1.

En el litigio que da origen a este reenvío prejudicial se dirimen las demandas interpuestas por dos fundaciones ( 2 ) con sede en los Países Bajos contra Apple Inc. y su filial europea Apple Distribution International Ltd. ( 3 )

2.

Las fundaciones demandantes ejercitan sendas acciones de representación ( 4 ) al amparo de la Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. ( 5 ) En ellas solicitan al tribunal de reenvío la declaración de que Apple Inc. y Apple Irlanda incurrieron en una conducta contraria al derecho de la competencia y que las condene al pago de una indemnización.

3.

El reenvío prejudicial no versa sobre el fondo del litigio, sino exclusivamente sobre la competencia del tribunal (o, en su caso, de los tribunales) de los Países Bajos que lo ha de resolver.

4.

El artículo 7, apartado 2, dispone:

«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

5.

Son relevantes la WAMCA, el artículo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (Código Civil; en lo sucesivo, «BW»), y los artículos 1 a 14, 209, 220, 1018c, apartado 3, 1018d, apartado 1, y 1018e, apartados 1 a 3, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Código de Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, «Rv»).

6.

La exposición que sigue está tomada, en lo sustancial, del auto de reenvío.

7.

Apple fabrica diversos dispositivos portátiles (como el iPhone o el iPad) que funcionan con un sistema operativo (iOS) preinstalado. El sistema operativo iOS lo desarrolla y gestiona Apple.

8.

El software de aplicación (las «aplicaciones») para los dispositivos Apple que emplean el iOS se puede comprar ( 7 ) en la denominada «App Store» de Apple.

9.

La App Store es una plataforma de venta de aplicaciones desarrollada y gestionada por Apple. Desde 2009, se instala sistemáticamente en los dispositivos Apple equipados con nuevas versiones de iOS.

10.

La App Store ofrece aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. Unas son originales, esto es, han sido desarrolladas por Apple; otras lo son por terceros (en lo sucesivo, «desarrolladores»). El litigio que da origen a este reenvío solo afecta a aplicaciones del segundo tipo.

11.

Algunas aplicaciones tienen productos digitales integrados, es decir, funciones, servicios o productos que se pueden desbloquear o comprar dentro de la aplicación, como suscripciones, complementos de juegos y otros.

12.

Los pagos en la App Store para aplicaciones (o productos integrados en aplicaciones) ( 8 ) no gratuitas se realizan, en principio, a través de un sistema de pago introducido en 2009 («in-app purchase»; en lo sucesivo, «IAP»).

13.

Las aplicaciones que pueden utilizarse en los dispositivos de Apple son primordialmente las que están disponibles en la App Store: las descargadas de otras fuentes «no funcionan, o al menos no tan bien». ( 9 )

14.

Para utilizar la App Store, los usuarios de dispositivos Apple deben crear una cuenta de Apple (formada por una combinación única del nombre de usuario y la contraseña), que también se conoce como «ID de Apple».

15.

Los términos y condiciones de los servicios multimedia de Apple se aplican al uso y a las compras realizadas en la App Store. Para los usuarios europeos que realizan una compra en la App Store, Apple Irlanda actúa como representante del proveedor de la aplicación.

16.

La disponibilidad de aplicaciones en la App Store puede variar de un país a otro. La App Store tiene, para cada país, una tienda en línea que se utiliza según la configuración del usuario y que es específica para ese país.

17.

De este modo, cuando un usuario cuyo ID de Apple indica los Países Bajos como país o región trate de adquirir un producto en la App Store, normalmente será reconducido a la tienda en línea de los Países Bajos (en lo sucesivo, la «App Store NL»). ( 10 ) Para cambiar el país asociado a su cuenta Apple, el usuario ha de aceptar unos nuevos términos y condiciones, además de disponer de un método de pago válido en ese nuevo país.

18.

La App Store constituye la (única) posibilidad para los desarrolladores de ofrecer sus aplicaciones a los usuarios de dispositivos Apple. A este fin deben celebrar un acuerdo con Apple Inc. («Developer Program License Agreement»). Contra el pago de una cuota anual, un desarrollador participa en el Programa de Desarrolladores de Apple y obtiene licencias para el software iOS y sus aplicaciones.

19.

Los desarrolladores proponen sus aplicaciones a Apple, que decide si las incluirá en la App Store. En caso afirmativo, se convierten en aplicaciones con licencia y firmadas digitalmente por Apple.

20.

Si el desarrollador cobra por la aplicación, debe cumplir con los términos de distribución: en concreto, se compromete a hacer que los usuarios utilicen el sistema de pago IAP al adquirir la aplicación. A este fin, celebra un acuerdo independiente con Apple.

21.

Apple ofrece las aplicaciones exclusivamente en la App Store, interviniendo como agente de los desarrolladores. Esto significa que actúa por su propia cuenta y celebra acuerdos en su propio nombre, pero, en última instancia, opera en beneficio de otras personas. Cada desarrollador continúa respondiendo en caso de disputa relacionada con el funcionamiento de sus aplicaciones.

