1.

En Bélgica, una empresa pública promotora de viviendas y un municipio decidieron celebrar un convenio marco de contratación. A tenor de él, no se atribuirían por concurso un contrato de asistencia técnica para la construcción de viviendas y otro de servicios de inventario de amianto, sino que se adjudicarían directamente a una tercera entidad, asimismo pública.

2.

La autoridad encargada por el Gobierno valón de supervisar la actuación de las empresas públicas de vivienda anuló el convenio antes mencionado, por estimar que no se daban, in casu, las condiciones para adjudicar directamente los contratos.

3.

Cada uno de los dos firmantes del convenio recurrió su anulación, pues, a su juicio, la adjudicación directa era compatible con la Directiva 2014/24/UE. ( 2 ) El litigio ha llegado a la más alta instancia jurisdiccional de Bélgica en el orden contencioso administrativo, que plantea sendas peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

4.

De conformidad con el considerando trigésimo primero:

«Existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los distintos Estados miembros e incluso por los distintos poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública.

Esta precisión debe guiarse por los principios establecidos en la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de contratación. No obstante, la aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos.

[…]».

5.

El considerando trigésimo tercero señala:

«Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente idénticos; también pueden ser complementarios.

Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar sujetos a la aplicación de las normas establecidas en la presente directiva, siempre que se hayan celebrado exclusivamente entre poderes adjudicadores, que la aplicación de dicha cooperación esté guiada únicamente por consideraciones de interés público y que ninguna empresa de servicios privada se encuentre en una situación ventajosa frente a sus competidores.

Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución cooperativa del servicio público de que se trate, no es necesario que todos los poderes participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la ejecución de la cooperación, incluidas todas las transferencias financieras entre los poderes adjudicadores participantes, debe únicamente regirse por consideraciones de interés público».

6.

El artículo 12 («Contratos públicos entre entidades del sector público») reza:

«1.   Un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona jurídica de derecho público o privado quedará excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes:

[…]

3.   Un poder adjudicador que no ejerza sobre una persona jurídica de derecho público o privado un control en el sentido del apartado 1 podrá, no obstante, adjudicar un contrato público a dicha persona jurídica sin aplicar la presente Directiva si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes:

4.   Un contrato celebrado exclusivamente entre dos o más poderes adjudicadores quedará fuera del ámbito de aplicación de la presente directiva, cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

[…]».

7.

La Société de logement de service public Sambre & Biesme ( 3 ) es una entidad pública que adopta la forma jurídica de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. Sus socios principales son los municipios de Farciennes y Aiseau-Presles. Se integra en la red de sociedades promotoras de vivienda pública de Valonia (Bélgica).

8.

En 2015, la SLSP Sambre y Biesme y el municipio de Farciennes decidieron construir un «ecobarrio» en Farciennes, con alrededor de ciento cincuenta viviendas, públicas y privadas. Dada la envergadura del proyecto, las partes recabaron la asistencia de la Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques, ( 4 ) entidad que reviste asimismo la forma jurídica de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada.

9.

IGRETEC está integrada exclusivamente por personas jurídicas de derecho público. En 2016 contaba entre sus socios con más de setenta municipios (entre ellos, el de Farciennes) y más de cincuenta «poderes públicos» de otra naturaleza. Los municipios disponían de 5054351 participaciones sociales con derecho a voto y el resto de poderes públicos de 17126 participaciones análogas.

10.

Los estatutos de IGRETEC reservan a los municipios la mayoría de los votos y la presidencia de los diferentes órganos de gestión. Las decisiones de estos órganos se adoptan por mayoría de votos de los socios municipales.

11.

En el momento de los hechos, un concejal del Ayuntamiento de Farciennes, que era también consejero de la SLSP Sambre y Biesme, formaba parte del consejo rector de IGRETEC.

12.

El 29 de octubre de 2015, la SLSP Sambre y Biesme decidió adquirir una sola participación social de IGRETEC, por valor de 6,20 euros, para beneficiarse de sus servicios. Obtuvo así la condición de socio de la sociedad intermunicipal, aunque su participación era meramente simbólica. ( 5 )

13.

En enero de 2017, el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre y Biesme elaboraron un proyecto de convenio marco para establecer sus derechos y obligaciones respectivos en el diseño y la ejecución del ecobarrio en Farciennes. El convenio contenía las siguientes cláusulas:

14.

El 9 de febrero de 2017, el consejo rector de la SLSP Sambre y Biesme decidió: a) «aprobar la celebración de un convenio marco de contratación conjunta con el municipio de Farciennes»; y b) «no convocar la licitación pública de servicios de inventario de amianto», cuyo pliego de condiciones había aprobado anteriormente, «habida cuenta de la relación in house entre la [SLSP Sambre y Biesme] e IGRETEC». El pliego de condiciones se describe como la primera etapa de ejecución del proyecto de ecobarrio en Farciennes.

15.

El 10 de febrero de 2017, el comisario de la SWL afectado a la SLSP Sambre y Biesme interpuso un recurso ante la propia SWL contra las dos decisiones antes citadas (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas»). SWL actúa por cuenta del Gobierno valón como autoridad de tutela para supervisar las sociedades promotoras de vivienda pública.

16.

El 25 de febrero de 2017, SWL anuló las decisiones controvertidas, por haberse adjudicado a IGRETEC el contrato de asistencia técnica (artículo 5 del convenio marco) y el contrato de servicios de inventario de amianto sin un procedimiento público de licitación.

17.

A juicio de la SWL:

18.

Como los acuerdos de SWL son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, SLSP Sambre y Biesme y el municipio de Farciennes impugnaron, por separado, la anulación de las decisiones controvertidas.

19.

El Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Bélgica), que ha de fallar esos recursos, eleva al Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial.

20.

En cuanto a la primera (asunto C‑383/21) plantea las siguientes preguntas:

21.

En la segunda petición de decisión prejudicial (asunto C‑384/21), el órgano judicial de reenvío, además de las anteriores, formula estas preguntas:

22.

Las peticiones de decisión prejudicial se registraron en el Tribunal de Justicia el 24 de junio de 2021. Se acumularon a efectos de las fases escritas y oral del procedimiento, así como de la sentencia.

23.

Han depositado observaciones escritas SLSP Sambre y Biesme, el municipio de Farciennes, el Gobierno belga y la Comisión. Todos ellos intervinieron en la vista celebrada el 30 de marzo de 2022.

24.

Por indicación del Tribunal de Justicia, estas conclusiones versarán sobre la primera pregunta de ambos asuntos y sobre las preguntas cuarta y quinta del segundo de ellos.

25.

El tribunal a quo explica que la ley belga que incorpora al derecho interno la Directiva 2014/24 aún no estaba en vigor en el momento de los hechos objeto de litigio, si bien el plazo de transposición ya había expirado. ( 8 )

26.

Las demandantes en cada uno de los dos recursos sostienen que el artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24 posee efecto directo, pues contiene disposiciones incondicionales y suficientemente precisas que establecen derechos para los justiciables y estos pueden hacer valer frente al Estado y el conjunto de órganos de su administración. ( 9 )

27.

El Gobierno belga y la Comisión ( 10 ) son de la opinión contraria. Argumentan que el artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24 no reúne las condiciones para producir efecto directo, por cuanto, en síntesis:

28.

El resultado que a continuación propugnaré (la aplicación a este litigio del artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24) se alcanzaría, en la práctica, tanto por la vía de admitir que el eventual efecto directo de esos apartados beneficia a las entidades públicas en liza, quienes podrían invocarlo contra el Estado, como de sostener, simplemente, que, en defecto de transposición dentro de plazo de esa Directiva, aquellas entidades estaban vinculadas por los mencionados preceptos. Creo que esta última tesis es la correcta.

29.

A mi modo de ver, el planteamiento que subyace en estas preguntas prejudiciales no es el más apropiado. Si lo fuese, la respuesta debería ir en la línea que propugnaba SWL en el litigio de origen y que auspician el Gobierno belga y la Comisión en este procedimiento.

30.

Para apoyarla, recordaré que la doctrina del llamado «efecto directo», desarrollada por el Tribunal de Justicia en relación con las directivas, tiene como objetivo primordial proteger a los particulares. Les permite ejercitar derechos que las directivas les confieren y no podrían reivindicar de otro modo, por faltar las medidas de implementación necesarias a nivel nacional.

31.

La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia acerca del efecto directo de las directivas, en particular las no transpuestas en plazo o incorrectamente transpuestas, establece quién puede invocar tal efecto directo, y bajo qué presupuestos.

32.

En la reciente sentencia de 8 de marzo de 2022, el Tribunal de Justicia ha declarado:

33.

Pues bien, a la luz de estas premisas, entiendo que las entidades públicas, como el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre y Biesme, que no son sino una emanación del Estado en sentido amplio, no pueden invocar contra este el (hipotético) efecto directo del artículo 12 de la Directiva 2014/24.

34.

Por un lado, aun cuando se admitiera que ese artículo incorpora, en sus apartados 3 y 4, una formulación «suficientemente precisa», difícilmente podría afirmarse que tiene un carácter «incondicional» e impone una inequívoca obligación a los Estados miembros. Por el contrario, autoriza a esos Estados a que, si lo consideran oportuno, excluyan del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 los contratos celebrados entre entidades del sector público.

