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29.1.2011 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 30/10 |
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente y otros
(Asunto C-563/08) (1)
(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Articulo 49 TFUE - Libertad de establecimiento - Salud pública - Farmacias - Proximidad - Abastecimiento de medicamentos a la población - Autorización de explotación - Ordenación territorial de las farmacias - Establecimiento de límites basados en un criterio de densidad demográfica - Distancia mínima entre las oficinas de farmacia)
2011/C 30/16
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada
Partes
Demandantes: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas
Demandadas: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente y otros
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interpretación del artículo 43 CE — Normativa reguladora de los requisitos para la apertura de nuevas oficinas de farmacia — Límites en función del número de habitantes y de la necesidad de respetar una distancia mínima entre farmacias.
Fallo
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que impone límites a la concesión de autorizaciones de establecimiento de nuevas farmacias, al disponer que:
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en principio, en cada zona farmacéutica, sólo se podrá crear una farmacia por módulo de 2 800 habitantes; |
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tan sólo podrá crearse una farmacia adicional si se sobrepasa dicha proporción, por la fracción superior a 2 000 habitantes, y |
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cada farmacia deberá respetar una distancia mínima respecto de las farmacias preexistentes, que es, por regla general, de 250 metros. |
Sin embargo, el artículo 49 TFUE se opone a tal normativa nacional en la medida en que las normas de base de 2 800 habitantes o de 250 metros impidan la creación de un número suficiente de farmacias capaces de garantizar una atención farmacéutica adecuada en las zonas geográficas con características demográficas particulares, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.