COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

2023/0260(NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

Desde un punto de vista político, el Acuerdo Marco Avanzado con la República de Chile («Chile») supone un importante paso de cara a reforzar el papel de la Unión Europea en Sudamérica, basado en valores universales compartidos, como la democracia y los derechos humanos. Asimismo, prepara el camino para mejorar la cooperación política, regional y mundial entre dos socios de ideas afines. La aplicación del Acuerdo Marco Avanzado aportará beneficios prácticos para ambas Partes y servirá de base para la promoción de los intereses políticos más generales de la Unión Europea.

Desde que se firmó el actual Acuerdo de Asociación hace veinte años, el mundo ha experimentado cambios sustanciales. El Acuerdo Marco Avanzado responde a estos cambios y aborda los nuevos desafíos mundiales. La actualización del Acuerdo de Asociación llega en un momento en que las sociedades y economías de Chile y de la UE se enfrentan a retos internacionales sin precedentes como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Las repercusiones de la guerra, incluida la inflación mundial, las interrupciones de la cadena de suministro y la crisis energética, han puesto de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los vínculos mutuamente beneficiosos con aliados clave afines para acelerar la transición energética, fortalecer las cadenas de suministro estratégicas y diversificar las fuentes de suministro.

En 2006, la Comisión Europea adoptó la estrategia «Una Europa global», a fin de modernizar su agenda en materia de política comercial de la UE y forjar acuerdos comerciales más exhaustivos. La UE ha suscrito acuerdos con otros países de la región (Acuerdo Comercial UE-Colombia-Ecuador-Perú, Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica) y con países de otras regiones, entre otros, con Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Chile ha firmado veintiséis acuerdos de libre comercio (ALC) con sesenta y cuatro países, por ejemplo, con EE. UU. (2004), China (2006) y Japón (2007). Asimismo, se ha unido a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de Asociación Transpacífico (ahora, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

Los acuerdos internacionales antes mencionados trascienden en gran medida la ambición y el alcance del vigente Acuerdo de Asociación UE-Chile en la mayoría de ámbitos. Como consecuencia de ello, ambas Partes expresaron su interés en modernizar el Acuerdo de Asociación para seguir nutriendo sus relaciones políticas y económicas, y para profundizar la cooperación y el comercio.

Durante una reunión celebrada al margen de la Cumbre UE-CELAC que tuvo lugar en Santiago el 26 y 27 de enero de 2013, los dirigentes de la UE y Chile acordaron estudiar opciones para modernizar el Acuerdo de Asociación, tras diez años desde su entrada en vigor. En abril de 2015, el 6.º Consejo de Asociación UE-Chile aprobó la creación del grupo de trabajo conjunto («el Grupo») sobre la modernización del Acuerdo de Asociación. El objetivo del Grupo era llevar a cabo un ejercicio exploratorio mediante la evaluación del nivel de ambición de las negociaciones prospectivas para modernizar el Acuerdo de Asociación en todos los ámbitos. El Grupo creó dos subgrupos: uno responsable de política y cooperación; y otro, de comercio. Los subgrupos concluyeron sus trabajos con ocasión del 14.º Comité de Asociación UE-Chile, celebrado el 31 de enero de 2017.

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó una Decisión por la que se autorizaba a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo modernizado con Chile que sustituyese al Acuerdo de Asociación 2 .

Las negociaciones se iniciaron formalmente el 16 de noviembre de 2017 y se llevaron a cabo en consulta con el Grupo «América Latina y Caribe» del Consejo. Se consultó al Comité de Política Comercial sobre las partes del Acuerdo relacionadas con el comercio. El Parlamento Europeo ha sido informado del resultado de las negociaciones.

La UE y Chile llegaron a la conclusión política de las negociaciones el 9 de diciembre de 2022 en Bruselas. La modernización del vigente Acuerdo de Asociación UE-Chile gira en torno a dos instrumentos jurídicos:

1.el Acuerdo Marco Avanzado que se adjunta a la presente propuesta, que incluye a) el pilar político y de cooperación y b) el pilar de comercio e inversión (incluidas las disposiciones de protección de las inversiones); y

2.un Acuerdo Provisional sobre Comercio entre la Unión Europea y la República de Chile que cubre la liberalización del comercio y las inversiones. El Acuerdo Provisional sobre Comercio dejará de aplicarse cuando entre en vigor el Acuerdo Marco Avanzado.

El Acuerdo Marco Avanzado recoge las cláusulas tipo de la UE relativas a los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, las armas de destrucción masiva, las armas pequeñas y armas ligeras y la lucha contra el terrorismo. También abarca la cooperación en ámbitos como la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la gobernanza de los océanos, la energía, la fiscalidad, la educación y la cultura, los trabajadores, el empleo y los asuntos sociales, la ciencia y la tecnología, y el transporte. El Acuerdo Marco Avanzado aborda, asimismo, la cooperación jurídica, el Estado de Derecho, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la delincuencia organizada y la corrupción. La parte de comercio del Acuerdo Marco Avanzado amplía el ámbito de aplicación del actual marco comercial bilateral y lo adapta a los nuevos retos políticos y económicos globales, a la nueva realidad de la asociación UE-Chile y al nivel de ambición de los acuerdos comerciales y negociaciones que la UE y Chile han celebrado recientemente.

El Acuerdo establece un marco institucional compuesto por el Consejo Conjunto, el Comité Conjunto y por Subcomités y otros órganos para asistir al Consejo Conjunto. Asimismo, define un mecanismo para hacer frente al incumplimiento por una de las Partes de las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo Marco Avanzado.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El Acuerdo Marco Avanzado está plenamente en consonancia con la visión general de la UE sobre su asociación con América Latina y el Caribe, tal y como se indica en la Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo «La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común», adoptada el 17 de abril de 2019. También se ajusta al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 (Una Europa más fuerte en el mundo).

Más aún, la parte de comercio e inversión del Acuerdo Marco Avanzado está plenamente en consonancia con la Estrategia «Comercio para Todos» de octubre de 2015 al afianzar la política comercial y de inversión en normas y valores europeos y universales junto con intereses económicos fundamentales, haciendo mayor hincapié en el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la evasión fiscal, la protección de los consumidores, y un comercio responsable y justo.

El Acuerdo Marco Avanzado establece un marco jurídico modernizado y exhaustivo para las relaciones entre la UE y Chile, y sustituye al actual Acuerdo de Asociación, incluida cualquier decisión posterior de sus órganos institucionales. A lo largo de los años, la UE y Chile han celebrado varios acuerdos sectoriales bilaterales, entre ellos, el Acuerdo sobre el comercio de vinos y el Acuerdo sobre el comercio de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas (en adelante, los «Acuerdos sobre vinos y bebidas espirituosas») para el reconocimiento y la protección mutuos de las denominaciones de vinos y bebidas espirituosas, que se firmaron en Bruselas. Los Acuerdos sobre vinos y bebidas espirituosas, anteriormente anejos al Acuerdo de Asociación 3 , se incorporan al Acuerdo Marco Avanzado.

 •Coherencia con otras políticas de la Unión

Además, se adjuntan al Acuerdo Marco Avanzado y al Acuerdo Provisional sobre Comercio unas Declaraciones Conjuntas sobre las disposiciones de comercio y desarrollo sostenible que prevén que, tras la entrada en vigor del Acuerdo Provisional sobre Comercio, las Partes iniciarán un proceso de revisión formal de sus aspectos comerciales y de desarrollo sostenible a fin de sopesar la incorporación, si procede, de disposiciones adicionales que cualquiera de ellas pueda considerar pertinentes en ese momento, en particular en el contexto de la evolución de sus respectivas políticas nacionales y de su práctica reciente en los tratados internacionales. Dichas disposiciones adicionales podrán referirse, en particular, a la mejora del mecanismo de garantía de cumplimiento del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, incluida la posibilidad de aplicar una fase de cumplimiento, así como contramedidas adecuadas como último recurso. Sin perjuicio del resultado de la revisión, las Partes también estudiarán la posibilidad de incorporar en el futuro el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático como elemento esencial de los Acuerdos.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

Base jurídica sustantiva

La base jurídica sustantiva de una decisión con arreglo al artículo 218, apartado 6, del TFUE depende principalmente del objetivo y del contenido del Acuerdo. Con arreglo a la jurisprudencia, si el examen de una medida de la UE indica que esta persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio, la medida debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exija el objetivo o componente principal o preponderante.

Si excepcionalmente se establece, en cambio, que la medida persigue a la vez varios objetivos o tiene diversos componentes, vinculados de forma indisociable, sin que uno sea accesorio respecto del otro, de forma que sean aplicables distintas disposiciones del Tratado, la medida deberá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de enero de 2006, Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, EU:C:2006:4, apartados 42 y 43; de 11 de junio de 2014, Comisión/Consejo, C‑377/12, EU:C:2014:1903, apartado 34; de 14 de junio de 2016, Parlamento/Consejo, C-263/14, EU:C:2016:435, apartado 44; y de 4 de septiembre de 2018, Comisión/Consejo (Acuerdo de colaboración con Kazajistán), C-244/17, EU:C:2018:662, apartado 40).

El artículo 218, apartado 6, letra a), inciso iii), del TFUE establece que, cuando un acuerdo cree un marco institucional específico al organizar procedimientos de cooperación, el Consejo debe adoptar una decisión de celebración del acuerdo previa aprobación del Parlamento Europeo.

El artículo 218, apartado 8, del TFUE establece que el Consejo debe pronunciarse por mayoría cualificada, salvo para las circunstancias contempladas en el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del TFUE, en cuyo caso el Consejo debe pronunciarse por unanimidad. Dado que los componentes predominantes del Acuerdo son la política comercial, el transporte, y la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países, la regla de votación para este caso concreto es, por tanto, la mayoría cualificada.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó una Decisión por la que se autorizaba a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo modernizado con Chile que sustituyese al Acuerdo de Asociación.

Las partes del Acuerdo Marco Avanzado que son competencia compartida de la UE con los Estados miembros incluyen ámbitos y elementos políticos que se prestan a la acción exterior a nivel de la Unión. En los ámbitos políticos en los que se haya emprendido una acción reguladora a nivel de la Unión, es inevitable que la Unión ejerza en el exterior la competencia correspondiente (artículo 3, apartado 2, del TFUE). Asimismo, a fin de lograr una cooperación significativa y de estar en una posición negociadora más fuerte con Chile, se ha considerado que la acción a nivel de la Unión era preferible a la acción a nivel de los Estados miembros individualmente. Por tanto, se consideró que la acción a nivel de la Unión era más eficaz que la acción a nivel nacional.

•Proporcionalidad

Esta iniciativa persigue directamente los objetivos de la Unión en materia de acción exterior y contribuye a la prioridad política de «la UE como interlocutor de mayor peso en el escenario mundial». Está en consonancia con las orientaciones de la Estrategia Global de la UE de comprometerse con otros países y de modernizar las asociaciones exteriores de la UE de manera responsable, a fin de alcanzar sus prioridades exteriores. Asimismo, contribuye a los objetivos de la UE en materia de comercio y de cooperación económica y técnica con terceros países.

Las negociaciones con Chile a efectos del Acuerdo Marco Avanzado se celebraron de conformidad con las directrices de negociación establecidas por el Consejo. El resultado de dichas negociaciones no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos políticos establecidos en tales directrices de negociación.

•Elección del instrumento

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

Estas evaluaciones demostraron que, si bien la cobertura del pilar comercial existente era integral en aquel momento, quedaba margen para seguir mejorando las normas y lograr un mayor acceso a los mercados. También llegó a la conclusión de que era necesario actualizar el Acuerdo de Asociación para adaptarlo a la evolución del panorama comercial mundial.

Además, la Comisión encargó también una «Evaluación del impacto sobre la sostenibilidad en apoyo de las negociaciones para la modernización de la parte de comercio del Acuerdo de Asociación con Chile», que se terminó en mayo de 2019.

•Consultas con las partes interesadas

En el contexto de la evaluación de impacto, la DG Comercio consultó a las partes interesadas, incluidas empresas, partes interesadas de la sociedad civil, ONG, sindicatos y asociaciones comerciales, cámaras de comercio y otros interesados privados, sobre la modernización. Estas consultas con las partes interesadas implicaron diferentes actividades de consulta, incluida una encuesta pública abierta en línea.

Los estudios externos, así como las consultas celebradas en el contexto de su preparación, aportaron a la Comisión datos de gran valor en las negociaciones relativas al Acuerdo Marco Avanzado.

Durante las negociaciones, también se organizaron reuniones para informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre el estado de las negociaciones e intercambiar puntos de vista sobre la modernización.

Las negociaciones se llevaron a cabo en consulta con el Grupo «América Latina y Caribe» del Consejo sobre los aspectos políticos y de cooperación del presente Acuerdo, y en consulta con el Comité de Política Comercial sobre sus aspectos comerciales, como comité especial designado por el Consejo de conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE. También se informó al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de forma periódica a través de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), en particular, mediante su Grupo de Seguimiento sobre Chile, y la Comisión de Asuntos Exteriores. Los textos que fueron surgiendo de las negociaciones fueron transmitidos a ambas instituciones durante el proceso.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

 •Evaluación de impacto

Además, la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad realizada durante la negociación ofrece una evaluación exhaustiva de las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de una mayor liberalización del comercio en el marco del Acuerdo Marco Avanzado en la UE y Chile. La evaluación de impacto también analiza las posibles repercusiones de la modernización sobre los derechos humanos y las industrias manufacturera, agrícola y de servicios.

•Adecuación regulatoria y simplificación

•Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

•Documentos explicativos (para las Directivas)

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

También incluye un mecanismo de consulta a la sociedad civil extensivo a todo el Acuerdo para que la sociedad civil de ambas partes haga oír su voz en relación con todas las disposiciones del Acuerdo.

·diálogo político, política exterior, paz y seguridad internacionales, gobernanza y derechos humanos;

·justicia, libertad y seguridad;

·desarrollo sostenible;

·asociación económica, social y cultural;

·otros ámbitos (políticas macroeconómicas, asuntos fiscales, política de los consumidores, salud pública, deporte y actividad física);

·modernización del Estado y del servicio público, descentralización, política regional y cooperación interinstitucional.

Se hace hincapié en una amplia gama de cuestiones cruciales, como la protección del medio ambiente, el cambio climático, la energía sostenible, la gobernanza de los océanos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y de las mujeres, la conducta empresarial responsable, los derechos laborales y la reducción del riesgo de catástrofes. Las disposiciones de la parte II permitirán llevar a cabo acciones más coordinadas y comunes en nuevos ámbitos como la salud pública, la modernización del Estado, la gestión de los flujos migratorios, la no proliferación de armas de destrucción masiva, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y la ciberdelincuencia.

Ello se traducirá en una asociación más sólida a escala mundial, por ejemplo, en relación con la Agenda 2030, la acción contra el cambio climático, la gobernanza de los océanos y asuntos relativos a la gobernanza democrática mundial, los derechos humanos, la migración internacional, la paz y la seguridad.

Las disposiciones de dicho Protocolo tienen por objeto prevenir la corrupción en el comercio y las inversiones a través de diferentes medidas, en particular, promoviendo la integridad en los sectores público y privado; mejorando los controles internos, la auditoría externa y la información financiera; y reforzando la lucha contra la corrupción, que ya se persigue mediante convenios internacionales, en particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En este sentido, las Partes reiteran su compromiso de tipificar la corrupción como delito para los funcionarios públicos y de considerar si tipificarla como delito también para las empresas. Ambas han acordado ciertas medidas disciplinarias para luchar contra el blanqueo de capitales.

El Protocolo también fomenta la participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. También prevé un mecanismo de consulta en caso de desacuerdo sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones anticorrupción.

De conformidad con los objetivos fijados en las directrices de negociación, la parte III del Acuerdo Marco Avanzado ofrecerá:

·mejor acceso a los mercados para las exportaciones agrícolas y pesqueras y mejora de las normas;

·normas de origen simplificadas;

·procedimientos fronterizos modernizados y simplificados;

·garantía de un comercio justo y de condiciones justas para las empresas;

·garantía de la sostenibilidad;

·una mayor atención a las necesidades de las pequeñas empresas;

·oportunidades para los proveedores de servicios y normas para el comercio digital;

·fomento de las inversiones;

·acceso a las licitaciones públicas chilenas;

·mejora de la protección de las innovaciones y las obras creativas;

·garantía de un comercio seguro y sostenible de los productos agroalimentarios;

·garantía de que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos para la evaluación de la conformidad no discriminen ni creen obstáculos innecesarios al comercio;

·transparencia y buenas prácticas en materia de regulación;

·procedimientos modernos de solución de diferencias.

El Acuerdo admite la posibilidad de ser aplicado provisionalmente, en su totalidad o en parte. Se celebra por un período indefinido y sustituye al Acuerdo de Asociación y al Acuerdo Provisional sobre Comercio.

2023/0260 (NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 91, apartado 1, su artículo 100, apartado 2, y sus artículos 207 y 212, en relación con su artículo 218, apartado 6, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo 7 ,

Considerando lo siguiente:

(1)De conformidad con la Decisión n.º [XX] del Consejo 8 , el [XX de XXX de 2023] se firmó el Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra («el Acuerdo»), a reserva de la celebración de dicho Acuerdo en una fecha posterior. El mismo día, la Unión Europea y Chile también adoptaron una Declaración Conjunta sobre las disposiciones de comercio y desarrollo sostenible incluidas en el Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra («la Declaración Conjunta»).

(2)Procede aprobar, en nombre de la Unión, el Acuerdo y la Declaración Conjunta.

(3)Con arreglo al artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, procede autorizar a la Comisión a aprobar, en nombre de la Unión, la posición que debe adoptarse en relación con determinadas modificaciones del Acuerdo que deban adoptarse mediante un procedimiento simplificado con arreglo al artículo 28.20 y el artículo 41.7, apartado 14, del Acuerdo, y por un organismo creado por el Acuerdo con arreglo al artículo 32.34 y el artículo 8.5, apartado 1, letra a), inciso x), del Acuerdo.

(4)El Acuerdo, de conformidad con su artículo 41.10, no confiere derechos ni impone obligaciones a personas, dentro de la Unión, distintos de los derechos u obligaciones creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Se aprueba, en nombre de la Unión, el Acuerdo.

2. Se aprueba, en nombre de la Unión, la Declaración Conjunta.

3. Los textos del Acuerdo y de la Declaración Conjunta se adjuntan a la presente Decisión.

Artículo 2

A efectos del artículo 28.20, del Acuerdo, las modificaciones o rectificaciones de los anexos 28-A y 28-B del Acuerdo serán aprobadas por la Comisión en nombre de la Unión.

Artículo 3

A efectos del artículo 32.34, y del artículo 8.5, apartado 1, letra a), inciso x), del Acuerdo, la modificación del anexo 32-C del Acuerdo será aprobada por la Comisión en nombre de la Unión.

Artículo 4

A efectos del artículo 41.7, apartado 14, del Acuerdo, la modificación de los apéndices del Acuerdo sobre el comercio de vinos que figura en el anexo V del Acuerdo de Asociación firmado por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, el 18 de noviembre de 2002 (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), incorporado al Acuerdo, será aprobada por la Comisión en nombre de la Unión.

A efectos del artículo 41.7, apartado 14, del Acuerdo, la modificación de los apéndices del Acuerdo sobre bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas que figura en el anexo VI del Acuerdo de Asociación, incorporado al Acuerdo, será aprobada por la Comisión en nombre de la Unión.

Artículo 5

Se autoriza a la Comisión a designar a las personas facultadas para proceder, en nombre de la Unión, a la notificación establecida en el artículo 41.5, apartado 1, del capítulo 41 del Acuerdo, a fin de expresar el consentimiento de la Unión en quedar vinculada por el Acuerdo.

Artículo 6

La presente Decisión entrará en vigor el día […] de su adopción.

Hecho en Bruselas, el

(1)    DO L 26 de 31.1.2003.

(2)    JOIN(2017) 19 final.

(3)    Los Acuerdos se modificaron en 2005, 2006, 2009 y, por último, en 2022 (DO C 287 de 28 de julio de 2022, p. 19).

(4)    Chile no es beneficiario de ayuda oficial al desarrollo según los criterios establecidos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE para el período 2022 y 2023.

(5)     https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en#chile .

(6)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0173 .

(7)    DO C , , p. .

(8)    [Insértese la referencia]

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ANEXO

de la

propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra

ACUERDO MARCO AVANZADO 
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, 
POR UNA PARTE, 
Y LA REPÚBLICA DE CHILE, 
POR OTRA

PREÁMBULO

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA,

Partes contratantes en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «los Estados miembros»),

y

LA UNIÓN EUROPEA,

   por una parte,

y

LA REPÚBLICA DE CHILE (en lo sucesivo, «Chile»),

   por otra,

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes»,

CONSIDERANDO los fuertes vínculos culturales, políticos, económicos y de cooperación que las unen;

REAFIRMANDO su compromiso con los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, así como con los logros en materia de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, que constituyen la base de su asociación y cooperación;

COINCIDIENDO en que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores entre agentes tanto públicos como privados supone una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales;

CONSCIENTES de la importante contribución al fortalecimiento de los vínculos creados por el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, firmado en Bruselas el 18 de noviembre de 2002;

HACIENDO HINCAPIÉ en el carácter global de su relación y en la importancia de proporcionar un marco coherente para su ulterior promoción;

CONSIDERANDO su compromiso de modernizar el Acuerdo de Asociación vigente para reflejar las nuevas realidades políticas y económicas y los avances realizados en materia de colaboración;

RECONOCIENDO la importancia de un sistema multilateral fuerte y efectivo, basado en el Derecho internacional, que permita preservar la paz, prevenir los conflictos, reforzar la seguridad internacional y hacer frente a los retos comunes;

AFIRMANDO su compromiso de reforzar la cooperación en cuestiones bilaterales, regionales y mundiales de interés común y de utilizar todas las herramientas disponibles para promover actividades destinadas a desarrollar una cooperación internacional activa y recíproca;

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la adopción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai el 18 de marzo de 2015, la Agenda de Acción de Adís Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, adoptada en Adís Abeba los días 13 a 16 de julio de 2015, la Resolución 70/1, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que contiene el documento final «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible» (en lo sucesivo, «la Agenda 2030»), el Acuerdo de París en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «el Acuerdo de París»), la Nueva Agenda Urbana, aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito el 20 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «la Nueva Agenda Urbana»), y los compromisos de la Cumbre Humanitaria Mundial, adoptados en la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016, y pidiendo su aplicación;

REAFIRMANDO su compromiso de promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental, su compromiso con el desarrollo del comercio internacional de manera que contribuya al desarrollo sostenible en estas tres dimensiones, que se reconoce que están profundamente interrelacionadas y se refuerzan mutuamente, y su compromiso de promover el logro de los objetivos de la Agenda 2030;

REAFIRMANDO su compromiso de ampliar y diversificar sus relaciones comerciales de conformidad con el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, y los objetivos y disposiciones específicos establecidos en la parte III del presente Acuerdo;

DESEOSAS de reforzar sus relaciones económicas, en particular sus relaciones comerciales y de inversión, mediante el refuerzo y la mejora del acceso a los mercados y la contribución al crecimiento económico, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de sensibilizar sobre el impacto económico y social de los daños medioambientales, los modelos insostenibles de producción y consumo y su impacto en el bienestar humano;

CONVENCIDAS de que el presente Acuerdo creará un clima propicio para el crecimiento de las relaciones económicas sostenibles entre ellas, en particular en los sectores del comercio y la inversión, que son esenciales para la realización del desarrollo económico y social y la innovación y modernización tecnológicas;

RECONOCIENDO que las disposiciones del presente Acuerdo protegen las inversiones y a los inversores y tienen por objeto estimular una actividad empresarial que beneficie a ambas Partes sin menoscabar el derecho de estas a regular en aras del interés público en sus territorios;

RECONOCIENDO la estrecha relación entre innovación y comercio, así como la importancia de la innovación para el crecimiento económico y el desarrollo social, y afirmando asimismo su interés por promover niveles más elevados de cooperación en materia de innovación, investigación, ciencia, tecnología, transporte y otros ámbitos conexos, así como de promover la participación de los sectores público y privado;

AFIRMANDO su compromiso de reforzar la cooperación en los ámbitos de la justicia, la libertad y la seguridad;

RECONOCIENDO los beneficios mutuos de una cooperación reforzada en los ámbitos de la educación, las cuestiones medioambientales, la cultura, la investigación y la innovación, el empleo y los asuntos sociales, la salud y otros ámbitos de interés común;

EXPRESANDO su determinación de seguir estrechando su relación mediante nuevos acuerdos de cooperación, así como su determinación de que dicha cooperación se lleve a cabo en beneficio de terceros países, tal como se recoge en el Memorando de Entendimiento para la Cooperación Internacional firmado por las Partes en 2015, y por medio de la continua participación de Chile en los programas regionales de la Unión Europea;

RECORDANDO la importancia de los diversos acuerdos firmados por la Unión Europea y Chile, que han fomentado el diálogo político y la cooperación en los ámbitos sectoriales de la relación entre las Partes, así como el aumento del comercio y la inversión;

OBSERVANDO que, en caso de que decidieran, en el marco del presente Acuerdo, celebrar acuerdos específicos en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, que la Unión Europea puede concluir de conformidad con el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), las disposiciones de esos futuros acuerdos específicos no serían vinculantes para Irlanda, a menos que la Unión Europea, simultáneamente con Irlanda respecto de sus relaciones bilaterales previas respectivas, notificase a Chile que dicho país ha quedado vinculado por esos futuros acuerdos específicos como parte de la Unión Europea de conformidad con el Protocolo n.º 21 sobre la posición de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anejo al Tratado de la Unión Europea («TUE») y al TFUE. Del mismo modo, cualquier medida interna posterior de la Unión Europea que se adopte con arreglo al título V de la tercera parte del TFUE para aplicar el presente Acuerdo no será vinculante para Irlanda, a menos que este país haya notificado su deseo de participar en la medida en cuestión o de aceptarla de conformidad con el Protocolo n.º 21. Observando asimismo que esos futuros acuerdos específicos o medidas internas posteriores de la Unión Europea entrarían en el ámbito de aplicación del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

PARTE I

PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS

CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 1.1

Objetivos del presente Acuerdo

Los objetivos del presente Acuerdo son:

a)    reafirmar la asociación entre las Partes a partir de una colaboración más estrecha, un diálogo político reforzado y una mayor cooperación en cuestiones de interés común, como la innovación en todos los ámbitos aplicables;

b)    fomentar el aumento del comercio y la inversión entre las Partes mediante la ampliación y la diversificación de sus relaciones comerciales, lo que debería contribuir a un crecimiento económico mayor y a una mejor calidad de vida; y

c)    fortalecer la relación existente en materia de cooperación entre las Partes, incluida la cooperación internacional para el desarrollo sostenible y el fomento del trabajo conjunto, con el fin de contribuir a la aplicación de la Agenda 2030.

