1. 

El presente recurso de casación tiene por objeto las reglas aplicables en materia de notificación de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) ( 2 ) por la que se deniega una solicitud de registro de marca comunitaria, previstas por el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión. ( 3 )

2. 

Según la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, las notificaciones efectuadas por la Oficina podrán adoptar varias formas, cuyas modalidades y requisitos de aplicación se establecen en las reglas 62 a 66 del mismo Reglamento.

3. 

Conforme a la regla 62, apartado 1, de este Reglamento, que regula la notificación por correo, la resolución de una Sala de Recurso por la que se deniega una solicitud de registro de marca comunitaria deberá ser notificada al demandante mediante carta certificada con acuse de recibo.

4. 

Esta regla 62 establece igualmente, en su apartado 3, una presunción según la cual una carta certificada se considerará entregada al destinatario el décimo día siguiente al de su envío por correo, salvo que la carta no hubiese llegado al destinatario o hubiese llegado en una fecha posterior.

5. 

Además, según la regla 68 del Reglamento no 2868/95, cuando se hayan incumplido las disposiciones relativas a la notificación de un documento y éste haya llegado al destinatario, se considerará que el documento fue notificado en la fecha de recepción.

6. 

Las dos cuestiones planteadas con carácter principal en el presente asunto pretenden que se dilucide, por una parte, si el envío de una resolución por la Oficina por correo urgente puede asimilarse a una notificación por carta certificada con acuse de recibo conforme a la regla 62, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 y, por otra parte, si la presunción establecida en el apartado 3 de esta regla se aplica igualmente cuando se demuestre que el destinatario de este correo urgente recibió éste en los diez días siguientes al envío por la Oficina.

7. 

En el auto dictado el 14 de diciembre de 2006, K-Swiss/OAMI (Franjas paralelas en un zapato), ( 4 ) el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas estimó, en primer lugar, que el envío de la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina por correo urgente no figura entres los modos de notificación citados en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 y que es, en consecuencia, irregular. A continuación, declaró que, en virtud de la regla 68 del Reglamento no 2868/95, el plazo para recurrir empezó a correr desde la entrega por correo urgente, dado que la recurrente reconoció expresamente haber recibido de este modo la resolución impugnada.

8. 

El Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello que el plazo de dos meses y diez días establecido para impugnar tal resolución había expirado, en el presente asunto, el 9 de enero de 2006 y que debía declararse la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente el .

9. 

En las presentes conclusiones, indicaré las razones por las que considero que, conforme a la redacción actual de las disposiciones del Reglamento no 2868/95 relativas a la notificación de los actos de la Oficina, la entrega de una resolución por correo urgente deberá ser asimilada a una notificación por carta certificada con acuse de recibo. De ello deduciré que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho en su interpretación de las reglas 61, apartado 2, 62, apartado 1, y 68 de este Reglamento, y que el recurso de casación es fundado.

10. 

Expondré igualmente las razones por las que, en mi opinión, la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 se aplica incluso en caso de prueba de recepción del acto por el destinatario en los diez días siguientes al envío de éste. De ello deduciré que el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia es admisible y que el auto recurrido debe ser anulado.

11. 

Con carácter subsidiario, sostendré que la regla 68 del Reglamento no 2868/95, relativa a las irregularidades en la notificación, no puede llevar a una reducción del plazo para recurrir que hubiese sido aplicable si la notificación se hubiese efectuado regularmente. Deduciré de ello que, aun suponiendo que la entrega de la resolución por correo urgente no pueda ser asimilada a una notificación por carta certificada con acuse de recibo y que la notificación deba, en consecuencia, considerarse irregular, el auto recurrido adolecería igualmente, en lo que se refiere al alcance de esta regla 68, de un error de Derecho.

12.

A tenor del artículo 63, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, ( 5 ) el recurso contra la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina deberá interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicha resolución. De acuerdo con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, los plazos procesales deben ampliarse, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

13.

