9.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 325/15

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Que se anule la sentencia recurrida en su integridad.

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Que se declare la inadmisibilidad del recurso de los transformadores industriales de frutas y hortalizas y, en consecuencia, se acojan las pretensiones formuladas por las recurrentes en primera instancia.

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Subsidiariamente y para el caso de que el Tribunal de Justicia resuelva que los recursos de anulación son admisibles (quod non), que se anule la sentencia recurrida en casación por incurrir en errores de Derecho graves y manifiestos y por adolecer de una motivación insuficiente y contradictoria, tal como se expone en el recurso de casación, y que se devuelva el asunto al Tribunal General para que realice un examen en cuanto al fondo del asunto.

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Subsidiariamente y para el caso de que el Tribunal de Justicia decida confirmar (quod non) la apreciación del Tribunal General en cuanto al fondo del asunto, que se anule la parte de la sentencia relativa a los efectos de la anulación del artículo 60, apartado 7, del Reglamento no 543/2011 (1) por estar basada en una motivación contradictoria que, asimismo, vulnera el principio de seguridad jurídica y el principio de la confianza legítima, dada la duración y el funcionamiento de los programas operativos.

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Que se condene a las partes demandantes en primera instancia a cargar con las costas de ambas instancias del procedimiento o que se reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y en casación si el asunto es devuelto al Tribunal General.

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Realizó una apreciación errónea en lo referente a la admisibilidad del recurso en el asunto T-454/10, en cuanto se refiere al anexo VIII del Reglamento no 1580/2007, (2) en particular al considerar que el anexo VIII formaba una unidad con el artículo 52, apartado 2 bis, párrafo segundo, de este Reglamento y no apreciar que esta última disposición no introdujo ningún cambio en el contenido del anexo VIII, el cual siempre ha admitido las actividades de financiación y las inversiones de la UE en determinadas actividades de transformación.

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Realizó una apreciación errónea de la legitimación activa de las partes demandantes en primera instancia en relación con los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, apartados 4 y 6.

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Declaró erróneamente que las disposiciones impugnadas habían sido adoptadas infringiendo el Reglamento único para las OCM al asumir indebidamente que este Reglamento excluía del ámbito de financiación europea todas las actividades desarrolladas por organizaciones de productores diferentes de la producción de productos frescos (destinados al consumo o a la transformación).

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Aplicó incorrectamente el principio de no discriminación confundiéndolo con el principio de competencia no distorsionada entre agentes del mercado en pie de igualdad y obviando que el sector agrícola está regido por sus propias normas en el marco de la Política Agrícola Común.

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Por lo que respecta a los efectos de la anulación, aplicó incorrectamente el artículo 264 TFUE, apartado 2, al establecer una distinción entre el artículo 52, apartado 2 bis, párrafo segundo, del antiguo Reglamento no 1580/2007 y el artículo 50, apartado 3, del Reglamento no 543/2011, por una parte, y el artículo 60, apartado 7, del Reglamento no 543/2011, por otra, y al dictar una sentencia que resulta imposible ejecutar en virtud del artículo 60, apartado 7, del Reglamento no 543/2011.