35.

Explica el Tribunal de Justicia cómo el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2014/24, «que se limita […] a precisar las condiciones que un poder adjudicador debe respetar cuando desea celebrar una operación interna, faculta a los Estados miembros a excluir una operación de este tipo del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24». ( 14 )

36.

En esa misma línea, el Tribunal de Justicia proclama que la Directiva 2014/24 «no obliga a los Estados miembros a recurrir a un procedimiento de contratación pública» y «tampoco les puede obligar a realizar una operación interna cuando se cumplen las condiciones previstas en el artículo 12, apartado 1». ( 15 ) Lo mismo vale para los apartados 3 y 4 de ese artículo.

37.

Esa afirmación es coherente con la libertad de los Estados miembros «en cuanto a la elección de la forma de prestación de servicios mediante la que los poderes adjudicadores subvendrán a sus propias necesidades». ( 16 )

38.

Por otro lado, como ya he avanzado, las entidades municipales y los organismos de derecho público (aunque tengan la forma de sociedades mercantiles) no pueden esgrimir contra el Estado el supuesto «efecto directo» del artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24. En sus relaciones con los órganos estatales que controlan sus decisiones, las entidades municipales no son «particulares» que puedan prevalerse de aquel efecto.

39.

Por esas razones, y aunque considero innecesaria una respuesta en este litigio sobre el efecto directo del artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24, si el Tribunal de Justicia decidiera afrontar esa cuestión, que se debatió ampliamente en la vista, mi opinión coincide con la que expresaron allí el Gobierno belga y la Comisión.

40.

El artículo 12 de la Directiva 2014/24 establece las condiciones mínimas de una facultad cuyo ejercicio, insisto, los Estados miembros pueden excluir completamente. De no optar por la exclusión, el único supuesto imaginable de efecto directo de aquel artículo 12 (que solo podría invocar un operador económico que se estime perjudicado) sería aquel en el que un poder adjudicador pretendiera eludir la normativa de contratación pública y proceder a una operación interna, o a una cooperación horizontal, en ausencia de las condiciones mínimas que impone el mencionado artículo.

41.

Lo expuesto hasta ahora no significa, empero, que el artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24 carezca de aplicación en este asunto.

42.

Para los poderes públicos, la sujeción al artículo 12, apartados 3 y 4, previamente a la transposición de la Directiva, no deriva del eventual efecto directo que tales preceptos pudieran tener, sino de «la obligación de cumplir las disposiciones de las directivas (artículo 288 TFUE, tercer párrafo) y de cooperar de modo leal y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión (artículo 4 TUE, apartado 3), que incumben al conjunto de las autoridades estatales». ( 17 )

43.

La respuesta adecuada a las primeras preguntas de ambos reenvíos prejudiciales debería centrarse, pues, de manera preferente, en la vinculación de los poderes públicos a la Directiva 2014/24 (si se quiere, en su efecto obligatorio, como lo calificó la Comisión en la vista) cuando aún no estaba transpuesta pese a haber vencido el plazo.

44.

El Tribunal de Justicia ha confirmado esa sujeción. ( 18 )

45.

En lo que concierne a los poderes adjudicadores involucrados en estos dos litigios, cuya naturaleza pública no se discute, eso significa que estaban vinculados por la Directiva 2014/24 a partir de la fecha en que debió ser transpuesta. ( 19 )

46.

En defecto de transposición, e independientemente de que el artículo 12, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/24 tuviera, o no, efecto directo para que los particulares pudieran invocarlo frente a las autoridades públicas o a las entidades de ellas dependientes, estas últimas, en cuanto actuaran como poderes adjudicadores, estaban obligadas a sujetarse a los requisitos que aquel precepto establece.

47.

Si, de cara a obtener servicios necesarios para la realización de sus respectivos proyectos, el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre y Biesme preferían no recurrir al mercado y querían evitar los procedimientos habituales de la contratación pública, regían para ellos en la fecha de los hechos las condiciones que prevé el artículo 12 de la Directiva 2014/24.

48.

Transpuesta la Directiva, la cooperación entre entidades públicas, vertical (in house) u horizontal, no deberá sujetarse a los procedimientos de contratación pública si el Estado miembro, en uso de su libertad, ha decidido acogerse a las posibilidades de exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 que le brinda su artículo 12, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia. ( 20 )

49.

