(1)

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en noviembre de 2016 («el Acuerdo de París») (3). Las Partes han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 oC en relación con los niveles preindustriales y proseguir os esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5  oC por encima de dichos niveles.

(1)

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en noviembre de 2016 («el Acuerdo de París») (3). Las Partes han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 oC en relación con los niveles preindustriales y proseguir os esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5  oC por encima de dichos niveles. Al adoptar el Pacto de Glasgow por el Clima, las Partes del Acuerdo de París reconocieron que limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5  oC por encima de los niveles preindustriales reduciría significativamente los riesgos y los impactos del cambio climático, y se comprometieron a reforzar sus objetivos para 2030 de aquí a finales de 2022 con el fin subsanar esa falta de ambición, en consonancia con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC). Esto debe hacerse de un modo equitativo y que respete el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. La revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE), así como de su reserva de estabilidad del mercado, constituye una oportunidad única.

(1 bis)

La urgencia de la necesidad de mantener vivo el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5  oC ha ganado en relevancia tras las conclusiones formuladas por el GIECC en su informe de 7 de agosto de 2021 titulado «Cambio climático 2021: Bases físicas». El GIECC determinó que la temperatura mundial alcanzará o superará la marca de los 1,5  oC antes de lo previsto inicialmente, en concreto, en los próximos veinte años. También observó que, si no se producen reducciones inmediatas y ambiciosas de las emisiones de gases de efecto invernadero, dejará de ser posible limitar el calentamiento mundial a un incremento de la temperatura de 1,5  oC, o incluso de 2 oC. Además, en su informe de 28 de febrero de 2022 titulado «Cambio climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad», el GIECC señaló, con un grado de confianza muy elevado, que el cambio climático constituye una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Toda demora ulterior en la puesta en marcha de acciones anticipativas y concertadas a escala mundial dará lugar a que se desaproveche una ventana de oportunidad breve y en proceso de cierre acelerado para lograr un futuro tolerable y sostenible para todos.

(1 ter)

La necesidad de actuar con urgencia se acrecienta con el aumento de la frecuencia y la intensidad de las condiciones meteorológicas extremas como resultado directo del cambio climático. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el número de catástrofes registradas en todo el mundo y la magnitud de las pérdidas económicas mundiales se han casi duplicado en los últimos veinte años, y una gran parte de ese aumento corresponde a una elevación significativa del número de catástrofes relacionadas con el clima.

(1 quater)

Por tanto, la Unión debe abordar esta urgencia redoblando sus esfuerzos y estableciéndose como líder internacional en la lucha contra el cambio climático, reflejando al mismo tiempo los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, tal como se establece en el artículo 2, apartado 2, del Acuerdo de París.

(1 quinquies)

En su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental  (1bis) , el Parlamento Europeo instó a la Comisión a adoptar medidas inmediatas y ambiciosas para limitar el calentamiento global a 1,5  oC y evitar una pérdida ingente de biodiversidad, entre otras cosas, abordando las incoherencias de las actuales políticas de la Unión en materia de emergencia climática y medioambiental y garantizando que todas las futuras propuestas legislativas y presupuestarias pertinentes estén plenamente alineadas con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5  oC y que no contribuyan a la pérdida de biodiversidad.

(2)

Abordar los retos relacionados con el clima y el medio ambiente y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París constituyen el núcleo de la Comunicación «El Pacto Verde Europeo», adoptada por la Comisión el 11 de diciembre de 2019 (4).

(2)

Abordar los retos relacionados con el clima y el medio ambiente y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París constituyen por consiguiente el núcleo de la Comunicación «El Pacto Verde Europeo», adoptada por la Comisión el 11 de diciembre de 2019 (4).

(3)

El Pacto Verde Europeo combina un conjunto completo de medidas e iniciativas que se refuerzan entre ellas, destinadas a lograr la neutralidad climática en la UE de aquí a 2050, y establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos . El Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición afecta de manera diferente a  mujeres y hombres y ejerce un efecto concreto sobre algunos grupos desfavorecidos, como las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas. Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva , sin dejar a nadie atrás .

(3)

El Pacto Verde Europeo proporciona un punto de partida para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, a más tardar, y el objetivo de lograr unas emisiones negativas a partir de entonces, tal como se establece en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1bis) . Establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, al tiempo que no deja a nadie atrás en una transición justa que aborde también la pobreza energética . El Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Esta transición afecta de manera diferente a  los trabajadores de diversos sectores y a cada género y ejerce un efecto concreto sobre algunos grupos desfavorecidos y vulnerables , como las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas , y las personas y los hogares con ingresos bajos y medios-bajos . Asimismo, impone mayores desafíos a determinadas regiones, en particular a las estructuralmente desfavorecidas y a las periféricas, así como a las islas . Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva.

(3 bis)

El RCDE UE es una piedra angular de la política climática de la Unión y constituye su instrumento clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera eficiente en términos de costes. En consonancia con los compromisos contraídos en la COP26 de Glasgow de revisar las contribuciones determinadas a nivel nacional de forma anual, la Comisión debe revisar su contribución determinada a nivel nacional para tener en cuenta todos los sectores incluidos en el RCDE UE durante esta revisión de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  (1bis) .

(4)

La necesidad y el valor del Pacto Verde Europeo no han hecho sino aumentar a la luz de los gravísimos efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud, las condiciones de vida y de trabajo y el bienestar de los ciudadanos de la Unión, que han demostrado que nuestra sociedad y nuestra economía deben mejorar su capacidad de recuperación frente a las perturbaciones externas y actuar con prontitud para prevenirlas o mitigarlas. Los ciudadanos europeos siguen expresando su firme opinión de que esto se aplica, en concreto, al cambio climático (5).

(4)

La necesidad y el valor de un Pacto Verde Europeo bien aplicado no han hecho sino aumentar a la luz de los gravísimos efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud, las condiciones de vida y de trabajo y el bienestar de los ciudadanos de la Unión, que han demostrado que nuestra sociedad y nuestra economía deben mejorar su capacidad de recuperación frente a las perturbaciones externas y actuar con prontitud para prevenirlas o mitigarlas , de una forma que sea justa y dé lugar a que no se deje a nadie atrás, incluidas las personas en riesgo de pobreza energética . Los ciudadanos europeos siguen expresando su firme opinión de que esto se aplica, en concreto, al cambio climático (5).

(4 bis)

El cumplimiento del Pacto Verde Europeo debe garantizar la creación de empleo de calidad y progreso social para todos. Para que la ambición climática propuesta por la presente Directiva sea socialmente aceptable, debe ir acompañada de una ambición social equivalente, en consonancia con el pilar europeo de derecho sociales. El programa del Pacto Verde Europeo debe constituir una oportunidad para mantener y crear empleos de calidad, promover el trabajo digno, elevar los estándares laborales, consolidar el diálogo social y la negociación colectiva, abordar la discriminación en el trabajo, y fomentar la igualdad de género. A fin de alcanzar tales objetivos, todas las acciones propuestas en el marco del Pacto Verde Europeo y del paquete «Objetivo 55» han de completarse con unos mecanismos de transición justa.

(4 ter)

Teniendo en cuenta que la transición hacia una economía sostenible debe combinarse con la defensa de la competitividad de Europa y la creación de empleo, es fundamental para el éxito del Pacto Verde Europeo que el mercado único no se vea sobrecargado con costes adicionales para las empresas a la hora de adaptarse a un nuevo entorno normativo.

(6)

En el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo  (7) la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía de aquí a 2050. Dicho Reglamento establece también un compromiso vinculante de la Unión de reducir de aquí a 2030 las emisiones netas internas de gases de efecto invernadero (las emisiones tras la deducción de las absorciones) en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990.

(6)

En el Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía a más tardar de aquí a 2050 y lograr emisiones negativas a partir entonces . Dicho Reglamento establece también un compromiso vinculante de la Unión de reducir de aquí a 2030 las emisiones netas internas de gases de efecto invernadero (las emisiones tras la deducción de las absorciones) en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990.

(7)

Para llevar a cabo esas reducciones de emisiones, es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía. Por consiguiente, la aspiración del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), establecido por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  (8) de fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma eficaz en relación con los costes y económicamente eficiente, debe incrementarse de manera acorde con este objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030.

(7)

Para llevar a cabo esas reducciones de emisiones, es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía. Por consiguiente, la aspiración del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), establecido por la Directiva 2003/87/CE de fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma eficaz en relación con los costes y económicamente eficiente, debe incrementarse de manera acorde con este objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030 , con el objetivo de neutralidad climática de la Unión a alcanzar en 2050 a más tardar y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 .

(8)

El RCDE UE debe incentivar la producción de instalaciones que reduzcan parcial o totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, la descripción de algunas categorías de actividades que figura en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE debe modificarse para garantizar la igualdad de trato de las instalaciones en los sectores en cuestión. Además, la asignación gratuita para la fabricación de un producto debe ser independiente de la naturaleza del proceso de producción. Por consiguiente, es necesario modificar la definición de los productos y de los procesos y emisiones incluidos en el caso de algunos parámetros de referencia a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las tecnologías nuevas y existentes. También es necesario desvincular la actualización de los valores de referencia para las refinerías y para el hidrógeno a fin de reflejar la creciente importancia de la producción de hidrógeno fuera del sector de las refinerías.

(8)

El RCDE UE debe incentivar la producción de instalaciones que reduzcan parcial o totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, la descripción de algunas categorías de actividades que figura en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE debe modificarse para garantizar la igualdad de trato de las instalaciones en los sectores en cuestión. Además, la asignación gratuita para la fabricación de un producto debe ser independiente de la naturaleza del proceso de producción. Por consiguiente, es necesario modificar la definición de los productos y de los procesos y emisiones incluidos en el caso de algunos parámetros de referencia a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las tecnologías nuevas y existentes. También es necesario desvincular la actualización de los valores de referencia para las refinerías y para el hidrógeno a fin de reflejar la creciente importancia de la producción de hidrógeno verde fuera del sector de las refinerías.

(8 bis)

Al definir los principios para establecer parámetros de referencia ex ante en determinados sectores y subsectores, la Comisión debe consultar con las partes interesadas pertinentes, también en los sectores y subsectores afectados, con los representantes de la sociedad civil, y con el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1119.

(13)

Los gases de efecto invernadero que no se liberen directamente a la atmósfera deben considerarse emisiones con arreglo al RCDE UE y deben entregarse los derechos de emisión para dichas emisiones a menos que se almacenen en un depósito de almacenamiento de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), o que estén químicamente fijados de forma permanente a un producto, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos de ejecución que especifiquen las condiciones en las que los gases de efecto invernadero deben considerarse químicamente fijados a un producto de forma permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso, y que incluyan la obtención de un certificado de eliminación de CO2, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de certificación de las eliminaciones de CO2.

(13)

Los gases de efecto invernadero que no se liberen directamente a la atmósfera deben considerarse emisiones con arreglo al RCDE UE y deben entregarse los derechos de emisión para dichas emisiones a menos que se almacenen en un depósito de almacenamiento de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), o que estén químicamente fijados de forma permanente a un producto, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso y eliminación . Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados que especifiquen las condiciones en las que los gases de efecto invernadero deben considerarse químicamente fijados a un producto de forma permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso y eliminación , y que incluyan la obtención de un certificado de eliminación de CO2, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de certificación de las eliminaciones de CO2.

(13 bis)

El RCDE UE debe evitar en la mayor medida posible las excepciones indebidas y las medidas distorsionadoras. A largo plazo, todos los sectores deben desempeñar un papel en la tarea de contribuir a la consecución de la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050, y los instrumentos de política pertinentes de la Unión deben cubrir todas las emisiones de CO2. La inclusión de las instalaciones de incineración de residuos urbanos en el RCDE UE contribuiría a la economía circular al alentar el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos, ayudando al mismo tiempo a la descarbonización de la economía en su conjunto. Dado que las actividades de reciclaje y regeneración están ya cubiertas por el RCDE UE, la inclusión de instalaciones municipales de incineración de residuos reforzaría los incentivos para procurar una gestión sostenible de los residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos. Complementaria otros elementos de la legislación de la Unión en materia de residuos. Además, la integración de la incineración de residuos en el RCDE UE garantizaría la igualdad de condiciones entre las regiones que han incluido la incineración de los residuos urbanos en el ámbito de aplicación, reduciendo el riesgo de competencia fiscal entre regiones. No obstante, para evitar la desviación de residuos de las instalaciones municipales de incineración a los vertederos en la Unión, que generan emisiones de metano, y las exportaciones de residuos a terceros países, con un impacto potencialmente peligroso en el medio ambiente, a la inclusión de dichas instalaciones municipales en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE de 1 de enero de 2026 le debe preceder una evaluación de impacto que deberá culminarse el 31 de diciembre de 2024 a más tardar y que, si procede, deberá acompañarse de una propuesta legislativa para prevenir tal desviación de residuos y tales exportaciones.

(13 ter)

Todas las emisiones de gases de efecto invernadero capturadas y transferidas para su utilización mediante procesos de captura y utilización de carbono («CUC») que no se encuentren químicamente fijadas a un producto de manera permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso y eliminación, deben contabilizarse. En tanto no estén cubiertas por mecanismos de tarificación del carbono todas las etapas del proceso, y en particular las emisiones de las instalaciones de incineración de residuos, confiar en la estimación de las emisiones en el punto de su liberación a la atmósfera conduciría a una contabilización insuficiente de las emisiones. Con el fin de regular la captura de carbono de un modo que reduzca las emisiones netas, garantice que todas las emisiones se contabilizan, y que se evita la doble contabilización, al tiempo que se generan incentivos económicos, la Comisión debe evaluar cómo contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero que se consideren capturados y utilizados para estar químicamente fijados a un producto sobre la base de una evaluación del ciclo de vida del producto, por ejemplo, cuando estas se utilicen para la fabricación de un producto o cuando tal reducción proporcional contribuya a la formulación de políticas nacionales innovadoras, aprobadas por la autoridad competente en el Estado miembro de que se trate, para garantizar e incentivar la cooperación entre sectores, y, cuando proceda, debe presentar una propuesta legislativa para incluir una metodología transparente, comparable y fiable.

(13 quater)

En consonancia con el Reglamento (UE) 2021/1119, debería darse prioridad a la reducción de las emisiones directas, lo que tendrá que complementarse con un aumento de las absorciones de CO2 para lograr la neutralidad climática. A medio plazo, las absorciones de CO2 podrían contribuir ya a elevar la ambición por encima del objetivo climático de la Unión para 2030 fijado en el Reglamento (UE) 2021/1119. Por tanto, la Comisión debe examinar el modo en que las emisiones negativas derivadas de los gases de efecto invernadero que se eliminan de la atmósfera y se almacenan de manera segura y permanente, por ejemplo, a través de la captura directa de aire, pueden contabilizarse e incentivarse en el comercio de derechos de emisión, también mediante la propuesta de un ámbito de aplicación inequívoco y unos criterios y salvaguardas rigurosos para garantizar que tales eliminaciones no compensen las reducciones de emisiones necesarias, y que sean auténticas y permanentes.

