CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JOSÉ LUÍS DA CRUZ VILAÇA

presentadas el 24 de septiembre de 1986 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

A. La excepción de inaclmisibilidad del recurso

En su escrito de dúplica, la Comisión plantea como cuestión preliminar la admisibilidad del recurso. En su opinión, éste no es admisible por no haberse presentado la reclamación dentro del plazo previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, ya que ésta se formuló más de tres meses después de la publicación del anuncio de concurso COM/736/84, que, como subraya la Comisión, constituye una medida de carácter general.

Es obvio que no se puede oponer dicha excepción a la pretensión del demandante, habida cuenta de su reincorporación. Esta última llegó a su conocimiento en octubre de 1984 y presentó su reclamación el 6 de diciembre, es decir, dentro del plazo de tres meses previsto por el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

Por lo que respecta a la pretensión de anular el concurso y el nombramiento de un Jefe de división, a primera vista no parece que, dado que el demandante ha desistido de ella, sea procedente analizar la cuestión de la admisibilidad.

Sin embargo, no hay duda de que en la vista el demandante formulò una nueva pretensión que, si no existiesen otros motivos para rechazarla, sólo podría ser examinada, en nuestra opinión, si la pretensión inicial, tal como se recoge en la demanda, fuese admisible. ¿Tendría sentido condenar a la Comisión al pago de daños y perjuicios y/o a las costas a causa de una conducta eventualmente ilegal, manifestada a través de los mismos hechos en que se basa determinada pretensión, cuando ésta no es admisible?

Por lo tanto, estamos obligados a examinar la cuestión de la admisibilidad de tal pretensión.

Sin embargo, como veremos a continuación, resulta que otro motivo que no tiene nada que ver con la admisibilidad de la petición inicial, se opone a la admisibilidad de la nueva petición formulada por el demandante, de modo que no procede examinar aquí esta primera cuestión.

B. La pretensión del pago de daños y perjuicios

Como hemos visto, el demandante solicitó en la vista que se condenase a la Comisión al pago de un ecu en concepto de daños y perjuicios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Sin embargo, dicho artículo sólo permite —en ciertas circunstancias— la alegación de nuevos motivos. De ningún modo permite a las partes formular en la vista peticiones totalmente distintas a las iniciales. En consecuencia, la pretensión del pago de daños y perjuicios formulada en esta fase del procedimiento es inadmisible.

Sin embargo, creemos que el Tribunal puede condenar de oficio a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido por el demandante si su conducta indica una falta en el servicio o bien si existe cualquier otra razón que lo justifique. En realidad, las normas del artículo 91, apartado 1, del Estatuto dan en este sentido al Tribunal una competencia jurisdiccional plena (véanse asuntos 44/59, Fiddelaar contra Comisión, Rec. 1960, p. 1077, y 24/79, Oberthiir contra Comisión, Rec. 1980, p. 1743).

Pero en el expediente consta que la Comisión siempre ha afirmado, tanto en la correspondencia con el demandante como en la fase escrita del procedimiento anterior al escrito de dúplica, que la candidatura del demandante al puesto de Jefe de división ni siquiera había sido tomada en cuenta. Sólo en el momento de la dúplica la Comisión ha reconocido, en contra de lo que había dicho hasta entonces, que la candidatura del demandante había sido examinada. Tal hecho ha tenido sin duda repercusiones en la estrategia del demandante que, como él mismo ha manifestado en la vista, muy bien podría haber evitado su acción ante el Tribunal o, si a pesar de todo hubiera presentado recurso, sin duda habría sido con arreglo a elementos totalmente distintos de los utilizados en este caso. Como prueba de lo anterior, conviene resaltar que los tres primeros motivos alegados por el demandante sin duda no podrían ser considerados pertinentes, ya que pretendían atacar la supuesta negativa de la Comisión a examinar la candidatura del interesado.

Por tanto, la Comisión no ha mostrado la diligencia debida para evitar tales consecuencias (tanto más cuanto que desde el principio disponía de las actas del concurso), de modo que dicho organismo no ha respetado las reglas de una buena administración y ello de un modo que permite poner en duda su escrupuloso respeto del principio de la buena fe en el desarrollo del proceso de selección. Así, ha cometido una falta de servicio frente a uno de sus funcionarios, que compromete su responsabilidad.

Por ello sugerimos al Tribunal de Justicia que condene de oficio a la Comisión al pago de una indemnización por daños y perjuicios que podría valorarse en la cifra simbólica de un ecu, para compensar el perjuicio moral que la conducta de la administración ha producido al demandante.

C. La decisión de reincorporación del demandante en calidad de revisor

El demandante alega que su reingreso en calidad de revisor, y no en su puesto anterior de Jefe de un servicio especializado, no sólo afecta a sus intereses morales sino también a sus expectativas de futuro, en particular a la posibilidad de ser promovido al puesto de Jefe de división. El demandante solicita, pues, que se anule la atribución de su nuevo destino.

Sin embargo, consideramos que esta pretensión no puede prosperar.

De hecho, el artículo 40, apartado 4, letra d), del Estatuto determina que al acabar una situación de excedencia voluntaria, el funcionario debe incorporarse a un puesto de su categoría o del nivel correspondiente a su grado.

