PREGUNTA ESCRITA E-0684/03

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(7 de marzo de 2003)

Asunto: Programa Operativo Integrado de Andalucía y Fondos Comunitarios

La Administración General del Estado Español tiene programados en el ámbito del Programa Operativo Integrado de Andalucía, dentro de la medida 3.6 Protección y regeneración del entorno natural (dedicada a actuaciones forestales, biodiversidad y espacios naturales),

recursos por un importe total de 827 millones de euros. Esta cifra se desglosa en 620 millones de euros de ayudas FEDER y 207 millones de euros de cofinanciación nacional, requisito que responde a un compromiso expreso adquirido en el momento de elaborar la programación, que consta en el propio programa. Por otro lado, también está prevista una financiación de 118 millones de euros para inversiones en silvicultura con ayuda del FEOGA (medida 3.9 del mismo Programa). Sin embargo, durante el último Comité de Seguimiento del Programa (Córdoba, junio de 2002) se evidenció un bajo nivel de ejecución de la mencionadas medidas respecto a la programación aprobada, cuya responsabilidad recae directamente en el Ministerio de Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta que:

- que, según el Reglamento (CE) 1260/1999(1), de no cumplirse los niveles de ejecución requeridos, podrían llegar a anularse las ayudas comunitarias previstas,

- que la Consejería de Medio Ambiente se ha dirigido a la Comisión Europea (mediante correo del 12 de septiembre de 2002 a la DG de Política Regional) solicitándole su mediación en el asunto y el estudio de una eventual adjudicación directa de los Fondos a la Junta de Andalucía,

- que la situación de no adjudicación de los fondos por parte de la Administración central del Estado está perjudicando la correcta gestión medioambiental de Andalucía, catalogada como región de Objetivo 1,

- y que en una resolución sobre la gestión de la política regional y de los Fondos Estructurales(2) (apartados 2 y 12) el Parlamento Europeo señalaba que la financiación debe orientarse de la manera más eficaz posible a las regiones y comunidades locales, lamentaba que la política rectora de la administración central dificulte la ejecución de los programas de los Fondos Estructurales en las regiones, y consideraba que la administración central no debería desempeñar un papel dominante, sino más bien de coordinación, apoyo y garante del control de legalidad.

De acuerdo con lo expuesto en el escrito de la DG de Política Regional de fecha 1 de octubre de 2002 y referencia 110215, ¿ha recibido la Comisión una propuesta de la autoridad de gestión del Programa Operativo de Andalucía 2000-2006 que solvente los problemas de ejecución de la medida 3.6 del Programa, actualmente asignada mayoritariamente al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Puede especificar la Comisión en qué estado se encuentra el examen de la propuesta planteada a la Comisión por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía?

(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(2) DO C 284 E de 21.11.2002, p. 325.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de la situación que menciona Su Señoría por haberse planteado ya en la reunión que celebrara en Córdoba el 7 de junio de 2002 el Comité de seguimiento del Programa Operativo Integrado (POI) de Andalucía. Desde entonces, la Comisión, en cooperación con las autoridades españolas, ha venido esforzándose por encontrar una solución adecuada al problema.

Con motivo de los encuentros anuales celebrados en Madrid los días 16 y 17 de enero de 2003 para tratar de la gestión de los programas, y tras varias iniciativas de la Comisión, la autoridad de gestión señaló que el Ministerio de Medio Ambiente, principal beneficiario final de las medidas, había procedido a una revisión de la programación de sus inversiones que garantiza ya la ejecución de las anualidades 2000 y 2001 previstas en el POI para las medidas en cuestión (3.6 y 3.9).

Su Señoría puede estar segura de la completa disponibilidad de la Comisión para tratar sin demora cualquier iniciativa que le pueda comunicar la autoridad de gestión.