1. Ayudas otorgadas por los Estados – Proyectos de ayudas – Examen por la Comisión – Fase preliminar y fase contradictoria – Compatibilidad de una ayuda con el mercado común – Dificultades de apreciación – Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio
[Art. 93, aps. 2 y 3, del Tratado CE (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3)]
2. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se declara la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común sin incoar un procedimiento de investigación formal – Recurso de los interesados en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) – Admisibilidad
[Arts. 93, aps. 2 y 3, del Tratado CE (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3), y 173, párr. 4, del Tratado CE (actualmente, art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]
3. Actos de las instituciones – Motivación – Obligación – Alcance – Consideración del contexto y del conjunto de normas jurídicas
[Art. 190 del Tratado CE (actualmente art. 253 CE)]
4. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Carácter jurídico – Interpretación partiendo de elementos objetivos – Acuerdo de reserva – Apreciación según el criterio del inversor privado
[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]
5. Recurso de anulación – Motivos – Desviación de poder – Concepto
[Art. 173 del Tratado CE (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]
1. El procedimiento del artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2), tiene carácter necesario cuando la Comisión encuentra serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. La Comisión únicamente puede limitarse a la fase previa del artículo 93, apartado 3, para adoptar una decisión favorable a una ayuda, si, después de un primer examen, le es posible llegar a la convicción de que esta ayuda es compatible con el Tratado. Por el contrario, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción opuesta, o bien no le permite superar todas las dificultades planteadas por la apreciación de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, la Comisión tiene el deber de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, para ello, el procedimiento del artículo 93, apartado 2.
(véanse los apartados 59 a 61)
2. Puesto que las empresas competidoras directas de una empresa beneficiaria de una ayuda tienen la condición de interesadas en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2), debe considerarse que resultan directa e individualmente afectadas por una Decisión de la Comisión que haya declarado la ayuda concedida compatible con el mercado común sin haber iniciado el procedimiento con arreglo al artículo 93, apartado 2, y, por tanto, debe declararse admisible el recurso de anulación interpuesto por ellas contra dicha decisión.
(véanse los apartados 69 y 73)
3. El respeto de la obligación de motivación debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto impugnado, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.
(véase el apartado 94)
4. El concepto de ayuda de Estado, tal y como se define en el Tratado, tiene carácter jurídico y debe interpretarse partiendo de elementos objetivos.
Una medida que un establecimiento público adopta en relación con una empresa privada en forma de un acuerdo de reserva no puede, por el simple hecho de que las partes se comprometan a realizar prestaciones recíprocas, ser excluida a priori del concepto de ayuda, en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación); su calificación depende de si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría recibido en condiciones normales de mercado.
(véanse los apartados 106 a 108)
5. Una decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos determinante, de conseguir otros fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso.
(véase el apartado 164)