(véanse el apartado 37 y el punto 1 del fallo)

(véanse los apartados 54 y 58 y el punto 1 del fallo)

(véanse el apartado 71 y el punto 1 del fallo)

(véanse el apartado 78 y el punto 1 del fallo)

Para determinar si la violación está suficientemente caracterizada, hay que tener en cuenta todos los elementos que caractericen la situación. Entre dichos elementos figuran, principalmente, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho y la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una institución comunitaria hayan podido contribuir a la adopción o al mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho comunitario. La apreciación de estos criterios debe ser efectuada, en principio, por los órganos jurisdiccionales nacionales, conforme a las orientaciones suministradas por el Tribunal de Justicia para dicha apreciación.

En el supuesto de que el examen del sistema de indemnización establecido ponga de manifiesto una deficiencia en la adaptación del Derecho interno a la Directiva 84/5, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, y de que esta deficiencia haya causado un perjuicio al particular, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si el incumplimiento apreciado de la obligación de adaptación del Derecho interno está suficientemente caracterizado.

(véanse los apartados 83 y 86 a 88 y el punto 2 del fallo)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 4 de diciembre de 2003(1)

«Aproximación de las legislaciones – Directiva 84/5/CEE – Seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil – Daños causados por vehículos no identificados o asegurados insuficientemente – Protección de las víctimas – Adaptación incorrecta del Derecho interno – Responsabilidad del Estado miembro»

En el asunto C-63/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Samuel Sidney Evans

y

Secretary of State for Environment, Transport and the Regions, Motor Insurers' Bureau,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),,

integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward y S. von Bahr, Jueces;

Abogado General: Sr. S. Alber;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

–

en nombre del Sr. Evans, par los Sres. R. Plender, QC, y D. Broatch, Barrister;

–

en nombre del Motor Insurers' Bureau, par los Sres. D. O'Brien, QC, y F. Randolph, Barrister;

–

en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Roth, QC, y la Sra. H. Davies, Barrister;

–

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. C. Tufvesson y los Sres. C. Ladenburger y M. Shotter, en calidad de agentes;

oídas las observaciones orales del Sr. Evans, representado por los Sres. R. Plender y D. Broatch; del Motor Insurers' Bureau, representado por los Sres. D. O'Brien y F. Randolph; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. J.E. Collins, en calidad de agente, el Sr. P. Roth y la Sra. H. Davies, y de la Comisión, representada por el Sr. M. Shotter, expuestas en la vista de 11 de julio de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública 24 de octubre de 2002,

dicta la siguiente

Sentencia

–

para los daños corporales, a 350 000 ECUS cuando no haya más que una víctima; cuando haya varias víctimas de un solo siniestro, dicho montante será multiplicado por el número de las víctimas,

–

para los daños materiales, a 100 000 ECUS por siniestro cualquiera que sea el número de víctimas.

–

El Acuerdo se aplica en todos aquellos casos en que se reclame al MIB una indemnización por la muerte o por los daños corporales ocasionados a una persona por la utilización de un vehículo automóvil en una vía pública en Gran Bretaña, siempre que el solicitante no pueda encontrar a una persona responsable de la muerte o de los daños corporales, salvo en determinadas condiciones que carecen de pertinencia en el presente caso (cláusula 1).

–

Cuando se le presente una solicitud en un caso al que sea aplicable el Acuerdo, el MIB debe pagar una cantidad que deberá determinarse en las mismas condiciones en las que un órgano jurisdiccional fijaría, con arreglo al Derecho vigente en la materia, la cuantía de la indemnización que el solicitante hubiera podido obtener del responsable no identificado (cláusula 3).

–

El MIB debe examinar cada solicitud de indemnización que se le presente con arreglo al Acuerdo para determinar si debe estimarla (cláusula 7).

–

EL MIB está obligado a notificar al solicitante una decisión motivada relativa a su intervención. Si debe pagarse una indemnización, el MIB ha de notificar al solicitante la cantidad que tiene la intención de abonar, precisando el método de cálculo. Si el solicitante acepta dicha indemnización, el MIB debe abonar la cantidad (cláusulas 9 y 10).

–

El solicitante tiene derecho a impugnar ante un árbitro cualquier aspecto de las decisiones del MIB (cláusula 11).

–

Antes de presentar demanda de arbitraje, el solicitante tiene derecho a presentar ante el MIB sus observaciones sobre la decisión y a aportar nuevas pruebas en relación con su solicitud. El MIB puede examinar estas nuevas pruebas y debe informar al solicitante del resultado de dicho examen y de cualquier modificación que efectúe en su decisión (cláusula 13).

–

Al resolver la demanda de arbitraje, el árbitro determina si el MIB está obligado a pagar una indemnización en virtud del Acuerdo y, en caso afirmativo, fija la cuantía que el MIB ha de abonar al solicitante (cláusula 16).

–

El árbitro es elegido de una lista de Abogados del Reino (Queen’s Counsels) designados por el Lord Chancellor y el Lord Advocate (cláusula 18).

–

El árbitro resuelve basándose en los documentos que se le hayan presentado, si bien puede ordenar al MIB que realice exámenes adicionales, sobre cuyo resultado el solicitante puede presentar observaciones (cláusula 17).

–

Cada una de las partes del procedimiento arbitral carga con sus propias costas (cláusula 21). El MIB debe abonar los honorarios del árbitro, salvo que éste considere que no existía ningún motivo razonable para presentar la demanda de arbitraje, en cuyo caso puede decidir que sea el solicitante quien abone sus honorarios (cláusula 22).

