentos falsificadas apoyando un control eficaz de la calidad de los productos y materiales médicos, reforzando la cooperación aduanera y policial y promoviendo un convenio internacional destinado a penalizar la producción y la venta de medicamentos falsificados;

41.

Pide a los países ACP que se comprometan a acelerar la introducción de la terapia combinada basada en la artemisinina (TCA), reconocida como el tratamiento más eficaz contra la malaria; pide a los donantes que financien medicamentos TCA y que apoyen su compra, precalificación y fabricación;

42.

Subraya el interés compartido por los países desarrollados y los países en desarrollo, por ejemplo para controlar las resistencias microbianas y para encontrar mejores antivirales y vacunas para la gripe; señala que la investigación sobre las enfermedades olvidadas puede tener resultados indirectos positivos para la comprensión de otras enfermedades; así, por ejemplo, la investigación sobre vacunas y sobre inmunidad puede aumentar los conocimientos sobre los trastornos alérgicos que afectan a una población cada vez más numerosa en Europa;

43.

Pide encarecidamente que se aplique el plan mundial para erradicar la tuberculosis y considera que hay una necesidad urgente de pruebas nuevas y rápidas para diagnosticar la tuberculosis, incluida la tuberculosis multirresistente, adaptadas a entornos de recursos limitados, garantizando que todos los medicamentos antituberculosos en desarrollo se prueban en ensayos con enfermos multirresistentes;

44.

Considera que hay que combatir el azote del VIH/SIDA proporcionando acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención, incluido el acceso a los antivirales, al asesoramiento y a las pruebas de detección voluntarios, y realizando mayores esfuerzos para desarrollar microbicidas y vacunas;

45.

Pide a la comunidad internacional de donantes que apoye a la OMS y su estrategia de quimioterapia preventiva para aumentar el acceso a suministros adecuados y fiables de medicamentos antihelmínticos de alta calidad (albendazol, ivermectina, praziquantel) para prevenir y tratar las infecciones por helmintos, y para la creación de un instrumento mundial de suministro;

46.

Pide que los países ACP y la UE se comprometan a reforzar la atención de aquéllos que padecen enfermedades mentales y trastornos y lesiones neurológicos, mejorando la atención primaria y la rehabilitación basada en la comunidad y aumentando al mismo tiempo la sensibilización pública y profesional y luchando contra la estigmatización y la discriminación;

47.

Considera que unos servicios capaces de diagnosticar, gestionar y tratar enfermedades como la diabetes ahorrarían muchas vidas y reducirían la discapacidad; que debería aumentar, en particular, el acceso a la insulina y a los medicamentos; y que deberían crearse redes de especialistas y una formación especializada;

48.

Pide a los Gobiernos ACP y a la Comisión que apoyen los programas de prevención y tratamiento de la fístula obstétrica, incluida la aplicación de medidas legislativas sobre la edad legal del matrimonio, la promoción del acceso universal a la atención obstétrica y a la educación en materia de salud reproductiva y la rehabilitación social de muchachas y mujeres después del tratamiento;

49.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la OMS, a la Comisión Europea, a la Unión Africana, al Banco Mundial y al FMI.

—

Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

—

Visto el apartado 2 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú y, especialmente, sus artículos 30 (cooperación regional) y 32 (medio ambiente y recursos naturales),

—

Vista la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD),

—

Vista la Decisión sobre cambio climático y desarrollo y la Decisión sobre la aplicación de la iniciativa relativa a la «muralla verde» del Sáhara, adoptada por la Asamblea de la UA durante su reunión de los días 29 y 30 de enero de 2007,

—

Vista la Decisión no 3 de la 79a Reunión del Consejo de Ministros de la ACP, celebrada en Gaborone (Botsuana) los días 4 y 5 de mayo de 2004, en la que se hizo hincapié en la necesidad de integrar las políticas de lucha contra la desertización y las cuestiones relativas a las tierras yermas con objeto de abordar asuntos fundamentales en materia de gestión sostenible, tales como la sequía, la deforestación y los recursos hídricos,