En esa tesitura, cuando un Estado haya optado por admitir los mecanismos de cooperación interadministrativa excluidos de los procedimientos formalizados de la Directiva 2014/24, sus poderes adjudicadores habrán de atenerse a los requisitos de su artículo 12, apartados 3 y 4, si pretenden no acudir al mercado para obtener determinados servicios o suministros.

50.

La pregunta quinta del asunto C‑384/21 versa sobre la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24, tal como se enuncia en su artículo 12, apartado 4.

51.

A diferencia de la contemplada en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Directiva 2014/24, en cuya virtud un poder adjudicador (o varios) ha de ostentar el control del adjudicatario del contrato público, la exclusión del apartado 4 se basa en la cooperación de poderes adjudicadores entre los que no existe esa relación de control.

52.

La pregunta prejudicial encuentra su origen en las alegaciones que el municipio de Farciennes ha presentado con carácter subsidiario, por si se concluye que, a la luz de la relación entre la SLSP Sambre y Biesme e IGRETEC, no concurren las condiciones del artículo 12, apartado 3, de la Directiva. ( 21 )

53.

El municipio de Farciennes alega que, a falta del control conjunto previsto en aquel apartado, cabría aún una cooperación horizontal entre poderes públicos adjudicadores, conforme al artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24. La cooperación entre él mismo, la SLSP Sambre y Biesme e IGRETEC sería de esta naturaleza.

54.

De la lectura de sus observaciones deduzco que el municipio de Farciennes propugna dos maneras de entender las relaciones entre las entidades públicas en liza:

55.

En ambas combinaciones, las relaciones quedarían cubiertas por el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24. En consecuencia, una licitación pública no sería necesaria.

56.

A tenor de su artículo 12, apartado 4, un contrato público no queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 si se dan cumulativamente las tres condiciones enumeradas en las letras a), b) y c) del precepto. ( 24 )

57.

Las dudas del órgano judicial nacional giran en torno a la noción, en el sentido de aquel artículo, del término «cooperación», cuya interpretación ha de ser autónoma. ( 25 )

58.

He expuesto en otra ocasión ( 26 ) que el precepto recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia anterior a la codificación, pero va más allá: la aclara y flexibiliza, aproximando, hasta cierto punto, sus requisitos a los de las otras fórmulas que permiten excluir de la Directiva 2014/24 determinados contratos de entidades del sector público. ( 27 )

59.

Así se explican las siguientes características de la cooperación horizontal no sujeta a los procedimientos formalizados de contratación pública, a tenor de la Directiva 2014/24:

60.

En cambio, es imprescindible que la colaboración de las partes tienda al logro de objetivos comunes a todas ellas. Es este un elemento esencial de la cooperación horizontal, que marca una diferencia con la adjudicación directa a entidades controladas por el poder adjudicador.

61.

Así lo entendió el Tribunal de Justicia en la sentencia Remondis II, aludiendo a la «dimensión intrínsecamente colaborativa» de la cooperación del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24. Esa dimensión se concreta, entre otros extremos, en la preparación del acuerdo de cooperación mediante la definición de necesidades comunes y la identificación de soluciones para ellas. ( 33 )

62.

Además, la cooperación horizontal se asienta en un concepto cooperador, es decir, se traduce en compromisos recíprocos de los partícipes. Esos compromisos van más allá de la ejecución de cierto servicio, por una parte, y su remuneración, por otra, como se aclara en la sentencia Remondis II. ( 34 )

63.

La expresión «concepto cooperador», explícita en el considerando trigésimo tercero de la Directiva 2014/24, equivale a las propuestas de exigir una «cooperación genuina», y esta «impli[ca] derechos y obligaciones mutuos de las partes». ( 35 ) Se excluye que uno de los poderes adjudicadores sea «un simple “comprador”» ( 36 ) de la obra, servicio o suministro de que se trate.

64.

El carácter genuino de la cooperación es fundamental en cualquier acuerdo que pretenda acogerse al artículo 12, apartado 4 de la Directiva 2014/24. Ese rasgo permitirá distinguir esta modalidad de cooperación horizontal de la cooperación vertical (in house) y también de los contratos sujetos a los procedimientos de contratación pública, en los que una de las partes realiza una tarea según las especificaciones fijadas por la otra, que, a su vez, se limita a retribuirla. ( 37 )

65.

El municipio de Farciennes presenta un primer escenario para abogar en favor de la existencia de una relación de cooperación horizontal entre él mismo, la SLSP Sambre y Biesmes e IGRETEC.

66.

A modo de resumen, recuerdo que:

67.

