P9_TA(2022)0138

Estrategia de la Unión para promover la educación de los niños en el mundo

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, Hacia una estrategia de la UE para promover la educación de los niños en el mundo: mitigación del impacto de la pandemia de COVID-19 (2021/2209(INI))

(2022/C 465/04)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Convención internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989,

—

Vistos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—	Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas adoptados en 2015 y el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2021,

—	Vistas las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1),

—	Vistas las Directrices de la Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de 18 de diciembre de 2009,

—	Visto el Estudio mundial sobre los niños privados de libertad, de las Naciones Unidas, de 11 de julio de 2019,

—	Vistos el Informe de políticas de las Naciones Unidas, de 15 de abril de 2020, titulado «El impacto de la COVID-19 en los niños», y la respuesta positiva al mismo codirigida por la UE y el Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe y firmada por 173 países,

—	Vista la respuesta política de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, de 19 de octubre de 2020, titulada «¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en los inmigrantes y sus hijos?»,

—	Vista la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en el campo de la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960,

—	Visto el folleto del UNICEF, de la UNESCO y del Banco Mundial titulado «Mission: Recovering Education in 2021» (Misión: Recuperación de la educación en 2021),

—	Visto el artículo 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1967,

—	Visto el artículo 11 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990,

—	Vistos los artículos 17 y 25 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981,

—	Visto el artículo 31 de la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental de 2012,

—	Visto el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—	Vistos el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

—	Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de abril de 2021, titulado «Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs)» (No dejar a nadie atrás: El impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)),

—	Vista la Garantía Infantil Europea,

—	Visto el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 2021 y el enfoque de tolerancia cero de la Comisión con respecto al trabajo infantil,

—	Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (2),

—	Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre el conflicto de Siria: diez años del inicio de las revueltas (3),

—	Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—	Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Cultura y Educación,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0058/2022),

Considerando que, a escala mundial, han muerto casi cinco millones de personas a causa de la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a los gobiernos de todo el mundo a adoptar medidas extraordinarias para contener la propagación del virus de la COVID-19, incluido el cierre de escuelas y la limitación del acceso a las instalaciones educativas;

B.	Considerando que las nuevas variantes están intensificando la crisis sanitaria de la COVID-19, mientras que los conflictos y otras crisis, incluida la crisis climática, siguen incrementando el riesgo para los niños de todo el mundo de no alcanzar los niveles mínimos de competencia;

C.	Considerando que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental reconocido a escala mundial que resulta indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos; que el derecho a la educación implica que la enseñanza primaria sea obligatoria y universal y que sea accesible para todos;

Considerando que UNICEF calcula que más de 168 millones de niños han perdido un año completo de educación por los cierres de las escuelas a causa de los confinamientos provocados por la COVID-19, al tiempo que los datos de la UNESCO muestran que la educación se ha visto alterada considerablemente para 800 millones de estudiantes en todo el mundo, que han perdido dos tercios de un año académico por término medio;

Considerando que, desde marzo de 2020, alrededor de 194 países se han visto obligados a cerrar sus escuelas a escala nacional debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha afectado a más de 1 800 millones de alumnos en todo el mundo y ha impedido su acceso a la educación y a otros beneficios vitales que proporcionan las escuelas; que las escuelas de determinadas regiones permanecen cerradas; que el cierre de las escuelas ha expuesto cada vez más a los niños a la violencia, los abusos y la explotación, también en el ámbito doméstico; que los cierres parciales o totales de las escuelas tienen un impacto mayor en los niños vulnerables y marginados, al acrecentar las desigualdades existentes en los sistemas educativos y alterar todos los aspectos de su vida cotidiana;

Considerando que, según UNICEF, un tercio de los niños de todo el mundo carece de acceso a internet, lo que obstaculiza el acceso al aprendizaje a distancia o digital; que la necesidad de programas de enseñanza y aprendizaje a distancia seguirá existiendo tras la pandemia de COVID-19, especialmente en los países afectados por catástrofes naturales y conflictos; que la enseñanza en línea ha planteado nuevos retos a los profesores a la hora de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mantener la interacción social; que la pandemia de COVID-19 y las medidas innovadoras adoptadas por la vía rápida para garantizar la continuidad de la enseñanza a los niños representan una oportunidad para repensar la educación de forma más avanzada, inclusiva, flexible y resiliente; que los programas de aprendizaje a distancia deben ser accesibles para todos los niños, teniendo en cuenta los retos socioeconómicos a los que pueden enfrentarse los niños, así como su falta de acceso a internet, a las emisiones o a los medios de comunicación digitales;