—

Vista la Decisión no 3 3/LXXIX/04 de la 4a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ACP, celebrada en Maputo (Mozambique) los días 23 y 24 de junio de 2004, en la que se destacó la extrema vulnerabilidad de multitud de países, regiones y poblaciones ACP frente a las catástrofes naturales y los problemas medioambientales conexos y se alentó la consecución de un compromiso para apoyar iniciativas de índole anticipatoria destinadas a combatir tales problemas,

—

Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007, en las que se destaca la importancia de lograr el objetivo estratégico de limitar el aumento mundial de la temperatura a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales,

—

Visto el acuerdo alcanzado por la UE, Canadá y Japón en la reunión del G8 celebrada en Heiligendamm en junio de 2007 de reducir como mínimo a la mitad el nivel mundial de emisiones de CO2 en 2050,

—

Vistos los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), galardonado en 2007 con el premio Nobel de la Paz, y, en concreto, el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo II del IPCC titulado «Impactos, adaptación y vulnerabilidad»,

—

Visto el Informe de 2005 de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en el que se estudian el uso y la degradación de muchos de los recursos naturales del planeta,

—

Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto,

—

Vistas la Agenda 21, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo y la Declaración de principios sobre la gestión sostenible de los bosques, aprobadas por más de 178 Gobiernos durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro (Brasil) entre los días 3 y 14 de junio de 1992, cuyos principios se reafirmaron enérgicamente durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, adoptada en París el 17 de junio de 1994, que entró en vigor el 26 de diciembre de 1996,

—

Vistos el informe final de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada de los días 18 a 22 de enero de 2005 y, en particular, el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres,

—

Vistas la Resolución 57/256 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2002, sobre la revisión de la Estrategia de Yokohama para un Mundo más Seguro: Directrices para la Prevención, Preparación y Mitigación de los Desastres y su Plan de Acción, y la Reunión Internacional de las Naciones Unidas «Barbados + 10» sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) celebrada en Mauricio en enero de 2005,

—

Vistas sus resoluciones anteriores sobre el cambio climático y los pequeños Estados insulares en el contexto de la cooperación ACP-UE (2), aprobada el 1 de abril de 1999 en Estrasburgo, sobre los daños causados por los ciclones en el Pacífico, el océano Índico y el Caribe y la necesidad de dar una respuesta rápida a las catástrofes naturales (3), aprobada el 19 de febrero de 2004 en Addis Abeba, sobre los daños causados por los ciclones en la región del Caribe (4), aprobada el 25 de noviembre de 2004 en La Haya, y sobre las causas y las consecuencias de las catástrofes naturales (5), aprobada de 24 de noviembre de 2005 en Edimburgo,

—

Visto el informe de su Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (APP/3802/05),

A.

Considerando que las catástrofes naturales y el agotamiento de los recursos naturales representan una grave amenaza para la reducción de la pobreza y la consecución de los ODM,

B.

Considerando que la aportación de los países ACP a la causa del cambio climático es insignificante, pese a ser los que padecen las consecuencias con mayor rigor; que el cambio climático puede disminuir el ritmo del avance hacia el desarrollo sostenible, bien de manera directa, debido a la exposición a sus repercusiones negativas, bien de manera indirecta, a través del deterioro de su capacidad de adaptación,

C.

Considerando que las repercusiones de las catástrofes naturales son particularmente perjudiciales para los países en desarrollo, ya que contrarrestan los efectos positivos de la cooperación al desarrollo, dificultan el crecimiento y la erradicación de la pobreza y ocasionan graves pérdidas de biodiversidad,

D.

Considerando que los países ACP se enfrentan al desafío crucial de gestionar con eficacia las repercusiones a largo plazo de las catástrofes naturales mediante el desarrollo y el fortalecimiento de actividades de reducción del riesgo, gestión de catástrofes y recuperación frente a las mismas de ámbito nacional y regional,

E.

Considerando que los países ACP prestan al mundo una amplia gama de servicios vinculados a los ecosistemas, sin recibir una compensación adecuada por ello,

F.

Considerando que estudios recientes confirman que África es uno de los continentes más vulnerables a la variabilidad climática debido a las múltiples presiones que padece y a su baja capacidad de adaptación; que, según las proyecciones, entre 75 y 250 millones de africanos estarán expuestos en 2020 a un aumento de la escasez de agua debido al cambio climático; que la producción agrícola, la pesca y el acceso a los alimentos también se verán gravemente afectados, según las proyecciones,

G.

