—

Reunida en Addis Abeba (Etiopía) del 16 al 19 de febrero de 2004,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Visto el apartado 1 del artículo 37 del Acuerdo de Cotonú, sobre la negociación de los acuerdos de asociación económica durante el periodo preparatorio que concluirá el 31 de diciembre de 2004,

—

Vista su «Declaración del Cabo» (Sudáfrica) sobre las próximas negociaciones ACP-UE con vistas a la celebración de nuevos acuerdos comerciales, aprobada el 21 de marzo de 2002 (2),

—

Vista su resolución sobre la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo, aprobada en Roma el 15 de octubre de 2003 (3),

—

Vista la resolución del Parlamento Europeo de 26 de septiembre de 2002, sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión con respecto a la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y las regiones ACP (4),

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio (ACP-UE 3643/04),

A.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú prevé que «durante el período preparatorio, que finalizará a más tardar el 31 de diciembre de 2007, se negociarán Acuerdos de Asociación Económica» y que estos Acuerdos de Asociación Económica deben contribuir a la «integración progresiva y armoniosa de los Estados ACP en la economía mundial, en cumplimiento de sus elecciones políticas y sus prioridades de desarrollo, fomentando así su desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP» y no constituyen un fin en sí mismos,

B.

Considerando que las negociaciones realizadas hasta ahora han sacado a la luz graves divergencias entre los países ACP y la Unión Europea sobre elementos clave del contenido y el ámbito de las negociaciones, así como sobre la apertura de la segunda fase de las negociaciones de los AAE a nivel regional,

C.

Considerando que ambas partes convinieron en octubre de 2003 que los Acuerdos de Asociación Económica deberían ser compatibles con las normas entonces vigentes de la OMC, y tener en cuenta el carácter evolutivo de las disposiciones pertinentes de la OMC,

D.

Considerando que el apartado 6 del artículo 37 del Acuerdo de Cotonú dispone que en 2004, la UE examinará la situación de los no PMD que decidan, previa consulta con la Comunidad, que no están en condiciones de negociar acuerdos de asociación económica y estudiará todas las alternativas posibles, con el fin de proporcionar a estos países un nuevo marco comercial equivalente a su situación actual,

E.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú prevé la eliminación progresiva de las barreras a los intercambios entre ambas partes,

F.

Considerando que el apartado 3 del artículo 37 del Acuerdo de Cotonú dispone, en particular, que «el período preparatorio se aprovechará también para desarrollar la capacidad de los sectores público y privado de los países ACP»,

G.

Considerando que los objetivos de la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, la participación igual y efectiva de las mujeres, y la participación de los agentes no estatales, reafirmados en el Acuerdo de Cotonú, deben constituir la base de las negociaciones de los AAE,

H.

Vista la importancia que siempre ha concedido la APP a la responsabilidad y la legitimidad de los parlamentarios, así como a la necesidad de la consulta, la información y el control de las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica,

I.

Considerando que de los estudios sobre el impacto de los AAE se desprende que la supresión de los derechos de aduana sobre las exportaciones de la UE acarrearía una importante pérdida de ingresos a los países ACP.

J.

Considerando que el artículo 25 del Acuerdo de Cotonú establece la conveniencia de velar especialmente por mantener un nivel suficiente de gasto público en los sectores sociales,

K.

Considerando que las exportaciones de los países ACP hacia la Unión Europea se ven afectadas por una serie de obstáculos no arancelarios, en particular las MSF (medidas sanitarias y fitosanitarias), y las normas y reglas de origen.

L.

Considerando que el fracaso de la quinta Conferencia ministerial de la OMC en Cancún puso de manifiesto la brecha existente entre las aspiraciones de los países en desarrollo y el enfoque preconizado por los países industrializados en materia de negociaciones comerciales multilaterales en el marco del programa de Doha para el desarrollo,

M.

Considerando que el fracaso de Cancún pone de nuevo en tela de juicio el multilateralismo y el programa de Doha para el desarrollo, lo que podría acarrear la proliferación de acuerdos bilaterales, con seguridad menos favorables para los países en desarrollo,

N.

Considerando que los países ACP y la UE reconocen la importancia de un sistema comercial multilateral más equilibrado y equitativo bajo la égida de la OMC, basado en una relación explícita entre comercio y desarrollo, un auténtico trato especial y diferenciado para los países en desarrollo (y en particular para los PMD y los pequeños países insulares o vulnerables y sin acceso al mar), así como sobre la transparencia y la integración del proceso de toma de decisiones,

O.

Considerando que la UE se ha comprometido, en el marco del Acuerdo de Cotonú, a que tras las negociaciones de los AAE ningún país se encuentre después de 2007 en una situación más desfavorable que en virtud de las actuales disposiciones comerciales ACP-UE,

P.

Considerando que la primera fase de las negociaciones AAE no ha concluido con la celebración de una acuerdo marco obligatorio, que era el objetivo de los países ACP,

Q.

Considerando que la deuda externa constituye para muchos países ACP un obstáculo insuperable para su desarrollo económico y social,

1.

Pide que se eleven al rango de principios orientadores la viabilidad, la sostenibilidad y la legitimidad socioeconómicas de los AAE; pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta, en el marco de las negociaciones sobre los AAE, los aspectos siguientes:

2.

Pide a los países y regiones ACP que realicen con carácter urgente estudios de impacto y de sostenibilidad adecuados, con el fin de facilitar información para el proceso de negociación de los AAE; pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que aporten el apoyo financiero adecuado y necesario para la realización de estos trabajos, que deben incluir:

3.

Recuerda que el Parlamento Europeo ya había pedido la realización de estudios sobre el impacto probable, desde los puntos de vista social y medioambiental, del establecimiento de una liberalización del comercio entre la UE y los países ACP en el marco de los AAE, y que la elaboración de estos estudios y su transmisión a los parlamentarios ACP y UE deben permitir la adopción de nuevas medidas en la vía de la liberalización;

4.

Pide que los países ACP y la Unión Europea cooperen en el seno de la OMC para asegurar la flexibilidad de los acuerdos comerciales, de forma que se luche con la mayor eficacia contra la pobreza, teniendo en cuenta el carácter evolutivo de las correspondientes disposiciones de la OMC;

5.

Recuerda a las partes en las negociaciones sus respectivas responsabilidades, en los términos del Acuerdo de Cotonú, en lo referente a la participación de actores no estatales (incluidas las organizaciones de mujeres, los sindicatos, los empresarios y los interlocutores económicos y sociales), al definir y ejecutar, en particular, su estrategia en materia de desarrollo y de comercio,

6.

Insiste en que se refuercen las capacidades, con el fin de garantizar un adecuado control de las negociaciones AAE en el seno de los Parlamentos nacionales de los países ACP; recuerda que también se deberá informar y consultar a los parlamentarios europeos para garantizar un control suficiente de estas negociaciones;

7.

Pide a la Comisión Europea que apoye, durante un periodo transitorio, el principio de no reciprocidad comercial que debe regir las relaciones entre países industrializados y países en desarrollo, y que dé pruebas de flexibilidad con respecto a los países ACP durante las negociaciones AAE, con el fin de tener en cuenta su nivel de desarrollo, el tamaño relativamente modesto de sus economías. sus necesidades financieras, sus necesidades en materia de desarrollo y sus necesidades comerciales; también pide a la Comisión que vele por que los AAE se conviertan realmente en instrumentos de desarrollo sostenible para los países ACP; por tanto le pide que, a partir de este momento, promueva un crecimiento económico sostenible en los países y regiones ACP, y que mejore sus posibilidades de exportación hacia el mercado de la UE, aplicando, en particular, los medios siguientes:

8.

Pide que los acuerdos comerciales ACP-UE hagan especial hincapié en los medios para resolver el problema de los obstáculos no arancelarios (en contraposición a los obstáculos arancelarios) que han resultado perjudiciales a la lucha contra la pobreza en los países ACP, cosa que respondería a lo establecido en la apartado 1 del artículo 36 del Acuerdo de Cotonú;

9.

Subraya la necesidad de tener en cuenta y compensar la incidencia de la reciprocidad, probablemente desfavorable, sobre los países ACP, así como de prever la no reciprocidad en los casos en que esto sea razonable y necesario para permitir el crecimiento de las industrias ACP, la protección de los agricultores vulnerables y el desarrollo estructural, así como para apoyar los objetivos de los Gobiernos ACP en materia de desarrollo sostenible y de lucha contra la pobreza;

10.

Reafirma que los AAE deben incluir cláusulas de salvaguardia eficaces, que protejan a los productores ACP contra las importaciones masivas procedentes de la Unión Europea;

11.

Se congratula por la aprobación de un informe común que recoge los acuerdos alcanzados sobre una serie de importantes problemas, que servirá de orientación para la segunda fase de las negociaciones con las configuraciones regionales; sin embargo pide que este aspecto se consolide mediante la aplicación efectiva del mecanismo «todos ACP-UE», durante la segunda fase de las negociaciones AAE, con el fin de facilitar que se tengan en cuenta las cuestiones de interés común para todos los países ACP;

12.

Reafirma el compromiso del Acuerdo de Cotonú de tener en cuenta la situación de las mujeres y los problemas de igualdad de género en todos los ámbitos, incluido el comercio,

13.

Subraya que es necesario preservar y mejorar el acervo de Cotonú, en particular en lo que se refiere al acceso al mercado de todos los productos agrícolas e industriales procedentes de los países ACP, y que es de vital importancia velar por que los países ACP mantengan su derecho a proteger los productos vulnerables en sus propios mercados contra las exportaciones procedentes de los países industrializados, así como el de recurrir a las medidas de salvaguardia adecuadas; insiste en la importancia de la incidencia de las ayudas a la exportación de la Unión Europea y del apoyo nacional a las economías de los Estados ACP en estos ámbitos, con el fin de facilitar la diversificación, la conservación de la agricultura familiar y cooperativa, la soberanía alimentaria y el aumento del valor añadido de las exportaciones agrícolas e industriales de los países ACP;

14.

Reafirma la importancia crucial de la agricultura para conseguir los objetivos definidos en el Acuerdo de Cotonú y, a este respecto, pide a la UE una respuesta adecuada a las cuestiones de la liberalización de los intercambios y de la secuenciación de las ayudas financieras a la agricultura y a la pesca durante las negociaciones AAE en estos ámbitos, con el fin de facilitar la diversificación y el valor añadido de las exportaciones agrícolas de los países ACP; facilitándoles tanto una asistencia técnica directa como medios financieros adecuados y tomando iniciativas que permitan promover la transformación, la comercialización, la distribución y el transporte (TCDT) de los productos ACP;

15.

