Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 15 de julio de 2026 (*)
« Responsabilidad extracontractual de la Unión — FEAGA y Feader — Sentencia mediante la que se anula una decisión de la Comisión por la que se excluyen de la financiación de la Unión determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al Feader — Reembolso por parte de la Comisión del importe indebidamente recaudado — Negativa de la Comisión a abonar intereses sobre la cantidad recaudada en exceso — Obligación de abonar intereses — Indemnización a tanto alzado por la privación del disfrute de la cantidad indebidamente pagada a la Comisión — Artículo 266 TFUE — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares »
En el asunto T‑661/24,
República Checa, representada por el Sr. J. Vláčil y las Sras. J. Očková y J. Benešová, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. P. Rossi y J. Hradil y por la Sra. M. Salyková, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, y el Sr. H. Cassagnabère y la Sra. T. Pavelin (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Čuboň, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 5 de febrero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso basado en el artículo 268 TFUE, la República Checa solicita, en esencia, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la falta de pago por parte de la Comisión Europea de los intereses adeudados a raíz de la anulación, mediante la sentencia de 19 de diciembre de 2019, República Checa/Comisión (T‑509/18, EU:T:2019:876), de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2018, L 152, p. 29), que le impuso una corrección financiera en el ámbito del Feader.
Antecedentes del litigio
2 La Comisión adoptó, el 13 de junio de 2018, la Decisión de Ejecución 2018/873. En dicha Decisión, consideró que determinados gastos efectuados por la República Checa con cargo al Feader habían infringido el Derecho de la Unión Europea y no podían ser financiados con cargo al Feader, debido a una deficiencia detectada en el sistema de gestión y control nacional. En consecuencia, aplicó una corrección financiera a tanto alzado del 5 %, por un importe de 151 116,65 euros (en lo sucesivo, «corrección financiera controvertida»).
3 El 10 de agosto de 2018, la Comisión aplicó la Decisión de Ejecución 2018/873 imputando los importes que debían recuperarse en concepto de correcciones financieras al pago intermedio del segundo trimestre de 2018.
4 Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2019, República Checa/Comisión (T‑509/18, EU:T:2019:876), el Tribunal General estimó el recurso interpuesto por la República Checa contra la Decisión de Ejecución 2018/873 y anuló dicha Decisión en la medida en que excluía de la financiación de la Unión los pagos efectuados en 2016 por la República Checa a cargo del Feader por un importe de 151 116,65 euros.
5 El 16 de junio de 2020, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2020/859, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al Feader (DO 2020, L 195, p. 59), mediante la que ordenó el reembolso de la cantidad de 151 116,65 euros, con arreglo a la sentencia de 19 de diciembre de 2019, República Checa/Comisión (T‑509/18, EU:T:2019:876), sin acompañar dicho reembolso del pago de intereses.
6 El 27 de octubre de 2020, la Comisión reembolsó la cantidad de 151 116,65 euros a la República Checa.
7 Mediante escrito de 26 de noviembre de 2024, la República Checa solicitó a la Comisión que le abonara intereses por el período comprendido entre el 10 de agosto de 2018, fecha en la que se aplicó la corrección financiera controvertida, y el 27 de octubre de 2020, fecha en la que la Comisión procedió al reembolso de las cantidades objeto de dicha corrección financiera. Los intereses cuyo pago reclamaba la República Checa ascendían a 11 722,93 euros y correspondían a la aplicación de un tipo de interés del 3,5 % a la cantidad de 151 116,65 euros que le había devuelto la Comisión. El tipo de interés solicitado representaba el tipo que aplicaba el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de financiación entre el 10 de agosto de 2018 y el 27 de octubre de 2020, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.
Pretensiones de las partes
8 La República Checa solicita, en esencia, al Tribunal que:
– Condene a la Comisión a abonarle una indemnización de 11 722,93 euros por el perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la negativa de la Comisión a abonarle intereses sobre la cantidad de 151 116,65 euros por el período comprendido entre el 10 de agosto de 2018 y el 27 de octubre de 2020.
