1)

El artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que los gastos que pueden cubrirse mediante una tasa impuesta en virtud de dicha disposición a las empresas que prestan un servicio o suministran una red de comunicaciones electrónicas son únicamente los relativos a las tres categorías de actividades de la autoridad nacional de reglamentación mencionadas en esa disposición, incluidas las funciones de regulación, supervisión, resolución de litigios e imposición de sanciones, sin limitarse a los gastos ocasionados por la actividad de regulación ex ante del mercado.

2)

El artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, por un lado, el resumen anual previsto en dicha disposición se publica con posterioridad al cierre del ejercicio económico anual en el que se recaudaron las tasas administrativas y, por otro, los ajustes necesarios se efectúan en un ejercicio económico que no es inmediatamente posterior a aquel en el que se recaudaron dichas tasas.