22.

El importe que se debe satisfacer por una aplicación es abonado por el usuario a Apple, que lo recauda a través del sistema de pago IAP. Como regla, Apple detrae el 30 % de lo pagado, en concepto de comisión; si se amplía el plazo de utilización del producto, este porcentaje podrá ser del 15 %. Después de deducir la comisión, Apple transfiere el saldo al desarrollador.

23.

Las fundaciones demandantes actúan en beneficio de todos los usuarios (consumidores y usuarios profesionales) de productos y servicios de Apple a quienes se ha ofrecido o que han adquirido productos y servicios en la App Store NL. Sus acciones de representación se incoaron en los años 2021 y 2022.

24.

Solicitan al rechtbank Amsterdam (Tribunal de primera instancia de Ámsterdam, Países Bajos), en síntesis:

25.

Para apoyar sus pretensiones afirman:

26.

Apple rechaza la competencia judicial del rechtbank Amsterdam (Tribunal de primera instancia de Ámsterdam). En su opinión, esa competencia no puede basarse en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, porque el presunto hecho perjudicial no ha acontecido en los Países Bajos. Ese hecho no puede localizarse en Ámsterdam, ya que ningún evento específico ha tenido lugar exclusivamente, o en particular, en Ámsterdam o en los Países Bajos.

27.

Subsidiariamente, Apple sostiene que el tribunal a quo sólo tendría jurisdicción sobre los usuarios que viven en Ámsterdam o que compran en Ámsterdam a través de la App Store NL. Para las reclamaciones relativas a todos los demás usuarios, tal tribunal no dispone de competencia judicial internacional y territorial, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012.

28.

En una resolución interlocutoria de 16 de agosto de 2023, el tribunal de reenvío consideró, en lo que respecta a Apple Irlanda, que el litigio entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1215/2012.

29.

A tal efecto, estimó que, en aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, los órganos jurisdiccionales de los Países Bajos ostentan competencia judicial internacional, tanto a título de lugar del hecho causal como del lugar de materialización del daño. No está claro, sin embargo, cuál de ellos sería territorialmente competente.

30.

En la misma resolución, el tribunal de reenvío expuso sus dudas sobre la incidencia de que las acciones de representación hayan sido interpuestas, al amparo del artículo 3:305a del BW, por una persona jurídica con derecho propio (esto es, no como agente, mandatario o cesionario). No está seguro de que esta circunstancia pueda afectar a la determinación de la competencia territorial, en aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012.

31.

Añadió el tribunal a quo que, si debiera admitirse que, dentro de los Países Bajos, la competencia territorial para conocer de una acción de representación se distribuye entre jueces de diferentes circunscripciones, los asuntos podrían aún concentrarse ante un único tribunal en virtud de disposiciones de derecho nacional. Tampoco tiene la certeza, sin embargo, de que eso sea compatible con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012.

32.

En esta tesitura, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de primera instancia de Ámsterdam) eleva al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas:

«Cuestión 1 (Lugar del hecho generador del daño —“Handlungsort”—)

Cuestión 2 (Lugar donde se ha producido el daño —“Erfolgsort”—)

33.

La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 18 de enero de 2024.

34.

Han presentado observaciones escritas las fundaciones demandantes, Apple Inc. y Apple Irlanda, los Gobiernos neerlandés y portugués, así como la Comisión Europea. Todos ellos, con la salvedad del Gobierno portugués, comparecieron en la vista celebrada el 10 de diciembre de 2024.

35.

El juez de reenvío se enfrenta a un litigio en el que dos fundaciones defensoras de los intereses de una pluralidad de usuarios ejercitan una doble pretensión contra Apple: que se declare la existencia de una infracción por abuso de posición de dominio y que las empresas infractoras sean condenadas al pago de una indemnización.

36.

El tribunal de reenvío parece haber decidido ya que posee competencia judicial internacional para resolver el litigio. ( 12 ) Quiere saber ahora si, además, es competente territorialmente en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012.

37.

Me parece oportuno, ante todo, recordar algunos rasgos relevantes de ese artículo según su interpretación por el Tribunal de Justicia. Abordaré luego la respuesta a las preguntas a la luz de esas consideraciones.

38.

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 establece una regla de competencia especial. En su virtud, el demandante puede ejercitar su acción por responsabilidad delictual o cuasidelictual ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.

39.

La fórmula «lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso» engloba «bien […] el lugar donde se haya materializado el daño, bien […] el lugar en el que se haya producido el hecho causante», cuando no son coincidentes. ( 13 ) En la literatura jurídica (y en la propia decisión de reenvío) se suelen denominar, respectivamente, «Erfolgsort» y «Handlungsort». La elección entre uno y otro corresponde al demandante. No obstante, el foro no está concebido para favorecer a la víctima. ( 14 )

40.

Como tal regla especial, debe interpretarse estrictamente. ( 15 )

41.

La interpretación de la regla especial, además, debe ser autónoma, lo que excluye el recurso a conceptos jurídicos nacionales o supeditar la identificación del punto de conexión a criterios de apreciación procedentes del derecho material nacional. ( 16 ) Resultan, pues, irrelevantes, las «circunstancias propias de cada tipo de acción previsto por el derecho nacional aplicable». ( 17 )

42.

Las razones por las que el legislador europeo consagró el criterio del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 se recogen en su considerando décimo sexto y son clave en la interpretación que le ha dado el Tribunal de Justicia: ( 18 )

43.

La interpretación del Tribunal de Justicia sobre el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 implica que este precepto atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. ( 23 )

44.

Según el Tribunal de Justicia, los Estados miembros «no pueden aplicar criterios de atribución de competencia diferentes» de los que se obtienen del citado artículo 7, apartado 2. ( 24 )

45.

Esa jurisprudencia está consolidada, presenta argumentos a su favor ( 25 ) y parece atenerse a la voluntad legislativa. Aceptar que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 designa directamente el órgano con competencia judicial internacional y territorial corresponde, en efecto, a la intención del legislador al tiempo en el que la norma fue adoptada. Las modificaciones que el texto ha experimentado desde entonces no ponen en causa esa intención.

46.

El tribunal de reenvío se plantea qué órgano judicial es competente territorialmente, a título del lugar del hecho causante (pregunta 1a) y del lugar de materialización del daño (pregunta 2a), en circunstancias como las de autos. Ambos interrogantes prescinden, por el momento, de los problemas relativos a la incidencia de las acciones de representación (sobre los que versarán las preguntas 1b y 2b).

47.

La premisa que asume el tribunal de reenvío es que el daño a los usuarios (sobre cuya existencia, lógicamente, aún no se pronuncia) proviene de un comportamiento de Apple que las fundaciones demandantes califican de abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE.

48.

Ese comportamiento consistiría, en síntesis, en que Apple, aprovechándose de su posición de dominio, impone comisiones excesivas a los desarrolladores de aplicaciones para la App Store. El importe de esas comisiones se repercute ulteriormente sobre los usuarios, incrementando el precio que éstos han de satisfacer al descargarse las aplicaciones de la App Store NL.

49.

No se discute que, en abstracto, una práctica contraria a la competencia, mediante la que una empresa explota abusivamente su posición de dominio, puede generar un daño. A la localización del hecho causante de ese daño, en el marco de una acción de indemnización por abuso de posición dominante, se refirió el Tribunal de Justicia en su sentencia flyLAL-Lithuanian Airlines. ( 26 )

50.

El principio de que el hecho causal decisivo, a efectos del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, se identifica con los actos que ponen en práctica el abuso de la posición de dominio me parece válido con carácter general: varía su concreción in casu.

51.

Aplicando ese criterio, el órgano de reenvío identifica el hecho causal con la venta de aplicaciones en la App Store NL, en la que Apple actúa como distribuidor exclusivo y agente de los desarrolladores, y retiene una comisión sobre el precio que los usuarios pagan. ( 27 )

52.

Para el tribunal de reenvío, pues, pueden ser internacionalmente competentes los jueces de los Países Bajos, como mercado afectado por el comportamiento ilícito, habida cuenta de que las ventas se producen (también) en ese país.

53.

No estoy totalmente convencido de que, en las circunstancias del presente asunto, esa selección del hecho causal sea la más adecuada. ( 28 ) No obstante, partiré, como hipótesis de trabajo, de la elección del hecho que lleva a cabo el tribunal de reenvío.

54.

La determinación del lugar donde se produjo la venta de aplicaciones a través de la App Store NL, a efectos del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, no está exenta de dificultades. Si el propio tribunal de reenvío considera que la venta ocurre en los Países Bajos, en una de sus preguntas (2a) reconoce que «no puede determinarse el lugar en donde se han realizado esas compras».

55.

Comenzaré señalando que, en esa tesitura, podría emplearse la misma solución que el Tribunal de Justicia ya ha admitido en otras sentencias. Cuando sea muy difícil o imposible establecer el lugar del hecho generador del daño, la opción que ofrece al demandante el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 es acudir al tribunal competente en razón del lugar de materialización del daño. ( 29 )

56.

No ignoro que en otras ocasiones el Tribunal de Justicia ha elegido un camino diferente y, con el fin de salvar la opción que ofrece el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, descarta interpretaciones que convierten en «excesivamente difícil» o «imposible» para el demandante identificar el lugar del hecho causal, y propone otras. ( 30 ) Exploraré, por tanto, también ese camino.

57.

Según indica el tribunal de reenvío:

58.

Entiendo que el argumento para justificar la competencia de los tribunales de los Países Bajos (o, en general, de cualquier otro Estado miembro) a título de lugar del hecho causante no es, por tanto, la simple accesibilidad de una App Store ( 32 ) desde el territorio de ese Estado.

59.

A mi modo de ver, esa atribución de competencia resultaría, en realidad, de una ficción de localización: se supone que los usuarios de iOS establecidos, conforme a su ID de Apple, en los Países Bajos, adquieren en este país sus aplicaciones cuando emplean la App Store NL. ( 33 ) La comisión que origina el sobreprecio en detrimento de los usuarios se carga con ocasión de esa venta ( 34 )«localizada» en el territorio de los Países Bajos.

60.

Ahora bien, admitiendo que, de esta forma, el espacio virtual replica el espacio geográfico del Estado miembro, ( 35 ) lo que no existe (y, en realidad, difícilmente podría existir) en este mecanismo de compra es un factor de conexión único que permita atribuir el conocimiento de las demandas a un tribunal o a otro dentro de los Países Bajos.

61.

Para el tribunal de reenvío, en efecto:

62.

Si se adopta la ficción de localización a la que antes he aludido, podría sostenerse, en principio, que es territorialmente competente el órgano jurisdiccional de los Países Bajos en cuya circunscripción se realiza la venta a través de la App Store NL. La atribución de competencia dependería de dónde, dentro de los Países Bajos, se encuentre en el momento de la venta el dispositivo empleado para acceder a App Store NL. ( 36 )

63.

Tal solución resulta, sin embargo, poco práctica:

64.

En sus observaciones, una de las fundaciones demandantes sostiene que, por razón tanto del ilícito como del medio (virtual) en que se produce, cualquier juez neerlandés es competente territorialmente en aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012. ( 38 )

65.

Interpretar el precepto como atributivo de competencia territorial a todos los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro (cuyo público haya sido objeto de la actividad) figuraba en las conclusiones del abogado general Jääskinen en el asunto C‑170/12. ( 39 ) En ellas proponía, para identificar la jurisdicción internacionalmente competente a título de lugar de materialización del daño, atender a la orientación de la actividad de un sitio de internet hacia un determinado Estado miembro. El Tribunal de Justicia no aceptó ese criterio de localización.

66.

En mi opinión, una interpretación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 que, desde la perspectiva de la competencia internacional y territorial, desemboca en considerar intercambiables todos los tribunales de un Estado miembro, no deja de ser paradójica. El objeto de este precepto es, justamente, identificar un tribunal, en concreto, por su particular vinculación geográfica a los hechos relevantes para el litigio. ( 40 )

67.

La pluralidad de tribunales competentes (más bien: de procedimientos simultáneos en varios tribunales, aptos para concluir en decisiones eventualmente incoherentes entre sí) es una solución que, con carácter general, se ha de evitar en la interpretación del Reglamento n.o 1215/2012: también, cuando se trata del artículo 7, apartado 2. ( 41 )

68.

Por esa razón, enfrentado a supuestos de hechos complejos, el Tribunal de Justicia ha tendido a elegir un órgano en particular como pertinente para establecer la competencia judicial. De esta manera, «impide que se dé una proliferación de distintas competencias judiciales, lo que resulta conforme con la naturaleza especial de la competencia […], y con la necesidad de una interpretación restrictiva y además favorece la previsibilidad». ( 42 )

69.

Tratando del lugar de materialización del daño, el Tribunal de Justicia ha admitido la pluralidad de órganos, pero limitando al mismo tiempo a cada órgano a conocer del perjuicio padecido en el territorio del Estado miembro al que pertenece. ( 43 )

70.

La unidad de la competencia judicial por el mismo título (lugar de materialización del daño) es también la solución retenida para una demanda por sobrecostes en las compras de varios bienes afectados por acuerdos colusorios: cuando tales bienes no se han adquirido en la demarcación de un único tribunal en el Estado miembro donde se halla el (o un) mercado afectado, la competencia corresponde a los tribunales del domicilio del adquirente. ( 44 )

71.

No es fácil, sin embargo, mantener esa línea de argumentación en circunstancias como las de autos, en las que la venta no se produce, propiamente, en un espacio material, sino en un universo digital. Habría que recurrir nuevamente a ficciones de localización para llevar a cabo la ubicación unitaria de esa venta, seleccionando, entre las posibles localizaciones, una que funcionara como único situs fictus de la actividad del demandado en el Estado miembro donde abusa de su posición de dominio.

72.

Desde esta perspectiva, se podría establecer que, para un usuario que, por virtud de su ID de Apple, es dirigido a la App Store NL, todas las ventas a través de esta App Store se producen en el domicilio o sede de ese usuario en los Países Bajos, haciendo abstracción de su real ubicación física en ese país al tiempo de cada venta.

73.

De este modo, un usuario (o un grupo de usuarios con domicilio en la misma circunscripción territorial) podría reclamar, a título del lugar del hecho causal, ante los tribunales del lugar de su domicilio en el mercado afectado por la práctica anticompetitiva de Apple, en relación con las adquisiciones realizadas a través de la App Store dirigida a ese mercado.

74.

Esta solución implicaría admitir un forum actoris que, en mi opinión, está justificado a la luz de la estrategia comercial de Apple. ( 45 ) No se orienta, en consecuencia, a la protección de la víctima. ( 46 )

75.

Las dificultades que acabo de exponer para discernir dónde se ha producido el hecho causante (entendiendo por tal las ventas de aplicaciones a los usuarios en la App Store NL) son menores en cuanto al lugar de materialización del daño.

