P9_TA(2022)0201

Represión continua de la oposición política en Camboya

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre la represión continua de la oposición política en Camboya (2022/2658(RSP))

(2022/C 465/10)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus anteriores resoluciones sobre Camboya,

—	Vistos los informes y declaraciones anteriores del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya,

—	Vista la decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2020, de retirar parte de las preferencias arancelarias concedidas a Camboya en el marco del régimen comercial «Todo menos armas» de la Unión a partir del 12 de agosto de 2020,

—	Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

—	Vista la declaración de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, de 29 de marzo de 2022, sobre los diálogos interactivos con el relator especial sobre Camboya en el 49.o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

—	Vista la Resolución 48/23, de 11 de octubre de 2021, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los servicios de asesoramiento y asistencia técnica para Camboya,

—	Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 30 de marzo de 2022, sobre el tercer informe periódico sobre Camboya,

—	Visto el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya, firmado en Luxemburgo el 29 de abril de 1997 (1),

—	Visto el Acuerdo sobre una solución política global del conflicto de Camboya, de 23 de octubre de 1991, en particular su artículo 15, que consagra el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en Camboya, también por parte de los signatarios internacionales,

—	Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

—	Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.	Considerando que, el 16 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de Camboya anunció la disolución del mayor partido de la oposición, el Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC);

Considerando que, desde que el Tribunal Supremo disolvió el PSNC en previsión de las elecciones de 2018, el Gobierno camboyano ha estado reprimiendo a miembros de la oposición política, lo que ha empujado a estos miembros al exilio por temor a detenciones arbitrarias o represalias; que la represión gubernamental iniciada en 2017 contra los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil y la oposición política ha continuado a lo largo de 2021 y 2022;

C.	Considerando que el primer ministro Hun Sen ha estado casi ininterrumpidamente en el poder durante 37 años y que el Partido Popular de Camboya, en el Gobierno, ejerce un poder absoluto sobre el Estado y los órganos legislativos;

Considerando que Camboya celebrará elecciones municipales en junio de 2022 y que se espera que las próximas elecciones generales tengan lugar en julio de 2023; que la situación de los derechos humanos en Camboya ha llegado a un momento de crisis antes de las elecciones municipales de junio de 2022 y de las elecciones nacionales del próximo año, ya que el Gobierno ha intensificado la represión contra la oposición política, los periodistas, los medios de comunicación independientes y la sociedad civil bajo el pretexto de las medidas contra la COVID-19; que el Comité Electoral Nacional de Camboya ha eliminado a más de cien candidatos del partido de la oposición Sam Rainsy (2) de la lista de los candidatos que se presentan a las elecciones municipales del país el 5 de junio de 2022;

Considerando que, tras el envío de citaciones judiciales en noviembre de 2020, las autoridades iniciaron en 2021 juicios masivos contra más de cien miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica; que entre las irregularidades presentes en estos juicios cabe citar la falta de pruebas creíbles, la violación del derecho a un juicio justo y de las garantías de la tutela judicial efectiva y los juicios en rebeldía de varios de los acusados, en violación de las garantías de los derechos humanos; que en la actualidad hay más de sesenta defensores de los derechos humanos en prisión, incluidos líderes sindicales y activistas medioambientales;

Considerando que, en marzo de 2021, nueve altos dirigentes políticos, entre ellos Sam Rainsy, fueron declarados culpables en rebeldía de «tentativas de cometer un delito» y un «ataque» en virtud de los artículos 27 y 451 del Código Penal, y fueron condenados a 25 años de prisión; que Sam Rainsy, Mu Sochua y otros políticos de la oposición fueron juzgados en rebeldía, ya que no se les permitió regresar a Camboya para defenderse ante los tribunales;

Considerando que, aunque se estaban celebrando otros juicios, el juicio contra Kem Sokha, que fue puesto en libertad restringida bajo fianza, se pospuso durante casi dos años a pesar de las reiteradas solicitudes de reanudación; que su juicio se ha reanudado en enero de 2022, si bien no parece que vaya a concluir pronto, lo que priva al político de su derecho fundamental a la participación política;

H.	Considerando que el líder del PSNC, Kem Sokha, fue detenido en septiembre de 2017 y sigue enfrentándose a acusaciones de traición falsas;

Considerando que el 17 de marzo de 2022 el Tribunal Municipal de Phnom Penh condenó a los opositores políticos del partido gobernante a penas de entre cinco y diez años de prisión, sin libertad bajo fianza; que el 17 de marzo de 2022 el Tribunal Municipal de Phnom Penh condenó a veinte políticos y activistas de la oposición por cargos vagos de «incitación» y «conspiración» y les impuso largas penas de prisión;

Considerando que, en noviembre de 2021, Veourn Veasna, Voeung Samnang y Lanh Thavry, todos partidarios del PSNC, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fueron devueltos por la fuerza de Tailandia a Camboya y después detenidos bajo acusaciones de incitación e infracción de la ley relativa a la COVID-19;