Considerando que, según las proyecciones, el cambio climático habrá ocasionado en 2050 una reducción de los recursos hídricos tal que éstos no bastarán para satisfacer la demanda en muchos pequeños Estados insulares situados, por ejemplo, en el Caribe, en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar y a las catástrofes naturales,

H.

Considerando que, según las proyecciones, a finales del siglo XXI la subida del nivel del mar afectará a las zonas costeras de baja altitud que albergan grandes cantidades de población y que se prevé que esta subida favorecerá las inundaciones, la formación de tormentas, la erosión y otros peligros vinculados al litoral, lo que repercutirá en los recursos locales y en el turismo y supondrá una amenaza para las zonas pobladas, sus servicios y sus infraestructuras vitales,

I.

Considerando que las presiones no vinculadas al clima pueden aumentar la vulnerabilidad frente al cambio climático y las catástrofes naturales al reducir la resistencia, y que asimismo pueden mermar la capacidad de adaptación y los efectos de las políticas de prevención y mitigación debido a los recursos que habrá que destinar para satisfacer otras necesidades,

J.

Considerando que ciertos planes de fomento de la sostenibilidad y de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y las catástrofes naturales han incluido la promoción de la capacidad de adaptación,

K.

Considerando que la reducción de los riesgos de catástrofes naturales es, fundamentalmente, una responsabilidad nacional y que es necesario fortalecer la cooperación y la asociación a escala regional e internacional,

L.

Considerando que las cuestiones medioambientales, la preparación frente a catástrofes, la prevención de las mismas y la mitigación del cambio climático no se integran en todos los programas comunitarios de ayuda y en sus instrumentos conexos, pese a su importancia para todos los países,

M.

Considerando que las políticas de fomento de la seguridad energética y otros esfuerzos de mitigación emprendidos a lo largo de las próximas décadas tendrán importantes repercusiones en las oportunidades de reducir los niveles de estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero,

N.

Considerando que, hasta la fecha, los flujos económicos hacia los países en desarrollo a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la ayuda al desarrollo destinada a la transferencia de tecnología han sido limitados y se han distribuido geográficamente de manera desigual,

O.

Considerando que potenciar la sostenibilidad del desarrollo mediante la modificación de las pautas de desarrollo puede representar una aportación fundamental a la mitigación del cambio climático, pero que su aplicación puede precisar recursos para superar múltiples barreras,

1.

Hace hincapié en la amenaza que suponen las catástrofes naturales y el cambio climático para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la consecución de los ODM; destaca asimismo la importancia del ODM número 7 de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

2.

Subraya el número y la frecuencia crecientes de las catástrofes naturales, sus repercusiones devastadoras y la especial vulnerabilidad de los pobres en tales situaciones; destaca la dificultad cada vez mayor de distinguir entre las catástrofes naturales y las ocasionadas por el hombre, cuando los riesgos no sólo los determinan los peligros naturales sino, asimismo, la actividad humana y la falta de planificación;

3.

Destaca la necesidad de ofrecer una respuesta global al problema de las catástrofes naturales en los países ACP, en la que los países industrializados asuman su responsabilidad y tomen la iniciativa en la lucha contra los efectos de los gases de efecto invernadero, que han contribuido al cambio climático;

4.

Pide a los gobiernos y parlamentos de la ACP y la UE que velen por que la explotación de los recursos naturales no ocasione importantes desequilibrios ecológicos; en ese sentido, señala con preocupación que la tala excesiva e ilegal puede conducir a la desertización y a otros cambios climáticos contra los que se debería actuar adoptando políticas forestales responsables y eficaces, medidas de reforestación adecuadas y prácticas agrícolas sostenibles; pide a las empresas que explotan los recursos naturales que cumplan las normas y los reglamentos medioambientales;

5.