(13 quinquies)

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano, el 26 % de las emisiones de metano del continente proceden de los residuos. En todo el mundo, se prevé que, en 2025, los vertederos generen entre el 8 % y el 10 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas. La Unión debe proponerse reducir de forma significativa el depósito en vertederos en la Unión y en cualquier caso evitar que la futura inclusión de la incineración de residuos en el RCDE UE dé lugar a una desigualdad de condiciones y conduzca a un incremento de los depósitos en vertederos. Por tanto, la Comisión debe evaluar también la posibilidad y viabilidad de incluir en el RCDE UE todos los procesos de gestión de los residuos, como los vertederos, la fermentación, el compostaje o el tratamiento mecánico-biológico.

(14)

La actividad de transporte marítimo internacional, que consiste en viajes entre puertos bajo la jurisdicción de dos Estados miembros diferentes o entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y un puerto situado fuera de la jurisdicción de cualquier Estado miembro, ha sido el único medio de transporte no incluido en los compromisos anteriores de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para los trayectos que parten de un Estado miembro y llegan a otro Estado miembro o a un país tercero han crecido alrededor de un 36 % desde 1990. Estas emisiones representan cerca del 90 % de todas las emisiones de navegación de la Unión, ya que las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para viajes con salida y llegada al mismo Estado miembro se han reducido en un 26 % desde 1990. En una hipótesis de statu quo, se prevé que las emisiones de las actividades del transporte marítimo internacional crezcan en torno a un 14 % entre 2015 y 2030 y un 34 % entre 2015 y 2050. Si el impacto del cambio climático de las actividades del transporte marítimo crece al ritmo esperado, neutralizará en gran medida las reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra el cambio climático.

(14)

La actividad de transporte marítimo internacional, que consiste en viajes entre puertos bajo la jurisdicción de dos Estados miembros diferentes o entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y un puerto situado fuera de la jurisdicción de cualquier Estado miembro, ha sido el único medio de transporte no incluido en los compromisos anteriores de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para los trayectos que parten de un Estado miembro y llegan a otro Estado miembro o a un país tercero han crecido alrededor de un 36 % desde 1990. Estas emisiones representan cerca del 90 % de todas las emisiones de navegación de la Unión, ya que las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para viajes con salida y llegada al mismo Estado miembro se han reducido en un 26 % desde 1990. En una hipótesis de statu quo, se prevé que las emisiones de las actividades del transporte marítimo internacional crezcan en torno a un 14 % entre 2015 y 2030 y un 34 % entre 2015 y 2050. Si el impacto del cambio climático de las actividades del transporte marítimo crece al ritmo esperado, neutralizará en gran medida las reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra el cambio climático y, por tanto, socavará el logro del objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030, el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050 a más tardar, y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119, así como el objetivo del Acuerdo de París .

(14 bis)

El transporte marítimo internacional es el único modo de transporte no incluido en el compromiso de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que el Parlamento Europeo ha reclamado en reiteradas ocasiones que todos los sectores de la economía contribuyan al esfuerzo conjunto por completar la transición a unas emisiones netas de gases de efecto invernadero iguales a cero lo antes posible y a más tardar en 2050, en consonancia con los compromisos contraídos por la Unión en virtud del Acuerdo de París. El CO2 sigue siendo la principal causa del impacto climático del transporte marítimo si se calcula sobre la base de potencial de calentamiento global en cien años, representando el 98 % o, si se incluye el carbono negro, el 91 % de las emisiones totales internacionales de gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2. No obstante, según el informe de la Organización Marítima Internacional (OMI) titulado «Cuarto Estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero», publicado en 2020, en el período 2012-2018 se produjo un incremento del metano (CH4) del 87 %. Por tanto, y en consonancia con las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 16 de septiembre de 2020 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757, con objeto de tomar en debida consideración el sistema mundial de recogida de datos sobre el consumo de fueloil de los buques, tanto las emisiones de CO2 como las de CH4, así como los óxidos nitrosos (N2O), deben incluirse en la ampliación del RCDE UE a las actividades de transporte marítimo. En consecuencia, las autoridades administrativas deben velar por que las empresas navieras se ocupen del seguimiento y la notificación de los datos agregados sobre emisiones, incluida la liberación de CO2, CH4 y N2O, con el fin de garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) …/… [FuelEU Maritime]. Por otra parte, el 31 de diciembre de 2024 a más tardar, la Comisión debe evaluar, y notificar al Parlamento Europeo y al Consejo, el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero distintas de las de CO2, N2O y CH4 en el clima mundial, así como de las partículas con potencial de calentamiento global, y, cuando proceda, presentar una propuesta legislativa sobre la inclusión de tales emisiones y partículas procedentes de las actividades de transporte marítimo en el ámbito de aplicación del RCDE UE.

(15)

En 2013, la Comisión adoptó una estrategia para integrar progresivamente las emisiones marítimas en la política de la Unión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como primer paso en este planteamiento, la Unión estableció en el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) un sistema de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones del transporte marítimo, al que seguirá el establecimiento de objetivos de reducción para el sector marítimo y la aplicación de una medida basada en el mercado. En consonancia con el compromiso de los colegisladores expresado en la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), las medidas que adopten la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Unión deben comenzar a partir de 2023, incluidos los trabajos preparatorios sobre la adopción y aplicación de una medida que garantice que el sector contribuye debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos acordados en el marco del Acuerdo de París y que todas las partes interesadas prestan la debida consideración.

(15)

En 2013, la Comisión adoptó una estrategia para integrar progresivamente las emisiones marítimas en la política de la Unión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como primer paso en este planteamiento, la Unión estableció en el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) un sistema de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones del transporte marítimo, al que seguirá el establecimiento de objetivos de reducción para el sector marítimo y la aplicación de una medida basada en el mercado. En consonancia con el compromiso de los colegisladores expresado en la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), las medidas que adopten la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Unión deben comenzar a partir de 2023, incluidos los trabajos preparatorios sobre la adopción y aplicación de una medida que garantice que el sector contribuye debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos acordados en el marco del Acuerdo de París y que todas las partes interesadas prestan la debida consideración. Para incrementar la eficacia medioambiental de las medidas de la Unión y evitar la competencia desleal y los incentivos a la elusión, el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/757 debe modificarse para incluir los buques con un arqueo bruto equivalente o superior a 400 toneladas a partir del 1 de enero de 2024. Con el fin de velar por que exista una carga administrativa proporcionada, en el caso de los buques con un arqueo bruto inferior a 5 000 toneladas solo debe exigirse a los operadores que faciliten la información que sea pertinente para la inclusión de tales buques en el ámbito de aplicación del RCDE UE a partir del 1 de enero de 2027, y en particular, la relativa al tipo de combustible, su factor de carbono y su densidad energética.

(16)

Según lo establecido en la Directiva (UE) 2018/410, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances conseguidos en la OMI en pos de un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y de medidas complementarias con objeto de garantizar que el sector del transporte marítimo contribuya debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos convenidos en el Acuerdo de París. Los esfuerzos para limitar las emisiones marítimas globales a través de la OMI están en curso y deben fomentarse. Sin embargo, aunque los recientes avances logrados por la OMI son bienvenidos, estas medidas no bastarán para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

(16)

Según lo establecido en la Directiva (UE) 2018/410, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances conseguidos en la OMI en pos de un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y de medidas complementarias con objeto de garantizar que el sector del transporte marítimo contribuya debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos convenidos en el Acuerdo de París. Los esfuerzos para limitar las emisiones marítimas globales a través de la OMI están en curso y deben fomentarse. Sin embargo, los recientes avances en el marco de la OMI no bastan para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Dado el carácter internacional del transporte marítimo, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe intensificar sus esfuerzos diplomáticos para avanzar en el desarrollo de una medida de mercado mundial a escala de la OMI.

(16 bis)

Las escalas portuarias evasivas en países vecinos no pertenecientes a la Unión pueden poner en serio peligro la eficacia del RCDE UE en relación con el transporte marítimo, ya que no reduciría las emisiones totales de este sector. Tales escalas portuarias evasivas podrían incluso incrementar las emisiones globales, en particular cuando la elusión da lugar a travesías más largas hacia y desde terceros países con normas medioambientales menos exigentes. Por tanto, la Comisión deberá llevar a cabo un seguimiento, e informar cada dos años a partir de … [el año siguiente al de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación] de la ejecución del capítulo sobre transporte marítimo y de las posibles tendencias en lo que atañe a las empresas que tratan de evitar estar sujetas a los requisitos de la presente Directiva, y deberá presentar, cuando proceda, una propuesta legislativa para abordar todo indicio de escalas portuarias evasivas.

(17)

En el Pacto Verde Europeo, la Comisión declaró su intención de adoptar medidas adicionales para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte marítimo mediante una serie de disposiciones que permitan a la Unión alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. En este contexto, debe modificarse la Directiva 2003/87/CE para incluir el sector del transporte marítimo en el RCDE UE, a fin de garantizar que este sector contribuya al aumento de los objetivos climáticos de la Unión, así como a los objetivos del Acuerdo de París, que exige que los países desarrollados asuman el liderazgo adoptando objetivos de reducción de emisiones en todos los sectores de la economía, al tiempo que se anima a los países en desarrollo a avanzar progresivamente hacia objetivos de reducción o limitación de las emisiones en el conjunto de la economía (16). Teniendo en cuenta que las emisiones de la aviación internacional fuera de Europa deben limitarse a partir de enero de 2021 mediante una acción mundial basada en el mercado, mientras que no existe ninguna medida que limite o fije los precios de las emisiones del transporte marítimo, conviene que el RCDE UE cubra una parte de las emisiones de los viajes entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y un puerto bajo la jurisdicción de un país tercero, y que el país tercero pueda decidir las medidas adecuadas con respecto al otro porcentaje de emisiones. La ampliación del RCDE UE al sector del transporte marítimo debe incluir, por tanto, la mitad de las emisiones de los buques que realicen travesías que lleguen a un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, la mitad de las emisiones de los buques que realicen travesías que salgan de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro , las emisiones de los buques que realicen travesías con llegada a  un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro , y las emisiones del atraque en un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro. Se ha considerado que este enfoque es una manera práctica de resolver la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, que constituye un reto desde hace tiempo en el contexto de la CMNUCC. La cobertura de una parte de las emisiones de los viajes entrantes y salientes entre la Unión y países terceros garantiza la eficacia del RCDE UE, en concreto mediante el aumento de los efectos sobre el medio ambiente de la medida en comparación con un ámbito geográfico limitado a los viajes dentro de la UE, y limita, al mismo tiempo , el riesgo de escalas portuarias evasivas y el riesgo de deslocalización de las actividades de transbordo fuera de la Unión. Para garantizar una inclusión fluida del sector en el RCDE UE, la entrega de derechos de emisión por parte de las empresas navieras debe incrementarse gradualmente con respecto a las emisiones verificadas notificadas para el período 2023-2025. Para proteger la integridad medioambiental del sistema, en la medida en que se entreguen menos derechos de emisión en relación con las emisiones verificadas para el transporte marítimo durante esos años, una vez establecida la diferencia entre las emisiones verificadas y los derechos entregados cada año, debe cancelarse un número correspondiente de derechos de emisión. A partir de 2026, las empresas navieras deberán entregar el número de derechos de emisión correspondiente a todas sus emisiones verificadas notificadas el ejercicio precedente.

(17)

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector marítimo representan en torno al 2,5  % de las emisiones de la Unión. La falta de una acción resuelta en el marco de la OMI ha retrasado la innovación y la introducción de las medidas necesarias para reducir las emisiones en este sector. En el Pacto Verde Europeo, la Comisión declaró su intención de adoptar medidas adicionales para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte marítimo mediante una serie de disposiciones que permitan a la Unión alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. En este contexto, debe modificarse la Directiva 2003/87/CE para incluir el sector del transporte marítimo en el RCDE UE, a fin de garantizar que este sector contribuya equitativamente al aumento de los objetivos climáticos de la Unión, así como a los objetivos del Acuerdo de París, que exige que los países desarrollados asuman el liderazgo adoptando objetivos de reducción de emisiones en todos los sectores de la economía, al tiempo que se anima a los países en desarrollo a avanzar progresivamente hacia objetivos de reducción o limitación de las emisiones en el conjunto de la economía (16). La entrega de derechos de emisión por partes de las empresas navieras deberá implementarse plenamente a partir de 2024, y las empresas navieras deberán entregar el número de derechos de emisión correspondiente a todas sus emisiones verificadas notificadas el año precedente. Teniendo en cuenta que las emisiones de la aviación internacional fuera de Europa deben limitarse a partir de enero de 2021 mediante una acción mundial basada en el mercado, mientras que no existe ninguna medida que limite o fije los precios de las emisiones del transporte marítimo, conviene que el RCDE UE cubra tales emisiones, disponiendo al mismo tiempo las excepciones pertinentes con arreglo a condiciones estrictas en el caso de que los terceros países se responsabilicen de dichas emisiones o se cuente con una medida de mercado mundial de la OMI para cubrir una parte de las emisiones de los viajes entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y un puerto bajo la jurisdicción de un país tercero, y que el país tercero pueda decidir las medidas adecuadas con respecto al otro porcentaje de emisiones. A partir de 2027, la ampliación del RCDE UE al sector del transporte marítimo debe incluir, por tanto, las emisiones de las travesías hacia y desde terceros países, disponiendo al mismo tiempo las excepciones pertinentes en relación con la mitad de las emisiones de los buques que realicen travesías que lleguen a un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, y con la mitad de las emisiones de los buques que realicen travesías que salgan de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro con arreglo a  condiciones estrictas, en particular, cuando un tercer país aplique un mecanismo de fijación de precios del carbono , o haya establecido, mediante un acuerdo bilateral o multilateral entre la Unión y uno o varios países terceros, un mecanismo de fijación de precios del carbono vinculado al RCDE UE , conforme al artículo 25 de la Directiva 2003/87/CE, con el fin de limitar y reducir las emisiones a un nivel, al menos, equivalente al del RCDE UE, y en concreto , un mecanismo vinculante para limitar y reducir las emisiones marítimas de gases de efecto invernadero y fijar su precio , dando lugar a una reducción absoluta de las emisiones equivalente al menos al caso en el que el 100 % de tales emisiones se sometiera al RCDE UE, o cuando el tercer país sea un país menos adelantado o un pequeño estado insular en desarrollo que presente un PIB per cápita que no iguale ni supere el promedio de la Unión e incluya tales emisiones en sus contribuciones determinadas a  nivel nacional con arreglo al Acuerdo de París.

(17 bis)

Los efectos adversos del cambio climático repercuten en el respeto de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, a una vivienda digna y a la vida. El Acuerdo de París estableció como tercer pilar de la acción por el clima las pérdidas y daños que afectan de manera desproporcionada a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Los países de ingresos bajos o de ingresos medio-bajos y los países menos adelantados son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Aunque su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera es muy pequeña o incluso insignificante, estos países tienden a estar más expuestos a los efectos del cambio climático, especialmente teniendo en cuenta el estado de sus infraestructuras y las condiciones de vida de sus ciudadanos. Estos países se encuentran ahora en una situación catastrófica debido a la combinación de la incapacidad mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que incrementa aún más sus necesidades y costes de adaptación, y la crisis de las finanzas públicas causada por la pandemia de COVID-19 y la correspondiente «pandemia de deuda».