Considerando que las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 para los progenitores han repercutido a su vez en la salud, el bienestar y el acceso a la educación de sus hijos; que los cierres de las escuelas ha pillado desprevenidos a los progenitores para la educación a distancia y en casa; que algunos progenitores que trabajan y que carecen de medios económicos o alternativas se han visto obligados a dejar a sus hijos solos en casa, mientras que otros, en su mayoría mujeres, se han visto obligados a dejar de trabajar, condenando de este modo a las familias a la pobreza;

Considerando que más del 90 % de los países introdujeron alguna forma de aprendizaje a distancia durante los cierres urgentes de las escuelas; que el aprendizaje a distancia benefició sobre todo a los niños en la enseñanza primaria y secundaria, dejando a los niños en la etapa de educación infantil en una situación de riesgo de no estar suficientemente preparados para la escuela primaria;

I.	Considerando que los escolares de todo el mundo ya han perdido alrededor de 1,8 billones de horas de aprendizaje presencial desde el inicio de la pandemia de COVID-19, y que se han perdido más de 39 000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas (4);

Considerando que, mucho antes de la pandemia de COVID-19, el mundo ya se enfrentaba a una crisis mundial del aprendizaje provocada no solamente por los obstáculos en el acceso a la educación la pobreza, los largos trayectos hasta la escuela más cercana, normas de género perjudiciales, discriminación de grupos vulnerables, riesgos medioambientales y conflictos, sino también por una escolarización que no necesariamente implica aprendizaje; que la pandemia ha exacerbado la situación crítica de los niños en determinadas regiones en conflicto, situación que se caracteriza, entre otros aspectos, por una mayor inseguridad y vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y atentados contra los centros educativos, que hacen que los niños se enfrenten a un riesgo mayor de ser reclutados para la lucha, lo que constituye una vulneración grave de los derechos de los niños y del Derecho internacional humanitario; que 617 millones de niños y adolescentes de todo el mundo no pueden alcanzar unos niveles mínimos de competencia en lectura (5) y matemáticas, aunque dos tercios de ellos estén escolarizados;

K.	Considerando que la COVID-19 ha borrado de un plumazo 20 años de mejoras educativas; que otros 101 millones de niños —el 9 % de los niños de los cursos 1 a 8 de la enseñanza primaria— descendieron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura en 2020 (6);

Considerando que se calcula que otros 825 millones de niños no alcanzarán la edad adulta con las aptitudes de nivel secundario que necesitan para el trabajo y la vida de aquí a 2030; que millones de niños y jóvenes que han asistido regularmente a las escuelas no están desarrollando los conocimientos y las capacidades que necesitan para integrarse con éxito en el mercado laboral, desarrollar todo su potencial y contribuir a sus comunidades;

Considerando que los cierres de centros escolares tienen un gran impacto económico, ya que impiden que los niños y los jóvenes desarrollen las capacidades necesarias, alcancen todo su potencial y se preparen para la vida y el trabajo, lo que a menudo da lugar a situaciones de desempleo y, en consecuencia, a mayores desigualdades y a menos oportunidades;

Considerando que, según las Naciones Unidas, hay 11 millones de alumnos de educación primaria y secundaria en todo el mundo —de los cuales 5,2 millones son niñas y chicas— que corren el riesgo de no regresar al sistema educativo tras los cierres de las escuelas derivados de la COVID-19 (7); que, cuanto más tiempo pasen los alumnos fuera de la escuela, mayor es la probabilidad de que abandonen los estudios en general; que existe el riesgo de que esta situación socave los resultados obtenidos en el campo de la educación y de la consecución de los ODS, y, en concreto, los que tienen que ver con la reducción de la pobreza, la salud y el bienestar, y la calidad de la educación;

Considerando que los cierres de las escuelas tienen diferentes impactos en función del género, y entrañan riesgos de que se acrecienten las desigualdades; que se calcula que los cierres de centros escolares durante las crisis pueden dar lugar a un aumento de los embarazos adolescentes; que las niñas fuera de la escuela están expuestas de manera desproporcionada al riesgo de matrimonios precoces y forzados y de explotación sexual; que se calcula que podrían producirse dos millones más de casos de mutilación genital femenina durante la próxima década; que un número considerable de niñas podría enfrentarse a trabas para regresar a las escuelas una vez reabiertas, dada la existencia de determinadas políticas discriminatorias que prohíben a las chicas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la escuela;

Considerando que, en el mundo entero, hay 129 millones de niñas sin escolarizar, entre ellas 32 millones en edad de asistir a la escuela primaria, 30 millones a la enseñanza secundaria elemental y 67 millones a la enseñanza secundaria superior; que menos de la mitad de los países de todo el mundo han alcanzado la paridad de género en la participación en la educación primaria; que la transición al aprendizaje a distancia coloca a los menores —en particular a las niñas— de los hogares más pobres y vulnerables en un riesgo significativo de abandono escolar permanente o durante períodos prolongados;