Señala las consecuencias y las dificultades que entraña el cambio climático, a saber, unas condiciones meteorológicas extremas y una disminución de los recursos naturales que tendrán graves repercusiones para el desarrollo y la seguridad, tales como un aumento de la vulnerabilidad, la aparición de conflictos en relación con los recursos naturales y el aumento de la migración ocasionada por las catástrofes; destaca, por consiguiente, la necesidad de que la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) se ocupe de la mitigación del cambio climático y de la adaptación al mismo;

6.

Señala que las catástrofes naturales pueden ocasionar movimientos poblacionales en gran escala y reconoce que, aunque la RRC es, sobre todo, una responsabilidad nacional, corresponde a los gobiernos de la ACP y de la UE mostrar solidaridad con los países afectados;

7.

Hace hincapié en las advertencias de la OMS sobre el riesgo extremadamente elevado que representa el calentamiento global para los países del Sur, sobre todo en lo que respecta a la malaria y a los problemas de visión, e insta a que se actúe en apoyo de las medidas encaminadas a prevenir, subsanar y gestionar la propagación de tales problemas sanitarios;

8.

Pide que se elabore una estrategia sujeta a plazos para integrar la reducción de catástrofes, la preparación frente a éstas y las estrategias en materia de cambio climático en todos los planes de desarrollo nacionales, la política de desarrollo de la UE y la ayuda humanitaria; destaca que tales estrategias deberían fomentar las acciones emprendidas por la sociedad civil, las comunidades y las autoridades locales en el marco de un planteamiento a largo plazo de reducción de la vulnerabilidad frente a las catástrofes;

9.

Pide a los Estados miembros de la UE que apoyen a los países ACP en la elaboración de políticas de reducción de riesgo orientadas a la población, planes en materia de cambio climático y de anticipación a crisis que incluyan estrategias de mitigación y adaptación, sistemas de alerta temprana, estrategias de preparación y evacuación, zonas de seguridad de emergencia, regímenes de aseguración y financiación de recursos humanitarios de distribución rápida; pide asimismo a los países ACP que garanticen que tales acciones constituyan una prioridad nacional y local y que se doten de una sólida base institucional para su ejecución y para la consideración de las necesidades de los grupos vulnerables;

10.

Pide a la UE que aumente al menos en un 10 % la cuantía de los créditos destinados a los presupuestos de ayuda humanitaria para la reducción de los riesgos de catástrofe y que incremente de manera significativa los recursos destinados a la RRC, la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste en los presupuestos de desarrollo y ayuda, sin que ello menoscabe otras iniciativas emprendidas, en concreto, en el ámbito de la sanidad y la educación básicas;

11.

Destaca que los países y regiones ACP exigen el apoyo de la comunidad internacional, el cual es necesario para mejorar su capacidad nacional y regional de mitigación de catástrofes, preparación y alerta temprana, aumentar la sensibilización de la opinión pública frente la reducción del riesgo de catástrofes y su predicción y responder ante situaciones de emergencia;

12.

Lamenta la escasez de fondos asignados al Instrumento UE-ACP de respuesta ante las catástrofes naturales, no obstante el aumento de las necesidades, si bien se congratula de su creación; pide a la UE que asigne más fondos al Instrumento con cargo al 10o FED y a otras líneas presupuestarias de la UE, con el fin de prestar asistencia a los países y regiones ACP en la creación de capacidades en materia de RRC y de ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo y financiar la mejora de los sistemas de alerta temprana y respuesta rápida;

13.

Insta a la Comisión Europea, por tanto, a que, en el marco del 10o FED, siga apoyando el Instrumento UE-ACP de respuesta ante las catástrofes naturales y a que aumente su ámbito de aplicación asignándole al menos 250 millones de euros procedentes de los fondos destinados a la cooperación en el seno de la ACP, dedicando una parte de los fondos de la «reserva» propuesta para prestar asistencia a las regiones y los países ACP, sobre todo a los pequeños Estados insulares ACP, a la aplicación exhaustiva de un programa de preparación y gestión de catástrofes naturales que comprenda todos los países ACP y a la reconstrucción posterior a una catástrofe;

14.

Cree que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) debe contar con una financiación suficiente para asistir a los países en desarrollo en la adaptación al cambio climático y la mitigación de los efectos del mismo; hace hincapié, al respecto, en la importancia de la creación de capacidades, la prevención de catástrofes, la educación, las infraestructuras operativas y el acceso a los medicamentos y señala la necesidad de crear capacidades en materia de ciencia, evaluación de impacto y adaptación, pronóstico de riesgos y elaboración de proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL);

15.