En virtud de la regla 61, apartado 1, del Reglamento no 2868/95, «en los procedimientos ante la Oficina, toda notificación que ésta deba realizar se llevará a cabo mediante la transmisión del documento original, una copia no certificada de dicho documento o un impreso elaborado por ordenador de conformidad con la regla 55 o, en el caso de los documentos presentados por las propias partes, duplicados o copias no certificadas».

14.

El apartado 2 de esta misma regla es del siguiente tenor:

«La notificación se hará:

15.

A tenor de la regla 61, apartado 3, del Reglamento no 2868/95, cuando el destinatario haya indicado su número de fax u otros datos para ponerse en contacto con él mediante otros medios técnicos, la Oficina podrá elegir entre cualquiera de esos medios de notificación y la notificación por correo.

16.

La regla 62 de este Reglamento, relativa a la notificación por correo, está redactada como sigue:

[…]

17.

La regla 68 de dicho Reglamento está dedicada a las irregularidades en la notificación. Dispone lo siguiente:

«Cuando, habiendo llegado un documento a su destinatario, la Oficina no pueda probar que ha sido notificado convenientemente, o se hayan incumplido las disposiciones relativas a su notificación, se considerará que el documento fue notificado en la fecha que se acredite por la Oficina como fecha de recepción.»

18.

Igualmente, debe mencionarse la regla 70 del Reglamento no 2868/95, relativa al cómputo de los plazos, cuyo apartado 2 establece lo siguiente:

«El cómputo se iniciará el día siguiente a aquel en que haya tenido lugar el hecho pertinente, que podrá consistir tanto en un acto de procedimiento como en el vencimiento de un plazo anterior. Cuando el acto consista en una notificación, el hecho de referencia será la recepción del documento notificado, salvo disposición en contrario.»

19.

El 24 de julio de 2002, la recurrente solicitó a la Oficina que registrara como marca comunitaria un signo figurativo consistente en cinco franjas paralelas dispuestas en la parte lateral de la representación de un zapato, para designar productos incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, ( 6 ) correspondiente a zapatos para hombres, mujeres y niños.

20.

Esta solicitud fue denegada mediante resolución de 19 de octubre de 2004 por considerar que el signo controvertido carecía de carácter distintivo respecto a los productos en cuestión. El recurso interpuesto por la recurrente contra esta resolución fue igualmente desestimado mediante resolución de de la Primera Sala de Recurso de la Oficina. ( 7 )

21.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de enero de 2006, la recurrente solicitó la anulación de la resolución impugnada y la condena en costas de la Oficina.

22.

Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de abril de 2006, la Oficina propuso la inadmisibilidad de dicho recurso en virtud del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del referido Tribunal. Igualmente, solicitó que se condenara en costas a la recurrente.

23.

La Oficina afirmó que la resolución impugnada había sido entregada a la recurrente el 28 de octubre de 2005 por correo urgente transportado por la sociedad DHL (en lo sucesivo, «correo DHL»). Dedujo de ello que el presente recurso, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el , había sido interpuesto tras haber expirado el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

24.

En sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad, presentadas el 31 de mayo de 2006, la recurrente solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara la admisibilidad de su recurso.

25.

La recurrente reconoció haber recibido la resolución impugnada por correo DHL el 28 de octubre de 2005. Sin embargo, esgrimió que esta fecha de entrega no podía ser considerada la fecha de notificación legal de dicha resolución. A este respecto, alegó que la entrega de la resolución impugnada por correo DHL no correspondía a ninguna de las vías de notificación previstas en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, ni siquiera a la vía postal mencionada en la letra a). De ello dedujo que esta entrega no podía considerarse una notificación conforme a esta regla y a lo dispuesto en el artículo 63, apartado 5, del Reglamento no 40/94, que prevé que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la Sala de Recurso.

26.

Con carácter subsidiario, la recurrente alegó que debieron aplicarse, por analogía, las disposiciones relativas a la notificación por correo. Expuso que, en esta hipótesis, debió presumirse, de modo irrefragable, que la notificación se había efectuado el décimo día siguiente al envío por correo, es decir, en el presente asunto, el 5 de noviembre de 2005. En estas circunstancias, según la recurrente, el plazo para interponer su recurso no expiró hasta el , por lo que su recurso era admisible.

27.

