1)

El artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en su versión modificada por la Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, debe interpretarse en el sentido de que los costes de la policía de tráfico no están comprendidos en el concepto de «costes de explotación», a efectos de dicha disposición.

2)

El artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los peajes medios ponderados superen los costes de infraestructura de la red de infraestructura de que se trata en un 3,8 % o en un 6 % debido a errores de cálculo no desdeñables o a la toma en consideración de costes que no están comprendidos en el concepto de «costes de infraestructura», a efectos de dicha disposición.

3)

Un particular puede invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de tener en cuenta únicamente los costes de infraestructura previstos en el artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, impuesta por esa disposición y por el artículo 7 bis, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, frente a un Estado miembro cuando este no haya respetado esa obligación o la haya adaptado de manera incorrecta.

4)

La Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, leída a la luz del apartado 138 de la sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un importe de peaje excesivo se justifique a posteriori mediante un nuevo cálculo de los costes de infraestructura presentado en un procedimiento judicial.