a)

¿Se opone el artículo 5, punto 3, de la [Decisión Marco] 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (1) interpretado a la luz del artículo 1, apartado 3, de dicha Decisión Marco y del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una normativa como la italiana que —en el marco de un procedimiento de orden de detención europea dirigido a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad— impide con carácter absoluto y automático a las autoridades judiciales de ejecución denegar la entrega de nacionales de terceros países que habiten o residan en su territorio, con independencia de los vínculos que mantengan con este último?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿con arreglo a qué criterios y requisitos deberá considerarse que tales vínculos presentan una relevancia tal que obligue a la autoridad judicial de ejecución a denegar la entrega?