(17 ter)

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo deben colaborar con terceros países con el fin de facilitar la aceptación de las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE por lo que respecta a las actividades del transporte marítimo e intensificar la cooperación internacional en este ámbito. Al mismo tiempo, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han de trabajar en favor del refuerzo de las medidas mundiales en el marco de la OMI.

(17 quater)

Se requieren importantes recursos económicos para aplicar el Acuerdo de París, y la Unión mantiene su compromiso de contribuir al objetivo de los países desarrollados de movilizar conjuntamente 100 000  millones USD anuales procedentes de diversas fuentes, a partir de 2020, con el fin de ayudar a los países en desarrollo. La decisión de la CP 24 de adoptar un objetivo más ambicioso a partir de 2025, que va más allá del compromiso actual, constituye un paso en la buena dirección, pero los compromisos actuales de los países desarrollados siguen siendo muy insuficientes para alcanzar el objetivo colectivo, por lo que la consiguiente carencia debe subsanarse. La Unión y sus Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para movilizar financiación internacional para la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo y elaborar una hoja de ruta internacional que defina la parte del compromiso financiero de 100 000  millones USD que corresponde equitativamente a cada país desarrollado y los mecanismos que garanticen que se cumplan los compromisos. A partir de 2025, las economías emergentes deben contribuir al futuro incremento de la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático.

(17 quinquies)

La Comisión debe ayudar a los países en desarrollo e incrementar el apoyo que les presta, también a través del RCDE UE, con el fin de reforzar su capacidad de adaptación y su resiliencia en relación con el cambio climático. El compromiso colectivo de la Unión de apoyar la acción por el clima en los países en desarrollo aumentaría la influencia de la Unión en las negociaciones de la CMNUCC, mientras que su contribución a través del Fondo Verde para el Clima alentaría también a otros países a contribuir a dicho Fondo con un porcentaje de sus propios sistemas de fijación del precio del carbono. La Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que examine las necesidades de descarbonización de los países en desarrollo mediante la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores que correspondan a los cubiertos por el RCDE UE y el MAFC.

(17 sexies)

La Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública para la lucha contra el cambio climático. La financiación de la acción por el clima es esencial, ya que muchos países en desarrollo tienen contribuciones determinadas a nivel nacional de naturaleza condicional, cuyo cumplimiento depende de la ayuda financiera. La Comisión debe ayudar a los países en desarrollo a descarbonizar sus industrias, en particular en los sectores correspondientes a los cubiertos por el RCDE UE y el MAFC, con el fin de facilitar que logren sus objetivos de reducción de las emisiones en el conjunto de la economía, de forma acorde con el Acuerdo de París. Debe concederse especial prioridad a las necesidades de los países menos adelantados a través de la utilización de los derechos de emisión del RCDE UE para financiar la lucha contra el cambio climático, en particular la adaptación a los efectos del cambio climático.

(17 septies)

La renovación de la flota de buques de clase de hielo y el desarrollo de tecnologías innovadoras que reduzcan las emisiones de tales buques durante la navegación en condiciones invernales llevarán tiempo y requieren apoyo financiero. En la actualidad, el diseño de los buques de clase de hielo, que les permite navegar en condiciones de hielo, hace que produzcan más emisiones, tanto en aguas abiertas como al navegar en condiciones de hielo, que los buques de tamaño similar diseñados para navegar solo en aguas abiertas. En promedio, cuando navegan en aguas abiertas, los buques de clase de hielo consumen entre un 2 y un 5 % más combustible que los buques de tamaño similar diseñados para navegar solo en aguas abiertas. Por tanto, debe implantarse en virtud de la presente Directiva un método independiente del pabellón que tenga en cuenta las condiciones de hielo en las regiones septentrionales de la Unión y que permita una reducción de los derechos de emisión que deben entregar las empresas navieras en función de la clase de hielo de sus buques o de la navegación en condiciones de hielo, o de ambos factores, hasta el 31 de diciembre de 2029. Como resultado, a partir de 2030, las empresas navieras deberán estar obligadas a entregar los derechos de emisión correspondientes a un cien por cien (100 %) de las emisiones verificadas notificadas para cada año respectivo, con independencia de la clase de hielo de sus buques y de la navegación en condiciones de hielo. También debe prestarse un apoyo específico a la innovación sobre la descarbonización de los buques de clase de hielo a través de un Fondo para los Océanos.

(18)

Las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE relacionadas con las actividades del transporte marítimo deben ser objeto de revisión a la luz de la evolución internacional futura y de los esfuerzos desplegados por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, incluidos el segundo balance mundial en 2028 y los balances mundiales posteriores que se han de realizar cada cinco años a partir de entonces, destinados a proporcionar información para las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional. En concreto, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en cualquier momento antes del segundo balance mundial de 2028 y, por tanto, a más tardar el 30 de septiembre de 2028, sobre los avances en las negociaciones de la OMI relativas a un instrumento de mercado mundial. En su informe, la Comisión debe analizar los instrumentos de la Organización Marítima Internacional y evaluar, según proceda, cómo aplicar dichos instrumentos en el Derecho de la Unión mediante una revisión de la Directiva 2003/87/CE. En su informe , la Comisión debe incluir las propuestas oportunas .

(18)

Las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE relacionadas con las actividades del transporte marítimo deben ser objeto de revisión a la luz de la evolución internacional futura y de los esfuerzos desplegados por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, incluidos el segundo balance mundial en 2028 y los balances mundiales posteriores que se han de realizar cada cinco años a partir de entonces, destinados a proporcionar información para las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional. En concreto, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en cualquier momento antes del segundo balance mundial de 2028 y, por tanto, a más tardar el 30 de septiembre de 2028, sobre los avances en las negociaciones de la OMI relativas a un instrumento de mercado mundial. En su informe, la Comisión debe analizar los instrumentos de la Organización Marítima Internacional y evaluar, según proceda, cómo aplicar dichos instrumentos en el Derecho de la Unión mediante una revisión de la Directiva 2003/87/CE. En el caso de que se haya adoptado un instrumento de mercado mundial a escala de la OMI que dé lugar a reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el Acuerdo de París y al menos comparables con las resultantes de las medidas de la Unión, la Comisión debe considerar una reducción proporcional del ámbito de aplicación de las medidas de la Unión con el fin de evitar la creación de una doble carga, manteniendo al mismo tiempo en el ámbito de aplicación del RCDE UE al menos el cincuenta por ciento (50 %) de las emisiones procedentes de buques que realicen travesías que lleguen a un puerto fuera de la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado bajo la jurisdicción de un Estado miembro, y el cincuenta por ciento (50 %) de las emisiones de buques que realicen travesías que lleguen a un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, reconociendo al tiempo la soberanía de la Unión para regular su cuota de las emisiones de viajes de transporte marítimo internacional en consonancia con las obligaciones del Acuerdo de París. No obstante, en caso de que no se produzcan progresos suficientes en la OMI o de que las medidas mundiales adoptadas en su marco no sean acordes con el Acuerdo de París y comparables, como mínimo, a las resultantes de las medidas de la Unión, la Comisión debe mantener las medidas de la Unión para cubrir el cien por cien (100 %) de las emisiones de los buques que efectúan travesías desde un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro hasta un puerto fuera de la jurisdicción de un Estado miembro y el cien por cien (100 %) de las emisiones de los buques que efectúan travesías desde un puerto fuera de la jurisdicción de un Estado miembro hasta un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro, mediante una modificación de la Directiva 2003/87/CE.

(19)

La Comisión debe revisar el funcionamiento de la Directiva 2003/87/CE en relación con las actividades de transporte marítimo a la luz de la experiencia de su aplicación, también en relación con posibles prácticas de elusión y, a continuación, debe proponer medidas para garantizar su eficacia.

(19)

La Comisión debe revisar el funcionamiento de la Directiva 2003/87/CE en relación con las actividades de transporte marítimo a la luz de la experiencia de su aplicación, también en relación con posibles prácticas de elusión y, a continuación, debe proponer medidas para garantizar su eficacia , en consonancia con el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050 a más tardar y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha, establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119, y con los objetivos del Acuerdo de París .

(20)

La persona u organización responsable del cumplimiento del RCDE UE debe ser la empresa naviera, definida como el armador o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir dicha responsabilidad, haya aceptado asumir todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación. Esta definición se basa en la definición de «empresa» del artículo 3, letra d), del Reglamento (UE) 2015/757, y en consonancia con el sistema mundial de recopilación de datos establecido en 2016 por la OMI. En virtud de la presente Directiva y en consonancia con el principio de «quien contamina paga», mediante un acuerdo contractual, la empresa naviera podría considerar a la entidad directamente responsable de las decisiones que afectan a las emisiones de CO2 del buque responsable de los costes de conformidad. Esta entidad sería normalmente la responsable de la elección del combustible, la ruta y la velocidad del buque.

(20)

La persona u organización responsable del cumplimiento del RCDE UE debe ser la empresa naviera, definida como el armador o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir dicha responsabilidad, haya aceptado asumir todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación. Esta definición se basa en la definición de «empresa» del artículo 3, letra d), del Reglamento (UE) 2015/757, y en consonancia con el sistema mundial de recopilación de datos establecido en 2016 por la OMI. No obstante, la empresa naviera no siempre es la responsable de comprar el combustible o tomar las decisiones operativas que afectan a las emisiones de gases de efecto invernadero del buque. Esas responsabilidades pueden recaer en una entidad distinta de la empresa naviera en virtud de un acuerdo contractual. En tal caso, para garantizar el pleno respeto del principio de «quien contamina paga» y alentar la adopción de medidas de eficiencia y de combustibles más limpios , debe incluirse en dichos acuerdos una cláusula vinculante para la imputación de los costes, de forma que la entidad responsable en última instancia de las decisiones que afectan a las emisiones de gases de efecto invernadero del buque sea responsable de cubrir los costes de conformidad pagados por la empresa naviera en virtud de la presente Directiva . Dicha entidad sería normalmente la responsable de la elección y la compra del combustible utilizado por el buque o de la explotación de este en lo que atañe, por ejemplo, a la elección de la carga transportada , la ruta y la velocidad del buque.

(20 bis)

Una transición satisfactoria hacia un transporte marítimo con cero emisiones requiere un enfoque integral y un entorno propicio para estimular la innovación, tanto en lo que respecta a los buques como a los puertos. Este entorno propicio implica inversiones públicas y privadas en investigación e innovación, medidas tecnológicas y operativas para aumentar la eficiencia energética de los buques y los puertos, y el despliegue de combustibles alternativos sostenibles, como el hidrógeno y el amoniaco, que son producidos a partir de fuentes de energía renovables, también mediante contratos por diferencias para el carbono («CDC»), y de tecnologías de propulsión de cero emisiones, incluida la necesaria infraestructura de repostaje y recarga en los puertos. Debe crearse un Fondo para los Océanos con los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión relativos a las actividades de transporte marítimo en el marco del RCDE UE, a fin de mejorar la eficiencia energética de los buques y apoyar inversiones encaminadas a facilitar la descarbonización del transporte marítimo, también por lo que respecta al transporte marítimo de corta distancia y los puertos, y la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores. Además, los ingresos generados por las sanciones impuestas con arreglo al Reglamento (UE) … /… [FuelEU Maritime] deben asignarse al Fondo para los Océanos como ingresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1bis) y el artículo 3 octies bis ter, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. La Comisión debe velar por que se otorgue la debida consideración al apoyo a proyectos innovadores que contribuyan al despliegue y la ejecución del Reglamento (UE) …/… [FuelEU Maritime], así como a proyectos que ejerzan un efecto positivo en la biodiversidad y contribuyan a reducir el riesgo de contaminación acústica, atmosférica y marítima.

(21)

Con el fin de reducir la carga administrativa para las empresas navieras, es conveniente que cada una de ellas dependa de un Estado miembro. La Comisión debe publicar una lista inicial de las empresas navieras que hayan llevado a cabo una actividad marítima dentro del ámbito de aplicación del RCDE UE, en la que se especifique la autoridad responsable de la gestión de cada empresa naviera. La lista debe actualizarse al menos cada dos años para reasignar a las empresas navieras a otra autoridad responsable, según proceda. En el caso de las empresas navieras registradas en un Estado miembro, la autoridad responsable de la gestión debe ser ese Estado miembro. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero, la autoridad responsable de la gestión debe ser el Estado miembro en el que la empresa naviera haya tenido el mayor número estimado de escalas portuarias de viajes incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los dos últimos años de seguimiento. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero, que no hayan realizado ningún viaje incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los dos últimos años de seguimiento, la autoridad responsable de la gestión debe ser el Estado miembro desde el que la empresa naviera inició su primer viaje dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Cada dos años , la Comisión debe publicar y actualizar una lista de empresas navieras incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, que especifique la autoridad responsable de la gestión de cada una de ellas. Para garantizar un trato igualitario a todas las empresas navieras, los Estados miembros deben atenerse a unas normas armonizadas de gestión de las empresas navieras que estén bajo su responsabilidad, de conformidad con las normas detalladas que establezca la Comisión.

(21)

Con el fin de reducir la carga administrativa para las empresas navieras, es conveniente que cada una de ellas dependa de un Estado miembro. La Comisión debe publicar una lista inicial de las empresas navieras que hayan llevado a cabo una actividad marítima dentro del ámbito de aplicación del RCDE UE, en la que se especifique la autoridad responsable de la gestión de cada empresa naviera. La lista debe actualizarse periódicamente y al menos cada año para reasignar a las empresas navieras a otra autoridad responsable, según proceda. En el caso de las empresas navieras registradas en un Estado miembro, la autoridad responsable de la gestión debe ser ese Estado miembro. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero, la autoridad responsable de la gestión debe ser el Estado miembro en el que la empresa naviera haya tenido el mayor número estimado de escalas portuarias de viajes incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los dos últimos años de seguimiento. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero, que no hayan realizado ningún viaje incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los dos últimos años de seguimiento, la autoridad responsable de la gestión debe ser el Estado miembro desde el que la empresa naviera inició su primer viaje dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Cada año , la Comisión debe publicar y actualizar una lista de empresas navieras incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, que especifique la autoridad responsable de la gestión de cada una de ellas. Para garantizar un trato igualitario a todas las empresas navieras, los Estados miembros deben atenerse a unas normas armonizadas de gestión de las empresas navieras que estén bajo su responsabilidad, de conformidad con las normas detalladas que establezca la Comisión.

(24)

Sobre la base de la experiencia adquirida en tareas similares relacionadas con la protección del medio ambiente, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) u otra organización pertinente debe, según proceda y de conformidad con su mandato, ayudar a la Comisión y a las autoridades responsables, con la aplicación de la Directiva 2003/87/CE. Por su experiencia en la aplicación del Reglamento (UE) 2015/757 y las herramientas informáticas de que dispone, la AESM podría ayudar a las autoridades responsables, en concreto en relación con el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones generadas por las actividades marítimas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, facilitando el intercambio de información o elaborando directrices y criterios.

