1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.

4.

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

5.4

6.

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

7.

7.1

7.2

7.3

8.

9.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

1.

La conectividad es un elemento fundamental de la transformación digital. Reviste una importancia estratégica para el crecimiento y la innovación en todos los sectores económicos de la Unión y para la cohesión social y territorial.

2.

La Unión ha fijado objetivos ambiciosos en la Comunicación Gigabit (1), la Comunicación sobre «Configurar el futuro digital de Europa» (2), la Comunicación sobre la Brújula Digital (3) y en su propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 (4) (propuesta de Programa de Política de la Década Digital).

3.

En la Comunicación Gigabit, la Comisión fijó los siguientes objetivos de conectividad para 2025: a) todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deberían tener una conexión a internet que ofrezca una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps, actualizable a 1 Gbps; b) los motores socioeconómicos, tales como empresas intensivas en digitalización, centros escolares, hospitales y la Administración pública, deberían disfrutar de una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 1 Gbps; y c) todas las zonas urbanas y las grandes vías de transporte deberían tener cobertura 5G ininterrumpida (5).

4.

La Comunicación sobre «Configurar el futuro digital de Europa» explica que la expresión «100 Mbps, actualizables a velocidad de Gigabit» expresa la expectativa de la Comisión de que, a medida que avance la década, los hogares necesitarán cada vez más velocidades de 1 Gbps (6).

5.

La Comunicación sobre la Brújula Digital señala, como objetivo de conectividad para 2030, que todos los hogares de la Unión deberían estar cubiertos por una red de altísima velocidad (7), y todas las zonas pobladas deberían tener cobertura 5G (8). La propuesta del Programa de Política de la Década Digital destaca que «las necesidades sociales en cuanto a ancho de banda de carga y descarga aumentan constantemente. De aquí a 2030, las redes con velocidades de gigabit deben estar disponibles en condiciones accesibles para todos aquellos que necesiten o deseen dicha capacidad» (9).

6.

Para lograr los objetivos de la Unión para 2025 y 2030 son necesarias las consiguientes inversiones. Estas inversiones proceden principalmente de inversores privados y podrían completarse, si es necesario, con fondos públicos, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales.

7.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de contar con redes de comunicaciones electrónicas sólidas para las personas, las empresas y las instituciones públicas. El 27 de mayo de 2020, la Comisión presentó su propuesta de un importante plan de recuperación para mitigar el impacto económico y social de la pandemia: NextGenerationEU (10). El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), forma parte de dicho plan. Una de las prioridades clave del MRR es apoyar la transición digital, con medidas de conectividad destinadas a colmar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales y abordar las deficiencias del mercado con respecto al despliegue de redes sólidas. El Reglamento (UE) 2021/241 exige que cada Estado miembro dedique al menos un 20 % de los fondos asignados a medidas que impulsen la transición digital.

8.

Por otra parte, las redes de comunicaciones electrónicas pueden contribuir a lograr los objetivos de sostenibilidad. El objetivo de la Unión de alcanzar la neutralidad climática para 2050, establecido en el Pacto Verde Europeo (12) y en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), no podrá lograrse sin una transformación digital fundamental de la sociedad. Uno de los elementos esenciales de la transformación digital de la Unión es el desarrollo de redes de comunicaciones electrónicas seguras y sólidas que contribuyan de forma importante a los principales objetivos medioambientales de la Unión. Al mismo tiempo, las propias redes de comunicaciones electrónicas tendrán que ser más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos.

9.

El sector de las comunicaciones electrónicas ha experimentado un profundo proceso de liberalización y ahora está sujeto a una regulación sectorial. La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) establece el marco regulador de las comunicaciones electrónicas.

10.

La política de competencia, y las normas sobre ayudas estatales en particular, tienen un importante papel que desempeñar en el logro de los objetivos de la estrategia digital y en el desarrollo de una estrategia coordinada de inversión para la conectividad. El objetivo del control de las ayudas estatales en el ámbito de la banda ancha es garantizar que las ayudas estatales redunden en un mayor grado de cobertura y uso de la banda ancha del que se daría sin la intervención estatal, apoyando al mismo tiempo servicios de mayor calidad y más asequibles e inversiones que favorezcan la competencia. Las intervenciones estatales deberían limitar en lo posible el riesgo de excluir las inversiones privadas o de alterar los incentivos a la inversión comercial y, en última instancia, de falsear la competencia en contra del interés común.

11.

En 2020, la Comisión inició una evaluación de las Directrices sobre banda ancha de 2013 (15) para comprobar si seguían siendo adecuadas. Los resultados (16) mostraron que, aunque, en principio, las normas habían funcionado eficazmente, eran necesarios ajustes específicos para reflejar la reciente evolución tecnológica y del mercado y para tener en cuenta los cambios legislativos y las prioridades actuales (17).

12.

Para evitar que las ayudas estatales falseen indebidamente o amenacen con falsear la competencia en el mercado interior y afecten significativamente al comercio entre Estados miembros, el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece el principio de la prohibición de las ayudas estatales. Sin embargo, en determinados casos, este tipo de ayudas puede ser compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

13.

Los Estados miembros deben notificar a la Comisión los proyectos dirigidos a conceder ayudas estatales con arreglo al artículo 108, apartado 3, del Tratado, a menos que la ayuda corresponda a alguna de las categorías que están exentas de la obligación de notificación en virtud del artículo 109 del Tratado (18).

14.

Las presentes Directrices dan orientaciones sobre cómo evaluará la Comisión, con arreglo al artículo 106, apartado 2, al artículo 107, apartado 2, letra a), y al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la compatibilidad de las ayudas estatales para el despliegue y la implantación de redes y servicios de comunicaciones de banda ancha fijos y móviles.

15.

Las intervenciones estatales que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 1, del Tratado no constituyen ayuda estatal. Por consiguiente, no están sujetas a la evaluación de compatibilidad establecida en las presentes Directrices.

16.

En concreto, la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros organismos de la Unión, y que no esté directa o indirectamente bajo el control de los Estados miembros (19), no constituye ayuda estatal.

17.

No puede concederse ayuda para el despliegue y la implantación de redes y servicios de banda ancha a empresas en crisis, como se expone en las Directrices de la Comisión relativa a las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (20).

18.

Al evaluar una ayuda en favor de una empresa que esté sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda todavía por recuperar (21).

19.

A efectos de las presentes Directrices, se aplican las siguientes definiciones:

20.

A efectos de la evaluación de las ayudas estatales, las presentes Directrices distinguen entre redes fijas de acceso ultrarrápidas, redes de acceso móviles y redes de retorno, como se describen en las secciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3. Las «redes de acceso ultrarrápido fijo» y las «redes de acceso móviles» se utilizan indistintamente con «redes fijas» y «redes móviles», respectivamente. Todas las velocidades mencionadas en las presentes Directrices están previstas en condiciones de máxima demanda.

21.

En la fase actual de desarrollo tecnológico, hay diferentes tipos de redes de acceso ultrarrápido fijo, entre otras: a) redes basadas en la fibra (FTTx) (23); y b) redes de cable mejoradas que utilizan el estándar «DOCSIS 3.0» como mínimo (24). Algunas redes inalámbricas, como a las redes de acceso inalámbricas fijas (25) y las redes por satélite (26) también pueden prestar servicios fijos de banda ancha ultrarrápida.

22.

En la fase actual de desarrollo de la tecnología y del mercado, coexisten varias generaciones de tecnologías móviles (27).

23.

La transición a cada nueva generación móvil generalmente es gradual (28). En la fase actual, se siguen desplegando redes 4G en algunas partes de la Unión y el despliegue de redes 5G no autónomas depende de redes 4G de evolución a largo plazo («LTE») y LTE-Advanced existentes (29). Se espera que las redes 5G vayan siendo autónomas progresivamente y no dependan de redes 4G existentes en el futuro, lo que permitiría servicios móviles más eficaces, entre otras cosas, menor latencia y mayores capacidades de transmisión, y serían posibles escenarios y aplicaciones de utilización avanzada.

24.

Para garantizar un uso eficiente y efectivo del espectro radioeléctrico, los Estados miembros pueden imponer condiciones a los derechos individuales de dicho uso, por ejemplo obligaciones de cobertura y calidad del servicio. Estas obligaciones pueden consistir en la cobertura geográfica, de población y vías de transporte con determinados requisitos mínimos de calidad del servicio (30).

25.

Las redes de retorno son insumos necesarios para apoyar tanto las redes de acceso fijas como móviles. Las redes de retorno pueden estar basadas en soluciones de cobre, fibra óptica, microondas y satélite (31).

26.

En algunos casos, los Estados miembros pueden clasificar la prestación de servicios de banda ancha como servicio de interés económico general («SIEG») con arreglo al artículo 106, apartado 2, del Tratado (32) y apoyar el despliegue de una red que preste estos servicios. La compensación por los costes incurridos para prestar este servicio de interés económico general no representan una ayuda estatal si se cumplen las cuatro condiciones acumulativas contempladas en la sentencia Altmark (33). La compensación por la prestación de un servicio de interés económico general que constituya ayuda estatal se evaluarán con arreglo a las normas aplicables a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público («el paquete SIEG») (34).

27.

Las presentes Directrices únicamente ilustran la definición de SIEG aplicando las normas establecidas en el paquete SIEG a las redes de banda ancha, teniendo en cuenta sus características sectoriales.

28.

En cuanto a la definición de un verdadero SIEG, la Comisión ha aclarado que los Estados miembros no pueden vincular obligaciones específicas de servicio público a servicios que ya se prestan, o pueden prestarse satisfactoriamente y con condiciones, tales como el precio, las características de calidad objetivas, la continuidad y el acceso al servicio, acordes con el interés público, definido por el Estado miembro, empresas que operan en condiciones normales de mercado (35).

29.

Aplicando este principio al sector de la banda ancha, al evaluar la ausencia de error manifiesto en la clasificación de un SIEG, la Comisión tiene en cuenta los siguientes elementos:

30.

La Comisión solo considerará las ayudas estatales para el despliegue o la implantación de redes y servicios de banda ancha compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, si contribuyen al desarrollo de determinadas regiones económicas (primera condición), y si no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (segunda condición).

31.

En su evaluación de compatibilidad, la Comisión examinará los dos aspectos siguientes:

32.