–

el Acuerdo no contiene disposiciones relativas a la concesión de intereses sobre la indemnización concedida;

–

el Acuerdo tampoco contiene disposiciones sobre el reembolso de los gastos en que incurren las víctimas con ocasión del procedimiento de indemnización;

–

el acceso de las víctimas a la justicia es insuficiente, ya que sólo pueden impugnar las decisiones del MIB en todos sus aspectos ante un árbitro y no ante un órgano jurisdiccional;

–

el Reino Unido no ha autorizado debidamente a un organismo cuya misión sea indemnizar a las víctimas de vehículos no identificados, como impone la Segunda Directiva, ya que el Acuerdo no confiere a las víctimas derechos que puedan hacer valer directamente frente al MIB.

«1)

La Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (en lo sucesivo, “Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil”) ¿debe interpretarse en el sentido de que

a)

las disposiciones relativas a la concesión de una indemnización por parte del organismo creado o autorizado con arreglo al artículo 1, apartado 4, deben prever el pago de intereses sobre las cantidades que deban pagarse por daños corporales o materiales?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), ¿a partir de qué fecha y sobre qué base deben calcularse dichos intereses?

2)

Cuando el propio organismo indemnizador tiene la obligación de investigar los daños sufridos por la víctima (y de soportar los costes de dicha investigación, incluidos los costes de informes médicos y de otro tipo), el artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil, ¿debe interpretarse en el sentido de que

a)

las disposiciones relativas a la concesión de una indemnización por parte de dicho organismo deben prever el reembolso de los gastos efectuados por una víctima para preparar y presentar la solicitud de indemnización dirigida a dicho organismo?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a), ¿sobre qué base deben calcularse tales gastos cuando dicho organismo hubiera propuesto a la víctima una indemnización superior a la que finalmente se le abonó y la víctima la hubiera rechazado?

3)

Si la solicitud de indemnización de la víctima es resuelta por un organismo que no es un órgano jurisdiccional, el artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil, ¿debe interpretarse en el sentido de que la víctima debe tener pleno derecho a impugnar dicha decisión ante un órgano jurisdiccional, tanto sobre cuestiones de hecho como sobre cuestiones de Derecho, y no sólo a presentar una demanda de arbitraje ante un árbitro independiente cuyas principales características son las siguientes:

i)

la víctima puede plantear al árbitro cuestiones de hecho y de Derecho;

ii)

en su demanda de arbitraje la víctima puede formular nuevas alegaciones y aportar nuevas pruebas al organismo responsable de la indemnización, sobre cuya base éste puede modificar su decisión antes de que se resuelva la demanda de arbitraje;

iii)

la víctima recibe por anticipado copia de toda la documentación que va a proporcionarse al árbitro y tiene la posibilidad de añadir a ésta cualquier documento que desee como contestación;

iv)

el árbitro dicta, sin audiencia previa, un laudo motivado en el que fija la indemnización que debe pagar dicho organismo;

v)

si la víctima no está de acuerdo con dicho laudo, tiene derecho a recurrir contra él ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, pero sólo puede alegar irregularidades graves en el arbitraje o cuestiones de Derecho (incluidas la existencia de pruebas suficientes para sustentar una determinada conclusión del árbitro y la imposibilidad de que, con las pruebas disponibles, un árbitro hubiera llegado razonablemente a una determinada conclusión) y, en el caso de un recurso en relación con una cuestión de Derecho, para poder interponerlo necesita la autorización del órgano jurisdiccional, que sólo la otorga cuando el laudo arbitral adolezca de errores manifiestos y, en función de todas las circunstancias, resulte justo y apropiado que un órgano jurisdiccional resuelva la cuestión?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), y/o a la segunda cuestión, letra a), y/o a la tercera cuestión, ¿debe considerarse que un Estado miembro ha autorizado debidamente a un organismo con arreglo al artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil cuando la misión de un organismo existente consiste en resarcir a las víctimas con arreglo únicamente a un acuerdo con las autoridades competentes de dicho Estado miembro cuyas disposiciones no se ajustan a la Segunda Directiva en esos puntos y:

a)

cuando dicho acuerdo crea una obligación legal frente a la autoridad competente del Estado miembro de resarcir a las víctimas directamente exigible por ésta y no otorga a las víctimas un derecho legal directamente exigible a impugnar las decisiones de dicho organismo, y cuando, sin embargo, las víctimas pueden solicitar a un órgano jurisdiccional que ordene a la autoridad competente que hagan cumplir el acuerdo en el supuesto de que ésta incumpla dicha obligación;

b)

cuando además dicho organismo cumple con esa obligación legal aceptando y pagando las reclamaciones presentadas por las víctimas con arreglo a dicho acuerdo; y

c)

cuando el Estado miembro consideraba de buena fe que las disposiciones de dicho acuerdo dispensaban a las víctimas una protección al menos tan eficaz como la exigida en la Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil?

5)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), o a la segunda cuestión, letra a), o a la tercera cuestión, y/o de respuesta negativa a la cuarta cuestión, el incumplimiento de la Segunda Directiva sobre el seguro del automóvil a este respecto, ¿constituye una violación de un Estado miembro suficientemente grave como para generar su responsabilidad pecuniaria con arreglo al Derecho comunitario si se acredita que efectivamente se causó un perjuicio? »

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),