16.3.2023   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/61


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación socioeconómica en América Latina tras la crisis de la COVID-19: el papel de la sociedad civil en el proceso de recuperación»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 100/09)

Ponente:

Josep PUXEU ROCAMORA

Decisión de la Asamblea

20.1.2022

Base jurídica

Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Relaciones Exteriores

Aprobado en sección

16.11.2022

Aprobado en el pleno

15.12.2022

Pleno n.o

574

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

159/2/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Los esfuerzos deben centrarse en mejorar el diálogo y afianzar la cooperación entre las dos regiones en una perspectiva de horizontalidad y diálogo multinivel.

1.2.

La relación birregional se fortalece alrededor de los valores y objetivos compartidos. Sin embargo, también necesita ser atractiva en términos de recursos, transferencia de tecnología y resultados y en su dimensión social

1.3.

En el marco de la competencia geopolítica de la UE y América Latina, el establecimiento de la autonomía estratégica permite reforzar la cooperación birregional y la apuesta por el multilateralismo y fortalecer la presencia y relevancia internacional en temas estratégicos.

1.4.

Una de las características más importantes de la vulnerabilidad en América Latina es la baja calidad de los puestos de trabajo. La recuperación debe centrarse en impulsar la creación de puestos de trabajo más formales y dignos, mejorar la formación profesional y las políticas sectoriales y promover el salario mínimo y la negociación colectiva, todo ello en el marco del diálogo social.

1.5.

Europa y América Latina apuestan por la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad ambiental, lo que implica velar por que la sociedad civil cuente con la protección y las garantías necesarias para desempeñar un rol predominante en el desarrollo y superación de las crisis y para promover el necesario diálogo para un nuevo contrato social.

1.6.

Es indispensable mantener el principio de «no dejar a nadie atrás» y reconsiderar la vulnerabilidad en términos no solo de renta, sino de su impacto en distintos grupos de población: mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, entre otros. Las sociedades civiles organizadas de forma libre y democrática son el mejor instrumento para que esta afirmación deje de ser una mera declaración y se convierta en realidad.

1.7.

La tensión social en América Latina y las amenazas a la democracia en todo el mundo ponen de relieve la necesidad de replantear el desarrollo con más y mejores políticas, mayor inclusión y pluralismo y entendiendo las fuentes profundas del descontento para encauzarlas hacia el bienestar social. Europa y América Latina pueden ser socios en una alianza por la democracia, la sostenibilidad, la justicia social y el multilateralismo (1).

1.8.

Europa y América Latina deben ser socios en una alianza en defensa de la democracia y de unas economías y sociedades más justas e igualitarias, una alianza que refuerce el multilateralismo y asuma plenamente la necesidad de proteger el medio ambiente. Esta alianza requiere el pleno reconocimiento y la participación, entre otros, de sus sociedades civiles organizadas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones medioambientales.

2.   Observaciones generales

2.1.

En América Latina hay una progresiva desaceleración económica tras la finalización del ciclo expansivo de las materias primas. Antes de la crisis del coronavirus, el crecimiento promedio era solo del 0,3 %. De hecho, el período 2014-2020 fue el de menor crecimiento económico en siete décadas, mientras que la deuda pública alcanza cifras récord.

2.2.

La crisis sanitaria causada por el coronavirus tuvo graves consecuencias en la región, superando el promedio de casos y muertes mundial. Esto impuso una gran carga a los sistemas de salud, que ya tenían dificultades para atender enfermedades endémicas e incluso para la atención primaria (2). La crisis de la COVID-19 solo ha puesto de relieve los efectos negativos de las políticas aplicadas durante décadas (por ejemplo, recortes en los presupuestos sanitarios, reducción de personal, falta de inversión en infraestructuras), que han resultado ineficaces para afrontar el reto que suponía el virus.

2.3.

Frente a la crisis pandémica, la mayor parte de los países se anticiparon con restricciones a la movilidad y preparando ayudas y transferencias para los sectores vulnerables. Además, se implementaron políticas fiscales y monetarias contracíclicas sin precedentes (3). A pesar de ello, las pérdidas humanas, económicas y de inclusión social son altas dada la debilidad estructural y la limitación fiscal de las medidas de respuesta.

2.4.

La inflación media de la región viene aumentando: alcanzó en 2021 el 9,8 % y en 2022, agravada por el efecto de la guerra, la expectativa es de 11,2 % (4). Esto profundiza las brechas que limitan el desarrollo.