Destaca la necesidad de aumentar la financiación del desarrollo de los recursos humanos pertinentes para la prevención, preparación, mitigación y gestión de catástrofes y para la adaptación al cambio climático, así como la necesidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur en tales ámbitos;

16.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que adopten todas las medidas necesarias para acelerar al máximo la movilización de la ayuda financiera adecuada en casos de emergencia y de la ayuda humanitaria;

17.

Destaca la necesidad de actualizar constantemente los perfiles medioambientales de los países ACP y de integrar las cuestiones medioambientales en los documentos estratégicos nacionales, los documentos estratégicos regionales y los programas temáticos; destaca la importancia de asociar a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil en dicho proceso;

18.

Cree que la política de desarrollo no se puede disociar de la medioambiental y de otras políticas y pide que se aplique un planteamiento global de la política de desarrollo sostenible que integre la dimensión medioambiental en los documentos estratégicos nacionales y regionales de la ACP, así como en todos los programas y proyectos en materia de desarrollo;

19.

Pide que la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC) se convierta en un instrumento clave en la gestión de la prevención de catástrofes y la preparación frente a las mismas, así como en la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo;

20.

Insta a los Gobiernos ACP que elaboren planes de emergencia e intervención previa a las crisis que incluyan estrategias de evacuación, zonas seguras de emergencia, regímenes de seguros y financiación de recursos humanitarios para una rápida distribución;

21.

Destaca la necesidad de contar con una estrategia mundial en materia de catástrofes naturales y cambio climático y pide a la comunidad internacional que se comprometa a desarrollar soluciones internacionales de progreso; pide, por tanto, que se entablen negociaciones en la Conferencia de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático a propósito de un acuerdo mundial de gran alcance posterior a 2012 que se fundamente en el Protocolo de Kyoto y lo amplíe;

22.

Insta a los países desarrollados a que destinen más recursos a los mecanismos de financiación existentes con arreglo al Protocolo de Kyoto y a que procuren que la aportación de tales contribuciones sea obligatoria;

23.

Pide que se pongan en común las mejores prácticas, que se transfiera tecnología y que se fomente la sensibilización, en particular en lo que respecta a la planificación para la ordenación del territorio, la construcción en zonas de riesgo, la construcción segura y la protección de las instalaciones sensibles;

24.

Pide que se mejore la cooperación regional e internacional con el fin de facilitar la puesta en común de tecnologías de información y comunicación (TIC) y que se sigan financiando soluciones de baja tecnología tales como la radio en zonas rurales y remotas;

25.

Pide a los países ACP que alcancen acuerdos regionales para la gestión de las cuencas fluviales y que adopten medidas coordinadas en materia de recursos hídricos y pesqueros;

26.

Señala que el uso de energías renovables, como la solar, la eólica y la obtenida a partir de la biomasa, reduciría la dependencia del petróleo de los países ACP; pide a la UE y a sus Estados miembros que transfieran la tecnología pertinente y que proporcionen una financiación adecuada; insta a la Comisión Europea a que revise los criterios de acceso a los recursos de las iniciativas en materia de energía y agua en el marco del 10o FED con objeto de incluir criterios de fomento del medio ambiente, vulnerabilidad e insularidad;

27.

Pide a los países de la ACP y de la UE que fijen un objetivo específico en materia de uso de energías renovables y considera que la energía renovable debería situarse en el centro de los programas de cooperación al desarrollo ACP-UE en el marco del Acuerdo de Cotonú;

28.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.