ARTÍCULO 1.2

Principios generales

1.    Las Partes confirman su firme apoyo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

2.    El respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y en otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos en los que son parte, así como el respeto del principio del Estado de Derecho y la buena gobernanza, que subyacen a las políticas internas e internacionales de ambas Partes, constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo.

3.    Las Partes coinciden en que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores entre agentes tanto públicos como privados supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

4.    Las Partes reafirman su compromiso de seguir promoviendo el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible acordados internacionalmente, y de cooperar para hacer frente a los retos medioambientales mundiales.

5.    Las Partes confirman su compromiso de generalizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

6.    Las Partes reafirman su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007, y a sus compromisos de respetar la diversidad cultural y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

7.    Las Partes aplicarán el presente Acuerdo basándose en valores comunes, incluidos los principios de diálogo, respeto mutuo, asociación sobre una base de igualdad, multilateralismo, consenso y respeto del Derecho internacional.

ARTÍCULO 1.3

Definiciones

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a)    «Acuerdo de Asociación»: el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, firmado en Bruselas el 18 de noviembre de 2002;

b)    «Acuerdo comercial provisional»: el Acuerdo provisional en materia de comercio entre la Unión Europea, por una parte, y la República de Chile, por otra, que va a celebrarse;

c)    «tercer país»: el país o territorio que está fuera del ámbito territorial de aplicación del presente Acuerdo según se establece en el artículo 41.2; y

d)    «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados»: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

PARTE II

DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN

CAPÍTULO 2

DIÁLOGO POLÍTICO, POLÍTICA EXTERIOR, PAZ INTERNACIONAL 
Y SEGURIDAD, GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 2.1

Diálogo político

1.    Las Partes intensificarán el diálogo político y la cooperación a todos los niveles, mediante intercambios y consultas sobre cuestiones bilaterales, regionales, internacionales y multilaterales, con el fin de consolidar su colaboración reforzada.

2.    El diálogo político irá encaminado a:

a)    promover el desarrollo de las relaciones bilaterales y reforzar su colaboración;

b)    reforzar la cooperación en materia de retos y cuestiones regionales y mundiales;

c)    fortalecer sus capacidades institucionales, incluidas, entre otras, la modernización del Estado, la descentralización y la promoción de la cooperación interinstitucional.

3.    El diálogo político entre las Partes podrá adoptar las formas siguientes, según lo convenido de mutuo acuerdo:

a)    consultas, reuniones y visitas a nivel de cumbre;

b)    consultas, reuniones y visitas a nivel ministerial;

c)    reuniones periódicas de altos funcionarios, incluido un diálogo político de alto nivel;

d)    diálogos sectoriales sobre cuestiones de interés común, en particular a través del intercambio de misiones y expertos;

e)    intercambios de delegaciones y otros contactos entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo.

ARTÍCULO 2.2

Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva

1.    Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores entre agentes tanto públicos como privados supone una de las amenazas más graves para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las Partes acuerdan, por tanto, cooperar en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, y contribuir a esa lucha mediante el pleno cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y acuerdos internacionales de desarme y no proliferación y otras obligaciones internacionales pertinentes, y mediante su aplicación a nivel nacional. Las Partes acuerdan que este apartado constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.

2.    Las Partes acuerdan, asimismo, cooperar en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, y contribuir a esa lucha, mediante:

a)    la adopción de medidas para firmar o ratificar todos los demás instrumentos internacionales pertinentes, o adherirse a ellos, según proceda, y ejecutarlos en su totalidad;

b)    el establecimiento de un sistema eficaz de controles nacionales a la exportación, el control de las exportaciones y el tránsito de mercancías relacionadas con las armas de destrucción masiva, incluido un control del uso final de las tecnologías de doble uso y sanciones eficaces para las infracciones de los controles a la exportación.

ARTÍCULO 2.3

Derechos humanos, Estado de Derecho y buena gobernanza

1.    Las Partes fomentarán un diálogo periódico amplio y significativo sobre derechos humanos.

2.    Las Partes cooperarán en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la ratificación y la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en el fortalecimiento de los principios democráticos y el Estado de Derecho, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación en todas sus formas y en todos los ámbitos.

3.    Esa cooperación podrá incluir:

a)    el apoyo al desarrollo y la ejecución de planes de acción sobre derechos humanos;

b)    la promoción de los derechos humanos, en particular a través de la educación y los medios de comunicación;

c)    el fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales relacionadas con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza;

d)    el refuerzo de la cooperación con los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de conformidad con los principios generales del Derecho internacional en materia de derechos humanos;

e)    la mejora de la coordinación y la cooperación en el seno de las instituciones de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y los foros regionales y multilaterales pertinentes;

f)    el refuerzo de la capacidad nacional, regional y descentralizada para aplicar principios y prácticas democráticos, incluida la promoción de unos procesos electorales coherentes con las normas democráticas internacionales;

g)    el refuerzo de una buena gobernanza, independiente y transparente, a escala local, nacional, regional y mundial, la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones, y el apoyo a la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil;

h)    La colaboración y coordinación, cuando proceda, también en terceros países, para reforzar los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho, lo que incluye la existencia de un sistema judicial independiente, la igualdad ante la ley, el acceso de las personas a un apoyo jurídico público efectivo y el derecho a un juicio justo, a un proceso justo y al acceso a la justicia;

i)    el fomento de la universalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y el animar a terceros a cumplir sus obligaciones en este ámbito;

j)     el trabajo para garantizar la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos y el acceso a vías de recurso para las víctimas de tales violaciones y abusos.

ARTÍCULO 2.4

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas

1.    Las Partes promoverán la igualdad de género, el pleno disfrute de todos los derechos humanos por parte de todas las mujeres y niñas, así como su empoderamiento. Ambas reconocen la necesidad de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como un objetivo en sí mismo, así como motor de la democracia, el desarrollo sostenible e inclusivo, la paz y la seguridad. Las Partes intercambiarán las mejores prácticas y estudiarán nuevos sistemas de cooperación y posibles sinergias entre iniciativas respectivas, como políticas y programas, en consonancia con las normas y compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, las recomendaciones generales formuladas por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995, el Programa de Acción, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994, así como el resultado de sus conferencias de revisión, la Agenda 2030 y la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus posteriores Resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad, así como otros acuerdos internacionales en los que son parte y que abordan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

2.    Esa cooperación podrá incluir:

a)    la cooperación para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 5 y sus metas;

b)    la promoción, la protección y el respeto de la totalidad de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas; la prevención, la lucha y la persecución de todas las formas de violencia, discriminación y acoso contra las mujeres y las niñas, tanto en la esfera pública como en la privada, y la promoción activa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con arreglo al marco internacional pertinente;

c)    la promoción activa de la integración sistemática de la perspectiva de género; el refuerzo del diálogo y la cooperación sobre la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, el diálogo social, la protección y la inclusión, la agenda del trabajo digno y la política de empleo;

d)    el apoyo al desarrollo y la aplicación de un plan de acción nacional sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la aplicación de la agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad, que consta de dicha Resolución y de las Resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

e)    la promoción de la participación y el liderazgo políticos de las mujeres, así como su acceso a una educación de calidad, su empoderamiento y su liderazgo económicos, y su mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluidos los ámbitos político, social, económico y cultural;

f)    el refuerzo de las instituciones nacionales y regionales por medio de medidas específicas para abordar y gestionar las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la prevención y la protección frente a cualquier forma de violencia y acoso sexual y de género, por medio de mecanismos de investigación y rendición de cuentas, cuidados y apoyo a las víctimas y promoción de las condiciones de seguridad y protección de las mujeres y las niñas;

g)    la garantía eficaz de la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la lucha contra cualquier tipo de discriminación y violencia contra ellas, incluida la violencia dirigida contra las mujeres defensoras de los derechos humanos, la garantía del acceso a la justicia y la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la impunidad;

h)    el refuerzo de la cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales;

i)    la promoción activa del análisis de género y la integración sistemática de la perspectiva de género en todas las cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, garantizando al mismo tiempo el liderazgo de las mujeres y su participación significativa en los procesos de paz, los esfuerzos de mediación, la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, así como las misiones y operaciones civiles y militares.

ARTÍCULO 2.5

Seguridad internacional y ciberespacio

Las Partes reforzarán su cooperación y el intercambio de puntos de vista en el ámbito de la ciberseguridad y en relación con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el contexto de la paz y la seguridad internacionales, incluidas las normas, los principios de comportamiento responsable de los Estados, la adhesión al Derecho internacional vigente en materia de ciberespacio y la elaboración de medidas de fomento de la confianza y desarrollo de las capacidades.

ARTÍCULO 2.6

Lucha antiterrorista

1.    Las Partes reafirman la importancia de la lucha contra el terrorismo y cooperarán en pro de la prevención y la erradicación de los actos de terrorismo, de conformidad con el Derecho internacional y sus legislaciones respectivas, así como con el Estado de Derecho. Esta colaboración se llevará a cabo principalmente:

a)    en el marco de la plena aplicación de todas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como de los convenios e instrumentos internacionales pertinentes;

b)    fomentando la cooperación entre los Estados miembros de las Naciones Unidas para aplicar de manera efectiva la Estrategia global contra el terrorismo adoptada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006;

c)    intercambiando las mejores prácticas en materia de prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento y de lucha contra el terrorismo;

d)    intercambiando información sobre grupos terroristas y sus redes de apoyo, de conformidad con el Derecho nacional e internacional, y apoyando, siempre que sea posible, iniciativas regionales para la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo, sin dejar de respetar plenamente los derechos humanos, el derecho a la intimidad y el Estado de Derecho.

ARTÍCULO 2.7

Seguridad ciudadana

1.    Las Partes cooperarán en materia de seguridad ciudadana. Reconocen que la seguridad ciudadana trasciende las fronteras nacionales y regionales y requiere un diálogo y una cooperación más amplios que incluyan una dimensión tanto regional como birregional.

Las Partes reconocen la importancia de la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas para mejorar la seguridad ciudadana. Se comprometen a apoyar los diálogos y la cooperación birregionales en materia de seguridad ciudadana.

2.    Las Partes podrán intercambiar experiencias basadas en datos y mejores prácticas sobre el diseño y la aplicación de políticas relacionadas con la prevención de la violencia y la delincuencia, así como sobre sistemas para medir y evaluar la violencia, la delincuencia y la inseguridad.

Las Partes podrán intercambiar buenas prácticas basadas en datos en relación con la protección de las víctimas de delitos en el contexto de la seguridad ciudadana.

3.    Por lo que respecta a la prevención, las Partes podrán fomentar políticas públicas destinadas a prevenir la violencia, haciendo especial hincapié en la juventud y el género.

4.    Las Partes podrán intercambiar experiencias y mejores prácticas en ámbitos como la promoción de una cultura que fomente la paz y la no violencia, la observancia de la ley, la rehabilitación, la reintegración en la sociedad y la justicia reparadora. Las normas internacionales deben reflejarse en el Derecho de las Partes que rige los respectivos sistemas penitenciarios.

ARTÍCULO 2.8

Armas pequeñas y armas ligeras, y otras armas convencionales

1.    Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras, y otras armas convencionales, incluidas sus municiones, así como su acumulación excesiva, su gestión deficiente, la existencia de arsenales protegidos de manera inadecuada y su distribución incontrolada, siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

2.    Las Partes acuerdan aplicar sus obligaciones respectivas para hacer frente al comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, y otras armas convencionales, incluidas sus municiones, con arreglo a los acuerdos internacionales vigentes, el Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, adoptado mediante la Resolución 55/255 de las Naciones Unida el 31 de mayo de 2001, y otras Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como sus compromisos en el marco de otros instrumentos internacionales aplicables en este ámbito, tales como el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, de las Naciones Unidas, adoptado el 20 de julio de 2001.

3.    Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia de armas convencionales, en consonancia con las normas y reglamentos internacionales vigentes. Las Partes reconocen la importancia de aplicar tales controles de forma responsable como contribución a la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, así como a la reducción del sufrimiento humano, además de para prevenir el desvío de armas convencionales.

4.    A este respecto, las Partes se comprometen a aplicar plenamente el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013, y a cooperar entre sí en el marco de este, en particular promoviendo su universalización y su plena aplicación por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

5.    Por tanto, las Partes se comprometen a cooperar y a garantizar la coordinación, la complementariedad y la sinergia de sus esfuerzos destinados a regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, así como a prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas.

ARTÍCULO 2.9

Corte Penal Internacional

1.    Las Partes reconocen que los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes, y procurarán garantizar que dichos delitos se investiguen y enjuicien efectivamente mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el refuerzo de la cooperación internacional, en particular con la Corte Penal Internacional (en lo sucesivo, «la CPI»).

2.    Las Partes promoverán la ratificación universal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en lo sucesivo, «el Estatuto») o su adhesión a él y trabajarán en pro de su aplicación interna efectiva por los Estados parte de la CPI. Las Partes intercambiarán, según proceda, las mejores prácticas sobre la adopción de su legislación respectiva y adoptarán medidas para salvaguardar la integridad del Estatuto.

ARTÍCULO 2.10

Cooperación en la gestión de crisis internacionales

1.    Las Partes reafirman su compromiso de cooperar en la promoción de la paz y la seguridad internacional, incluida la cooperación para el desarrollo de un enfoque de género en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales.

2.    Las Partes coordinarán las actividades de gestión de crisis, incluida la cooperación en operaciones de gestión de crisis.

3.    Las Partes trabajarán en la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile por el que se crea un marco para la participación de la República de Chile en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 30 de enero de 2014.

CAPÍTULO 3

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 3.1

Cooperación judicial

1.    Las Partes reforzarán la cooperación existente en materia de asistencia judicial mutua y extradición sobre la base de acuerdos internacionales pertinentes. Las Partes reforzarán los mecanismos existentes y, en su caso, estudiarán el desarrollo de nuevos mecanismos para facilitar la cooperación internacional en este ámbito. Dicha cooperación incluirá, según proceda, la adhesión a los instrumentos internacionales pertinentes y su aplicación, así como una cooperación más estrecha con otras redes internacionales pertinentes en materia de cooperación jurídica.

2.    Las Partes desarrollarán la cooperación judicial en materia civil y comercial, en particular por lo que se refiere a la negociación, ratificación y aplicación de los convenios multilaterales sobre cooperación judicial en materia civil, entre ellos los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el campo de la cooperación jurídica internacional y la solución de litigios, así como en el relativo a la protección del menor.

3.    Las Partes cooperarán para promover el uso de medios electrónicos para la transmisión de documentos, según proceda, así como normas estrictas de protección de los datos personales, a efectos de la cooperación judicial internacional.

ARTÍCULO 3.2

Problema mundial de las drogas

1.    Las Partes cooperarán para garantizar un planteamiento basado en datos, equilibrado e integrado en materia de drogas, con vistas a:

a)    aplicar iniciativas de reducción de la demanda y medidas conexas, incluidas la prevención y el tratamiento, y la reintegración social, así como otras cuestiones relacionadas con la salud;

b)    garantizar la disponibilidad de sustancias controladas con fines exclusivamente médicos y científicos, y el acceso a esas sustancias, evitando su desvío

c)    aplicar iniciativas de reducción de la oferta y medidas conexas, como la aplicación efectiva de la ley y las respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas, la lucha contra el blanqueo de capitales y el comercio ilícito de drogas, incluido el comercio de drogas facilitado por internet, y promover la cooperación judicial;

d)    centrarse en las cuestiones transversales: drogas y derechos humanos, juventud, menores, género, mujeres y comunidades, incluso a través de medidas de colaboración y cooperación para fomentar el desarrollo de programas y acciones de educación y reintegración, de manera que pueda reducirse la demanda de drogas y sustancias psicotrópicas;

e)    intercambiar información y mejores prácticas sobre la evolución de las realidades, las tendencias y las circunstancias existentes, los retos y amenazas emergentes y persistentes, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas; ello puede incluir la reducción de la demanda de drogas y el análisis forense del material, como los precursores de drogas incautados;

f)    reforzar la cooperación internacional, incluso para hacer frente al desvío de precursores de drogas, sustancias químicas esenciales y productos o preparados que los contengan utilizados para la producción ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y nuevas sustancias psicoactivas.

g)    reforzar el desarrollo alternativo y la cooperación regional, interregional e internacional en relación con una política de control de drogas equilibrada y orientada al desarrollo.

2.    Las Partes colaborarán para alcanzar esos objetivos, incluso, cuando sea posible, alentando a los terceros países que aún no lo hayan hecho a ratificar y aplicar los convenios y protocolos internacionales vigentes en materia de control de drogas en los que sean parte. Las Partes basarán sus acciones en sus disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en principios comúnmente aceptados en consonancia con los convenios pertinentes de las Naciones Unidas sobre control de drogas y en las recomendaciones formuladas en el documento final de la sesión especial de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas titulado «Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas», el consenso internacional más reciente sobre la política mundial en materia de drogas, con el fin de hacer balance de la puesta en práctica de los compromisos contraídos para abordar y combatir conjuntamente el problema mundial de la droga.

ARTÍCULO 3.3

Migración internacional y asilo

1.    Las Partes cooperarán e intercambiarán puntos de vista en el marco de sus respectivas leyes, reglamentos y competencias en los ámbitos de la migración, incluida la inmigración regular e irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, la migración y el desarrollo, el asilo y la protección internacional, el retorno, la readmisión, la integración, los visados y la gestión de fronteras.

2.    Las Partes cooperarán, también a través de la posible cooperación técnica, en el intercambio de información y buenas prácticas relacionadas con las políticas, los reglamentos, las instituciones y la sociedad civil, junto con el intercambio de datos y estadísticas sobre migración.

3.    Las Partes cooperarán para prevenir la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilícito de inmigrantes. A tal fin:

a)    Chile readmitirá a cualquiera de sus nacionales que se halle de forma ilegal en el territorio de un Estado miembro, a petición de este último y sin más trámites, salvo disposición en contrario de un acuerdo específico;

b)    los Estados miembros readmitirán a cualquiera de sus nacionales que se halle de forma ilegal en el territorio de Chile, a petición de este último y sin más trámites, salvo disposición en contrario de un acuerdo específico;

c)    los Estados miembros y Chile facilitarán a sus nacionales los documentos de viaje adecuados para los fines mencionados en las letras a) y b), o aceptarán el uso de los documentos de viaje europeos para el retorno;

d)    las Partes convendrán de mutuo acuerdo en la negociación de un acuerdo específico que defina las obligaciones en materia de readmisión, incluidos los medios de prueba relativos a la nacionalidad. Dicho acuerdo también podrá incluir la obligación de readmitir a personas que sean nacionales de terceros países, de conformidad con el Derecho aplicable de las Partes.

4.    Las Partes se comprometen a reforzar la cooperación internacional en materia de migración en todas sus dimensiones, también en el marco de las Naciones Unidas, especialmente para abordar las causas profundas de la inmigración irregular y los desplazamientos forzosos, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales.

ARTÍCULO 3.4

Protección consular

Las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro representado otorgarán protección a todo ciudadano de un Estado miembro que no cuente con una representación permanente en Chile en disposición de proporcionar protección consular de manera efectiva en un caso determinado, y ello en las mismas condiciones que los ciudadanos de dicho Estado miembro.

ARTÍCULO 3.5

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Las Partes cooperarán con vistas a prevenir y combatir el uso de sus instituciones financieras y de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) para la financiación del terrorismo y para el blanqueo del producto de actividades delictivas. A tal fin, intercambiarán información en el marco de su legislación respectiva y cooperarán para garantizar la aplicación efectiva y plena de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dicha cooperación podrá incluir, entre otras cosas, la recuperación, el embargo, el decomiso, el seguimiento, la identificación y la restitución de activos o fondos derivados del producto de actividades delictivas.

ARTÍCULO 3.6

Aplicación de la ley y prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia transnacional organizada

1.    Las Partes cooperarán e intercambiarán puntos de vista sobre la lucha contra la delincuencia económica y financiera transnacional organizada, el tráfico de drogas y las drogas ilegales, la trata de personas y otras formas conexas de explotación, la corrupción, la falsificación, el contrabando y las transacciones ilegales, mediante el cumplimiento de sus obligaciones internacionales mutuas en este ámbito, en particular por lo que respecta a la asistencia judicial y la cooperación efectiva en la recuperación de activos o fondos derivados de actividades delictivas.

2.    Las Partes intercambiarán experiencias y mejores prácticas basadas en datos sobre el diseño y la aplicación de políticas relacionadas con la lucha contra la corrupción y la delincuencia transnacional organizada.

3.    Las Partes desarrollarán un diálogo y una cooperación en materia de garantía de cumplimiento, en particular a través de la continuación de la cooperación estratégica con Europol, así como la cooperación judicial estratégica, también a través de Eurojust.

4.    Las Partes procurarán colaborar en los foros internacionales para promover, según proceda, la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada el 15 de noviembre de 2000 mediante la Resolución 55/25 de las Naciones Unidas y sus Protocolos complementarios, así como su aplicación.

5.    Las Partes promoverán la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada el 31 de octubre de 2003 mediante la Resolución 58/4 de las Naciones Unidas, y el mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establecido por la Conferencia de los Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Doha del 9 al 13 de noviembre de 2009 («el mecanismo de examen de la aplicación»), en particular mediante la adhesión a los principios de transparencia y la participación de la sociedad civil en el mecanismo de examen de la aplicación.

6.    Las Partes reconocen la importancia de combatir la corrupción en el comercio internacional y la inversión y, a tal fin, acuerdan adoptar disposiciones más detalladas en el Protocolo sobre la Prevención y la Lucha contra la Corrupción anejo al presente Acuerdo.

7.    Con respecto a la lucha contra la corrupción, las Partes acuerdan, en particular:

a)    intercambiar información pertinente y mejores prácticas en cuestiones como la integridad, la transparencia pública y la lucha contra la corrupción;

b)    intercambiar información y mejores prácticas que incluyan campañas de sensibilización y métodos educativos sobre la lucha contra la corrupción.

ARTÍCULO 3.7

Ciberdelincuencia

1.    Las Partes reconocen que la ciberdelincuencia es un problema mundial que exige una respuesta mundial.

2.    Las Partes reforzarán su cooperación para prevenir y combatir la ciberdelincuencia. A tal fin, intercambiarán información y mejores prácticas de conformidad con sus leyes y compromisos internacionales respectivos, como el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001 («el Convenio de Budapest»), de manera que se respeten plenamente los derechos humanos, dentro de los límites de su responsabilidad.

3.    Las Partes intercambiarán información sobre la educación y la formación de investigadores y otros profesionales o fiscales especializados en ciberdelincuencia y criminalística digital y podrán llevar a cabo actividades conjuntas de formación en beneficio mutuo o de terceros.

4.    Las Partes se esforzarán por colaborar, cuando proceda, para prestar asistencia y apoyo a otros Estados en el desarrollo de leyes, políticas, prácticas, educación y formación adecuadas, compatibles con el Convenio de Budapest, y en reconocer dicho Convenio como norma internacional para prevenir y combatir la ciberdelincuencia.

ARTÍCULO 3.8

Protección de datos personales

1.    Las Partes reconocen la importancia de proteger los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de los datos personales. Las Partes cooperarán para garantizar el respeto de estos derechos fundamentales, también en el ámbito del cumplimiento de la ley y a la hora de prevenir y combatir el terrorismo y otros delitos transnacionales graves.

2.    Las Partes cooperarán para promover un elevado nivel de protección de los datos personales. La cooperación a nivel bilateral y multilateral podrá incluir el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, el intercambio de información y conocimientos especializados y la cooperación a través de homólogos reguladores en organismos internacionales, según lo convenido de mutuo acuerdo por las Partes.

