26.2.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 63/32

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Que se anule el apartado 34, sección B del anexo de la Decisión 2010/644/PESC (1) del Consejo, de 25 de octubre de 2010, y el apartado 40, sección B del anexo VIII del Reglamento (UE) no 961/2010 (2) del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán.

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Que se declaren inaplicables a la demandante el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC (3) del Consejo, de 26 de julio de 2010, y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 961/2010 del Consejo.

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Que se condene en costas al Consejo.

En primer lugar, la demandante sostiene que el Tribunal es competente para revisar el apartado 34, sección B del anexo a la Decisión 2010/644/PESC del Consejo y el apartado 40, sección B del anexo VIII del Reglamento no 961/2010 del Consejo, así como la Decisión de 28 de octubre de 2010 y su conformidad con los principios generales del Derecho Europeo.

Además, los motivos concretos para la inclusión en la lista de la demandante son erróneos y no se cumplen los requisitos del artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo ni el artículo 16, apartado 2, letras a) y b), y apartado 4, del Reglamento no 961/2010 del Consejo. Esas disposiciones deberían haber sido declaradas inaplicables a la demandante. El Consejo incurrió en un error manifiesto de hecho y de Derecho. En consecuencia, deberían ser anulados el apartado 34, sección B, del anexo de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, así como el apartado 40, sección B del anexo VIII del Reglamento no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010.

En apoyo a su demanda, se alega también que el Reglamento de 2010 y la Decisión de 2010 vulneran los derechos de la demandante a la defensa y, en particular, su derecho a un juicio justo, puesto que no recibieron pruebas ni documentos que sustenten las alegaciones del Consejo y puesto que las alegaciones que figuran en la Decisión y en el Reglamento de 2010 son muy vagas, difusas y de imposible alegación para que Post BAnk las rebata.

Además, el artículo 24, apartado 3, de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo exige que éste comunique y notifique su decisión, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, y el artículo 24, apartado 4, de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo establece la reconsideración de la decisión cuando se presenten alegaciones. El Consejo vulneró ambas disposiciones. Dado que el artículo 24, apartados 3 y 4, de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo se repite también en el artículo 36, apartados 3 y 4, del Reglamento no 961/2010 del Consejo, también se vulneró éste.

Se alega también que el Consejo, en su evaluación de la situación de la demandante, vulneró el principio de buena administración.

Además, el Consejo, en su evaluación de la situación de la demandante, vulneró el principio de confianza legítima.

La demandante sostiene también que el Consejo ha violado el derecho de propiedad de la demandante y el principio de proporcionalidad. El artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 961/2010 del Consejo deberían ser declarados inaplicables a la demandante.

Además, la demandante sostiene que el Reglamento no 961/2010 del Consejo vulnera el artículo 215 TFUE, apartados 2 y 3, como su fundamento jurídico, así como el artículo 40 TUE.

Por último, la demandante afirma que el Reglamento de 2010 y la Decisión de 2010 se adoptaron vulnerando el principio de igualdad y de no discriminación.