Considerando que nueve de las diez naciones donde las niñas tienen más dificultades para acceder a la educación están en el África Subsahariana, y que la décima es Afganistán, donde los talibanes han conseguido privar a las niñas de la educación más allá de la escuela primaria, al ordenar la reapertura de las escuelas secundarias solo para los niños; que la falta de claridad de la política de los talibanes, y sus promesas imprecisas e incumplidas sobre la educación de las niñas, hace que, comprensiblemente, muchas niñas afganas estén preocupadas por su educación; que han surgido varias iniciativas internacionales por parte de universidades y particulares que ofrecen educación a distancia para las niñas y mujeres afganas;

Considerando que, según varias autoridades policiales nacionales y regionales, los niños fuera de la escuela —en particular las niñas y los niños de entornos desfavorecidos, como los niños de minorías, los niños rurales, indígenas y migrantes, incluidos los refugiados, los niños con discapacidad y los niños en instituciones asistenciales, así como los niños que han perdido a sus padres o abuelos por la pandemia de COVID-19, entre otros— se ven desproporcionadamente expuestos a la explotación, el trabajo infantil y la violencia doméstica, incluida la condición de testigos de episodios de violencia, el acoso en línea y otros delitos, como la explotación y los abusos sexuales (8);

Considerando que, además de los enormes costes sociales, el Banco Mundial estima que un cierre escolar mundial de cinco meses podría generar unas pérdidas de aprendizaje de un valor actual de 10 billones de dólares estadounidenses; que la pérdida de aprendizaje puede suponer un coste para las economías de hasta 161 000 000 USD de dólares al día;

Considerando que, lamentablemente, los cierres de las escuelas han sido esenciales para limitar la propagación de la COVID-19; que las escuelas, además de lugares de aprendizaje para los niños, también constituyen lugares de encuentro y centros de salud mental y de apoyo psicosocial; que, según la UNESCO y el UNICEF, los cierres de centros escolares no solo afectan al derecho a la educación, sino también al derecho a la salud, ya que más de 80 millones de niños se han visto privados de la vacunación primaria como consecuencia de dichos cierres; que los cierres de centros escolares significan que los profesores no pueden buscar signos de abuso o falta de atención adecuada por parte de los padres; que, según la Oficina de Investigación de UNICEF — Innocenti y el Programa Mundial de Alimentos, los cierres de centros escolares también afectan al derecho a una buena nutrición y al acceso a una comida diaria; que los programas de alimentación escolar pueden ser un incentivo para que los niños más vulnerables vuelvan a la escuela; que los cierres de centros escolares afectan gravemente al bienestar mental de los niños, ya que estos pueden verse expuestos a la violencia y al estrés en el hogar; que los cierres de centros escolares pueden tener unas consecuencias psicosociales graves y duraderas, entre ellas la depresión, el incremento de la ansiedad y el suicidio, dado que los niños se ven privados del contacto social;

Considerando que el abandono escolar refuerza la desigualdad social y puede afectar a la estabilidad y la prosperidad de un país, poniendo con ello en peligro el futuro de millones de niños a escala mundial y causando un grave impacto en una generación entera; que la educación ha demostrado ser esencial para luchar contra el extremismo y la radicalización de niños y jóvenes;

Considerando que, según el Informe sobre Educación de ACNUR para el año 2021, la mitad de todos los niños refugiados siguen sin escolarizar; que los niños refugiados se ven excluidos de las oportunidades de aprendizaje a distancia; que las condiciones de hacinamiento que sufren los niños refugiados, especialmente los que viven en campos de refugiados, a menudo facilitan la propagación del virus y obstaculizan el cumplimiento de las normas sanitarias; que la situación de la COVID-19 en estos campos representa una crisis para los niños, dado que muchos niños ya sufren de sistemas inmunes debilitados o patologías de base durante sus años de formación, lo que para ellos entraña un riesgo mayor de presentar cuadros de salud más graves a la hora de luchar contra este virus letal; que la mayoría de los campos de refugiados no disponen de unos servicios sanitarios adecuados para responder adecuadamente a las necesidades de los niños y sus familias;

W.	Considerando que la distribución desigual de las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo afecta de manera desproporcionada a los países de renta baja;

Reconoce y agradece la labor de los profesores, de los educadores de todo tipo y del personal de apoyo, por adaptarse rápidamente a la pandemia de COVID-19 y garantizar la continuación del proceso de enseñanza para los niños y los adolescentes; elogia las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil internacionales y locales, los ciudadanos particulares y las empresas para proporcionar a los niños tecnología de la información y la comunicación, cursos de aprendizaje a distancia y otros materiales de enseñanza, sobre todo en aquellos países donde los niños tienen un acceso limitado al aprendizaje a distancia o carecen totalmente de acceso a la enseñanza; Insta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a que promuevan un enfoque basado en los derechos del niños con respecto a los esfuerzos globales para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el acceso a la educación para los niños, y basado en los principios de no discriminación, actuación en el interés superior del menor y participación de los niños;