CAPÍTULO 4

DESARROLLO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 4.1

Desarrollo sostenible

1.    Las Partes promoverán el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental, de manera inclusiva y equilibrada, a través del diálogo, la acción conjunta, el intercambio de mejores prácticas, la buena gobernanza a todos los niveles, las estrategias de desarrollo sostenible cohesivas a nivel nacional y la movilización de recursos financieros, haciendo el mejor uso posible de los instrumentos existentes y futuros.

2.    Las Partes abordarán los retos relacionados con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dando prioridad a las necesidades y la apropiación nacional de cada una de ellas, teniendo en cuenta los contextos regionales y locales y creando sinergias y asociaciones con las partes interesadas pertinentes en este ámbito, incluida la sociedad civil, los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones sin ánimo de lucro y el mundo académico. Al tiempo que reconocen el papel central de los Gobiernos en la promoción del desarrollo, las Partes también cooperarán para animar al sector privado, en particular a las pequeñas y medianas empresas, a tener en cuenta el desarrollo sostenible en sus prácticas.

3.    Las Partes reconocen la importancia de los métodos de aplicación, incluida la financiación, la transferencia de tecnología, la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades, en la realización y el seguimiento de la Agenda 2030 a través de múltiples fuentes, incluidos los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros agentes. A este respecto, se comprometen a seguir trabajando para reforzar la cooperación internacional, en particular promoviendo el uso de herramientas innovadoras con vistas a lograr un desarrollo sostenible.

4.    Las Partes cooperarán para mejorar la sostenibilidad de los modelos de consumo y producción y se esforzarán por tomar medidas destinadas a disociar el crecimiento económico de la degradación medioambiental, en particular a través de la economía circular, las políticas públicas y las estrategias empresariales.

5.    Las Partes deben promover el uso responsable, sostenible y eficiente de los recursos naturales.

6.    Las Partes deben sensibilizar sobre los costes económicos y sociales de los daños medioambientales y su impacto en el bienestar humano, en particular mediante el uso de datos científicos.

7.    Las Partes mantendrán un diálogo político estructurado periódico sobre desarrollo sostenible y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la coordinación de las políticas en cuestiones de interés común y la calidad y eficacia de dicha coordinación.

8.    Las Partes colaborarán para integrar las consideraciones de género en todas las políticas e instrumentos.

9.    La cooperación para el desarrollo se llevará a cabo en consonancia con los principios y políticas pertinentes acordados internacionalmente a los que ambas Partes se hayan adherido.

ARTÍCULO 4.2

Cooperación internacional

1.    Las Partes reconocen el carácter mutuamente beneficioso de la cooperación internacional y su valor para promover procesos de desarrollo sostenible.

2.    Las Partes fomentarán la cooperación triangular con terceros países en asuntos de interés común de manera que se respeten plenamente las estrategias y prioridades de los beneficiarios. Promueven el fortalecimiento de la integración regional en América Latina y el Caribe y reconocen la importancia estratégica de una cooperación birregional inclusiva.

ARTÍCULO 4.3

Medio ambiente

1.    Las Partes convienen en la necesidad de proteger el medio ambiente y de conservar, restaurar y gestionar de manera sostenible los recursos naturales.

2.    Las Partes cooperarán, en particular, en cuestiones como los derechos de acceso en materia de medio ambiente, biodiversidad y zonas protegidas, tierra y suelo, agua, calidad del aire, vigilancia del medio ambiente, evaluación del impacto ambiental, gestión de residuos, responsabilidad ampliada del productor, reciclado y gestión de sustancias químicas, evaluación y gestión del impacto del transporte.

3.    Las Partes reconocen la importancia de la gobernanza medioambiental mundial, incluida la aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales en los que son parte y, en su caso, las Resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y otros foros pertinentes, para hacer frente a los retos medioambientales de interés común. Las Partes reafirman su compromiso de aplicar los acuerdos medioambientales multilaterales que hayan suscrito.

4.    Las Partes reforzarán su cooperación en materia de protección del medio ambiente y la salud humana, así como de integración de las consideraciones medioambientales en todos los sectores de cooperación, según proceda, en particular con respecto a:

a)    la promoción de la buena gobernanza medioambiental en ámbitos prioritarios acordados de común acuerdo;

b)    el fomento del intercambio de información, conocimientos técnicos y mejores prácticas en ámbitos tales como:

i)    la economía verde y circular y las mejores técnicas disponibles;

ii)    la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluida la cartografía y la evaluación de los ecosistemas y sus servicios, su valoración y la integración de estos objetivos en otros ámbitos políticos pertinentes;

iii)    la protección y la gestión sostenible de los bosques;

iv)    la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres, incluida la madera y otros recursos biológicos;

v)    la buena gestión de los productos químicos y los residuos;

vi)    la política de recursos hídricos, suelo y uso de la tierra;

vii)    la contaminación atmosférica y la reducción de contaminantes de vida corta;

viii) la conservación y gestión del medio ambiente costero y marino;

ix)    las repercusiones sociales y económicas de la degradación del medio ambiente;

x)    el impacto medioambiental de las actividades económicas y las oportunidades de ecologización de las empresas;

xi)    el acceso a la información, la participación y la justicia en materia de medio ambiente;

xii)    la investigación académica conjunta en materia de medio ambiente.

ARTÍCULO 4.4

Cambio climático

1.    Las Partes reconocen que la amenaza urgente que supone el cambio climático requiere una acción colectiva para un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima.

2.    Las Partes reconocen la importancia de las normas y los acuerdos internacionales en el ámbito del cambio climático, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 («la CMNUCC»), el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997.

3.    Las Partes colaborarán para reforzar su cooperación en el marco de la CMNUCC y para aplicar el Acuerdo de París y sus contribuciones determinadas a nivel nacional («CDN»).

4.    Esa cooperación podrá incluir:

a)    la aplicación de los compromisos y acciones anteriores a 2020 destinados a generar confianza mutua entre las Partes;

b)    la facilitación de nuevas medidas impulsadas por debates nacionales y análisis de políticas;

c)    el apoyo al desarrollo económico con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con el Acuerdo de París;

d)    el apoyo a todos los diálogos y compromisos constructivos en el marco de la CMNUCC, especialmente a los creados para evaluar el progreso colectivo hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, como el balance mundial;

e)    el desarrollo del diálogo político y la cooperación en la aplicación del marco de transparencia reforzada establecido por el Acuerdo de París, en ámbitos prioritarios convenidos de mutuo acuerdo, incluida la mejora de las capacidades nacionales con el fin de lograr niveles más elevados de transparencia;

f)    la promoción del diálogo bilateral y la cooperación de interés común, con el fin de apoyar los procesos multilaterales, según proceda, que puedan tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional y de la aviación, en particular en la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional;

g)    la promoción de políticas y programas nacionales en materia de clima que respalden los objetivos del Acuerdo de París para mitigar el cambio climático, adaptarse a él y armonizar los flujos financieros, en particular a través de los objetivos y las acciones contenidos en las CDN de las Partes;

h)    el apoyo a medidas destinadas a armonizar los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente frente al cambio climático y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, centrándose en la financiación inclusiva de la lucha contra el cambio climático, dirigida a los grupos más pobres y a los grupos especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, como las mujeres y las niñas;

i)    la promoción de un diálogo sobre el refuerzo de las políticas y las medidas de adaptación, también en cuestiones relacionadas con la financiación de la adaptación, la evaluación de los resultados y el aumento de la resiliencia;

j)    la promoción de las sinergias de la acción por el clima a todos los niveles entre la administración pública, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas, así como el fomento de la participación del sector privado en una economía con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente frente al cambio climático;

k)    la promoción de instrumentos de política económica para la acción contra el cambio climático, como la tarificación del carbono, los instrumentos basados en el mercado y los impuestos sobre el carbono, según proceda;

l)    la mejora del desarrollo y la implantación de tecnologías de bajas emisiones y otras tecnologías respetuosas con el clima viables desde el punto de vista comercial;

m)    la promoción de los esfuerzos mundiales por racionalizar y eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes que fomentan el consumo derrochador, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas;

n)    el refuerzo del diálogo bilateral en otros ámbitos de la política climática que puedan surgir, y el fomento de la consideración de los enfoques transversales del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

ARTÍCULO 4.5

Energía sostenible

1.    Las Partes reconocen la importancia del sector de la energía para la prosperidad económica y la paz y la estabilidad internacionales y subrayan que la transformación de dicho sector es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París. Coinciden en la necesidad de mejorar y diversificar el suministro de energía, promover la innovación y aumentar la eficiencia energética para garantizar el acceso a una energía segura, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y asequible. Las Partes reconocen que la transición energética no estará exenta de costes en las regiones y contribuirá a una transición justa. Las Partes trabajarán en pos de estos objetivos.

2.    Las Partes mantendrán intercambios de información sobre energía y colaborarán a nivel bilateral, regional y multilateral para apoyar unos mercados abiertos y competitivos, compartir las mejores prácticas, promover una regulación transparente y basada en la ciencia y debatir ámbitos de cooperación en cuestiones energéticas.

3.    La cooperación entre las Partes con arreglo al presente artículo se llevará a cabo teniendo debidamente en cuenta el artículo 15.14 de la parte III, a fin de garantizar sinergias.

ARTÍCULO 4.6

Gobernanza de los océanos

1.    Las Partes reconocen la importancia de la gestión sostenible de los océanos y los mares, incluida la protección y conservación del medio marino, los océanos y el nexo climático, la conservación y el uso sostenible y la gestión responsable de la pesca, la acuicultura y otras actividades marítimas, así como su contribución a la creación de oportunidades medioambientales, económicas y sociales para las generaciones presentes y futuras.

2.    A tal fin, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y, en particular, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, las Partes se comprometen a:

a)    promover el compromiso activo de todos los Estados para concluir las negociaciones en curso de manera oportuna y celebrar y aplicar un ambicioso instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

b)    cooperar para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y otros objetivos conexos, también en los procesos y organismos regionales y multilaterales pertinentes;

c)    contribuir a reforzar la gobernanza internacional de los océanos, en particular colmando las lagunas normativas y de aplicación;

d)    promover la mejora de la cooperación y la consulta, dentro de las organizaciones, instrumentos y organismos internacionales competentes y entre ellos, para reforzar la gobernanza de los océanos y promover una aplicación efectiva;

e)    promover y aplicar eficazmente medidas de seguimiento, control y vigilancia, como programas de observación, sistemas de seguimiento de embarcaciones, control de transbordos, inspecciones en el mar y controles del Estado rector del puerto, así como las sanciones correspondientes de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias respectivas, con miras a la conservación de las poblaciones de peces y la prevención de la sobrepesca;

f)    mantener o adoptar medidas y cooperar para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada («INDNR»), que incluyan, cuando proceda, el intercambio de información sobre las actividades de pesca INDNR en sus aguas, así como la ejecución de políticas y medidas destinadas a excluir los productos de la pesca INDNR de los flujos comerciales y las explotaciones de cría de especies piscícolas;

g)    cooperar con las organizaciones regionales de gestión pesquera de las que sean miembros, observadores o partes cooperantes no contratantes y, cuando proceda, en el seno de dichas organizaciones, con el objetivo de lograr una buena gobernanza;

h)    reducir la presión sobre los océanos mediante la lucha contra la contaminación marina y la basura marina, incluida la procedente de fuentes terrestres, plásticos y microplásticos;

i)    cooperar para desarrollar medidas de conservación y herramientas de gestión basadas en ecosistemas y zonas, incluidas las zonas marinas protegidas, de conformidad con el Derecho de cada Parte y con el Derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible para proteger y restaurar las zonas y los recursos costeros y marinos;

j)    fomentar el refuerzo de la seguridad y la protección de los océanos mediante el intercambio de mejores prácticas en relación con las funciones de guardacostas y la vigilancia marítima, en particular mediante una mayor cooperación entre las autoridades pertinentes;

k)    promover instrumentos basados en zonas, como la ordenación del espacio marítimo basada en ecosistemas y la gestión integrada de las zonas costeras, con el fin de gestionar y desarrollar de manera sostenible las actividades marítimas;

l)    cooperar para reforzar la investigación oceánica y la recogida de datos;

m)    apoyar la investigación marina y las decisiones con base científica para la gestión de la pesca y otras actividades de explotación de los recursos marinos;

n)    cooperar para minimizar los efectos adversos del cambio climático en los océanos, las costas y los ecosistemas, en particular mediante la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, medidas eficaces de adaptación y apoyo a la aplicación de los acuerdos internacionales y las acciones internacionales pertinentes;

o)    promover el desarrollo de una acuicultura sostenible y responsable, también en lo que se refiere a la aplicación de los objetivos y principios contenidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado en Roma (Italia) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 31 de octubre de 1995;

p)    intercambiar las mejores prácticas para el desarrollo sostenible de determinadas actividades económicas marítimas de interés para ellas.

ARTÍCULO 4.7

Reducción del riesgo de catástrofes

1.    Las Partes reconocen la necesidad de gestionar los riesgos de catástrofes naturales y causadas por el hombre tanto nacionales como mundiales.

2.    Las Partes cooperarán para mejorar las medidas de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, con el fin de reducir el riesgo de catástrofes, fomentar una cultura de prevención y aumentar la resiliencia de sus sociedades, ecosistemas e infraestructuras, y trabajarán, según proceda, a nivel político bilateral, regional y multilateral para mejorar la reducción del riesgo de catástrofes a escala mundial.

3.    Las Partes se comprometen a promover el intercambio de información y buenas prácticas sobre la aplicación y el seguimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015, a través de plataformas de cooperación regional y mundial y, en particular, sobre la evaluación de riesgos, la aplicación de planes de reducción del riesgo de catástrofes a todos los niveles, la recogida y el uso de estadísticas sobre catástrofes y datos sobre pérdidas, incluida la evaluación económica de las catástrofes.

ARTÍCULO 4.8

Desarrollo de la política urbana

1.    Las Partes reconocen la importancia de las políticas para promover un desarrollo urbano sostenible como medio para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

2.    Las Partes promoverán la cooperación y la asociación con la participación de todos los agentes clave en el ámbito del desarrollo urbano sostenible, en particular sobre la manera de abordar los retos urbanos de manera integrada y global.

3.    Las Partes desarrollarán, siempre que sea posible, oportunidades concretas para la cooperación entre ciudades sobre soluciones sostenibles a los retos urbanos, con vistas a mejorar el desarrollo de capacidades mediante el intercambio de experiencias, prácticas y aprendizaje mutuo.

ARTÍCULO 4.9

Cooperación en materia de agricultura y desarrollo rural 1

1.    Las Partes cooperarán en agricultura y desarrollo rural con el objetivo común de aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de la producción de alimentos, la agricultura sostenible y la gestión de recursos naturales como el agua y la acción por el clima, los sistemas alimentarios circulares, incluida la prevención y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la promoción de las organizaciones de productores, las indicaciones geográficas, la investigación y la innovación, las políticas de desarrollo rural y las perspectivas del mercado agrícola.

2.    Las Partes reconocen los esfuerzos realizados en los foros internacionales por mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales y la agricultura sostenible, y se comprometen a participar activamente en la cooperación en dichos foros con vistas a contribuir, de aquí a 2030, a acabar con el hambre y todas las formas de desnutrición.

3.    Las Partes trabajarán juntas para contribuir a la consecución de la Agenda 2030 en el sector agroalimentario, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 12, 15 y 17 y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes.

4.    Las Partes fomentarán y promoverán asociaciones públicas, público-privadas y de la sociedad civil eficaces, partiendo de la experiencia y las estrategias de asignación de recursos de las asociaciones previstas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. A tal fin, las Partes se esforzarán por mejorar la cooperación y la coordinación bilaterales en relación con la agricultura y el desarrollo rural partiendo del principio de sus respectivos objetivos de sostenibilidad a largo plazo, contemplados en el Pacto Verde de la Unión Europea, la Estrategia de la Unión Europea «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad, y las iniciativas chilenas de sostenibilidad agroalimentaria.

CAPÍTULO 5

ASOCIACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL

ARTÍCULO 5.1

Empresa e industria

1.    Las Partes cooperarán para promover un entorno favorable para el desarrollo y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la cooperación, según proceda, en el ámbito de la política industrial. Esta cooperación consistirá en lo siguiente:

a)    el fomento de los contactos entre operadores económicos, de las inversiones conjuntas y de la creación de empresas conjuntas y redes de información a través de los programas horizontales existentes;

b)    el intercambio de información y experiencias sobre la instauración de las condiciones marco necesarias para mejorar la competitividad de las pymes y sobre los procedimientos relacionados con la creación de pymes;

c)    la facilitación de las actividades de las pymes de las Partes;

d)    la promoción de la responsabilidad social y de la rendición de cuentas de las empresas y el fomento de prácticas empresariales responsables, entre ellas el consumo y la producción sostenibles.

2.    Las Partes cooperarán para facilitar las actividades de cooperación pertinentes establecidas por el sector privado.

ARTÍCULO 5.2

Materias primas

1.    Las Partes reconocen que un enfoque transparente y basado en el mercado es el mejor camino para crear un marco favorable a la inversión en el sector de las materias primas.

2.    Sobre la base de intereses comunes, las Partes promoverán la cooperación en cuestiones relacionadas con las materias primas en los contextos regionales o multilaterales pertinentes o a través de un diálogo bilateral, a petición de cualquiera de ellas. Esta cooperación tendrá por objeto promover la transparencia en los mercados mundiales de materias primas y contribuir al desarrollo sostenible.

3.    La cooperación entre las Partes con arreglo al presente artículo se llevará a cabo teniendo debidamente en cuenta el artículo 15.14 de la parte III, a fin de garantizar sinergias.

ARTÍCULO 5.3

Conducta empresarial responsable y derechos humanos y empresariales

1.    Las Partes apoyarán el desarrollo y la aplicación de planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos, garantizando que en los planes se mencionen y alienten disposiciones eficaces sobre diligencia debida en materia de derechos humanos.

2.    Habida cuenta de que los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos en su territorio en relación con la actividad empresarial, las Partes promoverán una conducta empresarial responsable de conformidad con las normas internacionales aprobadas o apoyadas por ellas en el marco de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agenda 2030.

ARTÍCULO 5.4

Empleo y asuntos sociales

1.    Las Partes, de conformidad con la Agenda 2030, reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor reto al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. A este respecto, acuerdan intercambiar información sobre métodos para medir la pobreza, con el fin de apoyar políticas basadas en datos.

2.    Las Partes reconocen que la mejora del nivel de vida, la creación de puestos de trabajo de calidad y la promoción de la protección social y del trabajo digno para todos (mujeres y hombres) deben ocupar un lugar central en las políticas sociales y de empleo.

3.    Las Partes respetarán, promoverán y materializarán los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en Ginebra el 18 de junio de 1998, en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada el 10 de junio de 2008, y en los correspondientes convenios fundamentales de la OIT.

4.    Las Partes reforzarán la cooperación, también entre los interlocutores sociales, en el ámbito del empleo y los asuntos sociales, y promoverán el intercambio de mejores prácticas en materia de empleo, salud y seguridad en el trabajo, inspecciones de trabajo, trabajo no declarado, diálogo social y protección social y laboral, incluida la evaluación de las repercusiones de la economía informal, así como la gestión de las transiciones profesionales.

5.    Las Partes acuerdan establecer un diálogo periódico para acompañar y revisar el progreso de los trabajos en estos ámbitos de interés común y el diseño y la eficacia de sus políticas en estos ámbitos.

ARTÍCULO 5.5

Personas mayores y personas con discapacidad

1.    Las Partes se comprometen a trabajar en pro del bienestar, la dignidad y la inclusión efectiva de los grupos vulnerables en sus sociedades, así como de aquellos que encuentran obstáculos para su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, en particular las personas mayores y las personas con discapacidad.

2.    Las partes reconocen la importancia de promover un envejecimiento positivo y la accesibilidad a todos los niveles a lo largo de toda la vida. Las Partes también reconocen la importancia de cumplir las obligaciones de accesibilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006.

3.    La Partes acuerdan cooperar para:

a)    promover y desarrollar acciones para apoyar o aumentar las oportunidades en el mercado laboral y la inclusión social de las personas mayores y las personas con discapacidad;

b)    garantizar una educación y un aprendizaje permanente inclusivos para las personas con discapacidad, en particular los niños y los jóvenes, así como para las personas mayores;

c)    promover acciones específicas centradas en la inclusión de las personas con discapacidad mental e intelectual y problemas de salud mental, así como en su habilitación y rehabilitación;

d)    localizar e intercambiar buenas prácticas en materia de dispositivos de asistencia, incluidos los que se utilizan en la prestación de cuidados para fomentar una vida independiente y que son utilizables tanto para las personas mayores como para las personas con discapacidad, incluso en situaciones de dependencia;

e)    mejorar la accesibilidad de los productos y servicios de manera coherente para garantizar el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación contra las personas con discapacidad o las personas mayores.

ARTÍCULO 5.6

Juventud

1.    Las Partes reconocen la importancia de la juventud como motor del crecimiento y la prosperidad. A este respecto, las Partes harán hincapié en la importancia de la creación de empleo y de puestos de trabajo dignos para los jóvenes, así como del desarrollo de proyectos destinados a aumentar su participación cívica.

2.    Las Partes cooperarán para:

a)    facilitar la participación activa de todos los jóvenes en la sociedad civil;

b)    fomentar los intercambios en el ámbito de las políticas juveniles y la educación no formal para los jóvenes y los trabajadores jóvenes;

c)    promover el desarrollo sostenible e inclusivo participando en un diálogo con vistas a apoyar campañas de sensibilización dirigidas a los jóvenes en relación con los derechos humanos y la no discriminación.

3.    En este marco, llevarán a cabo un trabajo conjunto para luchar contra el acoso y la violencia en los centros educativos.

ARTÍCULO 5.7

Cultura

1.    Las Partes cooperarán en los foros internacionales pertinentes, en particular en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el fin de perseguir objetivos comunes y fomentar la diversidad cultural, en particular mediante la aplicación de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de la Unesco, adoptada el 20 de octubre de 2005.

2.    Las Partes promoverán un diálogo y una cooperación más estrechos en los sectores cultural y creativo, incluso con respecto a las tecnologías emergentes y las nuevas tecnologías, así como los medios audiovisuales, teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales existentes con los Estados miembros, con el fin de mejorar, entre otras cosas, la comprensión y el conocimiento mutuos de sus culturas respectivas y los intercambios en este ámbito.

3.    Las Partes se esforzarán por adoptar las medidas adecuadas para promover los intercambios culturales y llevar a cabo iniciativas conjuntas en diversos ámbitos culturales, incluida la coproducción en los ámbitos de los medios de comunicación, el cine y la televisión, utilizando los instrumentos y marcos de cooperación disponibles.

4.    Las Partes fomentarán el diálogo intercultural entre las organizaciones de la sociedad civil, así como entre los particulares de ambas Partes.

ARTÍCULO 5.8

Investigación e innovación

1.    Las Partes cooperarán en el ámbito de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sobre la base del interés común y el beneficio mutuo, de conformidad con sus normas y disposiciones internas. Esta cooperación tendrá por objeto promover el desarrollo social y económico, hacer frente a los retos sociales mundiales, lograr la excelencia científica, mejorar la competitividad regional y reforzar las relaciones entre las Partes, dando lugar a una asociación duradera. Las Partes fomentarán el diálogo político y utilizarán sus distintos instrumentos, como el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República de Chile, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 2002, de forma complementaria.

2.    Las Partes procurarán:

a)    mejorar las condiciones para la movilidad de investigadores, científicos, expertos, estudiantes y empresarios, así como para la circulación transfronteriza de material y equipos;

b)    facilitar el acceso recíproco a los programas de la otra Parte en materia de ciencia, tecnología e innovación, las infraestructuras e instalaciones de investigación, las publicaciones y los datos científicos;

c)    aumentar la cooperación en materia de investigación prenormativa y normalización;

d)    promover principios comunes para un trato justo y equitativo de los derechos de propiedad intelectual en los proyectos de investigación e innovación;

e)    fomentar el diálogo político en materia de innovación, dirigido en particular a las pymes, con el fin de generar nuevos bienes y servicios y estimular la innovación tecnológica y el espíritu empresarial;

f)    aumentar el número de proyectos empresariales de investigación aplicada y desarrollo conjuntos que tratan de generar soluciones innovadoras a problemas y retos comunes;

g)    fomentar la creación de redes y vínculos entre instituciones de investigación e innovación, como universidades y centros de investigación y empresas, en las regiones de las Partes, para el desarrollo de actividades cercanas al mercado;

h)    apoyar los programas de innovación social y pública destinados a mejorar el desarrollo social de las regiones y, en particular, la calidad de vida de los ciudadanos;

i)    promover la cooperación y el intercambio de mejores prácticas, políticas y estrategias, incluidos los retos mundiales, entre los responsables políticos, las agencias de innovación y otras partes interesadas pertinentes.

3.    Las Partes promoverán las siguientes actividades, en las que participarán organizaciones gubernamentales, centros de investigación públicos y privados, centros de enseñanza superior, agencias y redes de innovación y otras partes interesadas, incluidas pymes:

a)    iniciativas conjuntas para sensibilizar sobre los programas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo de capacidades y oportunidades para participar en los programas de la otra Parte;

b)    reuniones y talleres conjuntos destinados a intercambiar información y mejores prácticas y a determinar ámbitos de investigación conjunta;

c)    acciones conjuntas y cofinanciadas de investigación e innovación, incluidas redes temáticas, en ámbitos de interés común;

d)    valoración y evaluación reconocidas mutuamente de la cooperación científica y en materia de innovación, y difusión de los resultados correspondientes.