2.5.

América Latina se enfrenta a las denominadas «trampas del desarrollo» (5).

2.5.1.

La trampa de la productividad supone la necesidad de estructuras económicas diversificadas y productos y servicios más sofisticados. La reprimarización no garantiza una adecuada inserción en cadenas mundiales de valor y genera pocos incentivos para invertir. Además, la pandemia afectó especialmente a las microempresas y pymes, que tienen más dificultad para adoptar nuevas tecnologías, mientras que la guerra debilita al sector agrario.

2.5.2.

Superar la trampa de la vulnerabilidad social implica mejorar las instituciones laborales y de protección social donde se necesita crear más empleos formales de carácter inclusivo y puestos de trabajo de mejor calidad para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad, el ingreso volátil y la escasa protección social.

2.5.3.

Para resolver la trampa institucional se necesitan mejores instituciones y políticas de inclusión para restituir la confianza, mejorar la calidad de los servicios públicos, responder a las aspiraciones de una clase media amplia y fortaleza para resistir pulsiones populistas y autoritarias.

2.5.4.

La trampa de la vulnerabilidad ambiental se asienta en el sesgo productivo hacia sectores intensivos en recursos naturales y supone asumir los altos costes de ajustar el modelo caracterizado por altas emisiones de carbono y la explotación de recursos no renovables.

2.6.

Los problemas estructurales y trampas del desarrollo (6) afectan a la recuperación económica y laboral. El PIB regional sufrió una contracción del 6,8 % en 2020 (7). En 2021 el crecimiento promedio fue del 6,1 %, y en 2022 se espera que la región solo crezca un 2,1 %, lo cual se considera insuficiente para compensar la agudización de los males estructurales. La situación empeora con la crisis generada por la agresión rusa a Ucrania y el aumento en el precio de los combustibles fósiles, los insumos agrícolas y los alimentos, a pesar de que algunos países han reforzado su oferta de bienes primarios para exportación.

3.   Impacto social y económico de la pandemia y la guerra

3.1.

De los 22 millones de empleos perdidos en 2020 aún falta recuperar 4,5 millones, destacando los menos cualificados, el empleo femenino, el juvenil y el informal. Entre 2019 y 2020, la tasa de participación femenina en el empleo disminuyó del 51,4 % en 2019 al 46,9 % en 2020. La pérdida de empleos en el sector doméstico (20,9 %) afectó a entre 11 y 13 millones de mujeres en 2019 (8).

3.2.

La región ha perdido más de una década en términos de reducción de la pobreza y se puede encontrar ante una nueva década perdida (9). En 2021, la tasa de pobreza llegó al 32,1 % y la pobreza extrema alcanza el 13,8 %. El número de personas pobres se eleva a 201 millones y el número de personas en pobreza extrema ha aumentado de 81 a 86 millones.

3.3.

Las crisis sanitaria e inflacionaria evidencian la vulnerabilidad de la población de ingresos medios, caracterizada por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y baja cobertura de la protección social no contributiva (10). La economía informal ha disminuido, pero aún genera 140 millones de puestos de trabajo, especialmente de trabajadores agrícolas, mujeres y jóvenes. Esto significa mayor vulnerabilidad, menor movilidad social y menor capacidad recaudatoria y protectora por parte del Estado.

3.4.

La pandemia tuvo gran impacto en niños y jóvenes por la limitación de la protección que provee la educación presencial: 114 millones de niños no fueron a la escuela durante un período de hasta dos años en algunos países. La brecha de conectividad, competencias digitales y capacidades familiares para hacer frente a la digitalización forzosa generó una diferencia entre los estudiantes de altos y bajos ingresos equivalente a dos años de educación (11). Además, aumentó la carga de trabajos de cuidado de las mujeres. Las personas con discapacidad —unos ochenta y cinco millones— también han sido afectadas. La falta de información accesible, así como la discriminación sufrida en materia de atención sanitaria, suponen un empeoramiento de la frágil inclusión que también se ve amenazada por la inflación

3.5.

Dados los límites de la oferta —concentrada en el norte global—, los países de América Latina accedieron a las vacunas mediante negociaciones bilaterales. Recibieron 93 millones de dosis del programa COVAX, la UE exportó más de 130 millones de dosis y los Estados miembros donaron otros 10 millones de dosis (12). A pesar de las dificultades, la región ha alcanzado un promedio del 63,3 % de la población vacunada con dos dosis. Si bien la cifra alcanza el 89 % en algunos países, en otros no llega al 1 % (13).

