—

La demandante señala que la resolución impugnada no se le comunicó en su totalidad contrariamente a lo dispuesto en el artículo 1 TUE, apartado 2, los artículos 15 TFUE, 296 TFUE y 298 TFUE, así como los artículos 42 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El conocimiento de los datos no comunicados, en cuanto parte central de la resolución, es necesario para poder entender y controlar el cálculo de las contribuciones.

—

La demandante alega que la resolución impugnada ha incumplido la obligación de motivación del artículo 296 TFUE, apartado 2, así como del artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta, puesto que no se han publicado los principios ni los detalles de los cálculos. Por lo que respecta al margen de maniobra de la demandada, no se ha explicado cuáles son los juicios de valor que la demandada hizo y por qué motivos.

—

La demandante alega que, contrariamente al artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta, no se la oyó antes de adoptarse la resolución impugnada, ni antes de adoptar la liquidación de pago basada en la misma.

—

En el marco del cuarto motivo, la demandante alega que los artículos 4 a 7 y 9, así como el anexo I, del Reglamento Delegado 2015/63 —en el que se basa la resolución impugnada— crean un sistema opaco de determinación de las contribuciones que es contrario a los artículos 16, 17 y 47 de la Carta y en el que no se garantiza la observancia de los artículos 20 y 21 de la Carta, ni de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. El presente motivo se invoca también, con carácter subsidiario, en relación con las disposiciones de la Directiva 2014/59/UE (2) y del Reglamento (UE) n.o 806/2014, (3) que imponen con carácter imperativo el sistema de contribuciones, ejecutado por el Reglamento Delegado 2015/63, que, en opinión de la demandante es incompatible con los citados derechos y valores fundamentales del Derecho de la Unión.