Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 15 de octubre de 2026 (1)
Asunto C‑568/25
Verein für Konsumenteninformation
contra
Universal Versand GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria)]
« Procedimiento prejudicial — Protección de los datos personales — Venta a distancia a los consumidores — Pago a plazos o contra factura (“pago inseguro”) — Apreciación de la probabilidad de impago — Elaboración de perfiles — Proceso de decisión automatizado — Intervención humana »
Introducción
1. Las presentes conclusiones tienen por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), por la que se solicita la interpretación del artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; corrección de errores en DO 2021, L 74, p. 35; en lo sucesivo, «RGPD»). Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento entre Verein für Konsumenteninformation, una asociación austriaca que ejercita acciones de representación (en lo sucesivo, «Verein»), y Universal Versand GmbH, una empresa de venta a distancia. Concretamente, el litigio versa sobre una práctica comercial de Universal Versand consistente en negar a los clientes la posibilidad de elegir determinadas modalidades de pago consideradas «inseguras», a saber, el pago «a plazos» y «contra factura», basada únicamente en una evaluación automatizada de la probabilidad de impago de un cliente.
2. En una era marcada por la digitalización de la economía y la sociedad, el presente asunto aborda de manera más amplia los retos que plantea la creciente automatización de las decisiones en el mercado único. Los peligros de dicha automatización se conocen desde hace tiempo. Stanley Kubrick eligió, por ejemplo, la alegoría del Dispositivo del Día del Juicio Final para denunciarlos (¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, 1964) y, por su parte, el legislador de la Unión Europea adoptó un enfoque más pragmático al hacerse eco de esta importante cuestión. Así pues, en el ámbito de la protección de los datos personales, el RGPD tiene por objeto proteger a los interesados de los riesgos inherentes a un tratamiento exclusivamente automatizado, asociados concretamente a la eventual falta de fiabilidad de los datos objeto de dicho tratamiento y a la opacidad de este. En particular, tales riesgos pueden materializarse en un trato discriminatorio o en decisiones que a veces resultan difíciles de comprender y de impugnar. (2)
3. En el presente asunto, en el contexto de las relaciones comerciales en el que se enmarca el litigio principal, el Tribunal de Justicia deberá precisar las condiciones en las que se aplica el derecho previsto en el artículo 22, apartado 1, del RGPD a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como el alcance de esta protección a la luz de una de las excepciones a dicho derecho previstas en el apartado 2 del citado artículo, concretamente, la excepción basada en el carácter necesario de la decisión para la celebración o la ejecución del contrato.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
4. De conformidad con el considerando 71 del RGPD:
«El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que puede incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, como la denegación automática de una solicitud de crédito en línea […] en [la] que no medie intervención humana alguna. Este tipo de tratamiento incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento de los datos personales que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relacionados con […] la situación económica, […] la fiabilidad o el comportamiento […] del interesado, en la medida en que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Sin embargo, se deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida la elaboración de perfiles, [cuando sea] necesario para la conclusión o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento, o en los casos en los que el interesado haya dado su consentimiento explícito. En cualquier caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a las garantías apropiadas, entre las que se deben incluir la información específica al interesado y el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión. […]»
5. El artículo 4 del RGPD, titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
4) “elaboración de perfiles”: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos a [la] situación económica, […] fiabilidad [o] comportamiento […] de dicha persona física;
[…]».
6. El artículo 5 del citado Reglamento, titulado «Principios relativos al tratamiento», establece:
«1. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (“licitud, lealtad y transparencia”);
[…]
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (“minimización de datos”);
[…]
2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo (“responsabilidad proactiva”).»
7. El artículo 6 del RGPD, titulado «Licitud del tratamiento», prevé en su apartado 1:
«1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
[…]
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
[…]».
8. El artículo 22 del RGPD, titulado «Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles», enuncia:
«1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
[…]
c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.
[…]»
Derecho austriaco
9. Con arreglo al artículo 28a de la Konsumentenschutzgesetz (Ley de Protección de los Consumidores), de 30 de marzo de 1979 (BGBl., 140/1979), en su versión aplicable (BGBl. I, 50/2017):
«Quien, en sus relaciones comerciales con consumidores relativas a […] operaciones de crédito al consumo, […] incumpla una obligación o una prohibición previstas en la ley […] y, de este modo, perjudique los intereses generales de los consumidores, podrá ser objeto de una acción de cesación […]».
Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
10. Universal Versand ejerce su actividad de venta por correspondencia en el mercado austriaco, en el que recibe varias decenas de miles de pedidos al mes, de los cuales alrededor del 90 % se tramitan mediante modalidades de pago consideradas «inseguras». Antes de conceder a un cliente la posibilidad de acogerse a esta modalidad de pago, Universal Versand lleva a cabo una verificación de su solvencia mediante un proceso automatizado. En consecuencia, esta modalidad de pago puede denegarse si, sobre la base de un proceso de calificación interna, se determina que existe probabilidad de impago. En el caso de nuevos clientes, la solicitud de verificación de su solvencia se remite a una empresa externa. Cuando esta empresa no conoce al cliente en cuestión, se deniega la posibilidad de seleccionar una modalidad de pago inseguro. Cuando sí lo conoce, pueden darse tres situaciones, cada una de las cuales se designa con un color diferente. Si el color es el rojo, la modalidad de pago «inseguro» se deniega automáticamente y, si el color es el amarillo, un colaborador de Universal Versand efectúa una comprobación en una base de datos. En caso de denegación automática, el cliente puede solicitar una revisión manual de la decisión automatizada o impugnar dicha decisión.
11. El litigio principal tiene por objeto una acción colectiva ejercitada por Verein, que considera que la práctica descrita en el punto anterior de las presentes conclusiones infringe sistemáticamente el artículo 22 del RGPD. Por el contrario, Universal Versand sostiene que el artículo 22 de ese Reglamento no es aplicable, puesto que una decisión de no permitir que los clientes afectados recurran a una modalidad de pago inseguro no produce efectos jurídicos para ellos ni les afecta significativamente de modo similar. Considera que, en cualquier caso, tal decisión es necesaria para la celebración o la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD.
