PREGUNTA ESCRITA E-1373/01

de Carlos Carnero González (PSE) a la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Asunto: Cierre de centros y despidos masivos por parte de Marks and Spencer

La empresa Marks and Spencer ha anunciado el cierre de diversos centros en varios países europeos, entre ellos en España (cuatro en Madrid, dos en Barcelona y uno respectivamente en Sevilla, Valencia y Bilbao), con el consiguiente despido masivo de trabajadores.

Tal decisión ha sido dada a conocer sorpresivamente y ha sido adoptada sin que la dirección de Marks and Spencer estableciera un contacto previo con las centrales sindicales representativas.

Los empleados de esa firma en los países y centros concernidos, en particular, y la opinión pública, en general, han recibido con estupor e indignación una medida que va contra el empleo y burla el principio básico de concertación social, situándose claramente fuera del modelo social europeo.

En Francia, la justicia ha llegado a intervenir para impedir que Marks and Spencer implemente sus decisiones sin ningún tipo de control.

El autor de la pregunta considera que la decisión de Marks and Spencer es absolutamente reprobable y además pone de manifiesto como ha señalado el Secretario General de la CES, Emilio Gabaglio la necesidad de que construir una verdadera Europa social dotando urgentemente a la UE de normas efectivas de información y consulta a los trabajadores que impidan a los grandes consorcios empresariales adoptar decisiones de capitalismo salvaje como a la que aquí se hace referencia.

En este marco, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para defender el modelo social europeo e impedir que Marks and Spencer alcance sus objetivos antisociales, de forma que otras empresas de similar magnitud se vean tentadas en el futuro a adoptar sin más decisiones similares? ¿de qué manera va a urgir al Consejo para que adopte, sin más dilación, la Directiva sobre el derecho de información de los trabajadores?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(6 de julio de 2001)

La Comisión atribuye la mayor importancia a las consecuencias sociales de la reestructuraciones de empresas. Esta fue la principal preocupación que guió a la Comisión al preparar su propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(1), sobre la cual el Consejo de Ministros alcanzó un acuerdo político relativo a una posición común el 11 de junio de 2001.

Esta iniciativa constituye una pieza clave de la respuesta comunitaria a los problemas sociales que plantean las reestructuraciones de empresas.

En este contexto se contemplan además otras medidas, entre las cuales cabe destacar el desarrollo de la noción y la práctica de la responsabilidad social de las empresas; la orientación de las medidas activas de mercado de trabajo, en particular las financiadas por el Fondo Social Europeo, hacia los sectores y la regiones que sufren los efectos de importantes reestructuraciones de empresas; la búsqueda de una mejor articulación entre la política de la competencia y la política social; y la próxima revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos.

(1) COM(98) 612 final.