Considerando que, en agosto de 2021, el líder sindical Rong Chhun fue condenado por «incitación a cometer un delito o a provocar disturbios sociales» junto con Sar Kanika y Ton Nimol, antiguos miembros de la oposición política, con penas de entre veinte meses y dos años y una elevada multa por valor de 400 millones KHR (casi 95 000 EUR); que, en noviembre de 2021, Rong Chhun, Sar Kanika, Ton Nimol y otros activistas detenidos al mismo tiempo fueron liberados tras la suspensión de sus penas y han permanecido en libertad desde entonces; que las mujeres que han participado en huelgas pacíficas se han visto afectadas de forma reiterada y desproporcionada por los esfuerzos del Gobierno para dispersarlas;

Considerando que más de sesenta presos políticos documentados se encuentran en prisión preventiva, mientras que representantes de la oposición política, activistas comunitarios y sindicalistas están detenidos, en prisión o confinados ilegalmente; que, desde 2015, el número de reclusos en las cárceles camboyanas se ha duplicado con creces y que, según cifras gubernamentales, 38 977 personas se encuentran actualmente encarceladas en prisiones camboyanas con capacidad oficial para 8 804 reclusos; que este dramático hacinamiento constituye una grave violación de los derechos de los presos, que a menudo carecen de acceso a agua potable y de atención médica; que el Gobierno tampoco ha adoptado medidas suficientes para evitar brotes graves de COVID-19 entre la población reclusa;

Considerando que, según se ha denunciado, cinco candidatos del Partido Sam Rainsy han sido encarcelados en los dos últimos meses; que otros candidatos han sido obligados a retirar sus candidaturas a fin de evitar un procesamiento espurio por cargos como la conspiración; que el Gobierno ha utilizado anteriormente acusaciones similares para desestimar partidos y candidatos de la oposición; que, en 2021, las autoridades se negaron a registrar al Partido Nacional del Corazón de Camboya, cuyo organizador está siendo investigado actualmente por el Ministerio del Interior; que, durante las últimas semanas, la Comisión Electoral Nacional, controlada por el Partido Popular de Camboya, ha impedido que un número significativo de candidatos del Partido Sam Rainsy se presente a las próximas elecciones; que una serie de sentencias ha dado lugar a la anulación de listas completas de candidatos en once municipios;

Considerando que, en marzo de 2021, el Gobierno adoptó una nueva ley general sobre medidas para prevenir la propagación de la COVID-19 y otras enfermedades graves, peligrosas y contagiosas, que autoriza penas de prisión de hasta veinte años y otras sanciones desproporcionadas por incumplimiento de las medidas contra la COVID-19;

O.	Considerando que, en febrero de 2021, el Gobierno adoptó un subdecreto que refuerza el control sobre internet y amplía la vigilancia en línea de los usuarios de internet críticos con el Gobierno; que, en marzo de 2022, el Gobierno anunció el aplazamiento indefinido de la aplicación del subdecreto;

Condena el enjuiciamiento de políticos de la oposición, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, ecologistas, estudiantes y otras personas por expresar sus opiniones, orquestado por el primer ministro Hun Sen y su partido, el Partido Popular de Camboya; pide al primer ministro camboyano y a su Gobierno que pongan fin inmediatamente a todas las formas de intimidación y acoso, incluido el acoso judicial, de miembros de la oposición, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y agentes de la sociedad civil; pide a las fuerzas de seguridad que se abstengan de ejercer una fuerza innecesaria y excesiva contra quienes participan en protestas pacíficas;

Condena la disolución del PSNC y reitera su llamamiento para que se retiren inmediatamente los cargos contra Kem Sokha, Sam Rainsy, Mu Sochua y otros miembros de la oposición; insta a las autoridades camboyanas a que liberen inmediatamente a todos los presos de conciencia, así como a los presos detenidos por llevar a cabo su trabajo legítimo o ejercer sus derechos, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas medioambientales y sindicalistas; pide a las autoridades camboyanas que lleven a cabo investigaciones independientes sobre todas las acusaciones de acoso, intimidación, detención arbitraria y actos de violencia y tortura contra miembros de partidos de la oposición y agentes de la sociedad civil, y que lleven a los autores ante la justicia;

Subraya que los juicios contra miembros de la oposición política, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas y ciudadanos de a pie se están llevando a cabo contraviniendo por completo las normas internacionales sobre juicios justos; pide al Gobierno que reforme el politizado poder judicial, garantice el derecho a un juicio justo para todos y libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos; pide a las autoridades camboyanas que salvaguarden la plena independencia e imparcialidad del sistema judicial y que adopten medidas jurídicas y de otro tipo que sean eficaces para abordar el dramático hacinamiento de las cárceles, en particular acabando con los casos de prisión preventiva;

Insta a las autoridades camboyanas a que velen por que todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales sean investigadas rápida e imparcialmente, incluidos los casos de Sin Khon y Kem Ley, y por que sus autores sean procesados; pide a las autoridades camboyanas que adopten todas las medidas necesarias para evitar y detener dichos asesinatos;

Expresa su profunda preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos en Camboya habida cuenta de las próximas elecciones locales de junio de 2022 y las elecciones nacionales de 2023, incluidas las restricciones a la labor informativa independiente, la criminalización de la libertad de expresión y la prohibición de facto de la reunión pacífica; insta a las autoridades camboyanas a que pongan fin a todas las restricciones ilegales a la participación de las personas en los asuntos públicos y a que garanticen que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo una campaña electoral equitativa, libre y transparente, empezando por las próximas elecciones municipales del 5 de junio de 2022 y las elecciones nacionales de julio de 2023;

Manifiesta su profunda preocupación por la vigilancia en línea por parte del Gobierno y por las amenazas a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad; pide a las autoridades camboyanas que deroguen la ley de febrero de 2022 sobre un portal nacional de acceso a internet, que permite al Gobierno supervisar todas las actividades de internet y promover procedimientos judiciales contra las personas que denuncien acciones gubernamentales o policiales; pide al Gobierno camboyano que derogue todas las leyes represivas, en particular la ley sobre partidos políticos, la ley sindical y todos los demás actos legislativos que limiten la libertad de expresión y las libertades políticas, y aquellos que no estén plenamente en consonancia con las normas internacionales y las obligaciones internacionales de Camboya;

Expresa su preocupación por la intensificación de la represión sobre los activistas medioambientales, incluidos los defensores de los derechos de tenencia de la tierra, que han sido objeto de juicios masivos recientemente celebrados; lamenta profundamente, en este contexto, la aceleración de la tala ilegal en los bosques protegidos de Camboya durante la pandemia, que ha sido denunciada, y pide a la Unión y a los Estados miembros que fomenten la coordinación internacional para evitar la exportación ilegal de mercancías no autorizadas de Camboya;

Recuerda a las empresas con sede en la Unión la necesidad de llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva en materia de derechos humanos y medio ambiente y la necesidad de garantizar que no tengan vínculos con líderes políticos o líderes de las fuerzas de seguridad responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de la disolución y posterior represión de la oposición en Camboya, con entidades que sean propiedad o estén controladas por estos dirigentes ni con entidades que se beneficien de la tala ilegal y del acaparamiento de tierras;

Pide a la Unión, a los Estados miembros y a la comunidad internacional que, habida cuenta de que Camboya ocupa la presidencia de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), aprovechen la oportunidad de ejercer presión y emprender acciones públicas para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos y apoyar a los partidos políticos en su lucha por reabrir cierto espacio político y cívico en previsión de las próximas elecciones comunales del 5 de junio de 2022 y las elecciones nacionales de 2023; destaca que los últimos acontecimientos socavan aún más la credibilidad del Gobierno camboyano a la hora de aplicar una agenda positiva en materia de derechos humanos en la región y como presidente de la ASEAN;

10.

Reitera su llamamiento al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para que siga de cerca la situación en Camboya, en particular para que garantice que no se disuelva el Partido Sam Rainsy por motivos absurdos, como lo fue el PNSC;

11.

Reitera su llamamiento en favor de sanciones selectivas e insta al Consejo a que adopte medidas restrictivas, incluidas la prohibición de viajar y la inmovilización de activos, contra los dirigentes políticos y los dirigentes de las fuerzas de seguridad, así como sus intereses económicos, en el marco del régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos, con vistas a exigir que rindan cuentas todas las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de la disolución y posterior represión de la oposición en Camboya;

12.

Pide a la Comisión que supervise muy de cerca las próximas elecciones locales y que esté preparada para utilizar todos los instrumentos disponibles, incluida la suspensión total para Camboya de la condición de beneficiaria del régimen «Todo menos armas» y otras sanciones, en el caso de que los observadores electorales encuentren pruebas de que las elecciones no han sido justas;

13.

Insta a la Comisión a que insista en unos criterios de referencia claramente definidos en materia de derechos humanos en todas sus interacciones con el Gobierno camboyano, y a que incluya los motivos de preocupación que se ponen de relieve en la presente Resolución, en particular la condición de Camboya como beneficiaria del régimen «Todo menos armas», como parte de su actual compromiso reforzado con las autoridades camboyanas; pide a la Comisión que siga de cerca la situación y evalúe el efecto de la suspensión parcial del régimen «Todo menos armas» en los sectores más vulnerables de la sociedad civil;

14.

Pide a la Comisión que supervise todo el apoyo financiero bilateral al Gobierno camboyano y que garantice que se destine apoyo financiero bilateral a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos de la oposición de Camboya;

15.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de la ASEAN y al Gobierno, al primer ministro y a la Asamblea Nacional de Camboya.

(1) DO L 269 de 19.10.1999, p. 18.

(2) El PSNC se fundó en 2012 como una fusión entre el Partido Sam Rainsy y el Partido de los Derechos Humanos. Tras la disolución forzada del PSNC en 2017, el revitalizado Partido Sam Rainsy se convirtió en el principal partido de la oposición en Camboya.