Como último paso, la Comisión sopesará los efectos negativos constatados de la ayuda sobre el mercado interior y sus efectos positivos sobre las actividades económicas que reciben ayuda.

33.

Los pasos de la evaluación por parte de la Comisión de las ayudas para el despliegue e implantación de redes y servicios de banda ancha se exponen con más detalle en las secciones 5 a 8.

34.

La Comisión considera el mercado de servicios de banda ancha fija y el mercado de servicios de banda ancha móvil mercados distintos (43). Las reglas para evaluar la ayuda pueden, por tanto, ser distintas, dependiendo del mercado en cuestión (44).

35.

Los Estados miembros deben señalar las actividades económicas que se verán facilitadas como resultado de la ayuda, por ejemplo, el despliegue de redes fijas que presten servicios eficaces de banda ancha fija o el despliegue de redes móviles que presten servicios de voz y banda ancha de gran rendimiento. También deben explicar cómo se apoya el desarrollo de esas actividades.

36.

La ayuda para el despliegue de redes fijas y la ayuda para el despliegue de redes móviles puede facilitar el desarrollo de numerosas actividades económicas al aumentar la conectividad y el acceso a las redes y servicios de banda ancha para los ciudadanos, las empresas y las Administraciones públicas. Esta ayuda puede facilitar el desarrollo de actividades económicas en zonas en las que tales actividades o bien no existen o solo a un nivel que no es adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios finales.

37.

Solo puede considerarse que la ayuda contribuye al desarrollo de una actividad económica si tiene un efecto incentivador.

38.

La ayuda tiene un efecto incentivador si incentiva al beneficiario a cambiar su comportamiento con respecto al desarrollo de una determinada actividad económica apoyada por la ayuda que no habría llevado a cabo en el mismo plazo, o solo habría llevado a cabo de manera limitada o diferente, o en otra ubicación, si no se concediera la ayuda.

39.

La ayuda no debe financiar los costes de una actividad que una empresa realizaría en cualquier caso. Tampoco debe compensar el riesgo comercial normal de una actividad económica (45).

40.

Demostrar un efecto incentivador de la ayuda para el despliegue de redes fijas o móviles significa verificar mediante un mapa detallado y una consulta pública, con arreglo a las secciones 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2, si las partes interesadas han invertido o tienen intención de invertir, respectivamente, en redes fijas o móviles en las zonas objetivo dentro del horizonte temporal pertinente. Si pudiera realizarse una inversión equivalente en el mismo plazo en la zona sin la ayuda, puede considerarse que la ayuda carece de efecto incentivador. Por ejemplo, cuando una empresa está sujeta a obligaciones legales, como las obligaciones de cobertura y calidad del servicio asociadas a los derechos de uso de un determinado espectro radioeléctrico para despliegues móviles, la ayuda estatal no puede utilizarse para cumplir tales obligaciones, ya que es poco probable que tenga un efecto incentivador y, por tanto, es poco probable que sea compatible con el mercado interior. No obstante, podrán considerarse compatibles ayudas estatales, cuando y en la medida en que sean necesarias, para ofrecer una calidad de servicio superior a los requisitos impuestos por dichas obligaciones.

41.

Si una ayuda estatal, las condiciones de la misma (incluido el modo de financiación cuando este forme parte integrante de la ayuda) o la actividad que financia constituyen una infracción de una disposición o de un principio general del Derecho de la Unión, la ayuda no puede declararse compatible con el mercado interior (46). Este puede ser el caso cuando la concesión de la ayuda depende, directa o indirectamente, del origen de los productos o equipos, como el requisito de que el beneficiario adquiera productos producidos en el país.

42.

Los Estados miembros deben describir si la ayuda tendrá efectos positivos y, en caso afirmativo, de qué manera.

43.

Los Estados miembros podrán decidir diseñar intervenciones estatales que contribuyan a reducir la brecha digital. Pueden optar por intervenir para corregir desigualdades sociales o regionales, o para lograr objetivos de equidad, es decir, como una forma de mejorar el acceso a un medio esencial de comunicación y participación en la sociedad, reforzando así la cohesión social y territorial. Además, los Estados miembros pueden decidir diseñar intervenciones estatales que también contribuyan a la consecución de los objetivos de la política digital de la Unión, impulsen el logro de los objetivos del Pacto Verde de la Unión y promuevan inversiones verdes sostenibles en todos los sectores.

44.

La ayuda estatal debe ir dirigida a situaciones en las que pueda aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo.

45.

Puede ser necesaria una intervención estatal si los mercados, sin la intervención pública, no consiguen proporcionar un resultado eficiente para la sociedad. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se realizan ciertas inversiones aun cuando el beneficio económico para la sociedad supere sus costes (47). En tales casos, conceder una ayuda estatal puede generar efectos positivos y es posible mejorar la eficiencia global ajustando los incentivos económicos de las partes interesadas.

46.

En el sector de la banda ancha, una forma de deficiencia del mercado puede estar relacionada con efectos externos positivos que no internalizan los operadores de mercado. Por ejemplo, aunque las redes fijas y móviles son factores clave para la prestación de servicios adicionales y para la innovación, probablemente los beneficios globales sean superiores a los beneficios económicos que generan para los inversores de las redes, especialmente en regiones remotas o zonas de baja densidad de población o despobladas. En consecuencia, el mercado puede generar una inversión privada insuficiente en redes fijas y móviles, especialmente en determinadas zonas.

47.

Debido a las economías de densidad, generalmente el despliegue de las redes de banda ancha es más rentable donde la demanda potencial es mayor y está concentrada, es decir, en zonas densamente pobladas. En razón de los altos costes fijos de inversión, los costes unitarios se incrementan considerablemente al descender la densidad de población y, por ello, cuando se despliegan según consideraciones de mercado, las redes de banda ancha tienden a cubrir rentablemente solo una parte de la población. Las ayudas estatales pueden, en determinadas condiciones, corregir deficiencias del mercado, mejorando así la eficiencia de los mismos.

48.

Por otra parte, cuando los mercados ofrecen resultados eficientes, pero considerados insatisfactorios desde el punto de vista de la política de cohesión, las ayudas estatales pueden ser necesarias para corregir desigualdades sociales o regionales con el fin de conseguir un mercado más equitativo y conveniente. En esas circunstancias, una intervención estatal selectiva en el ámbito de la banda ancha puede contribuir a reducir la brecha digital (48).

49.

También puede haber una deficiencia del mercado si la red o redes actuales o previstas ofrecen a los usuarios finales una combinación de precio y calidad del servicio que no es óptima. Puede ser el caso cuando: a) no se preste un servicio satisfactorio a determinadas categorías de usuarios; o b) especialmente, si, por falta de tarifas de acceso mayorista reguladas, los precios minoristas pueden ser superiores a los aplicados por los mismos servicios ofrecidos en zonas o regiones del Estado miembro más competitivas aunque, por lo demás, comparables.

50.

Sin embargo, si las ayudas estatales para el despliegue de redes fijas y móviles se utilizasen en zonas en las que los operadores de mercado generalmente se decidirían a invertir o en las que ya hubieran invertido, esto podría minar considerablemente los incentivos para que invirtieran primero los inversores privados (49).

51.

La mera existencia de deficiencias del mercado en un contexto determinado no es suficiente para justificar la intervención del Estado. Las ayudas estatales solo deberían destinarse a las deficiencias del mercado que siguen sin resolver otras políticas y medidas menos falseadoras, por ejemplo las medidas administrativas o las obligaciones reguladoras relativas al uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, incluidas las obligaciones en materia de cobertura y calidad del servicio vinculadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico.

52.

Para minimizar aún más los posibles efectos de falseamiento de la competencia de la ayuda, las intervenciones estatales pueden estar sujetas a un período de protección de la inversión privada de hasta siete años (50).

53.

La ayuda debería ir dirigida a zonas en las que no hay una red fija, ni se prevé que se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente una red fija que podría satisfacer las necesidades de los usuarios finales.

54.

En la fase actual de desarrollo del mercado y habida cuenta de las necesidades señaladas de los usuarios finales, puede existir una deficiencia del mercado cuando el mercado no ofrece, ni es probable que ofrezca, a los usuarios finales una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps (51).

55.

Al evaluar si es probable que el mercado ofrezca una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps, deben considerarse planes creíbles para desplegar dichas redes dentro del horizonte temporal pertinente (de conformidad con la sección 5.2.2.4.3).

56.

Por consiguiente, la Comisión considera que no existe deficiencia del mercado en zonas en las que, como mínimo, haya, o esté planificada de forma creíble, una red fija que ofrezca una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps o en las que la red o redes presentes puedan actualizarse para proporcionar una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps. Se considera que una red puede actualizarse a esas velocidades si puede proporcionar dicho rendimiento sobre la base de una inversión marginal, como una mejora de los componentes activos.

57.

La intervención estatal para desplegar una red alternativa en las zonas descritas en el apartado 56 podría falsear la dinámica del mercado. Por consiguiente, es probable que la Comisión considere negativamente las ayudas estatales para el despliegue de una red adicional en dichas zonas.

58.

En las zonas en las que están presentes o planificadas de forma creíble al menos dos redes fijas ultrarrápidas independientes, los servicios de banda ancha suelen prestarse en condiciones competitivas (competencia basada en infraestructuras). Por tanto, es probable que una o varias de estas redes evolucionen para proporcionar una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps, sin necesidad de una intervención estatal.

59.

Sin embargo, la probabilidad de que las redes en las zonas descritas en el apartado 58 evolucionen hacia una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps puede depender también de la cantidad de inversión necesaria para desplegar redes que ofrezcan esas velocidades, teniendo en cuenta la fase actual de desarrollo tecnológico. Por consiguiente, en esas zonas:

60.

La Comisión considera que existe una deficiencia del mercado en zonas en las que no hay una red móvil, ni se prevé que se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente, que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios finales (55).

61.

Las aplicaciones de comunicaciones actuales y futuras dependen cada vez más de redes móviles sólidas que estén disponibles en una base geográfica amplia (56). Los usuarios finales necesitan comunicarse y acceder a la información durante sus desplazamientos. Se prevé que, eventualmente, se desarrollen nuevas actividades económicas que requieran un acceso en línea fluido a servicios móviles eficaces. Para acompañar este cambio, se espera que las redes móviles evolucionen y ofrezcan una conectividad cada vez mejor. En algunas circunstancias, la falta o insuficiencia de conectividad móvil puede ser perjudicial para determinadas actividades económicas, como la industria, la agricultura, el turismo o la movilidad conectada. También puede suponer un riesgo para la seguridad pública (57). En concreto, puede afectar especialmente a las regiones remotas o zonas de baja densidad de población o despobladas.

