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Ficha resumen
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Evaluación de impacto de la revisión de la Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
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A. Necesidad de actuar
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¿Cuál es el problema y por qué es un problema a escala de la UE?
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Los problemas fundamentales son los siguientes: 1) la falta de coherencia y la menor pertinencia de la Directiva debido al solapamiento con la legislación horizontal y la legislación sobre productos específicos; 2) los consumidores que utilizan servicios financieros mediante técnicas de comunicación a distancia no están suficientemente protegidos y se enfrentan a perjuicios (escasa sensibilización de los consumidores sobre los elementos y costes clave de algunos servicios financieros, el uso subóptimo del derecho de desistimiento, y las nuevas prácticas de mercado que aprovechan los patrones de comportamiento de los consumidores); y 3) la competitividad del mercado único de servicios financieros vendidos por medios de comunicación a distancia no se ha logrado plenamente.
Las causas de estos problemas son: un marco reglamentario que no garantiza la seguridad jurídica; sesgos de comportamiento explotados por los prestadores de servicios financieros; y obstáculos al posible aumento de la prestación transfronteriza de productos financieros. Las consecuencias de estos problemas para los consumidores son: perjuicio si compran un producto insatisfactorio; falta de confianza suficiente para utilizar un servicio financiero, tanto en el país de origen del consumidor en la UE como en otros países; y la consiguiente pérdida de bienestar. Las consecuencias para las empresas son las siguientes: unas condiciones de competencia desiguales; costes adicionales de cumplimiento y pérdida de bienestar debido a la falta de realización del potencial del mercado único. Si no se tomara ninguna medida, se mantendría esta situación.
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¿Qué se pretende conseguir?
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Los objetivos generales de la revisión de la Directiva son 1) racionalizar el marco regulador, garantizando una mayor claridad para todas las partes interesadas y un elevado nivel de protección de los consumidores; 2) reducir los perjuicios y garantizar un nivel elevado y coherente de protección de los consumidores que adquieren servicios financieros a distancia; y 3) facilitar la prestación transfronteriza de servicios financieros y la competitividad del mercado único. Esto está en consonancia con los objetivos originales de la Directiva.
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¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE (subsidiariedad)?
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La revisión daría lugar a un marco legislativo más claro que garantice la seguridad jurídica, salvaguardando al mismo tiempo la función de «red de seguridad». Dotar a los consumidores de derechos horizontales que cubran los servicios financieros actuales y futuros del mercado es algo que solo puede lograrse a escala de la UE.
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B. Soluciones
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¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? En caso negativo, ¿por qué?
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Las opciones evaluadas son las siguientes: opción 0: escenario de mantenimiento de la política existente; opción 1: derogación de la Directiva y las medidas no reglamentarias; opción 2: revisión exhaustiva; opción 3 a: introducción de disposiciones pertinentes en la legislación horizontal; y opción 3 b: introducción de disposiciones pertinentes en la legislación sobre productos específicos. Sobre la base de la evaluación de impacto, la opción preferida sería la opción 3 a: derogación, modernización de los derechos pertinentes e introducción en la legislación horizontal, a saber, la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (Directiva sobre los derechos de los consumidores).
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¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?
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Las organizaciones de consumidores tienden a favorecer una revisión exhaustiva de la Directiva (opción 2), pero podrían aceptar la derogación y la inserción de las disposiciones pertinentes de la Directiva en la legislación horizontal (opción 3 a). Los proveedores de servicios financieros y las asociaciones empresariales prefieren el escenario de referencia, opción 3 b (incorporar los derechos de los consumidores en la legislación sobre productos específicos). Las autoridades públicas consideran que la mejor opción es incorporar partes de la Directiva a la legislación horizontal (opción 3 a).
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C. Repercusiones de la opción preferida
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¿Cuáles serían las ventajas de la opción preferida (si existe, o, si no, de las opciones principales)?
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La opción preferida representa una manera eficaz de alcanzar los objetivos específicos, además de ser eficiente, en particular para los consumidores, y garantizar un alto nivel de coherencia. Se espera que la opción tenga un efecto positivo general en la confianza de los consumidores introduciendo nuevas normas sobre cómo y cuándo debe facilitarse información a los consumidores y limitando las prácticas que aprovechan los modelos de comportamiento, tales como el uso de opciones por defecto. También modernizará el derecho de desistimiento haciendo más sencillo el ejercicio de este derecho. La opción tendría un efecto positivo en la reducción del perjuicio para los consumidores (de como mínimo 170-210 millones EUR).
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¿Cuáles serían los costes de la opción preferida (si existe, o, si no, de las opciones principales)?
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La adopción de la opción preferida daría lugar a costes adicionales puntuales y recurrentes para las empresas. Esto se debe a que las medidas de esta opción exigirían a los prestadores de servicios familiarizarse con la Directiva sobre los derechos de los consumidores mejorada, adaptar sus sistemas informáticos, formar a su personal, actualizar sus sitios web y actualizar los contratos. Tras la aplicación inicial de las modificaciones, no se espera un aumento significativo de los costes recurrentes. Esta opción supondría unos costes de 19 millones EUR para las empresas.
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¿Cuáles serían las repercusiones en las pymes y en la competitividad?
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Según el análisis del estudio de apoyo y las observaciones de las partes interesadas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) no deben verse afectadas de manera desproporcionada en comparación con las grandes empresas. Los principales tipos de repercusiones determinadas en esta evaluación también se aplicarían proporcionalmente a las pymes.
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¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?
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La opción preferida implicaría algunos costes puntuales y recurrentes para las autoridades nacionales. Las autoridades asumirían algunos costes de transposición y aplicación durante la fase de adopción, pero estos no serían demasiado gravosos, ya que las nuevas disposiciones son mínimas. La introducción de nuevas normas, como la prohibición de opciones por defecto y la adaptación de las normas de presentación para los diferentes canales de distribución, generaría costes adicionales de seguimiento y ejecución.
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¿Habrá otras repercusiones significativas?
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Se espera que la iniciativa simplifique el marco jurídico derogando la Directiva, manteniendo al mismo tiempo la «red de seguridad» mediante la introducción de artículos pertinentes de la Directiva en la legislación vigente en materia de protección de los consumidores. Las nuevas normas sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores también se beneficiarán de la aplicación de determinadas normas de la actual Directiva sobre los derechos de los consumidores.
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¿Proporcionalidad?
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La opción preferida no irá más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos. La iniciativa abarcará únicamente lo que los países de la UE no pueden lograr por sí solos y solo los ámbitos en los que la carga administrativa y los costes son proporcionales a los objetivos específicos y generales que deben alcanzarse.
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D. Seguimiento
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¿Cuándo se revisará la política?
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La Comisión realizará un seguimiento de la aplicación de la política elegida, si se adopta, después de su adopción. Una lista de indicadores de seguimiento incluida en la evaluación de impacto servirá de base para la próxima evaluación.
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