A.

En primer lugar, es preciso señalar que el Gobierno de la República Francesa propone desdoblar la cuestión planteada y volver a formularla de la siguiente manera:

Las diversas observaciones presentadas se ajustan asimismo a este esquema.

El Gobierno fiancés y el Gobierno alemán señalan que es necesario acoger una interpretación autónoma del concepto de «en materia de derechos reales inmobiliarios» que utiliza el apartado 1 del artículo 16 del Convenio. El Gobierno francés alega que eso es lo que, en la sentencia de 15 de enero de 1985, Rosier contra Rottwinkel (241/84, Rec. 1985, p. 99), ya hizo el Tribunal de Justicia en lo relativo al concepto de «contratos de arrendamiento de bienes inmuebles», que figura en esa misma norma. El Gobierno francés añade que dicha interpretación se impone con tanta mayor fuerza cuanto que el concepto de derecho real no se configura en los diferentes Estados miembros en términos idénticos.

El Gobierno alemán se pronuncia asimismo a favor de una interpretación autónoma del referido concepto, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia recoge con frecuencia una interpretación autónoma de los conceptos de Derecho material del Convenio, actitud que se impone, incluso con mayor razón, cuando se trata de conceptos de Derecho procesal.

La Comisión alega, por su parte, que sería útil poder acoger una interpretación autónoma del concepto mismo de acción pauliana. Sin embargo, ello resulta muy difícil, en la medida en que dicho concepto no es conocido en todos los Estados y en que, en la propia Francia, existen controversias acerca de su naturaleza. En vista de lo cual, es'preciso determinar si, tal como está concebida en el Derecho francés, la referida acción, cuando versa sobre inmuebles, se incluye en la materia de «derechos reales inmobiliarios», a los efectos del apartado 1 del artículo 16.

B.

Tanto los diferentes Gobiernos que han presentado observaciones escritas como la Comisión estiman que la acción ejercitada por la sociedad Dresdner Bank contra los esposos Reichert no está incluida en la materia de los derechos reales inmobiliarios, a los efectos del apartado 1 del artículo 16. Las razones esgrimidas pueden clasificarse en tres categorías.

C.

La Comisión aduce cierto número de argumentos en lo relativo a la eventual aplicación del apartado 3 del artículo 5 del Convenio, a cuyo tenor las personas podrán ser demandadas, «en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso». La Comisión alega que el requisito del fraude es un elemento común a los diferentes Derechos que conocen la acción pauliana. Así pues, la Comisión estima que eventualmente la competencia podría basarse en el apartado 3 del artículo 5, con la doble condición de que existan una intención de dañar y un perjuicio. De este modo, según la Comisión es concebible una interpretación autónoma del Convenio, con arreglo a la cual la acción pauliana podría incluirse en la materia delictual o cuasidelictual.

La Comisión se pregunta asimismo si no sería posible basarse en el artículo 24 del Convenio, que versa sobre las medidas cautelares, habida cuenta de que un sector de la doctrina considera que la acción pauliana forma parte de la categoría de las medidas cautelares.

—

nombre del Dresdner Bank, por el Sr. Jestaedt, Abogado;

—

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. Régis de Gouttes, asistido por el Sr. Géraud de Bergues, en calidad de Agentes;

—

en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. C. Böhmer, en calidad de Agente;

—

en nombre del Gobierno británico, por la Srta. J. A. Gensmantel, del Treasury Solicitor's Department, asistida por el Sr. C. L. Carpenter, del Lord Chancellor's Department, en calidad de Agentes;

—

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. O. Fiumara, Avvocato dello Stato, en calidad de Agente;

—

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. G. Kremlis, miembro del Servicio Jurídico, asistido por el Sr. G. Cherubini, funcionario italiano destinado en la Comisión en virtud del régimen de intercambio con los funcionarios nacionales, en calidad de Agentes,

1

Mediante resolución de 18 de noviembre de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de abril de 1988, la Cour d'appel de Aix-en-Provence planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, el «Convenio»), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 16 de dicho Convenio.

2

Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. y la Sra. Reichert y su hijo, Sr. Mario Peter Antonio Reichert, por una parte, y el Dresdner Bank, por otra.

3

EI Sr. y Ia Sra. Reichert, que residen en la República Federal de Alemania, son propietarios de bienes inmuebles radicados en el término municipal de Antibes (Francia, departamento de los Alpes marítimos), cuya nuda propiedad donaron a su hijo Mario Reichert mediante escritura pública otorgada en una notaría de Creutzwald (Francia, departamento del Mosela). Dicha donación fue impugnada por el Dresdner Bank, acreedor de los esposos Reichert, ante el Tribunal de grande instance de Grasse, en cuya demarcación están radicados los bienes litigiosos, basándose en el artículo 1167 del Código Civil francés, conforme al cual los acreedores pueden «en su propio nombre, impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho», ejercitando de este modo la denominada acción «pauliana».

4

Los esposos Reichert se opusieron a la competencia del Tribunal de grande instance de Grasse, el cual se declaró competente mediante resolución de 20 de febrero de 1987, basándose en el apartado 1 del artículo 16 del Convenio, en virtud del cual son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio, «en materia de derechos reales inmobiliarios [...] los Tribunales del Estado contratante donde el inmueble se hallare sito».

5

Los esposos Reichert impugnaron la referida resolución mediante una cuestión de competencia promovida ante la Cour d'appel de Aix-en-Provence, la cual decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la siguiente cuestión prejudicial:

«Al disponer que, en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, tendrán competencia exclusiva los Tribunales del Estado contratante donde el inmueble se hallare sito, ¿pretende el Convenio de Bruselas establecer una norma para determinar la competencia, sin referencia alguna a la clasificación de las acciones en acciones personales, acciones reales y acciones mixtas, teniendo únicamente en cuenta el fondo jurídico, es decir, la naturaleza de los derechos en cuestión, de tal modo que la norma de competencia así establecida permita al acreedor que impugna los actos realizados por el deudor en fraude de sus derechos —en el caso presente, una donación de derechos reales inmobiliarios— ejercitar su acción ante el tribunal del Estado contratante donde el inmueble se halle sito?»