Reconoce que la educación es una cuestión transversal que afecta a todas las dimensiones del desarrollo sostenible;

Acoge con satisfacción los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2021 y la adopción de la Declaración de Berlín; insiste en garantizar una educación de calidad para todos los niños como elemento facilitador de todos los ODS de las Naciones Unidas y subraya la importancia de integrar el desarrollo sostenible en todos los niveles de la educación y la formación, desde la primera infancia hasta la educación superior y de personas adultas, incluida la educación y formación profesionales, la educación no formal y el aprendizaje informal;

Insiste en que la Unión prepare el camino como potencia educativa que permita a los Estados miembros ejercer plenamente su capacidad para apoyar la educación de los niños en todo el mundo y hacer valer sus convicciones al respecto; subraya el papel clave del futuro Espacio Europeo de Educación a la hora de brindar una oportunidad importante para una cooperación internacional más intensa para la creación de sinergias en materia de educación fuera de Europa, a fin de desarrollar enfoques y soluciones comunes para los desafíos compartidos; insta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos para definir una estrategia a tal efecto, con un esquema y unos objetivos claros;

Destaca la importancia clave de garantizar el derecho de los niños a la educación y de que se brinde a todos los niños la oportunidad de volver a la escuela y pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países a la hora de dar prioridad a la reapertura escolar en sus planes de recuperación, incluido el apoyo a los profesores para ayudar a los niños a ponerse al día con el aprendizaje perdido y el apoyo al bienestar infantil, ya que las escuelas son fundamentales para el aprendizaje, la seguridad, la salud, la nutrición y el bienestar general de los niños; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países para garantizar que todos los niños puedan disfrutar de su derecho a una educación primaria y que adopten medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la educación secundaria; pide, además, a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países en el desarrollo y la aplicación de métodos de aprendizaje y enseñanza digitales y que faciliten un acceso a internet para todos;

Considera que la mejora de la movilización de recursos nacionales, la protección y el aumento considerable del gasto nacional en los sectores sociales, sobre todo, en educación y sanidad, la mejora de la calidad de este gasto se deben priorizar en los planes nacionales de recuperación y en los programas de ayuda gestionados por la Unión y por las instituciones financieras internacionales; insiste, en este contexto, en que se garantice una asignación y financiación equitativas para que los menores —y en particular las niñas—, los jóvenes y las familias en situación de desventaja, pobreza y marginación no queden rezagados; pone de relieve que el interés superior del niño debe orientar todos los esfuerzos de mitigación del impacto de la pandemia de COVID-19 en el acceso a la educación y que dichas medidas deben respetar los derechos de los niños a estar informados, empoderados y a que se les brinde la oportunidad de expresar su opinión;

Subraya que es esencial tener en cuenta la situación social de los progenitores y apoyar a las familias que han visto reducidos sus ingresos debido a las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19;

Reconoce que lograr una educación de calidad debe ser una prioridad de la ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea y los Estados miembros;

Señala que los desplazamientos forzosos conllevan un aumento del número de personas que viven en estructuras destinadas a refugiados; pide a la Comisión que apoye la transmisión de capacidades en los campos de refugiados y un sólido apoyo educativo a las personas refugiadas y desplazadas para favorecer su integración y participación en actividades que generen ingresos;

10.

Expresa su preocupación por el impacto financiero duradero de la pandemia en la financiación de la educación, dado que la mayoría de los Estados miembros de la UNESCO todavía no han alcanzado el umbral del 4 al 6 % del PIB o del 15 al 20 % del gasto público;

11.

Destaca la injusticia existente en los esfuerzos por luchar contra la pandemia debido al acceso desigual a las vacunas y las consiguientes desigualdades en las posibilidades de protección; destaca que solo podrá ponerse fin de la pandemia si se hace a escala global y que las vacunas deben ser accesibles para todos; pide a los Estados miembros que aumenten sus contribuciones y la eficiencia general del programa COVAX de las Naciones Unidas para garantizar un acceso suficiente de terceros países a las vacunas contra la COVID-19, a fin de permitirles poner en marcha campañas nacionales de vacunación contra la COVID-19 que estén en consonancia con las directrices establecidas por las autoridades nacionales de salud pública competentes y la Organización Mundial de la Salud, con objeto de garantizar un retorno rápido a las escuelas; insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que colaboren estrechamente con sus aliados transatlánticos y sus socios internacionales con el fin de impulsar el suministro mundial de vacunas contra la COVID-19, garantizando una distribución justa entre los países y las poblaciones más necesitados, y con el objetivo de mejorar el acceso mundial a productos médicos asequibles relacionados con la COVID-19 y de hacer frente a las restricciones de producción y la escasez de suministro a escala mundial;

12.

