A. Necesidad de actuar

¿Cuál es el problema y por qué es un problema a escala de la UE?

El problema general es la insuficiente disponibilidad de datos para su utilización en la economía europea. Esa insuficiencia se debe sobre todo a la falta de claridad acerca de los derechos sobre los datos, los desequilibrios en el poder negociador, el acceso limitado a unos servicios equitativos y fiables en la nube y la falta de interoperabilidad intersectorial de los datos en la Unión. El problema afecta a una serie de sectores económicos y se traduce en una infrautilización de los datos en la UE, con consecuencias negativas desde el punto de vista de la capacidad de elección de los consumidores, la innovación y la prestación de servicios públicos.

¿Qué se pretende conseguir?

El objetivo es maximizar el valor de los datos en la economía y la sociedad asegurando que una gama más amplia de partes interesadas adquiera el control sobre sus datos y que haya más datos disponibles para su utilización, al tiempo que se mantienen los incentivos para invertir en la generación de datos.

¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE (subsidiariedad)? 

La estructura de las cadenas de valor de los datos en la UE es en gran medida de carácter transfronterizo: tanto los titulares como los usuarios de los datos están dispersos por distintos Estados miembros. Los problemas detectados, por tanto, no son específicos de un Estado miembro, sino que más bien afectan al conjunto del mercado único. Esta es la razón por la cual una intervención coordinada de la UE puede añadir más valor a la economía y la sociedad europeas que la actuación de los Estados miembros por separado.

B. Soluciones

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? En caso negativo, ¿por qué?

Esta iniciativa incluye medidas para reforzar la seguridad jurídica en el acceso a los datos, prevenir el abuso de los desequilibrios contractuales, facilitar el uso de datos privados por parte de los organismos del sector público, agilizar el cambio entre proveedores fiables de servicios de tratamiento de datos, y establecer un marco de interoperabilidad de los datos eficiente.

En la evaluación de impacto se examinaron tres opciones: La opción 1 consiste en una intervención mínima mediante medidas no vinculantes que facilitan un acceso a los datos y su utilización en condiciones más eficientes y más equilibradas. La opción 2 propone un conjunto limitado de medidas legislativas que facilitan el uso de los datos y refuerzan la seguridad jurídica acerca de quién puede utilizar los datos y en qué condiciones. La opción 3 propone un conjunto de obligaciones de mayor alcance en lo que respecta al uso de los datos por parte de terceras empresas, consumidores y organismos del sector público, así como disposiciones más estrictas sobre las obligaciones de los proveedores de servicios de datos y los requisitos de interoperabilidad.

El análisis concluyó que la opción 2 era la preferida. ¿Por qué? Porque reforzaría la seguridad jurídica en el ámbito de los datos (incluidos los derechos sui generis sobre las bases de datos que contienen datos generados por máquinas), aumentaría la cantidad de datos disponibles para su reutilización y daría a los consumidores y las empresas un mayor control al respecto, limitando al mismo tiempo los costes que conlleva para los titulares de datos aumentar la accesibilidad de los datos y manteniendo los incentivos para la generación de datos. Asimismo, introduciría un enfoque legislativo sobre la cuestión de la equidad y fiabilidad de las infraestructuras de tratamiento de datos, así como la estandarización de la interoperabilidad técnica, liderada por la industria, en lo que respecta al cambio de proveedor en la nube.

¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?

La mayoría de las partes interesadas confirma la existencia de los obstáculos señalados en la evaluación de impacto. Sin embargo, hay opiniones distintas en cuanto a qué hacer con esos obstáculos: los titulares de datos (por ejemplo, los fabricantes de automóviles), reticentes ante la intervención reguladora, son partidarios de soluciones que solo aborden las deficiencias evidentes del mercado. En cambio, las pymes que utilizan datos (especialmente las que se dedican a los servicios posventa) reclaman el derecho a acceder a los datos y se muestran favorables a la revisión del derecho sui generis. Las organizaciones de consumidores, por su parte, resaltan la necesidad de capacitar a los consumidores para que puedan elegir a sus proveedores de servicios. Con todo, las partes interesadas están de acuerdo en lo que respecta a la conveniencia de contar con normas de la UE que aseguren la portabilidad en la nube y protejan a los usuarios de servicios en la nube frente al acceso ilícito a sus datos desde fuera de la UE. También son partidarias de aliviar la carga administrativa racionalizando las normas sobre el intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas.

C. Repercusiones de la opción preferida

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)? 

La opción preferida haría crecer el PIB de la EU-27 en 1,98 puntos porcentuales de aquí a 2028 y aumentaría los ingresos públicos y las actividades de inversión en 96 800 millones EUR y 30 400 millones EUR, respectivamente, en el período 2024-2028. Gracias a esta iniciativa, además, se crearían 2,2 millones de puestos de trabajo adicionales. Los beneficios estimados en cada área de intervención son los siguientes:

·capacitar a los consumidores y empresas que utilizan productos conectados y servicios relacionados, y aumentar la disponibilidad de datos para uso comercial y para la innovación entre empresas generaría hasta 196 700 millones EUR al año de aquí a 2028;

·mejorar la equidad en los contratos generaría 7 400 millones EUR adicionales al año;

·facilitar el uso de datos de empresas para fines de interés público reduciría la carga administrativa por un valor de hasta 155 millones EUR al año;

·facilitar el acceso a unos servicios de nube y periféricos equitativos y fiables aportaría otros 7 100 millones EUR al año.

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)? 

Los costes de la opción preferida incluyen:

·obligación de los fabricantes de permitir el acceso en las relaciones entre empresas y entre empresas y consumidores, infraestructuras técnicas: 410 millones EUR en concepto de coste puntual y 88 millones EUR en concepto de costes recurrentes;

·asegurar la equidad en los contratos: 69 millones EUR al año;

·intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas: 552,5 millones EUR en concepto de coste puntual y 78,1 millones EUR en concepto de costes recurrentes;

·requisitos de interoperabilidad: 1 millón EUR (por norma).

¿Cuáles son las repercusiones para las pymes y la competitividad?

Las pymes figuran entre los principales beneficiarios de la Ley de Datos. Las nuevas normas pondrían a su alcance más recursos de datos al reequilibrar la distribución del valor de los datos entre los distintos agentes del mercado y, así, reforzarían su capacidad para competir y mantener su actividad. Solamente atajar los desequilibrios en las relaciones contractuales bilaterales aportaría a las pymes unos beneficios adicionales de 5 200 millones EUR al año.

¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales? 

La iniciativa, a excepción de las medidas en el ámbito del intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas, no incidiría en los presupuestos nacionales. El estudio de apoyo a la evaluación de impacto estimó que la implantación de estructuras nacionales para racionalizar el intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas costaría 21,6 millones EUR al año a las arcas públicas de los Estados miembros.

¿Habrá otras repercusiones significativas?

La iniciativa mejoraría los servicios y políticas públicas por cuanto permitiría responder con más eficacia y rapidez a las emergencias públicas. Asimismo, otorgaría a los consumidores y empresas un mayor control sobre el uso de los datos que generan y reforzaría su participación activa en la economía digital. Por último, una mayor eficiencia empresarial y manufacturera debería traducirse en una disminución de los residuos, del consumo de energía y de las emisiones de CO2.

Proporcionalidad

Esta iniciativa se ha diseñado para dar respuesta a los problemas transfronterizos e intersectoriales que plantean el acceso a los datos y su utilización. Desde este punto de vista, guarda proporción con el resultado previsto y ofrece un margen suficiente de flexibilidad para la adopción de medidas nacionales y sectoriales complementarias.

D. Seguimiento

¿Cuándo se revisará la política?

La política se revisará a los cuatro años de la adopción de la Ley de Datos.