En el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia se basó en los siguientes fundamentos de Derecho:

28.

La recurrente interpuso recurso de casación contra el auto recurrido mediante escrito presentado en la Secretaría el 11 de marzo de 2007.

29.

La Oficina presentó su escrito de contestación el 31 de mayo de 2007.

30.

El Tribunal de Justicia consideró necesaria una vista para que las partes pudieran precisar sus respectivas posiciones sobre el sentido de la regla 62 del Reglamento no 2868/95, en particular de su apartado 3, y sobre la cuestión de si la regla 68 del Reglamento no 2868/95, relativa a las irregularidades en la notificación, podía llevar a una solución menos ventajosa para la recurrente que la aplicación de las reglas de notificación previstas en dicha regla 62.

31.

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido y que condene en costas a la Oficina.

32.

La Oficina solicita que se desestime el recurso de casación por infundado y se condene en costas a la recurrente.

33.

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca un único motivo basado en la infracción de las reglas 61, 62 y 68 del Reglamento no 2868/95.

34.

La recurrente señala que el modo usual de notificación de las resoluciones de las Salas de Recurso es el envío por correo DHL y que la Oficina ha asimilado este envío a una notificación por correo. Esta asimilación se justifica, en su opinión, por la proximidad funcional e institucional de DHL con el servicio de correos alemán, al ser DHL una filial al 100 % de Deutsche Post AG y al dar lugar la entrega de un documento por DHL a la firma de un recibo por parte del destinatario, con fecha del día de la entrega.

35.

Según la recurrente, decidir que la entrega por correo DHL es un modo de notificación irregular implica que la Oficina ha adoptado deliberadamente una práctica que adolece de irregularidades en la notificación conforme a la regla 68 del Reglamento no 2868/95. Ello sería contrario a la obligación de la Oficina de actuar dentro de la legalidad, ya que ésta no puede privar al destinatario de sus resoluciones de la seguridad jurídica en el cómputo del plazo para recurrir ni del beneficio de la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del mismo Reglamento.

36.

La recurrente aduce en consecuencia que deberá considerarse que la notificación de la resolución impugnada por correo DHL ha sido efectuada por correo, conforme a la regla 61, apartado 2, letra a), del Reglamento no 2868/95, de forma comparable a la de una carta certificada con acuse de recibo y, en su caso, a la de una notificación por correo ordinario.

37.

Por consiguiente, concluye la recurrente, la fecha de expedición de la resolución impugnada es la que figura en la carta de acompañamiento de la Secretaría de las Salas de Recurso, a saber, el 26 de octubre de 2005. De acuerdo con la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del mismo Reglamento, la notificación se considerará entregada el décimo día siguiente a dicha fecha de expedición, es decir, el , de modo que el recurso interpuesto mediante la presentación en la Secretaría el del escrito de interposición correspondiente es admisible.

38.

Al igual que la recurrente, la Oficina sostiene, en primer lugar, que la notificación de una resolución de una Sala de Recurso por correo urgente puede ser asimilada a una notificación por correo y que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al estimar que debían aplicarse las disposiciones de la regla 68 del Reglamento no 2868/95 en el presente asunto.

39.

A este respecto, la Oficina expone que, según la jurisprudencia, se considera que una resolución ha sido debidamente notificada cuando ha sido comunicada a su destinatario y a éste se le ha proporcionado la posibilidad de tener conocimiento de la misma. ( 8 )

40.

La Oficina indica igualmente que un correo urgente puede ser asimilado a un envío postal, dada la similitud existente entre los modos de funcionamiento de ambos servicios. En este punto, hace referencia al artículo 2 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ( 9 ) según la cual, a efectos de esta Directiva, se entenderá por «servicios postales» los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales.

41.

La Oficina confirma que gran parte de las resoluciones de sus Salas de Recurso se notifican por correo urgente.

42.

En segundo lugar, y en contra de lo sostenido por la recurrente, la Oficina alega que la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 no se aplica cuando exista una prueba de la entrega de la resolución al destinatario.

43.

