(2004/C 78 E/0723)

PREGUNTA ESCRITA E-3960/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Angola — Reintegración de excombatientes y desarme de civiles

Según un comunicado del Comité Permanente de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), reunido en sesión ordinaria del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2003 para analizar la situación interna del Partido y la situación política, social y económica de Angola, los actos de intimidación y violencia contra los ex militares de las FALA (Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola) y contra la población afín a UNITA se han multiplicado en ese país. La destrucción de aldeas, seguida del traslado compulsivo de personas residentes a lo largo del río Quembo (provincia de Kuando Kubango) hacia las zonas del municipio de Lupiri (todavía minado), tan sólo es un ejemplo.

El Comité Permanente, que deplora y condena los actos de violencia e intimidación citados más arriba, hizo un llamamiento al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para evitar la repetición y la proliferación de los mismos y lamentó que el mecanismo bilateral para el tratamiento de casos de esta naturaleza resultante del Memorándum de Luena no haya funcionado.

En el mismo comunicado, el Comité Permanente de UNITA también apeló al Presiente de la República para que realice todos los esfuerzos posibles encaminados a promover la pacificación entre los angoleños, y exigió el desarme de la población civil y la extinción de la Organización de Defensa Civil (ODC), cuya existencia considera que constituye una flagrante violación de la Constitución vigente en el país.

Por todo lo expuesto, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Mr Nielson en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2004)

La Comisión está al corriente del comunicado del Comité Permanente de UNITA, así como de un artículo publicado por Terra Angolana de UNITA sobre el asunto. Si bien es difícil obtener más información sobre el contenido de estas declaraciones, no puede excluirse que tales actos se hayan producido, y el Gobierno debe esforzarse al máximo por impedirlos. No obstante, la limitada información disponible lleva a la conclusión de que parecen ser incidentes aislados que no ponen en grave peligro la consolidación del proceso de paz.

De modo más general, estos temas entran en el ámbito del respeto de los derechos humanos, y éste será uno de los temas del orden del día del diálogo político estructurado UE-Angola que se inició oficialmente el 3 de diciembre de 2003. Por otra parte, la Comisión ha declarado a Angola país prioritario de cara a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Por último, las Naciones Unidas disponen de un mandato específico para atender a las cuestiones relativas a los derechos humanos, así como de una oficina en Luanda.

Por lo que respecta al funcionamiento y los mecanismos del memorándum de acuerdo, la Comisión considera que la Troika y las Naciones Unidas, como testigos oficiales del documento, tienen que desempeñar un papel importante y deberán ser las partes a las que habrá que dirigirse en caso de conflicto o violación del Acuerdo, o cuando se considere que el Acuerdo no ha sido cumplido adecuadamente por las dos partes signatarias.

Por lo que respecta a la situación de los excombatientes y sus familias, el Banco Mundial, que coopera con el Gobierno y lo apoya mediante el Programa de Desmovilización y Reintegración de Angola (ADRP) (al que contribuye la Comisión con parte de su contribución de 20 millones de euros al Fondo conjunto multidonantes para la Gran Zona de los Grandes Lagos), considera que el proceso de desmovilización es satisfactorio. El ADRP ha dado comienzo y se espera que pronto se pongan en marcha acciones específicas para la reinserción de los excombatientes (para estas fechas casi todos los excombatientes deben ya haber regresado o haberse reinstalado, y están siendo reintegrados). El proceso de reinstalación en general no carece de fallos, y numerosos lugares de reinstalación no reúnen las condiciones mínimas, lo que incluye también el problema de las minas terrestres. Los programas de limpieza de minas de la Comisión (en curso y proyectados) y las actividades de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) se ocupan directamente de estos temas.

Si bien el proceso de paz sigue adelante, las difíciles condiciones de vida de la población podrían llevar a un aumento del bandidaje en el futuro. Las grandes cantidades de pequeñas armas y armas ligeras constituyen un problema en este contexto, el cual, pese a no ser considerado como una amenaza para la estabilización, no por ello deja de ser grave y debe ser atendido. El Gobierno parece considerar el desarme de la población civil como una prioridad creciente y ha realizado varias operaciones (aisladas) en este sentido. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está dispuesto a apoyar al Gobierno con un programa específico.