4.   Malestar social agravado

4.1.

Las movilizaciones sociales que removieron varios países en 2019 no han sido completamente resueltas. Algunas tensiones se han agudizado y lo harán más por el aumento del precio de los alimentos. El enfado ciudadano tiene que ver con la baja calidad de las políticas públicas, la corrupción, la vulnerabilidad de las clases medias, la exclusión social y la inseguridad. Las expectativas sociales generadas en la primera década del siglo XXI no fueron satisfechas y se agudizó la brecha entre ciudadanía e instituciones. Los resultados del ciclo electoral regional 2020-2022 muestran una tendencia de cambio, que supone grandes retos para los presidentes electos.

4.2.

La región es una de las más desiguales del mundo. Entre 2019 y 2020, mientras que el tamaño de los estratos de ingresos alto y medio-alto se contrajo un 1 %, los estratos de ingresos medio-intermedio y medio-bajo se redujeron un 3,5 %; mientras, los sectores de ingresos bajos (con ingresos menores a 1,8 veces el umbral de pobreza) aumentaron un 4,7 %, y la población pobre o pobre extrema lo hizo un 3,3 % (14).

4.3.

Otro factor de descontento es la inseguridad que afrontan los latinoamericanos, especialmente en las ciudades. La violencia podría sin duda estar vinculada con el crimen organizado, los tráficos ilícitos y la incapacidad de los Estados para contenerlos (15). Pero no es solo cuestión criminal: también existe una violencia social, vinculada a las tasas de pobreza extrema, que requiere políticas públicas para crear empleos dignos e impulsar cambios en la educación de calidad para todos, y una violencia política que fomenta la inhabilitación de los adversarios e intenta preservar el poder mediante tal inhabilitación. Asimismo, la muy preocupante violencia contra los sindicalistas, periodistas, defensores del medio ambiente o de derechos humanos y empresarios se incrementó durante la pandemia y los ciclos de protestas.

4.4.

Tras la última reunión de EuroLat, en la que se subrayó la necesidad de una mayor protección de los operadores judiciales, sería útil evaluar el proyecto COPLA (Corte Penal Latinoamericana y del Caribe).

4.5.

Un reto estructural es la vulnerabilidad ante el cambio climático: la región es una de las más afectadas, con un impacto económico que puede llegar a 85 852 millones de EUR anuales. Este impacto debe considerarse en sus dimensiones sociales, entre ellas la inseguridad alimentaria y las catástrofes cada vez más recurrentes.

4.6.

La inseguridad, la pobreza y la presencia de regímenes autoritarios han desatado un importante flujo de personas a lo largo del continente. La vulnerabilidad de estos procesos de migración y asilo ha generado una crisis humanitaria a la que no se ha dado una respuesta suficiente y que requiere un enfoque regional.

4.7.

Las democracias se encuentran en una situación de vulnerabilidad: las élites, los partidos y los parlamentos sufren una crisis de legitimidad y de confianza, lo que, sumado a la percepción de corrupción y altos niveles de fragmentación y polarización, ha hecho insuficientes los mecanismos de toma de decisiones colectivas y de negociación (16). La actual situación de inestabilidad mundial pone aún más énfasis en la amenaza del autoritarismo y la necesidad de reforzar las democracias.

5.   Hacia un nuevo pacto social

5.1.

A pesar del descontento y poca confianza en el sistema, la ciudadanía está dispuesta a plantear transformaciones políticas en las calles y las urnas. Es relevante el papel en estos procesos de movilización de los jóvenes y las mujeres: su implicación en el espacio político es un activo valioso. Es indispensable promover un modelo de diálogo social institucionalizado como el que ya existe en Europa y consolidar la cooperación ya existente con el Comité Económico y Social Europeo y con la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales.

5.2.

La ciudadanía debe ser protagonista de las transformaciones, para lo cual es necesario reforzar los mecanismos de deliberación y participación y garantizar su accesibilidad y protección. Es necesario restablecer la confianza a través de la elaboración de políticas abiertas e inclusivas, generar estrategias claras de comunicación y disponer de sistemas de compensación social. También es necesario fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas y sus impactos.

5.3.

Un nuevo contrato social puede alcanzarse a través de acuerdos transversales entre grupos socioeconómicos, entre territorios y entre generaciones, fomentando estrategias productivas resilientes y sostenibles que creen empleos de calidad, e impulsando la transformación verde y digital. Asimismo, se requieren sistemas de protección social amplios y eficaces y un modelo más sostenible de financiación para el desarrollo. Debe velar por que los derechos se respeten, el empleo sea digno y cuente con salarios mínimos y negociación colectiva, la protección social sea universal y el diálogo social garantice medidas de transición justa para el clima y la tecnología.

5.4.

Este pacto social necesita una política de gasto público estable y fiscalmente sostenible. A corto plazo, son importantes las acciones de cooperación internacional, el aumento y canalización de liquidez hacia países de renta media, y el alivio de la deuda de países de renta baja y media. Esto se suma al fortalecimiento de los ingresos públicos a través de la mejora de la eficiencia recaudatoria. A mediano plazo, se debe fortalecer la tributación progresiva y eficaz para atender los gastos permanentes de una política social activa. Asimismo, será necesario alcanzar consensos internacionales para la reestructuración de deuda pública. A largo plazo, hay que aumentar la participación de los impuestos, la recaudación digital y la fiscalidad verde. Asimismo, es necesaria la cooperación internacional para la reducción de la evasión y elusión tributarias (17).

5.5.

En este contexto, es vital el desarrollo de la economía social de mercado en la región, dado su relevante papel en el desarrollo de un sistema productivo y laboral inclusivo y resiliente, para lo cual es necesario generar mercados y canales de distribución justos (18). Es importante reconocer y fortalecer el papel de los grupos consultivos internos para el seguimiento de los acuerdos de libre comercio (19).

6.   Alianza con la Unión Europea

6.1.

La política de cooperación al desarrollo de la UE reconoce la necesidad de aplicar nuevas modalidades más allá de los paradigmas Norte-Sur y la provisión de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), adoptando nuevas formas de asociación multiagente y multinivel (20). El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación (NDCI) responde a la necesidad de mejorar la flexibilidad de la asignación geográfica y temática de fondos y de abordar los retos globales y la hoja de ruta en torno a los ODS. Así, a través de la estrategia Global Gateway, se busca vincular el mundo de forma inteligente, limpia y segura en los sectores digital, energético y del transporte, así como potenciar los sistemas de salud, educación e investigación. Estos cambios buscan dar a la UE los recursos y herramientas necesarios para conciliar sus valores e intereses en un escenario internacional más complejo, disputado e interconectado.

6.2.

Para articular las estrategias se ha puesto en marcha la iniciativa Team Europe («Equipo Europa») que busca conjugar los esfuerzos de las instituciones europeas, los Estados miembros y sus organismos de ejecución, junto a las entidades financieras de desarrollo.

6.3.

La cooperación europea ha hecho un esfuerzo por superar la graduación basada en la renta per cápita y asume el concepto de «desarrollo en transición», más adecuado a las necesidades de la región. Sin embargo, aún se enfrenta al reto de mejorar el diálogo y la capacidad para comunicar la fortaleza de la relación y sus ventajas.

6.4.

En la coyuntura actual, caracterizada por numerosos retos extremadamente graves a escala mundial, regional y nacional, es importante señalar que Europa y América Latina podrían ser socios ideales en una alianza en defensa de la democracia y de unas economías y sociedades más justas e igualitarias, una alianza que refuerce el multilateralismo y asuma plenamente la necesidad de proteger el medio ambiente. Y es necesario hacer hincapié en que esta alianza no sería viable sin el pleno reconocimiento y la participación, entre otros, de sus sociedades civiles organizadas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones medioambientales.

7.   Apoyo a una recuperación con la sociedad civil

7.1.

En 2020, se registraron cambios en la estructura del origen de la inversión extranjera directa. Hasta 2019 las empresas europeas fueron los principales inversionistas en la región y concentraron el 55 % de la IED. En 2020, las inversiones europeas cayeron un 49 % y las intrarregionales un 35 %, frente a una caída del 4 % de las estadounidenses (21) y un ascenso de las chinas.

7.2.

La estrategia europea de salida de la crisis se basa en mejorar su modelo económico a través del Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation. Estos aspectos son clave para la estrategia birregional y la construcción de instrumentos para favorecer las transiciones energética, digital, verde y social, algo que redundará en beneficios amplios para las dos regiones.

7.3.

Es indispensable fortalecer la relación comercial con Europa a través de los acuerdos ya firmados o de los Acuerdos con el Mercosur, Chile y México. Estos acuerdos no solo fortalecen el comercio, sino que impactan en la calidad del empleo y su función social, la transferencia de tecnología y la transición hacia la sostenibilidad. Esto es, promover una asociación comercial que se distingue frente a la de otros socios por su calidad y sostenibilidad a largo plazo, pero también por su rentabilidad, en contraste con otros modelos de relacionamiento internacional predatorios e irresponsables. Sin embargo, los acuerdos comerciales deben centrarse en las personas y sus derechos fundamentales, el trabajo digno, la solidaridad con los más vulnerables, el respeto del medio ambiente y la defensa de la democracia, y deben poder hacer valer efectivamente los derechos. Los principales aspectos son:

7.4.

Atraer inversiones que apoyen la consecución de los ODS, contando con un marco regulatorio multilateral que ayude a lograrlo, enfocándose en la calidad de vida de las personas, sus derechos, el empleo digno, la inclusión, la sostenibilidad y la defensa de la democracia. Asimismo, es deseable una mayor cooperación a través de proyectos y una aplicación positiva de la «Brújula Estratégica» europea para alcanzar objetivos comunes.

7.4.1.

La digitalización como oportunidad para el desarrollo. América Latina se encuentra en un nivel de desarrollo intermedio de su digitalización, pero la tasa de crecimiento de esta es la más baja de los países emergentes. En materia digital, confluyen la Alianza Digital UE-ALC, vinculada al tendido del cable transatlántico de fibra óptica (EllaLink), y la estrategia de conectividad de la Unión Europea «Global Gateway». Un apoyo decidido a los procesos de digitalización debe afianzar su dimensión social y de fortalecimiento de las empresas.

7.4.2.

Promover la economía formal y evitar la informalidad laboral (22). En los acuerdos multiparte se incluyen cláusulas específicas que exigen cumplir los Acuerdos de la OIT, así como garantizar los derechos, evitar el trabajo infantil y, fortalecer la inspección laboral. Estas cláusulas tienen un efecto positivo en la generación de capacidades en los países andinos con los que se firmaron acuerdos (23).

7.4.3.

Apoyar directamente la mejora, la calidad y la cobertura de la educación en todos sus niveles y el fortalecimiento de redes de educación y ciencia con Europa; el Programa Erasmus Mundus es un activo que puede aprovecharse aún más para vincular las universidades.

7.4.4.

Desde 2021, la UE ha emprendido un proceso de revisión de su política comercial y ha reforzado su enfoque en materia de comercio y desarrollo sostenible. La Unión ha afirmado que su objetivo es una política comercial abierta, sostenible y firme, que debe ir de la mano de la integración del desarrollo sostenible. Todo esto, al tiempo que promueve la competitividad entre los sectores productivos y los agentes económicos (grandes, medianos y pequeños), debe ir acompañado de la promoción de valores y principios como la democracia y los derechos humanos, culturales, de género, medioambientales, laborales y sindicales. La sociedad civil organizada de ambas regiones debe participar activamente para estrechar sus lazos mediante reuniones temáticas virtuales o presenciales y contar con un calendario más ambicioso y una hoja de ruta de aplicación.

7.4.5.

La Unión Europea se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática para 2050 y liderar el esfuerzo global para la protección y recuperación ecológica del planeta (24). Promover estos objetivos en la política comercial europea hacia una cooperación ambiental más ambiciosa (25) es relevante para las relaciones comerciales con América Latina y para el fortalecimiento de una sociedad civil que se enfrenta a numerosas amenazas tanto por la vulnerabilidad ante el cambio climático como por su enfrentamiento con agentes violentos. Es vital proteger a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, así como a los sindicalistas y periodistas, e instar a los gobiernos latinoamericanos a comprometerse a garantizar su integridad.

7.4.6.

La iniciativa «Equipo Europa» apoya los esfuerzos contra la deforestación del Amazonas, y la nueva fase del programa EUROCLIMA+ destinará 140 millones de EUR a apoyar los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, América Latina solo ha dirigido el 15 % de la inversión fiscal a la recuperación económica tras la pandemia, y de este porcentaje, menos del 6,9 % representa una recuperación verde. Es indispensable apoyar a la región para generar fiscalidad, gasto público e inversión privada verdes. Asimismo, es deseable fortalecer una alianza para la gestión responsable de las materias primas estratégicas y para garantizar la transferencia tecnológica sostenible desde la experiencia y el conocimiento europeos.

7.4.7.

La asociación de la Unión Europea con América Latina necesita conseguir el Acuerdo con el Mercosur, un mercado común de 780 millones de consumidores que podría incrementar un 1,5 % el PIB de Brasil o hasta el 10 % el de Paraguay. Los aspectos de protección ambiental deben ser un avance que marque el camino para las asociaciones birregionales de nueva generación. Se debe avanzar en la búsqueda de sistemas viables para incluir los certificados de protección ambiental para algunas producciones y las cláusulas espejo. El éxito de la UE en la articulación de esta dimensión será un refuerzo estratégico de su visión del desarrollo global y de su potencial estratégico.

Bruselas, 15 de diciembre de 2022.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG


(1)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cadenas de suministro sostenibles y trabajo digno en el comercio internacional» (Dictamen exploratorio) (DO C 429 de 11.12.2020, p. 197); Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre un nuevo marco para los acuerdos de libre comercio, de asociación económica y de inversión que garantice una participación real de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, así como una sensibilización pública en la materia (Dictamen de iniciativa) (DO C 290 de 29.7.2022, p. 11).

(2)  UNESCO (2021), COVID-19 y vacunación en América Latina y el Caribe: desafíos, necesidades y oportunidades.

(3)  OCDE (2021), Perspectivas económicas de América Latina 2020.

(4)  Datos del FMI.

(5)  OCDE (2022), Perspectivas económicas de América Latina 2021.

(6)  Ídem.

(7)  CEPAL (2021), Estudio económico de América Latina y el Caribe.

(8)  OIT (2022), Panorama Laboral; CEPAL, 2021, Panorama Social de América Latina.

(9)  CEPAL (2021), op. cit.

(10)  Nieto Parra, (2020), Desarrollo en transición en América Latina en tiempos de la COVID-19, Fundación Carolina.

(11)  UNESCO (2021), La educación en América Latina y el Caribe ante la COVID-19.

(12)  Reunión del 2 de diciembre de 2021 entre los dirigentes de la UE y de América Latina y el Caribe: Aunar fuerzas para una recuperación sostenible tras la COVID — Comunicado de prensa de los presidentes Michel y Von der Leyen.

(13)  Our World in Data.

(14)  CEPAL, 2021, op. cit.

(15)  UNODC (2019), Estudio Mundial sobre el homicidio.

(16)  IDEA Int. (2021), El estado de la democracia en las Américas 2021.

(17)  CEPAL (2021), Panorama Fiscal de América Latina 2021.

(18)  Comisión Europea (2021), Plan de Acción Europeo de Económica Social.

(19)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cadenas de suministro sostenibles y trabajo digno en el comercio internacional» (Dictamen exploratorio) (DO C 429 de 11.12.2020, p. 197); Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre un nuevo marco para los acuerdos de libre comercio, de asociación económica y de inversión que garantice una participación real de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, así como una sensibilización pública en la materia (Dictamen de iniciativa) (DO C 290 de 29.7.2022, p. 11).

(20)  Sanahuja, J.A. y Ruiz Sandoval, E. (2019), La Unión Europea y la Agenda 2030 en América Latina: políticas de cooperación en una región de «desarrollo en transición», Fundación Carolina; Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo (CED) 2017; Marco financiero plurianual 2021-2027, 2018.

(21)  Cepal 2021 Informe, Inversión Extranjera Directa en América Latina 2021.

(22)  Véase: Consenso Europeo sobre el Desarrollo (2006); Comunicación de la Comisión Europea sobre la promoción del trabajo decente para todos (2006); Agenda para el Cambio, Comisión Europea (2011); Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo (2017); Documento de trabajo Promover el trabajo decente en todo el mundo: Cadenas de valor mundiales responsables para una recuperación justa, sostenible y resiliente de la crisis de la COVID-19, Comisión Europea (2020); Nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) de la Unión Europea (2020).

(23)  Fairlie Reinoso, A. (2022), Nuevos retos para el Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea con Perú, Colombia y Ecuador; Fundación Carolina-EULAC.

(24)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640].

(25)  Giles Carnero, R. (2021), La oportunidad de una cláusula ambiental de elementos esenciales en acuerdos comerciales de la Unión Europea con Estados terceros: a propósito del Acuerdo Unión Europea-Mercosur; Fundación Carolina DT. 44.