1.

La Directiva 91/477/CEE, ( 2 ) tras su modificación por la Directiva 2008/51/CE, ( 3 ) reflejó, entre otras preocupaciones del legislador de la Unión, la de regular el régimen de la inutilización de las armas de fuego.

2.

El Reglamento de Ejecución 2015/2403 (UE) ( 4 ) trata de garantizar que las armas de fuego inutilizadas lo sean irreversiblemente, como propugnaba la Directiva 2008/51. Con ese propósito, requiere que una autoridad competente verifique que la inutilización se ha llevado a cabo con arreglo a ciertas especificaciones técnicas (establecidas en su anexo I) y extienda al propietario del arma un certificado que lo acredite.

3.

El tribunal de reenvío alberga, en lo sustancial, dos dudas sobre la interpretación de la Directiva 91/477 y del Reglamento de Ejecución 2015/2403:

4.

De acuerdo con el artículo 1:

«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “arma de fuego” toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor, salvo que haya sido excluida por una de las razones enumeradas en el anexo I, parte III. Las armas de fuego se clasifican en el anexo I, parte II.

A efectos de la presente Directiva, se considerará que un objeto es susceptible de transformarse para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor cuando:

1 bis.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “pieza” todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre, y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego.

1 ter.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “componente esencial” el mecanismo de cierre, la recámara y el cañón de las armas de fuego que, considerados como objetos separados, quedarán incluidos en la categoría en que se haya clasificado el arma de fuego en la que se monten o vayan a ser montados.

[...]».

5.

El artículo 4 enuncia:

«1.   Los Estados miembros velarán por que toda arma de fuego o componente esencial que se comercialice bien haya sido marcado y registrado de conformidad con la presente Directiva, bien haya sido inutilizado.

[...]».

6.

Dentro del capítulo 3 («Formalidades exigidas para la circulación de armas dentro de la Comunidad»), el artículo 14 establece:

«Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones para prohibir la entrada en su territorio:

7.

A tenor del anexo I:

«[...]

8.

El artículo 2 («Personas y entidades autorizadas a inutilizar armas de fuego») reza:

«La inutilización de las armas de fuego será llevada a cabo por entidades públicas o privadas o por personas autorizadas a hacerlo de conformidad con la legislación nacional».

9.

El artículo 3 («Verificación y certificación de la inutilización de las armas de fuego») estipula:

«1.   Los Estados miembros designarán a una autoridad competente para verificar que la inutilización del arma de fuego se ha llevado a cabo con arreglo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I (en lo sucesivo, “la entidad verificadora”).

2.   Si la entidad verificadora también está autorizada a inutilizar armas de fuego, los Estados miembros garantizarán que dichas tareas y las personas que las llevan a cabo estén claramente separadas dentro de la entidad.

3.   La Comisión publicará en su sitio web una lista de las entidades verificadoras designadas por los Estados miembros, en la que constarán los pormenores de la entidad verificadora, su símbolo y los datos de contacto.

4.   Si la inutilización de un arma de fuego ha sido llevada a cabo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I, la entidad verificadora deberá extender al propietario del arma un certificado de inutilización conforme al modelo que figura en el anexo III. Toda la información que conste en el certificado de inutilización deberá proporcionarse en el idioma del Estado miembro en el que se haya extendido el certificado de inutilización y en inglés.

[...]».

10.

El artículo 7 («Transferencia de armas de fuego inutilizadas dentro de la Unión») indica:

«1.   Las armas de fuego inutilizadas solo se podrán transferir a otro Estado miembro si llevan el marcado único común y van acompañadas de un certificado de inutilización de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.   Los Estados miembros reconocerán los certificados de inutilización extendidos por otro Estado miembro si dichos certificados cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros que hayan introducido medidas adicionales con arreglo al artículo 6 podrán exigir la prueba de que las armas de fuego inutilizadas que se vayan a transferir a su territorio cumplen dichas medidas adicionales».

11.

El artículo 8 («Requisitos de notificación») proclama:

«Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las medidas que adopten en el ámbito de aplicación del presente Reglamento [...]».

12.

El anexo I («Especificaciones técnicas para la inutilización de armas de fuego») define las operaciones de inutilización que deben realizarse para que las armas de fuego inutilizadas lo sean irreversiblemente, mediante tres cuadros:

13.

El anexo III contiene el «Modelo de certificado para armas inutilizadas».

14.

Con arreglo al artículo 112a («Transferencia e importación en Finlandia de armas de fuego inutilizadas»):

«La persona que transfiera o importe en Finlandia un arma de fuego inutilizada deberá, en un plazo de treinta días desde la transferencia o importación, presentar el arma de fuego a una autoridad policial o a la Administración central de la Policía para su verificación».

15.

En virtud del artículo 91:

«Cuando una licencia comercial del sector de las armas o un permiso que autorice la posesión para uso privado caduca o es revocado, la policía debe dictar una orden de incautación policial de las armas de fuego, las piezas de estas, los cartuchos y la munición especialmente peligrosa, a menos que hayan sido puestas a disposición de un titular de un permiso en regla.

La policía también deberá dictar la orden de incautación cuando un poseedor de armas de fuego no autorizadas o de piezas de estas, de cartuchos no autorizados o de munición especialmente peligrosa denuncie, por propia iniciativa, un objeto a la policía y le ceda su custodia. [...]».

16.

Conforme al artículo 112b («Inutilización de las armas de fuego»), apartado 2,

«El Reglamento de Ejecución 2015/2403 establece disposiciones relativas a las personas y entidades autorizadas a inutilizar armas de fuego, a las especificaciones técnicas de la inutilización de armas de fuego, al marcado, control y verificación de armas de fuego, a las solicitudes de asistencia para llevar a cabo la inutilización, a medidas de inutilización adicionales y a la transferencia de armas de fuego inutilizadas dentro de la Unión Europea».

17.

A, que desempeña una actividad profesional especializada en la venta de objetos de colección histórico-militares, adquirió en Austria tres fusiles de asalto que, según los certificados expedidos por la sociedad B el 9 de octubre de 2017, habían sido inutilizados.

18.

La sociedad B cuenta con el reconocimiento de las autoridades austriacas como entidad verificadora, en el sentido del artículo 3 del Reglamento de Ejecución 2015/2403, aun cuando no figura nominativamente en la lista a la que alude el apartado 3 de ese artículo.

19.

El 17 de octubre de 2017, A transfirió los fusiles de asalto a Finlandia y, el 24 de octubre de 2017, con arreglo al artículo 112a de la Ley de armas de fuego, los presentó ante la Policía de Helsinki, junto con los correspondientes certificados de inutilización. ( 6 )

20.

El 15 de febrero de 2018, la Policía de Helsinki dictó la orden n.o 2018/8575, en la que consideró que la inutilización de los fusiles de asalto no cumplía los requisitos técnicos del anexo I del Reglamento de Ejecución 2015/2403. A su juicio, las operaciones de inutilización de las armas eran deficientes. ( 7 )

21.

La Policía de Helsinki estimó que los fusiles de asalto debían considerarse armas sujetas a un permiso, en el sentido de la Ley de armas de fuego. Como A no contaba con ninguna autorización para la tenencia de esas armas, se ordenó su incautación.

22.

A interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta resolución ante el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo contencioso administrativo de Helsinki, Finlandia), aduciendo que:

23.

Tanto la Policía de Helsinki como el Poliisihallitus (Administración central de la Policía) depositaron observaciones en ese recurso, argumentando que las armas no podían considerarse inutilizadas, pues:

24.

A depositó un escrito de réplica al que adjuntó la correspondencia mantenida con el Ministerio de Defensa y Deportes austriaco, en la que este confirmaba que la sociedad B era una entidad verificadora designada por Austria, en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/2403. Señaló, asimismo, que Austria habría designado un total de dieciséis entidades verificadoras. ( 8 )

25.

El 26 de junio de 2019, el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo contencioso administrativo de Helsinki) desestimó el recurso de A al considerar que:

26.

A recurrió la sentencia de primera instancia ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Finlandia) instando su anulación, así como la de la decisión de la Policía de Helsinki. ( 9 )

27.

La Policía de Helsinki y el Poliisihallitus (Administración central de la Policía) se opusieron al recurso y subrayaron la necesidad de plantear una cuestión prejudicial, a lo que accedió el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo), que dirige al Tribunal de Justicia estas preguntas:

«Cuando se trata de una transferencia de armas de fuego inutilizadas dentro de la Unión y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva 91/477/CEE […] y las disposiciones del Reglamento de Ejecución 2015/2403 […] en particular, el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento:

28.

