1)

¿Se oponen el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE, (1) sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, a una normativa nacional que —yendo más allá del principio de quien contamina paga— permite a la autoridad administrativa de protección medioambiental atribuir la responsabilidad del resarcimiento del daño medioambiental de forma específica al propietario, sin necesidad de comprobar previamente con respecto al fondo la existencia del nexo causal entre la conducta de esta persona (sociedad mercantil) y el hecho contaminante?

2)

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión y de que, considerando la contaminación del aire, no sea necesario reparar el daño medioambiental, ¿puede justificarse la imposición de una multa en materia de protección de la calidad del aire invocando la normativa de los Estados miembros más rigurosa prevista en el artículo 16 de la Directiva 2004/35/EC y en el artículo 193 TFUE o esta normativa más rigurosa no puede originar tampoco la imposición de una multa de carácter únicamente sancionador al propietario que no es responsable de la contaminación?