(24)

Sobre la base de la experiencia adquirida en tareas similares relacionadas con la protección del medio ambiente, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) u otra organización pertinente debe, según proceda y de conformidad con su mandato, ayudar a la Comisión y a las autoridades responsables, con la aplicación de la Directiva 2003/87/CE. Por su experiencia en la aplicación del Reglamento (UE) 2015/757 y las herramientas informáticas de que dispone, la AESM debe ayudar a las autoridades responsables, en concreto en relación con el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones generadas por las actividades marítimas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, facilitando el intercambio de información o elaborando directrices y criterios.

(26)

Para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de la Unión para 2030 será necesario reducir las emisiones de los sectores incluidos en el RCDE UE en un 61 % con respecto a 2005 . La cantidad de derechos de emisión del RCDE UE a escala de la Unión debe reducirse para crear la señal de precio del carbono necesaria a largo plazo e impulsar este grado de descarbonización. A tal fin, debe aumentarse el factor de reducción lineal , teniendo también en cuenta la inclusión de las emisiones del transporte marítimo. Estas últimas deben derivarse de las emisiones de las actividades de transporte marítimo notificadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 para 2018 y 2019 en la Unión, ajustadas, a partir del año 2021, mediante el factor de reducción lineal.

(26)

Para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de la Unión para 2030 al tiempo que se persigue el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5  oC, será necesario reducir de forma significativa las emisiones de los sectores incluidos en el RCDE UE. La cantidad de derechos de emisión del RCDE UE a escala de la Unión debe reducirse de forma progresiva para crear la señal de precio del carbono necesaria a largo plazo e impulsar este grado de descarbonización. A tal fin, debe aumentarse el factor de reducción anual , teniendo también en cuenta la inclusión de las emisiones del transporte marítimo. Estas últimas deben derivarse de las emisiones de las actividades de transporte marítimo notificadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 para 2018 y 2019 en la Unión, ajustadas, a partir del año 2021, mediante el factor de reducción lineal.

(27)

Teniendo en cuenta que la presente Directiva modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a un período de aplicación que ya se inició el 1 de enero de 2021, por razones de predictibilidad, eficacia medioambiental y simplicidad, la vía más pronunciada de reducción lineal del RCDE UE debe ser una línea recta de 2021 a 2030, con el fin de lograr una reducción del 61 % de las emisiones en el RCDE UE de aquí a 2030, como paso intermedio adecuado hacia la neutralidad climática en toda la economía de la Unión en 2050. Dado que el factor de reducción lineal incrementado solo puede aplicarse a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva, una reducción única de la cantidad de derechos de emisión debe reducir la cantidad total de derechos de emisión de manera que esté en consonancia con este nivel de reducción anual que se haya efectuado a partir de 2021.

(27)

Teniendo en cuenta que la presente Directiva modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a un período de aplicación que ya se inició el 1 de enero de 2021, por razones de predictibilidad, eficacia medioambiental y simplicidad, la vía más pronunciada de reducción del RCDE UE debe proporcionar una orientación clara hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y la neutralidad climática en toda la economía de la Unión en 2050 a más tardar . Dado que el factor de reducción incrementado solo puede aplicarse a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva, una reducción única de la cantidad de derechos de emisión debe reducir la cantidad total de derechos de emisión de manera que esté en consonancia con este nivel de reducción anual que se haya efectuado a partir de 2021.

(28)

A fin de alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos será necesario destinar un número sustancial de recursos públicos en la UE, así como presupuestos nacionales, a la transición climática. Para complementar y reforzar el considerable gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la UE, todos los ingresos procedentes de las subastas que no se atribuyan al presupuesto de la Unión deberán utilizarse con fines relacionados con el clima. Esto incluye el uso de apoyo financiero para abordar los aspectos sociales de los hogares de renta media y baja mediante la reducción de los impuestos con efecto distorsionador. Además, para hacer frente a los efectos distributivos y sociales de la transición en los Estados miembros de renta baja , debe utilizarse una cantidad adicional del 2,5  % de la cantidad de derechos de emisión a escala de la Unión desde el [año de entrada en vigor de la Directiva] hasta 2030 para financiar la transición energética de los Estados miembros con un producto interior bruto (PIB) per cápita inferior al 65 % de la media de la Unión en 2016-2018, a través del Fondo de Modernización a que se refiere el artículo 10 quinquies de la Directiva 2003/87/CE.

(28)

A fin de alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos será necesario destinar un número sustancial de recursos públicos y privados en la UE, así como presupuestos nacionales, a la transición climática. Para complementar y reforzar el considerable gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la UE, todos los ingresos procedentes de las subastas que no se atribuyan al presupuesto de la Unión en forma de recursos propios deberán utilizarse con fines relacionados con el clima , al tiempo que se garantiza una transición justa y la integridad medioambiental de las medidas adoptadas . Esto incluye el uso de apoyo financiero para abordar los aspectos sociales de los hogares de renta media y baja mediante la reducción de los impuestos con efecto distorsionador. Para garantizar el cumplimiento y el control público, los Estados miembros deben adoptar planes ex ante sobre cómo se proponen utilizar los ingresos del RCDE UE de conformidad con sus respectivos objetivos en materia de clima y energía, y deben informar anualmente sobre el uso de los ingresos procedentes de las subastas de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1 bis) . Además, para hacer frente a los efectos distributivos y sociales de la transición en los territorios más afectados , debe utilizarse una cantidad adicional del 2,5  % de la cantidad de derechos de emisión a escala de la Unión desde el [año de entrada en vigor de la Directiva] hasta 2030 para financiar la transición energética de los Estados miembros con un producto interior bruto (PIB) per cápita inferior al 65 % de la media de la Unión en 2016-2018, a través del Fondo de Modernización a que se refiere el artículo 10 quinquies de la Directiva 2003/87/CE.

(28 bis)

Desde 2013, los productores de electricidad están obligados a comprar todos los derechos de emisión que necesiten para generar electricidad. No obstante, algunos Estados miembros han conservado la opción de seguir procediendo a la asignación gratuita transitoria para la modernización del sector energético en los períodos 2013-2020 y 2021-2030. Para el período 2021-2030 solo tres Estados miembros seguirían teniendo esa opción. Ahora bien, en su Informe Especial 18/2020, titulado «Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea: la asignación gratuita de derechos de emisión necesitaba una mejor orientación», el Tribunal de Cuentas Europeo señaló que la asignación gratuita transitoria no había contribuido a reducir la intensidad de carbono en el sector de la energía en los países que podían optar a la asignación gratuita de derechos de emisión en el período 2013-2020. En vista de la necesidad de una descarbonización rápida, en especial en el sector de la energía, y la reducida eficacia de la asignación gratuita transitoria, la opción de una asignación gratuita transitoria para la modernización del sector de la energía ya no parece servir a su propósito. Por tanto, esta opción debe dejar de ofrecerse y todos los derechos de emisión resultantes del ejercicio de ella que no hayan sido asignados a los operadores de los Estados miembros afectados, a más tardar, el 31 de diciembre de 2023 deben sumarse a la cantidad total de derechos de emisión recibida para subasta por el Estado miembro de que se trate o bien utilizarse para apoyar inversiones en el marco del Fondo de Modernización.

(28 ter)

Una parte bien precisada de los ingresos de las subastas del RCDE UE reformado y ampliado debe utilizarse como recurso propio para financiar el presupuesto de la Unión como ingresos generales, de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, de carácter jurídicamente vinculante, sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios  (1 bis) , que contiene una hoja de ruta para la introducción de un conjunto de nuevos recursos propios, incluidos, entre otros, recursos propios basados en el RCDE UE, y con base en el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC) y el primer pilar del acuerdo entre la OCDE y el G20. En virtud de dicho Acuerdo, está previsto que estos nuevos recursos propios se introduzcan a más tardar el 1 de enero de 2023. Los nuevos recursos propios vincularían el presupuesto de la Unión con las prioridades políticas de la Unión, como el Pacto Verde Europeo y la contribución de la Unión a una fiscalidad justa, añadiendo valor y contribuyendo a los objetivos de integración de la dimensión climática, el reembolso de las deudas de Next Generation EU y la resiliencia del presupuesto de la Unión como instrumento para las inversiones y garantías que respeten el criterio de «no causar un perjuicio significativo» y los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

(28 quater)

De conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1 bis) , la Unión está jurídicamente obligada a reembolsar todos los pasivos contraídos mediante la posibilidad excepcional y temporal para contraer empréstitos en el marco de Next Generation EU a más tardar el 31 de diciembre de 2058. Por consiguiente, a fin de respetar el Acuerdo Interinstitucional jurídicamente vinculante y su hoja de ruta para la introducción de un conjunto de nuevos recursos propios destinados a reembolsar la deuda de la Unión, una parte de los ingresos del RCDE UE debe revertir en el presupuesto de la Unión para contribuir a cubrir los costes de endeudamiento, tal como se establece en [la Decisión…/… (UE/Euratom) del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea], y evitar reducciones sustanciales que pongan en peligro los programas de la Unión en futuros marcos financieros plurianuales.

(28 quinquies)

Los importes sustanciales de los ingresos generados por el RCDE UE reforzado, que, exceptuando la parte asignada al presupuesto de la Unión, retienen los Estados miembros, deben utilizarse para los fines de la transición climática. Sin embargo, el ámbito de aplicación más amplio y la gama más diversa de intervenciones no deben ir en detrimento de la unidad, la eficacia, la integridad y el control democrático del presupuesto de la Unión.

(29)

Deben ofrecerse más incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando técnicas rentables. A tal fin, la asignación gratuita de derechos de emisión a instalaciones fijas a partir de 2026 debe supeditarse a la inversión en técnicas para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones . Garantizar que esto se centre en los grandes usuarios de energía daría lugar a una reducción sustancial de la carga para los negocios con menor consumo de energía, que pueden ser propiedad de pequeñas y medianas empresas o microempresas. [Referencia pendiente de confirmación con la DEE revisada]. Los actos delegados pertinentes deben adaptarse en consecuencia .

(29)

Deben ofrecerse más incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando técnicas rentables. A tal fin, se debe implantar un sistema de bonificación y penalización para determinar el porcentaje de la asignación gratuita. Para las instalaciones con emisiones de gases de efecto invernadero superiores a los valores de referencia pertinentes, el porcentaje de asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2026 debe variar en función de la ejecución de un plan de neutralidad climática debidamente establecido. En cambio, las instalaciones cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean inferiores a los valores de referencia pertinentes deben recibir un incentivo en forma de una asignación gratuita adicional .

(30)

El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC), establecido en virtud del Reglamento (UE) […/..] del Parlamento Europeo y del Consejo (51), es una alternativa a la asignación gratuita para hacer frente al riesgo de fuga de carbono. En la medida en que los sectores y los subsectores estén incluidos en dicha medida, no deben recibir asignación gratuita. Sin embargo, es necesaria una eliminación transitoria de los derechos gratuitos para permitir a los productores, importadores y comerciantes adaptarse al nuevo régimen. La reducción de la asignación gratuita debe llevarse a cabo aplicando un factor a la asignación gratuita para los sectores del MAFC, mientras que dicho mecanismo se introduce gradualmente. Este porcentaje (factor MAFC) debe ser igual al 100 % durante el período transitorio entre la entrada en vigor del [Reglamento MAFC] y 2025 , al 90 % en 2026 , y debe ir reduciéndose en 10 puntos porcentuales cada año hasta alcanzar el 0 % , eliminando así la asignación gratuita al término del décimo año. Los actos delegados pertinentes sobre la asignación gratuita deben adaptarse en consecuencia a los sectores y subsectores incluidos en el MAFC. La asignación gratuita que deje de concederse a los sectores del MAFC sobre la base de este cálculo (demanda del MAFC) debe subastarse y los ingresos recaerán en el Fondo de Innovación , a fin de apoyar la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono, captura y utilización de carbono, captura y almacenamiento geológico de carbono, energías renovables y almacenamiento de energía, de manera que contribuyan a mitigar el cambio climático. Debe prestarse especial atención a los proyectos de los sectores del MAFC. Para respetar la proporción de la asignación gratuita disponible para los sectores no incluidos en el MAFC, el importe final que debe deducirse de la asignación gratuita y por subastar debe calcularse sobre la base de la proporción querepresenta la demanda del MAFC con respecto a las necesidades de asignación gratuita de todos los sectores que reciben derechos de emisión gratuitos.

(30)

El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC), establecido en virtud del Reglamento (UE) […/..] del Parlamento Europeo y del Consejo (51), tiene por objeto ofrecer de forma progresiva una alternativa a la asignación gratuita para hacer frente al riesgo de fuga de carbono , sin debilitar la competitividad de la Unión . En la medida en que los sectores y los subsectores estén incluidos en dicha medida, no deben recibir asignación gratuita. Sin embargo, es necesaria una eliminación transitoria de los derechos gratuitos para permitir a los productores, importadores y comerciantes adaptarse al nuevo régimen. La reducción de la asignación gratuita debe llevarse a cabo aplicando un factor a la asignación gratuita para los sectores del MAFC, mientras que dicho mecanismo se introduce gradualmente. Este porcentaje (factor MAFC) debe ser igual al 100 % durante el período transitorio entre la entrada en vigor del [Reglamento MAFC] y el final de 2026 , y estará supeditado a la aplicación del artículo 36, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) …/… [Reglamento MAFC] , y debe ir reduciéndose en 7 puntos porcentuales en 2027, 9 puntos porcentuales en 2028, 15 puntos porcentuales en 2029, 19 puntos porcentuales en 2030, 25 puntos porcentuales en 2031 y 25 puntos porcentuales en 2032 , con lo que se eliminará la asignación gratuita al término de 2032. A fin de proteger la competitividad de las exportaciones de la Unión, la producción en la Unión de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento [MAFC] debe seguir recibiendo una asignación gratuita, siempre que dichos productos estén destinados a la exportación a terceros países sin mecanismos de fijación del precio del carbono similares al RCDE UE. A más tardar [un año antes de la finalización del período transitorio establecido en el Reglamento [MAFC]], la Comisión debe presentar un informe en el que facilite una evaluación de los efectos del RCDE UE y del MAFC en la producción en la Unión de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento [MAFC] destinados a la exportación a terceros países y en la evolución de las emisiones mundiales, así como una evaluación de la compatibilidad con la normativa de la OMC de la exención de las exportaciones, evaluando en especial los posibles mecanismos de ajuste a la exportación para las instalaciones que pertenezcan al 10 % de las instalaciones más eficientes a la luz de la compatibilidad con la OMC o cualquier otra propuesta que la Comisión considere adecuada, y debe, cuando proceda, presentar una propuesta de legislación y medidas adecuadas y conformes con la OMC que igualen los costes del CO2 con los distintos sistemas de tarificación de esos terceros países. Los actos delegados pertinentes sobre la asignación gratuita deben adaptarse en consecuencia a los sectores y subsectores incluidos en el MAFC. La asignación gratuita que deje de concederse a los sectores del MAFC sobre la base de este cálculo (demanda del MAFC) debe subastarse y los ingresos recaerán en el fondo de inversión en el clima , a fin de apoyar la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono, captura y utilización de carbono, captura y almacenamiento geológico de carbono, energías renovables y almacenamiento de energía, de manera que contribuyan a mitigar el cambio climático. Debe prestarse especial atención a los proyectos de los sectores del MAFC. Para respetar la proporción de la asignación gratuita disponible para los sectores no incluidos en el MAFC, el importe final que debe deducirse de la asignación gratuita y por subastar debe calcularse sobre la base de la proporción que representa la demanda del MAFC con respecto a las necesidades de asignación gratuita de todos los sectores que reciben derechos de emisión gratuitos.