La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 7 de mayo de 2021.

29.

Han depositado observaciones escritas A, el Poliisihallitus (Administración central de la Policía), el Gobierno finlandés y la Comisión Europea, quienes participaron en la vista celebrada el 18 de mayo de 2022.

30.

El Gobierno austriaco respondió por escrito a las preguntas que le dirigió el Tribunal de Justicia.

31.

El concepto de «arma inutilizada» ha sufrido una significativa evolución normativa:

32.

Aunque la Directiva 2017/853 no sea aplicable a este asunto ratione temporis, corrobora la tendencia legislativa a endurecer las garantías precisas para que la inutilización de las armas de fuego devenga irreversible, de modo que estas no puedan ser reactivadas. ( 12 )

33.

El tribunal de reenvío desea saber si, en el contexto transfronterizo de este asunto, la entidad verificadora que ha expedido un certificado de inutilización está facultada para hacerlo, pese a no figurar en la lista publicada por la Comisión ( 13 ) con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/2403 y ostentar la forma de sociedad de responsabilidad limitada.

34.

La pregunta prejudicial, que atiende a las facetas formales de la circulación de armas inutilizadas, se extiende, pues, a dos aspectos de la regulación aplicable:

35.

A tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/2403, en relación con el anexo I, parte III, párrafo segundo, de la Directiva 91/477, los Estados miembros han de designar una «autoridad competente» para verificar que la inutilización del arma de fuego se ha llevado a cabo con arreglo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I.

36.

El inciso final de ese precepto añade que la «autoridad competente» se denominará también «la entidad verificadora». La sinonimia (convencional) de esas dos expresiones suscita algunos problemas de interpretación a los que inmediatamente me referiré.

37.

Las observaciones de las partes muestran opiniones antagónicas sobre la naturaleza de las entidades verificadoras:

38.

El empleo del vocablo «autoridad» en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/2403 evocaría, en principio, el carácter «público» de quien asume la función verificadora. Por definición, lo característico de una «autoridad» es participar de las funciones de imperium propias del poder público. ( 14 )

39.

Ese enfoque se refuerza en el considerando tercero del Reglamento de Ejecución 2015/2403: los Estados miembros han de «adoptar las disposiciones necesarias para que una autoridad competente verifique las medidas de inutilización».

40.

En la misma línea, y ahora desde el punto de vista sistemático, los artículos 2 y 3 del Reglamento de Ejecución 2015/2403 distinguen entre:

41.

La evolución normativa posterior a las normas aquí aplicables se orienta en este mismo sentido. El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/337 ( 15 ) da una nueva redacción al artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/2403 para indicar que «los Estados miembros designarán a una autoridad pública competente para verificar que la inutilización del arma de fuego se ha llevado a cabo con arreglo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I [...]».

42.

Se ha querido instaurar, pues, un régimen público de control para verificar la inutilización de las armas de fuego y se ha confiado esa función a las autoridades estatales.

43.

Ahora bien, la legislación de la Unión no llega hasta el punto de imponer que los Estados miembros instituyan necesariamente en sus estructuras administrativas unos servicios técnicos que sean capaces de cumplir la función verificadora. Trataré de explicar por qué, a mi juicio, pueden confiar esa misión a entidades (llámense con este nombre o con otros sinónimos) ( 16 ) que adopten formas jurídicas privadas, siempre que se respeten ciertas garantías.

44.

Ninguna de las normas de referencia de la Unión sobre esta materia determina cómo, en concreto, las autoridades públicas han de garantizar el cumplimiento de los criterios del anexo I del Reglamento de Ejecución 2015/2403. Corresponde a los Estados miembros definir qué autoridades desempeñarán la tarea de verificación y la forma de hacerlo.

45.

Los Estados miembros, a falta de una previsión en contra del derecho de la Unión, conservan su capacidad de autoorganización. En términos generales, nada les impide atribuir a entes privados la realización de funciones públicas, también cuando estas últimas tengan su origen en normas de la Unión que no se opongan a tal atribución. ( 17 )

46.

En esa misma línea, los Estados miembros pueden autorizar a sus autoridades a delegar determinadas facultades en entidades privadas, ( 18 ) o instaurar mecanismos de colaboración con empresas del sector privado para confiarles, con los controles oportunos, el ejercicio de aquellas facultades. ( 19 )

47.

A mi juicio, el Reglamento de Ejecución 2015/2403 consiente el empleo de esas mismas técnicas. El único límite a la autonomía organizativa es que los Estados miembros no lleguen al punto de vaciar el modelo de autoridad pública como responsable última del proceso de verificación de la inutilización de las armas de fuego.

48.

Por decirlo con otras palabras, en lo que atañe a las entidades verificadoras, la encomienda de esa misión de interés público a una empresa privada podrá hacerse si las condiciones a las que se subordine el encargo no desnaturalizan el esquema jurídico público de la Directiva 91/477 y del Reglamento de Ejecución 2015/2403.

49.

Entiendo, pues, que unas entidades privadas pueden verificar la inutilización de las armas, siempre que se sujeten al mandato y al control efectivo de una verdadera autoridad pública. Esta última ostenta la competencia de supervisar cómo se ha llevado a cabo la inutilización, pero puede delegar su ejercicio en entidades privadas.

50.

El Gobierno austriaco, al responder, el 22 de abril de 2022, a las preguntas del Tribunal de Justicia, expuso que la legislación nacional permite que los Ministerios del Interior y de Defensa autoricen a determinados profesionales a verificar que las armas han sido inutilizadas. Esa verificación implica que el particular autorizado ejerce por delegación, bajo la dirección de aquellos Ministerios, una misión que corresponde al poder público. ( 20 )

51.

En la vista, tanto las autoridades finlandesas como la Comisión adoptaron una postura crítica del modelo austríaco, destacando el número de entidades verificadoras privadas reconocidas (dieciséis), ( 21 ) así como la ausencia de sus datos en la lista remitida a la Comisión, que solo alude al Ministerio del Interior.

52.

Sea cual sea el juicio que merezca aquel modelo (en la vista, la Comisión afirmó que lo está sopesando ( 22 ) para decidir si toma alguna medida al respecto), la primera pregunta prejudicial se formula en términos abstractos y, por tanto, no requiere ninguna apreciación del Tribunal de Justicia sobre el sistema implantado en un determinado Estado miembro.

53.

Con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/2403, «la Comisión publicará en su página web una lista de las entidades verificadoras designadas por los Estados miembros […]».

54.

El tribunal de reenvío desea saber si la inclusión en esa lista es un requisito necesario para que las entidades verificadoras se consideren tales o si, lejos de tener esa eficacia constitutiva, su función es solo informativa.

55.

A mi entender, los apartados 1 y 3 del artículo 3 del Reglamento de Ejecución 2015/2403 abogan por la segunda de esas posiciones: la competencia de designar las entidades verificadoras corresponde a los Estados miembros, mientras que la lista refleja (o debería reflejar) las ya designadas por aquellos, a título meramente declarativo y no constitutivo. ( 23 )

56.

Como subraya la Comisión en sus observaciones escritas, ni el anexo I, parte III, de la Directiva 91/477 ni el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/2403 le otorgan competencia para decidir quiénes son las «entidades verificadoras». Tampoco exigen que lo sean únicamente las que, tras ser designadas por cada Estado miembro, se incluyan en la lista publicada en el sitio web de la Comisión. ( 24 )

57.

Es cierto que, en un entorno transfronterizo, la seguridad jurídica aconseja que la identificación de las entidades verificadoras descanse sobre un sistema cuya publicidad permita conocer con certeza las que haya reconocido cada Estado miembro.

58.

Desde luego, el auspicio de una «cierta libertad de circulación», a la que se refiere el considerando primero de la Directiva 2008/51, se cumple mejor con un mecanismo que reduzca los obstáculos al comercio entre los Estados miembros. La evaluación, por parte de las autoridades del país de destino ante las que se presente un arma inutilizada, resulta más fácil si la inutilización ha sido verificada y certificada, en el país de origen, por una entidad cuya naturaleza, justamente por su inclusión en la lista, no se discute.

59.

Estas consideraciones no pueden obviar, sin embargo, lo que se infiere del tenor de la norma ni del contexto en el que se inscribe: la inclusión en la lista del artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/2403 no es una condición de validez para obtener el status de entidad verificadora.

60.

Ese status se adquiere no por efecto de la inserción en la lista, sino por la autorización del Estado miembro correspondiente. La capacidad de designar las entidades competentes para verificar y certificar la inutilización de armas de fuego es exclusiva del Estado miembro y el papel de la Comisión al publicar la lista resulta meramente auxiliar.

61.

Otorgada tal autorización por un Estado miembro, la lista constituirá, repito, el medio de acreditación preferente, pero no el único, de que el certificado de inutilización ha sido expedido por una entidad verificadora autorizada.

62.

A partir de esta premisa, nada se opone a que, en ausencia de su inclusión en la lista, un importador de armas aporte un certificado de inutilización y pruebe, por otros medios válidos en derecho, que la entidad verificadora que lo ha librado ostenta, legítimamente, esa cualidad (es decir, que ha sido designada como tal por un Estado miembro).

63.

Lo hasta aquí expuesto no debería entenderse como una trivialización del valor de la lista a la que alude el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/2403. Esta disposición, como el resto de las contenidas en dicho Reglamento, no debería quedar en «letra muerta». Saber de antemano, con certeza, cuáles son las entidades verificadoras de cada Estado miembro mejora la fiabilidad del sistema en su conjunto.

64.

Por lo demás, el artículo 8 del Reglamento de Ejecución 2015/2403 impone a los Estados miembros el deber de cooperar lealmente con la Comisión y notificarle «todas las medidas que se adopten en el ámbito de aplicación del presente Reglamento». Entre ellas se encuentra la de comunicar «los pormenores de la entidad verificadora, su símbolo y los datos de contacto», que el artículo 3, apartado 3, contempla.

65.

La falta de comunicación implica no solo una dificultad adicional para acreditar que el certificado de inutilización lo ha expedido una entidad verificadora, sino, además, la infracción de un deber jurídico por parte del Estado miembro. Corresponde a la Comisión adoptar las acciones necesarias para contrarrestar el incumplimiento de ese deber.

66.

Con su segunda pregunta prejudicial, el tribunal de reenvío desea saber:

67.

Formulado en los términos en los que lo hace el tribunal reenvío, el primer interrogante de su segunda pregunta prejudicial se solapa, en gran parte, con la primera.

68.

Si, como propugno, la inclusión de una entidad verificadora en la lista de la Comisión no es una condición esencial para adquirir ese status, me parece lógico admitir otros medios de prueba acreditativos de que esa entidad ha sido designada por un Estado miembro.

69.

Nada impide, a mi juicio, que ese hecho se constate mediante documentos oficiales expedidos en el Estado de origen por sus propias autoridades, aun cuando, por unos motivos o por otros, la designación no se haya reflejado en la lista publicada por la Comisión.

70.

El segundo interrogante de esta misma pregunta prejudicial atañe al deber de reconocimiento, por un Estado miembro, del certificado de inutilización expedido por la entidad verificadora de otro Estado miembro.

71.

La regla general es que las armas de fuego inutilizadas solo se podrán transferir a otro Estado si llevan el marcado único común y van acompañadas de un certificado de inutilización.

72.

Con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/2403, «los Estados miembros reconocerán los certificados de inutilización extendidos por otro Estado miembro si dichos certificados cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento». ( 25 )

73.

Ciertamente, el mencionado artículo tiene una formulación prescriptiva: «los Estados miembros reconocerán […]» (cursiva añadida). Ese mandato, sin embargo, se matiza inmediatamente, al sujetarlo a la condición de que los certificados cumplan «los requisitos establecidos en el presente Reglamento».

74.

El reconocimiento del certificado por otro Estado miembro distinto del emisor no es, pues, automático ni incondicional. Al contrario, solo se producirá si el certificado cumple los requisitos establecidos en el Reglamento de Ejecución 2015/2403, que pueden ser tanto de orden formal como material:

75.

En una primera aproximación, pudiera pensarse que el tráfico intracomunitario de las armas de fuego inutilizadas se inscribe en el esquema clásico de reconocimiento mutuo aplicable a documentos análogos en el marco de la circulación de bienes y de la prestación de servicios.

76.

Creo, sin embargo, que esa asimilación ha de matizarse.

77.

En primer lugar, la Directiva 2008/51 subraya que en ella se combina «el compromiso de garantizar cierta libertad de circulación para algunas armas de fuego en el espacio intracomunitario con la necesidad de limitar esa libertad con determinadas garantías de seguridad […]». ( 27 )

78.

El artículo 12, apartado 3, de la Directiva 91/477, en su redacción originaria, ya reflejaba que las limitaciones a la libertad de circulación de las armas de fuego eran intencionadas y que, «mediante acuerdos de reconocimiento mutuo de documentos nacionales, dos o más Estados miembros [pueden] establecer un régimen más flexible que el establecido en el presente artículo respecto a la circulación con un arma de fuego en sus territorios».

79.

En segundo lugar, la regulación de la circulación intracomunitaria de las armas de fuego, respecto de las que se «establece un marco armonizado mínimo», ( 28 ) contrasta con otras normas de armonización completa que rigen en el tráfico transfronterizo de mercancías cuya circulación puede implicar algún riesgo.

80.

En estos últimos casos, el principio predominante es el de libre circulación, en cuya virtud se impide que los Estados miembros prohíban, limiten u obstaculicen la comercialización o la puesta en servicio en su territorio de los objetos que cumplan lo dispuesto en la norma correspondiente.

81.

Incluso en un marco plenamente armonizado, se atribuyen a las autoridades nacionales ciertas potestades de control a posteriori para detectar fallas o anomalías del sistema. A este fin, se diseñan una serie de cláusulas de salvaguardia que eviten o corrijan disfunciones a escala de la Unión, mediante la activación de un proceso en el que interviene la Comisión y todos los Estados miembros. ( 29 )

82.

Pues bien, si la Directiva 91/477, modificada por la Directiva 2008/51, y el Reglamento de Ejecución 2015/2403 no atribuyen, específicamente, esas potestades de control a los Estados miembros, en lo que atañe a las armas inutilizadas, se explica porque no resultan imprescindibles, precisamente a la vista de las limitaciones a las que se sujeta la circulación ordinaria de esas armas.

83.

El proceso de transferencia de armas entre Estados miembros conduce a que la autoridad del Estado receptor ejerza una intervención completa sobre las armas antes de admitirlas definitivamente en su territorio. La habilitación para hacerlo se desprende de la Directiva 91/477.

84.

En efecto, según el artículo 14, primer guion, de la Directiva 91/477, «los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones para prohibir la entrada en su territorio de un arma de fuego, salvo en los casos previstos en los artículos 11 y 12, y siempre que se respeten las condiciones previstas en los mismos». ( 30 )

85.

Esos dos artículos regulan el proceso para la circulación de los diferentes tipos de armas de fuego dentro de la Unión, sujeta a un complejo procedimiento (artículo 11) ( 31 ) o, cuando se trate de su tenencia durante un viaje a través de dos o más Estados miembros, a la autorización de dichos Estados miembros (artículo 12).

86.

Como se puso de relieve en la vista, los trámites para la transferencia de armas de fuego inutilizadas dentro de la Unión implican la presentación de estas, y de sus certificados de inutilización, a las autoridades del Estado de recepción, quienes han de examinar las armas y los certificados, en todo caso, para evaluar la correspondencia de estos con aquellas y el cumplimiento de los requisitos preceptivos. ( 32 )

87.

Pues bien, en ese proceso de declaración y presentación (que no es incompatible con la relativa libertad de circulación de las armas de fuego, restringida en atención a su obvia peligrosidad), las autoridades del Estado de recepción no podrán cerrar los ojos ante la presencia de certificados cuya inadecuación a los requisitos establecidos en el Reglamento de Ejecución 2015/2403 se revele a primera vista.

88.

En tales hipótesis, cuando aquellas autoridades tengan motivos serios para sospechar que los certificados emitidos por una entidad de verificación del Estado de origen no se atienen a los mencionados requisitos, podrán efectuar las oportunas comprobaciones (incluida la solicitud de asistencia a título del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/2403) y, eventualmente, no tomarlos en consideración si los defectos advertidos resultan de gravedad. ( 33 )

89.

Podría pensarse que las armas inutilizadas, al no entrar en el concepto de arma de fuego, no estaban sujetas a esos procedimientos para su transferencia de un Estado miembro a otro. Sin embargo, no entiendo que sea así, por varias razones:

90.

En suma, en el Estado de recepción, la comprobación por sus autoridades de que el certificado de verificación de las armas inutilizadas se atiene a los requisitos exigibles, formales y materiales, anula el riesgo y permite proteger la seguridad pública: las armas no se incorporarán a su territorio, como tales armas inutilizadas, hasta que se compruebe que efectivamente lo son.

91.

A tenor de lo anterior, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Finlandia) en estos términos: