Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Cómo se puede mejorar?»

(2022/C 323/01)

En su pleno de los días 18 y 19 de mayo de 2022 (sesión del 18 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 197 votos a favor y 4 abstenciones la presente Resolución.

1.   Introducción

1.1.

En su Resolución de febrero de 2021 (1), el Comité Económico y Social Europeo (CESE) evaluó la participación, mediante consulta, de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR), así como la calidad de su intervención. Estos planes fueron presentados por los Estados miembros a la Comisión Europea para acogerse a la ayuda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la pieza central del instrumento temporal de recuperación NextGenerationEU (NGEU). A pesar de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 4, letra q), del Reglamento del MRR (2), la principal conclusión del CESE fue que la participación de la sociedad civil organizada era en gran medida insuficiente en la mayoría de los Estados miembros. Además, parece que las consultas, a menudo iniciadas por los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, se percibieron en general como meras formalidades sin capacidad real alguna para influir en el contenido de los planes. El Comité instó a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales a corregir esta situación en la ejecución, el seguimiento y el ajuste de los planes. Además, el CESE sigue insistiendo en la importancia de que la sociedad civil organizada también se prepare mejor para responder a esta necesidad de aumentar su participación.

1.2.

En la citada Resolución y en diversos dictámenes, el CESE también ha expresado su acuerdo con los objetivos de inversión y las directrices para las reformas del MRR, que deben encaminarse a lograr un cambio de modelo productivo hacia una economía digitalizada y climáticamente neutra, efectuado mediante procesos basados en una transición justa que garanticen la protección de los trabajadores y las regiones afectadas, la reasignación de los trabajadores y la regeneración y renovación del tejido productivo. En opinión del Comité, las inversiones y reformas previstas en los PNRR deben promover la mejora de la productividad empresarial y la economía en los Estados miembros, el fortalecimiento del tejido industrial innovador mediante el apoyo a las pymes y a las empresas de la economía social, y el refuerzo de la cohesión social, que también puede lograrse mediante el desarrollo y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

1.3.

Justo cuando la economía europea se recuperaba de la recesión causada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de salud pública adoptadas para combatirla, y trataba de superar las distorsiones del suministro y las presiones inflacionarias que la pandemia había producido en la economía mundial, una perturbación externa inesperada ha creado una nueva situación política y económica llena de dificultades y riesgos: la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación de Rusia, que el CESE ha condenado enérgicamente al considerarla una grave violación de las normas y los acuerdos internacionales en vigor (3). Amenaza la seguridad europea y mundial, causa un enorme sufrimiento humano, destrucción material y daños medioambientales, y ha cambiado radicalmente el marco económico europeo y mundial.

1.4.

En marzo, la inflación interanual en la zona del euro alcanzó el 7,5 %, la más alta desde la adopción de la divisa europea, y la inflación de los precios de la energía se elevó al 44,7 %. Además, una guerra prolongada en Ucrania podría causar escasez de combustibles fósiles, de los que aún dependemos, y de otras materias primas y productos alimenticios, lo que haría impredecible la evolución de los precios y el crecimiento, con un inmenso impacto en los países más pobres, en concreto, en África y Oriente Medio. La estanflación representa un riesgo real para las economías de Europa y otras regiones del mundo. Los objetivos de las medidas y los instrumentos del Pacto Verde, que pretende lograr la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050, también pueden verse afectados. Las consecuencias geopolíticas de la guerra afectarán a toda la cadena de valor alimentaria, a la industria, a la defensa y al comercio en Europa y en todo el mundo, a las correspondientes políticas de la Unión en estos y otros ámbitos, así como a la reflexión en curso sobre el futuro de Europa y los niveles de integración que pretendemos lograr colectivamente como naciones y ciudadanos europeos. Por tanto, debe estudiarse una revisión de las herramientas financieras de la Unión a la luz de este nuevo escenario. Además, la situación creada por la guerra en Ucrania afectará a la ejecución de los PNRR, que deberán llevarse a cabo de manera coherente con los nuevos objetivos de política económica que se fijarán para abordar los riesgos y desafíos de la nueva situación. Estos escenarios de empeoramiento exigen una Unión Europea más fuerte y unida «cueste lo que cueste».