(30 bis)

El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC) aborda el riesgo de la fuga de carbono mediante la aplicación de un precio uniforme a las emisiones implícitas en las mercancías importadas al territorio aduanero de la Unión. Es importante monitorizar, prevenir y abordar también el riesgo de que las mercancías producidas en la Unión y destinadas a su exportación a terceros países sean sustituidas en el mercado mundial por bienes con un mayor contenido de carbono. De ahí que la Comisión deba monitorizar y evaluar constantemente la eficacia del MAFC a la luz del riesgo de fuga de carbono en los mercados de exportación, como la evolución de las exportaciones de la Unión en los sectores del MAFC y la evolución de los flujos comerciales y las emisiones implícitas de tales bienes en el mercado mundial. Cuando se detecte un riesgo de fuga de carbono, la Comisión, según proceda, debe presentar una propuesta legislativa para abordar dicho riesgo en los mercados de exportación de conformidad con las normas de la OMC. Además, la Unión debe procurar activamente la creación de un «club del carbono» internacional, y participar de manera continua en la cooperación internacional con respecto a la introducción de mecanismos de fijación del precio del carbono. El éxito del mercado europeo del carbono es crucial desde una perspectiva mundial, ya que alentará a más países a introducir mecanismos de fijación precios del carbono basados en el mercado. La Comisión debe seguir analizando cómo podrían establecerse vínculos con otros mercados del carbono garantizando a la vez la consecución del objetivo climático propio de la Unión para el conjunto de la economía.

(31)

A fin de reflejar mejor el progreso tecnológico y ajustar los valores de referencia correspondientes al período de asignación pertinente y garantizar, al mismo tiempo, incentivos para la reducción de las emisiones y recompensar adecuadamente la innovación, el ajuste máximo de los valores de referencia debe aumentarse del 1,6  % al 2,5  % anual. Para el período comprendido entre 2026 y 2030 los valores de referencia se deben ajustar en consecuencia en un rango de entre 4  % y 50 %, en comparación con el valor aplicable en el período comprendido entre 2013 y 2020.

(31)

A fin de reflejar mejor el progreso tecnológico y ajustar los valores de referencia correspondientes al período de asignación pertinente y garantizar, al mismo tiempo, incentivos para la reducción de las emisiones y recompensar adecuadamente la innovación, el ajuste máximo de los valores de referencia debe aumentarse del 1,6  % al 2,5  % anual. Para el período comprendido entre 2026 y 2030 los valores de referencia se deben ajustar en consecuencia en un rango de entre 8  % y 50 %, en comparación con el valor aplicable en el período comprendido entre 2013 y 2020. Los valores de referencia ajustados deben publicarse tan pronto como se disponga de la información necesaria, y a más tardar… [seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] con el fin de que dichos valores sean aplicables a partir de 2026.

(31 bis)

Los costes indirectos significativos derivados de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad generan un riesgo de fuga de carbono en determinados sectores. Para mitigar ese riesgo, los Estados miembros deben adoptar medidas financieras para la compensación de los costes indirectos. Las medidas deben ser acordes con las normas en materia de ayudas estatales y no deben ocasionar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado interior.

(32)

Un enfoque integral de la innovación es esencial para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. A escala de la UE, los esfuerzos necesarios en materia de investigación e innovación reciben apoyo, por ejemplo, mediante Horizonte Europa, que incluye una financiación significativa y nuevos instrumentos para los sectores incluidos en el RCDE. Los Estados miembros deben velar por que las disposiciones nacionales de transposición no obstaculicen las innovaciones y sean tecnológicamente neutras.

(32)

Un enfoque integral de la innovación es esencial para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. A escala de la UE, los esfuerzos necesarios en materia de investigación e innovación reciben apoyo, por ejemplo, mediante Horizonte Europa, que incluye una financiación significativa y nuevos instrumentos para los sectores incluidos en el RCDE. En consecuencia, el Fondo de Inversión en el Clima debe buscar sinergias con Horizonte Europa y, en su caso, con otros programas de financiación de la Unión. Los Estados miembros deben velar por que las disposiciones nacionales de transposición no obstaculicen las innovaciones , faciliten la puesta en práctica de los resultados científicos innovadores y sean tecnológicamente neutras , y la Comisión debe garantizar la disponibilidad y la eficiencia de la asistencia técnica y de asesoramiento necesaria .

(32 bis)

Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, conforme se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión debe subsanar un déficit de inversión significativo, según se dispone en la Comunicación de la Comisión, de 6 de julio de 2021, titulada «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible». Para lograr nuestro objetivo de descarbonización, se requiere una innovación radical, la expansión de las tecnologías pertinentes que ya existen y eliminaciones naturales de CO2 certificadas. Para apoyar la descarbonización en profundidad y en el conjunto de la economía de la Unión, cada uno de estos tres pilares deben abordarse a través del Fondo de Innovación, que debe rebautizarse como Fondo de Inversión en el Clima.

(33)

El ámbito de aplicación del Fondo de Innovación a que se refiere el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse para apoyar la innovación en tecnologías y procesos hipocarbónicos que afecten al consumo de combustibles en los sectores de los edificios y el transporte por carretera. Además, el Fondo de Innovación debe servir para apoyar las inversiones destinadas a descarbonizar el sector del transporte marítimo, incluidas las inversiones en combustibles alternativos sostenibles, como el hidrógeno y el amoníaco, producidos a partir de energías renovables, así como tecnologías de propulsión de cero emisiones como las tecnologías eólicas. Considerando que los ingresos generados por las sanciones recaudadas en virtud del Reglamento xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]  (19) se asignan al Fondo de Innovación como ingresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero, la Comisión debe velar por que se preste apoyo a proyectos innovadores destinados a acelerar el desarrollo y el despliegue de combustibles renovables y con bajas emisiones de carbono en el sector marítimo, tal como se especifica en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Para garantizar que se dispone de financiación suficiente para la innovación dentro de este ámbito ampliado, el Fondo de Innovación debe complementarse con 50 millones de derechos de emisión, procedentes en parte de los derechos de emisión que, de otro modo, podrían subastarse, y en parte de los derechos que, de otro modo, podrían asignarse gratuitamente, de conformidad con la proporción actual de financiación proporcionada por cada fuente al Fondo de Innovación .

(33)

El ámbito de aplicación del Fondo de Inversión en el Clima a que se refiere el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse para apoyar la instalación de tecnologías no punteras en procesos industriales con un gran potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pero que no están listas para el mercado, así como la innovación en tecnologías y procesos hipocarbónicos que afecten al consumo de combustibles en los sectores de los edificios y el transporte por carretera , incluidas las formas colectivas de transporte. También debe ser posible utilizar el Fondo de Inversión en el Clima para apoyar tecnologías innovadoras de vanguardia en el sector de los residuos . Para garantizar que se dispone de financiación suficiente para la innovación dentro de este ámbito ampliado, el Fondo de Inversión en el Clima debe complementarse con 50 millones de derechos de emisión, procedentes en parte de los derechos de emisión que, de otro modo, podrían subastarse, y en parte de los derechos que, de otro modo, podrían asignarse gratuitamente, de conformidad con la proporción actual de financiación proporcionada por cada fuente al Fondo de Inversión en el Clima. Para impulsar la innovación en tecnologías punteras lo antes posible, la Comisión debe garantizar que parte de la financiación disponible a través del Fondo de Inversión en el Clima «se distribuya de forma anticipada» en los cinco primeros años de aplicación de la presente Directiva.

(33 bis)

La aceleración del despliegue de las fuentes de energía sostenibles y renovables nacionales desempeña un papel fundamental en el plan de la Unión de terminar con la dependencia respecto a los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030. Además, la disponibilidad de grandes cantidades de energía sostenible y renovable es necesaria para garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos industriales y en la economía en general. Se requiere un incremento sustancial del objetivo de la Unión en materia de energías renovables de aquí a 2030, así como de las contribuciones nacionales conexas. Por tanto, al menos el 12 % de los derechos de emisión puestos a disposición del Fondo de Inversión en el Clima deben utilizarse en el desarrollo y el despliegue ulteriores de fuentes de energía sostenibles y renovables en la Unión, con arreglo al principio de primacía de la eficiencia energética. Debe otorgarse prioridad al desarrollo de la autoproducción, el almacenamiento y la puesta en común a escala local, en particular a través de las comunidades de energías renovables.

(33 ter)

Al apoyar proyectos mediante financiación pública, el Fondo de Inversión en el Clima ofrecería a las empresas ventajas significativas para desarrollar sus productos o servicios. Por consiguiente, los proyectos financiados por el Fondo de Inversión en el Clima deben compartir conocimientos con otros proyectos pertinentes, así como con investigadores establecidos en la Unión que tengan un interés legítimo.

(35)

Los contratos por diferencias para el carbono son un elemento importante para impulsar la reducción de emisiones en la industria y ofrecen la oportunidad de garantizar a los inversores en tecnologías innovadoras respetuosas con el clima un precio por encima de los niveles actuales de precios inducidos por el RCDE UE que recompense las reducciones de emisiones de CO2. La gama de medidas que puede apoyar el Fondo de Innovación debe ampliarse para prestar apoyo a proyectos a través de licitaciones competitivas, como los contratos por diferencias para el carbono. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados sobre las normas precisas para este tipo de ayuda.

(35)

Los contratos por diferencias para el carbono son un elemento importante para impulsar la reducción de emisiones en la industria por medio de la expansión de nuevas tecnologías, y ofrecen la oportunidad de garantizar a los inversores en tecnologías innovadoras respetuosas con el clima un precio por encima de los niveles actuales de precios inducidos por el RCDE UE que recompense las reducciones de emisiones de CO2. La gama de medidas que puede apoyar el Fondo de Inversión en el Clima debe ampliarse para prestar apoyo a proyectos a través de licitaciones neutras con respecto a la tecnología y competitivas, como los contratos por diferencias para el carbono , dentro del respeto del principio de equilibrio geográfico . Los contratos por diferencias para el carbono serían un mecanismo importante para apoyar el desarrollo de tecnologías de descarbonización, como la captura y almacenamiento geológico de carbono y la captura y utilización del carbono, y optimizar el uso de los recursos disponibles. Los contratos por diferencias para el carbono también ofrecerían certidumbre a los inversores en tecnologías, como las de captura de carbono. La Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto centrada concretamente en las opciones para la prestación de apoyo mediante licitación pública, y en particular los niveles de financiación ofrecidos. Sobre la base de los resultados de dicha evaluación, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados sobre las normas precisas para este tipo de ayuda.

(38)

El ámbito de aplicación del Fondo de Modernización debe estar en consonancia con los objetivos climáticos más recientes de la Unión al exigir que las inversiones sean coherentes con los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Reglamento (UE) 2021/1119 y eliminar el apoyo a cualquier inversión relacionada con combustibles fósiles. Además, el porcentaje del Fondo de Modernización que debe dedicarse a inversiones prioritarias debe aumentarse al 80  %; la eficiencia energética debe orientarse como ámbito prioritario desde el punto de vista de la demanda; y el apoyo a los hogares para hacer frente a la pobreza energética, también en las zonas rurales y remotas, debe incluirse en el ámbito de las inversiones prioritarias.

(38)

El ámbito de aplicación del Fondo de Modernización debe estar en consonancia con los objetivos climáticos más recientes de la Unión al exigir que las inversiones sean coherentes con los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Reglamento (UE) 2021/1119 y eliminar el apoyo a cualquier inversión relacionada con combustibles fósiles. La ayuda procedente del Fondo de Modernización solo debe otorgarse a los Estados miembros que hayan adoptado objetivos jurídicamente vinculantes respecto a la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, así como medidas para la supresión gradual de todos los combustibles fósiles en un plazo coherente con las metas fijadas en el Reglamento (UE) 2021/1119. Para garantizar el uso eficiente de los fondos de la Unión, el acceso al Fondo de Modernización debe subordinarse al respeto del Estado de Derecho. Además, el porcentaje del Fondo de Modernización que debe dedicarse a inversiones prioritarias debe aumentarse al 100  %; la eficiencia energética debe orientarse como ámbito prioritario desde el punto de vista de la demanda; y el apoyo a los hogares para hacer frente a la pobreza energética, también en las zonas rurales y remotas, debe incluirse en el ámbito de las inversiones prioritarias.

(38 bis)

Con el aumento de los precios del RCDE UE, se han incrementado de forma considerable los ingresos procedentes del RCDE UE para los Estados miembros y la Unión. Para reconocer la contribución de los ingresos del RCDE UE a la transición de la industria de la Unión y apoyar a las personas vulnerables de la Unión para que puedan efectuar el cambio a alternativas respetuosas con el medio ambiente, debe introducirse una etiqueta RCDE UE. Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar que se indique claramente que la financiación procede de los ingresos del RCDE UE mediante la exhibición de una etiqueta adecuada para todos los proyectos y actividades apoyados a escala nacional o con fondos de la Unión.

(39)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 (21) de la Comisión establece normas sobre el seguimiento de las emisiones de la biomasa que son coherentes con las normas sobre el uso de la biomasa establecidas en la legislación de la Unión sobre energías renovables. A medida que la legislación va detallando los criterios de sostenibilidad de la biomasa con arreglo a las normas más recientes establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), la atribución de competencias de ejecución prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse explícitamente a la adopción de los ajustes necesarios para la aplicación de los criterios de sostenibilidad de la biomasa, incluidos los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa en el RCDE UE. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar cómo contabilizar el almacenamiento de las emisiones de las mezclas de biomasa cuyas emisiones tienen una calificación de cero y biomasa que no proceda de fuentes con calificación de cero.

(39)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 (21) de la Comisión establece normas sobre el seguimiento de las emisiones de la biomasa que son coherentes con las normas sobre el uso de la biomasa establecidas en la legislación de la Unión sobre energías renovables. A medida que la legislación va detallando los criterios de sostenibilidad de la biomasa con arreglo a las normas más recientes establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), la atribución de competencias de ejecución prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse explícitamente a la adopción de los ajustes necesarios para la aplicación de los criterios de sostenibilidad de la biomasa, incluidos los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa en el RCDE UE. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados a fin de especificar cómo contabilizar el almacenamiento de las emisiones de las mezclas de biomasa cuyas emisiones tienen una calificación de cero y biomasa que no proceda de fuentes con calificación de cero.

(40)

Los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado pueden ser importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores difíciles de descarbonizar. Cuando los combustibles de carbono reciclado y los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico se produzcan a partir de dióxido de carbono capturado en el marco de una actividad incluida en la presente Directiva, las emisiones deberán contabilizarse en dicha actividad. Para garantizar que los combustibles renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el doble cómputo de los combustibles que lo hagan, conviene ampliar explícitamente los poderes previstos en el artículo 14, apartado 1, a la adopción, por parte de la Comisión, de actos de ejecución que establezcan los ajustes necesarios para tener en cuenta la posible liberación de dióxido de carbono y evitar el doble cómputo , para garantizar la existencia de incentivos adecuados y tener en cuenta también el tratamiento de estos combustibles en virtud de la Directiva (UE) 2018/2001.

