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23.6.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 184/5 |
Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2012 — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
(Asunto C-176/12)
2012/C 184/08
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Cour de cassation
Partes en el procedimiento principal
Recurrente: Association de médiation sociale
Recurridas: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
Cuestiones prejudiciales
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1) |
¿Puede invocarse en un litigio entre particulares el derecho fundamental relativo a la información y consulta de los trabajadores, reconocido en el artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, precisado por las disposiciones de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, (1) a efectos de comprobar la conformidad [con el Derecho comunitario] de una medida nacional de transposición de la Directiva? |
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2) |
En caso de respuesta afirmativa, ¿deben interpretarse dichas disposiciones en el sentido de que se oponen a una disposición legislativa nacional que excluya del cómputo del personal de la empresa, en particular, a los efectos de determinar el número de trabajadores requerido legalmente para constituir órganos de representación del personal, a los trabajadores titulares de los siguientes contratos: [contrato de] aprendizaje, contrato de iniciativa para el empleo (contrat initiative-emploi), contrato tutelado (contrat d’accompagnement dans l’emploi), contrato para la formación profesional (contrat de professionnalisation)? |
(1) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea — Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores (DO L 80, p. 29).