1)

¿Deben interpretarse el artículo 70, apartado 1, letra b), del Reglamento [(CE)] n.o 1083/2006, (1) el artículo 27, letra c), del Reglamento [(CE)] n.o 1828/2006, (2) el artículo 1 del Convenio PIF establecido por Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento [(CE)] n.o 2988/95, (3) y el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva (UE) 2017/1371, (4) en el sentido de que los comportamientos que a priori pueden favorecer a un operador económico en un procedimiento de adjudicación están comprendidos en cualquier caso en los conceptos de «irregularidad» o «fraude» y que, por tanto, pueden constituir la base jurídica para la revocación de una ayuda, aun cuando no se acredite de modo suficiente que tales comportamientos se hayan producido efectivamente o que hayan sido determinantes para la selección del beneficiario?

2)

¿Se opone el artículo 45, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18/CE (5) a una disposición, como el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, que no permite excluir de la licitación a un operador económico que haya pretendido influir en el proceso decisorio del poder adjudicador, en particular intentando corromper a algunos miembros de la comisión adjudicadora?

3)

En caso de que la respuesta a una de las cuestiones anteriores o a ambas cuestiones sea afirmativa, ¿deben interpretarse las disposiciones citadas en el sentido de que exigen en cualquier caso la revocación de la ayuda, por parte del Estado miembro, y la corrección financiera, por parte de la Comisión, en un 100 %, aun cuando las ayudas se hayan utilizado para el fin al que estaban destinadas y para una obra que podía optar a la financiación de la Unión y que efectivamente se ha realizado?

4)

En caso de que la respuesta a la tercera cuestión sea negativa, es decir, de que no se exija la revocación de la ayuda o una corrección financiera del 100 %, ¿permiten las disposiciones mencionadas en la primera cuestión, así como el respeto del principio de proporcionalidad, determinar la revocación de la ayuda y la corrección financiera teniendo en cuenta el perjuicio económico efectivamente ocasionado al presupuesto general de la Unión Europea y, en particular, en una situación como la controvertida en el presento asunto, es posible establecer las «implicaciones financieras» a que se refiere el artículo [99], apartado 3, del Reglamento [(CE)] n.o 1083/2006 a tanto alzado, aplicando los criterios indicados en el cuadro del apartado 2 de la Decisión de la Comisión n.o 9527 de 19 de diciembre de 2013? (6)