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28.8.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 283/26 |
Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 22 de junio de 2017 — Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/Workplace Relations Commission
(Asunto C-378/17)
(2017/C 283/36)
Lengua de procedimiento: inglés
Órgano jurisdiccional remitente
Supreme Court
Partes en el procedimiento principal
Recurrentes: Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána
Recurrida: Workplace Relations Commission
Cuestión prejudicial
Cuando:
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a) |
un organismo nacional está establecido por ley y se le ha atribuido competencia general, entre otras cuestiones, para velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión en un ámbito determinado; |
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b) |
el Derecho nacional exige que dicho organismo no sea competente en una categoría limitada de asuntos en los que la tutela judicial efectiva requeriría la inaplicación de una disposición legal nacional en virtud del Derecho nacional o de la Unión, y |
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c) |
los órganos jurisdiccionales nacionales pertinentes son competentes para dictar la resolución pertinente de inaplicación de la disposición legal nacional, necesaria para garantizar el cumplimiento de la norma de Derecho de la Unión de que se trata, tienen competencia para conocer de los asuntos en los que es necesaria dicha medida de tutela y son competentes en tales asuntos para conceder cualquier medida de tutela establecida por el Derecho de la Unión, siendo así que se ha considerado, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la medida de tutela concedida por los órganos jurisdiccionales cumple los principios de equivalencia y efectividad, |
¿Debe considerarse, no obstante, que dicho organismo establecido por ley es competente para conocer de un recurso administrativo basado en que una disposición legal nacional vulnera el Derecho de la Unión y, en caso de que se estime dicho recurso administrativo, para inaplicar tal disposición legal, aun cuando el Derecho nacional confiera la competencia en todos los asuntos en los que se cuestione la validez de una disposición legal por cualquier causa o que requieran la inaplicación de la disposición legal a un órgano jurisdiccional establecido en virtud de la Constitución, en lugar de al referido organismo?