—

Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

—

Visto el apartado 2 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Vistas sus resoluciones anteriores sobre la República Democrática del Congo (RDC) y la región de los Grandes Lagos,

—

Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en la República Democrática del Congo y los informes mensuales del Secretario General de las Naciones Unidas al respecto,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de miércoles 15 de diciembre de 2004, sobre la situación en el Este de la República Democrática del Congo (2),

—

Visto el Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos firmado en Nairobi (Kenia) el 16 de diciembre de 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de dicha región,

—

Vista la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que prohíbe de la participación de menores en conflictos armados,

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Visto el informe de la misión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la observación de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en la RDC el 30 de julio y el 29 de octubre de 2006 respectivamente,

—

Vista la acción conjunta del Consejo a propósito de la misión de la Unión Europea (UE) destinada a facilitar asesoramiento y asistencia en el marco de la reforma del sector de la seguridad en la RDC,

—

Visto el proceso de Kimberley, cuyo objetivo último consiste en poner fin al comercio de «diamantes sangrientos» y mejorar la gobernanza en tales países ricos en recursos naturales a través de la verificación y la publicación completa de todos los pagos efectuados por las empresas y los ingresos obtenidos por los gobiernos a través del petróleo, el gas y los productos de la minería,

A.

Considerando que los muchos años de duración del conflicto armado han producido, de manera directa o indirecta, cuatro millones de víctimas directas e indirectas y ocasionado el desplazamiento de, al menos, un millón y medio de personas, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, así como la destrucción de las infraestructuras socioeconómicas de la RDC,

B.

Recordando, con preocupación, que, desde finales de 2006, aproximadamente 300 000 personas que vivían en la provincia de Kivu septentrional se han visto obligadas a abandonar sus hogares por causa de la guerra que enfrenta a las fuerzas armadas oficiales de la RDC y las tropas rebeldes que dirige el general destituido Laurent Nkunda y otros grupos armados, de modo que la cifra total de personas desplazadas ha aumentado a 800 000,

C.

Sumamente preocupada por la escalada de violencia, las frecuentes violaciones de los derechos humanos, las violaciones y otras formas de violencia sexual perpetrada contra las mujeres de las provincias orientales de Kivu septentrional y Kivu meridional,

D.

Muy preocupada por la persistencia y el aumento del fenómeno del reclutamiento de niños soldado en el este de la RDC por parte de las milicias armadas,

E.

Preocupada por la situación cuasi permanente de inseguridad en el este de la RDC, que impide a las organizaciones humanitarias distribuir alimentos y productos básicos necesarios tales como medicamentos a la población civil,

F.

Considerando la presencia de grupos armados extranjeros, incluidas las antiguas fuerzas armadas ruandesas/Interahamwe (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR), que siguen cometiendo impunemente atrocidades, a saber, asesinatos, violaciones, torturas e incursiones, por lo que obligan a los civiles a desplazarse al este de la RDC y a los países vecinos, lo que constituye una amenaza para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país,

G.

Considerando que la persistencia de los conflictos armados y la presencia continuada de los grupos armados renegados en la región de los Grandes Lagos constituye una grave amenaza para la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo de dicha región; que pone en peligro la cooperación entre los países de la región y anula los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr el avance de los vibrantes y prósperos países democráticos de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus respectivas poblaciones,

H.

Considerando que es perentorio, por tanto, adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a los conflictos, desmantelar los grupos armadas y prevenir cualquier futuro conflicto, así como consolidar la paz y la democracia, promover la estabilidad y el desarrollo en la región, en aras del bienestar de todos los pueblos de la región de los Grandes Lagos, y permitir que las instituciones legítimas de la RDC dediquen su energía a reconstruir su país, que ha sido destruido por guerras recurrentes,

I.

Considerando que la paz y la seguridad, tanto en la RDC como en la región de los Grandes Lagos, sólo podrá lograrse poniendo fin a la amenaza que representan los grupos armados extranjeros y nacionales presentes en el país y sus organizaciones políticas, así como a través del completo desarme de todos los grupos paramilitares que merodean por la región,

J.

Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) lleva desde 2004 investigando los crímenes que pueden haberse cometido en la RDC,

K.

Considerando los compromisos contraídos en Kigali, el 28 de agosto de 2007, por las partes de la cumbre «Tripartite Plus», a saber, los jefes de los ejércitos de la RDC, Ruanda, Uganda y Burundi, y los contraídos el 16 de septiembre de 2007 por los ministros de asuntos exteriores de tales países con objeto de lograr la paz neutralizando a las fuerzas armadas rebeldes situadas en sus respectivos territorios; considerando la Declaración conjunta de los ministros de asuntos exteriores de la RDC y Ruanda, publicada a la finalización de la reunión celebrada en Kinshasa los días 3 y 4 de septiembre de 2007,

L.