1.5.

Mediante la presente Resolución, el CESE pretende evaluar si los Estados miembros han abordado las deficiencias identificadas en relación con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la preparación de los PNRR, y cómo se desarrolla su participación en la ejecución de los planes. A tal efecto, el Grupo del Semestre Europeo del CESE ha recabado las opiniones de la sociedad civil organizada a través de un cuestionario remitido a sus miembros. El cuestionario incluye veintiuna preguntas sobre la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en relación con el contenido y la ejecución de los PNRR, y el impacto de la transición ecológica y digital en la economía y la sociedad de los Estados miembros. En total, se recibieron respuestas al cuestionario de veintiún Estados miembros (4). Además, esta consulta también se llevó a cabo mediante mesas redondas, organizadas conjuntamente con la sociedad civil organizada o los consejos económicos y sociales nacionales, en siete Estados miembros entre el otoño de 2021 y finales de marzo de 2022.

2.   Método

2.1.

Los datos y la información requeridos para este informe se recabaron entre octubre de 2021 y abril de 2022. En total, se recibieron veintitrés aportaciones nacionales (respuestas al cuestionario o celebración de una mesa redonda). Las consultas se realizaron sobre la base de los propios conocimientos de los miembros y en ellas tomaron parte interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. En algunos países participaron los consejos económicos y sociales nacionales u órganos equivalentes, y en otros se consultó también a representantes de los gobiernos.

2.2.

Por diversas razones, no todos los PNRR han sido aprobados por la Comisión Europea, mientras que algunos Estados miembros no habían superado aún la fase de ejecución durante nuestra consulta. Por consiguiente, algunos Estados miembros solo pudieron responder parcialmente al cuestionario, y otros no pudieron responder en absoluto. Con el fin de complementar la información que falta, la presente Resolución también se sirve de fuentes externas, como las publicaciones de grupos de reflexión, estudios de investigación comparativa y debates nacionales. Además, el cuestionario también se envió a algunas organizaciones de la sociedad civil europeas, a partes del Grupo de Enlace del CESE (5) y a otros representantes de los tres grupos del CESE. La información complementaria, cuyo objetivo es obtener una visión completa de la situación, se distingue claramente en la presente Resolución (6).

2.3.

Las veintiuna preguntas que constituyeron la base de las consultas están agrupadas en las cuatro secciones siguientes: — Sección I: ¿Cuál es la opinión de la sociedad civil organizada sobre el contenido de los planes, sus objetivos de inversión y las reformas propuestas? — Sección II: ¿Cómo avanza la ejecución de los planes, sus inversiones y las reformas? — Sección III: Impacto potencial de los PNRR en la economía y la sociedad de los Estados miembros. — Sección IV: Participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del plan.

3.   Observaciones sobre los resultados de las consultas

3.1.   Sección I: ¿Cuál es la opinión de la sociedad civil organizada sobre el contenido de los planes, sus objetivos de inversión y las reformas propuestas?

3.1.1.

Con respecto a la inclusión de los propuestas de la sociedad civil organizada en el contenido de los PNRR, la Comisión Europea destacó, en su análisis de los planes, las propuestas específicas de las partes interesadas que se reflejan efectivamente, por ejemplo, en los planes de Chequia (7), Alemania (8), Chipre (9), Austria (10), Portugal (11) o Eslovaquia (12). Letonia publicó, junto a su PNRR, las sugerencias de los interlocutores, e incluyó algunas en el plan. Las consultas realizadas en el contexto de la presente Resolución pusieron de manifiesto que, aunque la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros creen que el plan será un éxito y apoyan sus objetivos ecológicos, digitales y sociales, se ha mencionado con frecuencia que la dimensión social se encuentra relativamente poco desarrollada. Por otra parte, se manifestó preocupación por la capacidad de los Estados miembros para gestionar los fondos del MRR, o para gestionarlos en un plazo adecuado, lo que puede dificultar el éxito del plan. Así ocurre especialmente en el caso de los mayores beneficiarios de los fondos. La evaluación de la capacidad del plan para reforzar la resiliencia económica es dispar. En particular, los países que reciben relativamente poca financiación no esperan que el plan contribuya a la resiliencia a largo plazo de su economía. Por último, la sociedad civil organizada lamenta en gran medida que sus opiniones sobre las prioridades que deberían reflejarse en el plan no se hayan tenido suficientemente en cuenta en la versión final. También señaló reiteradamente que muchas de las reformas contenidas en los PNRR ya estaban previstas en programas nacionales de reforma anteriores, independientemente del MRR y sus objetivos de inversión y reforma, lo que dejaba poco margen para que la sociedad civil organizada influyera en el contenido del plan.

3.2.   Sección II: ¿Cómo avanza la ejecución de los planes, sus inversiones y las reformas?

3.2.1.

El 15 de diciembre de 2021, la Comisión puso en marcha el cuadro de indicadores del MRR (13), según lo dispuesto en el Reglamento sobre el MRR. Esta herramienta ofrece una visión general del modo en que evoluciona la ejecución del MRR y los PRR nacionales, pero no refleja la medida en que los Estados miembros canalizan en la práctica los fondos para financiar sus proyectos. Es por eso que algunos Estados miembros, como Austria, Italia, Letonia, Portugal, Eslovaquia y España, publican en sus sitios web cierta información sobre el modo en que se gastan los fondos y se ejecutan las medidas.

3.2.2.

La mayoría de las partes interesadas consultadas a principios de abril de 2022 indicaron que todavía era demasiado pronto para ofrecer una visión global de la ejecución del plan y de su participación en el mismo. En algunos Estados miembros, esto se debe en parte a un proceso de ejecución lento o a un retraso en la aplicación y la ejecución del plan. Sin embargo, la sociedad civil organizada afirma que ya ha expresado su opinión sobre los (posibles) retos que se plantearían durante la fase de ejecución. A este respecto, uno de los principales cuellos de botella identificados consiste en la capacidad administrativa de los Estados miembros, en particular a escala regional y local [como también se subraya en el documento de reflexión del CEPS publicado en marzo de 2022 (14)]. Así ocurre especialmente en el caso de los mayores beneficiarios de los fondos del MRR. Por este motivo, muchos interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil insisten en una mayor participación de las comunidades locales y regionales. Sin embargo, la mayoría de las partes interesadas cree que la participación de la sociedad civil organizada en la ejecución de los PNRR a escala regional y local es ineficaz. Un segundo cuello de botella mencionado con frecuencia alude a la falta de intercambio de información entre el Gobierno nacional y los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, lo que podría dificultar gravemente su participación en la fase de ejecución y seguimiento.

3.2.3.

A pesar de estos retos identificados, y de acuerdo con un análisis exhaustivo del EPRS publicado en marzo de 2022 (15), por un lado, varios Estados miembros, como Bélgica, Chipre, Grecia, Estonia y Finlandia, se han comprometido de manera general a seguir colaborando con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil durante la fase de ejecución de los PNRR, mientras que, por otro lado, otros países como Chequia, Francia, Italia y Portugal, se han referido a un comité u órgano específico que se encargará, entre otras cosas, del seguimiento y la supervisión de la consecución de avances, del cumplimiento de los hitos y objetivos de los diferentes líneas de actuación, de las actividades de publicidad y de la evaluación de los informes de ejecución.