Insta a la Unión Europea a que, junto con los Estados Unidos y otros miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aumente la producción y amplíe la gama de opciones de suministro para garantizar un acceso equitativo a los diagnósticos, las vacunas, las terapias y otros productos sanitarios pertinentes necesarios para contener, prevenir y tratar la COVID-19 y garantizar que estos objetivos se alcancen para la 12.a Conferencia Ministerial de la OMC;

13.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países en la financiación y realización de operaciones escolares seguras, incluido el suministro de material higiénico y el intercambio de información sobre el lavado de manos y otras medidas de higiene, así como sobre el mantenimiento de la continuidad de los servicios nutricionales para los niños y adolescentes en edad escolar; subraya que las comidas escolares y el agua limpia son fundamentales para garantizar la nutrición, crecimiento y desarrollo de los niños, ya que son un gran incentivo para que los niños regresen a las escuelas una vez que se levanten las restricciones, sobre todo en el caso de las niñas y de aquellos niños que pertenecen a las comunidades más pobres y marginadas; destaca, a este respecto, el papel clave que pueden desempeñar los profesores y los agentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones religiosas, las comunidades religiosas y las ONG, en la promoción de la salud, y la lucha contra la pandemia de COVID-19, así como a la hora de ayudar a los niños y sus familias a superar los retos y dificultades provocados por la crisis sanitaria, mejorar su bienestar y ofrecer formación y programas de educación;

14.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países en el establecimiento de planes de mitigación y gestión de riesgos en la educación a través de la planificación de la resiliencia; destaca la importancia de desarrollar y garantizar ahora planes de contingencia y de respuesta a las crisis para reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19 en las escuelas y minimizar el impacto de los cierres de establecimientos escolares en los niños y sus familias, especialmente en los niños más pobres y marginados, así como en los que presentan discapacidades graves; destaca, en este sentido, la necesidad de priorizar a los niños de zonas afectadas por conflictos y su acceso a una educación de calidad;

15.

Subraya el impacto que el cierre de establecimientos escolares podría tener en las responsabilidades profesionales de los padres mientras cuidan simultáneamente de sus hijos; subraya la importancia de ofrecer a los progenitores que trabajan unos recursos adecuados así como directrices sobre educación a distancia, actividades extracurriculares y métodos de apoyo psicológico para conciliar el teletrabajo con la enseñanza en el hogar;

16.

Destaca la importancia de proporcionar apoyo educativo y psicosocial a los niños y las familias que deban autoaislarse para minimizar el riesgo de contagio, con vistas a reducir el estrés y la ansiedad en el hogar;

17.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros de la Unión que apoyen a las autoridades de terceros países a la hora de elaborar unas orientaciones proactivas sobre las mejores prácticas en el aprendizaje a distancia, y que garanticen que los niños de familias con bajos ingresos, de entornos rurales, indígenas y migrantes, los niños marginados y los niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje, los niños que reciben asistencia alternativa, los niños en centros de detención, así como los niños que viven en zonas remotas o donde el acceso a internet no sea ubicuo tengan acceso a herramientas, planes de estudio y tecnología adecuados y seguros y puedan utilizarlos; destaca el potencial del aprendizaje digital para permitir que las instituciones educativas lleguen a todos los niños rápidamente y a gran escala, fomentando al mismo tiempo las asociaciones y trabajando con una amplia gama de agentes de la sociedad civil, así como de los sectores público y privado; insiste, no obstante, en que la inversión en aprendizaje digital debe tratar de reducir la brecha digital y ha de adaptarse al contexto, respetar el interés superior de los niños y no mermar el apoyo a la infraestructura y el personal de la educación básica ni la enseñanza presencial; recuerda, no obstante, que el acceso a las tecnologías digitales aún no ha sido equitativo ni generalizado durante la pandemia; considera que se necesitan grandes inversiones en este sector, tanto en términos de formación como de financiación; pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan proporcionando recursos educativos accesibles y un acceso abierto a las herramientas digitales para profesores, padres y estudiantes; destaca, a este respecto, que en todas las herramientas digitales debe estar garantizada la privacidad de los niños y la protección de los datos personales, y que deben tomarse debidamente en consideración los contenidos con perspectiva de género y las distintas realidades de vida de los niños;

18.

Pide a la Comisión y al SEAE que mantengan una financiación sólida para la educación a través de todos los instrumentos financieros de la Unión disponibles, en consonancia con el valor de referencia del 10 % para la educación del instrumento «Europa Global», y que liberen más fondos con el fin de aumentar la resiliencia frente a las crisis actuales y futuras;

19.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de terceros países a la hora de garantizar un cuidado adecuado de los niños, en particular mediante el establecimiento de un plan de contingencia para el cuidado de niños huérfanos o abandonados sin unos cuidados adecuados debido a casos graves de COVID-19 que requieren la hospitalización de cuidadores adultos;

20.

Pide a la Comisión que establezca un vínculo entre las posibles actividades para reducir el riesgo de las inversiones y el apoyo financiero para acceder a la educación y formación profesional, en particular de cara al establecimiento de la infraestructura y la formación de los docentes adecuadas, en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) — Europa Global;

21.

Pide a la Comisión y al SEAE que apoyen a los Gobiernos de terceros países en la creación y el desarrollo ulterior de unos sistemas educativos más sólidos con perspectiva de género e inclusivos y que este apoyo venga acompañado de la erradicación de cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas; recuerda que el acceso de las mujeres a la educación ha sido consagrado como un derecho fundamental por las Naciones Unidas; considera que el aumento de la educación de las niñas y el apoyo a la participación de las mujeres en la educación y las carreras en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) como cuestión prioritaria debe ser un objetivo político central para la Unión Europea y la comunidad internacional de desarrollo; insiste, en este sentido, en la necesidad de que las niñas puedan terminar sus estudios y tener acceso a una información y unos servicios adaptados a su edad, sin discriminación ni sesgos de género, y con las mismas oportunidades para alcanzar su potencial; subraya la imperiosa necesidad de que se aborden los obstáculos de género para la educación, como aquellas leyes, políticas y normas socioculturales perniciosas que impiden que las niñas puedan continuar sus estudios en caso de embarazo, matrimonio o maternidad; anima a que se luche contra los estereotipos de género y las normas socioculturales nocivas por medio de la educación y la prevención de la violencia con programas educativos sensibles al género;

22.

Condena que millones de niñas en todo el mundo no tengan acceso a la educación, lo que las expone a la dependencia y a un mayor riesgo de violencia y explotación, especialmente en los casos en que las autoridades en el poder niegan sistemáticamente a las mujeres y las niñas el acceso a la educación, al trabajo y a la vida pública; rechaza el uso indebido y la instrumentación de cualquier práctica que suponga una discriminación en cuanto al acceso a la educación y que imponga el cierre de las escuelas; pide que cesen dichas prácticas e insiste en la reapertura de todas las escuelas para las niñas y las mujeres;

23.

Pide a la Comisión y al SEAE que protejan y sigan consolidando los logros de los últimos 20 años en materia de educación de las mujeres y las niñas en Afganistán; insiste en que se asignen los fondos necesarios dentro del programa de ayuda humanitaria de la Unión para Afganistán, a fin de permitir a las organizaciones locales e internacionales que faciliten la reapertura de los centros educativos para mujeres y niñas y que desarrollen programas de aprendizaje a distancia como medida temporal; pide que se preste una atención similar a la educación de los niños y jóvenes afganos en los países que acogen a refugiados afganos;

24.

Subraya que el derecho a la educación y a la información sobre salud sexual y reproductiva, planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, aborto legal y seguro, y atención a la salud materna, prenatal y postnatal, debe estar garantizado para todas las personas;

25.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros de la Unión, así como a los Gobiernos nacionales de terceros países, que elaboren programas específicos para gestionar y mitigar el impacto psicosocial y la salud mental del brote de COVID-19 en los niños, los profesores y sus comunidades, y que diseñen campañas preventivas específicas destinadas a niños, padres y profesores sobre los riesgos del mundo en línea, como el acoso, la trata, los abusos sexuales y el acoso en línea y que promuevan planes especiales para ayudar a aquellos niños que hayan sido víctimas de estas prácticas, así como a sus padres;

26.

Subraya la necesidad de programas exhaustivos de educación sexual adaptados a la edad y fundamentados en datos contrastados para reducir la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres jóvenes al parto prematuro y el embarazo no deseado, el matrimonio infantil, la prostitución, la transmisión del VIH y la violencia de género;

27.

Observa que la proporción entre alumnos y profesionales cualificados en la región subsahariana sigue siendo elevada, a pesar de los diversos esfuerzos de la Unión y de la asistencia que presta; destaca las medias regionales de 58 alumnos por profesor cualificado en la enseñanza primaria y de 43 alumnos por profesor cualificado en la secundaria; señala que gran parte de los países en desarrollo tiene problemas para hacer un uso eficiente de los recursos y muy a menudo el aumento del gasto en educación no se traduce en más aprendizaje ni en la mejora del capital humano; destaca el papel de los docentes de todos los niveles para facilitar el aprendizaje, la importancia de la tecnología para el aprendizaje y la gestión eficiente de los centros escolares y los sistemas educativos en estos países; recuerda que, según la UNESCO, es necesario contratar por lo menos a quince millones de docentes para cumplir, de aquí a 2030, los objetivos relacionados con la educación en el África subsahariana, en consonancia con el ODS 4;

28.

Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades de los países socios a la hora de abordar los retos de los sistemas educativos a fin de poder resistir futuras crisis, con miras a hacer que los sistemas sean más resilientes e inclusivos, mediante la aplicación de programas de recuperación del aprendizaje, la protección de los presupuestos educativos, con inversiones específicas en educación de calidad, asequible e inclusiva, en particular en tecnologías educativas, formación del profesorado y otros recursos para garantizar que los niños y jóvenes alcancen todo su potencial, estén preparados para la vida y no pierdan oportunidades de incorporarse al mercado laboral más adelante, al tiempo que se respetan las necesidades y los derechos de cada niño en materia de educación; pone de relieve que los programas de aprendizaje a distancia diseñados para abordar futuras crisis deben incluir diferentes materiales de aprendizaje, incluidos materiales impresos, para hacerlos accesibles a los niños más desfavorecidos y marginados;

29.

Acoge con satisfacción la Declaración de París de la UNESCO: «Un llamado global para invertir en los futuros de la educación»; insta a los países de todo el mundo a que consideren la educación como una inversión en lugar de como un gasto; estima que una asistencia financiera adecuada y efectiva en el ámbito de la educación es un requisito previo para eliminar la pobreza y mejorar el bienestar, especialmente en un momento en el que los recursos públicos se ven cada vez más limitados por demandas concurrentes en sectores particularmente afectados como la salud y la educación; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incrementen de manera significativa la financiación de la educación en sus estrategias internacionales de desarrollo y asistencia;

30.

Subraya que los jóvenes son los activos más preciados para impulsar el desarrollo económico de los países en desarrollo;

31.

Recuerda que la comunidad mundial se ha comprometido a mejorar la calidad de la educación de aquí a 2030 (ODS 4);

32.

Pide que se aumenten los intercambios educativos internacionales entre jóvenes de África y de la Unión Europea a través de, por ejemplo, Erasmus y Erasmus para Jóvenes Emprendedores, con objeto de ayudar a los nuevos emprendedores en la adquisición de las competencias pertinentes para la gestión de empresas;

33.

Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta el hecho de que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha exacerbado la situación de las personas detenidas en campamentos en Siria y que repatríen inmediatamente a todos los niños europeos retenidos en dichos campamentos, velando por que prevalezca el interés superior del niño como consideración primordial;

34.

Destaca la importancia de incluir en los planes de recuperación la formación profesional y unos programas de segunda oportunidad para ayudar a los niños y los jóvenes a acceder al mercado laboral; pide a la Comisión, al SEAE, a los Estados miembros y a los terceros países que ofrezcan perspectivas de un futuro digno para los jóvenes;

35.

Destaca la importancia de acompañar la inversión en formación y educación con apoyo para la creación de empleo a fin de ofrecer mejores perspectivas de futuro a la próxima generación de jóvenes africanos y de otras regiones en desarrollo; señala la especial importancia de las asociaciones público-privadas para alcanzar el ODS 8 relativo al acceso a un trabajo decente; subraya la importancia de la enseñanza secundaria y la formación profesional, esenciales para la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo sostenible; observa, asimismo, que la creciente población joven en África requiere, ante todo, el apoyo de una educación de calidad y el avance de la formación profesional para aumentar la movilidad y el acceso a los mercados y los derechos;

36.

Pide a la Unión que impulse la inversión en la formación profesional, el aprendizaje permanente y el refuerzo de las estructuras educativas en cooperación con el sector privado para aprovechar el capital humano;

37.

Destaca la importancia de garantizar mayor apoyo financiero y formación profesional continua para los profesores, capacitándolos para hacer frente a las pérdidas de aprendizaje entre sus alumnos, a fin de poder reaccionar a las circunstancias sociales personales, a las situaciones familiares y a los problemas de salud mental, y para incorporar la tecnología digital a su docencia; subraya la imperiosa necesidad de aprovechar la oportunidad y emplear los fondos de recuperación de la COVID-19 y las medidas innovadoras utilizadas por la vía rápida para garantizar el aprendizaje a distancia durante la pandemia para repensar la educación y desarrollar sistemas que sean más avanzados, inclusivos, flexibles y resilientes; opina que estos nuevos enfoques deben abordar las pérdidas de aprendizaje, prevenir el abandono escolar y garantizar el bienestar social y emocional de los alumnos, los profesores y el personal;

38.

Destaca el papel de la educación no formal e informal, la educación ciudadana y el voluntariado; pide a la Comisión que apoye a terceros países en la mejora del reconocimiento de las competencias genéricas; insiste en la promoción de prácticas de tutoría y solidaridad intergeneracionales para reducir las desigualdades, la exclusión o el abandono escolar prematuro;

39.

Pide que se aceleren la movilidad y los intercambios de conocimientos a escala mundial en todos los niveles educativos, así como entre países y regiones y dentro de los mismos, al tiempo que se reconoce la compleja y controvertida historia de las relaciones mundiales y se destaca la importancia de promover la herencia, la identidad cultural, la historia, el arte y la ciudadanía mundial a través de la educación; señala el potencial de combinar intercambios en línea y viajes con este fin;

40.

Hace hincapié en la importancia de desarrollar y reforzar actividades de concienciación relacionadas con el cambio climático, la protección medioambiental y su impacto sobre los niños y las generaciones futuras; pide que la educación medioambiental se convierta en un componente central de los planes de estudios escolares;

41.

Destaca el importante papel de la educación física en las escuelas, dado que la actividad física y un estilo de vida saludable son fundamentales para mejorar la salud de los alumnos; pide, por tanto, a la Comisión y al SEAE que apoyen a las autoridades nacionales para garantizar la disponibilidad de instalaciones deportivas seguras y suficientes en las escuelas, así como la formación de profesores de educación física cualificados;

42.

Llama la atención sobre la necesidad de aprovechar las sinergias entre la cultura y la educación con el fin de conformar sociedades sostenibles, inclusivas y resilientes; pide a la Comisión y al SEAE, a este respecto, que apoyen a las autoridades nacionales en la inclusión del arte y la cultura en los planes de estudios de las escuelas y en las actividades extraescolares, con el fin de enriquecer las experiencias educativas y de aprendizaje de los alumnos en terceros países;

43.

Considera que los gobiernos nacionales —y sus autoridades nacionales, regionales o locales competentes— deben comunicarse con los niños de manera adaptada a ellos para explicar las medidas adoptadas para limitar la propagación de la COVID-19, con objeto de sensibilizar acerca de los efectos, los riesgos y los peligros de la COVID-19 y de informar a los niños sobre sus derechos;

44.

Destaca la importancia de la adquisición de competencias, en particular mediante el aprendizaje presencial, que permitirá a los niños progresar a lo largo de su vida, por ejemplo en lo que se refiere a las relaciones personales, las capacidades para el estudio, la empatía y la cooperación; destaca la importancia de que los niños puedan jugar y participar en actividades recreativas como elemento fundamental de su desarrollo, como se reconoce en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide que se tomen medidas para intensificar el disfrute de las actividades de ocio y culturales por parte de los niños, como derechos en sí mismos y como medio para reforzar su salud mental y bienestar general;

45.

Reitera su llamamiento a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho para que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, subrayando al mismo tiempo la importancia de que este instrumento fundamental de derechos humanos sea efectivo en todo el mundo;

46.

Subraya la necesidad de una evaluación, seguimiento y monitorización adecuados del impacto que tengan las iniciativas emprendidas durante la crisis, a fin de identificar las deficiencias y lagunas y ver cómo se pueden subsanar;

47.

Se compromete a establecer la educación como tema central de los debates en el trabajo de las delegaciones parlamentarias, especialmente a través de asambleas parlamentarias paritarias como la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE;

48.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) En particular, la Observación General n.o 5 sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; n.o 6 sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen; n.o 10 sobre los derechos del niño en la justicia de niños, niñas y adolescentes; n.o 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado; n.o 13 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; n.o 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial; n.o 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud; y n.o 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño.

(2) DO C 232 de 16.6.2021, p. 2.

(3) DO C 474 de 24.11.2021, p. 130.

(4) Oficina de Investigación de UNICEF, COVID-19: Missing More than a Classroom. The impact of school closing on children’s nutrition (No solo es la falta de clases. El impacto del cierre de las escuelas en la nutrición infantil), enero de 2021.

(5) UNESCO, Ficha informativa n.o 46, More Than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide (Más de la mitad de los niños y adolescentes carecen de acceso al aprendizaje a escala mundial), septiembre de 2017.

(6) UN Sustainable Development Goals Report 2021(Informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021), 15 de julio de 2021.

(7) UNESCO, How many students are at risk of not returning to school? (¿Cuántos estudiantes corren el riesgo de no regresar a la escuela?), 30 de julio de 2020.

(8) Comunicado de prensa de 19 de junio de 2020 emitido por Europol titulado «Exploiting Isolation: sexual predators increasingly targeting children during COVID pandemic» (Explotar el aislamiento: los depredadores sexuales aumentan sus ataques a los niños durante la pandemia de COVID-19).