Según la Oficina, la aplicación de esta presunción en tal supuesto conduciría a tratar de forma desigual a un destinatario que reside en Alicante, que recibirá el documento notificado al día siguiente de su envío, y a un destinatario domiciliado en Chipre, que lo recibirá cinco o seis días más tarde.

44.

En la medida en que el destinatario ha recibido la resolución impugnada y ha podido tomar conocimiento de la misma antes del décimo día siguiente a la fecha de envío, no resulta razonable, concluye la Oficina, posponer hasta ese décimo día el inicio del plazo para recurrir.

45.

Al igual que la recurrente y la Oficina, estimo que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que una notificación por correo urgente era irregular. Indicaré además las consecuencias que deben extraerse de dicho error de Derecho.

46.

En primer lugar, se verá que la entrega de una resolución de la Oficina por correo urgente entra dentro del concepto de «notificación por correo», conforme a las reglas 61, apartado 2, letra a), y 62 del Reglamento no 2868/95. En segundo lugar, expondré las razones por las que tal entrega debe asimilarse a una notificación por carta certificada con acuse de recibo, conforme a la regla 62 del Reglamento no 2868/95.

47.

Es cierto, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el auto recurrido, que la entrega por correo urgente no aparece citada expresamente entre los modos de notificación enumerados en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 ni en la regla 62 de este Reglamento, relativa a la notificación por correo. Sin embargo, estimo que esta entrega debe considerarse una notificación por correo por las siguientes razones.

48.

El concepto de «notificación por correo» al que se refieren las reglas anteriormente mencionadas no me parece que pueda ser interpretado de manera estricta o formalista.

49.

En efecto, cabe señalar que en esta regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, la Comisión de las Comunidades Europeas ha citado todos los modos de transmisión posibles o imaginables, como el correo, la entrega al destinatario en los locales de la Oficina, el depósito en un buzón situado en la Oficina, el telefax y otros medios técnicos de transmisión y, por último, el anuncio público.

50.

Esta enumeración demuestra, en mi opinión, que la Comisión ha querido conceder a la Oficina la facultad de utilizar el más amplio abanico de modos de transmisión. Este análisis se ve confirmado por el tenor literal de la regla 61, apartado 2, letra d), de este Reglamento, que prevé la posibilidad de notificar por telefax y «otros medios técnicos». Esta parte de la frase prueba efectivamente que la Comisión no ha querido limitar los modos de transmisión a medios técnicos particulares, sino que ha querido que la Oficina pueda recurrir a todos los medios existentes así como a aquellos que puedan utilizarse con posterioridad a la adopción del Reglamento no 2868/95.

51.

De ello deduzco que el concepto de «notificación por correo», contemplado en las reglas 61, apartado 2, letra a), y 62 del Reglamento no 2868/95, no debe ser interpretado de forma restrictiva, como referido exclusivamente a las prestaciones efectuadas por los operadores nacionales que, con anterioridad a la liberalización del mercado en el sector postal, disponían de un monopolio en este sector de actividad. ( 10 )

52.

Considero que, al citar el correo entre las formas de notificación que puede utilizar la Oficina, la Comisión ha querido referirse al modo de transmisión en sí mismo, es decir, a la comunicación del acto en cuestión en una carta en la que figure una dirección y que es recogida por un prestador de servicios, transportada y distribuida a su destinatario.

53.

Como alegan las partes, una sociedad de correo urgente ofrece una prestación perfectamente comparable a la del operador público o privado que, conforme a la Directiva 97/67, garantiza en la actualidad total o parcialmente la prestación del servicio postal universal en un Estado miembro. Dicha sociedad recoge la carta que contiene la resolución de la Oficina que debe notificarse, la transporta hasta el destinatario y se la entrega.

54.

Finalmente, la comunicación de una resolución de la Oficina por correo urgente permite cumplir el objetivo perseguido por las reglas del Reglamento no 2868/95 relativas a la notificación.

55.