3.3.   Sección III: Impacto potencial de los PNRR en la economía y la sociedad de los Estados miembros

3.3.1.

Según un estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (16), se espera que el MRR active las inversiones públicas, haciendo hincapié en el aumento de la producción real y habilitando un margen de maniobra presupuestario adicional, lo que a su vez debería permitir la ejecución de gastos nacionales ya planificados con arreglo al principio de adicionalidad. El MRR conduciría, por un lado, a un incremento sustancial del PIB a corto y medio plazo a través de la demanda de inversión pública y privada, acumulando así el stock de capital necesario para generar, por otro lado, un mayor PIB a medio y largo plazo mediante el crecimiento del empleo, un aumento de la productividad y los salarios, y un efecto positivo en la producción.

3.3.2.

Las opiniones de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil sobre los posibles efectos de los PNRR en la economía y la sociedad de su respectivo país están bastante divididas. Esta percepción varía notablemente en función del importe de los fondos del MRR asignados a cada Estado miembro. De hecho, en los Estados miembros que reciben grandes cantidades, el impacto se percibe de forma más positiva que en los Estados miembros que obtienen cantidades relativamente pequeñas en relación con el tamaño de su economía. A pesar de estas disparidades, la sociedad civil organizada, en general, considera positivo el impacto de los fondos del MRR y las inversiones de los PNRR en las reformas, ya que impulsan la consecución de los objetivos de la doble transición.

3.4.   Sección IV: Participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del plan

3.4.1.

La participación de la sociedad civil organizada en la fase de ejecución del plan, en los pocos Estados miembros en los que ha comenzado realmente, se ha llevado a cabo de diversas formas. En la información facilitada por las partes interesadas se identifican cuatro categorías de participación: 1) prevista en la legislación; 2) a través de grupos de trabajo especiales del PNRR; 3) mediante reuniones con las partes interesadas; 4) no se planificó ninguna forma específica de participación. En comparación con las conclusiones extraídas en 2021 sobre la evidente falta de participación de la sociedad civil organizada en la fase de elaboración del plan, su participación en la fase de ejecución se valora de forma más positiva, aunque dista mucho aún de ser satisfactoria en todos los Estados miembros. De hecho, se señaló que, en algunos países, se promueven iniciativas diseñadas específicamente para procurar la participación de la sociedad civil organizada en la ejecución de los PNRR. Por otra parte, en cuanto a la posible diferencia de participación entre los interlocutores sociales, por una parte, y las organizaciones de la sociedad civil, por otra, parece, en general, que en los Estados miembros, o no participan ni los interlocutores ni las organizaciones, o participan las dos partes, sin distinción. Sin embargo, las partes interesadas de tres de los veinte Estados miembros consultados (Austria, Grecia y Portugal) señalaron que existe una distinción significativa en la participación de dichas partes. En estos países, los interlocutores sociales participan más que las organizaciones de la sociedad civil.

3.4.2.

En este sentido, una encuesta de BusinessEurope (17) realizada a principios de 2022 puso de relieve que los interlocutores sociales participan cada vez más en los planes de recuperación, lo que se refleja en una tasa de insatisfacción de solo el 30 % respecto a su papel hasta la fecha en la ejecución del plan, frente al 71 % registrado el año pasado en cuanto a su función en el diseño del plan. Por otra parte, como se subraya en el informe de Eurofound (18) de marzo de 2022, tras la adopción de los planes, los interlocutores sociales subrayaron la importancia de los informes nacionales publicados por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo (19), que estructuraron el debate sobre la ejecución de las reformas e inversiones nacionales, permitiendo a los interlocutores sociales intercambiar ideas y contribuir a los PNRR sirviéndose de una base de referencia sólida.

4.   Conclusiones

4.1.

