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9.1.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 7/4 |
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de noviembre de 2022 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State y el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B (C-704/20), X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)
(Asuntos acumulados C-704/20 y C-39/21) (1)
(Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Internamiento de nacionales de terceros países - Derecho fundamental a la libertad - Artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Requisitos de legalidad del internamiento - Directiva 2008/115/CE - Artículo 15 - Directiva 2013/33/UE - Artículo 9 - Reglamento (UE) n.o 604/2013 - Artículo 28 - Control de la legalidad de un internamiento y del mantenimiento de una medida de internamiento - Examen de oficio - Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales)
(2023/C 7/05)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órganos jurisdiccionales remitentes
Raad van State, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch
Partes en el procedimiento principal
Demandantes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-704/20), X (C-39/21)
Demandadas: C, B (C-704/20), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)
Fallo
El artículo 15, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, el artículo 9, apartados 3 y 5, de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, y el artículo 28, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, en relación con los artículos 6 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
el control, por parte de una autoridad judicial, del cumplimiento de los requisitos de legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país derivados del Derecho de la Unión debe llevar a dicha autoridad a poner de manifiesto de oficio, sobre la base de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o esclarecidos durante el procedimiento contradictorio sustanciado ante ella, el eventual incumplimiento de un requisito de legalidad que no haya sido invocado por la persona afectada.