12. El Landesgericht Salzburg (Tribunal Regional de Salzburgo, Austria) desestimó el recurso de Verein. El recurso de apelación interpuesto por dicha asociación también fue desestimado por el Oberlandesgericht Linz (Tribunal Superior Regional de Linz, Austria). El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal), órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación interpuesto por Verein, se pregunta sobre la interpretación del artículo 22 del RGPD.
13. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente plantea la cuestión de la aplicabilidad del artículo 22, apartado 1, del RGPD y, más concretamente, de la interpretación del tercer requisito establecido en esta disposición, que recoge la exigencia de que la decisión basada en el tratamiento automatizado produzca efectos jurídicos en el interesado o le afecte significativamente de modo similar. Observa que, en circunstancias como las del litigio principal, podría considerarse que tal decisión no afecta al estatuto jurídico del cliente en cuestión ni resulta determinante para que se entable una relación jurídica con este. No obstante, también podría sostenerse, por un lado, que la misma decisión determina si un contrato puede celebrarse o modificarse y, en su caso, de qué manera, y, por otro lado, que la elección de determinadas modalidades de pago puede afectar a los intereses económicos o personales de dicho cliente en el sentido de la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring).
14. En segundo lugar, en el supuesto de que el artículo 22, apartado 1, del RGPD fuera aplicable, el órgano jurisdiccional remitente señala que procedería entonces comprobar si puede entrar en juego la excepción prevista en el apartado 2, letra a), de dicho artículo. Se pregunta si la determinación del carácter necesario de decisiones como las que son objeto del litigio principal debe depender de la eventual existencia de una relación objetiva entre la apreciación automatizada de la solvencia del cliente de que se trate y la finalidad concreta del contrato de compraventa.
15. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el tenor del artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD no es claro y se cuestiona si debe interpretarse en el sentido de que la ejecución del contrato en cuestión está supeditada a la adopción de una «decisión automatizada» o simplemente de una decisión, para justificar que el apartado 1 de dicho artículo no se aplique.
16. En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 1, del [RGPD], en el sentido de que la decisión de una empresa de venta a distancia de rechazar la modalidad de pago “pago a plazos” o “contra factura” solicitada por el cliente en su pedido, pero de declararse dispuesto frente al cliente a entablar la relación comercial mediante la modalidad de pago “tarjeta de crédito” o “PayPal”, decisión basada únicamente en una evaluación automatizada de la probabilidad de impago de un cliente, que se deriva del hecho de que, tras una consulta automática a una agencia de información comercial y crediticia, esta responde que el cliente le resulta desconocido, o de que —en el caso de un cliente conocido— una calificación interna de solvencia lleva a concluir que el cliente no presenta suficiente solvencia, produce “efectos jurídicos” en el cliente o “le [afecta] significativamente de modo similar”, siempre que mediante esta decisión no se rechace el pedido en sí, sino que simplemente se limiten las modalidades de pago especificadas por la empresa de venta por correspondencia que puede elegir el cliente?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
2) a) ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD en el sentido de que, para determinar si una decisión de una empresa de venta a distancia basada en una evaluación automatizada de la probabilidad de impago del cliente potencial, tal y como se describe en la primera cuestión, es “necesaria” para la celebración de un contrato entre el cliente y la empresa de venta a distancia, debe existir una relación objetiva directa entre la finalidad del contrato que se va a celebrar con el cliente y la evaluación de la probabilidad de impago del cliente?
b) Para afirmar que concurre tal necesidad a efectos del artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, ¿deben ser objetivamente adecuadas las categorías de datos recogidos, ya sea por sí solas o combinadas entre ellas, para evaluar la probabilidad de impago?
¿Debe la empresa de venta por correspondencia o bien el cliente alegar y probar qué categorías de datos se han recogido en concreto con el fin de evaluar la probabilidad de impago y que esas categorías de datos, ya sea por sí solas o combinadas entre ellas, son objetivamente adecuadas para evaluar la probabilidad de impago?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
3) ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD en el sentido de que, para la celebración o la ejecución del contrato es necesaria precisamente una adopción automatizada de decisiones por parte del responsable del tratamiento?
En caso de respuesta afirmativa a [esta cuestión]:
a) ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD en el sentido de que, para determinar si una decisión de una empresa de venta por correspondencia, tal y como se describe en la cuestión 1, es necesaria para la celebración del contrato, ha de atenderse a si la adopción automatizada de decisiones relativas a la aprobación o denegación de la modalidad de pago deseada puede también ser efectuada por personas con un esfuerzo razonable? ¿Qué importancia tienen, a este respecto, el número de pedidos que recibe la empresa de venta a distancia y la expectativa de los clientes en el proceso de pedido en línea de ser informados inmediatamente de si la empresa de venta por correspondencia acepta o no la modalidad de pago que desean?»
Apreciación
17. El artículo 22 del RGPD establece una prohibición de principio, consagrada en el apartado 1, según la cual todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Esta prohibición va acompañada de determinadas excepciones, previstas en el apartado 2 de dicho artículo, aplicables dentro de los límites establecidos en sus apartados 3 y 4. Aunque los principales objetivos perseguidos por el artículo 22 de ese Reglamento son fácilmente comprensibles, su régimen de aplicación concreto resulta, en cambio, menos evidente, debido al carácter indeterminado de algunos de los conceptos que en él se mencionan. (3)
18. Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren tanto a los requisitos de aplicación de la prohibición establecida en el artículo 22, apartado 1, del RGPD (primera cuestión prejudicial), como a una de las excepciones a esta prohibición, a saber, la relativa al carácter necesario de la decisión para la celebración o la ejecución del contrato, prevista en el artículo 22, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento (cuestiones prejudiciales segunda y tercera).
Sobre la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 22, apartado 1, del RGPD (primera cuestión prejudicial)
19. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 22, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de una venta por correspondencia, la decisión de denegar al cliente la posibilidad de elegir determinadas modalidades de pago, adoptada únicamente sobre la base de una evaluación automatizada de la probabilidad de impago de dicho cliente, produce efectos jurídicos en él o le afecta significativamente de modo similar.