En general, el contenido final de los planes se valora positivamente. En algunos casos, las observaciones de la sociedad civil organizada se tuvieron en cuenta en las versiones finalizadas de los PNRR. En general, la sociedad civil organizada apoya los objetivos ecológicos, digitales y sociales de dichos planes. En cuanto a la contribución a las transiciones ecológica y digital, se expresaron opiniones positivas, aunque se considera que el impacto de los PNRR es limitado, salvo en algunos casos. Lamentablemente, se refirió a menudo que la dimensión social del plan se encuentra relativamente poco desarrollada, a pesar de su importancia en lo que atañe a la resiliencia. También se opinó que la transición requiere más inversión, especialmente teniendo en cuenta la crisis actual. A pesar de las mejoras percibidas en algunos Estados miembros, sigue siendo difícil responder de manera concluyente a la cuestión de si la participación en la fase de ejecución ha mejorado, sobre todo porque la ejecución de numerosos PNRR se ha retrasado significativamente en muchos Estados miembros. En cualquier caso, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que el diálogo social institucional había mejorado en esta fase. De hecho, por ejemplo en España, los interlocutores sociales reconocen que el marco del MRR y los PNRR ha contribuido a la celebración de importantes acuerdos sobre reformas laborales y de las pensiones mediante el diálogo social tripartito.

4.2.

A pesar de la demora en la ejecución de muchos PNRR, se identificaron buenas prácticas en algunos Estados miembros en relación con la ejecución y el seguimiento de estos planes. Por ejemplo, en Austria, Francia, Luxemburgo, España y Suecia, una cooperación estrecha y constructiva entre los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno, reforzada por la transparencia y el diálogo continuo, constituye una herramienta importante para la participación de estas entidades en el MRR. Por otra parte, en Chequia, Estonia, Finlandia, Italia y España se ha creado un sitio web o un portal de la Administración sobre la campaña del MRR, con información transparente y accesible al público. En Italia, que es el principal beneficiario de los fondos del MRR, se instituyó en noviembre de 2021 una Mesa Redonda Permanente de Cooperación (Tavolo permanente del partenariato) a nivel gubernamental, con grupos de trabajo específicos que realizan un seguimiento crítico de la orientación y la calidad de la ejecución de los PNRR en lo que se refiere a las expectativas de los ciudadanos. Este órgano está presidido por el primer ministro italiano y coordinado por el presidente del Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL). Además, se suscribió un convenio estructurado específico con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) para el desarrollo del diálogo y la asistencia estructurada en las fases de ejecución a escala local respecto a los asuntos de su interés. Del mismo modo, en Italia se fomenta la participación de los municipios y otros agentes locales en relación con la capacidad administrativa. En Croacia, la sociedad civil organizada participa en los grupos de trabajo que preparan licitaciones para la ejecución del PNRR, así como en los acuerdos con el Ministerio de Turismo relativos a las medidas del plan dirigidas al sector turístico. Por último, en Portugal, la sociedad civil organizada participa en el seguimiento de la ejecución del PNRR, sobre todo, analizando los resultados del plan y los informes de evaluación de impacto. En este sentido, se ha creado un órgano de seguimiento, el Comité Nacional de Seguimiento (CNA), en el que participan, entre otros, representantes de los interlocutores sociales, las universidades y el sector social. Estos intercambios de buenas prácticas se fomentan y constituyen un ejemplo para los demás Estados miembros.

4.3.

En muchos de ellos se realizan llamamientos a favor de una mayor participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la fase de ejecución de los PNRR. La sociedad civil organizada aboga por una mayor transparencia en la ejecución y el seguimiento de los planes, y pide que la información se ponga a disposición del público y que se fomenten los diálogos en torno a los PNRR con todas las partes interesadas pertinentes. En caso contrario, es probable que los principales retos planteados no se aborden correctamente. Por último, en la mayoría de los Estados miembros queda por ver si la participación de la sociedad civil organizada mejorará significativamente durante las fases de ejecución y seguimiento de los planes, que actualmente siguen siendo demasiado lentas o se encuentran retrasadas.

4.4.

El Comité dirige un llamamiento a los gobiernos nacionales de los Estados miembros en los que la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil (20) sigue siendo insuficiente para que pongan remedio a esta situación con carácter de urgencia y cumplan las normas establecidas en el Reglamento sobre el MRR. Pide además a la Comisión y al Parlamento Europeo que velen por el cumplimiento de las normas vigentes.

4.5.

No obstante lo anterior, el CESE considera que la falta de participación efectiva y de calidad de la sociedad civil organizada en la gobernanza económica de la Unión no se resolverá de manera satisfactoria hasta que no se emprenda una reforma del Semestre Europeo que garantice la corrección de este problema mediante una Directiva o un Reglamento. El Comité llama la atención sobre el hecho de que la participación es adecuada cuando, en unos procesos formales de consulta basados en la normativa legal y en unos procedimientos públicos y transparentes, las organizaciones de la sociedad civil son debidamente informadas por escrito y disponen de tiempo suficiente para analizar las propuestas del Gobierno y formular sus propias propuestas, y la inclusión o el rechazo de estas propuestas va acompañada de una justificación consignada en actas o documentos públicos.

4.6.

La guerra de Ucrania y sus riesgos inmediatos para la economía europea y mundial no ponen en tela de juicio los objetivos de los PNRR, sino que, por el contrario, en opinión del Comité, deben animar a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales a acelerar la ejecución y el cumplimiento de los planes, así como de las inversiones y reformas asociadas, y a impulsar el Pacto Verde de la Unión, con el fin de sostener el crecimiento y acelerar la descarbonización del sistema energético y la autonomía estratégica ecológica de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Unión debe hacer todo lo que sea necesario para ayudar al Gobierno y al pueblo de Ucrania, para proporcionar una atención adecuada a los millones de personas que se han visto obligadas a buscar refugio en los países de la Unión, y para ayudar a los Estados miembros más directamente afectados en diversos sectores de sus economías.

4.7.

Antes del estallido de la guerra, el importe total de los fondos nacionales y de NGEU era insuficiente para alcanzar los objetivos del Pacto Verde y llevar a cabo la transición energética justa e inclusiva requerida, en particular el objetivo de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de producción de energía limpias y renovables en consonancia con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC). Además, ahora se plantea la necesidad geopolítica apremiante de poner fin a la dependencia energética de la Unión respecto a Rusia. Esta situación dará lugar, por otro lado, a un fuerte aumento de las inversiones en seguridad y defensa, lo que repercutirá enormemente en los presupuestos públicos.

4.8.

Por consiguiente, el CESE propone: a) la adopción urgente de una nueva estrategia de la Unión en materia de energía que promueva una conexión eficaz de sus redes energéticas, la rápida sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, una elevada eficiencia energética, y la reducción de la demanda de energía; b) considerar la posibilidad de reorientar las inversiones de los PNRR hacia una mayor inversión en energía limpia y renovable, garantizando al mismo tiempo la autonomía estratégica de la Unión; c) que todos los Estados miembros utilicen su parte de los fondos de los PNRR para financiar nuevos programas en este sentido, como los programas de inversión en energía sostenible; d) que, a corto plazo, las autoridades europeas y los gobiernos nacionales adopten todas las medidas necesarias, tanto en el ámbito de la producción como en el del consumo, para proteger a las economías de los efectos en cascada de la guerra en la economía de la Unión, que está alterando gravemente los mercados financieros, de alimentos, y de energía, con el aumento de los precios de la energía y las disrupciones de la cadena de suministro; e) que se evalúe la creación de un nuevo instrumento de inversión financiera y se apoye la propuesta de la Comisión Europea contenida en la Comunicación sobre REPowerEU para acelerar la reestructuración del sector energético, con el fin de lograr una autonomía estratégica más segura y sostenible de la Unión. A tal efecto, debe utilizarse el modelo más apropiado que se encuentre, basado en las buenas prácticas y los resultados del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el MRR.

4.9.

Las conclusiones del GIECC 2022 de las Naciones Unidas constituyen otro recordatorio serio de las deficiencias existentes en la lucha contra el cambio climático. El CESE pide a las autoridades europeas que las tengan en cuenta al adoptar iniciativas en materia de política energética, industrial y económica.

4.10.

El CESE es consciente de las enormes dificultades que entraña, en las circunstancias actuales, la aplicación de una política económica que, al mismo tiempo, pretenda reducir la inflación y garantizar el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las haciendas públicas a medio y largo plazo. Las autoridades europeas, los gobiernos nacionales y el BCE deben actuar en estrecha coordinación y adoptar las medidas necesarias para garantizar que la supresión de las políticas monetarias y fiscales expansivas se lleve a cabo de manera que no conduzca a una nueva recesión. El CESE considera que la reforma de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería llevarse a cabo fijando objetivos realistas de déficit y deuda, incorporando la regla de equilibrio presupuestario de la inversión, y estableciendo vías flexibles, conforme a la situación de cada país, para alcanzar los objetivos de reducción de los niveles de deuda pública.

4.11.

Los esfuerzos en materia de educación y aprendizaje permanente de los trabajadores y la población en general son esenciales para garantizar unas transiciones ecológicas y digitales justas e integradoras. Debe otorgarse prioridad a la formación y la orientación profesional de los trabajadores afectados por procesos de reestructuración, pero también a la previsión de las necesidades que se deriven de los distintos tipos de cambios tecnológicos en el aparato productivo. La digitalización requiere una atención especial en el caso de las personas que, por su edad u otras circunstancias, tienen más dificultades para acceder a servicios digitalizados. Este sector de la población debe tener garantizado el acceso a la formación y a servicios de apoyo especiales para ayudarles a acceder a todo tipo de prestaciones y servicios.

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(1)  Resolución del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?» (DO C 155 de 30.4.2021, p. 1).

(2)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

(3)  La guerra en Ucrania y su impacto económico, social y medioambiental (DO C 290 de 29.7.2022, p. 1).

(4)  Nota: Antes del 1 de abril de 2022, la Comisión aprobó veintitrés planes (incluido el plan sueco a finales de marzo de 2022 pendiente aún de aprobación por el Consejo). A principios de abril, la Comisión también aprobó el plan búlgaro que, igualmente, aún debe ser aprobado por el Consejo (es decir, veinticuatro planes aprobados hasta la fecha por la Comisión y veintidós por el Consejo).

(5)  Grupo de Enlace con las Organizaciones y Redes Europeas de la Sociedad Civil.

(6)  Los informes de los distintos Estados miembros se analizan en el anexo a la presente Resolución. Todo este material puede consultarse en el sitio web del Comité.

(7)  SWD(2021) 211 final.

(8)  SWD(2021) 163 final/2.

(9)  SWD(2021) 196 final.

(10)  SWD(2021) 160 final.

(11)  SWD(2021) 146 final.

(12)  SWD(2021) 161 final.

(13)  Cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia.

(14)  Comparación y evaluación de planes de recuperación y resiliencia — Segunda edición — Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS).

(15)  Planes de recuperación y resiliencia: opiniones de las partes interesadas.

(16)  Diálogo sobre recuperación y resiliencia con la Comisión Europea, 7 de marzo de 2022.

(17)  Barómetro de la reforma de BusinessEurope 2022.

(18)  Participación de los interlocutores sociales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

(19)  Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022.

(20)  Y otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo las organizaciones juveniles, como el CESE subrayó en particular en su Dictamen sobre el tema «Cómo garantizar un trabajo digno para los jóvenes y garantizar la inclusión de los ninis mediante la elaboración adecuada de planes nacionales de recuperación» (DO C 152 de 6.4.2022, p. 27).