PREGUNTA ESCRITA E-3847/00

de Riitta Myller (PSE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Fomento del transporte público

El fomento del transporte público de viajeros constituye un factor esencial para la realización de una política de transportes que tenga en cuenta el desarrollo sostenible. El transporte público contribuye a que disminuya la contaminación ambiental y genera igualdad social, por lo que debe ser considerado como un servicio social que merece ser apoyado con fondos públicos. La propuesta de reglamento de la Comisión sobre los principios en materia de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable ha suscitado el temor de que se produzca un deterioro de las condiciones de funcionamiento de los transportes públicos. La apertura a la competencia de los servicios ferroviarios debilitaría el nivel de los servicios, en particular, en un país con largas distancias como Finlandia. De la misma forma, la limitación de la ayuda pública a determinados grupos de viajeros constituiría una amenaza para la competitividad de los transportes públicos en el ámbito de los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, lo que se traduciría, por consiguiente, en un aumento de la utilización del vehículo particular. ¿De qué manera va a garantizar la Comisión que la política de transportes fomente los principios del desarrollo sostenible, el respeto del medio ambiente y la igualdad regional y social?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2001)

La Comisión está completamente de acuerdo con la opinión de que un mayor uso del transporte público es uno de los factores esenciales en el desarrollo sostenible, el respeto del medio ambiente y la igualdad social y regional, tal como se menciona en el artículo 161 (antiguo artículo 130 D) del Tratado CE.

También está de acuerdo en que un enfoque basado exclusivamente en el mercado libre no es apropiado en este sector. Entre otros problemas, este enfoque comportaría, por supuesto, el riesgo de que los operadores redujeran los servicios importantes desde el punto de vista social y medioambiental.

Sin embargo, la propuesta de reglamento de la Comisión sobre los servicios públicos en el transporte de viajeros(1) tiene un enfoque bastante diferente, que se basa en el principio de la competencia controlada en vez de hacerlo exclusivamente en un enfoque de mercado libre.

La experiencia en los Estados miembros que han introducido la competencia controlada demuestra que, si se gestiona adecuadamente, es una forma efectiva de hacer que los servicios resulten más atractivos y más eficientes. También es cierto que algunos operadores que no han de hacer frente a la competencia proporcionan unos servicios excelentes. Sin embargo, otros no lo hacen y los costes son generalmente elevados. Los regímenes de mercado cerrado parecen dificultar el cambio allí donde más se necesita.

El objetivo básico de la propuesta de la Comisión es promover la calidad y la eficiencia en el transporte público. En ella se toma la necesidad generalizada de las ayudas públicas como principal punto de partida.

Bajo este enfoque, las autoridades públicas tienen amplios poderes para fijar los niveles de servicio y las normas de calidad necesarios, así como elegir el operador que cumplirá con estas normas de la forma económicamente más ventajosa. Se anima a las autoridades, mediante una disposición específica, a garantizar la continuación del apoyo a los servicios socialmente necesarios en zonas poco pobladas.

La Comisión reconoce que mantener las tarifas a un nivel asequible es muy importante a la hora de hacer que el transporte público resulte más atractivo y accesible para todos. No hay nada en el proyecto de Reglamento que descarte esta posibilidad. Si una autoridad decide reducir las tarifas a todos los pasajeros, el reglamento propone simplemente que dicha reducción debe incorporarse a un contrato de servicios públicos. De esta forma, las autoridades pueden asegurar unos niveles de calidad y fiabilidad adecuados en la prestación de los servicios.

También es importante considerar la cuestión de la inseguridad jurídica. Durante los últimos diez años, han aparecido por primera vez operadores que proporcionan transporte público en más de un Estado miembro. Este hecho ha incrementado la repercusión comunitaria de la concesión de ayudas estatales y de derechos exclusivos en este sector y ha conducido a una situación de inseguridad jurídica. El reglamento propuesto proporcionará, mediante el establecimiento de un marco normativo claro, una solución efectiva a la vez que asegura el pleno respeto de los objetivos de la política de transporte y refuerza la capacidad de los operadores de transporte público para competir con los vehículos particulares.

Por estos motivos, la Comisión considera que el proyecto de Reglamento es una contribución importante a la tarea de desarrollar sistemas de transporte local y regional que sean capaces de responder de forma efectiva a los desafíos con los se enfrentan hoy en día. Pero la medida reglamentaria es sólo una parte de las actividades de la Comisión en esta área. Al mismo tiempo, la Comisión ha puesto en práctica herramientas útiles para apoyar las actividades tanto de las autoridades locales y regionales como de los operadores. Estas herramientas comprenden una base de datos sobre prácticas correctas, un programa para permitir que las poblaciones comparen la calidad de sus sistemas de transporte y programas exhaustivos de investigación y desarrollo.

Tras el Consejo Europeo de Cardiff de junio de 1998, la Comisión creó un grupo de expertos formado por miembros de los Ministerios de Transportes y de Medio Ambiente de los Estados miembros para desarrollar estrategias encaradas a promover la integración en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este grupo ha presentado un informe a la Comisión con una serie de recomendaciones para la adopción de medidas favorables al transporte sostenible, a fin de apoyar la contribución de la Comisión a la revisión de la estrategia de integración del Consejo en materia de transporte. El informe se encuentra en Internet, en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/environment/trans.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000.