20. Como ya he señalado en el punto 17 de las presentes conclusiones, del tenor del artículo 22, apartado 1, del RGPD se desprende que el interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Por consiguiente, deben cumplirse tres requisitos acumulativos para aplicar la prohibición prevista en dicha disposición. En primer lugar, el interesado debe ser objeto de una «decisión». En segundo lugar, esa decisión debe estar «basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles» y, en tercer lugar, debe producir «efectos jurídicos [en el interesado]» o afectarle «significativamente de modo similar».
21. Las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente se refieren únicamente al tercero de estos requisitos, por lo que es preciso determinar las circunstancias en las que una decisión, como la que es objeto del litigio principal, puede producir efectos jurídicos en el interesado o afectarle significativamente de modo similar. A falta de remisión al Derecho nacional de los Estados miembros, considero que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en el territorio de esta, conforme al sentido habitual de los términos de que se trata en el lenguaje corriente y teniendo en cuenta el contexto en el que se inscribe dicho concepto y los objetivos perseguidos por la citada disposición. (4)
22. Por lo que respecta, en primer lugar, al sentido habitual de los términos empleados, debo observar que el tercer requisito establecido en el artículo 22, apartado 1, del RGPD evoca dos situaciones autónomas, separadas por la conjunción «o». De este modo, engloba las decisiones que pueden producir «efectos jurídicos» en una persona o, alternativamente, afectar a esta última «significativamente de modo similar». Basta con que concurra una de estas dos situaciones para que la prohibición prevista sea aplicable.
23. En lo que concierne a la primera situación, a saber, aquella en la que una decisión produce «efectos jurídicos», considero que se trata de la idoneidad de dicha decisión para modificar el contenido o las condiciones de ejercicio de los derechos u obligaciones de una persona.
24. En cuanto a la segunda situación, prima, antes de nada, que la decisión en cuestión afecte al interesado, lo que implica que tenga una incidencia concreta, y no meramente abstracta, en la situación de esa persona. A continuación, debe tenerse en cuenta el carácter «significativo» de los efectos, más allá de la esfera jurídica. Si bien es cierto que este último término es ambiguo en francés, su sentido resulta claro en el resto de versiones lingüísticas del RGPD, por ejemplo, en las versiones inglesa («significantly»), española («significativamente»), o letona («ievērojami»), en las que denota la importancia del concepto al que califica. (5) Por lo tanto, los efectos de la decisión en cuestión deben alcanzar un determinado umbral para que se active la protección conferida por el artículo 22, apartado 1, del RGPD, lo que excluye una incidencia meramente accesoria o marginal. Por último, además de este aspecto cuantitativo, del tenor de la disposición se desprende que el interesado debe verse afectado «de modo similar», por lo que se introduce un elemento de comparabilidad con el criterio de los «efectos jurídicos» en cuanto a las consecuencias de tal decisión en la situación del interesado. Así pues, la incidencia de la referida decisión debe ser al menos análoga a la que resultaría de la modificación o de la supresión de un derecho o de una obligación. (6)
25. En lo que atañe, en segundo lugar, al contexto, el considerando 71 del RGPD ofrece ejemplos concretos de situaciones en las que procede considerar que una decisión produce efectos jurídicos en una persona o le afecta significativamente, sin establecer, no obstante, una distinción entre estas dos alternativas. Las dos situaciones mencionadas son la denegación automática de una solicitud de crédito en línea y los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna.
26. Por lo que respecta, en tercer y último lugar, a las finalidades perseguidas, el objetivo de ese mismo Reglamento consiste, en particular, en garantizar un nivel elevado de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular de su derecho a la protección de los datos personales, consagrado en el artículo 16 TFUE y garantizado como derecho fundamental en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (7) Estos elementos se mencionan en el considerando 1 del RGPD.
27. Procede determinar a la luz de todas las consideraciones que preceden si circunstancias como las descritas por el órgano jurisdiccional remitente, a saber, el hecho de que se deniegue a un cliente la posibilidad de seleccionar determinadas modalidades de pago tras una verificación automatizada de su solvencia, pueden modificar directamente los derechos u obligaciones de dicho cliente o tener una incidencia lo suficientemente concreta e importante en su situación como para que esa incidencia se asimile a tal modificación. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya declaró en la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring) que, cuando menos, una persona se ve afectada significativamente de modo similar a cuando se producen efectos jurídicos respecto de ella si la generación automatizada de un valor de probabilidad a partir de sus datos personales conduce, de forma casi sistemática, a que el banco le deniegue la concesión de un préstamo. (8)
28. En este contexto, procede preguntarse si, en el presente asunto, negar a un consumidor la posibilidad de utilizar determinadas modalidades de pago produce en él efectos análogos o comparables a los que se derivan de denegarle la concesión de un préstamo. Pues bien, aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar los efectos concretos de tal denegación en el contexto jurídico y fáctico del litigio del que conoce, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionarle todas las indicaciones necesarias para guiarle en esa apreciación. (9)
29. Por consiguiente, se plantea, en particular, la cuestión de si las circunstancias jurídicas del presente asunto se asemejan a las que dieron lugar a la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring), lo que justificaría la aplicación de las conclusiones que pueden extraerse de dicha sentencia a contratos como los que son objeto del litigio principal. A este respecto, en el seno de la Unión, la Directiva 2008/48/CE (10) se refiere precisamente a los contratos de crédito al consumo. No obstante, en virtud de su artículo 2, apartado 2, letra f), (11) y a la luz de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, contratos como los controvertidos en el litigio principal podrían estar excluidos del ámbito de aplicación de la referida Directiva, lo que impediría establecer una analogía directa entre los contratos en cuestión y los contratos de crédito al consumo equiparables a los que eran objeto de la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring).
30. Sin embargo, es preciso subrayar además que la Directiva 2023/2225, (12) que no es aplicable ratione temporis al litigio principal, (13) precisa en su considerando 15 que, durante la vigencia de la Directiva 2008/48, varios Estados miembros optaron por aplicar esta última a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación, para mejorar el nivel de protección de los consumidores. Por consiguiente, la República de Austria podía considerar, durante el período pertinente, que contratos como los controvertidos en el litigio principal estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 y se asemejaban a contratos de crédito como los que eran objeto de la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring). En cualquier caso, nada impedía a la República de Austria calificar de contratos de crédito los contratos que contemplaban una modalidad de pago inseguro. Por lo tanto, las conclusiones de la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring) son aplicables mutatis mutandis.