Opina que sigue siendo una cuestión vital tratar de conseguir precios garantizados y estables para las materias primas esenciales para el desarrollo de los países ACP, y que después de los sistemas Stabex y Sysmin, la Comisión y la UE en su conjunto deben proponer y promover nuevos sistemas en esta sentido, tanto a nivel bilateral como internacional;

16.

Recuerda que la revisión de los protocolos sobre los productos básicos en el marco de las negociaciones AAE, en virtud del apartado 4 del artículo 36 del Acuerdo de Cotonú, debe tener el fin de salvaguardar las ventajas que de ella se derivan, teniendo presente el estatuto particular del protocolo sobre el azúcar, y teniendo en cuenta que la reforma de la PAC tendrá como consecuencia una importante erosión del valor de las preferencias comerciales de las que se benefician en la actualidad los productos agrícolas;

17.

Subraya la necesidad de aumentar las cuotas actuales en el marco de los productos básicos, con el fin de tener debidamente en cuenta a los nuevos miembros, y en el espíritu del mantenimiento y la mejora del acervo de Cotonú;

18.

Reafirma la necesidad de que la UE y los Estados miembros contraigan compromisos firmes con el fin de conceder a los países ACP los recursos financieros adecuados, así como una asistencia técnica durante el periodo preparatorio y la fase de transición de los AAE, en particular mediante una mejor utilización de los fondos disponibles para aportar mejorar en los siguientes ámbitos y aprovechar al máximo las ventajas de los AAE:

19.

Recuerda que estas importantes inversiones deben realizarse antes de que las economías de estos países entren en competencia con las empresas de la UE; opina que debe evaluarse mejor este esfuerzo financiero; pide a la UE que examine las medidas que permitan aportar una respuesta adecuada a las necesidades de financiación en este ámbito;

20.

Pide a la Comisión que le presente una estimación de los costes de ajuste y de los beneficios perdidos a causa de las pérdidas de ingresos fiscales para los países ACP;

21.

Subraya la importancia de los impuestos sobre los intercambios como fuente significativa de ingresos para los Gobiernos de la mayoría de los países ACP y, a este respecto, pide a la Comisión que adopte las disposiciones necesarias para compensar la pérdida, a largo plazo, de ingresos aduaneros derivada de la aplicación de los AAE en los países ACP, con el fin de mantener la capacidad de estos Gobiernos para financiar:

22.

Pide a la Comisión que promueva el desarrollo del sector agroalimentario ACP, lo que incluye la promoción de las tecnologías y el desarrollo de las capacidades en los sectores agrícola, industrial y de servicios, así como una mejora de la financiación de los pequeños productores agrícolas y de las pequeñas empresas del medio rural;

23.

Pide a la Unión Europea que actúe de forma que se tengan en cuenta en las negociaciones los efectos de la reforma de la PAC, con el fin de mantener y aumentar el valor de las preferencias agrícolas de las que se benefician en la actualidad los países ACP y de garantizar en la medida de lo posible una protección eficaz de los mercados de los países ACP contra la competencia desleal de las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de la Unión Europea;

24.

Se congratula por el principio de acuerdo con el cual los procesos de integración regional deben permitir a los Gobiernos ACP elaborar y aplicar sus propios procesos de integración, tal y como prevé el apartado 2 del artículo 35 del Acuerdo de Cotonú; también preconiza una secuenciación óptima de las distintas series de negociaciones, de acuerdo con los objetivos fijados a favor de un desarrollo sostenible;

25.

Reafirma la importancia de un sector de servicios dinámico para el desarrollo de las economías de los países y regiones ACP; también reafirma la necesidad de reforzar este sector en estos países y regiones y, a este respecto, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea que aporten una financiación adecuada para sostener este sector en los países ACP y que respeten escrupulosamente las disposiciones del artículo 41 del Acuerdo de Cotonú durante la segunda fase de las negociaciones de los AAE;

26.

Pide a la UE y a los países ACP que suscriban mutuamente el derecho de reglamentar el suministro de servicios públicos en sus territorios, con el fin del alcanzar los objetivos que se han fijado a nivel nacional;

27.

Pide a los países y regiones ACP que decidan negociar los AAE que lo hagan teniendo plenamente en cuenta su política de desarrollo y pide a la UE que negocie los AAE teniendo en cuenta la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad;

28.

Pide a la Comisión que haga un inventario de los obstáculos no arancelarios, en particular las medidas sanitarias y fitosanitarias, que frenan las exportaciones de los productos ACP hacia la UE, y que establezca un intercambio de informaciones con los países ACP sobre la elaboración y la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, con el fin de promoción de la seguridad alimentaria en Europa no constituya un obstáculo para el comercio de los ACP más pequeños y menos desarrollados; señala que esto podría englobar disposiciones que prevean la financiación de los gastos derivados del respeto de las medidas sanitarias y fitosanitarias y del respeto de las mismas;

29.

A este respecto pide a la Comunidad Europea, en asociación con los países ACP, que intervenga en el marco de la OMC, con el fin de:

30.

Opina que no debe esquivarse la cuestión de la solución a la deuda exterior de los países ACP, sino que por el contrario, la Unión Europea debe abordarla en el marco de los nuevos acuerdos de asociación económica, y de deben encontrarse soluciones a nivel bilateral y/o mediante una presión sobre las instituciones financieras internacionales y otras partes afectadas;

31.

Pide al Consejo de Ministros ACP-UE, que debe reunirse en Botswana en mayo de 2004, que prevea adoptar la decisión de aplazar hasta 2006 el examen de la situación de los países ACP que no sean PMD, examen previsto en el apartado 6 del artículo 37 del Acuerdo de Cotonú;

32.

Pide a los países ACP y a la Comunidad Europea que promuevan y apoyen una mayor participación de la sociedad civil en los debates y negociaciones de los AAE;

33.

Pide que los parlamentarios del Parlamento Europeo, de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y de todos los países ACP y Estados miembros de las Unión Europea se comprometan realmente en el proceso de negociación de los AAE; pide, en particular, un control parlamentario efectivo en todos los países ACP y Estados miembros de la Unión Europea a lo largo de las negociaciones;

34.

Pide a los países ACP y a la Unión Europea que apoyen una mayor participación de las agrupaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de productores, las agrupaciones de mujeres y las asociaciones de consumidores, en los debates y negociaciones de los AAE;

35.

Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión y al Director General de la OMC.

—

Reunida en Addis Abeba (Etiopía) del 16 al 19 de febrero de 2004,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú, en particular el artículo 11 «Políticas en favor de la paz, prevención y resolución de los conflictos» (2),

—

Vista el Acta constitutiva de la Unión Africana, adoptada el 11 de julio de 2000 en Lomé (Togo),

—

Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue firmado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002,

—

Vista la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), cuyo documento constitutivo se firmó en octubre de 2001 en Abuja (Nigeria),

—

Vistas las declaraciones de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, así como las decisiones y declaraciones del segundo periodo de sesiones ordinario de la Conferencia de la Unión Africana celebrado en Maputo (Mozambique), del 10 al 12 de julio de 2003,

—

Vistas sus anteriores resoluciones y, en particular, su Resolución (ACP-UE/3587/03) sobre los derechos de los niños, especialmente los niños soldados, aprobada en Roma el 15 de octubre de 2003 (3),

—

Visto el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2001 sobre la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de conflictos (4),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2001 sobre las armas ligeras (5),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados (6),

—

Vista la Decisión 2003/432/PESC del Consejo, de 12 de junio de 2003, relativa al comienzo de la Operación Militar dirigida por la Unión Europea en la República Democrática del Congo (7),

—

Vista la Posición Común del Consejo, de 29 de octubre de 2001, para luchar contra el tráfico ilegal de diamantes a efectos de contribuir a la prevención y resolución de los conflictos (2001/758/PESC) (8),

—

Visto el programa de la Unión Europea para la prevención de conflictos violentos, aprobado por el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001,

—

Vista la Resolución 1467 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 18 de marzo de 2003, sobre la proliferación de las armas pequeñas y ligeras y las actividades de los mercenarios: amenazas para la paz y la seguridad en el África occidental,

—

Visto el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,

—

Vistos el Plan de Acción del G8 para África decidido en la Cumbre del G8 celebrada en Kananaskis (Canadá) los días 26 y 27 de junio de 2003, así como las declaraciones al respecto de la Cumbre del G8 celebrada en Evian (Francia) del 1 al 3 de junio de 2003,

—

Visto el papel pionero desempeñado por la UE en la formulación y aplicación del proceso de Kimberley sobre los llamados «diamantes de sangre» y la Convención de Ottawa sobre minas terrestres,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 3601/04),

A.

Considerando los numerosos conflictos que amenazan o asolan África y teniendo en cuenta las tensiones que podrían convulsionar la estabilidad de las regiones del Pacífico y del Caribe,

B.

Considerando que estos conflictos están motivados, en su mayor parte, por la falta de respeto de los derechos humanos, así como por la inexistencia de democracia y de un Estado de Derecho, las tensiones étnicas y religiosas, el terrorismo vinculado al nacionalismo y al fundamentalismo, estructuras de gobierno ineficaces, la delincuencia organizada y el tráfico de estupefacientes y de armas, la pobreza, el desempleo, las injusticias y las desigualdades sociales, económicas y políticas, el rápido crecimiento demográfico y la mala gestión y/o explotación de las riquezas naturales, y el comportamiento de determinadas empresas para hacerse con el control de los mercados de materias primas y los recursos naturales,

C.

Considerando que la proliferación incontrolada e ilegal de armas ligeras y de pequeño calibre favorece la utilización de niños soldado y que el tráfico ilícito de armas y de estupefacientes, la explotación ilegal de los recursos naturales y la utilización de niños soldado y de mercenarios contribuyen a agudizar los conflictos,

D.

Convencida de que la paz constituye una condición indispensable para iniciar el desarrollo político, económico y social y que el desarrollo económico sostenible y justo es una condición indispensable para una paz duradera,

E.

Considerando la urgente necesidad de incorporar la perspectiva de género a la prevención y la resolución de conflictos, las operaciones de pacificación y mantenimiento de la paz y los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción, así como de garantizar que, en su caso, las operaciones sobre el terreno incluyan un componente de género,

F.

Considerando que los conflictos en los países ACP, y en particular en África, están cobrando una dimensión de carácter regional o internacional cada vez más acentuado, con la participación de países vecinos y terceros, y con frecuencia son atizados por los intereses económicos transnacionales,

G.

Considerando que es preferible prevenir el surgimiento de un conflicto abordando sus causas profundas a tener que intervenir cuando ya ha estallado,

H.

Considerando que, sobre la base del artículo 11 del Acuerdo de asociación de Cotonú, incumbe a la UE la responsabilidad especial de ayudar a los países ACP a encontrar una solución pacífica para sus conflictos internos, dentro del respeto de su identidad nacional,

I.

Considerando la reciente creación de la Unión Africana y el papel que ésta podría desempeñar en el futuro en el contexto de la prevención y resolución de los conflictos,

J.