6

Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

7

Tanto de los propios términos de la cuestión planteada como de los fundamentos de la resolución de la Cour d'appel de Aix-en-Provence se desprende que dicho órgano jurisdiccional querría saber si está incluido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 16 del Convenio el supuesto en el que, mediante una acción regulada en un Derecho nacional (en el caso de autos, la acción pauliana del Derecho francés), un acreedor impugna una donación de inmueble que estime que su deudor ha realizado en fraude de su derecho.

8

En primer lugar, y a fin de garantizar en la medida de lo posible la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que para los Estados contratantes y las personas interesadas se derivan del Convenio, procede determinar de manera autónoma en Derecho comunitario el sentido de la expresión «en materia de derechos reales inmobiliarios», como por lo demás ya ha hecho este Tribunal de Justicia, con respecto a otros de los supuestos de competencia exclusiva que prevé el artículo 16, en las sentencias de 14 de diciembre de 1977 (Sanders contra Van der Putte, 73/77, Rec. 1977, p. 2383, concepto de «contratos de arrendamiento de bienes inmuebles», apartado 1 del artículo 16) y de 15 de noviembre de 1983 (Duijnstee contra Lodewijk Goderbauer, 288/82, Rec. 1983, p. 3663, concepto de litigio «en materia de inscripciones o validez de patentes», apartado 4 del artículo 16).

9

En segundo lugar, procede señalar que, según ya ha declarado este Tribunal de Justicia, el artículo 16 no debe ser interpretado en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad, habida cuenta de que tiene como efecto privar a las partes de la posibilidad de designar un fuero que de otro modo sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas (sentencia de 14 de diciembre de 1977, Sanders contra Van der Putte, ya citada).

10

Desde este punto de vista, es preciso tener en cuenta el hecho de que la razón fundamental de la competencia exclusiva de los tribunales del Estado contratante donde el inmueble se halle sito es la circunstancia de que el Tribunal del lugar es el que, habida cuenta de la proximidad, se encuentra en mejores condiciones para tener un buen conocimiento de las situaciones de hecho y para aplicar unas normas y unos usos que, en general, son los del Estado donde está situado el inmueble (sentencias de 14 de diciembre de 1977, Sanders contra Van der Putte, ya citada, y de 15 de enero de 1985, Rosier contra Rottwinkel, 241/83, Rec. 1985, p. 99).

11

En vista de lo cual, el apartado 1 del artículo 16 debe interpretarse en el sentido de que la competencia exclusiva de los Tribunales del Estado contratante donde el inmueble se halle sito no engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios, sino ùnicamente aquellas que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas y sean de aquéllas destinadas a determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión de un bien inmueble, o la existencia de otros derechos reales sobre dichos bienes, y a garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las facultades vinculadas a sus títulos.

12

Ahora bien, la denominada acción «pauliana» tiene su fundamento en el derecho de crédito, derecho personal del acreedor frente a su deudor, y tiene por objeto proteger la garantía que el patrimonio del segundo puede suponer para el primero. Si prospera la acción, su efecto es el de hacer ineficaz frente al acreedor que la interpuso el acto dispositivo realizado por el deudor en fraude de su derecho. Además, su examen no requiere la apreciación de los hechos ni la aplicación de las normas y los usos del lugar donde radique el bien, exigencias que podrían justificar la competencia de un Juez del Estado en donde el inmueble se hallare sito.

13

Por último, aunque las normas sobre publicidad inmobiliaria registrai vigentes en algunos Estados miembros exigen la publicidad de las acciones judiciales encaminadas a que se revoquen o a que se declaren inoponibles frente a terceros los actos relativos a los derechos sujetos a esta forma de publicidad, así como la publicación de las resoluciones judiciales dictadas como consecuencia de dichas acciones, esta circunstancia no basta por sí misma para determinar la competencia exclusiva de los Tribunales del Estado contratante en donde se halle sito el inmueble objeto de los referidos derechos. En efecto, la protección jurídica de los terceros, que constituye la finalidad de tales normas de Derecho nacional, puede ser garantizada en caso necesario mediante la publicación en la forma y en los lugares previstos por la ley del Estado contratante en donde el inmueble se halle sito.

14

De lo anterior se deduce que la referida acción, mediante la que un acreedor impugna un contrato de compraventa de un inmueble celebrado por un deudor suyo o una donación efectuada por este último, no está incluida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 16.

15

Por consiguiente, a la cuestión planteada por la Cour d'appel de Aix-en-Provence procede responder que no está incluida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 16 del Convenio la acción ejercitada por un acreedor con el fin de que se declare ineficaz frente al mismo un acto de disposición relativo a un derecho real sobre un bien inmueble cuando dicho acto, según el acreedor, haya sido realizado por el deudor en fraude de su derecho.

16

Los gastos efectuados por los Gobiernos de la República Francesa, de la República Federal de Alemania, del Reino Unido, de la República Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour d'appel de Aix-en-Pro-vence, mediante resolución de 18 de noviembre de 1987, decide:

Declarar que no está incluida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 16 del Convenio la acción ejercitada por un acreedor con el fin de que se declare ineficaz frente al mismo un acto de disposición relativo a un derecho real sobre un bien inmueble cuando dicho acto, según el acreedor, haya sido realizado por el deudor en fraude de su derecho.