1.2.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 38/10 |
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — España) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios, S.L., Fondo de Garantía Salarial
(Asunto C-509/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directiva 2001/23/CE - Artículo 1, apartado 1 - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Obligación del cesionario de hacerse cargo de los trabajadores - Empresa pública titular de un servicio público - Prestación del servicio por otra empresa en virtud de un contrato de gestión de servicios públicos - Decisión de no prorrogar ese contrato a su vencimiento - Mantenimiento de la identidad de la entidad económica - Actividad que se basa esencialmente en el equipamiento - Decisión de no hacerse cargo del personal))
(2016/C 038/12)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Demandadas: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Fallo
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva una situación en la que una empresa pública, titular de una actividad económica de manipulación de unidades de transporte intermodal, confía mediante un contrato de gestión de servicios públicos la explotación de esa actividad a otra empresa, poniendo a disposición de ésta las infraestructuras y el equipamiento necesarios de los que es propietaria, y posteriormente decide poner fin a dicho contrato sin asumir al personal de esta última empresa porque en lo sucesivo va a explotar esa actividad ella misma con su propio personal.