62.

En una zona en la que ya exista al menos una red móvil o se prevea que tal red se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente, que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios finales, la ayuda estatal para el despliegue de otra red móvil podría falsear indebidamente la dinámica del mercado.

63.

La ayuda estatal para el despliegue de una red móvil en las zonas a que se refiere el apartado 62 puede considerarse necesaria cuando pueda demostrarse que se cumplen las siguientes dos condiciones: a) la red móvil existente o prevista de forma creíble no ofrece a los usuarios finales una calidad de servicios suficiente para satisfacer la evolución de sus necesidades; y b) la intervención estatal proporcionará dicha calidad de los servicios, aportando así una mejora sustancial que el mercado no puede ofrecer (58).

64.

Una intervención estatal puede ser necesaria en determinadas circunstancias para abordar deficiencias específicas del mercado relacionadas con casos de uso detectados incluso habiendo una red móvil 4G o 5G, cuando dicha red no ofrezca a los usuarios finales, ni es probable que les vaya a ofrecer, suficiente calidad de servicios para satisfacer la evolución de sus necesidades. Tales casos de usos relativos a nuevas actividades económicas y servicios pueden requerir: a) un acceso continuo en línea (por ejemplo, para la movilidad conectada y automatizada a lo largo de los corredores de transporte); b) determinadas velocidades y capacidades mínimas; c) otras características específicas, como menor latencia, la virtualización de la red o la capacidad de conectar múltiples terminales para la industria o la agricultura.

65.

En principio, aun cuando exista una deficiencia del mercado, no puede concederse ayuda estatal ni puede utilizarse para cumplir las obligaciones legales, como, por ejemplo, las obligaciones vinculadas a los derechos de uso del espectro. No obstante, podrán concederse ayudas estatales cuando y en la medida necesaria para proporcionar la calidad adicional del servicio que sea necesaria para satisfacer las necesidades probadas de los usuarios finales y más allá de lo que ya es necesario para cumplir dichas obligaciones legales. Estas ayudas podrán concederse en la medida necesaria para cubrir únicamente los costes adicionales necesarios para garantizar la mejora de la calidad de la red.

66.

Cuando, en una zona determinada, haya o vaya a haber, dentro del horizonte temporal pertinente, al menos una red móvil que pueda satisfacer la evolución de las necesidades de los usuarios finales (véanse los apartados 61, 63 y 64), la concesión de ayuda estatal a una red móvil adicional con capacidades equivalentes daría lugar, en principio, a un falseamiento inaceptable de la competencia y a la exclusión de las inversiones privadas. Es probable que la Comisión considere negativamente estas intervenciones estatales.

67.

Las redes de retorno son un requisito previo para el despliegue de redes de acceso. Las redes de retorno tienen el potencial de estimular la competencia en las zonas de acceso en beneficio de todas las redes y tecnologías de acceso. Una red de retorno sólida puede estimular las inversiones privadas para conectar a los usuarios finales, siempre que garantice el acceso mayorista en condiciones abiertas, transparentes y no discriminatorias a todos los solicitantes de acceso y tecnologías. Sin inversiones privadas, la ayuda estatal para el despliegue de redes de retorno puede ser necesaria para fomentar la competencia y las inversiones a nivel de acceso, ya que permite a los solicitantes de acceso desplegar redes de acceso y ofrecer servicios de conectividad a los usuarios finales.

68.

Puesto que las redes de retorno transportan el tráfico de diversas redes de acceso fijas o móviles, dichas redes requieren una capacidad de transmisión significativamente superior a la de las redes de acceso individuales. Las redes de retorno deben dar cabida a aumentos significativos de la capacidad requerida a lo largo de su vida útil. Esto se debe a las necesidades de los usuarios finales y a la rápida actualización en curso de las redes de acceso fijas o móviles, con una necesidad cada vez mayor de mejorar la transmisión de datos y aumentar el rendimiento (incluso para las nuevas generaciones móviles). Para evitar que una red de retorno se convierta en un cuello de botella, puede ser necesario aumentar su capacidad y que vaya a la par del despliegue de redes de acceso fijas y móviles eficaces. Por tanto, puede existir una deficiencia del mercado cuando la capacidad de retorno existente o prevista no pueda hacer frente al desarrollo previsto de las correspondientes redes de acceso fijas o móviles sobre la base de las necesidades actuales y futuras de los usuarios finales. En la fase actual de desarrollo tecnológico, el aumento de la demanda de capacidad puede abordarse generalmente mediante redes de retorno basadas en fibra o en otras tecnologías que puedan ofrecer el mismo nivel de rendimiento y fiabilidad de las redes de retorno basadas en fibra. Por consiguiente, puede haber una deficiencia del mercado cuando no haya red de retorno, o cuando la red existente o prevista de manera creíble no se base en fibra u otras tecnologías que puedan ofrecer el mismo nivel de rendimiento y fiabilidad de la fibra.

69.

Independientemente de la tecnología subyacente de la red de retorno existente, puede haber una deficiencia del mercado si la combinación de calidad y precios del servicio que ofrece esa red de retorno no es óptima. Por ejemplo, un Estado miembro puede demostrar que las condiciones en la red de retorno existente podrían impedir el despliegue de redes de acceso fijas o móviles nuevas o más eficaces porque determinadas categorías de solicitantes de acceso no están adecuadamente atendidas (59) o porque los precios de acceso mayorista pueden ser superiores a los cobrados por los mismos servicios en zonas del Estado miembro más competitivas aunque, por lo demás, comparables y el problema no podría solucionarse con la regulación sectorial (60).

70.

Para determinar la necesidad de intervención estatal en una zona determinada, los Estados miembros deben verificar, sobre la base de un mapa detallado y una consulta pública, de conformidad con las secciones 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2, los resultados de las redes de acceso fijo, las redes de acceso móvil o las redes de retorno existentes o planificadas de forma creíble en la zona objetivo en el horizonte temporal pertinente.

71.

Los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para fijar las zonas objetivo. No obstante, se les anima a tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas y sociales al determinar esas zonas.

72.

Mediante un mapa detallado, los Estados miembros deben señalar las zonas geográficas (zonas objetivo) que podrán optar a la intervención de la ayuda estatal, sobre la base de una representación objetiva del rendimiento de las redes existentes o previstas de forma creíble en una zona determinada.

73.

Por lo que se refiere a las ayudas estatales que apoyan el despliegue de redes de acceso fijo o redes de acceso móvil, el mapa detallado debe cumplir los dos siguientes criterios:

74.

Los Estados miembros podrán tener en cuenta las buenas prácticas para aplicar las metodologías de cartografía descritas en el anexo I.

75.

Por lo que se refiere a las ayudas estatales que apoyan el despliegue de redes de retorno, los Estados miembros deben cartografiar los resultados de las redes de retorno existentes o planificadas de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente. Cuando el despliegue de una red incluya al mismo tiempo el despliegue de una red de acceso y de la necesaria red de retorno para permitir el funcionamiento de la red de acceso, no será necesario cartografiar por separado las redes de retorno.

76.

Los Estados miembros deben poner a disposición del público la metodología y los criterios técnicos subyacentes (por ejemplo, factor de utilización o carga de la celda) utilizados para cartografiar la zona objetivo.

77.

Se recomienda consultar a la autoridad nacional de reglamentación (ANR), tal como se expone en la sección 5.2.4.6.

78.

Los Estados miembros deben publicar, para consulta, las principales características de la intervención estatal prevista y la lista de zonas objetivo reflejadas en el mapa detallado (64). Esta información debe estar disponible en un sitio web de acceso público (65) a nivel regional y nacional.

79.

La consulta pública debe invitar a las partes interesadas a) a formular observaciones sobre la intervención estatal prevista, su diseño y sus principales características; y b) a presentar información fundamentada sobre las redes existentes o redes planificadas de forma creíble en la zona objetivo dentro del horizonte temporal pertinente (66).

80.

Al considerar el horizonte temporal pertinente previsto, los Estados miembros deben tener en cuenta todos los aspectos que cabe esperar razonablemente que afecten a la duración del despliegue de la nueva red (es decir, el tiempo que requiere el procedimiento de selección, las posibles acciones e impugnaciones jurídicas, el tiempo necesario para obtener derechos de paso y permisos, otras obligaciones derivadas de la legislación nacional, la disponibilidad de capacidad para obras públicas, etc.). Si el despliegue de la red financiada por el Estado prevista (hasta su puesta en funcionamiento) lleva más tiempo de lo esperado, es necesario realizar un nuevo mapa detallado y una nueva consulta pública.

81.

Independientemente de si el Estado miembro ya ha recopilado información sobre futuros planes de inversión a través del mapa detallado, la consulta pública debe incluir siempre los resultados del mapa detallado más reciente. Esto es necesario para minimizar posibles falseamientos indebidos de la competencia por lo que se refiere a las empresas que ya ofrecen redes o servicios en las zonas objetivo y a aquellas que ya tengan planes de inversión creíbles para el horizonte temporal pertinente.

82.

La consulta pública debe durar al menos treinta días. Al término de la consulta pública, el Estado miembro tiene que iniciar el procedimiento de selección competitivo o iniciar la ejecución del proyecto en cuestión (67) para modelos de inversión directa en el plazo de un año. Si el Estado miembro no inicia el procedimiento de selección competitivo o la ejecución del proyecto en ese plazo, debe volver a realizar una consulta pública antes de poder iniciar el procedimiento de selección competitivo o ejecutar el proyecto financiado por el Estado.

83.

Se recomienda consultar a la ANR sobre los resultados de la consulta pública (68).

84.

Existe el riesgo de que una simple «manifestación de interés» en futuros planes de inversión privada en la zona objetivo por parte de una parte interesada en una consulta pública pueda retrasar el despliegue de redes de banda ancha si esa inversión privada no se produce posteriormente, mientras que la intervención estatal se ha estancado.

85.

Para reducir el riesgo de que se impida la intervención estatal sobre la base de futuros planes de inversión que no se materialicen, los Estados miembros podrán pedir a las partes interesadas pertinentes que aporten pruebas que demuestren la credibilidad de sus planes de inversión, en un plazo adecuado y proporcionado al nivel de información solicitado (69). Estas pruebas pueden ser, por ejemplo, un plan de despliegue detallado con etapas (por ejemplo, para cada período de seis meses), que demuestre que la inversión se llevará a cabo en el horizonte temporal pertinente y garantizará unos resultados similares a los de la red prevista financiada por el Estado.

86.

Para evaluar la credibilidad del rendimiento y la cobertura declarados, los Estados miembros podrán utilizar los mismos criterios utilizados para evaluar el rendimiento de las redes existentes, cuando sea razonable y apropiado.

87.

Al evaluar la credibilidad de los futuros planes de inversión, los Estados miembros podrán tener en cuenta especialmente los siguientes criterios:

88.

Si un Estado miembro considera que los planes de inversión privada son creíbles, podrá decidir invitar a las partes interesadas en cuestión a firmar acuerdos de compromiso, lo que podría incluir la obligación de informar de los avances en sus etapas declaradas.

89.

Corresponde a las partes interesadas en cuestión facilitar información significativa de conformidad con las normas nacionales o de la Unión (70) pertinentes.

90.

El Estado miembro debería consultar a la ANR sobre la evaluación por el Estado miembro de la credibilidad de los futuros planes de inversión (71).

91.

El Estado miembro debería comunicar los resultados de su evaluación y los motivos en los que se basa su conclusión a todas las partes interesadas que hayan presentado información sobre sus planes de inversión privada.

92.

Si el Estado miembro considera que los planes de inversión privada presentados son creíbles y que, por consiguiente, la zona correspondiente se ha desligado del ámbito de aplicación de la intervención estatal, el Estado miembro podrá decidir exigir a las partes interesadas que hayan presentado esos planes que informen periódicamente sobre el cumplimiento de las etapas para el despliegue de la red y para la prestación de los servicios.

93.

Si el Estado miembro detecta desviaciones del plan presentado que sugieren que el proyecto no se materializará, o tiene motivos suficientes para dudar de que la inversión se lleve cabo según lo declarado, podrá exigir a las partes interesadas en cuestión que faciliten más información que demuestre que la inversión declarada sigue siendo creíble.

94.

Si el Estado miembro tiene dudas fundadas sobre si la inversión se llevará a cabo según lo declarado, podrá decidir en cualquier momento durante el horizonte temporal pertinente incluir las zonas afectadas por la inversión en una nueva consulta pública, con el fin de verificar su posible admisibilidad para una intervención estatal.

95.

El Estado miembro debe demostrar que la ayuda es adecuada para abordar la deficiencia del mercado detectada y alcanzar los objetivos perseguidos por la ayuda. La ayuda estatal no es adecuada si se puede lograr el mismo resultado mediante otras medidas menos falseadoras.

96.

Las ayudas estatales no son el único instrumento de que disponen los Estados miembros para impulsar la inversión en el despliegue de redes de banda ancha. Los Estados miembros pueden utilizar otros instrumentos menos falseadores, como medidas administrativas y reguladoras o instrumentos basados en el mercado.

97.

Para que la ayuda sea adecuada, las redes fijas y móviles financiadas por el Estado deben ofrecer características significativamente mejoradas en comparación con las redes existentes. Por consiguiente, las redes fijas y móviles financiadas por el Estado deberían garantizar un cambio considerable. Este cambio considerable se garantiza si, como resultado de la intervención estatal, se cumplen las siguientes condiciones: a) el despliegue de la red fija o móvil financiada con fondos estatales representa una nueva inversión importante (72); y b) la red financiada con fondos estatales aporta al mercado un nivel significativo de nuevas capacidades en términos de disponibilidad, capacidad, velocidad (73) y competitividad de los servicios de banda ancha.

98.

El rendimiento de la red financiada por el Estado debe compararse con el rendimiento más alto de la red o redes existentes. Los planes de despliegue creíbles solo deben tenerse en cuenta para evaluar el cambio considerable si, por sí solos, ofrecerían rendimientos similares a los de la red planificada financiada por el Estado en las zonas objetivo dentro del horizonte temporal pertinente.

99.

Por lo que se refiere a las ayudas estatales a las redes de acceso fijo, la presencia de un cambio considerable se evalúa sobre la base de una distinción entre los tipos de zonas objetivo, en función de la presencia de redes fijas ultrarrápidas.

100.

Zonas blancas son aquellas en las que no existen redes fijas ultrarrápidas ni están planificadas de forma creíble en el horizonte temporal pertinente.

101.

Zonas grises son aquellas en las que solo hay o está planificada de forma creíble una red fija ultrarrápida en el horizonte temporal pertinente.

102.

En las zonas blancas y grises, para lograr un cambio considerable, las intervenciones estatales deben:

103.

En principio, la intervención planificada debería estar diseñada de tal forma que la totalidad de la zona objetivo sea o bien blanca o bien gris.

104.

No obstante, por razones de eficiencia, cuando no esté justificado disociar las zonas blancas y grises, los Estados miembros pueden seleccionar zonas objetivo que sean parcialmente blancas y parcialmente grises. En estas zonas, en las que algunos usuarios finales ya están atendidos por una red fija ultrarrápida (o lo estarán en el horizonte temporal pertinente), el Estado miembro debe velar por que la intervención estatal no dé lugar a un falseamiento indebido de la competencia en lo que respecta a la red existente.

105.

Una solución adecuada puede consistir en permitir una ampliación limitada de la actual red fija ultrarrápida que conecte a los usuarios finales en la zona gris que forma parte de la zona mixta. En tales situaciones, la totalidad de la zona objetivo puede considerarse blanca a efectos de evaluar la intervención estatal, siempre y cuando el Estado miembro demuestre que se cumplen las siguientes condiciones:

106.

La Comisión evaluará caso por caso la idoneidad de las intervenciones en zonas mixtas.

107.

Zonas negras son aquellas en las que existen al menos dos redes fijas ultrarrápidas o estas están planificadas de forma creíble en el horizonte temporal pertinente.

108.

Siempre y cuando la intervención estatal cumpla las condiciones establecidas en la sección 5.2.2.1, la red financiada con fondos estatales debe satisfacer las siguientes condiciones:

109.

Una red móvil financiada por el Estado debe garantizar un cambio considerable en términos de disponibilidad, capacidad, velocidad y competencia de los servicios móviles que pueda fomentar la adopción de nuevos servicios innovadores (76).

110.

Como se indica en el apartado 2.3.2, la transición a cada nuevo estándar IMT generalmente es gradual. Entre dos estándares IMT consecutivos completos hay sistemas híbridos graduales, que suelen ser más sólidos que sus predecesores. Por ejemplo, el sistema de comunicación celular 4G LTE superó a la 4G en varios aspectos y la 5G autónoma es más eficiente que la 5G no autónoma. De la misma manera, cada nuevo estándar IMT ha proporcionado nuevas capacidades (77). Si bien todos los estándares IMT ofrecen servicios de voz móviles, solo los estándares IMT más recientes pueden ofrecer servicios de banda ancha móviles eficaces, entre otras cosas, menor latencia y mayores capacidades de transmisión.

111.

Dado que la provisión de nuevas capacidades requiere más capacidad, los nuevos estándares IMT requieren nuevas frecuencias. Puesto que las frecuencias son un recurso escaso, su asignación en la Unión para la prestación de servicios móviles se lleva a cabo sobre la base de una subasta u otro procedimiento de selección competitivo y está sujeta a tarifas. Cuando se aplica un nuevo IMT como resultado del proceso de asignación de espectro, cabe esperar que las redes móviles que utilizan esta tecnología proporcionen nuevas capacidades significativas en comparación con las redes móviles existentes. Los prestadores de servicios solo están dispuestos a aceptar costes iniciales considerables para obtener nuevos derechos de uso del espectro en apoyo de nuevos estándares IMT si esperan que este nuevo estándar IMT ofrezca capacidades superiores, lo que les aportaría un rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo. Sobre esta base, la Comisión ha aceptado que las características adicionales de las redes 4G con respecto a generaciones anteriores equivalen a un cambio considerable (78). De forma similar, las redes 5G y, en concreto, las redes 5G autónomas, en general tienen capacidades funcionales adicionales, como la latencia ultrabaja, la alta fiabilidad y la posibilidad de reservar parte de la red para un uso particular y garantizar una determinada calidad del servicio. Estas características permitirán que las redes 5G y, en especial, las redes autónomas 5G apoyen nuevos servicios (por ejemplo: seguimiento médico y servicios de emergencia, control en tiempo real de maquinaria industrial, redes inteligentes para la gestión de las energías renovables, movilidad conectada y automatizada, detección precisa de fallos e intervención rápida), garantizando así un cambio considerable en comparación con generaciones móviles anteriores. Se espera que las tecnologías móviles de próxima generación (como la 6G) proporcionen más capacidades mejoradas en el futuro.

112.

Una red de retorno financiada por el Estado debe garantizar un cambio considerable en comparación con la red o redes existentes. Se garantiza un cambio considerable si, como resultado de la intervención del Estado, la red de retorno financiada representa una inversión significativa en infraestructura de retorno y apoya adecuadamente las crecientes necesidades de las redes de acceso fijas o móviles. Puede ser el caso cuando la red de retorno financiada por el Estado, en contraposición a la red o redes existentes, se base en fibra u otras tecnologías que pueden proporcionar el mismo nivel de rendimiento que la fibra. Cuando las redes existentes estén basadas en fibra o en tecnologías de rendimiento similar, puede lograrse un cambio considerable, por ejemplo, mediante un dimensionado adecuado de la capacidad de retorno, que depende de la evolución específica de la situación en las zonas objetivo.

113.

Si una intervención estatal abarca tanto redes de retorno como de acceso (fijas o móviles), la red de retorno debe dimensionarse de manera que pueda apoyar las necesidades de las redes de acceso.

114.

El Estado miembro debería seleccionar las tecnologías más adecuadas, de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, teniendo en cuenta las características y necesidades de las zonas objetivo, en particular cuando las redes basadas en la fibra o con un rendimiento similar no sean técnica o económicamente viables.

115.

Los Estados miembros deben demostrar que la ayuda es proporcionada al problema que se aborda. Esencialmente, deben demostrar que no se obtendría el mismo cambio de comportamiento con menos ayuda y menores falseamientos. La ayuda se considera proporcionada si su importe se limita al mínimo necesario y se minimiza el falseamiento potencial de la competencia, de conformidad con los principios establecidos en la presente sección.

116.

La ayuda estatal se considera proporcionada si su importe se limita al mínimo necesario para que se produzca la actividad económica subvencionada.

117.

Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública, la ayuda debe concederse sobre la base de un procedimiento de selección competitivo abierto, transparente y no discriminatorio, en consonancia con los principios de contratación pública (79). La ayuda también debe respetar el principio de neutralidad tecnológica, tal como se establece en el apartado 5.2.4.2.

118.

La ayuda estatal se considera proporcionada y limitada al importe mínimo necesario si se concede mediante un procedimiento de selección competitivo que atraiga a un número suficiente de participantes. Si el número de participantes, o el número de ofertas elegibles, no es suficiente, el Estado miembro debe confiar a un auditor independiente la evaluación de la oferta del adjudicatario (incluidos los cálculos de costes).

119.

Dependiendo de las circunstancias, pueden ser adecuados diferentes procedimientos. Por ejemplo, en el caso de intervenciones de gran complejidad técnica, los Estados miembros pueden iniciar un procedimiento de diálogo competitivo con los posibles licitadores, con el fin de garantizar el diseño más adecuado de la intervención.

120.

El Estado miembro debe asegurarse de que se selecciona la oferta económicamente más ventajosa (80). A tal fin, el Estado miembro debe fijar criterios de adjudicación cualitativos objetivos, transparentes y no discriminatorios y especificar de antemano la valoración relativa de cada criterio.

121.

Algunos de los criterios de adjudicación cualitativos pueden ser, entre otros, el rendimiento de la red (incluida su seguridad), la cobertura geográfica, qué perspectivas de futuro tiene el enfoque tecnológico, el impacto de la solución propuesta para la competencia (incluidas las condiciones y precios del acceso mayorista) (81) y el coste total de la propiedad (82).

122.

Los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de conceder puntos de prioridad adicionales para los criterios relativos al comportamiento climático y medioambiental de la red (83), respectivamente, en lo que respecta a sus características de neutralidad climática, incluida su huella de carbono, y al impacto de la red en los principales componentes del capital natural, es decir, el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. Los Estados miembros también podrán incluir obligaciones para que el licitador seleccionado aplique medidas de mitigación proporcionadas en caso de que la red pueda afectar negativamente al medio ambiente.

123.

Cuando la ayuda se conceda sin un procedimiento de selección competitivo a una autoridad pública que despliegue y gestione directamente una red de banda ancha a nivel mayorista (84), o a través de una entidad interna (modelo de inversión directa), el Estado miembro también debe justificar su elección de red y solución tecnológica (85).

124.

Cualquier concesión u otra atribución por parte de dicha autoridad pública o entidad interna a un tercero para diseñar, construir o explotar la red debe adjudicarse mediante un procedimiento de selección competitivo abierto, transparente y no discriminatorio. El procedimiento debe ajustarse a los principios de contratación pública, sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, y respetar el principio de neutralidad tecnológica, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública.

125.

El principio de neutralidad tecnológica exige que la intervención estatal no favorezca ni excluya ninguna tecnología concreta, ni en la selección de los beneficiarios ni en la prestación de acceso mayorista. Como existen diferentes soluciones tecnológicas, la licitación no debería favorecer ni excluir ninguna tecnología o plataforma de red particulares. Los licitadores deberían poder proponer la prestación de los servicios solicitados utilizando o combinando cualquier tecnología que consideren adecuada. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros determinen el rendimiento deseado, incluida la eficiencia energética de las redes antes del procedimiento, y concedan puntos prioritarios a la solución tecnológica o combinación de soluciones tecnológicas más adecuadas sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, de conformidad con el apartado 5.2.4.1. Una red financiada por el Estado debe permitir el acceso en condiciones equitativas y no discriminatorias a todos los solicitantes de acceso, independientemente de la tecnología utilizada.

126.

La utilización de la infraestructura existente es uno de los principales factores que pueden contribuir a reducir el coste del despliegue de una nueva red de banda ancha y limitar el impacto sobre el medio ambiente.

127.

Los Estados miembros deberían animar a las empresas que deseen participar en un procedimiento de selección competitivo a utilizar las infraestructuras existentes disponibles. Los Estados miembros deberían animar también a esas empresas a facilitar información detallada sobre las infraestructuras existentes que poseen o controlan (86) en la zona de intervención prevista. Esa información debería facilitarse a su debido tiempo para ser tenida en cuenta al preparar las ofertas. Cuando sea proporcionado, teniendo en cuenta, entre otros factores, el tamaño de la zona de intervención, la preparación de la información y el tiempo a disposición, los Estados miembros deberían poner como condición para participar en el procedimiento de selección la presentación de esa información (87). La información podría incluir, en particular: a) localización y trazado de la infraestructura; b) tipo y utilización actual de la infraestructura; c) un punto de contacto y d), cuando estén disponibles (88), las condiciones de su utilización.

128.

Los Estados miembros deben dar acceso a toda la información de que dispongan (89) sobre infraestructura existente que podría ser utilizada para desplegar redes de banda ancha en la zona de intervención. Se anima a los Estados miembros a basarse en el punto de información único establecido con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/61/UE.

129.

El acceso mayorista efectivo de terceros a las redes financiadas es una condición indispensable de toda medida de ayuda estatal. En particular, permite a empresas terceras competir con el licitador elegido, reforzando con ello la oferta y la competencia en las zonas cubiertas por la medida. El acceso mayorista también evita la creación de servicios regionales monopolísticos. Al permitir que se desarrolle la competencia en la zona objetivo, también garantiza el desarrollo del mercado en dicha zona a largo plazo. Este acceso no está supeditado a ningún análisis previo de mercado en el sentido del capítulo III de la Directiva (UE) 2018/1972. No obstante, el tipo de obligaciones de acceso mayorista impuestas a una red financiada por el Estado debería tener en cuenta el conjunto de obligaciones de acceso definidas en las reglas sectoriales. Sin embargo, puesto que los beneficiarios de la ayuda no solo utilizan sus propios recursos, sino también fondos públicos para desplegar la red, deberían ofrecer una mayor gama de productos de acceso mayorista que los impuestos por las ANR a las empresas que tienen un poder de mercado significativo. Este acceso mayorista debería concederse con la mayor antelación posible antes de empezar a prestar los servicios pertinentes y, cuando el operador de red también tenga intención de prestar servicios minoristas, al menos seis meses antes de la puesta en marcha de esos servicios minoristas.

130.

La red financiada por el Estado debe ofrecer un acceso efectivo en condiciones equitativas y no discriminatorias a las empresas. Esto puede implicar la mejora y el aumento de la capacidad de la infraestructura existente cuando sea necesario y el despliegue de infraestructuras nuevas suficientes (por ejemplo, conducciones lo bastante anchas como para albergar un número suficiente de redes y diferentes topologías de red) (90).

131.

Los Estados miembros deben indicar las condiciones y precios de los productos de acceso mayorista en los documentos del procedimiento de selección competitivo y publicar esta información en un sitio web general, a nivel nacional o regional. El público en general debería poder acceder sin restricciones al sitio web, incluido el registro previo de usuarios.

132.

Con el fin de que el acceso mayorista sea efectivo y que el solicitante de acceso pueda prestar sus servicios, el acceso mayorista debe concederse también a partes de la red que no hayan sido financiadas con fondos estatales y que tal vez no hayan sido desplegadas por el beneficiario de la ayuda (91).

133.

Debe concederse acceso mayorista efectivo durante al menos diez años para todos los productos activos excepto el acceso desagregado virtual (VULA).

134.

El acceso basado en VULA debe concederse durante un período de tiempo igual a la vida útil de la infraestructura a la que sustituye VULA (92).

135.

El acceso a nuevas infraestructuras (como conducciones, postes, distribuidores o fibra oscura) debe concederse durante la vida útil del elemento de red de que se trate (93). Si la ayuda estatal se concede para nuevas infraestructuras, la infraestructura debe ser lo bastante ancha para satisfacer la demanda actual de los solicitantes de acceso y su evolución (94). Esto es complementario y se entiende sin perjuicio de las obligaciones reglamentarias que pueda imponer la ANR.

136.

Los Estados miembros deben consultar a las ANR sobre los productos de acceso mayorista, las condiciones y la fijación de precios. Se anima a las ANR a que proporcionen orientaciones, como se indica en el apartado 5.2.4.6.

137.

Las mismas condiciones de acceso deben aplicarse a la totalidad de la red financiada por el Estado, incluidas las partes de la red en las que se haya utilizado infraestructura existente. Las obligaciones de acceso deben ser ejecutadas con independencia de cualquier cambio en la propiedad, la gestión o el funcionamiento de la red financiada por el Estado.

138.

Si utiliza sus propios recursos, el beneficiario de la ayuda o los solicitantes de acceso que se conecten a la red financiada por el Estado podrán decidir ampliar sus redes a zonas adyacentes fuera de las zonas objetivo. Los solicitantes de acceso podrán llevar a cabo dichas ampliaciones sobre la base de las obligaciones de acceso mayorista. Si no están vinculados al beneficiario de la ayuda, no hay limitación para estas ampliaciones en zonas adyacentes. Se considerará que un solicitante de acceso no está vinculado al beneficiario de la ayuda si no son parte del mismo grupo y no tienen participación en sus respectivas empresas. Las ampliaciones por parte de los beneficiarios de la ayuda pueden autorizarse siempre que se cumplan las siguientes salvaguardias acumulativas:

139.

Si los resultados de la consulta pública ponen de manifiesto la existencia de riesgos de otros falseamientos significativos de la competencia, deben prohibirse las ampliaciones por parte del beneficiario de la ayuda.

140.

La red financiada por el Estado debe proporcionar, como mínimo, acceso indirecto, acceso a la fibra oscura y acceso a la infraestructura, incluidos distribuidores en la calle, postes, mástiles, torres y conducciones.

141.

Además, los Estados miembros deben garantizar que la red financiada por el Estado proporcione, como mínimo, la desagregación física o el acceso desagregado virtual (VULA). Para ser considerado adecuado como producto de acceso mayorista, cualquier producto VULA debe ser aprobado previamente por la ANR u otra autoridad competente.