En mi opinión, la relación trilateral así descrita no tiene cobijo en el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24. Coincido en esta apreciación con el tribunal de reenvío, para el que «la mera circunstancia de que [IGRETEC] ejerza misiones en el marco del convenio concluido entre el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre & Biesme para la realización de un proyecto común de creación del ecobarrio en Farciennes no significa que IGRETEC coopere, ella misma, al proyecto, ni que persiga con las partes signatarias de ese convenio un objetivo común». ( 38 )

68.

Son varias las razones que me inducen a corroborar esa apreciación del tribunal de reenvío, compartida también por la Comisión, a la luz de la descripción de los hechos que aquel tribunal lleva a cabo. He de subrayar que a este último le compete en exclusiva fijar el marco fáctico del litigio, lo que conlleva evaluar la intervención de los sujetos en liza y la finalidad perseguida por cada uno de ellos.

69.

En primer lugar, como advierte el tribunal a quo en los términos que acabo de transcribir, no existe una comunidad de objetivos que justifique una cooperación de las tres entidades, en el sentido del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24. ( 39 )

70.

El análisis de los estatutos de IGRETEC y de su intervención en los proyectos controvertidos lleva al Conseil d’État (Consejo de Estado) a subrayar que las funciones realizadas en este asunto por IGRETEC corresponden al «sector I» de su objeto social, esto es, a actividades que prestan en el mercado las empresas de estudios y de gestión especializadas en la puesta en marcha de proyectos, y no al «sector II», consagrado al desarrollo económico, social y turístico de la región y, en particular, a la construcción, financiación y utilización de ciertos inmuebles. ( 40 )

71.

En segundo lugar, falta también la dimensión colaborativa que se traduce, en un primer momento, en la definición de necesidades y soluciones comunes a las partes que pretenden cooperar. En ese estadio, la intervención profesional de IGRETEC puede servir para que el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre y Biesme identifiquen y comprendan cuáles son las necesidades del proyecto de ecobarrio que ambos quieren crear. En cambio, para IGRETEC se trata de necesidades ajenas.

72.

En tercer lugar, la estrategia sobre la mejor forma de compartir y utilizar en común los recursos de las partes me parece limitada al municipio de Farciennes y a la SLSP Sambre y Biesme, aunque operen sobre opciones propuestas por IGRETEC. ( 41 ) Esta última no presta, en realidad, de manera conjunta con aquel municipio y con la SLSP Sambre y Biesme, ningún servicio público.

73.

En último lugar, la incorporación de IGRETEC a la relación entre los dos poderes adjudicadores ( 42 ) a través del convenio de asistencia para la gestión de proyectos y de servicios jurídicos y de medio ambiente no reúne los requisitos de una cooperación genuina. Por medio de ese convenio, el municipio de Farciennes y la SLSP Sambre y Biesme no se comprometen, en lo relativo a IGRETEC, a nada diferente de lo que harían en una licitación pública: demandan prestaciones que IGRETEC ofrece, asumiendo en contrapartida, como única obligación, la de pago.

74.

El segundo escenario contempla una combinación de cooperación horizontal y vertical, en la que IGRETEC, controlada por uno de los dos partícipes en la cooperación horizontal (el municipio de Farciennes), realiza una prestación también para el otro (la SLSP Sambre y Biesme) y es retribuida por ambos.

75.

A juicio del municipio de Farciennes, cuando encomienda a IGRETEC la asistencia en la gestión de proyectos, servicios jurídicos y medio ambiente, utiliza los recursos propios de ese municipio. Esa circunstancia debería tenerse en cuenta también en el contexto de la cooperación entre él mismo y la SLSP Sambre y Biesme.

76.

No me resulta posible acoger este argumento, que el propio municipio de Farciennes presenta con carácter secundario (en el marco de una alegación que, a su vez, es subsidiaria de la tesis principal) y, tal vez por ello, no desarrolla en mayor medida.

77.

Si entiendo correctamente la postura del municipio de Farciennes, lo que defiende es que las dos entidades parte en la relación de cooperación vertical (IGRETEC y el propio municipio) son, por virtud de tal relación, una sola a efectos de la cooperación horizontal con un tercero. ( 43 ) No sería preciso, en consecuencia, que ambas firmaran el convenio marco con la SLSP Sambre y Biesme.

78.

No comparto esa argumentación. En la cooperación vertical (in house) el poder adjudicador y el ente instrumental sobre el que aquel ejerce un control análogo al que posee sobre sus propios servicios son entidades formalmente distintas, tanto antes como después de concluir un contrato público.

79.

Así pues, la existencia de una relación in house entre el municipio de Farciennes e IGRETEC no basta para considerar satisfechos los requisitos de la cooperación horizontal con la SLSP Sambre y Biesme.

80.

A la luz de lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia responder al Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Bélgica) en estos términos: