P9_TA(2022)0029

Banco Central Europeo — Informe Anual 2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el Banco Central Europeo — Informe Anual 2021 (2021/2063(INI))

(2022/C 342/05)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Informe Anual 2020 del Banco Central Europeo (BCE),

—	Vistos los comentarios del BCE sobre las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre el Informe Anual 2019 del BCE,

—	Vista la revisión de la estrategia del BCE iniciada el 23 de enero de 2020 y concluida el 8 de julio de 2021,

—	Vista la nueva estrategia de política monetaria del BCE, publicada el 8 de julio de 2021,

—	Vistos el plan de actuación del BCE y su hoja de ruta para seguir incorporando consideraciones climáticas en su marco de política monetaria, publicados el 8 de julio de 2021,

—	Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, y en particular sus artículos 2 y 15,

—	Vistos el artículo 123, el artículo 125, el artículo 127, apartados 1 y 2, el artículo 130 y el artículo 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—	Vistos los artículos 3 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—	Vistos los diálogos sobre política monetaria mantenidos con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el 18 de marzo, el 21 de junio, el 27 de septiembre y el 15 de noviembre de 2021,

—	Vistas las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona del euro, publicadas el 9 de septiembre de 2021,

—	Vistos los documentos ocasionales del BCE n.os 263 a 280, de septiembre de 2021, sobre la revisión de la estrategia de política monetaria,

—	Vista la encuesta del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro (de octubre de 2020 a marzo de 2021), publicada el 1 de junio de 2021,

—	Vistos el informe sobre un euro digital del BCE, publicado en octubre de 2020, el informe sobre la consulta pública sobre un euro digital del BCE, publicado en abril de 2021, y el proyecto de un euro digital del BCE, iniciado el 14 de julio de 2021,

—	Visto el documento ocasional del BCE n.o 201, de noviembre de 2017, titulado «The use of cash by households in the euro area» (Utilización del efectivo por los hogares en la zona del euro),

—	Vista la prueba de resistencia climática del conjunto de la economía realizada por el BCE en septiembre de 2021,

—	Vistas las previsiones económicas de otoño de 2021 de la Comisión, publicadas el 11 de noviembre de 2021,

—	Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (1),

—	Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas (2),

—	Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—	Visto el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,

—	Vistos los informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) acerca del calentamiento global de 1,5 oC, el cambio climático y la tierra, y el océano y la criosfera en un clima cambiante,

—

Visto el informe de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) titulado «Adapting central bank operations to a hotter world: Reviewing some options» (Adaptación de las operaciones de los bancos centrales al cambio climático: examen de algunas opciones), publicado el 24 de marzo de 2021,

—	Visto el artículo 142, apartado 1, de su Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0351/2021),

Considerando que, según las previsiones económicas del otoño de 2021 de la Comisión, en 2020, el PIB de la Unión se contrajo un 5,9 % y el de la zona del euro un 6,4 %; que se prevé un crecimiento del PIB del 5 % en 2021 y del 4,3 % en 2022, tanto en la Unión como en la zona del euro, y que persistan importantes diferencias de crecimiento entre los Estados miembros; que la incertidumbre y los riesgos en torno a las perspectivas de crecimiento son elevados y dependen de la evolución de la pandemia de COVID-19 y del ritmo al que la oferta se ajuste a la rápida recuperación de la demanda tras la reapertura de la economía; que la economía de la Unión en su conjunto recuperó su nivel de producción anterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2021, aunque el ritmo de recuperación es desigual en los distintos países; que unos niveles persistentemente elevados de inflación siguen siendo uno de los mayores riesgos a la baja para la recuperación;

Considerando que, de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas de septiembre de 2021 elaboradas por los expertos del BCE, se prevé que el PIB real mundial (excluida la zona del euro) aumente un 6,3 % en 2021, y que se desacelere posteriormente hasta el 4,5 % en 2022 y el 3,7 % en 2023; que la actividad mundial ya había superado su nivel anterior a la pandemia a finales de 2020;

Considerando que, según Eurostat, en septiembre de 2021, la tasa de desempleo de la Unión se situaba en el 6,7 %, y la de la zona del euro en el 7,4 %, con una distribución desigual en toda la Unión y dentro de los Estados miembros, y que las tasas de desempleo entre los jóvenes y las mujeres seguían siendo mucho más elevadas (15,9 % en la Unión y 16 % en la zona del euro y 7 % en la Unión y 7,7 % en la zona del euro, respectivamente); que la elevada tasa de desempleo juvenil sigue constituyendo un grave problema que debe resolverse en la Unión;

Considerando que, de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas de septiembre de 2021 elaboradas por los expertos del BCE, se prevé que la inflación anual en la zona del euro calculada sobre la base del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se sitúe, de media, en el 2,2 % en 2021, y se espera que se reduzca al 1,7 % en 2022 y al 1,5 % en 2023; que las previsiones de inflación muestran diferencias sustanciales dentro de la zona del euro; que la inflación alcanzó el 4,1 % en la zona del euro en octubre de 2021, lo que representa el nivel más alto en un decenio; que existe preocupación por el carácter temporal y transitorio de unas tasas de inflación más elevadas;

Considerando que, al acabar 2020, el balance del Eurosistema había alcanzado un máximo sin precedentes de 6 979 324 000 000 EUR, lo que supone un aumento de casi el 50 % (2 306 233 000 000 EUR) en comparación con las cifras de finales de 2019, como resultado de la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III), y de los valores adquiridos en el marco del programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) y del programa de compra de activos (APP);

Considerando que, en 2020, el beneficio neto del BCE fue de 1 643 000 000 EUR, frente a los 2 366 000 000 EUR de 2019; que este descenso se debió principalmente a la caída de los ingresos netos por intereses procedentes de los activos exteriores de reserva y de los valores mantenidos con fines de política monetaria, principalmente la importante caída del 50 % de los ingresos por intereses generados por la cartera en dólares estadounidenses, así como a la decisión del Consejo de Gobierno de transferir 48 000 000 EUR a la provisión para riesgos financieros del BCE;

G.	Considerando que, sin perjuicio del objetivo principal de estabilidad de los precios, el BCE también debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del TUE;

Considerando que las pymes son el pilar de la economía de la Unión y mejoran la cohesión económica y social, ya que representan el 99 % del tejido empresarial de la Unión, dan empleo a unos 100 millones de personas, generan más de la mitad del PIB de la Unión y desempeñan un papel clave al aportar valor añadido a todos los sectores de la economía; que las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19; que la evolución de las perspectivas económicas generales ha afectado negativamente a su acceso a la financiación; que, por ello, las pymes necesitan más apoyo;

Considerando que, el BCE, dentro de su mandato, se ha comprometido a contribuir a los objetivos del Acuerdo de París; que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias pueden dificultar la eficacia de la política monetaria, perjudicar al crecimiento y aumentar los precios y la inestabilidad macroeconómica; que, sin medidas enérgicas, los efectos negativos en el PIB de la Unión podrían ser graves;

Considerando que los costes de la vivienda representan casi una cuarta parte del gasto de los hogares en la EU-27; que más de dos tercios de la población de la Unión son propietarios de su vivienda; que los precios de la vivienda han sufrido un fuerte aumento de más del 30 % en el último decenio y que los alquileres han subido casi un 15 % en la Unión;

K.	Considerando que, según la encuesta del Eurobarómetro estándar del invierno 2020-2021, publicada el 23 de abril de 2021, el respaldo popular a la unión económica y monetaria europea con una única moneda, el euro, era del 79 % en la zona del euro;

L.	Considerando que solo dos de los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE son mujeres; que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la jerarquía del BCE;

Consideraciones generales

Acoge con satisfacción la labor del BCE para salvaguardar la estabilidad del euro; destaca que la independencia estatutaria del BCE, establecida en los Tratados, es indispensable para cumplir el mandato; subraya además que esta independencia no debe verse menoscabada, y siempre debe tener el complemento de un grado equivalente de rendición de cuentas;

Acoge con satisfacción la revisión de la estrategia de política monetaria del BCE, aprobada por unanimidad y anunciada el 8 de julio de 2021, que establece cómo lograr el objetivo principal de mantener la estabilidad de los precios y contribuir al logro de los objetivos de la Unión, que incluyen un crecimiento económico equilibrado y sostenible, una economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno empleo y al progreso y la convergencia sociales, y un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, sin perjuicio del objetivo principal de estabilidad de los precios; señala que se trata de la primera revisión de la estrategia en dieciocho años; celebra la decisión del BCE, expresada también por la presidenta Lagarde durante el diálogo sobre política monetaria celebrado el 27 de septiembre de 2021, de evaluar periódicamente la idoneidad de la estrategia de política monetaria, cuya próxima evaluación está prevista en 2025, mejorando así también el conocimiento y la participación del público en la política monetaria;

Expresa su preocupación por la crisis sanitaria, social y económica sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas de contención, que han dado lugar a una fuerte contracción de la economía de la zona del euro, especialmente en países ya vulnerables, a un acusado aumento de las desigualdades económicas y sociales y a un rápido deterioro de las condiciones del mercado laboral; manifiesta su especial preocupación por el efecto de la pandemia de COVID-19 en las pymes; acoge con satisfacción las amplias medidas de apoyo público adoptadas como respuesta por la Unión; señala que la actividad económica en la zona del euro se está recuperando antes de lo previsto, aunque la velocidad, la magnitud y la uniformidad de la recuperación siguen siendo inciertas;

Subraya que el crecimiento sostenible, la resiliencia y la estabilidad de los precios pueden lograrse mediante una respuesta global, incluidas una combinación calibrada de política monetaria, una política fiscal discrecional y de apoyo, y unas reformas e inversiones socialmente equilibradas y que fomenten la productividad; respalda el llamamiento de la presidenta Lagarde en favor de una plena armonización de las políticas fiscales y monetarias para hacer frente a la crisis de la COVID-19, haciendo hincapié al mismo tiempo en la independencia del BCE;

Toma nota de la declaración de la presidenta del BCE de 10 de junio de 2021 en el sentido de que «una orientación fiscal ambiciosa y coordinada sigue siendo crucial, puesto que una retirada prematura del apoyo fiscal podría debilitar la recuperación y agravar las secuelas a largo plazo»; reconoce la importancia de las políticas fiscales europeas y nacionales a la hora de ayudar a los hogares y las empresas más gravemente afectados por la pandemia; constata los distintos ritmos de recuperación de los países de la zona del euro, lo que podría dar lugar a una Europa a varias velocidades una vez superada la pandemia; recuerda que el apoyo presupuestario y la política monetaria no deben desincentivar las reformas e inversiones destinadas a revitalizar la economía de la Unión, impulsar el crecimiento sostenible e integrador, catalizar la transición ecológica y reforzar la autonomía y la competitividad de Europa;

Toma nota de la declaración de la presidenta Lagarde en el sentido de que una capacidad fiscal central podría ayudar a dirigir la orientación de la política fiscal agregada de la zona del euro y garantizar una combinación de políticas macroeconómicas más adecuada, y que las reformas estructurales en los Estados de la zona del euro son importantes para impulsar la productividad y el potencial de crecimiento de la zona del euro, reducir el desempleo estructural y aumentar la resiliencia; subraya la importancia de proporcionar una función de estabilización anticíclica y un apoyo oportuno y adecuado en caso de que se produzcan perturbaciones económicas, además de financiar la transición ecológica; destaca la importancia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para hacer frente a las perturbaciones económicas y sociales causadas por la crisis de la COVID-19;

Celebra que ya se haya iniciado el debate sobre el futuro del marco de gobernanza económica de la Unión;

Política monetaria

Acoge con satisfacción la respuesta rápida y sustancial del BCE en materia de política monetaria a la crisis de la COVID-19 en un contexto de emergencia; reconoce la repercusión positiva de dicha respuesta en la situación económica de la zona del euro, que incluye la introducción del PEPP, la flexibilización de los criterios de admisibilidad y garantía y la oferta de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III), así como las operaciones de financiación a plazo más largo de emergencia frente a la pandemia (PELTRO); recuerda la intención del BCE de mantener su apoyo durante el tiempo que considere necesario para cumplir su mandato; acoge con satisfacción, además, la decisión del BCE de mantener algunos instrumentos, como la orientación futura, la adquisición de activos y las operaciones de financiación a plazo más largo, como parte integrante de sus herramientas; pide al BCE que siga garantizando y supervisando la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de sus medidas de política monetaria;

Toma nota de la decisión del BCE de aumentar la dotación inicial del PEPP de 750 000 000 000 EUR a 1 850 000 000 000 EUR; señala que el BCE continuará las adquisiciones netas de activos en el marco del PEPP hasta que finalice la crisis de la COVID-19 y, en cualquier caso, como mínimo, hasta finales de marzo de 2022; constata que el BCE ha ralentizado recientemente el ritmo de las adquisiciones netas de activos en el marco del PEPP, sobre la base de la posición de su Consejo de Gobierno de que las condiciones de financiación favorables se pueden mantener con un ritmo ligeramente inferior; destaca la declaración de la presidenta Lagarde de 10 de junio de 2021 en el sentido de que «cualquier debate sobre la salida del PEPP […] sería prematuro, es demasiado pronto y llegará a su debido tiempo»; pide al BCE que prosiga las compras en el marco del PEPP durante el tiempo que considere necesario para cumplir su mandato; toma nota de la intención del BCE de examinar una mayor calibración de la compra de activos; observa igualmente la declaración de la presidenta Lagarde de que, incluso después del final previsto de la emergencia por la pandemia, seguirá siendo importante que la política monetaria, incluida la calibración adecuada de la compra de activos, apoye la recuperación en toda la zona del euro y el retorno sostenible de la inflación al objetivo del 2 %;

10.

Toma nota de la decisión del BCE de comprar con flexibilidad en el marco del PEPP con vistas a evitar un endurecimiento de las condiciones de financiación que sea incompatible con las medidas para contrarrestar el impacto a la baja de la pandemia, apoyando al mismo tiempo la transmisión fluida de la política monetaria;

11.

Toma nota de que las compras netas de activos en el marco del APP continúan a un ritmo mensual de 20 000 000 000 EUR; observa asimismo que las adquisiciones en virtud del APP se llevarán a cabo durante el tiempo necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos de interés y finalizarán antes de que comience a subir los tipos de interés básicos; recuerda que el APP, el programa previo a la pandemia, seguirá operativo a un ritmo constante;

12.

Acoge con satisfacción la inclusión de los bonos griegos en el PEPP; señala, no obstante, que todavía no son admisibles en el marco del programa de compras de valores del sector público, pese a los importantes progresos realizados; invita al BCE a que vuelva a evaluar la admisibilidad de los bonos griegos en el marco de este último programa y que presente recomendaciones específicas con suficiente antelación a la finalización del PEPP para su inclusión en el programa de compras de valores del sector público;

13.

Toma nota de la decisión del BCE de seguir reinvirtiendo los pagos del principal de los valores que venzan adquiridos en el marco del PEPP, como mínimo, hasta finales de 2024 y de seguir reinvirtiendo, en su totalidad, los pagos del principal de los valores que venzan adquiridos en el marco del APP durante un período de tiempo prolongado, hasta después de la fecha en que comience a subir los tipos de interés básicos del BCE y, en cualquier caso, durante el tiempo que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de expansión monetaria;

14.

Observa que el importe de las operaciones de financiación del Eurosistema aumentó a 1 850 000 000 000 EUR a finales de 2020, debido principalmente a la TLTRO III; observa, además, que el vencimiento medio ponderado de las operaciones de financiación en curso del Eurosistema aumentó a unos 2,4 años a finales de 2020;

15.

Acoge con satisfacción la decisión del BCE de seguir proporcionando liquidez a través de sus operaciones de financiación; reconoce que la financiación obtenida a través de la TLTRO III desempeña un papel crucial a la hora de facilitar la concesión de préstamos bancarios a las empresas y los hogares; subraya, no obstante, que, en algunos casos, solo una proporción muy pequeña de estas inyecciones de liquidez ha aumentado la concesión de préstamos bancarios a la economía real, especialmente a las pymes; pide al BCE que garantice que estas medidas faciliten verdaderamente la financiación de la economía real;

16.

Señala la decisión del BCE sobre un nuevo objetivo de inflación simétrico del 2 % a medio plazo y de su compromiso de mantener una orientación de política monetaria persistentemente acomodaticia para cumplir su objetivo de inflación; considera que la ausencia de una referencia aritmética complica la interpretación de las desviaciones del objetivo; observa que la orientación de la estrategia de política monetaria a medio plazo permite inevitables desviaciones a corto plazo de la inflación respecto del objetivo; invita al BCE a reflexionar, si procede, sobre cómo el aumento de la inflación podría afectar a la orientación de su política monetaria;

17.

Expresa su preocupación por la tasa de inflación en la zona del euro, que aumentó, en enero de 2022, al nivel máximo de los últimos diez años, un 5,1 %, oscilando entre el 3,3 % y el 12,2 % en los distintos Estados miembros, impulsada por una serie de factores como el efecto base de los precios de la energía, los cuellos de botella de la cadena de suministro y la recuperación tras una terrible recesión; subraya que los aumentos de la inflación más allá del valor definido pueden ser especialmente perjudiciales para los sectores más pobres de la población y dar lugar a un incremento de las desigualdades económicas y sociales; recuerda que la inflación se ha mantenido en el último decenio muy por debajo del objetivo del 2 %; pide al BCE que supervise estrechamente estas tendencias y sus consecuencias, y que, si es necesario, tome medidas para salvaguardar la estabilidad de los precios; se hace eco del llamamiento de la presidenta Lagarde para que la política monetaria siga centrada en sacar a la economía de la emergencia pandémica; toma nota de que, según la encuesta a expertos en previsión económica realizada por el BCE, las expectativas de inflación a medio plazo siguen firmemente ancladas en el objetivo, mientras que algunos instrumentos de mercado implican un repunte de las expectativas de inflación a medio plazo;

18.

Considera que el BCE podría examinar instrumentos alternativos de política monetaria que puedan fomentar las inversiones públicas y privadas;

19.

Toma nota de las expectativas del BCE de que los tipo de interés básicos se mantengan en los niveles actuales, o en niveles inferiores, hasta que se observe que la inflación alcanza el 2 % bastante antes del final de su período de previsión y de forma duradera el resto de dicho período; subraya que unos tipos de interés bajos pueden ofrecer oportunidades a los consumidores, las empresas —incluidas las pymes—, los trabajadores y los prestamistas, que pueden beneficiarse de un impulso económico más vigoroso, de un menor desempleo y de menores costes de endeudamiento; manifiesta, no obstante, su preocupación por las posibles repercusiones de los bajos tipos de interés en el número de empresas inviables y muy endeudadas, en los incentivos a las reformas e inversiones que fomenten el crecimiento y la sostenibilidad, y en los sistemas de pensiones y seguros;

20.

Celebra la decisión del BCE de recomendar la elaboración de una hoja de ruta para incluir los costes relacionados con las viviendas ocupadas por sus propietarios en el IPCA a fin de representar mejor la tasa de inflación comparable y relevante para los hogares, ya que los costes de la vivienda han ido continuamente en aumento, y diseñar operaciones de política monetaria mejor fundamentadas; considera, no obstante, que el IPCA en su definición actual refleja la evolución del gasto real realizado por los hogares en bienes o servicios; considera que las metodologías destinadas a aislar el componente de inversión del componente de consumo deben garantizar que se capte adecuadamente el impacto real del notable aumento del precio de la vivienda en los gastos de los consumidores; reconoce que incluir estos costes constituye un proyecto plurianual; subraya que dicha medida podría dar lugar a un aumento de los índices de precios y, al menos temporalmente, a una inflación superior al objetivo a medio plazo, reduciendo así el margen de maniobra del BCE; pide al BCE que se prepare para estos riesgos y los afronte eficazmente;

21.

Reconoce la necesidad de una mayor armonización de los métodos de ajuste de la calidad en el IPCA y de más transparencia en relación con el ajuste de la calidad en los Estados miembros;

Medidas contra el cambio climático

22.

Recuerda que el BCE, como institución de la Unión, está vinculado por los compromisos de esta con arreglo al Acuerdo de París; hace hincapié en que para hacer frente a la emergencia climática y de biodiversidad es necesario que el BCE adopte un enfoque integrado que debe reflejarse en todas sus políticas, decisiones y operaciones, y debe además cumplir su mandato de apoyar las políticas económicas generales de la Unión, concretamente en este caso la consecución de una economía climáticamente neutra a más tardar en 2050, tal como se prevé en la Ley Europea del Clima; considera que el BCE debe utilizar todos los instrumentos a su disposición para combatir y mitigar los riesgos relacionados con el clima;

23.

Estima que mantener la estabilidad de los precios podría contribuir a crear las condiciones adecuadas para la aplicación del Acuerdo de París;

24.

Toma nota de la primera prueba de resistencia climática del BCE en el conjunto de la economía; constata que los resultados indican que, sin medidas enérgicas, los efectos negativos en el PIB de la Unión podrían ser graves; celebra, por tanto, el compromiso del BCE de llevar a cabo pruebas de resistencia climática periódicamente, tanto en el conjunto de la economía como para bancos concretos;

25.

Toma nota de que el BCE desarrollará indicadores sobre la exposición de las entidades financieras a los riesgos físicos relacionados con el clima a través de sus carteras, incluidos indicadores de la huella de carbono, además de modelos macroeconómicos y análisis de escenarios para integrar los riesgos climáticos en los modelos del BCE y evaluar su impacto en el crecimiento potencial; celebra que el BCE vaya a realizar análisis de escenarios en relación con las políticas de transición;

26.

Acoge con satisfacción el nuevo plan de actuación del BCE y su detallada hoja de ruta de acciones relacionadas con el cambio climático para seguir incorporando consideraciones climáticas en su marco de política monetaria y en sus modelos; observa, no obstante, que se centra en los riesgos relacionados con el clima y pone de relieve el principio de doble significatividad, que es una parte central del marco de finanzas sostenibles de la Unión;

27.

Recuerda que el concepto de neutralidad de mercado está relacionado con el principio del Tratado de «una economía de mercado abierta y de libre competencia»; pide al BCE que, dentro del respeto de su independencia, aborde las deficiencias del mercado y garantice una asignación eficiente de los recursos a largo plazo, manteniéndose al mismo tiempo lo más apolítico posible y respetando el principio de neutralidad del mercado; señala que el BCE ya se ha apartado de la neutralidad de mercado en varias ocasiones;

28.

Acoge con satisfacción el hecho de que las compras de bonos verdes y su proporción en la cartera del BCE sigan aumentando; considera, no obstante, que la proporción es especialmente baja si se tienen en cuenta las necesidades de la transición ecológica; invita al BCE a acelerar su labor para aumentar el porcentaje de bonos verdes en su cartera; celebra la creación del estándar de bonos verdes europeos y el respaldo del BCE a este respecto; toma nota, en este sentido, de la decisión del BCE de utilizar parte de su cartera de fondos propios para invertir en el fondo de inversión en bonos verdes denominados en euros para bancos centrales (EUR BISIP G2); pide al BCE que, mientras tanto, estudie los posibles efectos de los bonos verdes en la estabilidad de los precios;

29.

Toma nota de que los bonos con estructuras de cupón vinculadas a la consecución de determinados objetivos de sostenibilidad que estén relacionados con uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre la taxonomía de la Unión (3) o con uno o varios de los ODS de las Naciones Unidas asociados al cambio climático o a la degradación del medio ambiente son admisibles a partir del 1 de enero de 2021 como activos de garantía en las operaciones de crédito del Eurosistema, así como para las compras simples con fines de política monetaria del Eurosistema, siempre que cumplan todos los demás criterios de admisibilidad;

30.

Toma nota de que el BCE adopta medidas para incorporar los riesgos relacionados con el clima en su marco de garantías, pero advierte de los retrasos en su aplicación; celebra el compromiso del BCE de examinar las metodologías de las agencias de calificación crediticia y la información que publican, así como de evaluar cómo incorporan el riesgo del cambio climático en las calificaciones crediticias; expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que el BCE siga confiando excesiva y exclusivamente en agencias externas de calificación crediticia privadas para la evaluación de riesgos; pide al BCE que amplíe su capacidad interna en materia de evaluaciones de riesgos relacionadas con el clima y la biodiversidad;

31.

Observa con preocupación que algunos programas de refinanciación y de adquisición de activos del BCE han apoyado indirectamente actividades hipercarbónicas;

32.

Acoge con satisfacción que el BCE se prepare para ajustar sus programas de compra de activos corporativos al Acuerdo de París, con miras a reducir la intensidad de carbono de su cartera, pero advierte de los retrasos en este sentido;

33.

Pide al BCE, como miembro de la NGFS, que se base en las nueve opciones evaluadas por la NGFS para que los bancos centrales tengan en cuenta los riesgos relacionados con el clima en su marco operativo sobre operaciones de crédito, garantías y compras de activos; pide al BCE que refuerce su cooperación con las redes internacionales en materia de cambio climático, también fuera de la NGFS, y que mejore el diálogo con la sociedad civil, a fin de reforzar el papel de la Unión como líder mundial en el ámbito de las finanzas sostenibles y la acción por el clima;

34.

Acoge con satisfacción los esfuerzos del BCE por controlar y reducir su huella medioambiental; celebra la creación de un centro para el cambio climático que aglutine el trabajo sobre cuestiones climáticas en diferentes departamentos del BCE; espera que el BCE intensifique su labor para incorporar efectivamente las consideraciones climáticas en su actividad ordinaria;

Otros aspectos

35.

Subraya el papel fundamental de las microempresas y las pymes como pilares de la economía de la Unión, la convergencia económica y social y el empleo; destaca que las microempresas y las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, que ha provocado un grave deterioro de su volumen de negocios y su competitividad, sus esfuerzos para completar con éxito la transición ecológica y su acceso a la financiación; señala la necesidad de fomentar las inversiones públicas y privadas en la Unión y pide, por tanto, al BCE que mantenga sus esfuerzos para facilitar el acceso a la financiación para microempresas y pymes;

36.

Acoge con satisfacción el continuo apoyo del BCE a la rápida culminación de la unión bancaria, y hace hincapié en los riesgos que plantean los importantes retrasos; toma nota del apoyo del BCE a la creación de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (SESD) con todos sus elementos; reconoce que la distribución y la reducción de riesgos están interrelacionadas y que los sistemas institucionales de protección desempeñan un papel clave a la hora de proteger y estabilizar a las instituciones miembros;

37.

Acoge con satisfacción los progresos realizados hasta la fecha en la reducción del número de préstamos no rentables; pide que se introduzcan medidas de protección jurídica adecuadas frente a los embargos para los deudores hipotecarios en el ámbito de la Unión;

38.

Pide al BCE que estudie las posibilidades de reforzar el papel internacional del euro; toma nota de que hacer que el euro resulte más atractivo como moneda de reserva aumentará aún más su uso internacional e incrementará la capacidad de la Unión para definir sus orientaciones políticas de manera independiente, elemento fundamental para salvaguardar la soberanía económica europea; destaca que la creación de un activo seguro europeo bien diseñado podría facilitar la integración financiera y ayudar a mitigar los bucles de retroalimentación negativos entre la deuda soberana y los sectores bancarios nacionales; subraya que para reforzar el papel del euro es necesario profundizar y completar la unión económica y monetaria europea;

39.

Acoge con satisfacción que, en 2020, el número de billetes de euro falsificados haya disminuido hasta su nivel más bajo desde 2003 (17 por millón); pide al BCE que refuerce la lucha contra la falsificación y su cooperación con Europol, Interpol y la Comisión Europea en pos de este objetivo; invita al BCE, sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros, a crear un sistema para hacer un mejor seguimiento de las grandes transacciones, a fin de luchar contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada;

40.

Acoge con satisfacción la decisión del BCE de iniciar una fase de investigación de veinticuatro meses de duración del proyecto de un euro digital; pide al BCE que aborde efectivamente las expectativas y las preocupaciones planteadas durante la consulta pública sobre un euro digital, entre las que figuran la privacidad, la seguridad, la capacidad de pago en toda la zona del euro, la ausencia de costes adicionales y la facilidad de uso fuera de línea; señala que esta fase de investigación no prejuzgará ninguna decisión sobre la posible emisión de un euro digital; reitera que un euro digital no constituye un criptoactivo; señala que un euro digital ha de promover la inclusión financiera y debe ofrecer una mayor privacidad de los datos y seguridad jurídica para los consumidores y las empresas; se muestra de acuerdo con el BCE en que un euro digital tendría que satisfacer, por tanto, diversos requisitos mínimos, entre ellos, la robustez, la seguridad, la eficiencia y la protección de la privacidad; invita al BCE a alinearse estrechamente con el Parlamento y a intercambiar información con él sobre los avances logrados durante la fase de investigación;

41.

Reitera su gran preocupación por los riesgos que suponen para la estabilidad financiera, la política monetaria y la protección de los consumidores las criptomonedas estables privadas;

42.

Recuerda que los pagos en efectivo son un medio de pago muy importante para los ciudadanos de la Unión y que no deben verse amenazados por un euro digital; observa que el número y el valor de los billetes de euro en circulación aumentaron en torno al 10 % en 2020; toma nota de la estrategia de efectivo 2030 del Eurosistema, cuyo objetivo es garantizar que todos los ciudadanos y las empresas de la zona del euro sigan teniendo un buen acceso a los servicios de efectivo y que el efectivo siga siendo un medio de pago ampliamente aceptado, abordando al mismo tiempo los elementos de reducción de la huella ecológica de los billetes en euros y desarrollando billetes innovadores y seguros; muestra su preocupación por la reducción de la red bancaria en algunos Estados miembros; considera que tales prácticas pueden limitar significativamente la igualdad de acceso a servicios y productos financieros esenciales;

43.

Pone de relieve que el sector financiero experimenta una considerable transformación impulsada por la innovación y la digitalización; subraya que esta transformación plantea un mayor riesgo de perturbaciones externas, como los ciberataques contra el sector financiero y bancario; acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del BCE por reforzar sus capacidades de respuesta y recuperación en caso de ciberataques, en consonancia con la nueva política europea de ciberdefensa; reitera su preocupación por la interrupción del servicio que afectó gravemente al sistema TARGET2 y TARGET2-Securities en 2020; acoge con satisfacción la revisión independiente de estos incidentes y observa que una serie de hallazgos fueron calificados con una gravedad «alta»; celebra la aceptación por parte del Eurosistema de las conclusiones generales y su compromiso de aplicar las recomendaciones de la revisión; pide al BCE que garantice la estabilidad duradera de infraestructuras sensibles como el sistema TARGET2 y que siga intensificando sus esfuerzos en el ámbito de la ciberseguridad y que continúe promoviendo la ciberresiliencia de las infraestructuras de los mercados financieros;

44.

Toma nota de la divergencia en los saldos de TARGET2 dentro del Sistema Europeo de Bancos Centrales; toma nota de que se cuestiona la interpretación de estas divergencias;

45.

Pide al BCE que vele por un equilibrio adecuado entre la autorización de innovaciones financieras reglamentarias en el ámbito de la tecnología financiera y la garantía de estabilidad financiera; pide además al BCE que intensifique su supervisión del desarrollo de las criptomonedas a fin de evitar efectos perjudiciales y los riesgos conexos en materia de estabilidad financiera, política monetaria y funcionamiento y seguridad de las infraestructuras de mercado y de los pagos; hace hincapié en que el desarrollo de los criptoactivos puede plantear riesgos adicionales en materia de ciberseguridad, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el anonimato que ofrecen los criptoactivos; señala que estos riesgos pueden mitigarse mediante una legislación adecuada, como el próximo Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos; toma nota de la intención del BCE de desarrollar y aplicar una respuesta estratégica para mitigar el posible impacto adverso de las criptomonedas estables en el panorama financiero y de pagos de la Unión;

46.

Recuerda el apoyo del BCE a la aplicación de Basilea III, ya que esto reduciría el riesgo de una crisis bancaria y, por tanto, mejoraría la estabilidad financiera en la Unión;

47.

Expresa su preocupación por las cláusulas y prácticas abusivas empleadas por el sector bancario en los contratos celebrados con los consumidores en algunos Estados miembros y subraya la necesidad de que todos los Estados miembros apliquen de forma efectiva y rápida la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (4); invita al BCE a contribuir activamente a ello utilizando todos los medios a su disposición con vistas a garantizar una competencia leal;

48.

Observa que Bulgaria y Croacia se adhirieron al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en 2020, convirtiéndose así en los primeros países fuera de la zona del euro que participan en la supervisión bancaria europea; toma nota de la representación equitativa de sus bancos nacionales en el Consejo de Supervisión del BCE; toma nota también de la inclusión de la leva búlgara y de la kuna croata en el mecanismo de tipos de cambio (MTC II) como una de las condiciones previas para la adopción del euro;

49.

Acoge con satisfacción los esfuerzos del BCE por garantizar la estabilidad de los mercados financieros ante todas las posibles contingencias y consecuencias negativas relacionadas con la retirada del Reino Unido de la Unión, en particular para las regiones y los países más directamente afectados;

Transparencia, rendición de cuentas e igualdad de género

50.

Acoge con satisfacción los comentarios significativos y detallados proporcionados por el BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el Informe Anual 2019 del BCE; pide al BCE que dé continuidad a este compromiso de rendición de cuentas y que siga publicando por escrito cada año sus observaciones a la Resolución del Parlamento sobre el Informe Anual del BCE;

51.

Subraya la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del BCE; reitera su llamamiento al BCE para que actúe rápidamente iniciando negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional formal lo antes posible, garantizando de este modo que su independencia vaya acompañada de su rendición de cuentas; pide al BCE que aumente la cooperación y el intercambio de información y que mejore la transparencia respecto al Parlamento Europeo y la sociedad civil mediante la publicación de informes en todas las lenguas de la Unión y mediante la iniciativa «El BCE te escucha»;

52.

Toma nota del vigente Reglamento del personal del BCE respecto a los posibles conflictos de intereses del personal y alienta a que se aplique ampliamente dicho Reglamento; reconoce las medidas adoptadas por el BCE, como la adopción del Código de Conducta único para altos cargos del BCE y la decisión de publicar los dictámenes del Comité Deontológico dirigidos a los actuales miembros del Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno y el Consejo de Supervisión que se han emitido desde la entrada en vigor del Código de Conducta único;

53.

Celebra la publicación por parte del BCE de las tenencias totales al coste amortizado en el marco del programa de compras de bonos de titulización de activos (ABSPP) y bonos garantizados (CBPP3) y de los desgloses de las tenencias adquiridas en los mercados primario y secundario, así como las estadísticas de tenencias totales para estos programas;

54.

Celebra que el BCE revele todos los beneficios obtenidos por el Eurosistema a través del Programa para Mercados de Valores (PMV) y de las tenencias totales del Eurosistema en el ámbito del PMV por país emisor (Irlanda, Grecia, España, Italia y Portugal); pide a los Estados miembros que sigan este ejemplo en lo que respecta a los acuerdos sobre activos financieros netos (ANFA);

55.

Reitera su petición de que el BCE garantice la independencia de los miembros de su Comité de Auditoría, así como de su Comité Deontológico; insta al BCE a que revise el funcionamiento del Comité Deontológico a fin de evitar los conflictos de intereses; pide al BCE que revise su período de incompatibilidad para los miembros salientes;

56.

Toma nota de que más del 90 % de los miembros de los grupos consultivos del BCE pertenecen al sector privado, lo que podría provocar sesgos, conflictos de intereses y la captura del regulador en el proceso de elaboración de políticas;

57.

Acoge con satisfacción la mejora del marco interno de comunicación de infracciones del BCE; pide al BCE que garantice la integridad y eficiencia de la nueva herramienta interna para facilitar una notificación realmente sencilla y segura de posibles incumplimientos de los deberes profesionales, comportamientos inadecuados u otras irregularidades, así como facilitar una protección real a denunciantes y testigos, tal como se prevé en la Directiva sobre la protección de denunciantes (5);

58.

Reconoce los esfuerzos que está realizando el BCE para mejorar la comunicación con el Parlamento; está de acuerdo también con la presidenta Lagarde en que el BCE debe modernizar su comunicación con los ciudadanos en cuanto a sus políticas y las repercusiones de estas; señala que, según una encuesta pertinente del Eurobarómetro, solo el 40 % de los encuestados de la zona del euro tiende a confiar en el BCE; pide al BCE que siga entablando un diálogo constructivo con los ciudadanos para explicar sus decisiones y escuchar las preocupaciones de la ciudadanía; celebra, a este respecto, que la presidenta Lagarde anunciara, durante el diálogo sobre política monetaria celebrado el 27 de septiembre de 2021, la decisión de convertir los actos de divulgación en una característica estructural de la interacción del BCE con el público;

59.

Toma nota de la decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la participación del presidente del BCE y de los miembros de sus órganos decisorios en el «Grupo de los 30» (asunto 1697/2016/ANA), a fin de garantizar la plena transparencia y la confianza del público en la independencia del BCE;

60.

Lamenta que solo dos miembros del Comité Ejecutivo del BCE y solo dos de los veinticinco miembros del Consejo de Gobierno del BCE son mujeres, y expresa su grave preocupación ante este hecho; reitera que los nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo deben prepararse cuidadosamente y adoptar un enfoque equilibrado de género, con plena transparencia y conjuntamente con el Parlamento, en consonancia con los Tratados; recuerda que, de conformidad con el apartado 4 de la Resolución del Parlamento, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión, el Parlamento se ha comprometido a no tomar en consideración las listas de candidatos que no respeten el principio de equilibrio de género; anima al BCE a seguir avanzando en este sentido; pide a los países miembros de la zona del euro que incorporen plenamente el principio de igualdad de género en su procesos de nombramiento y que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los géneros en el cargo de gobernador de sus bancos centrales nacionales;

61.

Lamenta que el desequilibrio de género persista también en toda la estructura organizativa del BCE, especialmente en el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos superiores; señala que, a finales de 2019, el porcentaje de mujeres en todos los cargos directivos del BCE aumentó a un 30,3 % y en cargos directivos superiores a un 30,8 %; invita al BCE a adoptar más medidas; acoge con satisfacción, en este sentido, la nueva estrategia del BCE para seguir mejorando el equilibro de género de su personal en todos los niveles, incluidos el objetivo de contratar a mujeres para cubrir como mínimo la mitad de los nuevos puestos disponibles en todos los niveles y la meta de aumentar la proporción de mujeres en los distintos niveles a entre un 40 % y un 51 % a más tardar en 2026; pide al BCE que fomente aún más la participación de las mujeres y que promueva activamente una representación de género equilibrada en todos sus puestos en toda la jerarquía organizativa;

o o

62.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 23 de 21.1.2021, p. 105.

(2) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0277.

(3) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

(4) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

(5) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).