(40)

Los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado pueden ser importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores difíciles de descarbonizar. Para garantizar que los combustibles renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el doble cómputo de los combustibles que lo hagan, conviene ampliar explícitamente los poderes previstos en el artículo 14, apartado 1, a la adopción, por parte de la Comisión, de actos delegados que establezcan los ajustes necesarios para tener en cuenta la posible liberación de dióxido de carbono , de un modo que garantice que se contabilicen todas las emisiones, incluidos los casos en los que tales combustibles se produzcan a partir de dióxido de carbono capturado fuera de la Unión y se utilicen en una actividad incluida en la presente Directiva, evitando al mismo tiempo el doble cómputo y garantizando la existencia de incentivos adecuados para la captura de emisiones, y tener en cuenta también el tratamiento de estos combustibles en virtud de la Directiva (UE) 2018/2001.

(42)

La exclusión del RCDE UE de las instalaciones que utilizan exclusivamente biomasa ha dado lugar a situaciones en las que las instalaciones que queman una elevada proporción de biomasa han obtenido beneficios inesperados al recibir derechos de emisión gratuitos muy superiores a las emisiones reales. Por consiguiente, debe introducirse un valor umbral para la combustión de biomasa con calificación de cero por encima del cual las instalaciones quedan excluidas del RCDE UE. El valor umbral del 95 % se corresponde con el parámetro de incertidumbre establecido en el artículo 2, apartado 16, del Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión  (23) .

(42 bis)

El aumento de los precios de la energía es motivo de gran preocupación para los ciudadanos, en especial para los hogares de renta baja, y las empresas, en particular las pymes. La principal causa del aumento de los precios de la energía es nuestra dependencia de los combustibles fósiles. El paquete de medidas «Objetivo 55» debe abordar y tratar de reducir tales dependencias, también mediante la mejora del diseño del RCDE UE. Reforzar la integridad y la transparencia del mercado también puede contribuir a limitar la volatilidad de los precios de mercado del RCDE UE.

(42 ter)

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publicó su informe final sobre derechos de emisión y derivados asociados el 28 de marzo de 2022. La Comisión, cuando proceda y tan pronto como sea posible, debe presentar una propuesta legislativa que dé seguimiento a las recomendaciones formuladas en dicho informe, con el fin de mejorar el nivel de transparencia, vigilancia y notificación en los mercados europeos de derechos de emisión, así como en los mercados de derivados asociados. En cualquier caso, con el fin de llevar a cabo un seguimiento continuo de la integridad y la transparencia del mercado, evitar la desinformación y orientar las posibles intervenciones rápidas, la ESMA debe publicar periódicamente un informe sobre la integridad y la transparencia de tales mercados y, cuando proceda, formular recomendaciones ulteriores para la consecución de determinadas mejoras. En particular, la ESMA debe examinar el funcionamiento de los mercados a la luz de posibles episodios de volatilidad y de la evolución de los precios, la realización de las subastas y las operaciones comerciales en los mercados, la liquidez y los volúmenes negociados, y las categorías y el comportamiento comercial de los participantes en el mercado. Entre las mejoras procuradas podrían figurar, por ejemplo, medidas para optimizar la información a disposición de los participantes en el mercado y el público en general sobre el funcionamiento de los mercados de derechos de emisión y de derivados asociados, la mejora de la información reglamentaria y la supervisión en los mercados de derechos de emisión y derivados asociados, también mediante la publicación de las transacciones individuales, la obligación de que cada participante en el mercado publique sus tenencias y posiciones desglosadas por motivo y horizonte, el fomento de la prevención y la detección de abusos del mercado, y la ayuda al mantenimiento de mercados ordenados de derechos de emisión y derivados asociados, por ejemplo, mediante una sanción fluctuante basada en el precio medio de las subastas del año anterior, la retención de derechos de emisión, el ajuste de la cantidad de las subastas ulteriores, o en una combinación de todos estos factores. La Comisión deberá evaluar las recomendaciones de la ESMA en el plazo de seis meses transcurrido desde la publicación del informe de dicha Autoridad, y cuando proceda, deberá presentar una propuesta legislativa para abordar tales recomendaciones.

(42 quater)

La volatilidad inesperada o repentina del mercado o las alzas de precios excesivas en el mercado del carbono de la Unión, como resultado, por ejemplo, de cambios repentinos en el comportamiento del mercado o de una especulación excesiva, afecta de forma negativa a la predictibilidad y a la estabilidad del entorno de inversión, que es esencial para planificar las inversiones en descarbonización e innovación. Por tanto, las medidas aplicables en caso de fluctuaciones excesivas de precios se deben reforzar de forma prudente para mejorar la evaluación de las evoluciones de precio injustificadas y la reacción a las mismas. Estas mejoras selectivas deben garantizar el buen funcionamiento continuado del mercado del carbono, incluido el papel de los intermediarios y los agentes financieros de aportación de liquidez al mercado, y el acceso al mercado de los agentes del cumplimiento, en particular las pymes, abordando al mismo tiempo la volatilidad inesperada o repentina o las crisis de precios no relacionadas con los fundamentos del mercado.

(43 bis)

Para garantizar la igualdad de condiciones y colmar las brechas restantes entre el RCDE UE existente y el nuevo sistema de comercio de derechos de emisión, este último debe cubrir también otros combustibles despachados a consumo, como los utilizados para la producción de calor de proceso en las actividades que no cubre el anexo I a la Directiva 2003/87/CE, al tiempo que se evita o resuelve cualquier doble cómputo. Además, este enfoque simplificaría la aplicación, el seguimiento, la notificación y la verificación del nuevo sistema de comercio de derechos de emisión para las entidades reguladas.

(44)

Con el fin de establecer el marco de aplicación necesario y ofrecer un plazo razonable para alcanzar el objetivo de 2030, el comercio de derechos de emisión en los dos nuevos sectores debe comenzar en 2025. Durante el primer año, las entidades reguladas deberían estar obligadas a poseer un permiso de emisión de gases de efecto invernadero y a notificar las emisiones correspondientes a los años 2024 y 2025 . La expedición de derechos de emisión y las obligaciones de cumplimiento de estas entidades deben ser aplicables a partir de 2026 . Esta secuenciación permitirá iniciar el comercio de derechos de emisión en los sectores de manera ordenada y eficiente. También permitiría que la financiación de la UE y las medidas de los Estados miembros estuvieran en marcha para garantizar una introducción justa desde el punto de vista social del comercio de derechos de emisión de la UE en ambos sectores, con el fin de aliviar el efecto del precio del carbono en los hogares vulnerables y los usuarios del transporte.

(44)

Con el fin de establecer el marco de aplicación necesario y ofrecer un plazo razonable para alcanzar el objetivo de 2030, el comercio de derechos de emisión en los nuevos sectores debe comenzar en 2025. Durante el primer año, las entidades reguladas deberían estar obligadas a poseer un permiso de emisión de gases de efecto invernadero y a notificar las emisiones correspondientes a los años 2023 y 2024 . La expedición de derechos de emisión y las obligaciones de cumplimiento de estas entidades deben ser aplicables a partir de 2025 con respecto a los combustibles despachados a consumo en aplicaciones comerciales y otros combustibles, como los utilizados para la producción de calor de proceso no incluidos en el RCDE UE vigente . Con sujeción a una evaluación que se efectúe el 1 de enero de 2026 a más tardar, y si las condiciones son adecuadas, la Comisión debe procurar extender estas medidas a los combustibles despachados a consumo en el transporte privado por carretera y la calefacción y refrigeración privadas de edificios residenciales a partir del 1 de enero de 2029 y, cuando proceda, debe presentar una revisión específica a tal efecto. Esta secuenciación permitirá iniciar el comercio de derechos de emisión en los sectores de manera ordenada y eficiente. También permitiría que la financiación de la UE y las medidas de los Estados miembros estuvieran en marcha para garantizar una introducción justa desde el punto de vista social del comercio de derechos de emisión de la UE en ambos sectores, con el fin de aliviar el efecto del precio del carbono en los hogares vulnerables y los usuarios del transporte.

(46)

Las entidades reguladas de los dos nuevos sectores y el punto de regulación deben definirse en consonancia con el sistema de impuestos especiales establecido por la Directiva (UE) 2020/262 (25) del Consejo, con las adaptaciones necesarias, ya que dicha Directiva ya establece un sólido sistema de control de todas las cantidades de combustible despachadas a consumo a efectos del pago de impuestos especiales. Los usuarios finales de combustibles en esos sectores no deben estar sujetos a obligaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE.

(46)

Las entidades reguladas de los nuevos sectores y el punto de regulación deben definirse en consonancia con el sistema de impuestos especiales establecido por la Directiva (UE) 2020/262 (25) del Consejo, con las adaptaciones necesarias, ya que dicha Directiva ya establece un sólido sistema de control de todas las cantidades de combustible despachadas a consumo a efectos del pago de impuestos especiales. Los usuarios finales de combustibles en esos sectores no deben estar sujetos a obligaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE.

(47)

Las entidades reguladas que entran en el ámbito de aplicación del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera deben estar sujetas a requisitos de permisos de emisión de gases de efecto invernadero similares a los de los titulares de instalaciones fijas. Es necesario establecer normas sobre las solicitudes de permisos, las condiciones para su expedición, el contenido y la revisión de los permisos, así como cualquier cambio relacionado con la entidad regulada. Para que el nuevo sistema comience de manera ordenada, los Estados miembros deben velar por que las entidades reguladas incluidas en el ámbito de aplicación del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión dispongan de un permiso válido desde el inicio del régimen en 2025 .

(47)

Las entidades reguladas que entran en el ámbito de aplicación del comercio de derechos de emisión en los nuevos sectores deben estar sujetas a requisitos de permisos de emisión de gases de efecto invernadero similares a los de los titulares de instalaciones fijas. Es necesario establecer normas sobre las solicitudes de permisos, las condiciones para su expedición, el contenido y la revisión de los permisos, así como cualquier cambio relacionado con la entidad regulada. Para que el nuevo sistema comience de manera ordenada, los Estados miembros deben velar por que las entidades reguladas incluidas en el ámbito de aplicación del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión dispongan de un permiso válido desde el inicio del régimen en 2024 .

(48)

La cantidad total de derechos de emisión para el nuevo comercio de derechos de emisión debe seguir una trayectoria lineal para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de 2030 y tener en cuenta la contribución rentable de los edificios y del transporte por carretera de una reducción de emisiones del 43 % de aquí a 2030 con respecto a 2005. La cantidad total de derechos de emisión debe establecerse por primera vez en 2026 , seguir una trayectoria que comience en 2024 a partir del valor de los límites de emisiones de 2024 (1 109 304 000 CO2t), calculado de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) sobre la base de las emisiones de referencia para estos sectores durante el período comprendido entre 2016 y 2018. En consecuencia, el factor de reducción lineal debe fijarse en el 5,15  %. A partir de 2028, la cantidad total de derechos de emisión debe fijarse sobre la base de la media de las emisiones notificadas en los años 2024, 2025 y 2026, y debe disminuir con la misma reducción anual absoluta establecida a partir de 2024, lo que se corresponde con un factor de reducción lineal del 5,43  % con respecto al valor comparable de 2025 de la trayectoria anteriormente definida. Si esas emisiones son significativamente superiores a este valor de trayectoria y si esta divergencia no se debe a diferencias a pequeña escala en las metodologías de medición de emisiones, el factor de reducción lineal debe ajustarse para alcanzar la reducción de emisiones requerida en 2030.

(48)

La cantidad total de derechos de emisión para el nuevo comercio de derechos de emisión debe seguir una trayectoria lineal para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de 2030 y tener en cuenta la contribución rentable de los edificios y del transporte por carretera de una reducción de emisiones del 43 % de aquí a 2030 con respecto a 2005. La cantidad total de derechos de emisión debe establecerse por primera vez en 2025 , seguir una trayectoria que comience en 2024 a partir del valor de los límites de emisiones de 2024 (1 109 304 000 CO2t), calculado de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) sobre la base de las emisiones de referencia para estos sectores durante el período comprendido entre 2016 y 2018. En consecuencia, el factor de reducción lineal debe fijarse en el 5,15  %. A partir de 2028, la cantidad total de derechos de emisión debe fijarse sobre la base de la media de las emisiones notificadas en los años 2024, 2025 y 2026, y debe disminuir con la misma reducción anual absoluta establecida a partir de 2024, lo que se corresponde con un factor de reducción lineal del 5,43  % con respecto al valor comparable de 2025 de la trayectoria anteriormente definida. Si esas emisiones son significativamente superiores a este valor de trayectoria y si esta divergencia no se debe a diferencias a pequeña escala en las metodologías de medición de emisiones, el factor de reducción lineal debe ajustarse para alcanzar la reducción de emisiones requerida en 2030.

(50)

Con el fin de garantizar un comienzo fluido del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera y teniendo en cuenta la necesidad de las entidades reguladas de cubrir o comprar derechos de emisión futuros para mitigar su riesgo de precio y liquidez, debe subastarse anticipadamente una cantidad mayor de derechos de emisión. En 2026 , los volúmenes de las subastas deberán, por tanto, ser un 30 % superiores a la cantidad total de derechos de emisión para 2026 . Esta cantidad sería suficiente para proporcionar liquidez, tanto si las emisiones disminuyen en consonancia con las necesidades de reducción, como en caso de que las reducciones de emisiones solo se materialicen progresivamente. Las normas detalladas para esta distribución anticipada del volumen de las subastas deben establecerse en un acto delegado relativo a la subasta, adoptado de conformidad con el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(50)

Con el fin de garantizar un comienzo fluido del comercio de derechos de emisión en los nuevos sectores y teniendo en cuenta la necesidad de las entidades reguladas de cubrir o comprar derechos de emisión futuros para mitigar su riesgo de precio y liquidez, debe subastarse anticipadamente una cantidad mayor de derechos de emisión. En 2025 , los volúmenes de las subastas deberán, por tanto, ser un 30 % superiores a la cantidad total de derechos de emisión para 2025 . Esta cantidad sería suficiente para proporcionar liquidez, tanto si las emisiones disminuyen en consonancia con las necesidades de reducción, como en caso de que las reducciones de emisiones solo se materialicen progresivamente. Las normas detalladas para esta distribución anticipada del volumen de las subastas deben establecerse en un acto delegado relativo a la subasta, adoptado de conformidad con el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(52)

La introducción del precio del carbono en el transporte por carretera y en los edificios debe ir acompañada de una compensación social efectiva, especialmente teniendo en cuenta los niveles ya existentes de pobreza energética. En 2018, alrededor de 34 millones de europeos comunicaron que no podían calentar adecuadamente sus hogares y, en una encuesta realizada en 2019 en el conjunto de la UE (27), el 6,9  % de la población de la Unión declaró que no puede permitirse calentar suficientemente su hogar. Para lograr una compensación social y distributiva eficaz, debe exigirse a los Estados miembros que gasten los ingresos procedentes de las subastas en los fines relacionados con el clima y la energía ya especificados para el actual comercio de derechos de emisión, pero también para las medidas añadidas específicamente para abordar las cuestiones relacionadas con los nuevos sectores del transporte por carretera y los edificios, incluidas las medidas políticas relacionadas recogidas en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (28). Los ingresos procedentes de las subastas deben utilizarse para abordar los aspectos sociales del comercio de derechos de emisión de los nuevos sectores con especial hincapié en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte. En este sentido, un nuevo Fondo Social para el Clima proporcionará financiación específica a los Estados miembros para apoyar a los ciudadanos europeos más afectados o en riesgo de pobreza energética o de movilidad. Este Fondo promoverá la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro de ellos, al tiempo que mitigará elriesgo de pobreza energética y de movilidad durante la transición. Se basará en los mecanismos de solidaridad existentes y los complementará. Los recursos del nuevo Fondo se corresponderán, en principio, con el 25 % de los ingresos previstos procedentes del nuevo comercio de derechos de emisión en el período 2026-2032, y se ejecutarán sobre la base de los planes sociales para el clima que los Estados miembros deberán presentar en virtud del Reglamento (UE) 20…/nn del Parlamento Europeo y del Consejo (29). Además, cada Estado miembro debe utilizar sus ingresos procedentes de las subastas, entre otras cosas, para financiar una parte de los costes de sus planes sociales para el clima.