Según la jurisprudencia, la notificación de un acto tiene por objetivo permitir al destinatario tomar conocimiento del mismo y ejercer, en su caso, su derecho a interponer un recurso. ( 11 ) La notificación de una resolución por una sociedad de correo urgente permite cumplir este objetivo, puesto que consiste en la entrega de una versión escrita de esta resolución a su destinatario por un empleado de esta sociedad. Igualmente, sirva como prueba el hecho de que, a veces, el Tribunal de Justicia utiliza también este modo de transmisión para notificar, en el marco de un procedimiento acelerado, la resolución de remisión prejudicial a las partes a las que se refiere el artículo 23 del Estatuto así como las observaciones escritas de estas partes.

56.

Por estas razones, tal entrega debe ser considerada, en mi opinión, una notificación por correo conforme a las reglas 61, apartado 2, y 62 del Reglamento no 2868/95.

57.

El procedimiento de la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo no tiene únicamente como objetivo comunicar el acto en cuestión a su destinatario con el fin de que éste tome conocimiento del mismo. Tiene también como objetivo permitir determinar con exactitud la fecha de esta comunicación con el fin de hacer correr el plazo para recurrir dicho acto. Permite, finalmente, al expedidor disponer, en caso de impugnación, de una prueba de la entrega de la carta a su destinatario, en forma de acuse de recibo firmado por el destinatario o la persona autorizada por éste y cuya identidad ha sido, en principio, comprobada por el empleado que realizó dicha entrega.

58.

La entrega de una resolución por correo urgente permite sin lugar a dudas conocer con exactitud la fecha de esta entrega al destinatario. Como las partes han expuesto, la entrega de una carta por una sociedad de correo urgente da lugar a la firma de un recibo por parte del destinatario o de la persona habilitada por éste para recibir tal documento. La fecha de esta entrega se recoge a continuación en la ficha de seguimiento del envío elaborada por la Secretaría de la Sala de Recurso que haya dictado la resolución de que se trate.

59.

Por otra parte, no creo que una sociedad de correo urgente ofrezca menos garantías, en lo que se refiere a la exactitud de dicha fecha, que el operador encargado, en un Estado miembro, de garantizar total o parcialmente el servicio público universal, del que forman parte los servicios relativos a los envíos certificados, con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 97/67.

60.

En efecto, dicho servicio universal podrá también ser confiado a operadores privados, como indica la definición del concepto «proveedor del servicio universal» que figura en el artículo 2, número 13), de la Directiva 97/67. Además, como resulta del decimoctavo considerando de ésta, la diferencia esencial entre el correo urgente y el servicio postal universal estriba, en realidad, en el valor añadido que aportan los servicios de correo urgente a los clientes y que puede medirse por el precio adicional que los clientes están dispuestos a pagar por estos servicios.

61.

Dicho de otro modo, principalmente por razones de coste, el legislador comunitario decidió que los servicios relativos a los envíos certificados debían formar parte de las prestaciones del servicio universal.

62.

De hecho, las únicas diferencias que me parece que existen, en el presente asunto, entre una entrega por correo urgente y una notificación por carta certificada con acuse de recibo radican en el hecho de que la sociedad de correo urgente no envía sistemáticamente al expedidor el recibo firmado por el destinatario del acto. La Oficina no dispone por tanto con antelación de este medio de prueba de la entrega, que puede oponerse al destinatario en caso de impugnación.

63.

No obstante, esta diferencia, en mi opinión, no tiene carácter determinante en el marco de las reglas de notificación previstas en el Reglamento no 2868/95.

64.

En efecto, conforme a la redacción actual de la regla 61 y de las reglas siguientes de este Reglamento, no resulta con certeza que la notificación de una resolución de la Oficina que haga correr un plazo para recurrir deba efectuarse exclusivamente por correo, mediante una carta certificada con acuse de recibo. Dicho de otro modo, estas reglas pueden ser interpretadas en el sentido de que, si la Oficina opta por notificar tal resolución por correo, deberá hacerlo por carta certificada con acuse de recibo. Sin embargo, no parece descartado que pueda recurrir igualmente a alguno de los otros modos de notificación contemplados en la regla 61, apartado 2, de dicho Reglamento.

65.

Es cierto que la regla 66, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 podría ser interpretada en sentido contrario. A tenor de ésta, «en caso de que no pueda conocerse la dirección del destinatario, o haya sido imposible, después de al menos un intento, proceder a la notificación con arreglo a la regla 62, la notificación se realizará mediante anuncio público». Esta disposición podría en consecuencia ser interpretada en el sentido de que una resolución que haga correr un plazo para recurrir debe ser notificada por correo, por tanto, mediante carta certificada con acuse de recibo y en caso de imposibilidad, mediante anuncio público.

66.

Sin embargo, esta interpretación del sistema de notificación previsto en el Reglamento no 2868/95 se contradice con la regla 61, apartado 3, de éste, a cuyo tenor —cabe recordarlo—, cuando el destinatario haya indicado su número de fax u otros datos para ponerse en contacto con él mediante otros medios técnicos, la Oficina podrá elegir entre cualquiera de esos medios de notificación y la notificación por correo.

67.

En cuanto al propio Tribunal de Primera Instancia, éste ha adoptado claramente una posición al respecto en la sentencia Success-Marketing/OAMI — Chipita (PAN & CO), antes citada, al declarar que, la Oficina no está obligada a proceder a una notificación exclusivamente por correo respecto a las resoluciones con plazo para recurrir, puesto que tal interpretación de la regla 62, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 privaría de efectos útiles a los otros modos de notificación enumerados por la regla 61, apartado 2, de dicho Reglamento. ( 12 ) De ello deduce el Tribunal de Primera Instancia que tales resoluciones pueden ser válidamente notificadas mediante fax. ( 13 )

68.

De acuerdo con la redacción actual de las disposiciones del Reglamento no 2868/95 en materia de notificación, entiendo que esta interpretación es la adecuada. La Oficina podrá, en consecuencia, notificar por correo una resolución que haga correr un plazo para recurrir, conforme a la regla 62 de este Reglamento, o mediante entrega directa, conforme a la regla 63 de dicho Reglamento, o incluso mediante depósito en un buzón en sus locales o, finalmente, mediante telefax y otros medios técnicos. En caso de imposibilidad de recurrir a alguno de estos modos de notificación, deberá proceder mediante anuncio público.

69.

Así pues, ha de tomarse en consideración, respecto a la cuestión examinada en el presente asunto, el hecho de que, cuando la Oficina procede a una notificación por fax, tampoco dispone, en caso de impugnación sobre la recepción de éste, de un documento que pueda oponerse al destinatario con fuerza probatoria equivalente a un acuse de recibo. Por esta razón, sería contradictorio con el sistema de notificación previsto en el Reglamento no 2868/95 considerar que una comunicación por correo urgente no puede ser asimilada a una notificación mediante carta certificada con acuse de recibo, ya que tal comunicación, contrariamente a un simple fax, da lugar, en principio, a la firma de un recibo que puede, en su caso, ser transmitido a la Oficina.

70.

A la vista de estos argumentos, estimo que el auto recurrido, según el cual una notificación por correo urgente no figura entre los modos de notificación previstos en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 y es irregular conforme a la regla 68 de este Reglamento, adolece de error de Derecho en la interpretación de estas reglas así como de la regla 62, apartado 1, de dicho Reglamento.

71.

La Oficina considera que el error de Derecho en que se incurre en el auto recurrido no debe conducir a la anulación de éste. Según la Oficina, el recurso de anulación interpuesto por la recurrente es inadmisible porque la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 no se aplica cuando se ha probado que la entrega al destinatario se produjo en los diez días siguientes al envío del acto por correo urgente.

72.

La Oficina añade que al haber sido entregada la resolución impugnada a la recurrente el 28 de octubre de 2005, el recurso de anulación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el es por consiguiente extemporáneo, ya que se interpuso tras haber expirado el plazo de dos meses contados a partir de dicha entrega, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

73.

No comparto este análisis. Al igual que la recurrente, pienso que la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 se aplica incluso cuando se haya aportado la prueba de la entrega en los diez días siguientes al envío. Fundamento mi postura en las siguientes consideraciones.

74.

Es jurisprudencia reiterada que los plazos para recurrir responden a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia. ( 14 ) Por tanto, los plazos deben estar fijados de manera clara y precisa con el fin de que el destinatario de una decisión pueda saber exactamente a partir de cuándo y en qué plazo podrá, en su caso, impugnarla.

75.

La regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 —cabe recordarlo—, es del siguiente tenor literal:

«En el caso de que la notificación se efectúe mediante carta certificada, con acuse de recibo o sin él, se considerará entregada al destinatario el décimo día siguiente al de su envío por correo, salvo que la carta no hubiese llegado al destinatario o hubiese llegado en una fecha posterior. […]»

76.

Esta disposición prevé expresamente, en este sentido, que los dos únicos supuestos en que la presunción en cuestión debe descartarse son la falta de recepción de la carta por el destinatario o la recepción de ésta más de diez días después del envío por correo. ( 15 ) A la vista del tenor de dicha disposición, esta presunción se aplica en consecuencia incluso cuando el destinatario ha recibido la carta en los diez días siguientes al envío. ( 16 )

77.

Contrariamente a la postura adoptada por el Tribunal de Primera Instancia en el auto recurrido, no pienso que la regla 70 del Reglamento no 2868/95 pueda contradecir este análisis. En efecto, esta regla, según la cual, cuando el acto procesal consista en una notificación, el hecho de referencia será la recepción del documento notificado, prevé expresamente que se aplica «salvo disposición en contrario». La regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 constituye precisamente una disposición contraria. ( 17 )

78.

Es cierto que la aplicación de la presunción establecida en esta última disposición en caso de recepción de la carta en los diez días siguientes al envío puede parecer ilógica a la luz del objetivo del método de notificación por carta certificada con acuse de recibo que es, en principio, fijar con exactitud la fecha en que se tomó conocimiento de la resolución controvertida y, por tanto, el inicio del plazo para recurrir. Desde este punto de vista, la presunción de recepción en el décimo día siguiente al envío sólo debería aplicarse cuando no pueda conocerse con exactitud la fecha de esta recepción, bien porque el destinatario se ha negado a retirar la carta certificada que le fue enviada a su dirección, o bien porque el servicio de correos no ha devuelto el acuse de recibo al remitente.

79.

Por otra parte, como subraya la Oficina, la aplicación de la presunción en caso de recepción de la carta en los diez días siguientes al envío crea una desigualdad de trato entre los destinatarios que residan cerca de la Oficina, que pueden recibir la carta al día siguiente del envío, y los que se encuentran en Estados miembros más alejados, para quienes la duración del transporte del correo puede ser más larga. Gracias a dicha presunción, los primeros disponen por lo tanto de un plazo más largo para decidir si interponen o no un recurso de anulación así como para prepararlo.

80.

Sin embargo, esta falta de lógica y este menoscabo de la igualdad entre los destinatarios no pueden justificar, en mi opinión, la aceptación de una interpretación de la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 que sería contraria al tenor literal claro y preciso de esta disposición. En materia de plazos para recurrir, pienso que deben primar la seguridad jurídica y el derecho de los destinatarios de una resolución a poder saber exactamente de qué plazo disponen.

81.

Observo además que la carta de la Oficina, que acompaña a la copia de la resolución impugnada en el correo urgente entregado a la recurrente el 28 de octubre de 2005, no contenía ninguna precisión sobre el plazo en que se podía impugnar dicha resolución ni sobre el punto de inicio de este plazo. ( 18 )

82.

Si la Oficina desea que la presunción establecida en la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 no se aplique ya cuando se haya probado que la entrega ha tenido lugar en los diez días siguientes al envío por correo, le corresponde pedir a la Comisión que modifique en este sentido el contenido del referido texto. El Reglamento no 2868/95, como ha podido verse, ya ha sido modificado en dos ocasiones, en 2004 y en 2005.

83.

Por estas razones, estimo que la notificación de la resolución impugnada deberá considerarse efectuada el décimo día siguiente a la fecha del envío por correo urgente, es decir, el 5 de noviembre de 2005. De esto se deduce que el plazo de dos meses y diez días establecido para que la recurrente pudiese interponer un recurso contra esta resolución expiraba el . Al ser este día un domingo, la expiración se aplazaba hasta el lunes , con arreglo al artículo 101, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad del recurso de anulación de la resolución impugnada que fue interpuesto ese mismo día.

