1)

¿Qué implica el artículo 6, apartado 2, de la Directiva retorno? (1) ¿Supone que deberá exigirse al nacional de un tercer Estado que abandone de inmediato el Estado miembro en el que se encuentra en situación irregular para dirigirse al Estado miembro en el que tiene un permiso de residencia válido, a menos que la salida inmediata del nacional de ese tercer Estado sea necesaria por motivos de orden público o seguridad nacional?

2)

¿Proporcionan la Directiva retorno o alguna otra normativa de la UE orientaciones sobre las consecuencias de que una autoridad nacional no haya dictado el requerimiento necesario con arreglo al artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva? La eventual falta de adopción del requerimiento necesario, ¿entraña que la decisión de expulsión y la decisión de prohibición de entrada sean inválidas?

3)

Si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva retorno implica ese requerimiento y esa consecuencia, ¿es suficientemente claro y preciso para tener efecto directo?

4)

Una norma nacional, como la disposición sueca del artículo 6a del capítulo 8 de la Ley de extranjería, que establece otras excepciones a la eventual obligación de dictar un [requerimiento], ¿es compatible con el Derecho de la Unión?