Así pues, el demandante tenía el grado LA 4 antes de su situación de excedencia voluntaria, y fue reincorporado con el mismo grado. El Anexo I del Estatuto señala que este grado corresponde al puesto de revisor, de modo que no puede decirse que las funciones actualmente ejercidas por el demandante y su puesto no correspondan a su grado.

En este sentido, hemos tenido en cuenta las consideraciones del Abogado General Mayras, respecto a la interpretación del artículo 7 del Estatuto en un caso similar, recogidas en sus conclusiones en el asunto Kuhner contra Comisión, Rec. 1980, pp. 1700, 1706 y siguientes.

En dicho asunto, un funcionario de grado A 4 de la Comisión, que ejercía las funciones de Jefe de servicio especializado en la división F de la Oficina estadística (estadísticas de las relaciones exteriores, transportes y servicios), con ocasión de una reorganización, fue nombrado administrador principal encargado de tareas específicas, nombramiento que recurrió ante el Tribunal de Justicia. El Abogado General Mayras consideró que, dadas las circunstancias en que se había producido esta modificación de la posición del funcionario, la Comisión, aun sin infringir la letra de los artículos 5 y 7 del Estatuto, había incumplido su deber de tutela (Fürsorgepflicht) frente a uno de sus funcionarios al hacerle sufrir un «retroceso de hecho».

En el caso que nos ocupa, sin embargo, no creemos que el procedimiento contenga elementos que permitan llegar a esta última conclusión.

De hecho, la naturaleza exacta de las funciones desempeñadas por el demandante antes de su excedencia voluntaria no ha sido aclarada ni durante la fase escrita ni en la vista oral. El propio interesado ha utilizado indistintamente las designaciones de «jefe de equipo», de «jefe de sector» (aparentemente como algo equivalente a «jefe de servicio especializado») e incluso de «jefe de sección», sin efectuar una clara distinción entre los términos recogidos en el Estatuto y la terminología utilizada en la práctica administrativa.

Para la Comisión, la obligación de reintegrar al demandante en sus funciones de jefe de servicio especializado implicaría sin duda la anulación del proceso de transformación del servicio en división (cuya dirección no había sido concedida al demandante), lo que equivaldría a negar a la institución la posibilidad de tomar decisiones y adquirir responsabilidades relativas a la organización y mejora de los servicios, posibilidad reconocida por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia (asuntos 66/75, Macevicius contra Parlamento, Rec. 1976, p. 603, y 61/76, Geist contra Comisión, Rec. 1977, pp. 1419, 1434). Por otra parte, hay que señalar que el demandante en el punto 5 de sus conclusiones acaba solicitando su reingreso «al menos en su anterior puesto de Jefe del equipo francés», manifestando así finalmente que desea un puesto equivalente al que ocupaba antes de entrar en la situación de excedencia voluntaria.

Ello tampoco clarifica demasiado el asunto, dado que la organización de la división de traducción en Luxemburgo no ha quedado lo bastante definida como para saber si en su organigrama existen o existían puestos de jefes de equipo en el sentido del Estatuto, a pesar de que en su nota de 4 de diciembre de 1984, el Director General de Personal señala la intención que tiene la administración de confiar al interesado un puesto de Jefe de equipo.

El expediente no aporta, pues, elementos lo bastante seguros como para concluir que el interesado haya sufrido un retroceso significativo o una seria disminución de sus funciones como consecuencia de su reincorporación.

Por ello no vemos motivos lo bastante sólidos que nos permitan considerar que las circunstancias del caso impiden la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud de la cual «la norma de correspondencia entre el grado y el empleo, recogida en particular en el artículo 7 del Estatuto, implica, en caso de modificación de las funciones de un funcionario, no una comparación entre sus funciones actuales y las anteriores, sino entre sus funciones actuales y su grado en la jerarquía» (asuntos acumulados 33 y 75/79, Kuhner contra Comisión, Rec.1980, pp. 1677, 1697, y asunto 66/75, Macevicius contra Parlamento, Rec. 1976, p. 604).

En efecto, el demandante no niega que sus actuales funciones de revisor correspondan a su grado LA 4.

D. Costas

El demandante ha desistido de la mayor parte de sus pretensiones y ha renunciado a los motivos alegados considerando que no podían prosperar, y ello por las razones que han sido ya analizadas al tratar de la demanda de daños y perjuicios por conducta ilícita de la Comisión. Como se ha demostrado, ello se debe a la conducta de la Comisión, que hasta el momento procesal de la dúplica no manifestó que había examinado la candidatura del demandante.

No hay duda de que el hecho de haber ocultado al demandante dicho elemento, luego afirmado en la dúplica, ha incitado, o acaso determinado, a éste a presentar el recurso y a alegar los motivos mencionados.

En tales circunstancias, consideramos que no deben correr por cuenta del demandante los gastos causados por el recurso, aunque éste no haya prosperado.

En consecuencia, en nuestra opinión, y de modo análogo a lo decidido por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 27 de enero de 1983 (en el asunto 263/81, List contra Comisión, Rec. 1983, pp. 103, 118), procede aplicar el artículo 69, apartado 3, párrafo 2, del Reglamento de Procedimiento, en virtud del cual el Tribunal de Justicia puede condenar a una parte, incluso si ha ganado, a pagar a la otra los gastos en que ésta ha incurrido en un procedimiento fundado en la conducta lesiva de la primera.

Por ello, y con arreglo a las anteriores consideraciones, proponemos al Tribunal que:

( *1 ) Traducido del portugués.