31. Aun cuando no fuera así, cabe que la imposibilidad de emplear determinadas modalidades de pago, debido a una decisión basada en una apreciación completamente automatizada de la solvencia de clientes potenciales, les prive de la posibilidad de celebrar un contrato de compraventa si no pueden pagar el precio de venta en el momento de celebración del contrato utilizando las modalidades de pago que se les impondrían en la práctica. En tal supuesto, los mencionados clientes se encontrarían en una situación análoga a la del asunto que dio lugar a la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring), en la medida en que resulta equiparable a la denegación de una solicitud de préstamo y tiene como consecuencia potencial la imposibilidad de celebrar un contrato.
32. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 22, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de una venta a distancia, la decisión de denegar al cliente la posibilidad de elegir determinadas modalidades de pago, adoptada únicamente sobre la base de una evaluación automatizada de la probabilidad de impago de dicho cliente, en caso de que pueda impedir la celebración del contrato de compraventa de que se trate, produce efectos jurídicos en él o, cuando menos, le afecta significativamente de modo similar.
Sobre la aplicación de la excepción prevista en el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD (cuestiones prejudiciales segunda y tercera)
33. Las cuestiones prejudiciales segunda y tercera versan sobre las condiciones en las que es posible adoptar una decisión individual basada únicamente en un tratamiento automatizado, en virtud de la excepción prevista en el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, que se refiere al carácter necesario de dicha decisión para la celebración o la ejecución de un contrato. Más concretamente, la segunda cuestión prejudicial se refiere a la apreciación del carácter «necesario» de tal decisión, y la tercera cuestión prejudicial tiene por objeto que se dilucide si ese carácter «necesario» debe determinarse en relación con la adopción de una decisión como tal o exclusivamente con la adopción de una decisión basada en un tratamiento automatizado de datos personales.
34. Con carácter preliminar, procede recordar, en primer lugar, el contexto de estas cuestiones. La prohibición establecida en el artículo 22, apartado 1, del RGPD contribuye a la consecución del objetivo general de protección de los datos personales de los particulares perseguido por dicho Reglamento, evocado en el punto 26 de las presentes conclusiones. La posibilidad de adoptar eventualmente tal decisión, derivada del artículo 22, apartado 2, del RGPD, constituye, en esencia, una excepción a esta prohibición y, como cualquier excepción, debe ser objeto de una interpretación en sentido estricto. (14)
35. En segundo lugar, Universal Versand sostiene que, en el presente asunto, el uso de las decisiones automatizadas beneficia, en primer término, a los consumidores, que pueden así recibir una respuesta casi inmediata en cuanto a las modalidades de pago de las que pueden disponer, las cuales pueden incluir modalidades de pago inseguro. Sin embargo, aunque percibo la ventaja proporcionada por una decisión positiva, el beneficio es menos evidente cuando la decisión es negativa. El presente asunto plantea, por lo tanto, la cuestión de la conciliación entre los intereses comerciales de las empresas, e incluso de determinados consumidores, y la protección de los datos personales.
Segunda cuestión prejudicial
36. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, cuando una empresa de venta a distancia celebra un contrato con un cliente, por un lado, es preciso acreditar la existencia de una relación objetiva entre la finalidad del contrato y la evaluación automatizada de la probabilidad de impago del cliente para poder concluir que dicha evaluación automatizada es necesaria para la ejecución del contrato y, por el otro, ha de garantizarse que los datos recogidos son objetivamente adecuados para realizar tal evaluación, así como precisarse qué datos se recogieron y por qué. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la carga de la prueba recae sobre la empresa de venta por correspondencia o sobre el cliente.
– Sobre el carácter «necesario para la ejecución de un contrato» del tratamiento automatizado de datos
37. El artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD consagra una de las excepciones a la aplicación del apartado 1 del mismo artículo, de las que puede derivarse la posibilidad de adoptar una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales. El carácter necesario de la adopción de la decisión para la celebración o la ejecución de un contrato es lo que justifica esta exclusión, y el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la apreciación de dicho carácter necesario depende de la existencia de una relación objetiva entre esa decisión y la finalidad del contrato en cuestión.
38. El concepto de «carácter necesario para la celebración o ejecución de un contrato» de una decisión automatizada no se define en el RGPD por remisión al Derecho nacional de los Estados miembros. Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia citada en el punto 21 de las presentes conclusiones, procede, por un lado, considerar que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión y, por el otro, determinar su significado aplicando el mismo método.
39. En primer término, en lo que atañe al sentido habitual de este concepto, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que el adjetivo «necesario» designa lo que se requiere o es indispensable para alcanzar un objetivo determinado. (15)
40. En segundo término, por lo que respecta al contexto, el capítulo II del RGPD, titulado «Principios», establece obligaciones que deben cumplir todos los destinatarios de ese Reglamento. Este capítulo incluye un artículo 6, titulado «Licitud del tratamiento», cuyo apartado 1, letra b), dispone que el tratamiento de datos personales será lícito cuando sea «necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte». El Tribunal de Justicia señaló que, para que se cumpla este requisito, el tratamiento de datos en cuestión debe ser objetivamente indispensable para conseguir un fin que forme parte de la prestación contractual destinada al interesado, lo que implica que el responsable del tratamiento debe poder demostrar por qué la finalidad principal del contrato no podría alcanzarse sin el tratamiento en cuestión. Precisó que el tratamiento de datos personales debe ser esencial para permitir la correcta ejecución del contrato y, por lo tanto, es preciso que no existan otras soluciones practicables y menos intrusivas. (16)
41. Así pues, el criterio jurídico aplicable para determinar si un tratamiento de datos es necesario para la celebración o la ejecución de un contrato consiste en comprobar si dicho tratamiento resulta indispensable para alcanzar la finalidad principal de la prestación contractual, en el sentido de que las obligaciones previstas no podrían cumplirse sin él. Esto implica cerciorarse de que no existen otras soluciones practicables y menos intrusivas para la protección de datos que puedan permitir lograr ese resultado.
42. En mi opinión, estas consideraciones son extrapolables al contexto de la interpretación del artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, ya que su redacción casi idéntica a la del artículo 6, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento justifica que el concepto de «necesidad para la ejecución del contrato» que se menciona en cada uno de ellos se interprete de manera análoga. En efecto, a falta de indicación en este sentido en el RGPD, sería contrario al sistema general de ese Reglamento que se diera una interpretación diferente a conceptos que se enuncian en él con un tenor idéntico. (17) Por añadidura, la lógica del RGPD refuerza esta interpretación, en la medida en que el criterio de «necesidad para la ejecución de un contrato» no puede apreciarse con arreglo a un umbral de exigencia diferente en función de si pretende justificar la licitud de un tratamiento de datos personales [artículo 6, apartado 1, letra b), del RGPD] o de la adopción de una decisión individual automatizada [artículo 22, apartado 2, letra a), de ese Reglamento], aun cuando el problema planteado por tal adopción a la luz del RGPD reside precisamente en el hecho de que se basa únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales. (18)
43. En tercer término, las finalidades perseguidas por el RGPD, ya recordadas en el punto 26 de las presentes conclusiones, corroboran esta interpretación, que permite delimitar estrictamente la posibilidad de establecer excepciones a la prohibición de adoptar una decisión individual automatizada establecida en el artículo 22, apartado 1, del RGPD.
44. A la vista de las consideraciones expuestas en los puntos 38 a 43 de las presentes conclusiones, la adopción de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos solo puede estar justificada con arreglo al artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD si cumple un criterio jurídico análogo al descrito en el punto 41 anterior. Pues bien, el primer elemento de este criterio consiste en determinar si la adopción de tal decisión es objetivamente indispensable para alcanzar la finalidad principal del contrato en cuestión. Así pues, este elemento consiste precisamente en determinar la existencia de una relación de necesidad entre esa decisión y la consecución del objeto de ese contrato. Por consiguiente, demostrar la existencia de una relación objetiva directa entre la finalidad del contrato que va a celebrarse y la adopción de una decisión individual automatizada es un requisito previo indispensable para poder concluir que dicha decisión es necesaria para la celebración o la ejecución de dicho contrato. Esta condición necesaria no es, sin embargo, suficiente, puesto que también debe cumplirse el segundo elemento del criterio pertinente, consistente en probar que no es posible otra solución menos intrusiva para alcanzar el mismo resultado.
45. En el presente asunto, de las explicaciones dadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el objeto de los contratos de que se trata en el litigio principal es la transmisión de la propiedad, por parte de una empresa de venta por correspondencia, de bienes de consumo a clientes a cambio del pago del precio de los bienes en cuestión. La finalidad de recurrir a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales es asegurarse de la solvencia de dichos clientes, con el fin de ofrecerles una modalidad de pago adecuada.
46. Habida cuenta de todo lo anterior, podría considerarse que la adopción de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales persigue la consecución del objeto de contratos como los controvertidos en el litigio principal. No obstante, para comprobar este extremo, será preciso acreditar que la puesta a disposición de una modalidad de pago adecuada pretende garantizar la correcta ejecución de dicha prestación contractual, (19) y que la apreciación de ese carácter adecuado depende efectivamente de la evaluación automatizada de la solvencia del cliente de que se trate, que no puede realizarse mediante una solución menos intrusiva. De ello resultaría, en efecto, que la celebración o la ejecución del contrato y, por consiguiente, la consecución de su objeto, depende específicamente de la citada evaluación. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, por un lado, que esto es lo que sucede en el caso de autos y, por el otro, que tal tratamiento automatizado es un medio adecuado para alcanzar el objetivo mencionado. Dicho órgano jurisdiccional deberá basar su apreciación, en particular, en los elementos que son objeto de la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial.
– Sobre la naturaleza de los datos recogidos y la distribución de la carga de la prueba
47. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, al adoptar una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales con arreglo al artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, dicho tratamiento debe limitarse a datos objetivamente adecuados para alcanzar la finalidad del contrato, y si la carga de la prueba de ese carácter adecuado recae sobre el responsable del tratamiento o sobre el interesado.
48. En primer lugar, por lo que respecta al carácter adecuado de los datos seleccionados para ser objeto de un tratamiento automatizado con vistas a la celebración o ejecución de un contrato, considero que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente puede interpretarse de dos maneras a la luz de las consideraciones que la sustentan. Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente parece preguntarse sobre el alcance cuantitativo de los datos que pueden ser objeto de tal tratamiento. Por otro lado, las dudas de dicho órgano jurisdiccional también podrían entenderse, más sustancialmente, en el sentido de que se refieren a la idoneidad de esos datos para alcanzar la finalidad perseguida por ese tratamiento.
49. En primer término, en lo que atañe al alcance cuantitativo de los datos que pueden tenerse en cuenta en el marco de la adopción de decisiones automatizadas como las que son objeto del procedimiento principal, procede subrayar que tales decisiones deben respetar los principios que rigen el tratamiento de datos personales, establecidos en el artículo 5 del RGPD, que son aplicables acumulativamente. Entre ellos, figura el llamado principio de «minimización de datos», del que se desprende que los datos personales deben ser «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados». (20) Así pues, «el responsable del tratamiento no puede proceder, de manera generalizada e indiferenciada, a la recogida de datos personales y […] debe abstenerse de recoger datos que no sean estrictamente necesarios en relación con los fines del tratamiento». Además, del artículo 25 de ese Reglamento resulta que el responsable del tratamiento debe aplicar las medidas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. (21)
50. Por lo tanto, cabe deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el responsable del tratamiento únicamente debe recoger y utilizar los datos que sean objetivamente adecuados y estrictamente necesarios para la consecución de la finalidad perseguida por el tratamiento de datos personales. Por consiguiente, en el litigio principal, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar que todos los datos recogidos y tratados son indispensables para apreciar la solvencia de los clientes afectados.