142.

La red financiada por el Estado debe proporcionar al menos a) los productos de acceso mayorista a que se refiere el apartado 140; y b) la desagregación física.

143.

Los Estados miembros pueden considerar apropiado no imponer la desagregación física y exigir, en su lugar, la prestación de VULA. En tal caso, los Estados miembros deben indicar su intención de conceder una excepción a la obligación de proporcionar desagregación física y exponer las razones de su decisión en la consulta pública. Los Estados miembros deben demostrar que la sustitución de la prestación de la desagregación física por la prestación de VULA no entraña el riesgo de falsear indebidamente la competencia, teniendo en cuenta el resultado de la consulta pública y las características del mercado y de la zona de que se trate (96). Sobre esta base, la Comisión evaluará si la prestación de VULA, en lugar de la desagregación física, garantiza que la ayuda sea proporcionada.

144.

La red financiada por el Estado debe proporcionar un conjunto razonable de productos de acceso mayorista, teniendo en cuenta las características del mercado, para garantizar el acceso efectivo a la red subvencionada. Esto incluye, como mínimo, la itinerancia y el acceso a postes, mástiles, torres y conducciones. Tan pronto como estén disponibles, la red financiada por el Estado tendrá que proporcionar los productos de acceso necesarios para explotar las características más avanzadas (97) de las redes móviles, como la 5G y las generaciones futuras de redes móviles (98).

145.

La red financiada por el Estado debe garantizar al menos un servicio activo y el acceso a postes, mástiles, torres, conducciones y fibra oscura.

146.

Los Estados miembros deben prever el despliegue de suficiente capacidad para infraestructura nueva (por ejemplo, conducciones lo bastante anchas que permitan el despliegue de fibra oscura para satisfacer las necesidades esperadas de todos los solicitantes de acceso) si es necesario para garantizar el acceso efectivo en condiciones equitativas y no discriminatorias.

147.

Como excepción a las condiciones dispuestas en el apartado 5.2.4.4.2, los Estados miembros podrán limitar el suministro de determinados productos de acceso mayorista a los casos de demanda razonable de un solicitante de acceso, cuando el suministro de tales productos aumentara desproporcionadamente los costes de inversión sin ofrecer beneficios significativos en cuanto al aumento de la competencia.

148.

Para que la Comisión apruebe esa excepción, el Estado miembro debe justificarla sobre la base de las características de esa intervención específica. La justificación debería basarse en criterios objetivos y bien razonados, como la baja densidad de población de las zonas afectadas, el tamaño de la superficie objetivo o el tamaño de los beneficiarios de la ayuda (99). El Estado miembro debe demostrar, para cada producto de acceso que no se suministrará, que ofrecer ese producto supondría un aumento desproporcionado de los costes, sobre la base de cálculos de costes detallados y objetivos.

149.

La demanda del solicitante de acceso se considera razonable si a) el solicitante de acceso establece un plan de negocios coherente que justifique el desarrollo del producto en la red financiada por el Estado; y b) en la misma zona geográfica ninguna otra empresa ofrece ningún producto de acceso comparable a precios equivalentes a los de las zonas más densamente pobladas (100).

150.

Si una solicitud de acceso es razonable, el coste adicional de satisfacer la solicitud de acceso correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.

151.

Al fijar los precios de los productos de acceso mayorista, los Estados miembros deben velar por que el precio de acceso mayorista de cada producto se base en uno de los siguientes valores de referencia y principios de fijación de precios:

152.

Debe consultarse a la ANR sobre los productos de acceso mayorista y las condiciones de acceso mayorista, incluidos los precios y litigios conexos, tal como se establece en el apartado 5.2.4.6.

153.

El importe de la ayuda para las intervenciones estatales de apoyo al despliegue de redes fijas y móviles se suele fijar sobre una base ex ante para cubrir la diferencia de financiación prevista durante la vida útil de la infraestructura subvencionada.

154.

En ese caso, dado que los costes e ingresos futuros son por lo general inciertos, los Estados miembros deberían supervisar pormenorizadamente la ejecución de cada proyecto financiado por el Estado (101) durante toda la vida útil de la infraestructura subvencionada y prever una cláusula de reembolso. Esta cláusula de reembolso permite considerar debidamente la información que el beneficiario de la ayuda no pudo tener en cuenta en el plan de negocios original al solicitar la ayuda estatal. Los factores que pueden repercutir en la rentabilidad del proyecto y que pueden resultar difíciles, o incluso imposibles, de establecer ex ante con la precisión adecuada son, por ejemplo: a) los costes reales de despliegue de la red; b) los ingresos reales obtenidos de los servicios básicos; c) la utilización real; y d) los ingresos reales procedentes de servicios «accesorios» (102).

155.

Los Estados miembros deben aplicar una cláusula de reembolso durante la vida útil de la infraestructura subvencionada si el importe de la ayuda al proyecto supera los diez millones EUR. Los Estados miembros deben establecer las normas de dicha cláusula de forma transparente y clara en la documentación del procedimiento de selección competitivo.

156.

No es necesario un reembolso cuando el proyecto se lleve a cabo mediante el modelo de inversión directa, en el que una autoridad pública construye y explota una red pública, exclusivamente mayorista, con el único objetivo de conceder un acceso equitativo y no discriminatorio a todas las empresas (103).

157.

Dado que varios factores pueden tener un impacto positivo o negativo en el plan de negocios del beneficiario de la ayuda, la cláusula de reembolso debería diseñarse de manera que considere y equilibre dos objetivos: a) debería permitir al Estado miembro recuperar importes que excedan de un beneficio razonable (104); b) no debería poner en peligro los incentivos para que las empresas participen en un procedimiento de selección competitivo (105) y se esfuercen por conseguir eficiencias de costes (incremento de la eficiencia) al desplegar la red. Para lograr un buen equilibrio entre ambos objetivos, los Estados miembros deberían introducir criterios para incentivar el incremento de la eficiencia (106).

158.

El importe del incentivo debe fijarse en un máximo del 30 % del beneficio razonable. Los Estados miembros no deberían recuperar ningún beneficio adicional igual o inferior a ese umbral (es decir, el beneficio razonable incrementado por el importe del incentivo (107)). Todo beneficio que supere el umbral debe repartirse entre el beneficiario de la ayuda y el Estado miembro, sobre la base de la intensidad de ayuda derivada del resultado del procedimiento de selección competitivo (108).

159.

Las cláusulas de reembolso también deben tener en cuenta los beneficios obtenidos de otras transacciones relacionadas con la red financiada por el Estado. Por ejemplo, cuando se cree una empresa específicamente para construir o explotar la red financiada por el Estado, si un accionista existente de esa empresa vende la totalidad o parte de sus acciones en la empresa dentro del plazo de siete años a partir de la finalización de la red, o de diez años a partir de la concesión de la ayuda, el Estado miembro debe recuperar cualquier importe del producto de la venta que supere el precio con el que el accionista actual obtendría un beneficio razonable (109).

160.

Para garantizar que la ayuda siga siendo proporcionada y no dé lugar a una compensación excesiva o a la subvención cruzada de actividades que no reciben ayuda, el beneficiario de la ayuda debe garantizar la separación contable de manera que se identifiquen claramente los costes del despliegue y el funcionamiento y los ingresos procedentes de la explotación de la red desplegada con fondos estatales.

161.

El papel de las autoridades nacionales reguladoras es particularmente importante en el diseño de las intervenciones estatales más adecuadas para apoyar la banda ancha. Las ANR han adquirido conocimientos técnicos y experiencia gracias al papel fundamental que les asigna la regulación sectorial y son las más indicadas para apoyar a las autoridades públicas en el diseño de las intervenciones estatales.

162.

Se anima a los Estados miembros a que impliquen sistemáticamente a las ANR en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las intervenciones estatales y, en particular, aunque no solo, en a) la determinación de las zonas objetivo (mapa detallado y consulta pública), b) la evaluación del cumplimiento de los requisitos de cambio considerable, y c) los mecanismos de resolución de conflictos, incluso en caso de litigio en relación con cualquiera de esos aspectos.

163.

Habida cuenta de los conocimientos específicos de las ANR de los mercados nacionales, los Estados miembros deben consultar a las ANR, que son las más indicadas, con respecto a: a) los productos de acceso mayorista, las condiciones y la determinación de precios (apartado 5.2.4.4); y b) las infraestructuras existentes sujetas a regulación ex ante (apartado 5.2.4.3). Cuando se hayan otorgado a la ANR las competencias necesarias para participar en intervenciones estatales para el despliegue de redes de banda ancha, el Estado miembro debería enviar a la ANR una descripción detallada de las medidas de ayuda, al menos dos meses antes de la notificación de la ayuda estatal, con el fin de que la ANR disponga de un plazo razonable para emitir su dictamen.

164.

En consonancia con las mejores prácticas, sin perjuicio de las competencias de las ANR en virtud del marco regulador, las ANR pueden dar directrices a las autoridades locales, entre otras cosas, sobre la realización de análisis de mercado y las definiciones de los productos de acceso mayorista y la fijación de precios. Dichas directrices deben tener en cuenta el marco regulador y las recomendaciones formuladas por la Comisión (110).

165.

Además de la implicación de las ANR, los Estados miembros también pueden consultar a las autoridades nacionales de competencia, por ejemplo, para que les asesoren sobre cómo crear condiciones de competencia equitativas para las empresas y evitar que una proporción exageradamente elevada de los fondos públicos se destine a una sola empresa, reforzando así su posición de mercado (que posiblemente ya sea dominante) (111).

166.

Los Estados miembros podrán crear centros nacionales de competencia, como por ejemplo oficinas de competencia en materia de banda ancha que puedan ayudar a las autoridades a diseñar intervenciones estatales en apoyo del despliegue de redes de banda ancha (112).

167.

Los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 7 sobre transparencia, presentación de informes y supervisión.

168.

Las ayudas para el despliegue de redes fijas y móviles pueden tener efectos negativos en términos de falseamientos del mercado y de impacto en el comercio entre Estados miembros.

169.

La Comisión evalúa la magnitud del falseamiento de la competencia y sus efectos para el comercio atendiendo a su impacto en los competidores y la posible exclusión de las inversiones privadas. El apoyo público también puede animar a los proveedores de servicios locales a utilizar servicios ofrecidos por la red financiada por el Estado en lugar de otros prestados en condiciones de mercado. Además, cuando el beneficiario de la ayuda sea probablemente una empresa que ya se encuentre en posición dominante en un mercado o pueda pasar a ocupar una posición dominante gracias a la inversión pública, la ayuda podría reducir la presión competitiva que pueden ejercer los competidores. Incluso en los casos en que el falseamiento puede considerarse limitado a nivel individual, de forma acumulativa, los regímenes de ayuda podrían dar lugar a elevados niveles de falseamiento.

170.

La Comisión sopesará los efectos positivos de la ayuda prevista en las actividades económicas que reciben apoyo y sus efectos negativos reales y potenciales sobre las condiciones de la competencia y el comercio. Para que la ayuda sea compatible con el mercado interior, sus efectos positivos deben compensar sus efectos negativos.

171.

En primer lugar, la Comisión evaluará los efectos positivos de la ayuda en las actividades económicas subvencionadas, incluida su contribución a los objetivos de la política digital. El Estado miembro debe demostrar, sobre la base de un análisis contrafáctico, que la medida tiene efectos positivos en comparación con lo que habría ocurrido sin la ayuda. Como se ha indicado en la sección 5.2.1, los efectos positivos pueden incluir la consecución de los objetivos de la intervención estatal, tales como el despliegue de una nueva red en el mercado que proporcione capacidad y velocidad adicionales, así como precios más bajos y más posibilidades de elección para los usuarios finales y mayor calidad e innovación. Ello redundaría también en un mayor acceso de los usuarios finales a los recursos en línea y probablemente estimularía un crecimiento de la demanda. Como consecuencia, también podría contribuir a la realización del mercado único digital y beneficiar a la economía de la Unión en su conjunto.

172.

Además, la Comisión también podrá tener en cuenta, cuando proceda, si la ayuda tiene otros efectos positivos, por ejemplo, mejoras de la eficiencia energética de las operaciones de la red, o políticas de la Unión, como el Pacto Verde Europeo.

173.

En segundo lugar, los Estados miembros deben demostrar que los efectos negativos se limitan al mínimo necesario. Al diseñar la medida teniendo en cuenta la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la ayuda (secciones 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4) los Estados miembros deberían tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño de los proyectos, los importes de ayuda individuales y acumulativos, las características de los beneficiarios (por ejemplo, si tienen un peso significativo en el mercado) y las características de las zonas objetivo (por ejemplo, el número de redes sólidas existentes o planificadas de forma creíble en una zona determinada). Para que la Comisión pueda evaluar los probables efectos negativos, se anima a los Estados miembros a presentar cualquier evaluación de impacto de que dispongan, así como las evaluaciones ex post realizadas de regímenes similares anteriores.

174.

La disponibilidad de una red de banda ancha es un requisito previo para la posibilidad de abonarse a los servicios de banda ancha. No obstante, en algunos casos esto podría no ser suficiente para garantizar que se satisfagan las necesidades de los usuarios finales (a las que se hace referencia en particular en los apartados 53 y 61) y se materialicen los beneficios para la sociedad en su conjunto.

175.

La razón puede ser la propensión relativamente baja de los usuarios finales a abonarse a los servicios de banda ancha. Esta baja propensión puede deberse a diversas razones, entre ellas: a) el impacto económico del coste de abonarse a los servicios de banda ancha para los usuarios finales en general o para determinadas categorías de usuarios finales en situación precaria; y b) los usuarios finales no son conscientes de los beneficios que aportará el abono a los servicios de banda ancha.

176.

Las medidas del lado de la demanda, como los bonos, están pensadas para reducir los costes para los usuarios finales y pueden ser útiles para subsanar una deficiencia específica del mercado en términos de demanda de los servicios de banda ancha disponibles. El acceso generalizado y asequible a la conectividad crea efectos externos positivos dada su capacidad de acelerar el crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía. Cuando no sea posible garantizar un acceso asequible a servicios de banda ancha satisfactorios debido, por ejemplo, a unos precios minoristas elevados, las ayudas estatales pueden subsanar tal deficiencia del mercado. En tales casos, la concesión de ayudas estatales puede tener efectos positivos.

177.

Los bonos no equivalen a una ayuda a los usuarios finales, incluidos los consumidores individuales, si estos usuarios finales no llevan a cabo una actividad económica que entre en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Sin embargo, los bonos pueden constituir una ayuda a los usuarios finales si estos realizan una actividad económica que entre en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. No obstante, en la mayoría de los casos, la ayuda podría entrar en el ámbito del Reglamento sobre ayudas de minimis (113), teniendo en cuenta el valor limitado de los bonos.

178.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que, cuando se concede una ventaja a usuarios finales, como los consumidores individuales que no realizan una actividad económica, aun así puede representar una ventaja concedida a determinadas empresas y constituir una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado (114).

179.

Así pues, los bonos pueden constituir una ayuda a empresas del sector de las comunicaciones electrónicas que podrán mejorar o incrementar su oferta de servicios utilizando las redes de banda ancha existentes y reforzar así su posición en el mercado en detrimento de otras empresas en el sector de la banda ancha. Esas empresas están sujetas al control de las ayudas estatales si la ventaja que reciben supera los niveles de minimis.

180.

No pueden preverse medidas de bonos en zonas en las que no exista una red que preste los servicios subvencionables.

181.

Los bonos sociales tienen por objeto ayudar a determinados consumidores individuales a adquirir o conservar servicios de banda ancha. Pueden considerarse compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra a), del Tratado, como «ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos».

182.

Para ser compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra a), del Tratado, los bonos sociales deben estar reservados a determinadas categorías de consumidores individuales cuyas circunstancias financieras justifiquen la concesión de ayudas por razones sociales (por ejemplo, familias con bajos ingresos, estudiantes, escolares, etc.) (115). Para ello, los Estados miembros deben determinar, sobre la base de criterios objetivos, las categorías de consumidores a las que van dirigidos los regímenes de bonos sociales (116).

183.

Los costes subvencionables podrán ser las cuotas mensuales, los costes de establecimiento estándar (117) y el equipo terminal necesario del consumidor para el acceso a los servicios de banda ancha. Los costes del cableado en el interior de los edificios y un cierto despliegue limitado en la propiedad privada de los consumidores o en una propiedad pública cercana a la propiedad privada de los consumidores también podrán ser subvencionables en la medida en que sean necesarios y auxiliares para la prestación del servicio.

184.

Los bonos sociales pueden utilizarse para abonarse a nuevos servicios de banda ancha o para conservar los abonos existentes («servicios subvencionables»).

185.

El requisito de evitar cualquier discriminación por el origen de los productos [véase el apartado 181] se cumple al respetar el principio de neutralidad tecnológica. Los consumidores deben poder utilizar los bonos sociales para adquirir servicios de banda ancha subvencionables de cualquier proveedor capaz de prestarlos, con independencia de la tecnología utilizada para prestar el servicio. El régimen de bonos sociales debe garantizar la igualdad de trato de todos los posibles proveedores de servicios y ofrecer a los consumidores la mayor variedad posible de proveedores. Para ello, el Estado miembro debe crear un registro en línea de todos los prestadores de servicios subvencionables o aplicar un método alternativo equivalente para garantizar la apertura, la transparencia y el carácter no discriminatorio de la intervención estatal. Los consumidores deben tener la posibilidad de consultar esa información sobre todas las empresas capaces de prestar los servicios subvencionables. Todas las empresas capaces de prestar los servicios de banda ancha subvencionables sobre la base de criterios objetivos y transparentes (por ejemplo, capacidad de cumplir los requisitos mínimos para la prestación de esos servicios) deben tener la posibilidad, si lo solicitan, de ser incluidas en el registro en línea o en cualquier ubicación alternativa elegida por el Estado miembro. El registro (o el la ubicación alternativa elegida) también puede proporcionar información adicional para ayudar a los consumidores, como el tipo de servicios prestados por las distintas empresas.

186.

Los Estados miembros deben llevar a cabo una consulta pública sobre las características principales del régimen. La consulta pública debe durar al menos treinta días.

187.

Los Estados miembros podrán aplicar salvaguardias adicionales para evitar el posible uso indebido de los bonos sociales por parte de los consumidores, los proveedores de servicios u otros beneficiarios implicados. Por ejemplo, en determinadas circunstancias en las que solo se subvencionen nuevos servicios, pueden ser necesarias salvaguardias adicionales con el fin de garantizar que los bonos sociales no se utilicen para adquirir servicios de banda ancha cuando otro miembro del mismo hogar ya esté abonado a un servicio subvencionable.

188.

Además, los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 7 sobre transparencia, presentación de informes y supervisión.

189.

Los bonos de conectividad pueden diseñarse para categorías más amplias de usuarios finales (por ejemplo, bonos de conectividad para consumidores o para determinadas empresas, como las pequeñas y medianas) con el fin de incentivar la demanda de servicios de banda ancha que contribuyan al desarrollo de una actividad económica. Estas medidas pueden ser declaradas compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

190.

La Comisión considerará compatibles tales medidas si contribuyen al desarrollo de una actividad económica (primera condición) sin alterar indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (segunda condición).

191.

La Comisión considera que los regímenes de bonos de conectividad que contribuyen de manera efectiva a la demanda de determinados servicios de banda ancha pueden facilitar el desarrollo de una serie de actividades económicas al aumentar la conectividad y el acceso a los servicios de banda ancha cuando existe una deficiencia del mercado en la demanda de los servicios pertinentes (118).

192.

Los Estados miembros deben demostrar que los regímenes de bonos de conectividad tienen un efecto incentivador.

193.

Los bonos de conectividad solo deberían cubrir hasta el 50 % de los costes subvencionables (119). Los costes subvencionables podrán ser las cuotas mensuales, los costes de establecimiento estándar y el equipo terminal necesario de los usuarios finales para el acceso a los servicios de banda ancha. Los costes del cableado en el interior de los edificios y un cierto despliegue limitado en las propiedades privadas de los usuarios finales o en una propiedad pública cercana a las propiedades privadas de los usuarios finales también podrán ser subvencionables en la medida en que sean necesarios y auxiliares para la prestación del servicio.

194.

Las ayudas estatales deberían ir destinadas a situaciones en las que puedan aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo, es decir, cuando la ayuda sea necesaria para solventar una deficiencia del mercado en la demanda de los servicios de banda ancha pertinentes. Por ejemplo, si los regímenes de bonos de conectividad no están destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios finales en términos de implantación (por ejemplo, si los bonos se utilizan indebidamente para apoyar el despliegue en lugar de incentivar la demanda) o no respetan la neutralidad tecnológica, esos regímenes no serían un instrumento adecuado. En tales casos, la ayuda en forma de bonos alteraría indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común y, por consiguiente, no es probable que se considere compatible con el mercado interior.

195.

Los bonos de conectividad no pueden utilizarse para mantener servicios existentes. Los bonos pueden utilizarse para adquirir un nuevo servicio o para mejorar el existente. Cuando los bonos de conectividad puedan utilizarse para mejorar un abono existente, los Estados miembros deben demostrar que el régimen de bonos no falsea indebidamente la competencia a nivel minorista y mayorista, por ejemplo, que no creará beneficios inesperados desproporcionados para algunos operadores, al tiempo que perjudica indebidamente a otros operadores.

196.

Los bonos de conectividad deben ser tecnológicamente neutros. Los usuarios finales deben ser capaces de usar bonos de conectividad para adquirir servicios subvencionables de banda ancha de cualquier proveedor capaz de prestarlos, con independencia de la tecnología utilizada para prestar los servicios. Los regímenes de bonos de conectividad deben garantizar la igualdad de trato de todos los posibles proveedores de servicios y ofrecer a los usuarios finales la mayor variedad posible de proveedores. Para ello, el Estado miembro debe crear un registro en línea de todos los prestadores de servicios subvencionables o aplicar un método alternativo equivalente para garantizar la apertura, la transparencia y el carácter no discriminatorio de la intervención estatal. Los usuarios finales deben tener la posibilidad de consultar esa información sobre todas las empresas capaces de prestar los servicios subvencionables. Todas las empresas capaces de prestar los servicios subvencionables, sobre la base de criterios objetivos y transparentes (por ejemplo, capacidad de cumplir los requisitos mínimos para la prestación de esos servicios), deben tener la posibilidad, si lo solicitan, de ser incluidas en el registro en línea o en cualquier ubicación alternativa elegida por el Estado miembro. El registro (o la ubicación alternativa elegida) también puede proporcionar información adicional para ayudar a los consumidores, como el tipo de servicios prestados por las distintas empresas.

197.

Con el fin de minimizar los falseamientos de la competencia, los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación del mercado para identificar a los proveedores elegibles presentes en la zona y recopilar información para calcular su cuota de mercado. La evaluación del mercado debe determinar si el régimen de bonos de conectividad podría conceder una ventaja desproporcionada a algunos proveedores en detrimento de otros, posiblemente reforzando una posición dominante en el mercado (local). La evaluación del mercado también debe determinar la necesidad real de aplicar un régimen de bonos de conectividad, comparando la situación en la zona o zonas de intervención con la de otras zonas del Estado miembro o de la Unión. También pueden examinarse las tendencias en la demanda por parte de los usuarios finales para evaluar y decidir sobre el régimen de bonos.

198.

Los Estados miembros deben llevar a cabo una consulta pública sobre las principales características del régimen. La consulta pública debe durar al menos treinta días.

199.

Para poder acogerse al régimen, cuando un proveedor de servicios de banda ancha esté integrado verticalmente y tenga una cuota de mercado minorista superior al 25 %, debe ofrecer en el mercado de acceso mayorista correspondiente, productos de acceso mayorista sobre cuya base cualquier solicitante de acceso pueda prestar los servicios subvencionables, en condiciones abiertas, transparentes y no discriminatorias. El precio del acceso mayorista debe fijarse de acuerdo con los principios expuestos en el apartado 5.2.4.4.4.

200.

Para limitar los efectos negativos sobre la competencia, la duración de un régimen de bonos de conectividad no debe exceder, en principio, de tres años (120). La validez de los bonos para los usuarios finales individuales no excederá de dos años.

201.

Además, los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 7 sobre transparencia, presentación de informes y supervisión.

202.

Los Estados miembros deben publicar la siguiente información en el módulo de transparencia de las concesiones de la Comisión (121) o en un sitio web general sobre ayudas estatales, a escala nacional o regional:

203.

La información a que se refiere el apartado 202, letra b), debe publicarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de concesión de la ayuda o, en el caso de las ayudas en forma de ventajas fiscales, en el plazo de un año a partir de la fecha límite en que deba presentarse la declaración de impuestos (122).

204.

Los Estados miembros deben organizar su sitio web general sobre ayudas estatales, al que se hace referencia en el apartado 202, de forma que permita acceder fácilmente a la información. En el caso de las ayudas ilegales, pero posteriormente declaradas compatibles, los Estados miembros deben publicar la información en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión de la Comisión por la que se declare la compatibilidad de la ayuda.

205.

Con el fin de permitir la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en virtud del Tratado, la información debe estar disponible durante al menos diez años a partir de la fecha de concesión de la ayuda. La información debe publicarse en un formato de hoja de cálculo no propietario que permita buscar, extraer y descargar eficazmente los datos y publicarlos fácilmente en internet, por ejemplo, en formato CSV o XML. El público en general debe poder acceder sin restricciones al sitio web, incluido el registro previo de usuarios.

206.

La Comisión publicará en su sitio web el enlace al sitio web nacional o regional sobre ayudas estatales a que se refiere el apartado 202.

207.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (123) y el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (124), los Estados miembros presentarán a la Comisión informes anuales sobre cada medida de ayuda aprobada en virtud de las presentes Directrices.

208.

Además de los informes anuales mencionados en el apartado 207, los Estados miembros deben presentar a la Comisión cada dos años un informe con la información clave sobre las medidas de ayuda aprobadas en virtud de las presentes Directrices, de conformidad con el anexo III.

209.

Los Estados miembros deben llevar registros detallados de todas las medidas de ayuda. Esos registros deben contener toda la información necesaria para determinar que se cumplen todas las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices. Los Estados miembros deben conservar los registros durante un plazo de diez años desde la fecha de concesión de la ayuda y facilitárselos a la Comisión cuando esta así lo solicite.

210.

Para garantizar aún más que se limitan los falseamientos de la competencia y el comercio, la Comisión puede exigir que los regímenes estén sujetos a una evaluación ex post con el fin de verificar: a) si se han cumplido las hipótesis y condiciones que condujeron a la decisión de compatibilidad; b) la efectividad de la medida de ayuda a la vista de sus objetivos previamente definidos; c) el efecto de la medida de ayuda sobre los mercados y la competencia y que no se manifiestan efectos falseadores durante la duración del régimen de ayuda que sean contrarios a los intereses de la Unión (125).

211.

Se requerirá una evaluación ex post para los regímenes con grandes presupuestos, o de características nuevas, o cuando se prevean cambios importantes en el mercado, en la tecnología o en la normativa. En cualquier caso, la evaluación ex post será necesaria para los regímenes con un presupuesto de ayuda estatal o un gasto contabilizado superior a 150 millones EUR en un año determinado o a 750 millones EUR a lo largo de su duración total. La duración total de los regímenes incluye la duración combinada del régimen y cualquier régimen anterior que abarque un objetivo y una zona geográfica similares, a partir de la publicación de las presentes Directrices. Habida cuenta de los objetivos de la evaluación, y con el fin de no imponer una carga desproporcionada a los Estados miembros y a los proyectos de ayuda más pequeños, las evaluaciones ex post solo son necesarias para los regímenes de ayudas cuya duración total sea superior a tres años, a partir de la publicación de las presentes Directrices.

212.

El requisito de evaluación ex post podrá no aplicarse a los regímenes de ayudas que sean sucesores inmediatos de regímenes que cubran un objetivo y una zona geográfica similares y que hayan sido objeto de una evaluación, hayan presentado un informe de evaluación final con arreglo al plan de evaluación aprobado por la Comisión y no hayan arrojado resultados negativos. Todo régimen cuyo informe de evaluación final no cumpla los requisitos del plan de evaluación aprobado deberá suspenderse con efecto inmediato.

213.

La evaluación tiene por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones subyacentes para la compatibilidad del régimen, en particular la necesidad y la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos. Asimismo, debe evaluar el impacto del régimen sobre la competencia y el comercio.

214.

En el caso de los regímenes de ayuda sujetos al requisito de evaluación mencionado en el apartado 211, los Estados miembros deben notificar un proyecto de plan de evaluación, que formará parte integrante de la evaluación del régimen por parte de la Comisión. El plan debe notificarse:

215.

El proyecto de plan de evaluación debe ajustarse a los principios metodológicos comunes establecidos por la Comisión (126). Los Estados miembros deben publicar el plan de evaluación aprobado por la Comisión.

216.

La evaluación ex post debe efectuarla un experto independiente de la autoridad que concede la ayuda sobre la base del plan de evaluación. Cada evaluación debe incluir al menos un informe de evaluación intermedio y otro final. Los Estados miembros deben publicar ambos informes.

217.

El informe final de evaluación debe presentarse a la Comisión con la debida antelación para que esta estudie la posible prórroga del régimen de ayudas y, a más tardar, nueve meses antes de su expiración. Este plazo se podrá acortar en el caso de los regímenes que activen el requisito de evaluación en sus dos últimos años de aplicación. El ámbito y las modalidades exactos de cada evaluación se indicarán en la decisión de aprobación del régimen de ayudas. La notificación de toda medida de ayuda posterior con un objetivo similar debe describir de qué manera se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación.

218.

La Comisión aplicará los principios expuestos en las presentes Directrices a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

219.

La Comisión aplicará los principios expuestos en las presentes Directrices a las ayudas notificadas sobre las que deba adoptar una decisión después de la fecha de publicación de las presentes Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea, incluso cuando la ayuda haya sido notificada antes de esa fecha.

220.

De conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (127), la Comisión aplicará las normas en vigor en el momento en que se concedió la ayuda ilegal. La Comisión aplicará los principios expuestos en las presentes Directrices en consecuencia si la ayuda ilegal se concede después de la fecha de su publicación.

221.

La Comisión propone a los Estados miembros, sobre la base del artículo 108, apartado 1, del Tratado, las siguientes medidas apropiadas: