(2004/C 78 E/0706)

PREGUNTA ESCRITA E-3872/03

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Repercusión de las inversiones de la UE en el trasvase Júcar-Vinalopó

En el Convenio entre los usuarios de la conducción Júcar-Vinalopó y la empresa estatal «Aguas del Júcar S.A.» del 13 de julio de 2001, se dice expresamente que no se repercutirán ni las inversiones del Estado español, ni las de la Unión Europea, calificadas como «resto de la inversión» en el punto c) de la cláusula III del mismo Convenio. Esta cantidad no será repercutida a los usuarios, ni en las tarifas del agua, ni vía amortizaciones, ni vía gastos de explotación, ni con ningún otro concepto.

¿No opina la Comisión que este tratamiento de la financiación comunitaria es contraria a las siguientes obligaciones comunitarias: la transparencia en la gestión y aplicación de los fondos europeos (considerando 26 y 57, artículos 17 al 19, 34, 36 y 46 del Reglamento 1260/1999 (1)); la prohibición de que se falsee la competencia en el seno del mercado interior con ayudas de Estado (artículo 87 TCE); la protección de los intereses financieros comunitarios (artículo 280 TCE); y la obligación de transparencia económica y de tener en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua (artículo 9 y anexo III de la Directiva 2000/60/CE (2))?

La propia Abogacía del Estado español reconoce en su dictamen de 2 de junio de 2003 la independencia de la naturaleza de los fondos públicos en relación con la cuestión de la inclusión en los cánones de regulación y tarifas de utilización de agua de los importes financiados con fondos europeos en las obras hidráulicas.

Hay que tener en cuenta, además, que 35 hm3 anuales, sobre un total de 80 hm3 previsto por este trasvase, van dirigidos a usos de abastecimiento urbano, en los cuales es norma habitual hace años el pago de las inversiones por los usuarios, vía tarifas. En el caso del Alacantí y la Marína Baja, los nuevos abastecimientos van dirigidos básicamente a satisfacer los actuales incrementos de demanda turística. Ello supone que la Comisión estaría financiando a fondo perdido al sector turístico español. ¿Puede la Comisión aceptar esta situación?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2004)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.

(1)  DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(2)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.