51. En segundo término, en lo tocante a la idoneidad de los datos que han sido objeto de un tratamiento automatizado para alcanzar la finalidad perseguida por dicho tratamiento, puede plantearse la cuestión de si la omisión de un dato, o la selección de un dato en lugar de otro, pueden ejercer una influencia decisiva y, en su caso, potencialmente problemática, en una evaluación basada en ese tratamiento. La respuesta a esta pregunta se deriva también de la interpretación del principio de «minimización de datos», en la medida en que presenta una dimensión cualitativa que se refiere al carácter adecuado y pertinente de los datos tratados, es decir, precisamente a su idoneidad para la consecución de los fines que justificaron el tratamiento.
52. Sin embargo, más allá de estas consideraciones generales, observo que el RGPD no proporciona ninguna indicación en cuanto a los criterios que permiten apreciar el carácter «adecuado» y «pertinente» de un dato. A este respecto, el Tribunal de Justicia se ha limitado a señalar que, cuando los datos cumplen estos dos requisitos, son capaces de alcanzar los fines del tratamiento de que se trate y, a fortiori, el objetivo de dicho tratamiento. (22) A mi juicio, esto se explica de manera lógica por la enorme variedad de situaciones cubiertas y por el necesario margen de maniobra del que deben disfrutar los Estados miembros para aplicar estos principios. Además, si bien es cierto que el RGPD pretende regular cuestiones directamente relacionadas con el tratamiento de datos, el control de los requisitos de adecuación y pertinencia en relación con la finalidad del tratamiento depende del examen de otras normativas sectoriales que puedan explicar o precisar la relación entre los datos tratados y la finalidad perseguida.
53. Por lo tanto, en circunstancias como las del litigio principal, la cuestión de la apreciación de la solvencia de un cliente y de los elementos que deben tomarse o no en consideración para determinarla podría, por ejemplo, estar comprendida en el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en materia de contratos de crédito al consumo o del Derecho nacional, mientras que la apreciación general relativa a la legitimidad de la invocación de esta finalidad sería objeto de un control de proporcionalidad a la luz del RGPD, teniendo en cuenta las normativas específicas pertinentes. (23) En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, a la luz del marco fáctico del litigio principal, decidir si los datos que han sido objeto de una evaluación automatizada eran adecuados e idóneos para determinar la solvencia de los clientes afectados (24) examinando para ello la normativa nacional aplicable a los contratos en cuestión y a la protección de los consumidores.
54. En segundo lugar, por lo que respecta a la carga de la prueba, del tenor inequívoco del artículo 5, apartado 2, del RGPD se desprende que el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento de los principios previstos en forma de obligaciones en el apartado 1 de dicho artículo, y que debe ser capaz de demostrar que se han cumplido. Por otra parte, en el contexto de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), del RGPD —que, como he señalado en el punto 42 de las presentes conclusiones, está formulado en términos similares a los del artículo 22, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento—, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el responsable del tratamiento debe poder demostrar por qué la finalidad principal del contrato de que se trate no podría alcanzarse sin el tratamiento de datos personales controvertido. (25)
55. Por lo tanto, corresponde al responsable del tratamiento señalar qué datos han sido recogidos y tratados, así como demostrar que son necesarios para la consecución de la finalidad perseguida por el tratamiento controvertido.
56. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial planteada que el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, cuando una empresa de venta por correspondencia celebra un contrato con un cliente, por un lado, es preciso acreditar la existencia de una relación objetiva entre la finalidad del contrato y la evaluación automatizada de la probabilidad de impago del cliente para poder apreciar que dicha evaluación automatizada es necesaria para la ejecución del contrato y, por el otro, ha de garantizarse que los datos recogidos a tal efecto son objetivamente adecuados para realizar esa evaluación, así como precisarse qué datos se recogieron y por qué. A este respecto, la carga de la prueba recae sobre la empresa de venta por correspondencia.
Tercera cuestión prejudicial
57. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, por un lado, si, para que sea aplicable la excepción a la prohibición de adoptar una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado prevista en el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, lo necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento es una «decisión» o bien una «decisión automatizada» y, por otro lado, si, para apreciar la necesidad del tratamiento automatizado son pertinentes elementos como el ahorro de tiempo para los clientes y el ahorro de costes para la empresa que recurre a dicho tratamiento o la posibilidad de sustituirlo por un tratamiento efectuado por una persona con un esfuerzo razonable.
58. En primer lugar, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se relacionan, sobre todo, con el tenor de esta disposición, que se refiere únicamente al carácter necesario de una «decisión» para la celebración o la ejecución de un contrato. Por razones análogas a las que ya he expuesto en los puntos 21 y 38 de las presentes conclusiones, procede analizar el sentido habitual de este concepto, teniendo en cuenta el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por dicha disposición.
59. En primer término, en lo que atañe al tenor del artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD, este únicamente se refiere al término «decisión», sin precisar que esta deba ser automatizada, lo que podría dar a entender que no es necesario que lo sea. Sin embargo, precede a dicho término el artículo definido «la» y no el artículo indefinido «una», lo que implica que la decisión a la que se refiere la citada disposición ya está identificada. Por consiguiente, el grupo nominal «la decisión» solo puede referirse aquí a la «decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles» que se menciona en el apartado 1 de ese artículo. Así pues, del tenor del artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD resulta que esta disposición se refiere a las decisiones automatizadas. (26)
60. En segundo término, el contexto de la misma disposición corrobora esta interpretación. En efecto, según el tenor del considerando 71 del RGPD, que, en esencia, permite precisar la interpretación del artículo 22 de ese Reglamento, (27) «se deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida la elaboración de perfiles», si es «necesario para la conclusión o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento». (28)
61. En tercer término, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por el RGPD y que ya se han recordado en los puntos 26 y 43 de las presentes conclusiones, debo señalar que la interpretación que propongo del concepto de «decisión» en el contexto de la interpretación del artículo 22, apartado 2, letra a), de ese Reglamento conduce a restringir el alcance de la excepción a la prohibición de adoptar decisiones individuales automatizadas consagrada en él. De lo contrario, bastaría con que la adopción de una decisión (automatizada o no) fuera necesaria para la celebración o ejecución de un contrato para que se abriera la posibilidad de basarla en un tratamiento automatizado de datos. Las consideraciones anteriores son, en mi opinión, aún más pertinentes en el contexto recordado en el punto 34 de las presentes conclusiones, del que se desprende que la excepción prevista en el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD solo puede interpretarse en sentido estricto.
62. Por otra parte, la Comisión Europea indica que presentó al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea una propuesta de Reglamento destinada, en particular, a modificar el RGPD, (29) la cual, en su opinión, permite disipar cualquier duda en cuanto a la interpretación del concepto de «decisión» en el sentido del artículo 22, apartado 2, letra a), de ese Reglamento, puesto que en ella se señala expresamente que no debe exigirse que una decisión pueda adoptarse únicamente mediante tratamiento automatizado para poder invocar la excepción que establece. Sin embargo, dado que dicha propuesta no ha entrado en vigor y ni siquiera ha sido aprobada en su versión actual por el Parlamento y el Consejo, no puede ser pertinente para la interpretación del concepto de que se trata.
63. En segundo lugar, en lo tocante a las indicaciones que deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter necesario de una decisión automatizada y, en particular, en el presente asunto, al número de pedidos que deben tramitar empresas como Universal Versand y a las expectativas de los clientes en cuanto a la rapidez del servicio prestado, el órgano jurisdiccional remitente deberá comprobar, a la luz del criterio jurídico descrito en el punto 41 y de las consideraciones expuestas en los puntos 49 a 55 de las presentes conclusiones, si tales elementos fácticos permiten demostrar que es necesario adoptar una decisión automatizada, en el sentido de que, por un lado, la evaluación automatizada de la solvencia de los clientes es indispensable para garantizar la correcta ejecución de los contratos en cuestión y, por el otro, tal evaluación no puede sustituirse por una intervención humana que suponga una solución menos intrusiva a efectos del segundo elemento del referido criterio y de conformidad, en particular, con el considerando 39 del RGPD.
64. En mi opinión, de las Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, adoptadas el 3 de octubre de 2017, resulta precisamente que un órgano jurisdiccional nacional podría, por ejemplo, llegar a tal conclusión cuando determine que la intervención humana no sería realista desde el punto de vista práctico o sería imposible habida cuenta de la cantidad de datos tratados. Ello implicaría que recurrir a una decisión automatizada es indispensable, en la medida en que concurre el segundo elemento del criterio jurídico descrito en el punto 43 de las presentes conclusiones. Sin embargo, corresponde a la empresa afectada demostrarlo, y el hecho de que tal tratamiento sea meramente útil para la ejecución del contrato no es suficiente a este respecto. (30)
65. Concretamente, en lo concerniente, en primer término, al volumen de pedidos tramitados y a la rapidez de la respuesta dada al cliente en cuanto a la modalidad de pago que podrá utilizar, es preciso demostrar, sobre la base de elementos objetivos, (31) por un lado, por qué la cantidad de datos tratados que resulta del volumen de pedidos conlleva que solo puedan ser objeto de un tratamiento automatizado y no exista una solución menos intrusiva y, por el otro, que la obtención de una respuesta inmediata en cuanto a la modalidad de pago es un factor que condiciona la decisión del cliente de celebrar el contrato en cuestión con la empresa de que se trate.
66. En segundo término, he de observar asimismo que, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente considere que las modalidades de pago en cuestión en el litigio principal están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 en virtud de la normativa austriaca, la solvencia de los clientes debería evaluarse antes de celebrar los contratos controvertidos con arreglo al artículo 8 de dicha Directiva. Al igual que sucedía con los problemas mencionados en el punto anterior de las presentes conclusiones, correspondería entonces a la empresa en cuestión demostrar, sobre la base de pruebas objetivas, por qué el tratamiento automatizado no puede sustituirse por otra solución practicable menos intrusiva para cumplir esta obligación.
67. Habida cuenta de todo lo anterior, considero que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 22, apartado 2, letra a), del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, para que sea aplicable la excepción a la prohibición de adoptar una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que dicho artículo prevé, es preciso que, para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento, una decisión automatizada resulte necesaria en la medida, en particular, en que no pueda recurrirse a una solución menos intrusiva y, por otro lado, elementos como el ahorro de tiempo para los clientes y el ahorro de costes para la empresa que recurre a tal tratamiento automatizado pueden ser pertinentes para apreciar la necesidad de dicho tratamiento si, en las circunstancias específicas del caso, permiten demostrar objetivamente ese carácter necesario en la medida, en particular, en que no pueda recurrirse a una solución menos intrusiva.
Conclusión
68. A la luz del análisis expuesto en las presentes conclusiones, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria):
«1) El artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
debe interpretarse en el sentido de que,
en el contexto de una venta a distancia, la decisión de denegar al cliente la posibilidad de elegir determinadas modalidades de pago, adoptada únicamente sobre la base de una evaluación automatizada de la probabilidad de impago de dicho cliente, en caso de que pueda impedir la celebración del contrato de compraventa de que se trate, produce efectos jurídicos en él o, cuando menos, le afecta significativamente de modo similar.
2) El artículo 22, apartado 2, letra a), del Reglamento 2016/679
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando una empresa de venta por correspondencia celebra un contrato con un cliente, por un lado, es preciso acreditar la existencia de una relación objetiva entre la finalidad del contrato y la evaluación automatizada de la probabilidad de impago del cliente para poder apreciar que dicha evaluación automatizada es necesaria para la ejecución del contrato y, por el otro, ha de garantizarse que los datos recogidos a tal efecto son objetivamente adecuados para realizar esa evaluación, así como precisarse qué datos se recogieron y por qué. A este respecto, la carga de la prueba recae sobre la empresa de venta por correspondencia.
3) El artículo 22, apartado 2, letra a), del Reglamento 2016/679
debe interpretarse en el sentido de que,
por un lado, para que sea aplicable la excepción a la prohibición de adoptar una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que dicho artículo prevé, es preciso que, para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento, una decisión automatizada resulte necesaria en la medida, en particular, en que no pueda recurrirse a una solución menos intrusiva y, por otro lado, elementos como el ahorro de tiempo para los clientes y el ahorro de costes para la empresa que recurre a tal tratamiento automatizado pueden ser pertinentes para apreciar la necesidad de dicho tratamiento si, en las circunstancias específicas del caso, permiten demostrar objetivamente ese carácter necesario en la medida, en particular, en que no pueda recurrirse a una solución menos intrusiva.»