Considerando que el 11 de diciembre de 2003, el Consejo de ministros ACP-UE decidió asignar 250 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo a un Fondo de Paz para África,

K.

Considerando que la NEPAD debería contribuir eficazmente a la pacificación mediante esfuerzos destinados a mejorar las condiciones de vida de los pobres,

L.

Considerando asimismo el papel potencial de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) de conformidad con las misiones de Petersberg, así como la asistencia humanitaria y la mediación que la Unión Europea puede ofrecer a los países ACP; considerando, no obstante, que el refuerzo de la política de cooperación y la instauración de unas condiciones comerciales más justas continúan siendo los dos instrumentos esenciales para lograr una paz duradera,

M.

Considerando que un acuerdo de paz sólo puede negociarse en un entorno en calma, previa firma de un alto el fuego que respeten las partes en conflicto,

N.

Considerando la utilidad de la presencia de una fuerza de interposición en esa fase,

O.

Subrayando la necesidad de que exista una mediación y destacando el útil papel que pueden desempeñar, en esta perspectiva, la Unión Africana, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, pero recordando que la solución de un conflicto sólo puede derivarse de un acuerdo entre las partes, y que las organizaciones o los Estados ajenos a un conflicto no pueden pretender imponer de manera unilateral las condiciones del acuerdo,

P.

Considerando que el lanzamiento de la operación Artemis en Bunia constituye la primera operación militar europea de estabilización bajo el mandato de la ONU y fuera del continente europeo,

Q.

Destacando la participación de la Unión Africana, junto con Francia, en la resolución del conflicto en Côte d'Ivoire, y las conclusiones alentadoras de la reunión de Jefes de Estado Mayor de los Estados miembros de la Unión Africana, celebrada en Etiopía en mayo de 2003, en la que se consideró la posibilidad de crear una fuerza africana de interposición de aquí a dos años,

R.

Subrayando la participación de la Unión Africana y de la UN en la consolidación del proceso de paz en Burundi,

S.

Señalando la importancia que revisten y el papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales africanas en la prevención y solución de conflictos,

T.

Recordando que no puede haber una paz estable sin reconciliación nacional, sin una justicia equitativa y sin el apoyo del conjunto de la sociedad civil al proceso de paz; considerando que la creación de la Corte Penal Internacional y el establecimiento de comisiones de la verdad pueden garantizar que los crímenes cometidos por las partes en conflicto no quedarán impunes, evitando así la sensación de injusticia por parte de las víctimas, favoreciendo, de este modo, la reconciliación nacional,

U.

Recordando también que, una vez que se ha logrado resolver el conflicto, la fase de reintegración económica y social de los antiguos combatientes (entre los cuales los niños soldados exigen una atención muy especial) es un factor esencial para el mantenimiento y la consolidación de la paz,

V.

Destacando el deber de la comunidad internacional, en particular de la Unión Europea pero también de los Estados vecinos, de respaldar el proceso de paz, y recordando el papel crucial de la ayuda a la reconstrucción y los esfuerzos realizados por la Unión Europea y sus Estados miembros a este respecto,

W.

Haciendo hincapié en la utilidad de la ayuda humanitaria y considerando que su encauzamiento debe realizarse con medios exclusivamente civiles y diplomáticos,

X.

Señalando que una sociedad civil bien informada e independiente (ONG, asociaciones profesionales, medios de comunicación independientes, institutos de investigación, etc.) puede desempeñar un papel crucial para romper la espiral de violencia fomentando un debate público y exigiendo un gobierno más responsable,

Y.

Considerando que la utilización de la violación como arma de guerra está ampliamente documentada y que este fenómeno ha sido declarado crimen de guerra por las Naciones Unidas,

Z.

Considerando que las facciones armadas participantes en numerosos conflictos han capturado a muchachas y mujeres forzándolas a la esclavitud sexual,

AA.

Considerando que es vital la plena participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión, la prevención y resolución de conflictos y todas las iniciativas en favor de la paz; que, si bien su participación en las misiones de mantenimiento de la paz en el pasado no ha sido importante en términos cuantitativos, la presencia cada vez mayor de mujeres en los componentes civil, militar y policial de las operaciones de mantenimiento de la paz se ha traducido en la mejora de las relaciones con las comunidades locales, aspecto esencial para la consecución de una paz duradera,

AB.

Destacando que la consecución de una paz duradera está supeditada de muchas formas a la participación y el control de la comunidad en el proceso de paz, proceso que sólo puede ser legítimo si en él participan las mujeres en pie de igualdad, y que el papel de la comunidad internacional a la hora de apoyar las redes de la sociedad civil que vinculan las iniciativas locales, nacionales e internacionales es crucial para el proceso de paz,

1.

Solicita que la prevención de conflictos y la estabilidad estructural constituyan objetivos clave de la política de desarrollo de la UE, y considera que la política de la UE en materia de prevención de conflictos debe hacer frente a las causas estructurales de los conflictos relacionadas con la pobreza, incluido el desigual reparto de la riqueza, las injusticias sociales, las violaciones de los derechos humanos, la opresión de las minorías y la discriminación religiosa;

2.

Está convencida del papel indispensable de la cooperación internacional (UA, UE y ONU) y regional para la prevención y la resolución de los conflictos y para el mantenimiento de la paz, y manifiesta su preocupación ante la continua erosión del presupuesto de la UE para la cooperación al desarrollo;

3.

Insiste en la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados miembros y los países ACP mantengan un diálogo fructífero y franco; subraya que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es el foro ideal para abordar los conflictos potenciales, en curso y pasados y para examinar el modo de resolver esos conflictos y mantener la paz;

4.

Opina que, para prevenir y resolver los conflictos, en primer lugar hay que identificar sus causas profundas y remediarlas:

5.

Considera que la UE debe reforzar los dispositivos que permiten una mayor coherencia, con el fin de lograr la convergencia de sus propias políticas, las políticas y tomas de posición de sus Estados miembros, en particular en el seno de las instituciones financieras internacionales, y las actuaciones de las empresas privadas activas en los países ACP, con miras a hacer progresar los objetivos prioritarios de paz y desarrollo;

6.

Considera que la Unión Europea puede desempeñar un papel importante aplicando una política coherente destinada a fomentar la aparición de un verdadero pluralismo político en África que vaya más allá de unas elecciones libres y transparentes;

7.

Considera que la UE debe adoptar una política comercial y de desarrollo coherente con el fin de ayudar a las economías africanas a desarrollarse y protegerse ante una competencia desestabilizadora;

8.

Presta especial atención a los instrumentos de intervención preventiva contemplados en el Acuerdo de Cotonú, y está decidida a velar por que sus signatarios respeten los compromisos contraídos, en particular la cláusula esencial relativa al establecimiento del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la democracia;

9.

Celebra el nacimiento de la Unión Africana y está convencida del papel primordial que ésta desempeñará en favor de la estabilidad del continente africano; se congratula, a este respecto, por su mediación en la resolución del conflicto surgido recientemente en Côte d'Ivoire y Burundi;

10.

Considera que la rehabilitación del Estado democrático y legítimo en África es una condición indispensable para lograr una paz duradera, y pide, en este sentido, a los responsables de la Unión Africana que apliquen una política de desarrollo sostenible independiente, voluntariosa y democrática para responder a las necesidades elementales de la población africana;

11.

Considera inaceptable que el reembolso de la deuda y el servicio de la deuda absorban cada año casi el 40 % del PIB de los países menos avanzados, mientras que el presupuesto destinado a la educación y la sanidad continúa siendo ridículo; exige, en consecuencia, que se encuentre una solución global para los problemas de endeudamiento de estos países;

12.

Considera, no obstante, que cuestiones como la resolución del problema de la deuda externa y la revisión de los criterios de las instituciones financieras internacionales son prioritarias para permitir que los países ACP apliquen unas políticas de desarrollo que serán las únicas capaces de construir una paz duradera;

13.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que desarrollen un marco financiero para la paz y la prevención de conflictos en África, que no esté relacionado con el Fondo Europeo de Desarrollo; considera que este marco financiero podría gestionarse en colaboración con la Unión Africana y las organizaciones regionales africanas, del Caribe y del Pacífico, y que debería comprender las operaciones de mantenimiento de la paz;

14.

Insta a los países ACP a que velen por una mayor transparencia en la presentación de sus presupuestos de defensa y seguridad, y por que sus gastos militares sean proporcionados en relación con sus necesidades reales en materia de seguridad y sus disponibilidades presupuestarias para la lucha contra la pobreza;

15.

Pide al Consejo y a la Comisión que den en primera instancia prioridad a la introducción de sanciones «inteligentes» (como denegaciones de visado, congelación de saldos positivos, limitación de la cooperación militar, entre otros aspectos para la exportación de armamento, o de los intercambios comerciales), dado que éstas resultan mucho más eficaces y afectan más a la élite política que a la población media;

16.

Considera que el sistema de certificación previsto por el proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes contribuye a la prevención de conflictos, y pide que se establezca un sistema similar para otras materias primas;

17.

Recomienda a los Estados miembros que apoyen activamente los esfuerzos realizados por las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a escala internacional y regional para poner fin a la explotación ilegal de la madera;

18.

Considera que también a las empresas nacionales e internacionales incumbe cierta responsabilidad en la resolución de los conflictos locales y regionales; aboga por tanto por el establecimiento de un código ético internacional de responsabilidad social de las empresas, similar al de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE);

19.

Pide a todos los países que reglamenten todos los aspectos del comercio de armas, y a la comunidad internacional que ponga fin a la impunidad de que gozan los suministradores de armas, pues la aportación de armas a las zonas en crisis contribuye en gran medida a atizar los conflictos existentes y a aumentar el riesgo de nuevos conflictos;

20.

Considera alentadora la resolución adoptada por los Jefes de Estado Mayor de los Estados miembros de la UA por la que se propone crear una fuerza africana de interposición de aquí a dos años;

21.

Celebra la decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se autoriza el envío a Bunia de una fuerza de interposición europea bajo mandato de la ONU, así como la forma en que la MONUC se encargó del relevo de esta fuerza el 1 de septiembre de 2003;

22.

Pide que el mandato de este tipo de fuerzas desplegadas se precise en el futuro en términos que les garanticen los medios necesarios para llevar a cabo su misión, así como el derecho y el deber de ponerlos en práctica cada vez que la ejecución de su misión así lo exija;

23.

Condena duramente la utilización de niños soldado y pide a todos los países ACP y a los Estados miembros actuales y futuros de la UE que ratifiquen el Protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y velen por su aplicación;

24.

Reitera su petición a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea para que nombre un Alto Representante de los derechos del niño, con el fin de asegurar la coordinación general, el seguimiento y una mayor visibilidad de los derechos del niño, así como de conceder mayor importancia a las cuestiones relativas a los niños en todas las políticas de la Unión Europea;

25.

Propone que los Gobiernos de los países ACP también creen este tipo de función, con el fin de asegurar una coordinación general y conceder mayor importancia a las cuestiones relativas a los niños en todas las políticas pertinentes;

26.

Estima que las operaciones de salida de la crisis, retorno a la vida normal y reconstrucción revisten una importancia esencial para la instauración de una paz duradera;

27.

Insiste, a este fin, en la necesidad de que un gobierno y una administración transitorios, apoyados por la comunidad internacional, preparen cuanto antes el retorno al orden constitucional;

28.

Manifiesta su deseo de que se desarrolle una verdadera cultura de la paz y la democracia por medio de las instituciones apoyadas por la UE y por los países ACP;

29.

Pide a la UE y a los países próximos a un conflicto que recompensen el restablecimiento de la paz y los progresos hacia la democracia con la normalización de las relaciones con el país en cuestión y, en el caso de los Estados miembros de la UE, con el alivio de la deuda y una ayuda a la reconstrucción importante;

30.

Considera necesario velar de forma adecuada, a nivel psicológico y médico, por las víctimas traumatizadas de los conflictos violentos, aspecto que cobra aún más importancia en el caso de las víctimas de violaciones o las víctimas graves de las minas;

31.

Considera que la NEPAD es una iniciativa que, por sus objetivos y mecanismos, puede contribuir a la prevención y la resolución de conflictos y lograr una estabilización política;

32.

Pide a la Comisión que, en la aplicación de los programas de cooperación y desarrollo en favor de un país que esté saliendo de un conflicto, vele por que se dé prioridad a:

33.

Solicita un papel más destacado para el Parlamento Europeo en la toma de decisiones sobre la suspensión de la ayuda (en estrecha colaboración con las delegaciones relevantes de la CE), las sanciones y otras medidas, y manifiesta su deseo de que se informe con más frecuencia al Parlamento y a la Asamblea Paritaria ACP-UE sobre la situación en relación con la cooperación de la UE con los países ACP implicados en un conflicto armado;

34.

Considera que las comisiones de la verdad pueden desempeñar una función de bisagra entre un pasado que deben esclarecer, por una parte, y un futuro con otro régimen político, por otra; aboga, en este contexto, por que la UE, sus Estados miembros y los países ACP apoyen plenamente este medio de reconciliación;

35.

Considera que tras el final de los conflictos armados puede ser necesario prever medidas de apoyo para las tropas que se retiran, con el fin de evitar y/o limitar las repercusiones negativas para la población local, el medio ambiente y la infraestructura;

36.

Considera que la desmovilización de antiguos combatientes exige una financiación duradera y que los programas de desmovilización deben formar parte de los programas a favor del desarrollo económico y social del país afectado y de un programa para la reforma de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, incluidos la policía, el ejército y el poder judicial;

37.

Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen a la sociedad civil de los países ACP, tal como se prevé en el nuevo Acuerdo de asociación ACP-UE, que ofrezcan las posibilidades para desarrollar el diálogo y las estructuras contempladas en dicho acuerdo, y que ayuden a los Parlamentos a lograr los conocimientos especializados necesarios para reforzar su posición en el sistema estatal;

38.

Recomienda a los países que se encuentran en regiones en conflicto que colaboren en programas regionales de desarme, incluyendo medidas para garantizar el fin del flujo de suministros de armamento, especialmente de armas de pequeño calibre, procedente de cualquier fuente gubernamental y no gubernamental;

39.

Condena las violaciones y la violencia sexual que han sido práctica muy extendidas en los campos de refugiados, así como el uso de la violación como arma de guerra, documentado a lo largo de la historia;

40.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países ACP que tengan en cuenta la dimensión de género en las iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad y, a tal fin:

41.

Pide a las autoridades competentes que protejan a los refugiados y las mujeres y los niños desplazados dentro del país de los abusos sexuales mediante una ubicación de los aseos y una iluminación que tenga en cuenta la diferencia de género, el establecimiento de rutas seguras para la recogida de los suministros, agua y leña, y una ubicación adecuada de los alojamientos destinados a las mujeres solas;

42.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE y de los países ACP y a las organizaciones negociadoras que involucren a las mujeres en la resolución diplomática de conflictos y en las iniciativas de reconstrucción a todos los niveles y, en particular, que exijan que los equipos diplomáticos internacionales de pacificación consulten sistemáticamente a los grupos y organizaciones de mujeres que obran en favor de la paz, garantizando que sus problemas y prioridades quedan reflejados en el proceso oficial de paz;

43.

Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE y a la Comisión Europea.

—

Reunida en Addis Abeba (Etiopía) del 16 al 19 de febrero de 2004,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Vistos el apartado 3 del artículo 152 y los artículos 177 a 181 del Tratado CE,

—

Vistos las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 25 y el inciso iii) de la letra b) del artículo 31 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, firmado en Cotonú en junio de 2000 (2),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2001, sobre la política de desarrollo de la Comunidad Europea (3),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de septiembre de 2002 sobre la mutilación genital femenina (4),

—

Vista su Resolución, de 1 de noviembre de 2001, sobre el VIH/SIDA (5),

—

Vista su Resolución, de 21 de marzo de 2002, sobre la repercusión de las enfermedades contagiosas en la salud, los jóvenes, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad (6),

—

Vista su Resolución, de 21 de marzo de 2002, sobre cuestiones de salud, juventud, personas de edad avanzada y personas con discapacidad (7),

—

Vista su Resolución, de 3 de abril de 2003, sobre las negociaciones de la OMC relativas a la salud (8),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión «La salud y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo» (9),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1567/2003 relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (10),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1568/2003 relativo a la ayuda para la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza (VIH/SIDA, tuberculosis y malaria) en los países en desarrollo (11),

—

Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada y pendiente de firma, ratificación y adhesión por la Resolución 44/25 de la Asamblea General de 20 de noviembre de 1989,

—

Visto el Programa de Acción aprobado por 179 países en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994,

—

Vistos los objetivos de la estrategia en materia de salud aprobados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y en Beijing+5,

—

Vistas las Acciones clave para la ulterior ejecución del Programa de Acción de la CIDP, aprobadas en el vigesimoprimer período especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, celebrado del 30 de junio al 2 de julio de 1999 (CIPD+5),

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000,

—

Visto el informe de la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS de 20 de diciembre de 2001,

—

Visto el Consenso de Monterrey de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, de 22 de marzo de 2002,

—

Vista la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el 4 de septiembre de 2002,

—

Vistas la iniciativa mundial destinada a eliminar la ceguera evitable antes de 2020, conocida como Visión 2020, y la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable de la Organización Mundial de la Salud,

—

Vista la Declaración de Doha sobre las relaciones entre los ADPIC y la salud pública,

—

Visto el informe de 2002 de la UNPFA sobre el estado de la población mundial,

—

Visto el debate sobre la situación actual del VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades infecciosas relacionadas en África de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebrada en Mozambique del 10 al 12 de julio de 2003,

—

Visto el informe del Consejo de Europa sobre el impacto de la Política de Ciudad México (12),

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE 3640/03),

A.

Considerando que la salud es un derecho humano básico reconocido en el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

B.

Considerando que todos los miembros de la comunidad internacional deben seguir abordando mediante esfuerzos conjuntos las enfermedades relacionadas con la pobreza y la salud reproductiva,

C.

Considerando que cada año siguen muriendo en los países en desarrollo millones de personas a causa de enfermedades infecciosas, pese a que la medicina puede prevenir y curar la mayor parte de estas enfermedades,

D.

Considerando que, aparte del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, hay que tener en cuenta muchas otras enfermedades relacionadas con la pobreza, como la fístula vesico-vaginal, la diarrea, las enfermedades debilitantes y las enfermedades debidas al agua, las enfermedades de la piel, los trastornos mentales y físicos, u otras enfermedades relacionadas con el medio ambiente,

E.

Considerando que en el informe de la UNFPA sobre el estado de la población mundial en 2002 se pone de manifiesto que, para reducir la pobreza en los países en desarrollo, es necesaria una acción urgente destinada a combatir las insuficiencias en materia de salud reproductiva, ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados, así como eliminar el analfabetismo y la discriminación general,

F.

Considerando que en el informe de 2001 de la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS se observa que, en las últimas décadas, la historia de la salud de la población de los países en desarrollo ha registrado algunas buenas noticias, pero que la mayoría son malas e incluso desastrosas,

G.

Considerando que la mala salud disminuye la capacidad personal y reduce la productividad así como los ingresos, contribuyendo a aumentar la pobreza,

H.

Considerando que la evaluación de la pobreza no solamente debe basarse en la renta per cápita, la esperanza de vida, la alfabetización y la escolarización, sino que también deben tenerse en cuenta otros indicadores, como el acceso a servicios sociales,

I.

Considerando que la inversión en servicios sanitarios básicos en los países en desarrollo constituye únicamente una fracción de la inversión necesaria,

J.

Considerando que las enfermedades relacionadas con la pobreza son la causa principal, así como la consecuencia, de la gran pobreza presente en países en desarrollo como los países ACP, en particular en el África subsahariana,

K.

Considerando que la mayor parte de la carga de las enfermedades relacionadas con la pobreza, especialmente el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis, la fístula vesico-vaginal, las enfermedades infecciosas, la diarrea y las enfermedades de la piel, y más concretamente las que pueden evitarse mediante la vacunación, la soportan los países menos desarrollados,

L.

Considerando que en algunos países africanos la esperanza de vida ha disminuido significativamente a causa del VIH/SIDA,

M.

Considerando que la lucha contra estas enfermedades constituye una de las estrategias clave para combatir la pobreza y promover el crecimiento económico en los países en desarrollo, en particular mediante la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

N.

Considerando que la información, la prevención y el tratamiento en relación con la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA requieren diferentes enfoques para los que deben desarrollarse estrategias adecuadas,

O.

Considerando que el VIH/SIDA está contribuyendo asimismo a la desaceleración del crecimiento y de la actividad económica, así como al retroceso de la producción agrícola en los países más afectados, dado que los recursos humanos productivos son víctimas de la infección,

P.

Considerando que las estrategias efectivas y necesarias para combatir la epidemia incluyen una combinación de tratamiento, educación y prevención, y que deben llegar a las comunidades locales a través de un compromiso político y religioso de las autoridades con esta lucha,

Q.

Considerando que la mortalidad infantil debida a enfermedades infecciosas que pueden evitarse totalmente mediante la vacunación representa una carga innecesaria de tipo psicológico, económico y físico para una población que se enfrenta ya a muchos problemas,

R.

Considerando que en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana que se celebró en julio de 2003 en Maputo (Mozambique) se reconoció todo lo anterior, observando que estas enfermedades son la causa principal de la morbilidad y mortalidad y que limitan el desarrollo socioeconómico de la región africana, agravando la pobreza, perturbando el tejido familiar y social y sumiendo a millones de africanos en la desesperación,

S.

Considerando que sobre todo las niñas abandonan prematuramente la escuela porque tienen que atender a sus padres enfermos y que en el mundo se cuentan ya por millones los huérfanos que tienen que criarse sin el cuidado de sus padres,

T.

Considerando que es necesario que las iniciativas para combatir las enfermedades relacionadas con la pobreza en los países ACP estén bien integradas en los Programas Indicativos Nacionales (PIN) de los países, en los Programas Indicativos Regionales (PIR) y en el sector social de la cooperación ACP del noveno FED,

U.

Considerando que estas iniciativas deben diseñarse de modo que alcancen a los grupos desfavorecidos y vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los niños,

V.

Considerando que los recientes progresos que se han realizado a nivel internacional y de las Naciones Unidas muestran nuevos medios para que las personas que viven con el VIH/SIDA y los afectados por esta enfermedad accedan a los tratamientos y a la asistencia, a través, principalmente, del acceso a los medicamentos antirretrovirales,

W.

Considerando, en este contexto, que el desarrollo del nuevo Programa de Ensayos Clínicos Europa-Países en Desarrollo (CEDTP) representa un importante avance,

X.

Considerando que en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha se debatió sobre el aumento de la capacidad de adquisición de productos farmacéuticos, así como sobre la interpretación de los derechos de propiedad intelectual, y que se aprobó asimismo una declaración sobre las relaciones entre el Acuerdo ADPIC y la salud pública,

Y.

Considerando que los miembros de la OMC aprobaron el 30 de agosto de 2003 un acuerdo para solucionar el problema de los países que no tienen suficiente capacidad de producción en el sector farmacéutico,

Z.

Considerando que los productos farmacéuticos vendidos a precios diferenciados en los países en desarrollo no deberían desviarse al mercado de la UE,

AA.

Considerando que el 90 % de la I+D mundial en el ámbito de la salud se dedica a condiciones que afectan al 10 % de la población mundial y que en la actualidad no se está investigando lo suficiente sobre las enfermedades más desatendidas que afectan solamente a países en desarrollo (por ejemplo, la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis) ni sobre medicamentos para otras enfermedades adaptados específicamente a las condiciones de uso en los países en desarrollo,

AB.

Considerando que la prevención y el tratamiento de las enfermedades transmisibles deben ser considerados indispensables para la comunidad mundial y, por lo tanto, contemplados como un «bien público general»,

AC.

Considerando que, por primera vez, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (septiembre de 1994) se centró en las necesidades y en los derechos reproductivos de las personas en vez de en la consecución de objetivos demográficos,

AD.

Considerando que, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, 179 Estados aprobaron el Programa de Acción (PA),

AE.

Considerando que el consenso alcanzado en la Conferencia de El Cairo fue reafirmado en la revisión de la CIPD que se realizó cinco años después, en 1999, así como también recientemente en las reuniones regionales sobre la CIPD+10 de los Estados de Asia, del Pacífico y del Caribe,

AF.

Considerando que en 2004 se celebrará el décimo aniversario de la CIDP y de la revisión a medio plazo de su PA,

AG.

Considerando que la salud reproductiva incluye servicios de planificación familiar, así como información al respecto, servicios de maternidad sin riesgos, aborto sin riesgo, y la prevención, detección y el tratamiento de infecciones del tracto reproductor y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida,

AH.

Considerando que todas las parejas y personas deberían tener el derecho fundamental a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, así como a disponer de la información, educación y de los medios para hacerlo,

AI.

Considerando que, según la CIPD, los servicios de salud reproductiva deben ser seguros y accesibles, a través del sistema de asistencia sanitaria primaria, a todas las personas, cualquiera que sea su edad y no más tarde de 2015,

AJ.

Considerando que se han establecido vínculos entre la erradicación de la pobreza y la salud reproductiva y sexual,

AK.

Considerando que el cumplimiento del Plan de Acción de la CIPD es esencial para la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

AL.

Considerando que los tres ODM relacionados directamente con la salud reproductiva (a saber, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna y lucha y la prevención del VIH/sida) son los que tienen menos posibilidades de cumplirse en la fecha objetivo de 2015,

AM.

Considerando que las complicaciones en el embarazo y en el parto son las principales causas de muerte y discapacidad de las mujeres en los países en desarrollo, así como responsables del fallecimiento de 500 000 mujeres al año,

AN.

Considerando el problema específico de las mujeres, con frecuencia jóvenes y sin facilidad de acceso a los servicios de salud reproductiva, que se ven afectadas por la fístula como consecuencia de un parto distócico acompañado de muerte fetal, enfermedad que, si no se trata, tiene graves repercusiones sobre la salud y acarrea una estigmatización social,

AO.

Considerando que aproximadamente un tercio de los embarazos no son deseados o no han sido planificados, lo que puede dar lugar a que las mujeres intenten abortar en condiciones no seguras,

AP.

Considerando que mil millones adolescentes están a punto de iniciar su vida fértil,

AQ.

Considerando que las enfermedades genésicas, en particular la fístula vesico-vaginal, representan un problema de salud pública en gran número de países ACP,

AR.

Considerando que la mitad de todas las nuevas infecciones de VIH se ha producido entre los jóvenes, corriendo las jóvenes un riesgo particular,

AS.

Considerando que la OMS indica que una mejor gestión de las enfermedades de transmisión sexual podría reducir en aproximadamente un 40 % la incidencia del sida en la población general,

AT.

Considerando que la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/sida, así como los servicios respectivos, son un componente fundamental de los programas en materia de salud reproductiva y sexual,

AU.

Considerando que el 80 % de la actual población de refugiados del mundo está formada por mujeres y niños; que en los campos de refugiados las tasas de mortalidad materna son con frecuencia más elevadas debido a la mala nutrición y al menor intervalo entre embarazos y que, con frecuencia, hay una mayor actividad sexual con riesgo y violencia basada en el género, incluida la violación, lo que da lugar a un aumento del VIH/sida y de las enfermedades de transmisión sexual,

AV.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se congratula de que una serie de países haya prohibido tradiciones y prácticas perjudiciales, incluida la mutilación genital femenina,

AW.

Considerando que en 2000 la contribución de los países donantes sólo alcanzó el 45 %, y la de los países en desarrollo el 76 %, de la cuota estipulada en la CIPD,

AX.

Considerando que en 2000, el total de los fondos destinados a salud reproductiva, incluidos los préstamos y el sistema de las Naciones Unidas, sólo representó el 45,6 % del objetivo de la CIPD para dicho año,

AY.

Considerando que los donantes y las ONG han reconocido que hay una crisis internacional en el suministro de medios en materia de salud reproductiva y que, por lo tanto, a no ser que se adopten medidas, las personas no podrán ejercer su derecho de acceso a servicios y suministros básicos de salud reproductiva,

AZ.

Considerando que el compromiso político de los países donantes es desigual y que se está produciendo una reducción general de la ayuda al desarrollo,

BA.

Considerando que desde su investidura, el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, restableció la denominada Política de Ciudad de México, o «Global Gag Rule», por la que se retira la ayuda estadounidense a toda organización extranjera que, incluso con fondos propios, financie, practique, proporcione información o asesoramiento, o promueva el aborto, independientemente de que éste sea legal en dicho país,

BB.

Considerando que la Política de Ciudad de México se ha ampliado ahora a las organizaciones que desarrollan programas sobre el VIH/sida e incluso a programas para refugiados y personas desplazadas en sus propios países,

BC.

Considerando que hay un déficit masivo de fondos para salud sexual y reproductiva, a pesar de que la UE ha desempeñado una función clave en este ámbito a través de la legislación y mediante la provisión de los fondos necesarios,

BD.

Considerando, no obstante, que es evidente la rentabilidad de la inversión en el ámbito de la salud sexual y reproductiva para la lucha contra la pobreza,

BE.

Considerando que en la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Aplicación del Programa de Acción de la CIPD de 2002, celebrada en Ottawa, los parlamentarios se comprometieron a intentar que entre un 5 % y un 10 % de los presupuestos de ayuda al desarrollo nacionales se destine a programas en materia de población y de salud reproductiva,

BF.

Considerando que, por lo general, los documentos de estrategia nacional de los países ACP no consideran la salud reproductiva como un ámbito prioritario, de igual manera que persiste un déficit visible de apoyo financiero para facilitar el acceso de todos los niños a vacunas que salvan vidas,

BG.

Considerando que, de un total de 77 documentos de estrategia nacional, sólo 13 consideran la salud un ámbito prioritario, y que sólo el 4 % de los fondos del FED se destina a la salud,

BH.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE reconoce el papel importante y complementario que la sociedad civil puede desempeñar a escala nacional, regional e internacional en lo que respecta a la realización del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,

1.

Subraya que, además del VIH/sida, la malaria y la tuberculosis, existen muchas otras enfermedades relacionadas con la pobreza, como la fístula vesico-vaginal, a las que debe hacer frente la comunidad internacional;

2.

Considera que la falta de acceso a la salud se debe tanto a un problema de acceso a la atención sanitaria (por falta de estructuras y personal sanitario y también por la ausencia de sistemas públicos de atención sanitaria) como a un problema de acceso a los tratamientos;

3.

Pide que, al abordar las enfermedades relacionadas con la pobreza en los países en desarrollo, se reconozca también su relación con la seguridad alimentaria, la educación, el medio ambiente y el entorno social y económico;

4.

Subraya que la mala salud disminuye la capacidad personal y reduce la productividad y los ingresos, contribuyendo así a la pobreza;

5.

Subraya que el acceso a agua potable y a una alimentación equilibrada son condiciones indispensables para la buena salud de la población; insiste, por consiguiente, en la dimensión transversal de la salud y en que la mejora de las condiciones de vida contribuye a aumentar la esperanza de vida y a luchar contra la pobreza;

6.

Reconoce que, al abordar las enfermedades relacionadas con la pobreza, hay que prestar una atención especial a las mujeres, los niños y las personas mayores, pero recuerda que cada día se ve afectada por estas enfermedades una mayor proporción de la población activa, aumentando así los problemas económicos de las naciones;

7.

Pide a los países en desarrollo que restablezcan los servicios públicos y los sistemas de atención sanitaria básica y considera que la ayuda europea debe servir ante todo para apoyar los esfuerzos internos de los países en desarrollo por reforzar sus capacidades humanas, institucionales y de infraestructuras;

8.

Recuerda igualmente que el reembolso de la deuda y su servicio absorben cada año cerca del 40 % del PIB de los países menos desarrollados, mientras que los presupuestos para educación y sanidad siguen siendo irrisorios; considera que los graves problemas de endeudamiento exigen una solución global basada en una acción internacional y nacional;

9.

Reconoce que los países menos desarrollados, en particular del África subsahariana, son los más afectados por las enfermedades relacionadas con la pobreza, en particular el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis, las enfermedades genésicas y las enfermedades infecciosas y de la piel;

10.

Pide a la Comisión Europea que incluya entre sus prioridades las enfermedades más desatendidas, como la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, y que vele por que se desarrollen y comercialicen en los países en desarrollo, a un precio asequible, medicamentos eficaces, adaptados y fáciles de utilizar;

11.

Subraya su preocupación por la amenaza mundial que representan la gripe aviar y el SARS, potencialmente devastadoras para los países con una renta baja; espera que la UE y a los países ACP trabajen con eficacia y en estrecha colaboración con la OMS con objeto de que los países ACP eviten y, si fuera necesario, controlen la aparición de estas y otras enfermedades similares;

12.

Subraya que, a fin de erradicar la pobreza y de promover el crecimiento económico en los países en desarrollo, es imperativo luchar contra este tipo de enfermedades;

13.

Subraya que las estrategias concretas necesarias para luchar contra la epidemia del VIH/sida deberían implicar una combinación de tratamiento, educación y prevención, y llegar hasta las comunidades locales a través del compromiso de las autoridades políticas y religiosas;

14.

Toma nota de que, en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana celebrada en julio de 2003 en Maputo, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que estas enfermedades son la causa más importante de patologías y mortandad y que limitan el desarrollo socioeconómico de la región africana, acentuando la pobreza, perturbando el tejido familiar y social y sumiendo a millones de africanos en la desesperación;

15.

Subraya el papel fundamental de los servicios públicos para resolver los graves retos en materia de salud, y pide que la Comisión Europea y los Estados miembros promuevan el refuerzo y la extensión de su cobertura, aplicando políticas de cooperación en este sentido y organizando intercambios de experiencias entre empresas de servicios públicos del Norte y del Sur, presionando para que se revisen las políticas de ajuste estructural de las instituciones financieras internacionales, y absteniéndose de hacer peticiones de liberalización de los sectores de la salud, la enseñanza y la distribución de agua en los países en desarrollo en el marco de las relaciones comerciales bilaterales y regionales y en el marco del AGCS de la OMC;

16.

Hace hincapié en que las iniciativas para luchar contra las enfermedades relacionadas con la pobreza en los países ACP deben estar bien integradas en los Programas Indicativos Nacionales (PIN), en los Programas Indicativos Regionales (PIR), así como en el sector social de la cooperación entre los países ACP, en el marco del noveno FED;

17.

Subraya que estas iniciativas deberían centrarse en los grupos más desfavorecidos y vulnerables mediante:

18.

Subraya que los recientes progresos realizados a nivel de las Naciones Unidas y en otros foros internacionales ofrecen nuevas posibilidades para que las personas que viven con VIH/sida y los afectados por esta enfermedad accedan a los tratamientos y cuidados, principalmente a través del acceso a medicamentos antirretrovirales y a vacunas, y apoya en particular la campaña de la OMS conocida como «3 por 5», iniciada el 1 de diciembre de 2003;

19.

Destaca que la Declaración hecha por la OMC en Doha sobre las relaciones entre los APDIC y la salud pública debe constituir la base de todos los acuerdos comerciales bilaterales o regionales en materia de propiedad intelectual y salud pública;

20.

Pide a los países ACP que apliquen la Declaración de Doha y que hagan uso de las posibilidades de flexibilidad de los ADPIC para facilitar el acceso a los medicamentos más asequibles necesarios para la prevención y el tratamiento de su población afectada por enfermedades relacionadas con la pobreza;

21.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que respeten, promuevan y apoyen la aplicación de la Declaración de Doha sobre las relaciones entre los ADPIC y la salud pública, que debe constituir la base de todos los acuerdos comerciales bilaterales o regionales en materia de propiedad intelectual y salud pública;

22.

Pide a los países de las Américas que excluyan del ALCA las disposiciones de propiedad intelectual que afectan al acceso a los instrumentos médicos necesarios para prevenir y tratar las enfermedades relacionadas con la pobreza, con miras a proteger la salud pública;

23.

Subraya que deberían establecerse mecanismos adecuados a fin de que los productos farmacéuticos vendidos a precios diferenciados en los países en desarrollo se usen en esos países y no se desvíen hacia el mercado de la UE;

24.

Pide a los países con capacidades de producción que apliquen el acuerdo rápidamente y sin restricciones y respetando plenamente la Declaración de Doha sobre el acceso a los medicamentos; pide un seguimiento atento de los resultados para permitir un debate informado durante la revisión prevista del Acuerdo sobre los ADPIC;

25.

Hace hincapié en que las acciones de investigación y desarrollo aprobadas en el marco de cuestiones importantes relativas a las enfermedades relacionadas con la pobreza en los países ACP siguen siendo insuficientes y en que es necesario centrarse en las técnicas terapéuticas y preventivas, como los microbicidas y las vacunas, que responden a las necesidades de los países en desarrollo en materia de salud;

26.

Insiste en la necesidad de cooperar con la OMS en la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza; pide específicamente a los Estados miembros que promuevan un debate más amplio sobre las repercusiones de los Acuerdos ADPIC para la disponibilidad de medicamentos genéricos asequibles y que apoyen activamente los trabajos en curso en la OMC en relación con el análisis de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública;

27.

Pide a los países con capacidades de I+D que incluyan entre sus prioridades las enfermedades más desatendidas, como la tripanosomiasis africana, la leishmaniasis y la úlcera de Buruli, y que garanticen el desarrollo y la comercialización en los países en desarrollo, a un precio asequible, de medicamentos eficaces, adecuados y fáciles de usar;

28.

Pide que la comunidad mundial reconozca la prevención y el tratamiento de las enfermedades contagiosas como un «bien público general»;

29.

Pide que se defina una agenda internacional de prioridades en I+D orientada en función de las necesidades, que dirija las investigaciones hacia la obtención de medicamentos que correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y que sean eficaces, adaptados y asequibles;

30.

Apoya el concepto de un convenio o tratado internacional sobre I+D por el que todos los países se comprometerían a contribuir a la I+D centrada en la salud; este convenio proporcionaría las líneas generales de un acuerdo y unas bases claras para compartir los costes de esta I+D y para determinar los mecanismos adecuados de financiación y de estímulo para que los gobiernos cumplan sus compromisos en cuanto a la participación del sector público en la I+D;

31.

Subraya que unos servicios de salud reproductiva de alta calidad deben ser seguros, fácilmente accesibles y asequibles para todas las mujeres y los hombres en todo el mundo a lo largo de toda su vida fértil;

32.

Pide, en el contexto de la CIPD+10, a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que respeten el compromiso que contrajeron con respecto a la financiación del Programa de Acción CIPD y a la igualdad de acceso a la educación básica, a la formación y a los servicios de salud básicos;

33.

Pide a la Comisión Europea y a los países ACP que fomenten el Programa de Acción CIPD en sus relaciones con terceros países y en todos los foros internacionales;

34.

Pide a la UE y a los países ACP que apliquen plenamente el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;

35.

Pide a la UE y a los países ACP que integren plenamente la salud sexual y reproductiva y la prevención de las enfermedades contagiosas entre los niños en sus políticas de desarrollo;

36.

Reconoce que la falta de datos impide realizar evaluaciones tempranas de los progresos hacia el cumplimiento del sexto objetivo de desarrollo del milenio (reducir a la mitad el número de nuevos casos de infección antes de 2015), e insiste en la necesidad de inversiones en seguimiento y evaluación, incluido el seguimiento de las dotaciones de los presupuestos nacionales y de los efectos del proceso previsto por los documentos de estrategia de reducción de la pobreza;

37.

Pide a la UE y a los países ACP que en sus programas de cooperación al desarrollo consideren la mortalidad y las patologías maternales e infantiles como una prioridad de la salud pública y que reconozcan el derecho a la reproducción;

38.

Pide a los países ACP y a la UE que presten especial atención a la situación crítica de gran número de mujeres, sobre todo jóvenes, de las zonas rurales de los países en desarrollo (0,3 % del total de embarazos, de acuerdo con las estimaciones) afectadas por la fístula; pide que se redoblen los esfuerzos en los ámbitos de la prevención y el tratamiento de esta grave enfermedad;

39.

Subraya la importancia de que los adolescentes y los jóvenes de ambos sexos tengan acceso a la educación, los servicios y los medios necesarios para desarrollar las capacidades necesarias para vivir una vida sexual satisfactoria y saludable;

40.

Pide a la UE y a los países ACP que financien y pongan en práctica campañas de prevención para luchar contra la pandemia del VIH/sida; pide que apliquen programas integrados y globales en materia de salud sexual y reproductiva;

41.

Pide a aquellos países que todavía no hayan prohibido prácticas y tradiciones perjudiciales, como la mutilación genital femenina (MGF), que adopten medidas para apoyar campañas de información al respecto, combinadas con medidas para mejorar la planificación familiar y la salud reproductiva;

42.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible por alcanzar el nivel de contribución del 0,7 % del PIB para ayuda al desarrollo, como se acordó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995 y se reafirmó en el Consejo de Barcelona de 14 de marzo de 2002, como contribución de la UE a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, marzo de 2002);

43.

Pide a la UE y a los países ACP que cooperen eficazmente para compartir los conocimientos y aumentar la financiación de los programas de salud sexual y reproductiva y la prevención de la avitaminosis y las enfermedades infecciosas en los niños con el fin de respetar los compromisos internacionales que contrajeron en la CIPD, especialmente en un momento en que otras fuerzas políticas, como los Estados Unidos, se están retractando del compromiso que contrajeron en dicha Conferencia;

44.

Teniendo en cuenta la crisis que atraviesa la seguridad de la financiación en materia de salud reproductiva y lucha contra las enfermedades contagiosas, pide a la UE y a los países ACP que aumenten los fondos que destinan a los programas de salud reproductiva y que mejoren la coordinación de los donantes;

45.

Pide a la UE y a los países ACP que, en la lucha contra la fístula vesico-vaginal:

46.

Pide a los países ACP que destinen más fondos a la asistencia sanitaria;

47.

Se propone seguir el ejemplo de los parlamentarios que asistieron a la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Aplicación del Programa de Acción CIPD en Ottawa;

48.

Pide a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los países ACP que cooperen más estrechamente con la sociedad civil en el momento de establecer y aplicar su política de desarrollo, en particular en lo que respecta a los documentos de estrategia por país;

49.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Unión Africana.

—

Reunida en Addis Abeba (Etiopía) del 16 al 19 de febrero de 2004,

—

Vista su «Declaración del Cabo (Sudáfrica)» sobre las próximas negociaciones ACP-UE con vistas a la celebración de nuevos acuerdos comerciales, aprobada el 21 de marzo de 2002 (2),

—

Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 en el ámbito del comercio y la reducción de la pobreza, así como el próximo examen intermedio de la financiación del Acuerdo de Cotonú en 2004,

—

Vista la declaración ministerial de Doha y la voluntad de colocar las necesidades e intereses de los países en desarrollo en el centro del programa de trabajo,

—

Vistas las negociaciones en curso sobre los AAE y la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED), que se celebrará en Brasil en junio de 2004,

—

Visto el plan de acción de la Comisión Europea sobre los productos básicos y su declaración sobre este plan, de 12 de febrero de 2004 (3),

A.

Considerando que el desplome de los precios de los productos básicos es una de las más importantes causas de la pobreza que impera en el mundo en la actualidad; que los intercambios de productos básicos en África representan el 75 % de los ingresos por exportaciones,

B.

Afirmando la importancia de los productos básicos, en particular el algodón, el azúcar, el arroz, el plátano, el café, el cacao y el té para las economías de los países ACP; reconociendo la necesidad de tratar con la máxima urgencia el grave problema de la dependencia con respecto a los productos básicos y de las fuertes fluctuaciones a la baja de los productos básicos que tienen interés para la exportación de los países ACP,

C.

Recordando que la UE y el grupo ACP, que representan una parte considerable de los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pueden contribuir en gran medida a reformar sus reglas, para hacerlas más justas y más respetuosas del derecho al desarrollo de los países ACP,

D.

Considerando que las negociaciones sobre los AAE deberían ser la ocasión para establecer un marco general para la transformación estructural de la economía de los países ACP; que la incidencia de los nuevos acuerdos comerciales sobre el desarrollo de los países ACP debe estar en el centro de las negociaciones,

E.

Recordando las divergencias en los puntos de vista de los países industrializados y la mayor parte de los países ACP, constatadas en las negociaciones comerciales de Cancún, y, en particular, que no se ha aportado ninguna solución a las reivindicaciones presentadas por los países del África occidental productores de algodón en materia de precios justos,

F.

Considerando que el apartado 4 del artículo 36 del Acuerdo de Cotonú prevé reexaminar los protocolos relativos a los productos básicos, con el fin de salvaguardar las ventajas que de ellos se derivan para los países ACP,

G.

Considerando que conviene hacer avanzar las negociaciones de Doha sobre el desarrollo, tras el fracaso de la reunión ministerial de la OMC en Cancún,

H.

Considerando que es necesario ayudar a los países en desarrollo a liberarse de la dependencia excesiva en que se encuentran con respecto a la exportación de productos básicos agrícolas, cuyos precios son en la actualidad muy bajos en el mercado mundial; que esta dependencia es un obstáculo para el desarrollo en muchos países en desarrollo, lo que afecta especialmente a los ingresos de las poblaciones pobres de las regiones rurales,

I.

Considerando que el sector del algodón ocupa una posición estratégica muy importante en los esfuerzos para luchar contra la pobreza,

J.

Considerando que el algodón contribuye de forma significativa a la consecución de la seguridad alimentaria, ya que la financiación movilizada por este producto ha permitido convertir a las zonas algodoneras en las primeras zonas productoras de cereales secos,

K.

Considerando que el sector del algodón es importancia estratégica para la lucha contra la pobreza en Mali, Burkina Faso, Benin y Chad; recordando que el importe de las subvenciones abonadas a los productores de algodón para la campaña 2001-2002 fueron los siguientes:

L.

Considerando que las subvenciones exorbitantes, en particular las subvenciones a la exportación que conceden los Estados Unidos, China y la UE a sus productores de algodón, han fomentado el exceso de producción y acarreado la baja de los precios del algodón en el mercado mundial, cosa que ha tenido consecuencias desastrosas, en particular una sustancial pérdida de ingresos para los productores de algodón de los países menos desarrollados,

M.

Considerando que el desplome de los precios del café ha dado lugar a una crisis general que afecta a 25 millones de productores de café en más de 50 países en desarrollo en los que el café es una fuente crucial de empleo rural y de ingresos en divisas,

N.

Considerando que la caída de los precios de los productos básicos ha dado lugar a un deterioro general de las condiciones de vida y de trabajo, en particular de las mujeres, que son mayoría entre los recolectores de té y de café y que participan en la producción de todos los productos básicos; que algunos informes hacen referencia al empleo de trabajo infantil y a condiciones de trabajo de explotación en las plantaciones de café,

O.

Considerando que la reducción en el 50 % de los precios de intervención para al arroz y el aumento de las ayudas directas a los productores europeos de arroz podrían afectar de forma importante a las exportaciones de arroz ACP, y producir la inestabilidad económica, política y social en los países ACP suministradores de arroz,

P.

Considerando que las importaciones comunitarias de plátanos procedentes de los países ACP se rigen por disposiciones sobre las licencias de importación que penalizan de forma desproporcionada a los suministradores ACP, y que los intereses de los países ACP no se tienen en cuenta de forma satisfactoria en la reforma del régimen comunitario relativo al plátano,

Q.

Considerando que la Unión Europea está obligada por el Acuerdo de Cotonú, y en particular por el artículo 1 de su Protocolo no 5, a tomar medidas con el fin de garantizar la viabilidad de las empresas exportadoras de plátano de los países ACP, así como el mantenimiento de las salidas para el plátano ACP en el mercado de la Comunidad Europea,

R.

Considerando que hay que examinar de nuevo la Organización Común del Mercado del azúcar (OCM azúcar), que comporta disposiciones específicas que aseguran a determinados países ACP un acceso preferencial al mercado europeo y que aumentan el potencial de exportación de los países menos desarrollados hacia la Unión Europea, lo que favorece el desarrollo de industrias importantes en los países menos desarrollados; considerando que, en lo referente a la OCM azúcar, la Comisión Europea ha propuesto tres opciones, descartando la cuarta opción de un sistema de cuotas fijas, que es el que prefieren los países ACP, los países menos desarrollados y uno de los actores europeos,

S.

Considerando que los países ACP suministradores de azúcar, que pueden ser países menos desarrollados, países en desarrollo, países importadores netos de alimentos, países vulnerables, países sin litoral o pequeños Estados insulares, o países monoproductores/monoexportadores de productos básicos con dificultades económicas y sociales específicas, dependientes de los ingresos previsibles y estables procedentes de las exportaciones de azúcar y de un acceso preferencia a la UE,

T.

Considerando que los países ACP productores de kava tienen dificultades y necesidades socioeconómicas específicas y dependen, entre otras cosas, de los ingresos derivados de las exportaciones de kava para asegurar un desarrollo socioeconómico sostenible,

1.

Subraya que el grupo ACP es uno de los polos más importantes de los países en desarrollo y que, por tanto, merece el apoyo de la UE, que ocupa una posición estratégica en el proceso de negociación, alentando a los países desarrollados a admitir las legítimas demandas de los países en desarrollo;

2.

Acoge favorablemente la declaración de la Comisión Europea de 12 de febrero de 2004, en la que anuncia que ha adoptado una serie de iniciativas con vistas a ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus exportaciones y a reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales de los principales productos básicos, en particular el algodón y el café;

3.

Se congratula por la propuesta de la Comisión Europea de extender y simplificar la utilización del instrumento FLEX para compensar la pérdida de ingresos por exportaciones; señala que, si se hubieran aplicado los criterios propuestos por este instrumento a 51 casos entre 2001 y 2002, los países ACP habrían recibido 225 millones de euros gracias al sistema FLEX, es decir, que la utilización del sistema habría sido seis veces más importante;

4.

Deplora que la mayor parte de los países en desarrollo no se hayan beneficiado de ningún valor añadido, que hubieran podido aportarles tanto la transformación de los productos básicos como la reconversión a cosechas de elevado valor comercial; pide a la Comisión Europea que fomente en estos países el desarrollo de la industria agroalimentaria, la diversificación económica y la transformación del algodón, el azúcar y otros productos básicos;

5.

Insiste en que las negociaciones de la OMC sobre agricultura se reanuden rápidamente y que aborden las cuestiones de las subvenciones a la exportación y de la ayuda interior, de conformidad con la declaración ministerial de la OMC de Doha, manteniendo a la vez las actuales disposiciones preferenciales;

6.

Pide una revisión de las reglas de la OMC que tenga en cuenta las preocupaciones de los países ACP y su deseo de evitar un derrumbamiento del sector de los productos básicos;

7.

Pide a la Comisión Europea que respete los principios enunciados en su proyecto inicial de recomendación al Consejo y que recomiende que se conceda el acceso exento de derechos de aduana al mercado comunitario de todos los productos agrícolas originarios de los países ACP en las negociaciones de los AAE;

8.

Pide a la Comisión Europea y a los países ACP que propongan, en el marco de las negociaciones comerciales ACP-UE, una reglamentación adecuada de los intercambios, con el fin de promover los objetivos del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y permitir a los países ACP prescindir de la ayuda exterior;

9.

Pide que las negociaciones sobre los AAE apoyen las iniciativas regionales con vistas a apoyar el desarrollo de los productos básicos, como las redes regionales de organizaciones de agricultores, los servicios de mejora de la calidad, las acciones de promoción de las inversiones y las organizaciones de los distintos sectores de producción y comercialización de los productos básicos;

10.

Pide una solución duradera a los problemas a que se enfrentan los países del África occidental y central y otros miembros del grupo ACP productores de algodón, la supresión de todas las subvenciones, cualquiera que sea su forma, a las exportaciones en este sector, así como la eliminación de todas las demás subvenciones internas que distorsionan la competencia, estableciendo de forma paralela una compensación justa, equitativa y proporcional a su pérdida de ingresos, para los productores de algodón de los PMD, sobre la base de un calendario preciso;

11.

Reafirma el carácter estratégico del algodón para el desarrollo y la lucha contra la pobreza en numerosos países, sobre todo en los PMD;

12.

Subraya que los países ACP pueden mostrar una gran eficacia cuando trabajan juntos sobre las cuestiones relacionadas con los productos básicos, ejemplo de lo cual es la «iniciativa algodón», lanzada por cuatro países del África occidental (Benin, Mali, Burkina Faso y Chad) antes de la conferencia de ministros de la OMC celebrada del 10 al 14 de septiembre de 2003 en Cancún, durante la cual pidieron el abandono progresivo de las ayudas interiores a la producción de algodón y la adopción de medidas transitorias en forma de compensaciones financieras por las pérdidas de ingresos sufridas por los países menos desarrollados productores de algodón, así como la llamada iniciativa informal de Kenia, Uganda y Tanzania presentada a la quinta conferencia ministerial de la OMC;

13.

Pide a todos los actores del desarrollo y a los Gobiernos ACP que inviertan en el tratamiento de los productos básicos de valor añadido, como el café, para contribuir a restablecer la rentabilidad en declive del sector; acoge favorablemente la estrategia iniciada a tal fin por parte del Gobierno de Kenia;

14.

Pide a la Comunidad Europea que realice plenamente todos los ajustes necesarios para la gestión que se aplica en la actualidad del sistema de cuotas y que prevea medidas correctoras y compensadoras a favor del sector del arroz de los ACP, así como una eliminación de las cuotas y aranceles que atenúe sus efectos negativos para los países ACP exportadores de arroz;

15.

Pide a la Comisión Europea que consulte previamente a los países ACP sobre las propuestas de cambio de la cuota autónoma como consecuencia de la ampliación de la UE, y que vele por que no se adopte ninguna medida que pueda afectar a la estabilidad del mercado comunitario y amenazar aún más la viabilidad de las exportaciones de plátano originario de los países ACP;

16.

Pide a la Unión Europea que instaure de inmediato medidas para interrumpir e invertir la tendencia constante de descenso de los precios y que preserve el acceso de los plátanos ACP al mercado europeo a precios remuneradores, velando al mismo tiempo por que ningún aumento de las cuotas de plátano derivado de la ampliación de la Unión Europea perturbe el mercado del plátano de la Unión Europea, y dificulte aún más la viabilidad de la producción de plátano;

17.

Subraya que los derechos sobre la importación de plátanos a la UE deben alcanzar a partir de 2006 un nivel que garantice la viabilidad duradera de la industria bananera de los países ACP;

18.

Reconoce que los países beneficiarios del protocolo relativo al azúcar en virtud del Acuerdo de Cotonú, del acuerdo preferencial especial sobre el azúcar y de la iniciativa «Todo excepto las armas» podrían sufrir una importante pérdida de ingresos como consecuencia de la reducción de precios y pide a la Comisión Europea que vele por que los precios a la importación procedente de los países en desarrollo, en particular los países menos desarrollados, mantengan un nivel adecuado;

19.

Pide a la Comisión Europea que garantice a los exportadores de azúcar ACP ingresos apropiados cuando elabore opciones relativas a la política por la que se rige el régimen del azúcar en la Unión Europea;

20.

Pide a la Comisión Europea y al grupo ACP que tomen todas las medidas necesarias para defender las importaciones de azúcar ACP en la Unión Europea, así como las cláusulas y condiciones de acceso preferencial de los países ACP, frente a las acciones de Australia, Brasil y Tailandia;

21.

Pide a los Estados miembros de la Unión Europea afectados que examinen de nuevo, con carácter urgente y sobre la base de pruebas científicas, la prohibición, la contingentación y la retirada de la venta de kava y de los productos derivados del kava en los Estados miembros de la Unión Europea;

22.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados ACP que prevean programas de apoyo a los trabajadores perjudicados por el desplome a nivel mundial de los precios de los productos básicos, programas que deben combinar la ayuda a la reconversión y la ayuda financiera y tener en cuenta las especiales necesidades de las mujeres, que constituyen una proporción importante de la mano de obre en numerosos procesos de producción de productos básicos;

23.

Celebra el compromiso adoptado en el marco del plan de acción de la Comisión Europea de pedir a las empresas internacionales del sector de los productos básicos que promuevan la responsabilidad social de las empresas y códigos de conducta sostenibles; pide a la UE y a sus Estados miembros que conviertan en una prioridad la promoción de los productos del comercio justo;

24.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución, para su ejecución y seguimiento, al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Unión Africana y a la OMC.

—

Reunida en Addis Abeba (Etiopía) del 16 al 19 de febrero de 2004,

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre las regiones del Pacífico, del Océano Índico y del Caribe,

—

Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992,

A.

Considerando que el ciclón tropical Heta, que ha devastado las islas del 'Pacífico Sur (Islas Cook, Niue, Samoa y Tonga) y que el ciclón Ellita, que ha devastado la costa occidental de Madagascar, han dejado muchos muertos y heridos, centenares de personas sin hogar y producido enormes daños en las viviendas, las infraestructuras y la agricultura, principal fuente de subsistencia de las poblaciones locales,

B.

Recordando la declaración de Barbados de 1994 y el Plan de Acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo; teniendo en cuenta la reunión Mauricio en septiembre de 2004 de la Conferencia de las Naciones Unidas «Barbados + 10» sobre los PEID;

C.

Recordando la declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, y el plan de acción de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en agosto de 2002, en particular la estrategia internacional adoptada para reducir la especial vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo,

D.

Considerando que el número de riesgos y catástrofes naturales va en aumento, así como su violencia devastadora; que es probable que su origen se encuentre en el cambio climático, la presión demográfica y el impacto de la acción del hombre sobre la naturaleza en el mundo entero,

E.

Considerando que el impacto del calentamiento del planeta, imputable al uso excesivo de combustibles fósiles, a la contaminación atmosférica y a la deforestación, es la primera causa del cambio climático mundial,

F.

Considerando que a pesar del firme compromiso de invertir los efectos del cambio climático contraido en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992, hasta la fecha no se han realizado avances sustanciales, en particular en términos de reducción de la contaminación atmosférica por el dióxido de carbono,

G.

Considerando que las catástrofes no sólo causan numerosas víctimas y tienen un coste socioeconómico elevado, sino que también son un obstáculo para los procesos de desarrollo,

H.

Considerando que los principios y objetivos establecidos en el artículo 72 del Acuerdo de Asociación de Cotonú prevén que se concederá ayuda humanitaria y ayudas de emergencia a la población de los Estados ACP que se enfrente a dificultades económicas y sociales graves, de carácter excepcional, a consecuencia de catástrofes naturales o crisis de origen humano,

I.

Firmemente convencido de que si se presta más atención a la prevención de riesgos naturales en la elaboración y aplicación de las estrategias de desarrollo, esto contribuiría en gran medida a la realización del objetivo prioritario de desarrollo sostenible,

J.

Tomando también nota de que este tipo de asistencia debe tener el objetivo de salvar vidas humanas en las situaciones de crisis e inmediatamente después de las crisis, como consecuencia de catástrofes naturales, conflictos o guerras; que debe mantenerse durante el tiempo necesario para responder a las necesidades urgentes derivadas de estas situaciones;

K.

Deplorando que el Protocolo de Kioto siga sin entrar en vigor, al no haberlo ratificado suficientes Estados,

1.

Expresa su solidaridad y comprensión ante la difícil situación a que se enfrentan los Gobiernos y la población de las Islas Cook, Niue, Samoa y Tonga tras el paso del ciclón Heta, así como el Gobierno y la población de Madagascar tras el paso del ciclón Elita;

2.

Pide a la UE que se ocupe urgentemente de las necesidades humanitarias y de reconstrucción de las islas del Pacífico Sur (Islas Cook, Niue, Samoa y Tonga) y de Madagascar, devastados por los ciclones Heta y Elita, con el fin de aliviar el sufrimiento de la población afectada, evitar la escasez de medicinas y alimentos y ayudar al restablecimiento de las infraestructuras básicas (agua y energía);

3.

Señala a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que la preparación y la prevención de las catástrofes puede asegurar una mejor protección de las vidas humanas, evitar sufrimientos y limitar el impacto económico de las catástrofes;

4.

Exhorta a la Comisión a que se interese de forma especial en la función decisiva de acciones como la conservación de los suelos, la reforestación y los sistemas racionales de gestión del agua en el contexto de la prevención de las catástrofes;

5.

Insta a los Gobiernos de los países ACP y de la UE a que adopten un enfoque ultra-rápido y proporcionen la asistencia necesaria para facilitar la reconstrucción en estas islas del Pacífico y en Madagascar lo antes posible; apoya con entusiasmo los trabajos realizados por la UE en el sudeste asiático, Bangla-Desh, América Central y el Caribe, gracias un enfoque global que asocia a ECHO y al FED;

6.

Pide a todos los Estados que cumplan sus compromisos, ratificando y aplicando el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático; considera que el problema del cambio climático impone una responsabilidad mundial real e insiste en el hecho de que los países industrializados deberían encabezar la lucha contra el impacto de los gases de efecto invernadero;

7.

Pide a la UE que facilite rápidamente medios financieros del FED, que vendrían a añadirse, en caso necesario, a las asignaciones de los programas indicativos nacionales y regionales, para aportar ayuda humanitaria de urgencia y para apoyar la reconstrucción y el restablecimiento de las infraestructuras físicas y sociales de las islas afectadas;

8.

Insta a los Gobiernos de los países ACP y de la UE a que estudien la creación de un fondo general que permita la realización de un programa de movilización rápida en caso de catástrofes en todos los países ACP, así como la gestión de la fase posterior a la crisis en caso de catástrofes naturales;

9.

Reitera su firme convicción de que la prevención de las catástrofes debe tenerse sistemáticamente en cuenta en la política europea de cooperación al desarrollo, en particular en la ejecución del Acuerdo de Asociación de Cotonú concluido entre los países ACP y la Unión Europea;

10.

Insiste en que los distintos aspectos de la prevención y la preparación para las catástrofes (la prevención de las catástrofes propiamente dicha, la capacidad de reaccionar ante las mismas y la atenuación de sus efectos) deben considerase como parte integrante del desarrollo y de las políticas de cooperación al desarrollo, en lo referente a los programas generales y a los proyectos específicos en el interior de estos programas; pide, en particular, que todas las operaciones humanitarias financiadas por la UE incluyan un capítulo sobre la prevención;

11.

Pide que se tenga más en cuenta el elevado coste socioeconómico de las catástrofes, así como las ventajas de la prevención de catástrofes, en la evaluación medioambiental de las políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo realizados por la Unión Europea;

12.

Reconoce que la elevación del nivel del mar podría amenazar la supervivencia de pequeños países insulares, pues este fenómeno provoca tormentas tropicales más intensas, perturba el suministro de agua dulce y reduce la biodiversidad de los recursos marinos;

13.

Pide a los países ACP y a la UE que hagan del uso de la energía renovable un objetivo específico; opina que la energía renovable debe estar en el centro de los programas de cooperación al desarrollo que se realicen en virtud del Acuerdo de Asociación de Cotonú;

14.

Expresa su satisfacción por la reunión internacional de los PEID, que se celebrará en Mauricio en agosto/septiembre de 2004, con el fin de revisar la ejecución del plan de acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los PEID; pide que la APP está representada en esta reunión, con el fin de manifestar su posición sobre la cuestión de las consecuencias de las catástrofes naturales sobre los países ACP y sobre las medidas a adoptar a favor de los PEID;

15.

Acoge favorablemente los esfuerzos desplegados por el Foro de las islas del Pacífico para ayudar a los países afectados, en particular a través de su Fondo regional de catástrofes;

16.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión y a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas, de la Commonwealth, del Foro de las islas del Pacífico y de Cariforum.