ARTÍCULO 5.9

Cooperación polar

Las Partes reconocen la importancia del diálogo y la cooperación a nivel bilateral y multilateral en asuntos polares. Dicha cooperación se canalizará a través del diálogo de expertos y el intercambio de mejores prácticas, también en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

ARTÍCULO 5.10

Política digital

1.    Las Partes reconocen que las TIC mejoran el desarrollo económico, educativo y social. Las Partes intercambiarán puntos de vista sobre sus políticas respectivas en este ámbito.

2.    Por tanto, las Partes cooperarán en las políticas en materia de TIC. Esta cooperación podrá incluir:

a)    el intercambio de puntos de vista sobre los diferentes aspectos de la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Unión Europea, en particular las políticas y la regulación de las comunicaciones electrónicas, incluido el acceso a los servicios de banda ancha, la protección de la privacidad y los datos personales, los flujos de datos, los requisitos de localización de datos, la administración electrónica, la administración abierta, los datos abiertos, la seguridad de internet, la sanidad electrónica y la independencia de las autoridades reguladoras;

b)    el intercambio de puntos de vista sobre la neutralidad de la red, como principio para promover una internet libre y abierta, y la creación de servicios y aplicaciones en línea, así como el acceso a ellos, en beneficio de todos los ciudadanos;

c)    la promoción de las TIC como medios de desarrollo social, cultural y económico, inclusión social y digital y diversidad cultural, así como una herramienta esencial para estimular la conectividad en las escuelas y desarrollar redes académicas y de investigación;

d)    el desarrollo de la interconexión e interoperabilidad de las redes de investigación y las infraestructuras y servicios de datos informáticos y científicos, y el fomento de dicho desarrollo dentro de su contexto regional.

e)    la cooperación en el ámbito de la administración electrónica y los servicios de confianza, como la firma electrónica y la identidad electrónica, centrándose en el intercambio de principios políticos, información y buenas prácticas sobre el uso de las TIC para modernizar la administración pública y promover los servicios públicos de calidad y la gestión transparente de los recursos públicos;

f)    el intercambio de información sobre normas, evaluación de la conformidad y homologación de tipo, entre otras cosas para facilitar el comercio;

g)    la promoción de los intercambios y la formación de especialistas, en particular jóvenes profesionales y mujeres;

h)    la promoción de las competencias digitales.

ARTÍCULO 5.11

Educación y educación superior

1.    Las Partes cooperarán en el ámbito de la educación con el fin de apoyar el desarrollo del capital humano, en particular en el ámbito de la educación superior.

2.    Con el fin de apoyar la calidad y la modernización de los sistemas de educación superior, las Partes:

a)    promoverán la movilidad de estudiantes, personal del mundo académico y personal administrativo a través de programas existentes o nuevos;

b)    mejorarán las capacidades de las instituciones de educación superior;

c)    mejorarán los mecanismos de reconocimiento de las cualificaciones y los períodos de estudio en el extranjero, de conformidad con el Derecho respectivo.

ARTÍCULO 5.12

Navegación civil por satélite, observación de la Tierra y otras actividades espaciales

1.    Las Partes reconocen que las actividades espaciales tienen un impacto positivo en el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y en la competitividad industrial.

2.    Las Partes cooperarán, de conformidad con convenios internacionales y con su Derecho respectivo, en asuntos de interés común en el ámbito de las actividades espaciales civiles, tales como:

a)    la investigación espacial, en particular sobre navegación por satélite y observación de la Tierra a través de la participación en Horizonte Europa;

b)    la cooperación en materia de aplicaciones y servicios mundiales de sistemas de navegación por satélite, incluyendo, en particular, la investigación científica, la cooperación industrial, el comercio y el desarrollo del mercado, las normas de aplicación, la certificación y las medidas reglamentarias;

c)    el desarrollo de sistemas de aumentación por satélite, en particular en relación con el transporte aéreo o los sistemas de aumentación, la protección mutua de la infraestructura de los sistemas de navegación por satélite, la cooperación en materia de interoperabilidad, la compatibilidad y el uso del espectro;

d)    la observación y las ciencias de la Tierra, incluida la cooperación en foros multilaterales y, en particular, el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y el Comité de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), para hacer frente a los retos sociales y facilitar las asociaciones empresariales y de innovación en el ámbito de la observación de la Tierra, en el marco del componente Copernicus del Programa Espacial de la Unión, mediante la localización de ámbitos de interés común;

e)    las comunicaciones por satélite.

ARTÍCULO 5.13

Turismo

1.    Las Partes cooperarán en el ámbito del turismo con el fin de mejorar el intercambio de información y establecer las mejores prácticas, para garantizar el desarrollo equilibrado y sostenible del turismo y apoyar la creación de empleo, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida.

2.    Las Partes se centrarán, en particular en:

a)    la salvaguardia y el máximo aprovechamiento del potencial del patrimonio natural y cultural;

b)    el respeto de la integridad y los intereses de las comunidades locales;

c)    la promoción de la cooperación entre sus regiones y entre las regiones y los municipios de los países vecinos;

d)    la promoción del intercambio de información y la cooperación para las industrias creativas y la innovación en el sector turístico.

ARTÍCULO 5.14

Estadística

1.    Las Partes cooperarán en el ámbito de las estadísticas.

2.    Esa cooperación podrá incluir:

a)    la promoción de la armonización de las metodologías estadísticas para mejorar la comparabilidad de los datos;

b)    la elaboración y la difusión de estadísticas oficiales y el desarrollo de indicadores;

c)    el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las instituciones oficiales de Chile encargadas de asuntos y procedimientos estadísticos y sus homólogos de la Unión Europea.

ARTÍCULO 5.15

Transporte

1.    Las Partes cooperarán en los ámbitos pertinentes de la política de transporte, en particular de cara a una política de transporte integrada, con vistas a desarrollar y apoyar un sistema de transporte eficiente, sostenible, seguro, protegido y respetuoso con el medio ambiente, tanto para los pasajeros como para las mercancías.

2.    Esta cooperación tendrá por objeto promover:

a)    el intercambio de información sobre sus respectivas políticas, normas y mejores prácticas en materia de transporte y sobre otros temas de interés común;

b)    la interconexión e interoperabilidad de las redes;

c)    un enfoque de sistema de transporte multimodal;

d)    un entorno favorable para la inversión;

e)    la seguridad y la protección de los sistemas de transporte;

f)    cuestiones de transporte relacionadas con el medio ambiente;

g)    soluciones de transporte hipocarbónico o sin emisiones de carbono, investigación e innovación y soluciones inteligentes y digitales;

h)    el diálogo entre expertos y la cooperación en los foros internacionales de transporte;

i)    soluciones de transporte sostenible, también en relación con la movilidad urbana; y

j)    la facilitación del comercio, un aumento de la eficiencia y la optimización de las operaciones de transporte y logística mediante la digitalización y la simplificación de los requisitos de notificación en todos los modos de transporte.

CAPÍTULO 6

OTROS ÁMBITOS

ARTÍCULO 6.1

Políticas macroeconómicas

Las Partes cooperarán y promoverán el intercambio de información y puntos de vista sobre las políticas y tendencias macroeconómicas.

ARTÍCULO 6.2

Asuntos fiscales

Las Partes reconocen los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal, como las normas mundiales sobre transparencia e intercambio de información y las normas mínimas contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, así como la eliminación de las prácticas fiscales perniciosas, y se comprometen a aplicarlos. Las Partes promoverán unas condiciones de competencia equitativas y trabajarán para mejorar la cooperación internacional en el ámbito fiscal con el fin de prevenir la elusión y la evasión fiscales.

ARTÍCULO 6.3

Política de los consumidores

Las Partes reconocen la importancia de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y, para ello, se esforzarán por cooperar en el ámbito de la política de los consumidores. Las Partes acuerdan que dicha cooperación podrá abarcar, en la medida de lo posible:

a)    el intercambio de información sobre sus respectivos marcos de protección de los consumidores, en particular las leyes en materia de consumo, la seguridad de los productos de consumo, las vías de recurso de los consumidores y la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de consumo;

b)    la promoción del desarrollo de asociaciones de consumidores independientes y de los contactos entre representantes de los consumidores.

ARTÍCULO 6.4

Salud pública

Las Partes acuerdan cooperar en asuntos de salud pública, en particular con respecto a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, la preparación para combatir los brotes de enfermedades altamente patógenas, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), adoptado el 23 de mayo de 2005 por la Asamblea Mundial de la Salud, y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

ARTÍCULO 6.5

Cooperación en materia de deporte y actividad física

Las Partes cooperarán en el ámbito del deporte y la actividad física como medio para contribuir al desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, incluida la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en todos los grupos de edad, promover las funciones sociales y los valores educativos del deporte y combatir los peligros que amenazan al deporte, como el dopaje, el amaño de partidos, el racismo y la violencia.

CAPÍTULO 7

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DESCENTRALIZACIÓN, POLÍTICA REGIONAL Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ARTÍCULO 7.1

Modernización del Estado

En el contexto del diálogo político y la cooperación, las Partes trabajarán para intercambiar experiencias en asuntos relacionados con la modernización y la descentralización del Estado y la administración pública, extrayendo lecciones de las mejores prácticas de ambas en materia de eficacia organizativa mundial y de la legislación y el marco institucional vigentes, con el fin de lograr una buena gobernanza, en particular con respecto a los aspectos siguientes:

a)    el reconocimiento de la autonomía y el papel de las entidades fiscalizadoras superiores en la promoción de la buena gobernanza a todos los niveles, garantizando la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia;

b)    la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas públicas y la toma de decisiones de cara a los ciudadanos, así como el refuerzo del papel de la sociedad civil en este ámbito;

c)    la promoción de una cultura de integridad y honradez en el servicio público que abarque al conjunto de la sociedad, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil;

d)    la promoción, el apoyo y el estímulo de la innovación en el sector público, aportando soluciones a los problemas y retos de sus diferentes niveles y ámbitos de trabajo, de modo que generen valor público en el ecosistema de la innovación y en la sociedad.

ARTÍCULO 7.2

Política regional y descentralización

1.    Las Partes reconocen la importancia de las políticas para promover un desarrollo regional y territorial equilibrado y sostenible. Las Partes reconocen la importancia de las regiones y del trabajo con los gobiernos subnacionales, así como la manera en que estos pueden añadir conocimientos importantes sobre las políticas públicas en consonancia con los requisitos de la futura descentralización de Chile.

2.    Las Partes cooperarán, siempre que sea posible, con el fin de mejorar los sistemas de gobernanza a diferentes niveles, el desarrollo de capacidades mediante el intercambio de experiencias y prácticas y el aprendizaje mutuo, en soluciones sostenibles para los retos del desarrollo territorial y regional, en políticas destinadas a promover la cohesión social, económica y territorial, incluida la cooperación transfronteriza, en la elaboración y aplicación de la política regional y la organización de estrategias de desarrollo territorial, y en cuestiones relacionadas con la asociación, los procedimientos y métodos de planificación y evaluación, la innovación regional y las políticas de especialización inteligente.

3.    Las Partes se comprometen a reforzar y ampliar, siempre que sea posible, la dinámica y las oportunidades de colaboración entre las regiones de la Unión Europea y las regiones de Chile, mediante el diseño y la ejecución de programas y proyectos conjuntos destinados a impulsar, entre otras cosas, el desarrollo regional y territorial.

4.    Las Partes tratarán de intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre las interrelaciones entre la descentralización y la aplicación de la política regional.

ARTÍCULO 7.3

Cooperación interinstitucional

1.    Las Partes se comprometen a fomentar y facilitar un diálogo y una cooperación más estrechos entre las instituciones interesadas en cualquiera de los ámbitos incluidos en el presente Acuerdo. A tal fin, las Partes alentarán los contactos entre las instituciones del Gobierno de Chile y el sector público y otras instituciones pertinentes de Chile con sus homólogos de la Unión Europea para abordar la cooperación sectorial más amplia posible, que puede incluir:

a)    la prevención y la lucha contra la corrupción;

b)    la formación y el apoyo organizativo;

c)    la asistencia técnica prestada a las instituciones de Chile responsables de la generación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas y del suministro de información sobre dichas políticas, incluidas reuniones del personal de las instituciones de la Unión Europea con sus homólogos de Chile;

d)    el intercambio periódico de información, según se considere oportuno, también mediante el uso de TIC, y el desarrollo de redes de información, salvaguardando al mismo tiempo la protección de los datos personales en todos los ámbitos en los que sea necesario el intercambio de datos;

e)    el intercambio de información y buenas prácticas en relación con la digitalización de los procedimientos estatales relacionados con la prestación de servicios a los ciudadanos;

f)    la transferencia de conocimientos especializados;

g)    los estudios preliminares y la ejecución conjunta de proyectos que impliquen una contribución financiera proporcionada;

h)    la elaboración de planes de acción que incluyan puntos focales, calendarios y mecanismos de evaluación;

i)    la contribución a la generación de capacidades, competencias y habilidades en el ámbito de la innovación pública.

2.    Las Partes, de común acuerdo, podrán añadir otros ámbitos de actuación a los mencionados en el apartado 1.

(1)    En la medida en que los asuntos que entran en el ámbito de aplicación del presente artículo también entren en el ámbito de aplicación del capítulo 14, la cooperación a la que se refiere el presente artículo tendrá lugar con arreglo a ese capítulo.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ANEXO

de la

propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra

PARTE III

COMERCIO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO

CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES GENERALES E INSTITUCIONALES

SECCIÓN A

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 8.1

Establecimiento de una zona de libre comercio

Las Partes establecen una zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994 y el artículo V del AGCS.

ARTÍCULO 8.2

Objetivos

Los objetivos de esta parte del presente Acuerdo son:

a)    la expansión y diversificación del comercio de mercancías entre las Partes, de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994, mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio;

b)    la facilitación del comercio de mercancías, en particular mediante las disposiciones relativas a aduanas y facilitación del comercio, las normas, los reglamentos técnicos, los procedimientos para la evaluación de la conformidad y las medidas sanitarias y fitosanitarias, preservando al mismo tiempo el derecho de las Partes a regular para alcanzar objetivos en materia de políticas públicas;

c)    la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del GATS;

d)    el desarrollo de un clima económico que propicie un aumento de los flujos de inversión, la mejora de las condiciones de establecimiento sobre la base del principio de no discriminación, preservando al mismo tiempo el derecho de cada Parte a adoptar y aplicar las medidas necesarias para perseguir objetivos legítimos en materia de políticas;

e)    la facilitación del comercio y la inversión entre las Partes, en particular mediante la libre transferencia de pagos corrientes y movimientos de capitales;

f)    el desarrollo de un entorno que favorezca la inversión, mediante el establecimiento de normas transparentes, estables y previsibles que garanticen el trato justo a los inversores y el establecimiento de un sistema judicial para resolver diferencias entre inversores y Estados de manera eficaz, justa y predecible;

g)    la apertura efectiva y recíproca de los mercados de la contratación pública de las Partes;

h)    el fomento de la innovación y la creatividad garantizando la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con las obligaciones internacionales aplicables entre las Partes;

i)    la promoción de unas condiciones que fomenten la competencia no falseada, en particular por lo que respecta al comercio y la inversión entre las Partes;

j)    el desarrollo del comercio internacional de manera que contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental; y

k)    el establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias eficaz, justo y predecible para resolver las diferencias relativas a la interpretación y la aplicación de esta parte del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8.3

Definiciones de aplicación general

A efectos de esta parte del presente Acuerdo, los anexos 9, 10-A a 10-E, 13-A a 13-H, 15-A, 15B, 16-A, 16-B, 16-C, 17-A a 17-I, 19-A, 19-B, 19-C, 21-A, 21-B, 25, 28-A, 28-B, 29, 32-A, 32-B, 32-C, 38-A y 38-B y los Protocolos de dicho Acuerdo, se entenderá por:

a)    «Acuerdo sobre la Agricultura»: el Acuerdo sobre la Agricultura que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

b)    «Acuerdo Antidumping»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

c)    «derecho de aduana»: cualquier derecho o carga de cualquier tipo impuesto a la importación de una mercancía o en relación con la importación de una mercancía, sin incluir:

i)    las cargas equivalentes a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo 9.4 del presente Acuerdo;

ii)    los derechos antidumping, de salvaguardia especial, compensatorios o de salvaguardia aplicados de conformidad con el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre la Agricultura, el Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre Salvaguardias, según proceda; y

iii)    las tasas u otras cargas aplicadas a la importación o en relación con la importación cuyo importe se limite al coste aproximado de los servicios prestados;

d)    «CCP»: la Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M, n.º 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991);

e)    «días»: los días naturales, incluidos los fines de semana y festivos;

f)    «vigente»: con efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

g)    «GATS»: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que figura en el anexo 1B del Acuerdo sobre la OMC;

h)    «GATT de 1994»: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

i)    «mercancía de una Parte»: toda mercancía nacional, tal como se entiende en el GATT de 1994; e incluye mercancías originarias de dicha Parte;

j)    «Sistema Armonizado» o «SA»: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluidas las reglas generales para su interpretación, las notas de sección, las notas de capítulo y las notas de subpartida, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas;

k)    «partida»: los primeros cuatro dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado;

l)    «persona jurídica»: toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, incluyendo cualquier sociedad de capital, sociedad de gestión (trust), sociedad personal (partnership), empresa conjunta, sociedad unipersonal o asociación;

m)    «medida»: cualquier medida que adopte la forma de ley, reglamento, norma, procedimiento, decisión, acción administrativa, requisito, práctica o cualquier otra forma;

n)    «medida de una Parte»: toda medida adoptada o mantenida por: 1

i)    gobiernos y autoridades de todos los niveles;

ii)    organismos no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados por gobiernos o autoridades de todos los niveles 2 ; o

iii)    cualquier entidad que, de hecho, actúe siguiendo las instrucciones de una Parte o bajo su dirección o control con respecto a la medida 3 ;

o)    «persona física»:

i)    en el caso de la Parte UE, el nacional de un Estado miembro, de conformidad con su Derecho 4 ; y

ii)    en el caso de Chile, el nacional de Chile, de conformidad con su Derecho;

p)    «mercancía originaria»: la mercancía que se ajusta a las normas de origen establecidas en el capítulo 10;

q)    «persona»: toda persona física o jurídica;

r)    «datos personales»: toda información relativa a una persona física identificada o identificable;

s)    «Acuerdo sobre Salvaguardias»: el Acuerdo sobre Salvaguardias que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

t)    «medida sanitaria o fitosanitaria»: toda medida que figura en el anexo A, apartado 1, del Acuerdo MSF;

u)    «Acuerdo SMC»: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

v)    «Acuerdo MSF»: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que figura en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

w)    «Acuerdo OTC»: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio que figura en el anexo 1 del Acuerdo sobre la OMC;

x)    «Acuerdo sobre los ADPIC»: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que figura en el anexo 1C del Acuerdo sobre la OMC; y

y)    «Acuerdo sobre la OMC»: el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994.

ARTÍCULO 8.4

Relación con el Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos vigentes
que entran en el ámbito de aplicación de esta parte del presente Acuerdo

1.    Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo de la OMC y de otros acuerdos vigentes que entren en el ámbito de aplicación de esta parte del presente Acuerdo y en los que sean parte.

2.    Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de manera que se exija a las Partes actuar de forma incompatible con sus obligaciones con arreglo al Acuerdo de la OMC.

3.    En caso de cualquier incompatibilidad entre el presente Acuerdo y cualquier acuerdo vigente distinto del Acuerdo de la OMC en el que ambas Partes sean parte y que entre en el ámbito de aplicación de esta parte del presente Acuerdo, las Partes se consultarán inmediatamente para encontrar una solución satisfactoria para ambas.

SECCIÓN B

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 8.5

Funciones específicas del Consejo de Conjunto en la configuración de comercio

1.    Cuando el Consejo Conjunto establecido con arreglo al artículo 40.1 aborde cuestiones relacionadas con esta parte del Acuerdo 5 , podrá:

a)    adoptar decisiones para modificar:

i)    las listas arancelarias de los apéndices 9-1 y 9-2 con el fin de acelerar el desarme arancelario;

ii)    el capítulo 10 y los anexos 10-A a 10-E;

iii)    los anexos 13-F y 13-G y el apéndice 13-E-1;

iv)    los anexos 16-A, 16-D y 16-E y el punto 1 del anexo 16-B;

v)    el anexo 21-B;

vi)    el anexo 29;

vii)    la definición de «subvención» del artículo 31.2, apartado 1, en la medida en que se refiera a las empresas que prestan servicios, con vistas a incorporar el resultado de futuros debates en la OMC o en foros plurilaterales conexos sobre esta cuestión;

viii)    el anexo 32-A por lo que respecta a las referencias al Derecho aplicable en las Partes;

ix)    el anexo 32-B por lo que respecta a los criterios que deben incluirse en el procedimiento de oposición;

x)    el anexo 32-C por lo que respecta a las indicaciones geográficas;

xi)    los anexos 38-A y 38-B; y

xii)    cualquier otra disposición, anexo, apéndice o protocolo cuya modificación se contemple en esta parte del presente Acuerdo;

b)    adoptar decisiones para formular interpretaciones de lo dispuesto en esta parte del Acuerdo, que serán vinculantes para las Partes y para todos los organismos creados con arreglo a dicha parte del Acuerdo y para los paneles mencionados en los capítulos 33 y 38;

c)    crear Subcomités y otros órganos adicionales responsables de los asuntos que entren en el ámbito de aplicación de esta parte del Acuerdo con arreglo al artículo 40.3, apartado 3; y

d)    si lo considera oportuno, establecer el reglamento interno de los Subcomités y otros órganos creados en virtud del artículo 8.8 y la letra c) del presente apartado.

2.    Establecerán el orden del día de las reuniones del Consejo Conjunto en la configuración de comercio los coordinadores de esta parte del Acuerdo, con arreglo al artículo 8.7, apartado 2.

ARTÍCULO 8.6

Funciones específicas del Comité Conjunto en la configuración de comercio

1.    Cuando el Comité Conjunto establecido con arreglo al artículo 40.2 aborde cuestiones relacionadas con esta parte del Acuerdo 6 , deberá:

a)    asistir al Consejo Conjunto en el ejercicio de sus funciones en asuntos relacionados con el comercio y las inversiones;

b)    responsabilizarse de la correcta ejecución de esta parte del Acuerdo; a este respecto, y sin perjuicio de los derechos establecidos en el capítulo 38, las Partes podrán someter a debate en el Comité Conjunto cualquier cuestión relativa a la aplicación o interpretación de esta parte del Acuerdo;

c)    supervisar la elaboración ulterior de las disposiciones de esta parte del Acuerdo, según proceda, y evaluar los resultados obtenidos de su aplicación;

d)    buscar formas adecuadas de prevenir y resolver los problemas que, de otro modo, pudieran surgir en los ámbitos cubiertos por esta parte del Acuerdo;

e)    supervisar el trabajo de todos los Subcomités creados con arreglo al artículo 8.8 y de los Subcomités creados con arreglo al artículo 40.3, apartado 3, que desempeñen tareas específicas de la parte III del presente Acuerdo; y

f)    examinar cualquier efecto sobre esta parte del Acuerdo de la adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión Europea.

2.    El Comité Conjunto en la configuración de comercio podrá:

a)    crear Subcomités y otros órganos adicionales responsables de los asuntos que entren en el ámbito de aplicación de esta parte del Acuerdo con arreglo al artículo 40.3, apartado 3;

b)    adoptar decisiones para modificar esta parte del Acuerdo con arreglo al artículo 8.5, apartado 1, letra a), y formular las interpretaciones a las que se refiere el artículo 8.5, apartado 1, letra b), entre reuniones del Consejo Conjunto, cuando este no pueda reunirse o se disponga de otro modo en el presente Acuerdo; y

c)    establecer el reglamento interno de los Subcomités y otros órganos establecidos con arreglo al artículo 8.8 y a la letra a) del presente apartado, cuando lo considere oportuno.

3.    Establecerán el orden del día de las reuniones del Comité Conjunto en la configuración de comercio los coordinadores de esta parte del Acuerdo, con arreglo al artículo 8.7, apartado 2.

ARTÍCULO 8.7

Coordinadores de esta parte del Acuerdo

1.    Cada una de las Partes designará un coordinador para esta parte del Acuerdo, en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y notificará a la otra Parte los datos de contacto de dicho coordinador.

2.    Los coordinadores establecerán conjuntamente el orden del día y llevarán a cabo todos los demás preparativos necesarios para las reuniones del Consejo Conjunto, el Comité Conjunto y los Subcomités y otros órganos creados en virtud del artículo 8.8 o del artículo 40.3, apartado 3, que desempeñen tareas específicas de la parte III del presente Acuerdo. Los coordinadores harán un seguimiento de las decisiones del Consejo Conjunto y del Comité Conjunto, en la configuración de comercio, y de las decisiones de los Subcomités en los casos contemplados en los artículos 17.39 y 25.20, según proceda.