Considerando que el Comunicado conjunto del Gobierno de la RDC y del Gobierno de la República de Ruanda sobre una estrategia común para poner fin a la amenaza para la paz y la estabilidad de ambos países y de la región de los Grandes Lagos, firmado el 9 de noviembre de 2007 por los ministros de asuntos exteriores de los dos con la mediación de las Naciones Unidas y en presencia de los Estados Unidos de América y de la UE, esboza nuevas perspectivas de paz y cooperación entre los Estados de la región,

M.

Considerando que el Presidente de la RDC, Joseph Kabila, y su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, se reunieron en Tanzania en septiembre de 2007 para crear, con el apoyo de la ONU, una fuerza militar conjunta cuyo objetivo consiste en derrotar a los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (Lord's Resistance Army, LRA) y, asimismo, en llevar a cabo campañas conjuntas de prospección petrolífera,

N.

Considerando que la RDC posee abundantes reservas minerales naturales y recursos forestales, entre otros, que deben gestionarse de manera cuidadosa y eficaz con el fin de garantizar el desarrollo económico y social del país,

O.

Considerando la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la que la RDC es parte,

P.

Considerando la decisión del Gobierno de la RDC de revisar los contratos mineros y forestales firmados durante el periodo de guerra y la fase de transición,

Q.

Considerando que la nueva Constitución, aprobada el 18 de diciembre de 2005 por el pueblo congoleño, ofrece la sólida base necesaria para construir un Estado fundamentado en el Estado de derecho y en una sociedad verdaderamente democrática,

R.

Considerando que las elecciones presidenciales y legislativas multipartidistas celebradas en la RDC el 30 de julio y el 29 de octubre de 2006 respectivamente han renovado las esperanzas de la población de que se alcance un periodo de paz, estabilidad y prosperidad tras muchos años de dictadura y guerra; considerando que, en la actualidad, se están organizando unas elecciones municipales,

S.

Considerando que todos los ciudadanos congoleños tienen derecho a una protección equitativa por parte de las instituciones del Gobierno, sobre todo en lo que respecta a la seguridad y la protección de las personas y de su propiedad,

T.

Considerando que el Parlamento congoleño ha aprobado recientemente la ley sobre el estatuto de la oposición política en la RDC, con objeto de fortalecer la democracia y la función de dicha oposición en el gobierno del país,

1.

Pide a todas las fuerzas implicadas en los conflictos en el este de la República Democrática del Congo que respeten los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional, que pongan fin a los ataques contra civiles y que permitan a las agencias humanitarias asistir a la población civil;

2.

Insta encarecidamente a que se denuncie, identifique, enjuicie y castigue a los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de violencia sexual contra las mujeres y del reclutamiento de niños soldado de conformidad con el Derecho penal nacional e internacional;

3.

Pide al Gobierno de la República Democrática del Congo y a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo que garanticen un nivel de seguridad adecuado para los miembros de las organizaciones humanitarias;

4.

Pide a los gobiernos de los países de la UE y de la ACP, al Consejo de la UE, a la Comisión Europea, a las Naciones Unidas y a la Unión Africana (UA) que hagan todo lo posible para prestar una ayuda eficaz y adecuada a la población del este de la RDC y para contribuir a la subsanación de lo que constituye una catástrofe «humanitaria»;

5.

Expresa su grave preocupación por la situación y por la cifra de desplazados internos y refugiados que siguen hallándose en los países vecinos y pide a las autoridades de la RDC y a los países de acogida que hagan lo posible por facilitar el regreso seguro de los refugiados congoleños, sobre todo a través de una cooperación plena con socios como el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas (PAM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

6.

Pide a la Comisión Europea y al Consejo que preparen, con la cooperación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y del Gobierno de la RDC, un programa humanitario para la República Democrática del Congo cuyo objetivo consista en aumentar la cuantitativa y cualitativamente la asistencia médica prestada a la población congoleña;

7.

Pide a la Comisión Europea que preste ayuda, incluso económica, para la organización de una conferencia de paz en Kivu, con objeto de que la población pueda participar en la búsqueda de soluciones duraderas;

8.

Toma nota de los compromisos mutuos contraídos por Burundi, la RDC, Uganda y Ruanda y, en concreto, del Comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Ruanda y la RDC en Nairobi el 9 de noviembre de 2007, con vistas a hallar una solución concertada y duradera a los problemas de seguridad de la región; felicita a las partes por los esfuerzos emprendidos;

9.

Insta a toda las partes a que cumplan rigurosamente los compromisos contraídos y pide a las Naciones Unidas, la UE, la AU, los socios de los Estados afectados y los Amigos de los Grandes Lagos que apoyen firme y activamente los esfuerzos emprendidos para llevar a la práctica tales compromisos y el Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos;

10.

Insta al Gobierno de la RDC a que, con ayuda de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo — cuyos recursos habrán de incrementarse — y, de conformidad con lo enunciado en el apartado 9, letra b), del Comunicado conjunto de 9 de noviembre de 2007, emprenda urgentemente operaciones militares conducentes a desmantelar las antiguas fuerzas armadas ruandesas/Interahamwe, en su calidad de organización militar genocida, en la RDC, y a que tales operaciones se lleven a cabo junto a operaciones encaminadas a desmantelar los grupos armados ilegales presentes al norte y al sur de Kivu;

11.

Se congratula de la voluntad expresada por Ruanda y la RDC durante la reunión de sus respectivos ministros de asuntos exteriores celebrada en Kinshasa los días 3 y 4 de septiembre de 2007 de normalizar las relaciones entre ambos países y anima a estos países en ese sentido;

12.

Pide que los países signatarios del Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos lo ratifiquen y apliquen plenamente;

13.

Pide que se emprendan esfuerzos de ámbito nacional e internacional para reforzar el estado de derecho en la RDC, sobre todo en los ámbitos de la gobernanza y la seguridad;

14.

Exige la restauración y el respeto de la autoridad del Estado en todo el país, lo que entraña el desarme de todas las milicias;

15.

Pide a la comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la UE y los países ACP, que cumplan sus promesas de cooperar con la RDC y contribuyan a que se logre la estabilidad en el este del país;

16.

Pide a las Naciones Unidas, la UE, la UA y los demás socios de la RDC que sigan apoyando los esfuerzos emprendidos por las autoridades de dicho país para reformar el ejército, la policía, los servicios de seguridad y el estamento judicial con vistas a restablecer el Estado y su autoridad, elementos fundamentales para la consolidación de la paz y la seguridad en el país y, asimismo, en la región de los Grandes Lagos;

17.

Expresa su satisfacción por la creación de instituciones elegidas democráticamente en la RDC y pide a los dirigentes del país que emprendan todas las iniciativas necesarias para consolidar la democracia y velar por la participación de todas las fuerzas activas de la nación congoleña en el gobierno del país, sobre la base de las normas constitucionales;

18.

Se congratula de que el Parlamento de la RDC haya aprobado la ley por la que se establece el estatuto de la oposición política y pide que ésta se promulgue cuanto antes y se aplique satisfactoriamente;

19.

Pide el apoyo de la UE y de la comunidad internacional para la organización de las elecciones locales y municipales, previstas en principio para 2007, que representan la última fase del proceso electoral congoleño;

20.

Toma nota de la decisión de revisar los contratos de explotación minera y forestal firmados durante el periodo de guerra y la fase de transición con vistas a su renegociación y pide al Gobierno de la RDC que aplique mecanismos transparentes para la gestión de los recursos naturales del país, con el fin de que el Parlamento y, asimismo, la sociedad civil puedan presentar propuestas que redunden en interés de la población congoleña;

21.

Considera que el acceso a la riqueza natural del país y el control democrático y la redistribución equitativa de la misma en beneficio de la población en su conjunto son indispensables para lograr el desarrollo sostenible del país;

22.

Pide a la Comisión Europea y al Consejo de la UE que fortalezcan sus actuales vínculos de cooperación con el Gobierno de la RDC en el ámbito de la supervisión de la explotación de los recursos naturales del país;

23.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de los países de la región de los Grandes Lagos, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Comisión de la UA.