76.

El (supuesto) daño al usuario consistiría en el sobrecoste que él mismo paga por la descarga de aplicaciones desde la App Store. El precio de la aplicación se incrementa, porque sus desarrolladores repercuten sobre el usuario la comisión que a ellos les impone Apple.

77.

El órgano de reenvío pregunta si, para identificar la jurisdicción competente a título de lugar de materialización del daño, «cuando no puede determinarse el lugar donde se han realizado [las] compras», pudiera utilizarse, como criterio de conexión, el domicilio del usuario.

78.

En interpretación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, el Tribunal de Justicia ha efectuado estas declaraciones:

79.

La competencia judicial se apoya, por tanto, en la coincidencia, en un mismo Estado miembro, de dos elementos: el mercado afectado y el lugar en que la víctima concreta experimenta el perjuicio. En este asunto, los Países Bajos son el (un) mercado afectado.

80.

Si la conducta ilícita (la supuesta explotación abusiva de la posición de dominio) se ha traducido en una transferencia desde el patrimonio de las víctimas al del infractor, mediante el pago de un sobreprecio, en contextos materiales (por oposición a virtuales), el Tribunal de Justicia ha aceptado como lugar de materialización del daño bien el de adquisición del objeto gravado con el sobreprecio, ( 49 ) bien el del domicilio de la víctima. ( 50 ) Ha identificado, asimismo, como lugar de adquisición de los bienes tangibles aquel en el que se entregan. ( 51 )

81.

Siguiendo estas orientaciones, entiendo que, al precisar el lugar de materialización del daño en este litigio, puede emplearse como criterio de conexión la sede o el domicilio de la víctima en los Países Bajos, donde se encuentra también el mercado afectado por el abuso de posición de dominio.

82.

En efecto, cuando el perjuicio consiste en un sobrecoste y el usuario adquiere el producto (de menor valor que el precio pagado) en el entorno virtual, tratándose de una aplicación digital que carece de entidad material, me parece poco útil intentar localizar el tribunal competente por referencia a su entrega. ( 52 )

83.

Por el contrario, el criterio de conexión basado en el domicilio del usuario es, a fortiori, tanto más idóneo cuando, como aquí ocurre, el demandado (Apple) diseña su negocio fragmentando por países el mercado afectado y liga a los usuarios finales a ese mercado.

84.

Ha de tenerse en cuenta, por último, que, según el tribunal de reenvío expuso en la resolución interlocutoria de 16 agosto de 2023, ( 53 ) Apple Irlanda incluye en sus contratos con los usuarios para la utilización de la App Store una cláusula atributiva de competencia. Si el usuario reside en un Estado miembro de la Unión Europea, la ley aplicable y la jurisdicción competente son las del país donde ese usuario tiene su lugar de residencia habitual. Ese dato no es, en consecuencia, desconocido para Apple, quien difícilmente podrá alegar la imprevisibilidad de reclamaciones en los Países Bajos que, aun no cubiertas por la cláusula de elección de foro (aplicable a su responsabilidad contractual), derivan directamente de adquisiciones en la App Store NL.

85.

No veo inconveniente, pues, en que el daño resultante de una transmisión patrimonial excesiva, inherente al pago del sobrecoste, se localice, dentro del mercado afectado, en el domicilio de la víctima, que, como regla, centraliza ahí su patrimonio.

86.

De aceptarse esta solución, resulta innecesario exigir otro elemento de conexión, como podría ser que la cuenta bancaria del usuario en la que se carga el pago se halle en la misma circunscripción. En las circunstancias descritas, estimo que la solución propuesta responde a los objetivos de proximidad y de previsibilidad de la regla de competencia.

87.

Nada impide que se ejerciten acciones de representación en situaciones que presentan elementos transfronterizos, como son las de este litigio.

88.

Hasta ahora, el Tribunal de Justicia no ha afrontado la incidencia que este tipo de acciones puede desplegar en esas situaciones. ( 54 )

89.

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 establece, como ya he reiterado, una regla especial para delimitar la competencia judicial en las demandas que versen sobre obligaciones extracontractuales basadas en la responsabilidad del deudor frente al acreedor.

90.

Esa regla no es un privilegio personal que favorece exclusivamente al acreedor: puede ser utilizado por otras personas, en particular, por representantes del acreedor o por sus sucesores en derecho. ( 55 ) También, por promotores de intereses singulares, pero comunes, ( 56 ) o de un interés general. ( 57 )

91.

El objetivo del artículo 7, apartado 2 del Reglamento n.o 1215/2012 es designar, como competente (internacional y localmente), un órgano jurisdiccional que tiene una vinculación geográfica especial con el lugar del hecho causante o del daño causado.

92.

Por eso, si la cesión del crédito o el carácter colectivo de una demanda no excluyen el recurso a ese artículo, la competencia internacional y territorial a su amparo se sigue fijando, en cualquier caso, por referencia a la actividad que ocasionó el daño o a la localización de éste.

93.

En mi opinión, esta afirmación vale también para las acciones entabladas por una entidad a la que el ordenamiento confiere un derecho propio, esto es, no dependiente de un mandato o una cesión, al objeto de obtener el resarcimiento de perjuicios individuales. Dos argumentos lo sustentan:

94.

La jurisdicción que corresponde a los tribunales del lugar del hecho causante del daño se deriva del ilícito, que es el mismo al margen de quién sea el acreedor actual o actúe como demandante. La reclamación por daños no pierde su vinculación con el lugar donde se produjo el hecho dañoso de resultas de una transferencia del crédito, o porque un tercero asuma su defensa en virtud de una disposición legal. El hecho que provoca el daño es también el mismo, y las pruebas siguen estando donde han estado siempre.

95.

El respeto al factor «previsibilidad» se opone a que el tribunal competente, para un mismo hecho causante del daño, varíe en función de que quien ocupe la posición de demandante sea el titular de los intereses, su sucesor o un representante (de ese titular o de esos intereses).

96.

Así pues, una entidad que ejercita acciones de representación sólo podrá plantear su pretensión ante un único órgano jurisdiccional (a título del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012) si el hecho dañoso: a) o bien es único y ha ocurrido, o puede ocurrir, en la circunscripción territorial de ese órgano; b) o bien en esa circunscripción coinciden todos los hechos relevantes (esto es, cada uno de los que afectan a los titulares últimos del interés representado).

97.

Reconozco que, en el seno de un Estado miembro, esa exigencia reduce la utilidad del mecanismo de las acciones de representación, cuando el legislador nacional ha optado por no designar un órgano judicial con demarcación única para todo el territorio que conozca de ese tipo de acciones. ( 59 )

98.

En efecto, compelida por los límites competenciales territoriales de cada órgano jurisdiccional nacional, la entidad habilitada deberá delimitar el alcance objetivo y subjetivo de la acción de representación, localizando el «hecho dañoso» en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, en la circunscripción de cada uno de esos órganos. ( 60 ) Una defensa más amplia de los intereses en juego, que abarcara hechos y daños producidos en otras circunscripciones territoriales del mismo Estado, requeriría multiplicar los procesos, en correspondencia con esas demarcaciones geográficas.

99.

Se puede objetar que esa solución no casa bien con la lógica de las acciones de representación, que no atienden a la cercanía entre el litigio y el tribunal que conoce, sino a la similitud de los intereses defendidos. Pero esa solución, por insatisfactoria que parezca, es la que deriva de aplicar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 a un escenario cuyas reglas no se han modificado para atemperarlas a la nueva realidad (las acciones de representación).

100.

Con las reglas actuales, ( 61 ) la entidad habilitada que desee plantear una única acción de representación, de contenido resarcitorio, por infracciones que ocurren en diferentes lugares de los Países Bajos cuyas consecuencias se sienten en varias circunscripciones de ese mismo país, y dirija su acción contra un demandado domiciliado en otro Estado miembro, debería interponer su demanda en ese segundo Estado. ( 62 )

101.

Los problemas inherentes a las acciones de representación en contextos transfronterizos no eran desconocidos al tiempo (2012) de la refundición del Reglamento n.o 1215/2012. Ante la divergencia de modelos nacionales que existían entonces, se decidió finalmente no introducir reglas específicas en él, a la espera de la evolución del derecho en ese campo. ( 63 )

102.

Esta evolución ya ha tenido lugar, pero no se ha traducido en cambios en las reglas atributivas de competencia judicial internacional. ( 64 ) Como a continuación destacaré, la Directiva 2020/1828 (cuya aprobación pudiera haber sido una ocasión idónea para hacerlo) no ha modificado el Reglamento n.o 1215/2012.

103.

Opino, en definitiva, que a las preguntas prejudiciales 1b y 2b debe responderse que, en la actual situación del derecho de la Unión, la interpretación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 no varía en función de que la demanda haya sido interpuesta por una entidad a la que la legislación nacional habilita para ejercitar, en su propio nombre, acciones de representación en defensa de intereses de una pluralidad de usuarios.

104.

La Directiva 2020/1828 no es aquí aplicable ( 65 ) ni por razón de tiempo (sólo atañe a las demandas incoadas a partir del 25 de junio de 2023) ni por razón de la materia (su campo de aplicación no se extiende, en principio, a las acciones de representación basadas en una infracción a las reglas de la competencia).

105.

Sin restar importancia al designio de potenciar el efecto útil de esa Directiva, ( 66 ) no estoy convencido de que ese designio justifique una interpretación que distorsiona la regla especial de competencia hasta el punto descrito.

106.

He de recordar, en este sentido, que «garantizar la coherencia entre diferentes actos del derecho de la Unión en ningún caso podrá llevar a interpretar las disposiciones de un Reglamento relativo a las reglas para determinar la competencia de una manera ajena al sistema y a los objetivos del propio Reglamento». ( 67 )

107.