ARTÍCULO 8.8

Subcomités y otros órganos específicos de esta parte del Acuerdo

1.    Las Partes establecen los Subcomités siguientes:

a)    el Subcomité de Anticorrupción en el Comercio y las Inversiones;

b)    el Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen;

c)    el Subcomité de Servicios Financieros;

d)    el Subcomité de Propiedad Intelectual;

e)    el Subcomité de Contratación Pública;

f)    el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

g)    el Subcomité de Servicios e Inversión;

h)    el Subcomité de Sistemas Alimentarios Sostenibles;

i)    el Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio;

j)    el Subcomité de Comercio de Mercancías; y

k)    el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.

2.    Establecerán el orden del día de las reuniones de los Subcomités y otros órganos responsables de los asuntos que entren en el ámbito de aplicación de esta parte del Acuerdo, los coordinadores de esta parte del Acuerdo, con arreglo al artículo 8.7, apartado 2.

CAPÍTULO 9

COMERCIO DE MERCANCÍAS

ARTÍCULO 9.1

Objetivo

Las Partes liberalizarán progresiva y recíprocamente el comercio de mercancías de conformidad con esta parte del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9.2

Ámbito de aplicación

Salvo disposición en contrario de esta parte del presente Acuerdo, el presente capítulo se aplica al comercio de mercancías de una Parte.

ARTÍCULO 9.3

Definiciones

A efectos del presente capítulo y del anexo 9, se entenderá por:

a)    «Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación»: el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación establecido en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

b)    «formalidades consulares»: el procedimiento para obtener de un cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora, o en el territorio de un tercero, una factura consular o un visado consular para una factura comercial, un certificado de origen, un manifiesto, una declaración de exportación del expedidor o cualquier otra documentación aduanera relacionada con la importación de una mercancía;

c)    «Acuerdo sobre Valoración en Aduana»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, establecido en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

d)    «procedimiento para el trámite de licencias de exportación»: el procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana, ante el órgano u órganos administrativos competentes como condición previa para la exportación desde el territorio de la Parte exportadora;

e)    «procedimiento para el trámite de licencias de importación»: el procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana, ante el órgano u órganos administrativos competentes como condición previa para la importación en el territorio de la Parte importadora;

f)    «mercancía remanufacturada»: la mercancía clasificada en los capítulos 84 a 90 o en la partida 94.02 del Sistema Armonizado, excepto las mercancías clasificadas en las partidas 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 y 87.03 o en las subpartidas 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 y 8517.11 de dicho sistema, que:

i)    esté compuesta total o parcialmente por piezas obtenidas de mercancías que ya hayan sido utilizadas;

ii)    ofrezca un rendimiento y unas condiciones de trabajo similares a los de una mercancía equivalente nueva; y

iii)    ofrezca la misma garantía que una mercancía equivalente nueva.

g)    «reparación»: toda operación de transformación a la que se someta una mercancía para remediar defectos de funcionamiento o daños materiales y que implique el restablecimiento para su función original o para garantizar su conformidad con los requisitos técnicos para su uso, sin lo cual dejaría de poder utilizarse en condiciones normales para los fines a los que estaba destinada; la reparación de la mercancía incluye la restauración y el mantenimiento, pero no incluye las operaciones o procesos que:

i)    destruyan las características esenciales de la mercancía o creen una mercancía nueva o diferente desde el punto de vista comercial;

ii)    transformen una mercancía no acabada en otra acabada; o

iii)    se utilicen para mejorar o actualizar el rendimiento técnico de una mercancía;

h)    «categoría de escalonamiento»: el plazo para la eliminación de los derechos de aduana que varía entre cero y siete años, tras los cuales una mercancía está exenta de derechos de aduana, salvo especificación en contrario en las listas del anexo 9.

ARTÍCULO 9.4

Trato nacional en materia de imposición y reglamentación internas

Las Partes concederán un trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones complementarias. A tal fin, el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9.5

Reducción o eliminación de derechos de aduana

1.    Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, las Partes reducirán o eliminarán sus derechos de aduana sobre mercancías originarias de la otra Parte de conformidad con sus listas del anexo 9.

2.    A efectos del apartado 1, el tipo básico de los derechos de aduana será el especificado para cada mercancía en las listas del anexo 9.

3.    Si una Parte reduce su tipo del derecho de aduana de nación más favorecida («tipo NMF») aplicado, la lista del anexo 9 correspondiente a esa Parte se aplicará a los tipos reducidos. Si una Parte reduce su tipo NMF aplicado a un nivel inferior al tipo básico en relación con una línea arancelaria concreta, dicha Parte calculará el tipo preferencial aplicable que hace efectiva la reducción arancelaria sobre el tipo NMF aplicado reducido, manteniendo el margen relativo de preferencia para esa línea arancelaria concreta mientras el tipo NMF aplicado sea inferior al tipo básico. El margen de preferencia relativo para una línea arancelaria determinada en cada período de escalonamiento corresponde a la diferencia entre el tipo básico que figura en la lista del anexo 9 de esa Parte y el tipo del derecho aplicado a esa línea arancelaria de conformidad con dicha lista, dividida por ese tipo básico y expresada en términos porcentuales.

4.    A petición de una Parte, las Partes se consultarán mutuamente para estudiar la posibilidad de acelerar la reducción o eliminación de los derechos de aduana que figuran en las listas del anexo 9. Teniendo en cuenta dicha consulta, el Consejo Conjunto podrá tomar la decisión de modificar el anexo 9 con el fin de acelerar dicha reducción o eliminación de aranceles.

ARTÍCULO 9.6

Mantenimiento

1.    Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, las Partes no aumentarán los derechos de aduana establecidos como tipo básico en el anexo 9 ni adoptarán un derecho de aduana nuevo sobre una mercancía originaria de la otra Parte.

2.    Para mayor seguridad, las Partes podrán elevar un derecho de aduana al nivel establecido en el anexo 9 durante el período de escalonamiento correspondiente tras una reducción unilateral.

ARTÍCULO 9.7

Derechos de exportación, impuestos y otras cargas

1.    Las Partes no introducirán ni mantendrán ningún derecho, impuesto o carga de cualquier otro tipo que se aplique a la exportación de una mercancía a la otra Parte o en relación con dicha exportación; ni ningún impuesto interno u otra carga sobre una mercancía exportada a la otra Parte que sea superior al impuesto o carga que se aplicaría a mercancías similares destinadas al consumo interno.

2.    Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a las Partes imponer a la exportación de una mercancía tasas o cargas que estén permitidas con arreglo al artículo 9.8.

ARTÍCULO 9.8

Tasas y formalidades

1.    Las tasas y otras cargas impuestas por una Parte a la importación de una mercancía de la otra Parte o a la exportación de una mercancía a la otra Parte, o en relación con dicha importación o exportación, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no constituirán una protección indirecta de las mercancías internas ni una imposición fiscal de las importaciones o las exportaciones.

2.    Las Partes no aplicarán tasas u otras cargas a la importación o la exportación, o en relación con la importación o la exportación, sobre una base ad valorem.

3.    Las Partes podrán imponer tasas o recuperar costes únicamente cuando se presten servicios específicos, incluidos los siguientes:

a)    la presencia, cuando se solicite, del personal de aduanas fuera del horario oficial o en instalaciones que no sean las de aduanas;

b)    los análisis o informes periciales sobre mercancías y tasas postales para la devolución de mercancías a un solicitante, en particular por lo que respecta a las decisiones relacionadas con información vinculante o a la divulgación de información relativa a la aplicación de la legislación aduanera;

c)    el examen o muestreo de mercancías con fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se generen costes distintos de los derivados de la participación del personal de aduanas; o

d)    las medidas de control excepcionales, cuando resulten necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a riesgos potenciales.

4.    Las Partes publicarán sin demora todas las tasas y cargas que apliquen en relación con la importación o la exportación, de manera que las administraciones, los comerciantes y otras partes interesadas puedan familiarizarse con ellas.

5.    Las Partes no exigirán formalidades consulares, incluidas tasas y cargas conexas, en relación con la importación de ninguna mercancía de la otra Parte.

ARTÍCULO 9.9

Mercancías reparadas

1.    Las Partes no aplicarán derechos de aduana a una mercancía que, independientemente de su origen, vuelva a entrar en su territorio aduanero después de haber sido exportada temporalmente desde este al territorio aduanero de la otra Parte para su reparación.

2.    El apartado 1 no se aplicará a las mercancías importadas en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar, que se exporten posteriormente para su reparación y no se reimporten en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar.

3.    Las Partes no aplicarán derechos de aduana a las mercancías que, independientemente de su origen, hayan sido importadas temporalmente desde el territorio aduanero de la otra Parte para su reparación 7 .

ARTÍCULO 9.10

Mercancías remanufacturadas

1.    Salvo disposición en contrario de esta parte del presente Acuerdo, las Partes no concederán a las mercancías remanufacturadas de la otra Parte un trato menos favorable que el que concedan a las mercancías similares nuevas.

2.    Para mayor seguridad, el artículo 9.11 se aplica a las prohibiciones o restricciones con respecto a la importación y exportación de productos remanufacturados. Si una Parte adopta o mantiene prohibiciones o restricciones con respecto a la importación y exportación de mercancías usadas, no aplicará estas medidas a las mercancías remanufacturadas.

3.    Las Partes podrán exigir que las mercancías remanufacturadas se identifiquen como tales para su distribución o venta en su territorio y que tales mercancías cumplan todos los requisitos técnicos aplicables a las mercancías similares nuevas.

ARTÍCULO 9.11

Restricciones a la importación y a la exportación

El artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en esta parte del presente Acuerdo. Por consiguiente, las Partes no adoptarán ni mantendrán prohibiciones o restricciones con respecto a la importación de mercancías de la otra Parte o a la exportación o venta para la exportación de mercancías destinadas al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 9.12

Marcado de origen

Si Chile aplica requisitos obligatorios de marcado del país de origen a las mercancías de la Parte UE, el Comité Conjunto podrá decidir que las mercancías marcadas con la mención «Made in EU», o que lleven una marca similar en la lengua local, cumplan tales requisitos en el momento de su importación en Chile. El presente artículo no afecta al derecho de las Partes a especificar el tipo de productos para los que son obligatorios los requisitos de marcado del país de origen. El capítulo 10 no se aplica al presente artículo.

ARTÍCULO 9.13

Procedimientos para el trámite de licencias de importación

1.    Las Partes garantizarán que todos los procedimientos para el trámite de licencias de importación aplicables al comercio de mercancías entre las Partes se apliquen de manera neutral y se gestionen de forma justa, equitativa, no discriminatoria y transparente.

2.    Las Partes solo adoptarán o mantendrán procedimientos para el trámite de licencias de importación como condición para la importación en su territorio desde el territorio de la otra Parte si no se dispone razonablemente de otros procedimientos adecuados para lograr un fin administrativo.

3.    Las Partes no adoptarán ni mantendrán ningún procedimiento no automático para el trámite de licencias de importación como condición para la importación en su territorio desde el territorio de la otra Parte, a menos que sea necesario para ejecutar una medida que sea compatible con esta parte del presente Acuerdo. La Parte que adopte un procedimiento no automático para el trámite de licencias de importación indicará claramente a la otra Parte la medida que se ejecuta mediante dicho procedimiento.

4.    Las Partes adoptarán y administrarán cualquier procedimiento para el trámite de licencias de importación de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. A tal fin, los artículos 1, 2 y 3 de dicho Acuerdo se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

5.    La Parte que adopte nuevos procedimientos para el trámite de licencias de importación, o modifique procedimientos vigentes para el trámite de licencias de importación, notificará a la otra Parte en los sesenta días siguientes a la fecha de publicación los nuevos procedimientos para el trámite de licencias de importación o las modificaciones de procedimientos vigentes para el trámite de importación. La notificación incluirá la información especificada en el apartado 3 del presente artículo y en el artículo 5, apartado 2, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. Se considerará que las Partes cumplen esta disposición si notifican el nuevo procedimiento para el trámite de licencias de importación pertinente, o cualquier modificación de un procedimiento vigente para el trámite de licencias de importación, al Comité de Licencias de Importación establecido de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, incluyendo la información especificada en el artículo 5, apartado 2, de dicho Acuerdo.

6.    A petición de una Parte, la otra Parte facilitará sin demora cualquier información pertinente, incluida la información especificada en el artículo 5, apartado 2, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, en relación con cualquier procedimiento para el trámite de licencias de importación que tenga la intención de adoptar, haya adoptado o mantenga, así como cualquier modificación de un procedimiento vigente para el trámite de licencias de importación.

ARTÍCULO 9.14

Procedimientos para el trámite de licencias de exportación

1.    Las Partes publicarán todo nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación, o toda modificación de un procedimiento vigente para el trámite de licencias de exportación, de manera que las administraciones públicas, los comerciantes y otras partes interesadas puedan familiarizarse con ellos. La publicación tendrá lugar, siempre que sea posible, treinta días antes de que surta efecto el procedimiento o la modificación y, en cualquier caso, no más tarde de la fecha en que surta efecto dicho procedimiento o modificación.

2.    Las Partes velarán por que la publicación de los procedimientos para el trámite de licencias de exportación incluya la información siguiente:

a)    los textos de los procedimientos para el trámite de licencias de exportación o de las modificaciones introducidas en dichos procedimientos;

b)    las mercancías objeto de cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación;

c)    en relación con cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación, una descripción del proceso para solicitar una licencia de exportación y los criterios que un solicitante debe cumplir para poder solicitarla, como disponer de una licencia de actividad, establecer o mantener una inversión u operar a través de una forma particular de establecimiento en el territorio de una de las Partes;

d)    uno o varios puntos de contacto en los que las personas interesadas pueden obtener información adicional sobre las condiciones para la obtención de una licencia de exportación;

e)    el organismo u organismos administrativos ante los que debe presentarse una solicitud u otra documentación pertinente;

f)    una descripción de cualquier medida o medidas que el procedimiento para el trámite de licencias de exportación esté diseñado para ejecutar;

g)    el período durante el cual estará en vigor cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación, a menos que el procedimiento vaya a permanecer en vigor hasta su retirada o se revise en una nueva publicación;

h)    si la Parte en cuestión pretende utilizar un procedimiento para el trámite de licencias de exportación para administrar un contingente de exportación, la cantidad global y, cuando proceda, el valor del contingente y las fechas de apertura y cierre de este; y

i)    cualquier exención o excepción que sustituya al requisito de obtener una licencia de exportación, información sobre la forma de solicitar o utilizar dichas exenciones o excepciones y los criterios para concederlas.

3.    En los treinta días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes se notificarán mutuamente sus procedimientos vigentes para el trámite de licencias de exportación. La Parte que adopte nuevos procedimientos para el trámite de licencias de exportación, o modifique procedimientos vigentes para el trámite de licencias de exportación, notificará a la otra Parte en los sesenta días siguientes a la fecha de publicación los nuevos procedimientos para el trámite de licencias de exportación o las modificaciones de procedimientos vigentes para el trámite de exportación. La notificación incluirá la referencia a la fuente o fuentes en las que se publique la información exigida con arreglo al apartado 2 e incluirá, cuando proceda, la dirección del sitio o sitios web gubernamentales correspondientes.

4.    Para mayor seguridad, nada de lo dispuesto en el presente artículo obligará a las Partes a conceder una licencia de exportación ni les impedirá cumplir sus obligaciones o compromisos con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o a los regímenes multilaterales de no proliferación y los acuerdos sobre el control de las exportaciones.

ARTÍCULO 9.15

Valoración en aduana

Las Partes determinarán el valor en aduana de las mercancías de la otra Parte importadas en su territorio de conformidad con el artículo VII del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. A tal fin, el artículo VII del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones complementarias, y los artículos 1 a 17 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, incluidas sus notas interpretativas, se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9.16

Utilización de las preferencias

1.    A efectos de hacer un seguimiento del funcionamiento de esta parte del presente Acuerdo y calcular los índices de utilización de las preferencias, las Partes intercambiarán anualmente estadísticas de importación durante un período que comenzará un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y terminará diez años después de que finalice la eliminación arancelaria para todas las mercancías de conformidad con las listas del anexo 9. Salvo decisión en contrario del Comité Conjunto, dicho período se prorrogará automáticamente por cinco años y, a partir de entonces, dicho Comité podrá decidir prorrogarlo nuevamente.

2.    El intercambio de estadísticas de importación contemplado en el apartado 1 incluirá los datos correspondientes al año más reciente disponible, incluido el valor y, cuando proceda, el volumen, a nivel de la línea arancelaria de las importaciones de mercancías de la otra Parte que se beneficien de un trato arancelario preferencial con arreglo a esta parte del presente Acuerdo y de las importaciones de mercancías que reciban un trato no preferencial.

ARTÍCULO 9.17

Medidas específicas relativas a la gestión del trato preferencial

1.    Las Partes cooperarán en la prevención, la detección y la lucha contra el incumplimiento de la legislación aduanera en relación con el trato preferencial concedido con arreglo al presente capítulo, de conformidad con sus obligaciones en virtud del capítulo 10 y el Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

2.    Las Partes podrán, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3, suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de las mercancías en cuestión cuando constaten, sobre la base de información objetiva, convincente y verificable, el incumplimiento sistemático a gran escala de la legislación aduanera por la otra Parte con el fin de obtener el trato preferencial concedido con arreglo al presente capítulo, así como:

a)    la ausencia sistemática de acción de la otra Parte, o la inadecuación sistemática de la acción de esta última, a la hora de verificar el carácter originario de las mercancías y el cumplimiento de los demás requisitos del Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera a la hora de detectar o prevenir el incumplimiento de las normas de origen;

b)    la negativa sistemática de la otra Parte a proceder a la verificación ulterior de la prueba de origen, a petición de la Parte en cuestión, o a comunicar sus resultados a tiempo, o el retraso indebido en la realización de esa verificación o comunicación; o

c)    la negativa sistemática de la otra Parte a cooperar o a ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera en relación con el trato preferencial, o la ausencia sistemática de cooperación o ayuda de la otra Parte.

3.    La Parte que haya llegado a la constatación a la que se refiere el apartado 2 lo notificará, sin demora indebida, al Comité Conjunto e iniciará consultas con la otra Parte en el seno de dicho Comité con miras a llegar a una solución aceptable para ambas Partes.

Si las Partes no se ponen de acuerdo en cuanto a una solución aceptable para ambas en los tres meses siguientes a la fecha de la notificación, la Parte que ha llegado a la constatación podrá decidir suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de la mercancía en cuestión. La suspensión temporal se notificará al Comité Conjunto sin demora indebida.

Las suspensiones temporales solo se aplicarán durante el período necesario para proteger los intereses financieros de la Parte afectada y no superarán los seis meses. Cuando las condiciones que dieron lugar a la suspensión inicial persistan al expirar el período de seis meses, la Parte afectada podrá decidir renovar dicha suspensión. Toda suspensión temporal estará sujeta a consultas periódicas en el seno del Comité Conjunto.

4.    Las Partes publicarán, de conformidad con sus procedimientos internos, anuncios destinados a los importadores sobre cualquier notificación y decisión relativas a las suspensiones temporales contempladas en el apartado 3.

ARTÍCULO 9.18

Subcomité de Comercio de Mercancías

El Subcomité de Comercio de Mercancías creado en virtud del artículo 8.8, apartado 1:

a)    hará un seguimiento de la aplicación y la administración del presente capítulo y el anexo 9;

b)    promoverá el comercio de mercancías entre las Partes, incluso a través de consultas sobre la mejora del trato arancelario de acceso al mercado con arreglo al artículo 9.5, apartado 4, y sobre otras cuestiones, según proceda;

c)    proporcionará un foro para debatir y resolver cualquier cuestión relacionada con el presente capítulo;

d)    abordará sin demora los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, especialmente los relacionados con la aplicación de medidas no arancelarias y, si procede, remitirá tales cuestiones al Comité Conjunto para su examen;

e)    recomendará a las Partes cualquier modificación del presente capítulo o adición a este;

f)    coordinará el intercambio de datos para la utilización de preferencias o de cualquier otra información sobre el comercio de mercancías entre las Partes que pueda decidir;

g)    revisará cualquier modificación futura del Sistema Armonizado para garantizar que las obligaciones de las Partes con arreglo a esta parte del presente Acuerdo no se vean alteradas, y consultará para resolver cualquier conflicto relacionado;

h)    desempeñará las funciones establecidas en el artículo 15.17.

CAPÍTULO 10

NORMAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

SECCIÓN A

NORMAS DE ORIGEN

ARTÍCULO 10.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo y de los anexos 10-A a 10-E, se entenderá por:

a)    «clasificación»: la clasificación de un producto o materia en un determinado capítulo, partida o subpartida del Sistema Armonizado;

b)    «lote»: los productos que se envían, bien simultáneamente de un exportador a un destinatario, bien al amparo de un documento único de transporte que cubra su expedición del exportador al destinatario, o bien, en ausencia de dicho documento, al amparo de una factura única;

c)    «autoridad aduanera»:

i)    en el caso de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas; y

ii)    en el caso de la Parte UE, los servicios de la Comisión Europea responsables de los asuntos aduaneros, las administraciones aduaneras y cualquier otra autoridad de los Estados miembros de la Unión Europea responsable de la aplicación y la ejecución del Derecho aduanero;

d)    «exportador»: la persona establecida en una Parte que, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de dicha Parte, exporta o produce el producto originario y extiende una declaración de origen;

e)    «productos idénticos»: los productos que corresponden en todos los aspectos a los descritos en la descripción del producto; la descripción del producto que figura en el documento comercial utilizado para extender una declaración de origen de varios envíos debe ser lo suficientemente precisa como para identificar claramente dicho producto, pero también los productos idénticos que vayan a importarse posteriormente sobre la base de dicha declaración;

f)    «importador»: la persona que importa el producto originario y solicita para dicho producto un trato arancelario preferencial;

g)    «materia»: toda sustancia utilizada en la producción de un producto, incluidos todos los ingredientes, materias primas, componentes o piezas;

h)    «producto»: el resultado de la producción, incluso si está destinado a ser utilizado posteriormente como materia en la producción de otro producto; y

i)    «producción»: cualquier tipo de elaboración o transformación, incluido el montaje.

ARTÍCULO 10.2

Requisitos generales

1.    A efectos de la aplicación del trato arancelario preferencial por una Parte a una mercancía originaria de la otra Parte de conformidad con esta parte del presente Acuerdo, siempre y cuando el producto cumpla todos los demás requisitos aplicables establecidos en el presente capítulo, los siguientes productos se considerarán originarios de la otra Parte:

a)    los productos totalmente obtenidos en esa Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.4;

b)    los productos producidos exclusivamente a partir de materias originarias de esa Parte; y

c)    los productos producidos en esa Parte que utilicen materias no originarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el anexo 10‑B.

2.    Si un producto ha adquirido carácter de originario de conformidad con el apartado 1, las materias no originarias utilizadas en su producción no se considerarán no originarias cuando dicho producto se incorpore como materia a otro producto.

3.    La adquisición del carácter de originario se cumplirá sin interrupción en el territorio de una Parte.

ARTÍCULO 10.3

Acumulación de origen

1.    Un producto originario de una Parte se considerará originario de la otra Parte si se utiliza como materia en la producción de otro producto en esta última Parte, siempre y cuando la elaboración y la transformación realizadas vayan más allá de una o varias de las operaciones que figuran en el artículo 10.6.

2.    Las materias clasificadas en el capítulo 3 del Sistema Armonizado, originarias de los países mencionados en el apartado 4, letra b), y utilizadas en la producción de productos de atún en conserva clasificados en la subpartida 1604.14 del Sistema Armonizado podrán considerarse originarias de una Parte siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3, letras a) a e), y que dicha Parte envíe una notificación para su examen por el Subcomité mencionado en el artículo 10.31.

3.    El Comité Conjunto podrá decidir, siguiendo una recomendación del Subcomité, que determinadas materias originarias de los terceros países 8 mencionados en el apartado 4 del presente artículo puedan considerarse originarias de una Parte si se utilizan en la producción de un producto en esa Parte, siempre que:

a)    cada Parte tenga un acuerdo comercial en vigor que constituya una zona de libre comercio con ese tercer país, en el sentido del artículo XXIV del GATT de 1994;

b)    el origen de las materias a las que se refiere el presente apartado se determine de conformidad con las normas de origen aplicables en virtud de:

i)    el acuerdo comercial de la Parte UE que constituya una zona de libre comercio con ese tercer país, si la materia en cuestión se utiliza en la producción de un producto en Chile; y

ii)    el acuerdo comercial de Chile que constituya una zona de libre comercio con ese tercer país, si la materia en cuestión se utiliza en la producción de un producto en la Parte UE;

c)    exista un acuerdo en vigor entre la Parte y ese tercer país relativo a una cooperación administrativa adecuada que garantice la plena ejecución del presente capítulo, incluidas disposiciones sobre el uso de la documentación oportuna sobre el origen de los materiales, y que la Parte notifique dicho acuerdo a la otra Parte;

d)    la producción o transformación de las materias realizada en esa Parte vaya más allá de una o varias de las operaciones que figuran en el artículo 10.6; y

e)    las Partes acuerden cualquier otra condición aplicable.

4.    Los terceros países a los que se hace referencia en el apartado 3 son los siguientes:

a)    los siguientes países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; y

b)    los siguientes países andinos: Colombia, Ecuador y Perú.