84.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia anular el auto recurrido, devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva sobre el recurso de anulación de la resolución impugnada y reservar la decisión sobre las costas. ( 19 )

85.

Con carácter subsidiario, aun suponiendo que la entrega de una resolución de la Oficina por correo urgente deba ser considerada contraria al Reglamento no 2868/95, entiendo que la regla 68 de este mismo Reglamento no permitía al Tribunal de Primera Instancia declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación por extemporáneo.

86.

En la medida en que la interpretación de esta regla, que condujo a la solución adoptada en el auto recurrido, guarda relación directa con la duración del plazo para recurrir concedido a la recurrente y en que, según la jurisprudencia, las disposiciones que fijan los plazos para recurrir son de orden público, ( 20 ) corresponde al Tribunal de Justicia comprobar de oficio si dichos plazos han sido respetados. ( 21 )

87.

Como he sostenido anteriormente, de la regla 62, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 resulta que, cuando la notificación de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina por la que se deniega una solicitud de registro de marca comunitaria se efectúa por carta certificada con acuse de recibo, esta notificación se considerará realizada el décimo día después del envío por correo o el día de la entrega si es posterior a dicho plazo de diez días.

88.

De lo anterior se desprende que si la resolución impugnada hubiese sido notificada a la recurrente el 28 de octubre de 2005 por carta certificada con acuse de recibo, el recurso interpuesto por ésta el habría sido admisible.

89.

En efecto, la Oficina, como resulta de las observaciones anteriormente mencionadas y de la sentencia Success-Marketing/OAMI — Chipita (PAN & CO), antes citada, habría podido recurrir a alguno de los otros modos de notificación previstos en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 y, en estos supuestos, la presunción controvertida no habría sido aplicable. Sin embargo, si la Oficina hubiese utilizado alguno de esos otros modos de notificación, la recurrente habría podido determinar exactamente el punto de inicio aplicable del plazo para recurrir. ( 22 ) Este no sería el caso si el Tribunal de Justicia estimara que la entrega por correo urgente es irregular y no corresponde a ninguno de los modos de notificación enumerados en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95.

90.

En efecto, en esta situación, habría sido necesario que la recurrente estuviese convencida de esa irregularidad y de que la regla 68 del Reglamento no 2868/95 fuese aplicable. Ahora bien, no pienso que se pueda imponer a esta sociedad la obligación de saber que la práctica de notificación utilizada usualmente por la Oficina era irregular.

91.

En consecuencia, estimo que una infracción por la Oficina de la normativa aplicable en materia de notificación no puede tener como efecto privar a la recurrente del beneficio del plazo para recurrir más favorable del que ésta habría podido disfrutar si dicha normativa hubiese sido respetada.

92.

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia citada anteriormente, los plazos para recurrir no tienen carácter dispositivo ni para las partes ni para el Juez y se imponen como disposiciones imperativas de orden público. La Oficina no puede, por tanto, mediante una práctica irregular, excluir los plazos para recurrir que resultan de las disposiciones del Reglamento no 2868/95 relativas à la notificación de sus resoluciones.

93.

En la medida en que la regla 68 del Reglamento no 2868/95 debería conducir a declarar la inadmisibilidad del recurso, considero que esta regla es ilegal y su aplicación debe quedar excluida. Esto implica que si el Tribunal de Justicia considerase que la entrega por correo urgente de la resolución impugnada es contraria a los requisitos exigidos por el Reglamento no 2868/95, debería estimarse que esta entrega carece de efecto. En este sentido, la Oficina deberá notificar la resolución impugnada por alguno de los modos de notificación previstos en la regla 61, apartado 2, de este Reglamento.

94.

Esta solución es la que me parece imponerse, máxime cuando en el presente asunto la recurrente había comunicado a la Oficina su número de fax, de forma que ésta última tenía la posibilidad de recurrir a alguno de los modos de notificación expresamente previstos en la regla 61, apartado 2, del Reglamento no 2868/95.

95.

Por las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia resolver como sigue: