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Anule en su totalidad la Decisión de la Comisión C(2019) 2526 final, de 2 de abril de 2019, sobre la ayuda estatal SA.44896 aplicada por el Reino Unido en relación con la exención a la financiación de grupos en el marco de las normas SEC.

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Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que afecta o puede afectar a las SEC que están establecidas efectivamente y ejercen actividades económicas reales en otro Estado miembro.

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Con carácter más subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que no proporciona información suficiente para que su destinatario calcule el importe preciso de ayuda que ha de recuperarse sin grandes dificultades.

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Con carácter más subsidiario aún, la anule parcialmente en la medida que considere adecuada.

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En todo caso, condene a la Comisión al pago de las costas y gastos de las demandantes relacionados con el presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho y proporcionó una motivación insuficiente al declarar que la exención a la financiación de grupos (EFG) constituye una ventaja, dado que, para las SEC realmente establecidas en otro Estado miembro, la sentencia Cadbury Schweppes (1) tiene por efecto que sus matrices no estén sujetas a ningún gravamen en concepto de SEC (ni siquera a un gravamen impuesto como consecuencia de una EFG parcial).

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación y en insuficiencia de motivación al declarar que la garantía del respeto de la libertad de establecimiento no justificaba la EFG.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación al concluir que la necesidad de evitar complejas y desproporcionadamente onerosas asignaciones de beneficios a las funciones que ejercen las personas influyentes, basada en el enfoque de la OECD según el cual se asignan beneficios a los establecimientos permanentes, no justificaba la EFG.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al no aportar información adecuada respecto de los parámetros de la recuperación.