– Condene a la Comisión a sumar a esta indemnización los intereses de demora que se devenguen desde que se dicte la sentencia en el presente asunto hasta el pago íntegro, al tipo aplicado por el BCE a sus operaciones principales de financiación, incrementado en 3,5 puntos porcentuales.
– Condene en costas a la Comisión.
9 La Comisión solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal General considere que en el caso de autos concurren los requisitos para que se genere su responsabilidad extracontractual, aplicar el tipo de interés compensatorio previsto en el artículo 109 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).
– Condene en costas a la República Checa.
Fundamentos de Derecho
Sobre el cumplimiento de los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual
10 En esencia, en apoyo de su recurso de indemnización, la República Checa invoca la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), para argüir que el artículo 266 TFUE, párrafo primero, exige que, a raíz de la anulación de una decisión de la Comisión por la que se impone una corrección financiera en el marco del Feader, la devolución al Estado miembro del importe de la corrección vaya acompañada de intereses. Según la República Checa, el pago de intereses constituye una medida necesaria para la ejecución de la sentencia anulatoria de una decisión de corrección financiera, destinada a indemnizar a tanto alzado por la privación del disfrute de las cantidades objeto de la corrección financiera. Sostiene que deben abonarse intereses por todo el período comprendido entre la fecha del pago indebido y su devolución al Estado miembro.
11 La República Checa alega que la negativa de la Comisión a abonar esos intereses constituye una infracción suficientemente caracterizada del artículo 266 TFUE, párrafo primero, que puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.
12 En respuesta a las alegaciones de la Comisión, la República Checa sostiene, esencialmente, que una decisión por la que se impone una corrección financiera priva al Estado miembro del disfrute de las cantidades objeto de dicha corrección y añade que la financiación de los gastos excluidos en virtud de tal corrección financiera debe compensarse con cargo al propio presupuesto del Estado miembro.
13 En particular, la República Checa alega que no cabe considerar que las cantidades puestas a disposición por la Comisión en concepto de prefinanciación permitían compensar la indisponibilidad de las cantidades devueltas a la Comisión a raíz de una decisión que imponía una corrección financiera. A este respecto, subraya que la finalidad de una corrección financiera es precisamente excluir determinados gastos de la financiación de la Unión. Así pues, mientras no se anule una decisión de la Comisión que imponga tal corrección financiera, el Estado miembro no puede utilizar financiación alguna de la Unión para cubrir el gasto excluido.
14 La República Checa añade que, en la práctica, cuando la Comisión decide excluir determinados importes de la financiación de la Unión, el Estado miembro está obligado a cubrir ese déficit con cargo a su propio presupuesto. Precisa que, en el caso de autos, los importes excluidos ya habían sido abonados a los agricultores y no existía obligación de reembolso por parte de los beneficiarios de que se trata.
15 Además, expone que la circunstancia de que una decisión de corrección financiera esté comprendida en el régimen de gestión compartida entre la Comisión y el Estado miembro no es relevante. Pueden devengarse intereses porque la decisión de efectuar correcciones financieras es un acto de autoridad de la Comisión mediante el cual esta tiene la facultad de obligar al Estado miembro a reembolsar determinados fondos.
16 La República Checa precisa que también se cumplen los requisitos relativos a la existencia de daño y de relación de causalidad. Alega que el daño sufrido consiste en que no se abonaron intereses por todo el período comprendido entre la fecha del pago de la cantidad indebidamente recaudada y la de su devolución.
17 La Comisión rebate las alegaciones de la República Checa.
Observaciones preliminares
18 En el sistema de control jurisdiccional previsto en los Tratados, la obligación que resulta del artículo 266 TFUE, párrafo primero, puede hacerse efectiva mediante el recurso de anulación contemplado en el artículo 263 TFUE o mediante el recurso por omisión contemplado en el artículo 265 TFUE, pudiendo también el justiciable interponer ante el juez de la Unión un recurso por responsabilidad extracontractual con arreglo a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo (véase el auto de 22 de diciembre de 2022, British Airways/Comisión, T‑480/21, no publicado, EU:T:2022:863, apartado 37 y jurisprudencia citada).
19 El artículo 340 TFUE, párrafo segundo, dispone que, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
20 Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión es necesario que concurran tres requisitos, a saber, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véase la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado 32 y jurisprudencia citada).
21 En el supuesto de que no se cumpla uno de los requisitos citados en el apartado 20 de la presente sentencia, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión. Además, el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden determinado (véase la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea, C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672, apartado 148 y jurisprudencia citada).
Sobre la existencia de una infracción suficientemente caracterizada
22 Del artículo 266 TFUE, párrafo primero, resulta que la institución de la que emane el acto anulado deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia por la que el acto se declare nulo y sin valor ni efecto alguno con efecto ex tunc (sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, apartado 51).
23 La obligación, en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, de adoptar las medidas necesarias para suprimir los efectos de las ilegalidades declaradas en caso de un acto que haya sido ya ejecutado, puede suponer que sea preciso reponer a la parte demandante en la situación en que se encontraba con anterioridad al acto en cuestión (sentencia de 10 de octubre de 2001, Corus UK/Comisión, T‑171/99, EU:T:2001:249, apartado 50).
24 Como se desprende del apartado 52 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), y de la jurisprudencia citada, el pago de intereses es una medida de ejecución de la sentencia anulatoria, en el sentido del artículo 266 TFUE, párrafo primero, por cuanto tiene por objeto indemnizar a tanto alzado al acreedor por la privación del disfrute de un crédito.
25 Además, la obligación de restituir las cantidades de dinero recaudadas infringiendo el Derecho de la Unión, ya sea por una autoridad nacional o una institución, un órgano o un organismo de la Unión, y de acompañar esta devolución de los intereses correspondientes a todo el período comprendido entre la fecha de pago de esas cantidades y la fecha de su devolución constituye la expresión de un principio general de devolución de cantidades indebidamente pagadas (sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, apartado 56).
26 Como se desprende del apartado 62 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), y, en esencia, de los apartados 103 y 104 de la sentencia de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), cuando, en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, una institución, un órgano o un organismo de la Unión está obligado a devolver con intereses una cantidad de dinero determinada, no dispone de ningún margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de abonar esos intereses, de modo que la mera infracción del Derecho de la Unión, consistente en la negativa a pagarlos, basta para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada de dicho Derecho que puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.
27 Por último, los intereses que deben abonarse en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, para indemnizar la privación del disfrute son «a tanto alzado», de modo que la institución, órgano u organismo de la Unión no puede eludir esta obligación basándose en que la parte demandante no ha probado suficientemente la existencia de un perjuicio (sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, apartado 62).
28 En el caso de autos, mediante la sentencia de 19 de diciembre de 2019, República Checa/Comisión (T‑509/18, EU:T:2019:876), el Tribunal General anuló la Decisión de Ejecución 2018/873 por la que la Comisión impuso, con arreglo al artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549), la corrección financiera controvertida, excluyendo la cantidad de 151 116,65 euros de la financiación abonada a la República Checa con cargo al Feader.
29 Para comenzar, procede examinar el contexto jurídico en el que se inscribe una corrección financiera impuesta sobre la base del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013, antes de analizar si existía una obligación de la Comisión de abonar intereses a la República Checa a raíz de la anulación de la decisión por la que se impuso la corrección financiera controvertida.
– Sobre el contexto jurídico en el que se inscribe una corrección financiera impuesta sobre la base del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013
30 En primer término, procede señalar que, con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 1306/2013, el Feader forma parte del presupuesto general de la Unión. Tal como se establece en el artículo 5 del antedicho Reglamento, el Feader financia la contribución financiera de la Unión en favor de los programas de desarrollo rural ejecutados de conformidad con el derecho de la Unión relativo a la ayuda al desarrollo rural.
31 En segundo término, ha de subrayarse que, con arreglo al artículo 5 del Reglamento n.º 1306/2013 y al artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Feader y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320), el Feader se ejecutará en régimen de gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión. De conformidad con el artículo 317 TFUE, en el régimen de gestión compartida, la Comisión ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión para garantizar que los créditos autorizados se utilizan de acuerdo con el principio de buena gestión financiera.
32 El artículo 63, apartado 1, del Reglamento 2018/1046 precisa, a este respecto, que, cuando la Comisión ejecute el presupuesto en régimen de gestión compartida, se delegarán en los Estados miembros las funciones relativas a la ejecución presupuestaria.
33 Como resulta de los artículos 6 a 10 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487), la ejecución presupuestaria del Feader por los Estados miembros se inscribe en el marco de programas de desarrollo rural, presentados por cada Estado miembro para su aprobación por la Comisión.
34 En la ejecución de estos programas de desarrollo rural, conforme al artículo 49 del Reglamento n.º 1305/2013, la selección de las operaciones financiadas con cargo al Feader se gestiona por los Estados miembros. El artículo 7 del Reglamento n.º 1306/2013 establece asimismo que la gestión y el control de los gastos del Feader, incluido el pago de dichos gastos, se efectuarán en los Estados miembros. En particular, como se desprende de los artículos 7, apartado 1, y 36, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 1306/2013 y del artículo 22 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO 2014, L 255, p. 59), los pagos a los beneficiarios se efectuarán por los Estados miembros y posteriormente serán reembolsados trimestralmente por la Comisión sobre la base de una declaración de gastos.
35 Por último, es preciso subrayar que, con arreglo al artículo 34 del Reglamento n.º 1306/2013, los créditos necesarios para financiar los gastos del Feader se pondrán a disposición de los Estados miembros en forma de prefinanciaciones, pagos intermedios y pagos del saldo.
36 Para comenzar, con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013 y al artículo 81, apartado 1, del Reglamento n.º 1303/2013, tras la aprobación de un programa de desarrollo rural, la Comisión abonará la prefinanciación inicial para todo el período de programación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 1306/2013, los intereses producidos por la prefinanciación se destinarán al programa de desarrollo rural y se deducirán del importe de los gastos públicos que figure en la declaración final de gastos al cierre del programa. Además, de conformidad con el artículo 35, apartado 4, del Reglamento n.º 1306/2013, el importe abonado de la prefinanciación se liquidará antes de que se cierre el programa de desarrollo rural.
37 El artículo 81, apartado 2, del Reglamento n.º 1303/2013 dispone que la prefinanciación inicial solo se empleará para los pagos a los beneficiarios relacionados con la ejecución del programa. Para ello, se pondrá inmediatamente a disposición del organismo responsable.
38 Como se desprende del considerando 70 del Reglamento n.º 1303/2013 y del considerando 25 del Reglamento n.º 1306/2013, la prefinanciación se abona a los Estados miembros precisamente para que dispongan de los fondos de la Unión desde el comienzo de la aplicación del programa de desarrollo rural. El sistema de prefinanciación pretende garantizar un flujo regular de fondos de forma que los pagos a los beneficiarios en el marco de los programas se realicen en el momento adecuado.
39 A continuación, los pagos intermedios se abonan trimestralmente con arreglo al artículo 36 del Reglamento n.º 1306/2013, como reembolso de los gastos efectivamente efectuados por los organismos pagadores del Estado miembro con cargo al Feader.
40 Por último, el artículo 37 del Reglamento n.º 1306/2013 establece que el pago del saldo se efectuará al cierre del programa.
41 En tercer término, el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013 establece que, cuando los gastos a cargo del Feader no se hayan efectuado de conformidad con la legislación de la Unión, la Comisión procederá a realizar correcciones financieras mediante la adopción de actos de ejecución que determinarán los importes que deban excluirse de la financiación de la Unión. Con arreglo al artículo 85, apartado 1, del Reglamento n.º 1303/2013, cuando la Comisión realice dicha corrección financiera, anulará la totalidad o parte de la contribución de la Unión a un programa de desarrollo rural y recuperará los importes abonados al Estado miembro de que se trate, a fin de excluir de la financiación de la Unión los gastos ya efectuados que incumplan el Derecho aplicable.
42 Conforme al artículo 34, apartado 8, párrafo segundo, del Reglamento n.º 908/2014, cuando se adopte una decisión por la que se imponga una corrección financiera en virtud del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, los gastos que deban excluirse de la financiación de la Unión los deducirá la Comisión del pago con respecto al cual el Estado miembro presente la declaración de gastos una vez adoptada la citada decisión.
43 Por otra parte, procede señalar asimismo que, según el artículo 54 del Reglamento n.º 1306/2013, los Estados miembros tienen la obligación, salvo que dicho artículo disponga otra cosa, de solicitar a los beneficiarios la devolución de los pagos indebidos a raíz de irregularidades o de negligencias. En virtud del artículo 56 del antedicho Reglamento, los importes de la financiación de la Unión en el marco del Feader que sean excluidos y los importes recuperados, así como los intereses correspondientes, se reasignarán al programa de que se trate. No obstante, el Estado miembro solo podrá reutilizar los fondos de la Unión excluidos o recuperados para operaciones incluidas en el mismo programa de desarrollo rural, siempre y cuando esos fondos no se reasignen a las operaciones que hayan sido objeto de una rectificación financiera. Tras el cierre de un programa de desarrollo rural, el Estado miembro reintegrará los importes recuperados al presupuesto de la Unión.
– Sobre la obligación de acompañar de intereses el reembolso de una corrección financiera
44 Ha de examinarse, a la luz del contexto jurídico expuesto en los apartados 30 a 43 de la presente sentencia, si, como sostiene la República Checa, la obligación automática e incondicional de abonar intereses, con arreglo al artículo 266 TFUE, párrafo primero, tal como resulta de la jurisprudencia expuesta en los anteriores apartados 23 a 27, se impone a la Comisión en el caso específico de la anulación de una decisión que impone una corrección financiera con cargo al Feader.
45 En primer lugar, es preciso señalar que la obligación de abonar intereses, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia expuesta en los anteriores apartados 23 a 27 y, en particular, por la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), se afirmó en un supuesto, distinto del caso de autos, en el que se había recaudado indebidamente una cantidad de un administrado. En efecto, como se desprende de los apartados 53 a 56 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la obligación de acompañar la devolución de una cantidad de intereses, tal como se ha establecido por la jurisprudencia, se refiere a la situación de un «administrado» que ha pagado indebidamente una cantidad en concepto de multa, sanción, multa coercitiva, tasa, impuesto u otro pago a una institución de la Unión o a las autoridades de un Estado miembro. Así pues, esas consideraciones se refieren al derecho de un administrado a obtener el pago de intereses con el fin de compensar la indisponibilidad de una cantidad indebidamente recaudada por la Administración.
46 Ahora bien, como se desprende de las consideraciones expuestas en los apartados 30 a 34 de la presente sentencia, en el marco de la gestión compartida, la ejecución del presupuesto de la Unión asignado al Feader y la ejecución de este fondo de la Unión se delegan en los Estados miembros, que no pueden, por consiguiente, asimilarse a los administrados.
47 Además, como se deduce de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 30 a 34, los Estados miembros no son los beneficiarios de los gastos del Feader. En efecto, los Estados miembros son responsables, en el régimen de la gestión compartida, de la gestión y de la ejecución de los fondos de la Unión. En consecuencia, como alega acertadamente la Comisión, cuando un Estado miembro debe devolver importes en concepto de corrección financiera, devuelve fondos de la Unión puestos a su disposición para la gestión del Feader.
48 Por lo tanto, a la vista de estos elementos, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostiene la República Checa, la situación en el caso de autos es diferente de las contempladas en los apartados 53 a 56 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488). Las consideraciones allí expuestas no tienen en cuenta la naturaleza de la relación entre los Estados miembros y la Comisión, ni las particularidades propias de la gestión compartida, ni el hecho de que los Estados miembros ponen a disposición, por delegación, los fondos de la Unión. Por lo tanto, estas consideraciones no son directamente aplicables en el contexto de la anulación de una decisión que impone una corrección financiera a un Estado miembro.
49 En segundo lugar, es preciso señalar que el automatismo y la incondicionalidad de la obligación de abonar intereses, como se ha desarrollado por la jurisprudencia expuesta en los anteriores apartados 24 a 27, se basa implícita pero necesariamente en la premisa de que, a raíz de la anulación de una decisión que impone un pago a una institución, el destinatario de dicha decisión sufre un perjuicio real y cierto como consecuencia de la privación del disfrute de la cantidad que debe devolvérsele.