(52)

La introducción del precio del carbono en el transporte por carretera y en los edificios debe ir acompañada de una compensación social efectiva, especialmente teniendo en cuenta los niveles ya existentes de pobreza energética. En 2018, alrededor de 34 millones de europeos comunicaron que no podían calentar adecuadamente sus hogares y, en una encuesta realizada en 2019 en el conjunto de la UE (27), el 6,9  % de la población de la Unión declaró que no puede permitirse calentar suficientemente su hogar. Para lograr una compensación social y distributiva eficaz, debe exigirse a los Estados miembros que gasten los ingresos procedentes de las subastas en los fines relacionados con el clima y la energía ya especificados para el actual comercio de derechos de emisión, pero también para las medidas añadidas específicamente para abordar las cuestiones relacionadas con los nuevos sectores del transporte por carretera y los edificios, incluidas las medidas políticas relacionadas recogidas en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (28). Los ingresos procedentes de las subastas deben utilizarse para abordar los aspectos sociales del comercio de derechos de emisión de los nuevos sectores con especial hincapié en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte. En este sentido, un nuevo Fondo Social para el Clima proporcionará financiación específica a los Estados miembros para apoyar a los ciudadanos europeos más afectados o en riesgo de pobreza energética o de movilidad. El Fondo Social para el Clima debe formar parte integrante del presupuesto de la Unión al objeto de mantener la unidad del presupuesto y la coherencia con las políticas de la Unión, así como de garantizar el control efectivo porparte de la autoridad presupuestaria, compuesta por el Parlamento Europeo y el Consejo. Este Fondo promoverá la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro de ellos, al tiempo que mitigará el riesgo de pobreza energética y de movilidad durante la transición. Se basará en los mecanismos de solidaridad existentes y los complementará. Los recursos del nuevo Fondo se corresponderán, en principio, con el 25 % de los ingresos previstos procedentes del nuevo comercio de derechos de emisión en el período 2026-2032, y se ejecutarán sobre la base de los planes sociales para el clima que los Estados miembros deberán presentar en virtud del Reglamento (UE) 20…/nn del Parlamento Europeo y del Consejo (29). La asignación de referencia programada en el presupuesto de la Unión debe incrementarse todos los años con un refuerzo complementario en caso de que se produzca un aumento del precio del carbono superior a los niveles previstos inicialmente, ya que dicho aumento supondría una carga añadida para los hogares y los usuarios del transporte vulnerables. Con vistas a garantizar que el impacto de los aumentos del precio del carbono sobre los más vulnerables se atenúa de forma equitativa y adecuada, estos refuerzos anuales deben adaptarse en el marco financiero plurianual por medio de un «ajuste automático de la fluctuación del precio del carbono» del límite máximo de la rúbrica 3 y del límite máximo de pagos, cuyo mecanismo debe preverse en el Reglamento del marco financiero plurianual de conformidad con el artículo 312 del TFUE. Además, cada Estado miembro debe utilizar sus ingresos procedentes de las subastas, entre otras cosas, para financiar una parte de los costes de sus planes sociales para el clima.

(52 bis)

Dado que el sector del transporte es en la actualidad el único sector que no ha conseguido ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario un importante nivel de inversiones en opciones de transporte sostenible para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión y apoyar el cambio modal a formas de transporte respetuosas con el medio ambiente. Por tanto, al menos el 10 % de los ingresos esperados del incremento del comercio de derechos de emisión resultante de la ampliación del ámbito del RCDE UE y la introducción de un nuevo RCDE UE para la calefacción, el transporte y otros combustibles en virtud de la presente Directiva, incluyendo el 10 % de los ingresos nacionales que deben asignar los Estados miembros y el 10 % de los ingresos en virtud del Fondo de Inversión por el Clima, deben destinarse a desarrollar aún más el transporte público, en particular los sistemas ferroviarios y de autobuses respetuosos con el clima.

(52 ter)

Con el fin de lograr mayores niveles de coherencia y eficiencia en la gestión y la utilización de los fondos y los recursos de la Unión, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación y, cuando proceda, formular una propuesta legislativa para la integración del Fondo de Inversión por el Clima y el Fondo de Modernización en el presupuesto de la Unión, que podría presentarse en el contexto de las propuestas para el siguiente marco financiero plurianual.

(54)

La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías hipocarbónicas en los sectores de los edificios y el transporte por carretera son cruciales para garantizar la contribución rentable de estos sectores a la reducción de emisiones prevista. Por consiguiente, deben ponerse a disposición del Fondo de Innovación 150 millones de derechos de emisión procedentes del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera, a fin de estimular la reducción rentable de las emisiones .

(54)

Deben ponerse a disposición del Fondo Social para el Clima 150 millones de derechos de emisión procedentes del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera, a fin de respaldar las medidas sociales para el clima .

(55)

Las entidades reguladas incluidas en el comercio de derechos de emisión de los edificios y del transporte por carretera deben entregar derechos de emisión por sus emisiones verificadas, que se correspondan con las cantidades de combustible que hayan despachado a consumo. Deben entregar, por primera vez, derechos de emisión por sus emisiones verificadas en 2026 . A fin de reducir al mínimo la carga administrativa, deben hacerse aplicables al comercio de derechos de emisión de los edificios y al transporte por carretera una serie de normas aplicables al actual régimen de comercio de derechos de emisión para las instalaciones fijas y la aviación, con las adaptaciones necesarias. Esto incluye, en concreto, las normas sobre transferencia, entrega y cancelación de derechos de emisión, así como las normas sobre la validez de los derechos de emisión, las sanciones, los órganos competentes y las obligaciones de información de los Estados miembros.

(55)

Las entidades reguladas incluidas en el nuevo comercio de derechos de emisión deben entregar derechos de emisión por sus emisiones verificadas, que se correspondan con las cantidades de combustible que hayan despachado a consumo. Deben entregar, por primera vez, derechos de emisión por sus emisiones verificadas en 2025 . A fin de reducir al mínimo la carga administrativa, deben hacerse aplicables al nuevo comercio de derechos de emisión de los edificios una serie de normas aplicables al actual régimen de comercio de derechos de emisión para las instalaciones fijas y la aviación, con las adaptaciones necesarias. Esto incluye, en concreto, las normas sobre transferencia, entrega y cancelación de derechos de emisión, así como las normas sobre la validez de los derechos de emisión, las sanciones, los órganos competentes y las obligaciones de información de los Estados miembros.

(59 bis)

Para lograr los objetivos recogidos en la presente Directiva y otra legislación de la Unión, en particular aquellos recogidos en el Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión y sus Estados miembros deben hacer uso de las últimas pruebas científicas al mismo tiempo que implementan las políticas. Por consiguiente, al ejecutar la presente Directiva, debe considerarse el asesoramiento del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. Además, el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático debe ser capaz, por iniciativa propia, de proporcionar asesoramiento científico en relación con la presente Directiva a fin de garantizar que las políticas estén armonizadas con los objetivos del Reglamento (UE) 2021/1119 y el Acuerdo de París.

(59 ter)

A fin de fijar una visión a largo plazo, la Comisión, respaldada por el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, debe elaborar hojas de ruta indicativas para las actividades incluidas en el anexo I de la presente Directiva a fin de alcanzar la neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050 a más tardar y lograr emisiones negativas a partir de entonces, objetivo recogido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119. Las hojas de ruta deberán elaborarse de manera transparente en estrecha colaboración de las partes interesadas como son particulares, la sociedad civil, interlocutores sociales, el mundo académico, la industria y los responsables políticos. Las hojas de ruta constituyen una herramienta fundamental para que las partes interesadas tengan visión y estabilidad a largo plazo y para determinar intereses comunes, posibles incoherencias y conflictos en el desarrollo de las políticas. Las hojas de ruta deberán actualizarse cada cinco años para tener en cuenta los últimos avances científicos, en estrecha colaboración con las partes interesadas.

(61)

Un RCDE UE reformado, que funcione correctamente e incluya un instrumento para estabilizar el mercado constituye un medio fundamental para que la Unión alcance su objetivo acordado para 2030 y los compromisos en el marco del Acuerdo de París. La reserva de estabilidad del mercado pretende corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de derechos de emisión en el mercado. El artículo 3 de la Decisión (UE) 2015/1814 establece que la reserva debe revisarse tres años después de su puesta en marcha, y que se debe prestar atención especial a la cifra porcentual para determinar la cantidad de derechos de emisión que deben incorporarse a la reserva de estabilidad del mercado, el umbral relativo a la cantidad total de derechos de emisión en circulación (CTDC) que determina la incorporación de derechos de emisión y la cantidad de derechos de emisión que deben retirarse de la reserva.

(61)

Un RCDE UE reformado, que funcione correctamente e incluya un instrumento para estabilizar el mercado constituye un medio fundamental para que la Unión alcance su objetivo acordado para 2030 , su objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 y los compromisos en el marco del Acuerdo de París. La reserva de estabilidad del mercado pretende corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de derechos de emisión en el mercado. El artículo 3 de la Decisión (UE) 2015/1814 establece que la reserva debe revisarse tres años después de su puesta en marcha, y que se debe prestar atención especial a la cifra porcentual para determinar la cantidad de derechos de emisión que deben incorporarse a la reserva de estabilidad del mercado, el umbral relativo a la cantidad total de derechos de emisión en circulación (CTDC) que determina la incorporación de derechos de emisión y la cantidad de derechos de emisión que deben retirarse de la reserva.

(62)

Teniendo en cuenta la necesidad de emitir una señal de inversión más fuerte para reducir las emisiones de forma eficaz en relación con los costes, y con miras a reforzar el RCDE UE, debe modificarse la Decisión (UE) 2015/1814 a fin de aumentar el tipo porcentual para la determinación del número de derechos de emisión que vayan a depositarse cada año en la reserva de estabilidad del mercado. Además, en el caso de niveles inferiores del CTDC, la incorporación debe ser igual a la diferencia entre el CTDC y el umbral que determina la incorporación de derechos de emisión. Esto evitaría la considerable incertidumbre en los volúmenes de subasta que se producen cuando el CTDC se aproxima al umbral y, al mismo tiempo, garantizaría que el excedente alcanzase el volumen necesario para considerar que el mercado del carbono funciona de manera equilibrada.

(62)

Teniendo en cuenta la necesidad de emitir una señal de inversión más fuerte para reducir las emisiones de forma eficaz en relación con los costes, y con miras a reforzar el RCDE UE, debe modificarse la Decisión (UE) 2015/1814 a fin de aumentar el tipo porcentual para la determinación del número de derechos de emisión que vayan a depositarse cada año en la reserva de estabilidad del mercado. Además, en el caso de niveles inferiores del CTDC, la incorporación debe ser igual a la diferencia entre el CTDC y el umbral que determina la incorporación de derechos de emisión. Esto evitaría la considerable incertidumbre en los volúmenes de subasta que se producen cuando el CTDC se aproxima al umbral y, al mismo tiempo, garantizaría que el excedente alcanzase el volumen necesario para considerar que el mercado del carbono funciona de manera equilibrada. Dicho ajuste deberá realizarse sin provocar una reducción de la ambición en comparación con la actual reserva de estabilidad del mercado.

(66 bis)

Para garantizar la predictibilidad para los operadores y evitar desincentivar a los más eficientes, así como la innovación, debido a costes adicionales e imprevistos, es crucial evitar la aplicación del factor de corrección intersectorial en el caso de los pioneros.

(67)

Es necesario modificar el Reglamento (UE) 2015/757 para tener en cuenta la inclusión del sector del transporte marítimo en el RCDE UE. El Reglamento (UE) 2015/757 debe modificarse para obligar a las empresas a notificar los datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa y a presentar a la autoridad responsable de la gestión sus planes de seguimiento verificados y los datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa para su aprobación. Además, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados para modificar los métodos de seguimiento de las emisiones de CO2 y las normas de seguimiento, así como cualquier otra información pertinente establecida en el Reglamento (UE) 2015/757, a fin de garantizar el funcionamiento eficaz del RCDE UE a nivel administrativo y de completar el Reglamento (UE) 2015/757 con las normas para la aprobación de los planes de seguimiento y sus modificaciones por parte de las autoridades administrativas, con las normas para el seguimiento, la notificación y la presentación de los datos agregados de emisiones a nivel de la empresa y con las normas para la verificación de los datos agregados de emisiones a nivel de la empresa. Los datos objeto de seguimiento, notificación y verificación en virtud del Reglamento (UE) 2015/757 también pueden utilizarse a efectos del cumplimiento de otra legislación de la Unión que exija el seguimiento, la notificación y la verificación de la misma información sobre el buque.

(67)

Es necesario modificar el Reglamento (UE) 2015/757 para tener en cuenta la inclusión del sector del transporte marítimo en el RCDE UE. El Reglamento (UE) 2015/757 debe modificarse para obligar a las empresas a notificar los datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa y a presentar a la autoridad responsable de la gestión sus planes de seguimiento verificados y los datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa para su aprobación. Además, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados para modificar los métodos de seguimiento de las emisiones de CO2 , CH4 y N2O y las normas de seguimiento, así como cualquier otra información pertinente establecida en el Reglamento (UE) 2015/757, a fin de garantizar el funcionamiento eficaz del RCDE UE a nivel administrativo y de completar el Reglamento (UE) 2015/757 con las normas para la aprobación de los planes de seguimiento y sus modificaciones por parte de las autoridades administrativas, con las normas para el seguimiento, la notificación y la presentación de los datos agregados de emisiones a nivel de la empresa y con las normas para la verificación de los datos agregados de emisiones a nivel de la empresa. Los datos objeto de seguimiento, notificación y verificación en virtud del Reglamento (UE) 2015/757 también pueden utilizarse a efectos del cumplimiento de otra legislación de la Unión que exija el seguimiento, la notificación y la verificación de la misma información sobre el buque.