1 Lengua original: francés.
2 Véase, a este respecto, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding y otros (Scoring) [C‑634/21, en lo sucesivo, «sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring)», EU:C:2023:957], apartados 57 a 59.
3 Véase, a este respecto, Poullet, Y., «Cinq ans après: le RGPD et les défis du profilage à l’heure de l’intelligence artificielle», Revue des affaires européennes, 2021/I, pp. 97 y 98.
4 Véase la sentencia de 14 de abril de 2026, Pelham (Concepto de «pastiche») (C‑590/23, EU:C:2026:290), apartado 34 y jurisprudencia citada.
5 A este respecto, considero, en cambio, que tales consideraciones no implican necesariamente que los efectos de la decisión en cuestión revistan cierta gravedad, contrariamente a las consideraciones expuestas por el grupo de trabajo sobre la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, creado en el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), en las Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, adoptadas el 3 de octubre de 2017, en su versión revisada y adoptada el 6 de febrero de 2018 (véase la página 23). Los efectos de una decisión pueden considerarse significativos, en el sentido de que revisten cierta importancia —económica, social, profesional o de otra índole— para la persona objeto de dicha decisión, sin presentar, no obstante, un carácter de «gravedad», en la medida en que este último concepto tiene una connotación negativa y sugiere una consecuencia desfavorable o una forma de menoscabo, tales como, por ejemplo, un perjuicio o un riesgo.
6 A mi juicio, de esta formulación se desprende que podrían estar comprendidas en el segundo supuesto contemplado en el artículo 22, apartado 1, del RGPD situaciones como, en particular, la evaluación de una solicitud de crédito, la determinación del importe de una prima de seguro o la decisión de cubrir o no la asistencia médica.
7 Véase la sentencia de 27 de febrero de 2025, Dun & Bradstreet Austria y otros (C‑203/22, EU:C:2025:117), apartado 51.
8 Véase, en este sentido, la sentencia SCHUFA Holding y otros (Scoring), apartados 48 y 49.
9 Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Perle (C‑14/23, EU:C:2024:647), apartado 49 y jurisprudencia citada.
10 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14, DO 2010, L 199, p. 40, DO 2011, L 234, p. 46, y DO 2015, L 36, p. 15).
11 «La presente Directiva no se aplicará a: […] los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos.»
12 Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE (DO L, 2023/2225).
13 Esta Directiva contiene disposiciones que pueden influir sustancialmente en el uso de decisiones automatizadas, las cuales regula precisamente en el contexto de la evaluación obligatoria de la solvencia de los consumidores, en su artículo 18 y, en particular, en el apartado 8 de este. No obstante, de su artículo 2, apartado 2, letra h), se desprende que podría no ser aplicable a contratos como los que son objeto del litigio principal.
14 Véanse, en este sentido, en el contexto de la protección de los datos personales y de las excepciones a dicha protección que deben aplicarse dentro de los límites de lo estrictamente necesario, las sentencias de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791), apartado 210 y jurisprudencia citada, y de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartado 93 y jurisprudencia citada.
15 Sentencia de 14 de diciembre de 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968), apartado 47. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que solo la información sin la cual no es posible completar la investigación antidumping puede considerarse «necesaria», en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22).
16 Sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartados 98 y 99.
17 En atención a las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos utilizados por los actos adoptados en un mismo ámbito deben tener el mismo significado cuando el legislador de la Unión no expresa una voluntad diferente (véase, por analogía, la sentencia de 17 de marzo de 2021, Wellcome Trust, C‑459/19, EU:C:2021:209, apartado 35 y jurisprudencia citada).
18 Hasta el punto de considerar que tal decisión incluye dicho tratamiento de datos.
19 A diferencia, por ejemplo, del razonamiento seguido en los apartados 39 a 42 de la sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse (C‑394/23, EU:C:2025:2), en la que el Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que la personalización de la comunicación comercial en función de la identidad de género del cliente de que se trate no era necesaria para la prestación de un servicio de transporte por ferrocarril, en la medida en que la empresa en cuestión podía optar, por ejemplo, por una comunicación basada en fórmulas de cortesía genéricas. En cambio, en el presente asunto, la capacidad del cliente para realizar los pagos que forman parte integrante de la prestación contractual de que se trata puede afectar directamente a su correcta ejecución.
20 Sentencia de 4 de octubre de 2024, Schrems (Comunicación de datos al público en general) (C‑446/21, EU:C:2024:834), apartados 47 a 49 y jurisprudencia citada.
21 Sentencia de 4 de octubre de 2024, Schrems (Comunicación de datos al público en general) (C‑446/21, EU:C:2024:834), apartados 59 y 60 y jurisprudencia citada.
22 Sentencia de 18 de junio de 2026, NTH Haustechnik (C‑484/24, EU:C:2026:496), apartado 97.
23 Véase, por analogía, la sentencia du 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartados 82 a 86.
24 A efectos de tal apreciación, es pertinente, en particular, determinar si los datos en cuestión tienen una relación directa y objetiva con la evaluación de la solvencia del cliente de que se trate y si son indispensables, por sí solos o en combinación con otros datos, para dicha evaluación, al tiempo que se analizan los riesgos que esta representa para el interesado.
25 Sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartado 98.
26 Esta interpretación se ve corroborada, además, por otras versiones lingüísticas de la citada disposición. Por ejemplo, la versión alemana menciona «die Entscheidung», mientras que la versión inglesa usa la expresión «the decision».
27 Véase, por analogía, la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202), apartado 59 y jurisprudencia citada.
28 El subrayado es mío.
29 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725, (UE) 2023/2854 y las Directivas 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 y (UE) 2022/2557 en lo que respecta a la simplificación del marco legislativo digital y se derogan los Reglamentos (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150, (UE) 2022/868 y la Directiva (UE) 2019/1024 (Reglamento ómnibus digital) [COM(2025) 837 final].
30 Véase, por analogía, la sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartado 99.
31 Pienso, en particular, en estudios cuantificados de los costes y beneficios, en el impacto económico sobre la empresa en cuestión de las diferentes medidas posibles y, en particular, en estudios estadísticos.