50 Pues bien, como se desprende de las consideraciones expuestas en los apartados 35 a 43 de la presente sentencia, una corrección financiera como la controvertida se inscribe en un complejo conjunto de flujos financieros que abarcan todo el período de la ejecución del programa de desarrollo rural. A diferencia de las situaciones contempladas en los apartados 52, 55 y 56 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), no es seguro, en este contexto, que la anulación de una decisión por la que se impone una corrección financiera implique automáticamente la privación del disfrute para el Estado miembro de la cantidad objeto de la corrección financiera.
51 En primer término, como se desprende de los anteriores apartados 35 y 38, los Estados miembros tienen a su disposición la prefinanciación para efectuar los gastos del Feader, incluidos los que posteriormente son objeto de una corrección financiera. En consecuencia, los Estados miembros no están obligados, en principio, a asignar sus propios recursos financieros para efectuar los gastos del Feader.
52 En efecto, como ha expuesto la Comisión en sus escritos, la puesta a disposición del Estado miembro de créditos suplementarios, mediante pagos intermedios, permite dotar de nuevo el fondo de tesorería inicialmente constituido por el importe abonado en concepto de prefinanciación. Esto hace que el importe inicialmente abonado en concepto de prefinanciación esté disponible para financiar, a través de los fondos puestos a disposición por la Unión, los nuevos gastos del Feader efectuados por el Estado miembro, sin que, en principio, el Estado miembro esté efectivamente obligado a asignar sus propios recursos financieros para hacerles frente.
53 En segundo término, una corrección financiera no implica necesariamente que el Estado miembro deba efectuar un pago a la Comisión directamente con cargo a sus recursos nacionales. En efecto, como se ha expuesto en el apartado 42 de la presente sentencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 8, párrafo segundo, del Reglamento n.º 908/2014, el importe de la corrección financiera se deduce de los pagos intermedios o del pago del saldo efectuados por la Comisión como reembolso de otros gastos efectuados por el Estado miembro en el programa de desarrollo rural.
54 Por lo tanto, cuando el importe de una corrección financiera se deduce del importe de un pago intermedio, el fondo de tesorería, constituido inicialmente por la prefinanciación, que realmente está a disposición del Estado miembro para financiar los futuros gastos del Feader, se reduce en la cuantía de dicha corrección.
55 A este respecto, procede señalar que la mera disminución del importe de la prefinanciación efectivamente disponible para financiar los gastos del Feader no puede, como tal, asimilarse a una privación del disfrute por el Estado miembro de una parte de sus recursos nacionales.
56 Efectivamente, por un lado, como confirmaron la Comisión y la República Checa en la vista, del artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 1306/2013 se desprende que la cantidad abonada en concepto de prefinanciación no está destinada a generar intereses en beneficio de los Estados miembros. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35, apartado 4, del Reglamento n.º 1306/2013, el importe abonado de la prefinanciación se liquidará en cualquier caso antes de que se cierre el programa de desarrollo rural. El referido procedimiento de liquidación consiste en imputar los gastos declarados por el Estado miembro al importe puesto a disposición en concepto de prefinanciación, en lugar de efectuar un reembolso mediante un pago intermedio o el pago del saldo. Así pues, la Comisión solo recupera el saldo de la prefinanciación del Estado miembro al cierre del programa, si no se ha agotado el importe abonado en concepto de prefinanciación.
57 En tercer término, como se ha expuesto en el anterior apartado 43, los Estados miembros tienen, en principio, la obligación de solicitar a los beneficiarios la devolución de los pagos indebidos a raíz de irregularidades o negligencias imputables a dichos beneficiarios. En caso de que los importes objeto de una corrección financiera impuesta por la Comisión a un Estado miembro sean recuperados por el Estado miembro del beneficiario, la imposición de la corrección financiera no podrá, en ningún caso, tener como consecuencia que el Estado miembro no disfrute de una parte de sus recursos financieros nacionales.
58 Por consiguiente, a la vista de la incertidumbre acerca de la repercusión de una corrección financiera en los recursos nacionales del Estado miembro, de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), no puede deducirse que la Comisión esté sujeta a una obligación de principio, absoluta e incondicional, tal como se expuso en dicha sentencia, de abonar automáticamente intereses en ejecución de una sentencia por la que se anula una decisión que impone una corrección financiera con cargo al Feader.
59 Las alegaciones de la República Checa no desvirtúan esta conclusión.
60 En efecto, contrariamente a lo que sostiene la República Checa, el hecho de que existan casos aislados en los que la Comisión, por iniciativa propia, haya acompañado de intereses la devolución de correcciones financieras no demuestra que tal obligación se imponga de manera automática e incondicional a la Comisión en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, desde el momento en que se anula una decisión que impone una corrección financiera.
61 Además, frente a lo que sostiene la República Checa, que una decisión por la que se aplica una corrección financiera sea vinculante para el Estado miembro de que se trate no basta para considerar que deben pagarse intereses en caso de anulación de dicha decisión. De hecho, admitir tal argumentación no tendría en cuenta que deben abonarse intereses con arreglo al artículo 266 TFUE, párrafo primero, únicamente en cuanto tengan por objeto compensar la privación del disfrute de la cantidad que debe devolverse.
– Sobre la inexistencia de obligación de abonar intereses en el caso de autos
62 En el caso de autos, la República Checa sostiene que, dado que los pagos ya se habían efectuado a los beneficiarios y no pudieron recuperarse tras la imposición de la corrección financiera controvertida, esta dio lugar a que se privara a la República Checa del disfrute del importe correspondiente.
63 Sin embargo, en primer término, consta que se puso a disposición de la República Checa prefinanciación por importe de 69 170 219,88 euros, en 2015 y en 2016.
64 Además, como alega la Comisión, cada vez que la República Checa recibía el reembolso de gastos efectuados con cargo al Feader en forma de pagos intermedios, el fondo de tesorería inicialmente constituido por la prefinanciación se dotaba de nuevo y volvía a estar disponible para financiar los nuevos gastos del Feader efectuados por dicho Estado miembro, de modo que la República Checa no ha demostrado haberse visto efectivamente obligada a asignar sus propios recursos nacionales para efectuar dichos gastos.
65 En segundo término, como se desprende del anexo A.1 del escrito de interposición de recurso, la corrección financiera controvertida se dedujo del pago intermedio abonado a la República Checa para la ejecución del programa de desarrollo rural para el segundo trimestre del año 2018. Por lo tanto, la corrección financiera controvertida no implicó un pago a la Comisión satisfecho por la República Checa mediante sus propios recursos financieros.
66 En tercer término, procede subrayar que el importe puesto a disposición de la República Checa por la Comisión en concepto de prefinanciación, reducido en el importe de la corrección financiera controvertida, permaneció, en principio, disponible en el período comprendido entre el 10 de agosto de 2018 y el 27 de octubre de 2020, durante el cual se aplicó la referida corrección financiera. En efecto, consta que, en el caso de autos, el procedimiento de liquidación de la prefinanciación, establecido en el artículo 35, apartado 4, del Reglamento n.º 1306/2013, no comenzó hasta 2023.
67 En cuarto término, ni en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal General mediante la diligencia de ordenación del procedimiento ni en la vista, ha aportado la República Checa ningún elemento que permita considerar que la prefinanciación no estaba disponible o que era insuficiente ni cualquier otro medio que permita acreditar que efectivamente tuvo que asignar sus recursos nacionales para compensar el reembolso de los gastos provisionalmente declarados no subvencionables por la corrección financiera controvertida.
68 Por un lado, las pruebas aportadas por la República Checa en apoyo de su recurso, a saber, el informe del pago intermedio del segundo trimestre de 2018, el correspondiente extracto de cuenta del Ministerio de Agricultura, fechado el 10 de agosto de 2018, y un extracto de cuenta del Ministerio de Agricultura de fecha 27 de octubre de 2020, no permiten acreditar la efectiva asignación de los recursos nacionales de la República Checa. Tales documentos únicamente mencionan la compensación efectuada por la Comisión con ocasión del pago intermedio del segundo trimestre de 2018 y el reembolso de la corrección financiera controvertida en 2020.
69 Por otro lado, la República Checa ha presentado dos documentos contables en los anexos E.1 y E.2. De estos dos documentos se infiere que el importe de la corrección financiera controvertida se registró, sucesivamente, como «contabilidad negativa, con reducción de ingresos», y posteriormente como «contabilización positiva con aumento de ingresos» en las cuentas del Ministerio de Agricultura checo. No obstante, la anotación contable de la cantidad correspondiente a la corrección financiera controvertida en las cuentas del Ministerio de Agricultura no puede interpretarse en el sentido de que dicha corrección financiera se financió con cargo a los recursos nacionales de la República Checa. En efecto, estos documentos contables no permiten, por sí mismos, demostrar que la República Checa tuviera efectivamente que asignar sus propios recursos para compensar la reducción provisional de los fondos disponibles como consecuencia de la corrección financiera controvertida anulada con posterioridad.
70 Por otra parte, la República Checa afirma que, en la práctica, no utiliza la prefinanciación, de modo que está obligada a dotar el importe de la corrección financiera con sus propios recursos nacionales. Sin embargo, procede señalar que no recurrir a la prefinanciación obedece únicamente a una decisión de la República Checa, dado que la prefinanciación a su disposición siempre fue suficiente, a falta de pruebas en contrario, para cubrir los gastos del Feader que efectuó durante el período del que se trata. Por lo tanto, no puede argumentar que tuvo que dotar el importe de la corrección financiera controvertida con sus propios recursos nacionales.
71 Las consideraciones anteriores no quedan desvirtuadas por la alegación de la República Checa según la cual el artículo 85 del Reglamento n.º 1303/2013 y los artículos 52 y 81, apartado 2, del Reglamento n.º 1306/2013 se oponen a que la prefinanciación se utilice para financiar la corrección financiera controvertida.
72 En efecto, no se trata de considerar que la corrección financiera controvertida se ha financiado directamente con la cantidad puesta a disposición en concepto de prefinanciación, sino que la República Checa no tuvo que compensar efectivamente la reducción de los fondos puestos a su disposición derivada de la citada corrección financiera mediante sus recursos nacionales. Pues bien, dado que el importe de la corrección financiera controvertida era inferior al saldo de la prefinanciación puesta a disposición de la República Checa, no privó a dicho Estado miembro de la posibilidad de utilizar el importe restante de prefinanciación abonado que estaba disponible para financiar los demás gastos con cargo al Feader. Además, como se desprende del anterior apartado 69, la República Checa no ha demostrado haberse visto obligada a asignar sus propios recursos para compensar la corrección financiera, a la espera de su anulación y, en último término, de su reembolso. Además, en contra de lo que alega la República Checa, las disposiciones mencionadas en el anterior apartado 71 no ponen en entredicho que la prefinanciación pudo utilizarse inicialmente para financiar los gastos del Feader, antes de que estos fueran sometidos a la corrección financiera controvertida.
73 En atención a las consideraciones anteriores y a pesar de que no se han recuperado de los beneficiarios las cantidades sometidas a la corrección financiera controvertida, no puede constatarse que esta implicara una asignación efectiva de recursos nacionales de la República Checa ni, a fortiori, una privación del disfrute para dicho Estado miembro de la cantidad correspondiente a dicha corrección financiera.
74 En consecuencia, el pago de intereses no constituía una medida de ejecución que debiera adoptar la Comisión a raíz de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, República Checa/Comisión (T‑509/18, EU:T:2019:876), en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero.
75 En estas circunstancias, al no existir obligación de abonar intereses en el caso de autos, la Comisión, al no acompañar de intereses la devolución de la corrección financiera controvertida, no incurrió en una infracción suficientemente caracterizada del artículo 266 TFUE, párrafo primero, que pueda generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.
76 Por consiguiente, no concurre el primer requisito para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, relativo a la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares. De conformidad con la jurisprudencia expuesta en el anterior apartado 21, esta constatación basta por sí sola para excluir la responsabilidad extracontractual de la Unión.
77 Por consiguiente, procede desestimar el presente recurso.
Costas
78 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones la República Checa, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la República Checa.
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Kowalik-Bańczyk |
Cassagnabère |
Pavelin |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 2026.
Firmas
* Lengua de procedimiento: checo.