1)

¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE (1) (en su caso, en relación con su artículo 5), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, (2) a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que el acceso por las autoridades públicas a los datos almacenados en teléfonos móviles constituye una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en dichos artículos de la Carta suficientemente grave como para que deba limitarse dicho acceso, en el ámbito de la prevención, la investigación, el descubrimiento y la persecución de delitos, a la lucha contra la delincuencia grave?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que se opone a una normativa nacional como el artículo 18 de la Strafprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Criminal) en relación con el artículo 99, apartado 1, de esa misma Ley, que permite a las autoridades de seguridad obtener por sí mismas, en el marco de un procedimiento de investigación penal, sin autorización de un órgano jurisdiccional o de una autoridad administrativa independiente, un acceso completo e incontrolado a todos los datos digitales almacenados en un teléfono móvil?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en su caso en relación con los artículos 41 y 52 de esta, en el sentido de que, desde el punto de vista de la igualdad de armas y de la tutela judicial efectiva, se opone a la normativa de un Estado miembro, como el artículo 18, de la Strafprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Criminal) en relación con el artículo 99, apartado 1, de esa misma Ley, que permite el análisis digital de un teléfono móvil sin que el interesado sea informado previamente o, al menos, después de que se haya adoptado dicha medida?