ARTÍCULO 10.4

Productos totalmente obtenidos

1.    Los siguientes productos se considerarán totalmente obtenidos en una de las Partes:

a)    los vegetales y los productos vegetales plantados o recolectados en su territorio;

b)    los animales vivos nacidos y criados en su territorio;

c)    los productos obtenidos de animales vivos criados en su territorio;

d)    los productos obtenidos de la caza, la captura, la pesca, la recolecta o el apresamiento en su territorio, pero sin traspasar los límites exteriores del mar territorial de esa Parte;

e)    los productos obtenidos de animales sacrificados nacidos y criados en su territorio;

f)    los productos obtenidos de la acuicultura en su territorio, si los organismos acuáticos, incluidos los peces, los moluscos, los crustáceos, otros invertebrados acuáticos y las plantas acuáticas, nacen o se crían a partir de huevos, huevas, crías, alevines o larvas mediante intervenciones en los procesos de cría o crecimiento para aumentar la producción; por ejemplo, repoblaciones periódicas, alimentación y protección contra los predadores;

g)    los minerales u otras sustancias naturales, no incluidos en las letras a) a f), extraídos o recogidos en su territorio;

h)    los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar fuera de las aguas jurisdiccionales por un buque de esa Parte;

i)    los productos fabricados a bordo de un buque factoría de esa Parte exclusivamente a partir de los productos mencionados en la letra h);

j)    los productos extraídos por esa Parte o por una persona de esa Parte del suelo o del subsuelo marino fuera de cualquier mar territorial, siempre que tengan derechos para explotar dicho suelo o subsuelo;

k)    los desperdicios o desechos derivados de la producción en su territorio o de productos usados recogidos en él, siempre que dichos productos sean aptos únicamente para la recuperación de materias primas; y

l)    los productos producidos en su territorio exclusivamente a partir de los productos mencionados en las letras a) a k).

2.    Los términos «buque de una Parte» y «buque factoría de una Parte» mencionados en el apartado 1, letras h) e i), se refieren a un buque o a un buque factoría, respectivamente, que:

a)    esté matriculado en un Estado miembro o en Chile;

b)    navegue bajo pabellón de un Estado miembro o de Chile; y

c)    cumpla una de las siguientes condiciones:

i)    ser propiedad en más de un 50 % de personas físicas de un Estado miembro o de Chile; o

ii)    ser propiedad de una persona jurídica que:

A)    tenga su sede central y su base principal de operaciones en un Estado miembro o en Chile; y

B)    pertenezca en más de un 50 % a personas de una de las Partes.

ARTÍCULO 10.5

Tolerancias

1.    Si una materia no originaria utilizada en la producción de un producto no cumple los requisitos establecidos en el anexo 10-B, dicho producto se considerará originario de una Parte, siempre que:

a)    para todos los productos 9 , excepto los clasificados en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, el valor total de la materia no originaria no exceda del 10 % del precio franco fábrica del producto;

b)    para los productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, se apliquen las tolerancias establecidas en las notas 6 a 8 del anexo 10-A.

2.    El apartado 1 no se aplica si el valor o el peso de las materias no originarias utilizadas en la producción de un producto supera cualquiera de los porcentajes correspondientes al valor o peso máximo de las materias no originarias que se especifican en los requisitos establecidos en el anexo 10‑B.

3.    El apartado 1 no se aplica a los productos totalmente obtenidos en una de las Partes en el sentido del artículo 10.4. Si el anexo 10-B exige que las materias utilizadas en la producción de un producto sean totalmente obtenidas, se aplican los apartados 1 y 2.

ARTÍCULO 10.6

Elaboración o transformación insuficiente

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 10.2, apartado 1, letra c), un producto no se considerará originario de una Parte si únicamente una o varias de las siguientes operaciones se realizan con materias no originarias en dicha Parte:

a)    las operaciones de conservación, como el secado, la congelación, la conservación en salmuera u otras operaciones similares, cuando su único objetivo sea garantizar que el producto permanezca en buen estado durante su transporte y almacenamiento;

b)    las divisiones o agrupaciones de bultos;

c)    el lavado, la limpieza, la eliminación de polvo, óxido, petróleo, pintura u otros revestimientos;

d)    el planchado o el prensado de textiles y artículos textiles;

e)    las operaciones de pintura y pulido simples;

f)    el descascarado y la molienda parcial o total de arroz, el pulido y glaseado de cereales y arroz;

g)    las operaciones de coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de azúcar, la molienda total o parcial de azúcar granulado en forma sólida;

h)    el descascarillado, la extracción de pipas o huesos y el pelado de frutas, frutos secos y hortalizas;

i)    el afilado, la simple rectificación o el simple corte;

j)    el tamizado, el cribado, la selección, la clasificación, la graduación o la preparación de conjuntos o surtidos;

k)    el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la colocación sobre cartulinas o tableros, etc., y cualquier otra operación sencilla de envasado;

l)    la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;

m)    la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes, incluida la mezcla de azúcar con cualquier otra materia;

n)    el simple montaje de piezas de artículos para formar un artículo completo o el desmontaje de productos en piezas;

o)    la simple adición de agua o la dilución, deshidratación o desnaturalización de productos; o

p)    el sacrificio de animales.

2.    A efectos del apartado 1, una operación se considerará simple si no se requieren capacidades especiales ni máquinas, aparatos o equipos fabricados o instalados especialmente para realizarla.

ARTÍCULO 10.7

Unidad de calificación

1.    A efectos del presente capítulo, la unidad de calificación será el producto que se considere unidad básica en el momento de su clasificación con arreglo al Sistema Armonizado.

2.    Si un lote se compone de varios productos idénticos clasificados en la misma partida del Sistema Armonizado, cada producto se tendrá en cuenta individualmente a efectos de la aplicación del presente capítulo.

ARTÍCULO 10.8

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas

1.    Los accesorios, las piezas de repuesto y las herramientas que se expidan con un equipo, máquina, aparato o vehículo, que formen parte del equipo normal y estén incluidos en su precio o que no se facturen por separado se considerarán parte integrante del equipo, la máquina, el aparato o el vehículo en cuestión.

2.    Los accesorios, las piezas de repuesto y las herramientas mencionados en el apartado 1 no se tendrán en cuenta a la hora de determinar el origen del producto, excepto para el cálculo del valor máximo de las materias no originarias en el caso de un producto que esté sujeto a un valor máximo de materias no originarias establecido en el anexo 10-B.

ARTÍCULO 10.9

Juegos o surtidos

Los juegos o surtidos, según se definen en la regla general 3 para la interpretación del Sistema Armonizado, se considerarán originarios de una Parte si todos sus componentes son productos originarios. Un juego o surtido compuesto de productos originarios y no originarios se considerará en su conjunto originario de una Parte si el valor de los productos no originarios no excede del 15 % del precio franco fábrica del juego o surtido.

ARTÍCULO 10.10

Elementos neutros

Para determinar si un producto cumple los requisitos para ser originario de una Parte, no será necesario determinar el origen de los siguientes elementos, que pudieran haberse utilizado en su producción:

a)    combustible, energía, catalizadores y disolventes;

b)    equipos, dispositivos y suministros utilizados para los ensayos o la inspección de los productos;

c)    máquinas, herramientas, troqueles y moldes;

d)    piezas de repuesto y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios;

e)    lubricantes, grasas, compuestos y otras materias utilizadas en la fabricación de equipos y edificios o para hacerlos funcionar;

f)    guantes, gafas, calzado, prendas de vestir, equipos y suministros de seguridad;

g)    cualquier otra materia que no se incorpore al producto, pero cuya utilización pueda demostrarse que forma parte de la producción del producto.

ARTÍCULO 10.11

Embalaje, materiales para envasado y contenedores

1.    Si, con arreglo a la regla general 5 para la interpretación del Sistema Armonizado, los materiales para embalaje y los contenedores en los que un producto está envasado para su venta al por menor se clasifican junto con el producto, dichos materiales y contenedores no se tendrán en cuenta para determinar el origen del producto, excepto a efectos del cálculo del valor máximo de las materias no originarias si un producto está sujeto a un valor máximo de materias no originarias de conformidad con el anexo 10-B.

2.    Los materiales para embalaje y los contenedores que se utilizan para proteger un producto durante el transporte no se tendrán en cuenta para determinar si un producto es originario de una Parte.

ARTÍCULO 10.12

Separación contable de materias fungibles

1.    Las materias fungibles originarias y no originarias estarán separadas físicamente durante el almacenamiento, para mantener su carácter originario o no originario, según el caso. Dichas materias podrán utilizarse en la producción de un producto sin estar físicamente separadas durante el almacenamiento siempre y cuando se utilice un método de separación contable.

2.    El método de separación contable mencionado en el apartado 1 se aplicará de conformidad con un método de gestión de existencias que se ajuste a los principios contables generalmente aceptados en la Parte. El método de separación contable garantizará que en ningún momento el número de productos que podrían considerarse originarios de una Parte supere el número que se habría obtenido mediante la separación física de las existencias durante el almacenamiento.

3.    A efectos del apartado 1, se entenderá por «materias fungibles» las materias que sean del mismo tipo y de la misma calidad comercial, que presenten las mismas características técnicas y físicas y que no puedan distinguirse unas de otras una vez incorporadas al producto acabado.

ARTÍCULO 10.13

Productos de retorno

En caso de que un producto originario de una Parte y exportado a un tercer país desde esa Parte sea devuelto a esta, se considerará no originario, a menos que pueda demostrarse a satisfacción de la autoridad aduanera de dicha Parte que el producto de retorno:

a)    es el mismo que fue exportado; y

b)    no ha sufrido más operaciones que las necesarias para su conservación en buen estado mientras se encontraba en ese tercer país o durante su exportación.

ARTÍCULO 10.14

No alteración

1.    Un producto originario declarado para consumo interno en la Parte importadora no será, tras su exportación y antes de ser declarado para consumo interno, alterado, transformado en modo alguno ni sometido a operaciones distintas de las destinadas a mantenerlo en buen estado de conservación o distintas de la adición o la colocación de marcas, etiquetas, precintos o cualquier otra documentación destinada a garantizar el cumplimiento de requisitos internos específicos de la Parte importadora.

2.    Los productos podrán ser almacenados o expuestos en un tercer país siempre que permanezcan bajo vigilancia aduanera en ese tercer país.

3.    Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección B, el fraccionamiento de lotes podrá tener lugar en el territorio de un tercer país si lo realiza el exportador o se realiza bajo su responsabilidad y siempre que los lotes permanezcan bajo vigilancia aduanera en ese tercer país.

4.    En caso de duda sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 1 a 3, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador que aporte pruebas del cumplimiento. Dichas pruebas podrán aportarse por cualquier medio, e incluirán los documentos contractuales de transporte, como conocimientos de embarque, o pruebas objetivas o concretas basadas en el marcado o la numeración de los paquetes o cualquier prueba relacionada con el propio producto.

ARTÍCULO 10.15

Exposiciones

1.    Los productos originarios enviados para ser expuestos en un tercer país y vendidos después de la exposición para ser importados en una de las Partes se beneficiarán en su importación de conformidad con esta parte del presente Acuerdo, siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras que:

a)    los productos han sido expedidos por un exportador desde una de las Partes al tercer país en el que tiene lugar la exposición y han sido expuestos en él;

b)    los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por dicho exportador a un destinatario de una de las Partes;

c)    los productos han sido enviados durante la exposición o inmediatamente después en el mismo estado en el que fueron enviados a la exposición; y

d)    desde el momento en que se expidieron para ser expuestos, los productos no han sido utilizados con fines que no sean su presentación en la exposición.

2.    Deberá extenderse una declaración de origen, de conformidad con la Sección B, y presentarse ante las autoridades aduaneras de conformidad con los procedimientos aduaneros de la Parte importadora. En ella deberán figurar el título y la dirección de la exposición.

3.    El apartado 1 se aplica a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones públicas similares, de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal, que no se organicen con fines privados en tiendas o locales comerciales para vender productos extranjeros y durante las cuales los productos permanezcan bajo control aduanero.

4.    Las autoridades aduaneras de la Parte importadora podrán exigir pruebas de que los productos han permanecido bajo control aduanero en el país de exposición, así como pruebas documentales adicionales de las condiciones en las que han sido expuestos.

SECCIÓN B

PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

ARTÍCULO 10.16

Solicitud de trato arancelario preferencial

1.    La Parte importadora concederá un trato arancelario preferencial a un producto originario de la otra Parte en el sentido del presente capítulo sobre la base de una solicitud de trato arancelario preferencial presentada por el importador. El importador será responsable de la exactitud de la solicitud de trato arancelario preferencial y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

2.    La solicitud de trato arancelario preferencial se basará en uno de los elementos siguientes:

a)    una declaración de origen extendida por el exportador de conformidad con el artículo 10.17;

b)    el conocimiento del importador, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 10.19.

3.    La solicitud de trato arancelario preferencial y la base de dicha solicitud con arreglo al apartado 2 se incluirán en la declaración de aduana, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora.

4.    El importador que presente una solicitud de trato arancelario preferencial basada en una declaración de origen de conformidad con el apartado 2, letra a), deberá conservar la declaración y presentarla ante la autoridad aduanera de la Parte importadora previa solicitud.

ARTÍCULO 10.17

Declaración de origen

1.    El exportador de un producto podrá extender una declaración de origen basada en información que demuestre que el producto es originario, incluida, si procede, información sobre el carácter originario de las materias utilizadas en su producción.

2.    El exportador será responsable de la exactitud de la declaración de origen extendida y de la información facilitada con arreglo al apartado 1. Si el exportador tiene motivos para creer que la declaración de origen contiene información incorrecta o se basa en información incorrecta, notificará inmediatamente al importador cualquier cambio que afecte al carácter originario del producto. En ese caso, el importador corregirá la declaración de importación y pagará los derechos de aduana aplicables que deba.

3.    El exportador extenderá una declaración de origen en una de las versiones lingüísticas incluidas en el anexo 3-C en una factura o en cualquier otro documento comercial que describa el producto originario con el suficiente detalle como para permitir su identificación en la nomenclatura del Sistema Armonizado. La Parte importadora no exigirá al importador que presente una traducción de la declaración de origen.

4.    El período de validez de la declaración de origen será de un año a partir de la fecha en la que se extienda.

5.    Podrá extenderse una declaración de origen para:

a)    un único envío de uno o varios productos a una Parte; o

b)    varios envíos de productos idénticos a una Parte dentro del período especificado en la declaración de origen, no superior a doce meses.

6.    La Parte importadora, a petición del importador y a reserva de cualquier requisito que pueda imponer la Parte del importador, permitirá que se utilice una única declaración de origen para los productos sin montar o desmontados, en el sentido de la Regla General 2, letra a), del Sistema Armonizado, clasificados en las secciones XV a XXI del Sistema Armonizado cuando se importen escalonadamente.

ARTÍCULO 10.18

Discrepancias y errores menores

La autoridad aduanera de la Parte importadora no rechazará una solicitud de trato arancelario preferencial por discrepancias menores entre la declaración de origen y los documentos presentados ante la oficina de aduanas o por errores menores en la declaración de origen.

ARTÍCULO 10.19

Conocimiento del importador

1.    La Parte importadora podrá establecer, en sus disposiciones legales y reglamentarias, condiciones para determinar qué importadores pueden basar una solicitud de trato arancelario preferencial en el conocimiento del importador.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el conocimiento del importador de que un producto es originario se basará en información que demuestre que el producto cumple efectivamente los requisitos para ser originario, así como los requisitos establecidos en el presente capítulo para obtener el carácter originario.

ARTÍCULO 10.20

Obligaciones en materia de mantenimiento de registros

1.    El importador que solicite un trato arancelario preferencial para un producto importado en una Parte deberá:

a)    si la solicitud de trato preferencial se basa en una declaración de origen, conservar la declaración de origen extendida por el exportador durante un mínimo de tres años a partir de la fecha de la solicitud de preferencia del producto; y

b)    si la solicitud de trato preferencial se basa en el conocimiento del importador, conservar la información que demuestre que el producto cumple los requisitos establecidos en el presente capítulo para obtener el carácter originario durante un mínimo de tres años a partir de la fecha de la solicitud de trato preferencial.

2.    El exportador que haya extendido una declaración de origen conservará, durante un mínimo de cuatro años a partir de la extensión de dicha declaración de origen, una copia de esa declaración de origen y de todos los demás registros que demuestren que el producto cumple los requisitos establecidos en el presente capítulo para obtener el carácter originario.

3.    Los registros que deban conservarse de conformidad con el presente artículo podrán guardarse en formato electrónico de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora o exportadora, según proceda.

ARTÍCULO 10.21

Exenciones de los requisitos relativos a la declaración de origen

1.    Los productos enviados como paquetes de particular a particular o que formen parte del equipaje personal de los viajeros serán admitidos como productos originarios sin que sea necesario presentar una declaración de origen, siempre que no se importen con carácter comercial, se haya declarado que cumplen los requisitos del presente capítulo y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de esa declaración.

2.    Las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso personal de los destinatarios, de los viajeros o de sus familias no se considerarán importaciones de carácter comercial si, por la naturaleza y la cantidad de las mercancías, resulta evidente que no está prevista ninguna finalidad comercial, siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones que pueda razonablemente considerarse que se han realizado por separado con el fin de evitar el requisito de presentación de una declaración de origen.

3.    El valor total de los productos contemplados en el apartado 1 no podrá exceder de 500 EUR o la cantidad equivalente en la moneda de la Parte en cuestión en el caso de los paquetes, o de 1 200 EUR o la cantidad equivalente en la moneda de la Parte en cuestión en el caso de los productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros.

ARTÍCULO 10.22

Verificación

1.    La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá verificar el carácter originario de un producto o si se cumplen los demás requisitos establecidos en el presente capítulo sobre la base de métodos de evaluación de riesgos, entre los que se puede incluir la selección aleatoria. A efectos de dicha verificación, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá enviar una petición de información al importador que haya solicitado el trato preferencial con arreglo al artículo 10.16.

2.    La autoridad aduanera de la Parte importadora que envíe la petición contemplada en el apartado 1 no solicitará, en relación con el origen de un producto, más información que la siguiente:

a)    la declaración de origen, si la solicitud de trato preferencial se basaba en una declaración de origen; y

b)    la información relativa al cumplimiento de los criterios de origen, es decir:

i)    si el criterio de origen es «totalmente obtenido», la categoría aplicable (como la recolección, la explotación minera o la pesca) y el lugar de producción;

ii)    si el criterio de origen se basa en un cambio en la clasificación arancelaria, una lista de todas las materias no originarias, incluida su clasificación arancelaria (en formato de 2, 4 o 6 dígitos, dependiendo de los criterios de origen);

iii)    si el criterio de origen se basa en un método de valor: el valor del producto final, así como el valor de todas las materias no originarias utilizadas en la producción;

iv)    si el criterio de origen se basa en el peso, el peso del producto final, así como el peso de las materias no originarias pertinentes utilizadas en el producto final; y

v)    si el criterio de origen se basa en un proceso de producción específico, una descripción de ese proceso específico.

3.    Al facilitar la información solicitada, el importador podrá añadir cualquier otra información que considere pertinente a efectos de verificación.

4.    Si la solicitud de trato arancelario preferencial se basa en una declaración de origen de conformidad con el artículo 10.16, apartado 2, letra a), extendida por el exportador, el importador facilitará dicha declaración de origen, pero podrá responder a la autoridad aduanera de la Parte importadora que la información mencionada en el apartado 2, letra b), del presente artículo no puede ser facilitada.

5.    Cuando la solicitud de trato arancelario preferencial se base en el conocimiento del importador, con arreglo al artículo 10.16, apartado 2, letra b), la autoridad aduanera de la Parte importadora que realice la verificación podrá, después de haber solicitado la información con arreglo al apartado 1 del presente artículo, enviar una petición adicional de información al importador si considera que dicha información adicional es necesaria para verificar el carácter originario del producto o si se cumplen los demás requisitos establecidos en el presente capítulo. La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador documentación e información específicas, si procede.

6.    Si la autoridad aduanera de la Parte importadora decide suspender la concesión del trato arancelario preferencial a los productos en cuestión a la espera de los resultados de una verificación, podrá ofrecer al importador que proceda al levante de los productos. Como condición para el levante, la Parte importadora podrá exigir una garantía u otra medida cautelar oportuna. Toda suspensión del trato arancelario preferencial finalizará lo antes posible después de que la autoridad aduanera de la Parte importadora haya determinado el carácter originario de los productos en cuestión o el cumplimiento de los demás requisitos del presente capítulo.

ARTÍCULO 10.23

Cooperación administrativa

1.    A fin de garantizar la correcta aplicación del presente capítulo, las Partes cooperarán entre sí, a través de sus respectivas autoridades aduaneras, para verificar el carácter originario de un producto o si se cumplen los demás requisitos establecidos en el presente capítulo.

2.    Si una solicitud de trato arancelario preferencial se basa en una declaración de origen, de conformidad con el artículo 10.16, apartado 2, letra a), la autoridad aduanera de la Parte importadora que realice la verificación podrá, después de haber solicitado la información al importador con arreglo al artículo 10.22, apartado 1, enviar una petición de información a la autoridad aduanera de la Parte exportadora en los dos años siguientes a la fecha de la solicitud de trato preferencial si considera que dicha información adicional es necesaria para verificar el carácter originario del producto o si se cumplen los demás requisitos establecidos en el presente capítulo. La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar a la autoridad aduanera de la parte exportadora documentación e información específicas, si procede.

3.    La autoridad aduanera de la Parte importadora incluirá la siguiente información en la petición contemplada en el apartado 2:

a)    la declaración de origen o una copia;

b)    la identidad de la autoridad aduanera que presenta la petición;

c)    el nombre del exportador que debe verificarse;

d)    el objeto y el alcance de la verificación; y

e)    si procede, cualquier documentación pertinente.

4.    La autoridad aduanera de la Parte exportadora podrá, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, llevar a cabo la verificación mediante la petición de documentación al exportador y la solicitud de cualquier prueba, o mediante la visita de las instalaciones del exportador con el fin de examinar los registros y observar los equipos utilizados en la producción del producto.

5.    Tras la petición mencionada en el apartado 2, la autoridad aduanera de la Parte exportadora facilitará a la autoridad aduanera de la Parte importadora la información siguiente:

a)    la documentación solicitada, si está disponible;

b)    un dictamen sobre el carácter originario del producto;

c)    la descripción del producto objeto de verificación y la clasificación arancelaria pertinente para la aplicación de las normas de origen;

d)    una descripción y una explicación del proceso de producción que acredite el carácter originario del producto;

e)    información sobre la manera en que se llevó a cabo la verificación del carácter originario del producto con arreglo al apartado 4; y

f)    documentación justificativa, si procede.

6.    La autoridad aduanera de la Parte exportadora no transmitirá a la autoridad aduanera de la Parte importadora la información mencionada en el apartado 5, letra a) o f), sin el consentimiento del exportador.

7.    Toda la información solicitada, incluidos los documentos justificativos y cualquier otra información relacionada con la verificación, debe ser intercambiada preferentemente entre las autoridades aduaneras de las Partes por vía electrónica.

8.    Las Partes se comunicarán mutuamente, a través de los coordinadores designados de conformidad con esta parte del presente Acuerdo, los datos de contacto de sus respectivas autoridades aduaneras y cualquier modificación de estos en los treinta días siguientes a la modificación.

ARTÍCULO 10.24

Asistencia mutua en la lucha contra el fraude

En caso de sospecha de incumplimiento del presente capítulo, las Partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con el Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

ARTÍCULO 10.25

Rechazo de solicitudes de trato arancelario preferencial

1.    A reserva de los requisitos establecidos en los apartados 3 a 5, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá rechazar una solicitud de trato arancelario preferencial si:

a)    en los tres meses siguientes a la petición de información con arreglo al artículo 10.22, apartado 1:

i)    el importador no ha contestado;

ii)    cuando la solicitud de trato arancelario preferencial se base en una declaración de origen de conformidad con el artículo 10.16, apartado 2, letra a), no se ha facilitado la declaración de origen; o

iii)    cuando la solicitud de trato arancelario preferencial se base en el conocimiento del importador con arreglo al artículo 10.16, apartado 2, letra b), la información facilitada por el importador es inadecuada para confirmar el carácter originario del producto;

b)    en los tres meses siguientes a la petición de información adicional con arreglo al artículo 10.22, apartado 5:

i)    el importador no ha contestado; o

ii)    la información facilitada por el importador es inadecuada para confirmar el carácter originario del producto;

c)    en los diez meses siguientes a la petición de información con arreglo al artículo 10.23, apartado 2:

i)    la autoridad aduanera de la Parte exportadora no ha contestado; o

ii)    la información facilitada por la autoridad aduanera de la Parte exportadora es inadecuada para confirmar el carácter originario del producto.

2.    La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá rechazar una solicitud de trato arancelario preferencial si el importador que ha presentado la solicitud incumple otros requisitos establecidos en el presente capítulo distintos de los relativos al carácter originario de los productos.

3.    Si la autoridad aduanera de la Parte importadora tiene una justificación suficiente para rechazar una solicitud de trato arancelario preferencial de conformidad con el apartado 1 del presente artículo y la autoridad aduanera de la Parte exportadora ha proporcionado un dictamen con arreglo al artículo 10.23, apartado 5, letra b), que confirme el carácter originario de los productos, la autoridad aduanera de la Parte importadora notificará a la autoridad aduanera de la Parte exportadora su intención de rechazar la solicitud de trato arancelario preferencial en los dos meses siguientes a la recepción de dicho dictamen.

