Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 5 de octubre de 2020 —
Broughton/Eurojust

(Asunto T‑87/19)

«Función pública — Agentes temporales — Suspensión de la subida de escalón durante un período de seis meses — Anulación de la reclasificación en el grado superior — Capacidad de trabajar en una tercera lengua — Investigación administrativa — Deber de lealtad — Imparcialidad — Derecho de defensa — Igualdad de armas — Obligación de motivación — Artículos 11 y 12 del Estatuto»

Procedimiento judicial — Publicidad de las decisiones — Contencioso en materia de función pública — Petición de una parte de que se omita el nombre de terceros y sus títulos y funciones — Obligación del juez de garantizar un equilibrio adecuado entre la publicidad de las decisiones y el derecho a la protección de los datos personales — Omisión de los títulos y funciones que pueden perjudicar el acceso y la comprensión de las sentencias — Desestimación

(Art. 16 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 37)

(véanse los apartados 49 y 50)

2.	Funcionarios — Régimen disciplinario — Investigación previa a la incoación de un procedimiento disciplinario — Obligaciones de los investigadores — Exigencias de independencia e imparcialidad — Alcance (véanse los apartados 64, 66 y 67)

Funcionarios — Régimen disciplinario — Investigación previa a la incoación de un procedimiento disciplinario — Facultad de apreciación de la administración — Límites — Examen de testigos a petición del funcionario afectado — Obligación del interesado de fundamentar su solicitud — Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, anexo IX)

(véanse los apartados 78, 79, 81, 82 y 84 a 86)

Funcionarios — Régimen disciplinario — Procedimiento — Respeto del derecho de defensa — Obligación de comunicar al interesado las actas de las declaraciones testificales — Incumplimiento — Anulación de la decisión disciplinaria — Requisitos

[Carta de los Derechos Fundamentales, art. 41, ap. 2, letra a); Estatuto de los Funcionarios, anexo IX, arts. 17 y 18]

(véanse los apartados 96 a 100 y 103)

Funcionarios — Agentes de Europol — Contratación — Obligación de demostrar la capacidad de trabajar en una segunda y en una tercera lengua — Alcance

[Decisión 2002/187/JAI del Consejo, art. 30, ap. 1; Régimen aplicable a los otros agentes, art. 12, ap. 2, letra e)]

(véanse los apartados 113, 114 y 116)

6.	Funcionarios — Agentes temporales — Derechos y obligaciones — Deber de lealtad — Concepto — Alcance — Declaración de incumplimiento — Necesidad de un comportamiento deliberado (Estatuto de los Funcionarios, arts. 11 y 12) (véase el apartado 149)

7.	Funcionarios — Régimen disciplinario — Sanción — Circunstancias agravantes — Pertenencia del interesado al personal directivo (Estatuto de los Funcionarios, anexo IX) (véase el apartado 161)

8.	Recursos de funcionarios — Competencia jurisdiccional plena — Pretensiones relativas a la devolución de los importes abonados a la parte contraria — Admisibilidad (Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1) (véase el apartado 175)

Objeto

Recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que se solicita, en esencia: en primer término, que se anulen las decisiones de 4 de mayo de 2018 mediante las que Eurojust suspendió la subida de escalón del demandante durante un período de seis meses, consideró que el francés era su tercera lengua, anuló su reclasificación del grado AD 9 al grado AD 10 que había tenido lugar en 2012 y recuperó las cuantías percibidas desde ese año como consecuencia de dicha reclasificación; en segundo término, que se declare que el francés se considere la segunda lengua del demandante y el neerlandés su tercera lengua; en tercer término, que se declare contraria a Derecho la recuperación de las cuantías percibidas por el demandante a raíz de su reclasificación en grado y que se le devuelvan los importes recuperados por Eurojust; y, en cuarto término, que se declare que Eurojust devuelva al demandante a su anterior situación jurídica.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar al Sr. Jon Broughton a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).