(67 bis)

Además de una tarificación del carbono eficaz basada en un RCDE UE que funcione correctamente, la transparencia del mercado es de vital importancia para hacer posible una reducción de las emisiones rápida y rentable en todos los sectores de la economía. A fin de hacer posible que los consumidores y todos los agentes de la cadena de suministro elijan con conocimiento de causa con respecto a las emisiones asociadas a los productos, debe desarrollarse un sistema europeo para el etiquetado riguroso de la huella de carbono de los productos.

-1)

v bis)

«viaje»: viaje tal como se define en el artículo 3, letra c) del Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo  (*2) ;

w bis)

«puerto de transbordo no perteneciente a la Unión»: un puerto de transbordo de un tercer país vecino en el que el movimiento de un tipo de carga mediante operaciones de transbordo supera el 60 % del tráfico total y que está a una distancia de menos de trescientas millas náuticas de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

w ter)

«operación de transbordo»: operación en la que se descargan cargas, contenedores o mercancías de un buque al puerto con el único fin de cargarlos en otro buque;

w quater)

«puerto de escala»: el puerto en el que un buque se detiene para cargar o descargar mercancías o embarcar o desembarcar pasajeros; por consiguiente, quedan excluidos de la presente definición las paradas realizadas con el único fin de repostar combustible, reabastecerse, proceder al relevo de la tripulación, entrar en dique seco o reparar el buque o su equipo, las paradas en puerto realizadas porque el buque necesite asistencia o socorro, los transbordos entre buques realizados fuera de puerto, las paradas en un puerto de transbordo no perteneciente a la Unión, las paradas cuya única finalidad sea protegerse del mal tiempo y las paradas impuestas por actividades de búsqueda y salvamento;

y)

«combustible»: a efectos del capítulo IV bis, todo combustible enumerado en los cuadros A y C del anexo I de la Directiva 2003/96/CE, así como cualquier otro producto puesto a la venta como carburante de automoción o combustible para calefacción, tal como se especifica en el artículo 2, apartado 3, de dicha Directiva;

y)

«combustible»: a efectos del capítulo IV bis, todo combustible enumerado en los cuadros A y C del anexo I de la Directiva 2003/96/CE, así como cualquier otro producto destinado a ser utilizado, puesto a la venta o utilizado como carburante de automoción o combustible para calefacción, tal como se especifica en el artículo 2, apartado 3, de dicha Directiva;

2 bis)

a)

el 20 % de las emisiones verificadas notificadas para 2023;

b)

el 45 % de las emisiones verificadas notificadas para 2024;

c)

el 70 % de las emisiones verificadas notificadas para 2025;

d)

el 100 % de las emisiones verificadas notificadas para 2026 y los años sucesivos.

a)

un tercer país posea un mecanismo de fijación de precios del carbono para limitar y reducir las emisiones que sea al menos equivalente al del RCDE UE;

b)

se haya establecido un mecanismo de fijación de precios del carbono para limitar y reducir las emisiones que sea al menos equivalente al del RCDE UE mediante un convenio bilateral o multilateral entre la Unión y uno o varios terceros países, y se haya decidido vincularlo al RCDE UE con arreglo al artículo 25; o

c)

un tercer país sea un país menos adelanto o un pequeño Estado insular en desarrollo cuyo PIB per cápita no sea igual o superior a la media de la Unión e incluya las emisiones en el marco de sus contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París.

a)

la mejora de la eficiencia energética de buques y puertos;

b)

las tecnologías e infraestructuras innovadoras para la descarbonización del sector del transporte marítimo, incluidos el transporte marítimo de corta distancia y los puertos, así como las conexiones a las redes eléctricas en los puertos;

c)

la implantación de combustibles alternativos sostenibles, como el hidrógeno, los electrocombustibles y el amoníaco, producidos a partir de energías renovables, también mediante contratos por diferencia para el carbono (CDC);

d)

las tecnologías de propulsión de cero emisiones, incluidas las tecnologías eólicas;

e)

la investigación y el desarrollo y la primera aplicación industrial de tecnologías y diseños que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las tecnologías y los combustibles innovadores para los buques de clase de hielo y la navegación invernal en zonas congeladas;

f)

se otorgará prioridad a los proyectos que promuevan la innovación en el sector, como las tecnologías que no solo den lugar a la descarbonización sino que, entre otras cosas, también reduzcan el riesgo de contaminación acústica, atmosférica y marítima;

g)

la contribución a una transición justa en el sector marítimo a través de la formación, la perfeccionamiento y el reciclaje profesionales de la mano de obra existente y la preparación de la siguiente generación de mano de obra del sector marítimo.

a)

el criterio de «no causar un perjuicio significativo» tal como se define en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo  (*) ;

b)

las garantías mínimas establecidas en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2020/852.

b bis)

en el apartado 3, párrafo primero, las letras b) a f) se sustituyen por el texto siguiente:

b)

para desarrollar energías renovables con objeto de cumplir el compromiso de la Unión con las energías renovables y desarrollar otras tecnologías que contribuyan a la transición a una economía hipocarbónica segura y sostenible, y de contribuir al cumplimiento del compromiso de la Unión de aumentar la eficiencia energética a los niveles acordados en los actos legislativos pertinentes;

«b)

para desarrollar energías renovables y redes de transmisión de la electricidad con objeto de cumplir el compromiso de la Unión con las energías renovables y los objetivos de la Unión en materia de interconectividad, y desarrollar otras tecnologías que contribuyan a la transición a una economía hipocarbónica segura y sostenible, y de contribuir al cumplimiento del compromiso de la Unión de aumentar la eficiencia energética a los niveles acordados en los actos legislativos pertinentes , incluida la producción de electricidad de los autoconsumidores de energías renovables y de las comunidades de energías renovables;

b bis)

para apoyar la renovación en profundidad por etapas de los edificios, de conformidad con el artículo 2, puntos 19 y 20, de la Directiva (UE) …/… [refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios], comenzando por la renovación de los edificios menos eficientes;

c)

para medidas dirigidas a impedir la deforestación y a aumentar la forestación y reforestación en los países en desarrollo que hayan ratificado el acuerdo internacional sobre cambio climático; para transferir tecnologías y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en estos países;

c)

para medidas dirigidas a impedir la deforestación , a apoyar la protección y la restauración de las turberas, los bosques y otros ecosistemas terrestres o marinos y a aumentar la forestación y reforestación respetuosas con la biodiversidad en los países en desarrollo que hayan ratificado el acuerdo internacional sobre cambio climático; para transferir tecnologías y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en estos países;

d)

para la captura de carbono mediante silvicultura en la Unión;

d)

para la captura de carbono mediante silvicultura y en el suelo en la Unión;

d bis)

para la adaptación al cambio climático en la Unión;

e)

para la captura y el almacenamiento geológico, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, de CO2, en particular procedente de centrales eléctricas de combustibles fósiles sólidos y de una serie de sectores y subsectores industriales, también en terceros países;

e)

para la captura y el almacenamiento geológico, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, de CO2, en particular procedente de centrales eléctricas de combustibles fósiles sólidos y de una serie de sectores y subsectores industriales, también en terceros países , y para métodos tecnológicos innovadores de absorción del carbono, como la captura directa de aire y su almacenamiento ;

f)

para fomentar el paso a formas de transporte con un nivel bajo de emisiones y al transporte público ;

f)

para invertir en el paso a formas de transporte que contribuyan significativamente a la descarbonización del sector, y para acelerar dicho paso, incluido el desarrollo de servicios y tecnologías de autobús y de transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril que respeten el clima, y para financiar medidas de apoyo a la descarbonización de los aeropuertos de conformidad con el Reglamento (UE) …/… [implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos] y el Reglamento (UE) …/… [garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible];»;

«h)

para medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, sistemas de calefacción urbana y el aislamiento de las viviendas o prestar ayuda financiera para abordar aspectos sociales en hogares con ingresos bajos y medios, incluso mediante la reducción de impuestos con efecto distorsionador »;

«h)

para medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, sistemas de calefacción urbana y el aislamiento de las viviendas , así como los sistemas de calefacción y refrigeración eficientes y renovables, o prestar ayuda financiera para abordar aspectos sociales en hogares con ingresos bajos y medios, incluso mediante la reducción , en particular, de los impuestos y las cargas sobre la electricidad de fuentes renovables ;»;

c bis)

en el apartado 3, párrafo primero, se inserta la letra siguiente:

c ter)

en el apartado 3, párrafo primero, la letra k) se sustituye por el texto siguiente:

k)

para promover la formación y reubicación de la mano de obra a fin de contribuir a una transición equitativa a una economía hipocarbónica , en particular en las regiones más afectadas por la reconversión laboral, en estrecha coordinación con los interlocutores sociales.

c quater)

en el apartado 3, después del párrafo primero se insertan los párrafos siguientes:

c quinquies)

en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

c sexies)

se insertan los apartados siguientes:

a)

el criterio de “no causar un perjuicio significativo” recogido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852;

b)

las garantías mínimas establecidas en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2020/852; así como

c)

el plan nacional integrado de energía y clima del Estado miembro presentado de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 y, si procede, el plan territorial de transición justa preparado con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo  (*5) .

d bis)

el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

d ter)

se añade el apartado siguiente:

d quater)

se añade el apartado siguiente:

–i)

a)

medidas y planes financieros y de inversión asociados para cada instalación con el fin de alcanzar las reducciones de emisiones necesarias y conformes con el objetivo de neutralidad climática fijado en el artículo 2, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/1119, así como todas las hojas de ruta sectoriales pertinentes elaboradas de conformidad con el artículo 10 de dicho Reglamento a escala de cada instalación, excluyendo el uso de los créditos de compensación de carbono;

b)

objetivos intermedios e hitos para medir, a 31 de diciembre de 2025, y el 31 de diciembre de cada año posterior hasta 2050, los progresos realizados para alcanzar la neutralidad climática tal como se establece en la letra a);

c)

una estimación del impacto de cada una de las medidas y planes financieros y de inversión asociados a que se refiere la letra a) en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a los objetivos e hitos a que se refiere la letra b);

d)

medidas con el fin de abordar las implicaciones para el reciclaje y la mejora de las cualificaciones, también a través del diálogo social, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, al objeto de garantizar una transición justa.

a)

un 50 % en el caso de las instalaciones cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero se sitúen por encima del promedio del 10 % de las instalaciones menos eficientes en un sector o un subsector de la Unión para los parámetros de referencia de los productos pertinentes;

b)

un 30 % en el caso de las instalaciones cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero se sitúen por debajo del promedio del 10 % de las instalaciones menos eficientes en un sector o un subsector de la Unión para los parámetros de referencia de los productos pertinentes, y por encima del promedio del 50 % de las instalaciones más eficientes en ese sector o subsector;

c)

un 25 % en el caso de las instalaciones cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero se sitúen por encima del promedio del 10 % de las instalaciones más eficientes en un sector o un subsector de la Unión para los parámetros de referencia de los productos pertinentes y por debajo del promedio del 50 % de las instalaciones más eficientes en ese sector o subsector.

b bis)

se inserta el apartado siguiente:

c)

Para el período comprendido entre 2026 y 2030, los valores de los parámetros de referencia se determinarán de la misma manera que la establecida en las letras a) y d) sobre la base de la información facilitada de conformidad con el artículo 11 para los años 2021 y 2022 y sobre la base de aplicar la tasa de reducción anual a cada año entre 2008 y 2028.

c)

Para el período comprendido entre 2026 y 2030, los valores de los parámetros de referencia se determinarán de la misma manera que la establecida en las letras a) y d) sobre la base de la información facilitada de conformidad con el artículo 11 para los años 2021 y 2022 , excluyendo de la determinación de los valores de los parámetros los datos de las tres instalaciones menos intensivas en emisiones que bien hayan entrado en su funcionamiento después de 2017 o bien hayan recibido derechos de emisión de forma gratuita en función de otros parámetros de referencia, y sobre la base de aplicar la tasa de reducción anual a cada año entre 2008 y 2028.

d)

Cuando la tasa de reducción anual sea superior al 2,5  % o inferior al 0,2  %, los valores de los parámetros de referencia para el período comprendido entre 2026 y 2030 serán los aplicables en el período comprendido entre 2013 y 2020 reducidos por la aplicación de la tasa pertinente de estos dos tipos porcentuales respecto de cada año entre 2008 y 2028.

d)

Cuando la tasa de reducción anual sea superior al 2,5  % o inferior al 0,4  %, los valores de los parámetros de referencia para el período comprendido entre 2026 y 2030 serán los aplicables en el período comprendido entre 2013 y 2020 reducidos por la aplicación de la tasa pertinente de estos dos tipos porcentuales respecto de cada año entre 2008 y 2028.

d bis)

el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

a)

el criterio de «no causar un perjuicio significativo» recogido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852;

b)

las garantías mínimas establecidas en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2020/852.

(13)

En el artículo 10 quater , el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

(13)

Se suprime el artículo 10 quater;

13 bis)

a bis)

la generación de energía mediante generadores de hidrógeno;

c)

la mejora de la eficiencia energética por el lado de la demanda, también en los sectores del transporte, los edificios, la agricultura y los residuos;

c)

la reducción del consumo global de energía mediante la gestión por el lado de la demanda y la eficiencia energética, también en los sectores del transporte, los edificios, la agricultura y los residuos , teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de electrificación vinculada a la transición climática y la demanda ampliada asociada de electricidad renovable ;

e)

el apoyo a los hogares de rentas bajas, también en zonas rurales y alejadas, para hacer frente a la pobreza energética y modernizar sus sistemas de calefacción; y

e)

el apoyo a los hogares de rentas bajas, también en zonas rurales y alejadas, para hacer frente a la pobreza energética y modernizar sus sistemas de calefacción y refrigeración, y los esfuerzos en materia de eficiencia energética en los edificios tanto de uso residencial como comercial ;

f)

una transición justa en las regiones dependientes del carbono en los Estados miembros beneficiarios, a fin de apoyar la redistribución, el reciclaje y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores, la educación, las iniciativas de búsqueda de empleo y las empresas emergentes, en diálogo con los interlocutores sociales.».

f)

una transición justa en las regiones dependientes del carbono en los Estados miembros beneficiarios, a fin de apoyar la redistribución, el reciclaje y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores, la educación, las iniciativas de búsqueda de empleo y las empresas emergentes, en diálogo con la sociedad civil y los interlocutores sociales , de un modo coherente con las acciones pertinentes incluidas por los Estados miembros en sus planes territoriales de transición justa de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra k), del Reglamento (UE) 2021/1056, cuando proceda, y que contribuya a tales acciones; y

f bis)

inversiones en la implantación de infraestructura para los combustibles alternativos.».

b bis)

se inserta el apartado siguiente:

b ter)

en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:

b quater)

el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

b quinquies)

el apartado 11 se sustituye por el texto siguiente:

-a)

a)

personas en la Unión;

a)

entidades reguladas en la Unión;

b)

personas en la Unión y personas en terceros países donde tales derechos de emisión sean reconocidos de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 25, sin más restricciones que las consideradas en la presente Directiva o las adoptadas de conformidad con esta.

b)

entidades reguladas en la Unión y personas en terceros países donde tales derechos de emisión sean reconocidos de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 25, sin más restricciones que las consideradas en la presente Directiva o las adoptadas de conformidad con esta.