4.    Si tiene lugar la notificación contemplada en el apartado 3, se celebrarán consultas a petición de cualquiera de las Partes en los tres meses siguientes a la fecha de dicha notificación. El plazo de las consultas podrá prorrogarse, en función de las circunstancias de cada caso, mediante acuerdo mutuo entre las autoridades aduaneras de las Partes. Las consultas podrán celebrarse en consonancia con el procedimiento establecido por el Subcomité.

5.    Al término del plazo de las consultas, la autoridad aduanera de la Parte importadora únicamente rechazará la solicitud de trato arancelario preferencial si no puede confirmar el carácter originario del producto y tras haber concedido al importador el derecho a ser oído.

ARTÍCULO 10.26

Confidencialidad

1.    Las Partes mantendrán, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, la confidencialidad de la información facilitada por la otra Parte con arreglo al presente capítulo y protegerán dicha información de su divulgación.

2.    La información obtenida por las autoridades de la Parte importadora solo podrá ser utilizada por dichas autoridades para los fines del presente capítulo.

3.    Las Partes garantizarán que la información confidencial recogida con arreglo al presente capítulo no se utilice para fines distintos de la administración y ejecución de las decisiones y determinaciones relativas al origen de los productos y las cuestiones aduaneras, salvo que la persona o la Parte que haya facilitado la información confidencial dé su permiso.

4.    No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las Partes podrán permitir que la información recogida con arreglo al presente capítulo se utilice en cualquier procedimiento administrativo, judicial o cuasijudicial iniciado por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia aduanera para la aplicación del presente capítulo. Las Partes notificarán este uso por adelantado a la persona o la Parte que haya facilitado la información en cuestión.

ARTÍCULO 10.27

Reembolsos y solicitudes de trato arancelario preferencial tras la importación

1.    Las Partes dispondrán que un importador pueda presentar, tras la importación, una solicitud de trato arancelario preferencial y de reembolso de los derechos pagados en exceso por un producto si:

a)    el importador no presentó una solicitud de trato arancelario preferencial en el momento de la importación;

b)    la solicitud se presenta a más tardar dos años después de la fecha de importación; y

c)    el producto en cuestión podía acogerse al trato arancelario preferencial cuando se importó en el territorio de la Parte.

2.    Como condición para el trato arancelario preferencial sobre la base de una solicitud presentada con arreglo al apartado 1, la Parte importadora podrá exigir que el importador:

a)    presente la solicitud de trato arancelario preferencial de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora;

b)    facilite la declaración de origen, según proceda; y

c)    satisfaga todos los demás requisitos aplicables establecidos en el presente capítulo como si se hubiera solicitado el trato arancelario preferencial en el momento de la importación.

ARTÍCULO 10.28

Medidas y sanciones administrativas

1.    Las Partes impondrán medidas y sanciones administrativas, cuando proceda, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, a la persona que redacte o haga que se redacte un documento que contenga información incorrecta a efectos de obtener un trato arancelario preferencial para un producto, o que no cumpla los requisitos establecidos en:

a)    el artículo 10.20;

b)    el artículo 10.23, apartado 4, al no aportar pruebas o denegar una visita; o

c)    el artículo 10.17, apartado 2, al no corregir una solicitud de trato arancelario preferencial presentada en la declaración en aduana y pagar el derecho de aduana oportuno, cuando la solicitud inicial de preferencia se basaba en información incorrecta.

2.    Las Partes tendrán en cuenta el artículo 6, apartado 3.6, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en los casos en los que un importador revele voluntariamente la corrección de una solicitud de trato preferencial antes de recibir una petición de verificación, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias.

SECCIÓN C

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 10.29

Ceuta y Melilla

1.    A efectos del presente capítulo, en el caso de la Parte UE, el término «Parte» no incluye a Ceuta y Melilla.

2.    Los productos originarios de Chile, al importarse en Ceuta y Melilla, recibirán, en todos los aspectos, el mismo trato aduanero contemplado en esta Parte del presente Acuerdo que reciben los productos originarios del territorio aduanero de la Unión Europea con arreglo al Protocolo n.º 2 del Acta de Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Unión Europea. Chile concederá a las importaciones de los productos que entran en el ámbito de aplicación de esta parte del presente Acuerdo y que son originarios de Ceuta y Melilla el mismo trato aduanero que se concede a los productos importados y originarios de la Parte UE.

3.    Las normas de origen y los procedimientos de origen contemplados en el presente capítulo se aplicarán, mutatis mutandis, a los productos exportados de Chile a Ceuta y Melilla y a los productos exportados de Ceuta y Melilla a Chile.

4.    Ceuta y Melilla se considerarán un solo territorio.

5.    El artículo 10.3 se aplica a la importación y exportación de productos entre la Parte UE, Chile y Ceuta y Melilla.

6.    El exportador consignará «Chile» y «Ceuta y Melilla» en el campo 3 del texto de la declaración de origen del anexo 10-C, en función del origen del producto.

7.    La autoridad aduanera del Reino de España será responsable de la aplicación del presente artículo en Ceuta y Melilla.

ARTÍCULO 10.30

Modificaciones

El Consejo Conjunto podrá adoptar decisiones para modificar el presente capítulo y los anexos 10-A a 10-E, con arreglo al artículo 8.1, apartado 6, letra a).

ARTÍCULO 10.31

Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen

1.    El Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen («el Subcomité»), creado en virtud del artículo 8.8, apartado 1, estará compuesto por representantes de las Partes responsables en materia de aduanas.

2.    El Subcomité será responsable de la ejecución y la aplicación efectivas del presente capítulo.

3.    A efectos del presente capítulo, el Subcomité desempeñará las funciones siguientes:

a)    el examen y la formulación de las recomendaciones oportunas, según proceda, al Comité Conjunto sobre:

i)    la ejecución y aplicación del presente capítulo; y

ii)    cualquier modificación del presente capítulo y de los anexos 10-A a 10-E propuesta por una Parte;

b)    la presentación de sugerencias al Comité Conjunto sobre la adopción de notas explicativas para facilitar la ejecución del presente capítulo; y

c)    la consideración de cualquier otro asunto relacionado con el presente capítulo según lo acordado por las Partes.

ARTÍCULO 10.32

Productos en tránsito o en almacenamiento

Las Partes podrán aplicar esta parte del presente Acuerdo a los productos que cumplan lo dispuesto en el presente capítulo y que, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, se encuentren en tránsito o en almacenamiento temporal en depósitos aduanero o en zonas francas de la Parte UE o de Chile, a reserva de la presentación de una declaración de origen ante las autoridades aduaneras de la Parte importadora.

ARTÍCULO 10.33

Notas explicativas

Las notas explicativas relativas a la interpretación, aplicación y administración del presente capítulo figuran en el anexo 10-E.

CAPÍTULO 11

ADUANAS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

ARTÍCULO 11.1

Objetivos

1.    Las Partes reconocen la importancia de las aduanas y la facilitación del comercio en el contexto evolutivo del comercio mundial.

2.    Las Partes reconocen que el comercio internacional y los instrumentos y normas aduaneros constituyen la base de los requisitos y procedimientos de importación, exportación y tránsito.

3.    Las Partes reconocen que las disposiciones legales y reglamentarias en materia aduanera serán no discriminatorias y que los regímenes aduaneros se basarán en la utilización de métodos modernos y controles eficaces para combatir el fraude, proteger la salud y la seguridad de los consumidores y promover el comercio legítimo. Las Partes deben revisar periódicamente sus leyes y reglamentos en materia de aduanas y sus regímenes aduaneros. Las Partes también reconocen que sus regímenes aduaneros no deberán ser más gravosos, desde el punto de vista administrativo, ni restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar objetivos legítimos y que deberán aplicarse de manera predecible, coherente y transparente.

4.    Las Partes acuerdan reforzar su cooperación, a fin de garantizar que las leyes y reglamentos en materia de aduanas y los regímenes aduaneros pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones correspondientes, cumplan los objetivos de promover la facilitación del comercio, al tiempo que garantizan un control aduanero eficaz.

ARTÍCULO 11.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por «autoridad aduanera»:

a)    en el caso de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, o su sucesor; y

b)    en el caso de la Parte UE, los servicios de la Comisión Europea responsables de los asuntos aduaneros, las administraciones aduaneras y cualquier otra autoridad en los Estados miembros responsable de la aplicación y la ejecución de las disposiciones legales y reglamentarias;

ARTÍCULO 11.3

Cooperación aduanera

1.    Las Partes cooperarán en asuntos aduaneros entre sus autoridades aduaneras respectivas para garantizar que se alcancen los objetivos enunciados en el artículo 11.1.

2.    Las Partes desarrollarán la cooperación, en particular mediante:

a)    el intercambio de información relativa a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de aduanas, y su ejecución, y los regímenes aduaneros, en particular en los ámbitos siguientes:

i)    la simplificación y modernización de los regímenes aduaneros;

ii)    la garantía de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras;

iii)    la facilitación de las operaciones de tránsito y transbordo;

iv)    las relaciones con la comunidad empresarial; y

v)    la seguridad de la cadena de suministro y la gestión de riesgos;

b)    la colaboración en relación con los aspectos aduaneros para garantizar y facilitar las cadenas de suministro del comercio internacional, de conformidad con el Marco de normas SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial, de la Organización Mundial de Aduanas (en lo sucesivo, «la OMA»), adoptado en junio de 2005;

c)    la consideración del desarrollo de iniciativas conjuntas relativas a la importación, la exportación y otros regímenes aduaneros, incluido el intercambio de mejores prácticas y asistencia técnica, y la garantía de la prestación de un servicio eficaz a la comunidad empresarial; esta cooperación podrá incluir intercambios sobre laboratorios aduaneros, formación de funcionarios de aduanas y nuevas tecnologías para los controles y regímenes aduaneros;

d)    el refuerzo de su cooperación en el ámbito aduanero en organizaciones internacionales como la OMC y la OMA;

e)    el establecimiento, cuando sea pertinente y oportuno, del reconocimiento mutuo de los regímenes de operador económico autorizados, incluidas las medidas equivalentes de facilitación del comercio;

f)    la realización de intercambios sobre técnicas de gestión de riesgos, normas de riesgo y controles de seguridad, con el fin de establecer, en la medida de lo posible, normas mínimas para las técnicas de gestión de riesgos y los requisitos y programas conexos;

g)    el esfuerzo por armonizar sus necesidades en materia de datos para la importación, la exportación y otros regímenes aduaneros mediante la aplicación de normas y elementos de datos comunes, de conformidad con el Modelo de Datos de la OMA;

h)    la puesta en común de sus respectivas experiencias en el desarrollo y la implantación de sus sistemas de ventanilla única y, cuando proceda, el desarrollo de conjuntos comunes de elementos de datos para esos sistemas;

i)    el mantenimiento de un diálogo entre sus expertos respectivos en políticas para promover la utilidad, la eficiencia y la aplicabilidad de las resoluciones anticipadas entre las autoridades aduaneras y los comerciantes; y

j)    el intercambio, si resulta pertinente y oportuno, por medio de una comunicación estructurada y recurrente entre sus autoridades aduaneras, de determinadas categorías de información relacionada con las aduanas con fines específicos, como la mejora de la gestión de riesgos y de la eficacia de los controles aduaneros, centrándose en las mercancías en situación de riesgo por lo que respecta a la recaudación de ingresos o la protección y la seguridad, y la facilitación del comercio legítimo; este intercambio se realizará sin perjuicio de los intercambios de información que puedan tener lugar entre las Partes de conformidad con el Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

3.    Todo intercambio de información entre las Partes en virtud del presente capítulo estará sujeto, mutatis mutandis, a los requisitos de confidencialidad de la información y de protección de los datos personales establecidos en el artículo 12 del Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera, así como a cualquier requisito de confidencialidad y privacidad establecido en las disposiciones legales y reglamentarias de las Partes.

ARTÍCULO 11.4

Asistencia administrativa mutua

Las Partes se prestarán asistencia administrativa mutua en materia aduanera de conformidad con el Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

ARTÍCULO 11.5

Leyes y reglamentos en materia de aduanas, y regímenes aduaneros

1.    Las Partes velarán por que sus leyes y reglamentos en materia de aduanas y sus regímenes aduaneros:

a)    se basen en instrumentos y normas internacionales del ámbito de las aduanas y el comercio, como el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, hecho en Bruselas el 14 de junio de 1983, así como el Marco de normas SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial, de la OMA, y el Modelo de Datos de la OMA y, si procede, los elementos sustantivos del Convenio de Kioto revisado para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Kioto el 18 de mayo de 1973 y adoptado por el Consejo de la OMA en junio de 1999;

b)    se basen en la protección y facilitación del comercio legítimo mediante la ejecución efectiva y el cumplimiento de los requisitos legislativos; y

c)    sean proporcionados y no discriminatorios, para evitar cargas innecesarias a los operadores económicos, prevean facilidades para los operadores con un elevado nivel de cumplimiento, incluido un trato favorable con respecto a los controles aduaneros previos al levante de las mercancías, y garanticen salvaguardias contra el fraude y las actividades ilícitas o perjudiciales;

2.    A fin de mejorar los métodos de trabajo y garantizar la no discriminación, la transparencia, la eficiencia, la integridad y la rendición de cuentas en las operaciones aduaneras, las Partes:

a)    simplificarán y revisarán los requisitos y formalidades cuando sea posible para que puedan efectuarse rápidamente el levante y el despacho de las mercancías;

b)    trabajarán en pro de una mayor simplificación y normalización de los datos y la documentación requeridos por las aduanas y otros organismos, con el fin de reducir las cargas de tiempo y costes para los operadores, incluidas las pequeñas y medianas empresas; y

c)    velarán por que se mantengan las normas más estrictas de integridad, mediante la aplicación de medidas que reflejen los principios de los convenios e instrumentos internacionales pertinentes en este ámbito.

ARTÍCULO 11.6

Levante de mercancías

Las Partes velarán por que sus autoridades aduaneras, organismos fronterizos u otras autoridades competentes:

a)    establezcan el levante rápido de mercancías en un período que no sea superior al requerido para garantizar el cumplimiento de su legislación aduanera y otras disposiciones y formalidades legales y reglamentarias relacionadas con el comercio;

b)    establezcan la presentación y el tratamiento electrónicos anticipados de la documentación y de cualquier otra información solicitada antes de la llegada de las mercancías;

c)    permitan el levante de las mercancías antes de la determinación final de los derechos de aduana, los impuestos, las tasas y las cargas, a reserva de la constitución de una garantía, si así lo exigen sus disposiciones legales y reglamentarias, para garantizar el pago final. y

d)    den la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al programar los exámenes que puedan ser necesarios.

ARTÍCULO 11.7

Regímenes aduaneros simplificados

Las Partes adoptarán o mantendrán medidas que permitan a los operadores que cumplan los criterios especificados en sus disposiciones legales y reglamentarias beneficiarse de una mayor simplificación de los regímenes aduaneros. Tales medidas podrán incluir declaraciones aduaneras que contengan series reducidas de datos o documentos justificativos, o declaraciones aduaneras periódicas para la determinación y el pago de derechos e impuestos de aduana que cubran varias importaciones dentro de un período determinado tras el levante de las mercancías importadas, u otros procedimientos que permitan el levante acelerado de determinados envíos.

ARTÍCULO 11.8

Operadores económicos autorizados

1.    Las Partes establecerán o mantendrán un programa de asociación para la facilitación del comercio destinado a los operadores económicos que cumplan determinados criterios (en lo sucesivo, «operadores económicos autorizados»).

2.    Los criterios especificados para acceder a la condición de operador económico autorizado estarán relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en las disposiciones legales o reglamentarias o en los regímenes de cada Parte. Los criterios especificados se publicarán y podrán incluir:

a)    ausencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un delito grave en relación con la actividad económica del solicitante;

b)    demostración por parte del solicitante de un elevado nivel de control de sus operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, cuando proceda, de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros;

c)    solvencia financiera, que se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las características del tipo de actividad comercial de que se trate;

d)    competencias o cualificaciones profesionales acreditadas directamente relacionadas con la actividad realizada; y

e)    niveles adecuados en materia de protección y seguridad.

3.    Los criterios especificados en el apartado 2 no estarán concebidos ni se aplicarán de manera que permitan o creen una discriminación arbitraria o injustificable entre operadores económicos cuando prevalezcan las mismas condiciones, y permitirán la participación de pequeñas y medianas empresas.

4.    El programa de asociación para la facilitación del comercio contemplado en el apartado 1 incluirá las ventajas siguientes:

a)    menos requisitos en materia de documentación y datos, según proceda;

b)    menor frecuencia de inspecciones físicas o exámenes acelerados, según proceda;

c)    procedimientos de levante simplificados y aceleración del levante, según proceda;

d)    utilización de garantías, si procede, globales o reducidas; y

e)    control de las mercancías en las instalaciones del operador económico autorizado o en otro lugar autorizado por las autoridades aduaneras.

5.    El programa de asociación para la facilitación del comercio contemplado en el apartado 1 incluirá ventajas adicionales, como las siguientes:

a)    pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;

b)    una única declaración aduanera para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un período determinado; o

c)    disponibilidad de un punto de contacto específico para prestar asistencia en materia aduanera.

ARTÍCULO 11.9

Requisitos en materia de datos y documentación

1.    Las Partes velarán por que las formalidades de importación, exportación y tránsito, así como los requisitos en materia de datos y documentación:

a)    se adopten y apliquen con vistas a un levante rápido de las mercancías, siempre que se cumplan las condiciones para el levante;

b)    se adopten y apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el coste que supone el cumplimiento para los comerciantes y operadores;

c)    sean la alternativa menos restrictiva del comercio, si existiesen dos o más alternativas razonablemente disponibles para cumplir el objetivo o los objetivos en cuestión; y

d)    no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios.

2.    Las Partes aplicarán regímenes aduaneros comunes y utilizarán documentos aduaneros uniformes para el levante de las mercancías en todo su territorio.

ARTÍCULO 11.10

Uso de la tecnología de la información y el pago electrónico

1.    Las Partes utilizarán tecnologías de la información que agilicen sus procedimientos de levante de mercancías para facilitar el comercio entre ellas.

2.    Las Partes:

a)    pondrán a disposición, por medios electrónicos, una declaración aduanera necesaria para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías;

b)    permitirán la presentación de las declaraciones aduaneras en formato electrónico;

c)    establecerán un método para facilitar el intercambio electrónico de información aduanera con su comunidad comercial;

d)    promoverán el intercambio electrónico de datos entre los operadores y las autoridades aduaneras, así como otras agencias conexas; y

e)    utilizarán sistemas electrónicos de gestión de riesgos para la evaluación y el enfoque que permitan a sus autoridades aduaneras centrar sus inspecciones en las mercancías de alto riesgo y que faciliten el levante y la circulación de mercancías de bajo riesgo.

3.    Las Partes adoptarán o mantendrán procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por las autoridades aduaneras en el momento de la importación y la exportación.

ARTÍCULO 11.11

Gestión de riesgos

1.    Las Partes adoptarán o mantendrán un sistema de gestión de riesgos para el control aduanero.

2.    Las Partes diseñarán y aplicarán la gestión de riesgos de forma que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas al comercio internacional.

3.    Las Partes concentrarán los controles aduaneros y otros controles fronterizos pertinentes en los lotes de alto riesgo y agilizarán el levante de los lotes de bajo riesgo. Las Partes también podrán seleccionar, aleatoriamente, los lotes que someterán a esos controles en el marco de su gestión de riesgos.

4.    Las Partes basarán la gestión de riesgos en una evaluación del riesgo mediante criterios de selección adecuados.

ARTÍCULO 11.12

Auditoría posterior al despacho de aduana

1.    Con vistas a agilizar el levante de las mercancías, las Partes adoptarán o mantendrán una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera y otras disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el comercio.

2.    Las Partes llevarán a cabo auditorías posteriores al despacho de aduana en función de los riesgos.

3.    Las Partes llevarán a cabo auditorías posteriores al despacho de aduana de manera transparente. Si se realiza una auditoría y se obtienen resultados concluyentes, las Partes notificarán sin demora a la persona cuyo registro se audita los resultados y los motivos de los resultados, así como los derechos y las obligaciones de esa persona.

4.    Las Partes reconocen que la información obtenida en una auditoría posterior al despacho de mercancías podrá utilizarse en otros procedimientos administrativos o judiciales.

5.    En la medida de lo posible, las Partes utilizarán el resultado de una auditoría posterior al despacho de aduana en la aplicación de la gestión de riesgos.

ARTÍCULO 11.13

Transparencia

1.    Las Partes reconocen la importancia de celebrar consultas oportunas con representantes del sector comercial sobre propuestas legislativas y procedimientos generales en relación con asuntos aduaneros y comerciales. A tal fin, las Partes regularán la celebración de las consultas oportunas entre las administraciones y la comunidad empresarial.

2.    Las Partes velarán por que sus requisitos y regímenes aduaneros respectivos continúen respondiendo a las necesidades de la comunidad empresarial, sigan las mejores prácticas y sean lo menos restrictivos posible para el comercio.

3.    Las Partes regularán la celebración de las consultas periódicas oportunas entre los organismos fronterizos y los comerciantes u otras partes interesadas dentro de su territorio.

4.    Las Partes publicarán sin demora, de forma no discriminatoria y accesible, en particular:

en línea, y antes de su aplicación, nuevas disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con asuntos de aduanas y facilitación del comercio, así como las modificaciones e interpretaciones de esas disposiciones legales y reglamentarias.

Entre dichas disposiciones legales y reglamentarias, y entre sus modificaciones e interpretaciones, estarán las relativas a:

a)    los procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada, y los formularios y documentos exigidos;

b)    los tipos de los derechos e impuestos de cualquier clase aplicados a la importación o la exportación o en conexión con ellas;

c)    las tasas y cargas impuestas por organismos gubernamentales o en nombre de estos a la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;

d)    las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;

e)    las disposiciones legales y reglamentarias y las resoluciones administrativas de aplicación general relacionadas con las normas de origen;

f)    las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;

g)    las disposiciones sobre sanciones contra infracciones de los trámites de importación, exportación o tránsito;

h)    los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la exportación o el tránsito;

i)    los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios;

j)    los horarios y procedimientos de funcionamiento de las aduanas en los puertos y pasos fronterizos;

k)    los puntos de contacto para información; y

l)    otros anuncios pertinentes de carácter administrativo en relación con lo anterior.

5.    Las Partes velarán por que haya un plazo razonable entre la publicación 10 de las disposiciones legales y reglamentarias y procedimientos, nuevos o modificados, y las tasas o cargas, y su entrada en vigor.

6.    Las Partes establecerán o mantendrán uno o varios servicios de consulta para responder a las consultas razonables de administraciones, operadores y otras partes interesadas sobre cuestiones aduaneras y otras cuestiones relacionadas con el comercio. Los servicios de consulta responderán a las peticiones de información dentro de un plazo razonable fijado por cada Parte, que podrá variar dependiendo de la naturaleza o complejidad de la consulta. Las Partes no exigirán el pago de una tasa por responder a consultas o proporcionar los formularios y documentos necesarios.

ARTÍCULO 11.14

Resoluciones anticipadas

1.    A efectos del presente artículo, se entenderá por «resolución anticipada» la decisión escrita facilitada a un solicitante antes de la importación de una mercancía objeto de la solicitud, en la que se establece el trato que la Parte en cuestión concederá a la mercancía en el momento de la importación con respecto a:

a)    la clasificación arancelaria de la mercancía;

b)    el origen de la mercancía; y

c)    cualquier otro asunto que las Partes puedan acordar.

2.    Las Partes emitirán una resolución anticipada a través de sus autoridades aduaneras. Dicha resolución anticipada se facilitará, de manera razonable y en un plazo limitado, al solicitante que haya presentado una solicitud escrita, incluso en formato electrónico, y contendrá toda la información necesaria de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte emisora.

3.    La resolución anticipada tendrá una validez de al menos tres años a partir de la fecha en la que surta efecto, a menos que hayan cambiado los fundamentos de Derecho, los hechos o las circunstancias que justifican la resolución anticipada original.

4.    Las Partes podrán negarse a emitir una resolución anticipada si los hechos y circunstancias en los que se basa están siendo objeto de una revisión administrativa o judicial o si la solicitud no se refiere a ningún uso previsto de la resolución anticipada. Si una Parte se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.

5.    Las Partes publicarán, como mínimo, lo siguiente:

a)    los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la información que ha de presentarse y su formato;

b)    el plazo en el que se emitirá la resolución anticipada; y

c)    el período de validez de la resolución anticipada.

6.    Si una Parte revoca, modifica o invalida una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Las Partes solo podrán revocar, modificar o invalidar una resolución anticipada con efecto retroactivo si la resolución se basa en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa facilitada por el solicitante.

7.    Las resoluciones anticipadas emitidas por las Partes serán vinculantes para la Parte en cuestión con respecto al solicitante. Las resoluciones anticipadas también serán vinculantes para el solicitante.

8.    Previa solicitud por escrito de un solicitante, la Parte en cuestión facilitará una revisión de la resolución anticipada o de la decisión de revocarla, modificarla o invalidarla.

9.    A reserva de los requisitos de confidencialidad establecidos en sus disposiciones legales y reglamentarias, las Partes pondrán a disposición pública los elementos sustantivos de sus resoluciones anticipadas, incluso en línea.

ARTÍCULO 11.15

Tránsito y transbordo

1.    Las Partes asegurarán la facilitación y el control efectivo de los movimientos de tránsito y las operaciones de transbordo en sus territorios.

2.    Las Partes promoverán e implementarán regímenes de tránsito regional con vistas a facilitar el comercio.

3.    Las Partes garantizarán la cooperación y coordinación de las autoridades competentes y los organismos pertinentes, a fin de facilitar el tráfico en tránsito.

4.    Las Partes permitirán que las mercancías destinadas a la importación se trasladen, dentro de su territorio y bajo control aduanero, desde una aduana de entrada hasta otra aduana dentro de su territorio, desde la que se realice el levante o el despacho, siempre que se cumplan todos los requisitos reglamentarios.

ARTÍCULO 11.16

Agentes de aduanas

1.    Las Partes no introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas como requisito para que los operadores cumplan sus obligaciones con respecto a la importación, exportación y tránsito de mercancías.

2.    Las Partes publicarán sus medidas sobre el recurso a agentes de aduanas.

3.    Las Partes aplicarán normas transparentes, no discriminatorias y proporcionadas para la concesión de licencias de agentes de aduanas.

ARTÍCULO 11.17

Inspecciones previas a la expedición

Las Partes no exigirán el recurso obligatorio a inspecciones previas a la expedición, con arreglo a la definición del Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, que figura en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC, ni a ninguna otra actividad de inspección realizada en destino, antes del despacho de aduana, por empresas privadas.

ARTÍCULO 11.18

Procedimientos de apelación

1.    Las Partes establecerán procedimientos efectivos, rápidos, no discriminatorios y fácilmente accesibles para garantizar el derecho de apelación contra medidas, resoluciones y decisiones administrativas de las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes que afecten a la importación o exportación de mercancías o a las mercancías en tránsito.

2.    Los procedimientos de apelación podrán incluir la revisión administrativa por parte de la autoridad supervisora y el control judicial de las decisiones tomadas a nivel administrativo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de las Partes.

3.    Toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras o a otras autoridades competentes y no la haya obtenido dentro del plazo pertinente, estará legitimada para ejercer el derecho de apelación.

4.    Las Partes velarán por que sus autoridades aduaneras u otras autoridades competentes comuniquen a las personas en relación con las cuales se hayan dictado decisiones administrativas los motivos de dichas decisiones, a fin de facilitar, en caso necesario, el recurso a los procedimientos de apelación.

ARTÍCULO 11.19

Sanciones

1.    Las Partes velarán por que sus disposiciones legales y reglamentarias en materia de aduanas establezcan que las sanciones impuestas por su incumplimiento o por el de sus requisitos de procedimiento sean proporcionadas y no discriminatorias.

2.    Las Partes garantizarán que cualquier sanción impuesta por el incumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias o de sus requisitos de procedimiento en materia de aduanas solo se imponga a la persona legalmente responsable del incumplimiento.

3.    Las Partes velarán por que la sanción impuesta dependa de los hechos y circunstancias del caso y sea proporcional al grado y la gravedad del incumplimiento. Las Partes evitarán incentivos o conflictos de intereses en la evaluación y recaudación de sanciones.

4.    Se anima a las Partes a que consideren la revelación previa ante una autoridad aduanera de las circunstancias de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de los requisitos de procedimiento en materia de aduanas como un posible factor atenuante a la hora de imponer una sanción.

5.    Si una Parte impone una sanción por incumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias o de sus requisitos de procedimiento en materia de aduanas, facilitará a la persona objeto de la sanción una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza del incumplimiento y las disposiciones legales o reglamentarias o los procedimientos aplicables con arreglo a los cuales se ha decidido el importe o el alcance de la sanción.

ARTÍCULO 11.20

Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen

1.    Se crea el Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen («el Subcomité») en virtud del artículo 8.8, apartado 1.

2.    El Subcomité garantizará la correcta ejecución del presente capítulo, el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras por parte de las autoridades competentes de conformidad con el capítulo 32, sección C, subsección 2, el Protocolo del presente Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera y cualquier disposición adicional relacionada con las aduanas acordada entre las Partes, y examinará todas las cuestiones que se deriven de su aplicación.

3.    Las funciones del Subcomité incluirán:

a)    el seguimiento de la aplicación y administración del presente capítulo y del anexo 10;

b)    el establecimiento de un foro para consultar y debatir todos los asuntos relacionados con las aduanas, incluyendo, en particular, los regímenes aduaneros, la valoración aduanera, los regímenes arancelarios, la nomenclatura arancelaria, la cooperación aduanera y la asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros;

c)    el establecimiento de un foro para consultar y debatir los asuntos relacionadas con las normas de origen y la cooperación administrativa, así como las medidas fronterizas en materia de derechos de propiedad intelectual; y

d)    el refuerzo de la cooperación sobre el desarrollo, la aplicación y la ejecución de los regímenes aduaneros, la asistencia administrativa mutua en materias aduaneras, las normas de origen y la cooperación administrativa.

4.    El Subcomité podrá formular recomendaciones sobre las cuestiones contempladas en el apartado 2. El Consejo Conjunto o el Comité Conjunto estarán facultados para adoptar decisiones sobre el reconocimiento mutuo de las técnicas de gestión de riesgos, las normas sobre riesgos, los controles de seguridad y los programas de asociación para la facilitación del comercio, incluidos aspectos como la transmisión de datos y los beneficios mutuamente acordados.

ARTÍCULO 11.21

Admisión temporal

1.    A efectos del presente artículo, se entenderá por «admisión temporal» el régimen aduanero en virtud del cual determinadas mercancías, incluidos medios de transporte, pueden introducirse en un territorio aduanero con condiciones de exención del pago de derechos e impuestos de importación y sin aplicación de prohibiciones o restricciones de carácter económico a la importación. Tales mercancías deberán ser importadas con un fin específico y estar destinadas a la reexportación dentro de un plazo determinado y sin haber sufrido ningún cambio, salvo la depreciación normal debida a su utilización.

2.    Las Partes concederán la admisión temporal con exención condicional total de los derechos e impuestos de importación y sin aplicación de prohibiciones o restricciones de carácter económico a la importación 11 , según lo dispuesto en sus disposiciones legales y reglamentarias, a las mercancías siguientes:

a)    mercancías destinadas a ser expuestas o utilizadas en exposiciones, ferias, reuniones o eventos similares, es decir, mercancías destinadas a la exposición o demostración en un evento; mercancías destinadas a ser utilizadas en relación con la exposición de productos extranjeros en un evento; equipos, incluidos los equipos de interpretación, los aparatos de grabación de sonido e imagen y las películas de carácter educativo, científico o cultural destinados a ser utilizados en reuniones, conferencias o congresos internacionales; y mercancías obtenidas en tales eventos a partir de mercancías incluidas en el régimen de admisión temporal; las Partes podrán exigir que se expida una autorización gubernamental o se constituya una garantía o depósito antes de que tenga lugar el evento;

b)    equipos profesionales, es decir, los equipos para la prensa o para la radiodifusión sonora o televisiva necesarios para que los representantes de la prensa o de los organismos de radiodifusión o de televisión visiten el territorio de otro país con fines de información o para transmitir o grabar material para programas específicos; equipos cinematográficos necesarios para que una persona visite el territorio de otro país para realizar una película o películas determinadas; cualquier otro equipo necesario para el ejercicio del oficio o la actividad profesional de una persona que visite el territorio de otro país para llevar a cabo una tarea determinada, en la medida en que no se vaya a utilizar para la fabricación industrial o el embalaje de mercancías o, salvo en el caso de herramientas manuales, para la explotación de recursos naturales, para la construcción, la reparación o el mantenimiento de edificios o para el movimiento de tierras y proyectos similares; aparatos auxiliares para los equipos antes mencionados y sus accesorios; y componentes importados para la reparación de equipos profesionales admitidos temporalmente;

c)    mercancías importadas en relación con una operación comercial, pero cuya importación no constituye en sí misma una operación comercial, como: los envases que se importen, bien llenos para ser reexportados vacíos o llenos, bien vacíos para ser reexportados llenos; los contenedores, llenos o no de mercancías, y los accesorios y equipos para contenedores admitidos temporalmente, que se importen con un contenedor para ser reexportados por separado o con otro contenedor, o que se importen por separado para ser reexportados con un contenedor y sus componentes destinados a la reparación de los contenedores admitidos temporalmente; los palés; las muestras; las películas publicitarias;

d)    mercancías importadas exclusivamente con fines educativos, científicos o culturales, como los equipos científicos, el material pedagógico, el material de bienestar para la gente de mar y cualquier otra mercancía importada en relación con actividades educativas, científicas o culturales; piezas de repuesto para equipos científicos y material pedagógico admitidos temporalmente; y herramientas diseñadas especialmente para el mantenimiento, el control, la calibración o la reparación de esos equipos;

e)    efectos personales, es decir, todos los artículos, nuevos o usados, que un viajero pueda necesitar razonablemente para su uso personal durante el viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este, con exclusión de cualquier mercancía importada con fines comerciales; y mercancías importadas con un fines deportivos, como los artículos de deporte y otros artículos destinados a ser utilizados por los viajeros en competiciones o demostraciones deportivas o con fines de entrenamiento en el territorio de la admisión temporal;

f)    material publicitario turístico, es decir, las mercancías importadas con el fin de animar al público a visitar otro país extranjero, en particular para asistir a reuniones o manifestaciones culturales, religiosas, turísticas, deportivas o profesionales que se celebren en él; las Partes podrán exigir que se constituya una garantía o depósito para estas mercancías;

g)    mercancías importadas con fines humanitarios, es decir, material médico, quirúrgico y de laboratorio y envíos de socorro, como vehículos y otros medios de transporte, mantas, tiendas, casas prefabricadas u otros bienes de primera necesidad, enviados como ayuda a los afectados por desastres naturales y catástrofes similares; y

h)    animales importados para fines específicos, como: perros o caballos de policía, perros detectores, perros para invidentes, perros de rescate, participación en espectáculos, exposiciones, concursos, competiciones o demostraciones, entretenimiento, como animales de circo, giras, incluidos los animales de compañía de viajeros, realización de trabajos o transportes, fines médicos, como el suministro de veneno de serpiente.

3.    Las Partes aceptarán, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias 12 , la admisión temporal de las mercancías contempladas en el apartado 2, así como, independientemente de su origen, los cuadernos ATA expedidos, de conformidad con el Convenio relativo a la importación temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990, en la otra Parte, refrendados en dicha Parte y garantizados por una asociación que forme parte de la cadena de garantía internacional, certificados por las autoridades competentes y válidos en el territorio aduanero de la Parte importadora.

ARTÍCULO 11.22

Mercancías reparadas

1.    A efectos del presente artículo, se entenderá por «reparación» toda operación de transformación efectuada con respecto a una mercancía para subsanar defectos de funcionamiento o daños materiales que permita restablecer la función original de la mercancía o garantizar su conformidad con los requisitos técnicos establecidos para su uso, sin lo cual la mercancía ya no podría utilizarse en condiciones normales para los fines a los que se destina. La reparación incluye la restauración y el mantenimiento, pero no incluye las operaciones o procesos que:

a)    destruyan las características esenciales de la mercancía o creen una mercancía nueva o diferente desde el punto de vista comercial;

b)    transformen una mercancía no acabada en otra acabada; o

c)    se utilicen para mejorar o actualizar el rendimiento técnico de una mercancía.

2.    Las Partes no aplicarán derechos de aduana a una mercancía que, independientemente de su origen, vuelva a entrar en su territorio aduanero después de haber sido exportada temporalmente desde este al territorio aduanero de la otra Parte para su reparación.

3.    El apartado 2 no se aplicará a las mercancías importadas en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar, que se exporten posteriormente para su reparación y no se reimporten en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar.

4.    Las Partes no aplicarán derechos de aduana a las mercancías que, independientemente de su origen, hayan sido importadas temporalmente desde el territorio aduanero de la otra Parte para su reparación.

ARTÍCULO 11.23

Tasas y formalidades

1.    Las tasas y otras cargas que una Parte imponga a la importación de una mercancía de la otra Parte o a la exportación de una mercancía a la otra Parte, o en relación con dicha importación o exportación, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no constituirán una protección indirecta con respecto a las mercancías internas ni una imposición fiscal de las importaciones o las exportaciones.

2.    Las Partes no aplicarán tasas u otras cargas a la importación o la exportación, o en relación con la importación o la exportación, de una mercancía de la otra Parte sobre una base ad valorem.

3.    Las Partes podrán imponer tasas o recuperar costes únicamente si se prestan servicios específicos, incluidos los siguientes:

a)    la presencia, cuando se solicite, del personal de aduanas fuera del horario oficial o en instalaciones que no sean las de aduanas;

b)    los análisis o informes periciales sobre mercancías y tasas postales para la devolución de mercancías a un solicitante, en particular por lo que respecta a las decisiones relacionadas con información vinculante o a la divulgación de información relativa a la aplicación de la legislación aduanera;

c)    el examen o muestreo de mercancías con fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se generen costes distintos de los derivados de la participación del personal de aduanas; o

d)    las medidas de control excepcionales, cuando resulten necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a riesgos potenciales.

4.    Las Partes publicarán sin demora todas las tasas y cargas que puedan aplicar en relación con la importación o la exportación, de manera que las administraciones, los comerciantes y otras partes interesadas puedan familiarizarse con ellas.

5.    Las Partes no exigirán formalidades consulares, incluidas tasas y cargas conexas, en relación con la importación de ninguna mercancía de la otra Parte.

CAPÍTULO 12

INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL

SECCIÓN A

DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS

ARTÍCULO 12.1

Disposiciones generales

1.    Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC.

2.    A efectos de la presente sección, no se aplican las normas de origen preferenciales del capítulo 10.

ARTÍCULO 12.2

Transparencia

1.    Las investigaciones y medidas antidumping y antisubvenciones deben utilizarse respetando plenamente los requisitos pertinentes de la OMC establecidos en el Acuerdo Antidumping y en el Acuerdo SMC y deben basarse en un sistema justo y transparente.

2.    Las Partes velarán por que, tan pronto como sea posible después de la imposición de medidas provisionales y, en cualquier caso, antes de la determinación final, se comuniquen en su totalidad los hechos y consideraciones esenciales en los que se fundamenta la decisión de aplicar medidas definitivas. Ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping y el artículo 12.4 del Acuerdo SMC. Las Partes comunicarán por escrito tales hechos y consideraciones esenciales y darán a las partes interesadas el tiempo suficiente para presentar observaciones al respecto.

3.    Se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de ser oídas para manifestar su opinión durante las investigaciones antidumping y antisubvenciones, siempre que ello no retrase innecesariamente la investigación.

ARTÍCULO 12.3

Consideración del interés público

Las Partes tendrán en cuenta la situación de su rama de producción nacional, a los importadores y las asociaciones que los representan y las organizaciones que representan a los usuarios y consumidores, en la medida en que hayan proporcionado la información pertinente a las autoridades encargadas de la investigación en los plazos pertinentes. Las Partes podrán decidir no aplicar medidas antidumping o compensatorias sobre la base de dicha información.

ARTÍCULO 12.4

Regla del derecho inferior

Si una Parte establece un derecho antidumping sobre las mercancías de la otra Parte, el importe de dicho derecho no superará el margen de dumping. Siempre que sea posible, el derecho antidumping deberá ser inferior a dicho margen si ese derecho inferior es adecuado para eliminar el perjuicio a la rama de producción nacional.

ARTÍCULO 12.5

No aplicación de la solución de diferencias

El capítulo 38 no se aplica a la presente sección.

SECCIÓN B

MEDIDAS GENERALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 12.6

Disposiciones generales

1.    Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura.

ARTÍCULO 12.7

Transparencia e imposición de medidas definitivas

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 12.6, la Parte que inicie una investigación de salvaguardia global o pretenda aplicar medidas de salvaguardia globales proporcionará inmediatamente, a petición de la otra Parte y a condición de que esta tenga un interés sustancial, una notificación por escrito con toda la información pertinente que condujo al inicio de una investigación de salvaguardia global o a la aplicación de medidas de salvaguardia globales, incluidas las constataciones provisionales cuando proceda. Dicha notificación se hará sin perjuicio del artículo 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

2.    Cuando las Partes impongan medidas de salvaguardia globales definitivas, se esforzarán por hacerlo de la manera que menos afecte al comercio bilateral, siempre que la Parte afectada por las medidas tenga un interés sustancial, con arreglo a la definición del apartado 4.

3.    A efectos del apartado 2, si una de las Partes considera que se cumplen los requisitos legales para la imposición de medidas de salvaguardia globales definitivas y tiene la intención de aplicar tales medidas, lo notificará a la otra Parte y le brindará la posibilidad de celebrar consultas bilaterales, siempre que la otra Parte tenga un interés sustancial con arreglo a la definición del apartado 4. Si en los quince días siguientes a la notificación no se ha alcanzado una solución satisfactoria, la Parte importadora podrá adoptar la medida de salvaguardia global adecuada para remediar el problema.

4.    A efectos del presente artículo, se considerará que una Parte tiene un interés sustancial si se encuentra entre los cinco mayores proveedores de la mercancía importada durante el último trienio, en términos de volumen o valor absolutos.

ARTÍCULO 12.8

No aplicación de la solución de diferencias

El capítulo 38 no se aplica a la presente sección.

SECCIÓN C

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERALES

SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12.9

Definiciones

A efectos de la presente sección, se entenderá por:

a)    «rama de producción nacional»: con respecto a una mercancía importada, el conjunto de los productores de mercancías similares o directamente competidoras que operen dentro del territorio de una Parte, o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías similares o directamente competidoras constituya una proporción importante de la producción nacional total de esas mercancías;

b)    «período transitorio»:

i)    el período de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; o

ii)    en relación con las mercancías para las cuales la lista del anexo 9 de la Parte que aplica una medida de salvaguardia bilateral establezca un período de eliminación arancelaria de siete años, el período de eliminación arancelaria para esa mercancía más dos años.

ARTÍCULO 12.10

Aplicación de una medida de salvaguardia bilateral

1.    No obstante lo dispuesto en la sección B, si, como consecuencia de la reducción o eliminación de un derecho de aduana con arreglo a esta parte del presente Acuerdo, las importaciones de mercancías originarias de una Parte en el territorio de la otra Parte aumentan de tal manera, en términos absolutos o en términos relativos con respecto a la producción interna, y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a los productores nacionales de mercancías similares o directamente competidoras, la Parte importadora podrá adoptar medidas de salvaguardia bilaterales en las condiciones y de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente sección.

2.    Si se cumplen las condiciones del apartado 1, la Parte importadora podrá aplicar una de las medidas de salvaguardia bilaterales siguientes:

a)    dejar de reducir el tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía en cuestión establecido con arreglo a esta parte del presente Acuerdo; o

b)    aumentar el tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía en cuestión hasta un nivel que no supere el menor de los dos importes siguientes:

i)    el tipo del derecho de aduana de nación más favorecida aplicado a la mercancía, vigente en el momento en el que se aplica la medida; o

ii)    el tipo del derecho de aduana de nación más favorecida aplicado a la mercancía, vigente el día inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12.11

Normas relativas a las medidas de salvaguardia bilaterales

1.    No se aplicarán medidas de salvaguardia bilaterales:

a)    excepto en la medida y durante el tiempo que sea necesario para evitar o remediar el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave para la rama de producción nacional;

b)    por un período superior a dos años; este período podrá prorrogarse otros dos años si la autoridad investigadora competente de la Parte importadora determina, de conformidad con los procedimientos especificados en la presente sección, que la medida sigue siendo necesaria para evitar o remediar el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave para la rama de producción nacional, a condición de que el período total de aplicación de una medida de salvaguardia bilateral, contando el período de aplicación inicial y toda ampliación de este, no sea superior a cuatro años. o

c)    una vez que haya expirado el período transitorio definido en el artículo 12.9, letra b).

2.    Cuando una Parte deje de aplicar una medida de salvaguardia bilateral, el tipo del derecho de aduana será el que habría estado en vigor para la mercancía de conformidad con su lista del anexo 9.

3.    Con el fin de facilitar los ajustes de la rama de producción afectada en una situación en la que la duración prevista de una medida de salvaguardia bilateral sea superior a un año, la Parte que aplique la medida la liberalizará progresivamente, a intervalos regulares, durante el período de aplicación.

ARTÍCULO 12.12

Medidas de salvaguardia bilaterales provisionales

1.    En circunstancias críticas en las que un retraso causaría un daño difícil de reparar, las Partes podrán aplicar provisionalmente una medida de salvaguardia bilateral, sin cumplir los requisitos del Artículo 12.21, apartado 1, tras adoptar una determinación preliminar de que existen pruebas claras de que las importaciones de una mercancía originaria de la otra Parte han aumentado como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduana en virtud de esta parte y de que tales importaciones causan o amenazan con causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional.

2.    Ninguna medida de salvaguardia bilateral provisional durará más de doscientos días, tiempo durante el cual la Parte que aplique la medida deberá ajustarse a las normas de procedimiento pertinentes establecidas en la subsección 2. La Parte que aplica la medida de salvaguardia bilateral provisional reembolsará sin demora cualquier aumento arancelario si la investigación descrita en la subsección 2 no llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones del artículo 12.10, apartado 1. La duración de la medida de salvaguardia bilateral provisional contará como parte del período descrito en el artículo 12.11, apartado 1, letra b).

3.    La Parte que aplica la medida de salvaguardia bilateral provisional informará a la otra Parte de la adopción de dicha medida y remitirá inmediatamente el asunto al Comité Conjunto para su examen si la otra Parte así lo solicita.

ARTÍCULO 12.13

Compensación y suspensión de concesiones

1.    Si una Parte aplica una medida de salvaguardia bilateral, consultará a la otra Parte, cuyos productos están sujetos a la medida, para convenir una compensación de liberalización comercial apropiada en forma de concesiones con efectos comerciales sustancialmente equivalentes. La Parte que aplica la medida de salvaguardia bilateral propiciará la oportunidad de celebrar las consultas como muy tarde treinta días después de la aplicación de la medida en cuestión.

2.    Si las consultas contempladas en el apartado 1 no dan lugar a un acuerdo sobre compensación de liberalización comercial en los treinta días siguientes al inicio de las consultas, la Parte cuyas mercancías están sujetas a la medida de salvaguardia bilateral podrá suspender la aplicación de las concesiones con efectos comerciales sustancialmente equivalentes sobre el comercio de la otra Parte.

3.    La Parte cuyas mercancías están sujetas a la medida de salvaguardia bilateral notificará por escrito a la otra Parte al menos treinta días antes de la suspensión de la aplicación de las concesiones de conformidad con el apartado 2.

4.    La obligación de proporcionar una compensación con arreglo al apartado 1 y el derecho a suspender la aplicación de las concesiones con arreglo al apartado 2:

a)    no se ejercerán durante los primeros veinticuatro meses durante los cuales esté en vigor una medida de salvaguardia bilateral, siempre que esta se haya aplicado como resultado de un aumento absoluto de las importaciones; y

b)    cesarán en la fecha de expiración de la medida de salvaguardia bilateral.

ARTÍCULO 12.14

Plazo entre dos medidas de salvaguardia y la aplicación no paralela de medidas de salvaguardia

1.    Las Partes no aplicarán las medidas de salvaguardia contempladas en la presente sección a la importación de una mercancía que haya estado previamente sujeta a medidas de ese tipo, a menos que haya transcurrido un período equivalente a la mitad de aquel durante el cual se aplicó la medida de salvaguardia en cuestión durante el período inmediatamente anterior. Las medidas de salvaguardia que se hayan aplicado más de una vez a la misma mercancía no podrán prorrogarse por otros dos años como se contempla en el artículo 12.11, apartado 1, letra b).

2.    Las Partes no aplicarán, con respecto a la misma mercancía y durante el mismo período:

a)    una medida de salvaguardia bilateral o una medida de salvaguardia bilateral provisional conforme a esta parte; y

b)    una medida de salvaguardia global conforme al artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias.

ARTÍCULO 12.15

Regiones ultraperiféricas 13 de la Unión Europea

1.    Si una mercancía originaria de Chile se importa en el territorio de una o varias regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en cantidades tan elevadas y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un deterioro grave de la situación económica de la región ultraperiférica en cuestión, la Parte UE, tras examinar soluciones alternativas, podrá aplicar excepcionalmente medidas de salvaguardia bilaterales limitadas al territorio de dicha región.

2.    A efectos del apartado 1, se entenderá por «deterioro grave» las dificultades importantes en un sector de la economía que produzca mercancías similares o directamente competidoras. La determinación de un deterioro grave se basará en factores objetivos, incluidos los siguientes:

a)    el aumento del volumen de las importaciones, en términos absolutos o en relación con la producción nacional y las importaciones desde otras fuentes; y

b)    el efecto de las importaciones contempladas en el apartado 1 en la situación de la rama de producción o el sector económico afectado, incluido el efecto en los niveles de ventas, la producción, la situación financiera y el empleo.