La Directiva 2020/1828 no ha aportado modificaciones al Reglamento n.o 1215/2012. Es más, conforme a su artículo 2, apartado 3, esa Directiva «se entiende sin perjuicio de las normas de la Unión en el ámbito del derecho internacional privado, en particular las relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil […]». ( 68 )

108.

En la misma línea, el considerando vigésimo primero de la Directiva 2020/1828 explica que «los instrumentos legislativos vigentes del derecho de la Unión deben aplicarse al mecanismo procesal para las acciones de representación que exige la presente Directiva».

109.

El legislador europeo, pues, ha querido sujetar las acciones de representación a las reglas de competencia judicial internacional existentes. Propiamente hablando, no existiría una laguna normativa que el intérprete esté autorizado a cubrir, sino una exclusión intencionada que el legislador ha querido mantener.

110.

Corresponde a los Estados miembros la correcta trasposición de la Directiva 2020/1828. Al realizarla, habrán debido tener en cuenta, o deberán tener en cuenta, que remite, dejándolas intactas, a las reglas de competencia judicial internacional del Reglamento n.o 1215/2012.

111.

Conscientes de las consecuencias del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 sobre asuntos como el de autos, ya he indicado que algunos Estados miembros han optado por establecer una demarcación territorial única (y un único tribunal competente) para este tipo de acciones. ( 69 )

112.

Otros Estados miembros, como los Países Bajos, parece que han optado por establecer correctivos ex post, aun cuando sólo para la interposición de varias demandas conexas. Me ocupo ulteriormente de esta posibilidad, a la que aluden las preguntas prejudiciales 1c y 2c.

113.

Algunas partes e intervinientes realizan propuestas alternativas de interpretación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, con el fin de facilitar la puesta en práctica de las acciones de representación. ( 70 ) En síntesis, esas propuestas:

114.

Creo que, en mayor o menor medida, esas propuestas tropiezan con los principios que subyacen al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 e inspiran su interpretación constante. ( 75 )

115.

Las analizaré por separado, integrando en el primer bloque las propuestas del Gobierno neerlandés, de Stichting App Stores Claims y de la Comisión. En el segundo bloque, pasaré revista a las propuestas de Stichting Right to Consumer Justice.

116.

La solución de atender a la sede de la entidad habilitada (para interponer la acción de representación) disocia los criterios atributivos de competencia judicial internacional y territorial: esa sede no justifica la competencia internacional en aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012. Aceptar tal interpretación dotaría a este precepto de una función de reparto de asuntos entre los órganos de una misma jurisdicción, independiente y distinta de la función de atribuir competencia judicial internacional.

117.

La propuesta así formulada:

118.

En cuanto a la propuesta de la Comisión, ( 78 ) en ella se sugiere que la entidad que ejerce la acción de representación «podría escoger el órgano judicial», bastando que este órgano sea territorialmente competente para, al menos, una persona o una parte de las personas que integran el grupo cuyos intereses esa entidad representa.

119.

Expuesta en esos términos, la propuesta de la Comisión separa en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 la designación de la competencia judicial internacional de su vertiente territorial. Consagra un forum actoris que fija a su voluntad la entidad demandante, sin otra limitación que la de tratarse de un lugar donde, al menos, un afectado o un grupo de afectados podría interponer su demanda singular a título de lugar de materialización del daño.

120.

Para los elementos de la acción de representación que son homogéneos, no existe entre el órgano designado y las pruebas mayor o menor proximidad que la que podría ostentar cualquier otro órgano. Para los elementos que deban ser diferenciados, la proximidad solo es segura respecto al interesado víctima del concreto «hecho dañoso» que actúa como referente de la competencia territorial. Las mismas afirmaciones son aplicables en cuanto a la previsibilidad por parte del demandado. ( 79 )

121.

Cualquiera de estas dos proposiciones supone, en definitiva, una profunda transformación de la regla de competencia especial y, con ella, una alteración del equilibrio de intereses que el legislador de la Unión ha establecido en el Reglamento n.o 1215/2012: algo para lo que, en mi opinión, el intérprete no está legitimado. ( 80 )

122.

Ambas propuestas, aunque en apariencia no renuncian a designar un tribunal caracterizado por su vinculación al litigio, ( 81 ) crean, en realidad, nuevos criterios para fijar la competencia territorial.

123.

Inspira tales (nuevos) criterios el propósito de una buena administración de justicia, entendida no como facilidad en la obtención, evaluación o práctica de la prueba, sino como eficaz gestión procesal de intereses que coinciden. Ahora bien, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, como tal, no persigue este último objetivo. ( 82 )

124.

Stichting Right to Consumer Justice defiende que, en las circunstancias del asunto, todos los órganos jurisdiccionales de los Países Bajos son competentes por igual para conocer de la acción de representación. A título subsidiario, sugiere limitar el papel del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 a la determinación de la jurisdicción competente a nivel internacional.

125.

Ya he rechazado, por paradójica, una interpretación de la regla en el sentido de que atribuye indiscriminadamente competencia judicial internacional y territorial a todos los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro. ( 83 )

126.

Mayor interés tiene la propuesta de devolver a los Estados miembros la decisión sobre cómo se atribuye la competencia territorial. De aceptarla, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1215/2012 se podría seguir utilizando (la propuesta no restringe las opciones del demandante al foro del domicilio del demandado) en un contexto, como el de las acciones de representación, no contemplado por el Reglamento n.o 1215/2012; y se elimina el obstáculo para utilizar este mecanismo procesal cuyo uso promueve el legislador de la Unión.

127.

Esa propuesta rompe, no obstante, con la comprensión habitual del artículo, sustentada por argumentos de peso. ( 84 ) Por este motivo, es una posibilidad que sólo cabe contemplar de lege ferenda. ( 85 )

128.

El tribunal de reenvío desea saber si «la aplicación de la normativa (procesal) nacional que permite la designación de un único órgano jurisdiccional dentro de [un] Estado miembro» se opone al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 en dos escenarios:

129.

Estas preguntas pudieran ser hipotéticas, a la vista de que las acciones contra Apple se han planteado, ambas, ante el mismo tribunal (el de reenvío). ( 86 ) No excluyo, sin embargo, que la respuesta sea útil a ese órgano judicial para corroborar su propia competencia.

130.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012 «no se opone a que un Estado miembro decida atribuir el conocimiento de una clase determinada de litigios a un único tribunal, el cual sería, por tanto, exclusivamente competente, cualquiera que fuese el lugar de dicho Estado miembro en el que se hubiera materializado el daño». ( 87 )

131.

Esta solución se explica porque el Reglamento n.o 1215/2012 no impone crear tribunales en los lugares donde se materializa el hecho dañoso ( 88 ) y porque la delimitación de la demarcación de los órganos jurisdiccionales nacionales forma parte, en principio, de las competencias organizativas de los Estados miembros. ( 89 )

132.

En concreto, «la complejidad técnica de las normas aplicables a las acciones por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del derecho de la competencia puede también constituir una razón de peso en favor de una concentración de competencias». ( 90 )

133.

A la vista de esas declaraciones, no vería inconveniente en que la legislación de los Países Bajos estableciera ex ante que un único tribunal conocerá de todas las acciones de representación por daños derivados de las infracciones al derecho de la competencia.

134.

Sin embargo, del auto de reenvío se infiere que no es esa la regulación de los Países Bajos. Lo que, al parecer, permite el artículo 220 Rv ( 91 ) es que procesos en trámite ante órganos jurisdiccionales diferentes, conforme a sus reglas de competencia, se acumulen, ex post, ante el juez que conocerá del planteado en primer lugar.

135.

De ser así, la regla de concentración no reúne los asuntos ante el único tribunal competente en el seno de la organización judicial de un Estado miembro (que además estaría especializado por razón de la materia), sino ante el órgano que ha sido llamado a conocer en primer lugar, entre varios.

136.

El Reglamento n.o 1215/2012 no tiene como objetivo armonizar el derecho procesal de los Estados miembros, sino distribuir competencias jurisdiccionales para la resolución de litigios en materia civil y mercantil. ( 92 ) No obstante, la aplicación del derecho procesal nacional no debe menoscabar el efecto útil de ese Reglamento. ( 93 )

137.

En principio, una regla nacional que corrige el resultado de aplicar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, concentrando ex post en un solo órgano los procesos pendientes ante tribunales competentes en virtud de esa disposición, no respetaría el efecto útil de esta última.

138.

Aunque la pertenencia al mismo orden jurisdiccional nacional puede disminuir el impacto de la corrección aportada a la regla de competencia judicial, lo cierto es que el juez que conoce de la segunda y posteriores demandas ya no sería el designado por su especial vinculación geográfica con cada una de ellas.

139.

Ahora bien, la regla de la concentración, en determinadas circunstancias, puede contribuir a una buena administración de justicia, entendida como aquella que, entre otros factores: a) optimiza la gestión de los procesos; b) economiza tiempo y costes globales; y c) disminuye el riesgo de decisiones incoherentes o contradictorias. ( 94 ) El Reglamento n.o 1215/2012 no es ajeno a estos designios. ( 95 )

140.

No descarto que estos factores concurran cuando los procesos paralelos resultan del ejercicio de acciones de representación: esto es, que, por regla, en esos supuestos el interés general en una organización judicial lo más racionalizada posible prevalezca sobre el interés de los litigantes de cada procedimiento aislado.

141.

No obstante, el simple hecho de que los procesos paralelos respondan a acciones de representación no es suficiente, por sí mismo, para justificar su concentración. ( 96 ) En consecuencia, cada caso concreto requiere una ponderación de los intereses citados, que ha de realizar el órgano jurisdiccional nacional para comprobar, insisto, que concentrar los procedimientos es la mejor solución en términos de buena administración de justicia. ( 97 )

142.

En atención a lo expuesto, propongo responder al rechtbank Amsterdam (Tribunal de primera instancia de Ámsterdam, Países Bajos) en estos términos:

«El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,

ha de interpretarse en el sentido de que: