COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 1.12.2021

COM(2021) 759 final

2021/0394(COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial

{SEC(2021) 580 final} - {SWD(2021) 392 final} - {SWD(2021) 393 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•    Razones y objetivos de la propuesta

·asegurar la disponibilidad y el uso de medios de comunicación electrónicos en asuntos transfronterizos entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas los órganos JAI y los organismos de la UE pertinentes, cuando dicha comunicación esté prevista en los instrumentos jurídicos de la UE sobre cooperación judicial;

·permitir el uso de medios de comunicación electrónicos en asuntos transfronterizos entre personas físicas y jurídicas, y órganos jurisdiccionales y autoridades competentes, excepto en los asuntos cubiertos por la normativa sobre notificación y traslado de documentos 3 ;

·facilitar la participación de las partes en los procesos transfronterizos civiles y penales en las audiencias orales mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, con fines distintos de la obtención de pruebas en asuntos civiles y mercantiles 4 ;

·garantizar que no se rechacen documentos ni se les denieguen efectos jurídicos por el mero hecho de estar en formato electrónico (sin interferir en las facultades de los órganos jurisdiccionales para decidir sobre su validez, admisibilidad y valor probatorio como pruebas con arreglo al Derecho nacional);

·garantizar la validez y aceptación de firmas y sellos electrónicos en el contexto de la comunicación electrónica en la cooperación judicial transfronteriza y el acceso a la justicia.

•    Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•    Coherencia con otras políticas de la Unión

·estudiar el potencial para modernizar las principales disposiciones de los instrumentos en materia civil y comercial siguiendo el principio de «digital por defecto»; y

·estudiar a qué instrumentos de cooperación judicial en materia penal podría ampliarse el Sistema Digital de Intercambio de Pruebas Electrónicas (eEDES) 12 .

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•    Base jurídica

El uso de canales digitales para la comunicación en los procesos judiciales transfronterizos facilitaría la cooperación judicial en materia civil, mercantil y penal. Por consiguiente, la base jurídica de esta iniciativa son el artículo 81, apartado 1, y el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 19 .

El uso de canales digitales para la comunicación facilitaría la cooperación judicial y la tutela judicial efectiva en materia civil, de conformidad con el artículo 81, apartado 2, del TFUE. El artículo 82, apartado 1, del TFUE constituye la base jurídica para que la Unión facilite la cooperación entre las autoridades judiciales u otras autoridades competentes de los Estados miembros en los procesos penales y en la ejecución de resoluciones.

•    Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

•    Proporcionalidad

•    Elección del instrumento

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•    Consultas con las partes interesadas

•    Obtención y uso de asesoramiento especializado

 •    Evaluación de impacto 22

La evaluación de impacto estableció una opción estratégica no legislativa y una legislativa con tres subopciones. Existían otras opciones que se descartaron en una fase temprana. Se descartó una campaña promocional sobre el uso de herramientas digitales y el sistema e-CODEX para la comunicación en procesos judiciales transfronterizos, ya que se consideró que tal campaña no supondría una verdadera alternativa a la acción reguladora y que, en cualquier caso, podría realizarse como parte del escenario de referencia. La opción del intercambio electrónico de información y datos a través de un sistema centralizado de la UE no se consideró adecuada, ya que era difícil de justificar desde el punto de vista de la proporcionalidad y la subsidiariedad. Además, toda la información, los datos y los documentos se almacenarían en la infraestructura de la Comisión o de la entidad gestora del sistema (por ejemplo, eu-LISA), pero no formarían parte de los intercambios transfronterizos. Un sistema centralizado también constituiría un punto único de fallo, ya que todos los datos se almacenarían en un solo lugar, en comparación con un sistema descentralizado en el que los datos son almacenados individualmente por cada Estado miembro.

La opción no legislativa implicaría la adopción de medidas para animar a los Estados miembros a utilizar el sistema e‑CODEX para la comunicación transfronteriza y el acceso a la justicia digitales. Una recomendación de la Comisión podría animar a los Estados miembros a seguir un enfoque armonizado para el uso de las comunicaciones electrónicas, incluidas las videoconferencias, los documentos electrónicos, y las firmas y los sellos electrónicos. Dado el carácter voluntario de este enfoque, los Estados miembros tendrían libertad para desarrollar sus propias herramientas digitales. Esta acción podría ser viable desde un punto de vista técnico y operativo. La rentabilidad dependería del enfoque que cada Estado miembro adoptara con relación a la digitalización, y de sus necesidades y recursos. Sin embargo, en cuanto a la consecución de los objetivos de la propuesta, una recomendación no garantizaría la aplicación real de herramientas digitales para la comunicación, la interoperabilidad del canal digital, la aceptación de documentos electrónicos ni unas normas comunes sobre el uso y el reconocimiento de los servicios de confianza.

Con arreglo a la opción legislativa, se adoptarán medidas legislativas: un Reglamento y una Directiva. El reglamento incluirá normas que establezcan un canal electrónico seguro basado en e-CODEX (identificado como la solución técnica más adecuada en la evaluación de impacto de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre e-CODEX). Este canal, que constituye un sistema informático descentralizado, se utilizará para la comunicación y el intercambio de información, datos y documentos entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes y, cuando proceda, con los organismos de JAI y los órganos de la UE. Se introducirán normas para apoyar la comunicación entre particulares y personas jurídicas, y los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas normas sobre el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia. Se expondrán las obligaciones de los responsables y los encargados del tratamiento de los datos. Esta opción parte del supuesto de que los sistemas informáticos para el intercambio de órdenes europeas de investigación (OEI) y la notificación y el traslado de documentos o la obtención de pruebas, desarrollados por la Comisión, se ampliarán a toda la comunicación judicial transfronteriza regulada en los instrumentos de cooperación judicial de la UE. Los Estados miembros podrán conectar su sistema informático nacional a una red descentralizada o utilizar la solución informática desarrollada por la Comisión, ofrecida de forma gratuita. Esto permitirá la comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes que participen en los procesos con arreglo a los instrumentos de la UE relativos a la cooperación judicial en materia civil, mercantil o penal transfronteriza. Dentro de la opción legislativa se consideraron tres subopciones, a saber: a) el uso obligatorio o voluntario del canal digital; b) la aceptación obligatoria o voluntaria de la comunicación electrónica relativa a las personas físicas y jurídicas; y c) un enfoque regulador o no regulador del uso y el reconocimiento de los servicios de confianza. La directiva modificará las decisiones marco y las directivas vigentes para adaptarlas a las normas del Reglamento.

Tras comparar las opciones estratégicas y las subopciones y evaluarlas en relación con los objetivos de la propuesta, la opción preferida elegida es la legislativa. Con esta opción, la utilización de la comunicación digital será obligatoria (salvo excepciones justificadas) entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes (y entre estas y los órganos y organismos de JAI de la UE). También obligará a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades competentes a aceptar la comunicación electrónica de personas físicas y jurídicas, proporcionar una base jurídica para el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en las audiencias orales en asuntos transfronterizos, así como el uso y el reconocimiento de los servicios de confianza.

Aunque los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes deberán aceptar la comunicación electrónica de las personas físicas y jurídicas, el uso del canal digital será voluntario para las personas físicas y jurídicas, quienes podrán utilizar los medios de comunicación tradicionales, incluido el papel, si así lo desean.

Cabe esperar que el uso del canal digital tenga un impacto medioambiental positivo, debido al uso de menos papel y franqueo postal. Este impacto medioambiental se refiere principalmente a la adopción de medios electrónicos de comunicación y a un probable aumento del uso de la videoconferencia y la comunicación a distancia en lugar de las audiencias presenciales. Aunque cabe suponer que la producción y el funcionamiento de los equipos consumirán energía, el impacto global sobre el medio ambiente será positivo.

En cuanto al impacto económico, la obligación de crear un canal digital requeriría nuevas inversiones de los Estados miembros destinadas al desarrollo de la infraestructura necesaria para interactuar con e‑CODEX. La magnitud de la inversión dependería del nivel actual de digitalización y de participación en el proyecto e-CODEX, la compatibilidad con las soluciones actuales y las posibilidades de transmisión electrónica con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, a largo plazo, la digitalización de la justicia reduciría significativamente los costes en que incurren los sistemas judiciales nacionales en los procedimientos transfronterizos. También influiría positivamente en el proceso de digitalización a escala nacional.

La introducción de medios digitales para mejorar el acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos en materia civil, mercantil y penal afectará a particulares y empresas, incluidas las pymes. La posibilidad de presentar demandas y comunicarse digitalmente con los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes, así como de participar en las audiencias orales por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia facilitarán el acceso a la justicia en los procedimientos transfronterizos. Esto se debe a que las personas tendrán más flexibilidad para dirigirse a los órganos jurisdiccionales y para participar en las audiencias que se celebren en otro Estado miembro. Las empresas, incluidas las pymes, también se beneficiarán de un mejor acceso a la justicia y una protección más eficaz de sus derechos, lo que se espera que tenga un efecto beneficioso e impulse el comercio transfronterizo.

La reducción de los costes de los procesos tendrá el efecto indirecto de mejorar la competitividad de las empresas, incluidas las pymes. El ahorro anual global medio a escala de la UE se estima en 23 372 900 EUR en gastos de envío y 2 216 160 EUR en costes de papel, lo que supone un total de 25 589 060 EUR. Las personas físicas y jurídicas ahorrarán 4 098 600 EUR en gastos de envío y 388 800 EUR en costes de papel.

La reducción del tiempo necesario para la comunicación hará que las personas físicas y jurídicas ganen 2 700 000 días al año en tiempo medio de envío a escala de la UE. El tiempo medio de envío se reducirá a cero, lo que dará lugar a una reducción anual global de la duración de los procesos de 15 389 999 días. No habría costes adicionales para las personas físicas y jurídicas ni para las pymes por el uso del canal digital de comunicación en un procedimiento jurídico específico. Lo único que se necesitaría es un ordenador personal con conexión a internet. La digitalización de la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes aliviará la carga administrativa. La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que se ahorrarán 874 personas/año en el esfuerzo de tramitación a nivel de órganos jurisdiccionales y autoridades competentes.

•    Adecuación regulatoria y simplificación

•    Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Los costes para los Estados miembros serán bastante limitados: un total de 8 100 000 EUR anuales, es decir, 300 000 EUR anuales por Estado miembro. Durante los dos primeros años, el coste de la instalación será de 100 000 EUR anuales por Estado miembro. Esta cantidad incluye los costes de equipamiento y los recursos humanos necesarios para su configuración. Los 200 000 EUR restantes son necesarios para prestar asistencia a un número cada vez mayor de usuarios. A partir del tercer año no hay costes de instalación ni de hardware, sino únicamente costes relacionados con la asistencia a los usuarios y el mantenimiento del sistema. Se calcula que estos costes ascienden a 300 000 EUR anuales. El sistema e-CODEX es una solución de código abierto que podría utilizarse gratuitamente. Aunque se prevé que los Estados miembros sufraguen estos costes con cargo a sus presupuestos nacionales, también pueden solicitar ayuda financiera de la UE en el marco de los programas de financiación pertinentes, como el programa «Justicia» y los instrumentos de la política de cohesión. También cabe destacar que algunos Estados miembros ya utilizan una versión piloto de e-CODEX que pueden reutilizar y modificar para los nuevos fines establecidos.

5.OTROS ELEMENTOS

•    Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

A efectos del presente Reglamento, el sistema informático descentralizado seguirá desarrollándose mediante actos de ejecución adoptados por la Comisión. Los actos de ejecución establecerán:

·las especificaciones técnicas que definan los modos de comunicación por medios electrónicos a los efectos del sistema informático descentralizado;

·las especificaciones técnicas de los protocolos de comunicación;

·los objetivos en materia de seguridad de la información y las medidas técnicas pertinentes que garanticen las normas mínimas de seguridad de la información y un nivel elevado de ciberseguridad para el tratamiento y la comunicación de información dentro del sistema informático descentralizado;

·los objetivos mínimos de disponibilidad y los posibles requisitos técnicos relacionados para los servicios prestados por el sistema informático descentralizado.

Se creará un punto de acceso electrónico europeo en el Portal Europeo de e-Justicia mediante la modificación de la solución e-CODEX, ya desarrollada, para la presentación de demandas de escasa cuantía.

•    Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

2021/0394 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 2, letras e) y f), y su artículo 82, apartado 1, letra d),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)En su Comunicación de 2 de diciembre de 2020 sobre la digitalización de la justicia en la UE 29 , la Comisión señaló la necesidad de modernizar el marco legislativo de los procedimientos transfronterizos de la Unión en materia civil, mercantil y penal, en consonancia con el principio de «digital por defecto», garantizando al mismo tiempo todas las salvaguardias necesarias para evitar la exclusión social.

(2)Facilitar el acceso de las personas físicas y jurídicas a la justicia y la cooperación judicial entre los Estados miembros son algunos de los objetivos principales del espacio de libertad, seguridad y justicia consagrado en el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(3)Con el fin de reforzar la cooperación judicial y el acceso a la justicia, los actos jurídicos de la Unión que contemplan la comunicación entre las autoridades competentes, incluidas los órganos y organismos de la Unión, y entre las autoridades competentes y las personas físicas y jurídicas, deben complementarse con condiciones para entablar dicha comunicación por medios digitales.

(4)El presente Reglamento tiene por objeto mejorar la eficacia y la rapidez de los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia mediante la digitalización de los canales de comunicación existentes, lo que debe suponer un ahorro de costes y tiempo, una reducción de la carga administrativa y una mayor resiliencia ante circunstancias de fuerza mayor para todas las autoridades que participan en la cooperación judicial transfronteriza. El uso de canales digitales de comunicación entre las autoridades competentes debe reducir los retrasos en la tramitación de los casos, lo que su vez debe beneficiar a las personas físicas y jurídicas. Esto también es especialmente importante en el ámbito de los procesos penales transfronterizos en el contexto de la lucha de la Unión contra la delincuencia. A este respecto, el elevado nivel de seguridad que pueden ofrecer los canales digitales de comunicación constituye un paso adelante, también con respecto a la protección de los derechos de las personas afectadas y de su intimidad y sus datos personales.

(5)Es importante que se desarrollen los canales adecuados para que los sistemas judiciales puedan cooperar eficientemente de manera digital. Por consiguiente, es esencial establecer un instrumento de tecnología de la información a escala de la Unión que posibilite un intercambio electrónico transfronterizo de datos procesales entre las autoridades competentes que sea rápido, directo, interoperable, fiable y seguro.

(6)Existen herramientas de intercambio digital de datos procesales que ni sustituyen a los sistemas informáticos ya establecidos en los Estados miembros, ni requieren modificaciones costosas de dichos sistemas. La herramienta más importante en este sentido es e-CODEX (Comunicación para la justicia en red mediante el intercambio de datos en línea).

(7)El establecimiento de canales digitales para la comunicación transfronteriza debe contribuir directamente a mejorar el acceso a la justicia, permitiendo que las personas físicas y jurídicas soliciten la protección de sus derechos, resuelvan sus reclamaciones, inicien procedimientos e intercambien datos procesales en formato digital con las autoridades judiciales u otras autoridades competentes en procedimientos que se inscriban en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia civil y mercantil.

(8)El presente Reglamento debe cubrir la digitalización de la comunicación escrita en los asuntos con repercusiones transfronterizas que se inscriban en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos de la Unión en materia civil, mercantil y penal. Estos actos deben enumerarse en los anexos del presente Reglamento. Cuando así lo prevean los actos jurídicos enumerados en el anexo II, la comunicación escrita entre las autoridades competentes y los órganos y organismos de la Unión, como Eurojust, también debe estar cubierta por el presente Reglamento. Al mismo tiempo, si un asunto tiene repercusiones transfronterizas debe decidirse con arreglo a los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II del presente Reglamento. Cuando los instrumentos enumerados en los anexos I y II del presente Reglamento establezcan explícitamente que la legislación nacional debe regular un procedimiento de comunicación entre las autoridades competentes, no debe aplicarse el presente Reglamento.

(9)El presente Reglamento no debe aplicarse a la notificación y el traslado de documentos con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo 30 y al Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 31 , ni a la obtención de pruebas con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo 32 y al Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo 33 , que ya establecen sus propias normas sobre la digitalización de la cooperación judicial.

(10)A fin de garantizar una comunicación segura, rápida, interoperable, confidencial y fiable entre los Estados miembros a efectos de los procesos judiciales transfronterizos en materia civil, mercantil y penal, debe utilizarse cualquier tecnología moderna de comunicación adecuada, siempre que se cumplan determinadas condiciones en cuanto a la integridad y fiabilidad del documento recibido y a la identificación de los participantes en la comunicación. Por lo tanto, debe utilizarse un sistema informático descentralizado seguro y fiable y, por consiguiente, es necesario establecer un sistema informático de estas características para el intercambio de datos en los procesos judiciales transfronterizos. El carácter descentralizado de ese sistema informático permitiría intercambios de datos seguros exclusivamente entre un Estado miembro y otro, sin que ninguna de las instituciones de la Unión intervenga en la sustancia de esos intercambios.

(11)El sistema informático descentralizado debe estar compuesto por los sistemas de vigilancia de los Estados miembros y los órganos y organismos de la Unión, así como de puntos de acceso interoperables, a través de los cuales están interconectados. Los puntos de acceso del sistema informático descentralizado deben basarse en e-CODEX.

(12)A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros deben poder utilizar, en lugar de un sistema informático nacional, un programa informático desarrollado por la Comisión (programa informático de aplicación de referencia). La Comisión debe encargarse de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de este programa informático de aplicación de referencia de conformidad con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. La Comisión debe diseñar, desarrollar y mantener el programa informático de aplicación de referencia de conformidad con los requisitos y principios en materia de protección de datos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo 34 y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 35 , en particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, así como un nivel elevado de ciberseguridad. El programa informático de aplicación de referencia debe asimismo incluir medidas técnicas adecuadas y permitir las medidas organizativas necesarias con el fin de garantizar un nivel de seguridad e interoperabilidad adecuado para los intercambios de información en el contexto de los procesos judiciales transfronterizos.

(13)Con el fin de proporcionar una asistencia rápida, segura y eficaz a los solicitantes, la comunicación escrita entre las autoridades competentes, como las autoridades centrales y los órganos jurisdiccionales establecidos en virtud del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo 36 y del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo 37 , debe llevarse a cabo, por regla general, a través del sistema informático descentralizado. En casos excepcionales, podrán utilizarse otros medios de comunicación si se considera que son más adecuados para garantizar la flexibilidad. No obstante, el sistema informático descentralizado debe considerarse siempre el medio más adecuado para el intercambio de formularios entre las autoridades competentes establecidas por los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II del presente Reglamento.

(14)La transmisión a través del sistema informático descentralizado podría resultar imposible por una interrupción del sistema o porque la naturaleza de lo que debe transmitirse hace inviable su transmisión por medios digitales, como es el caso de las pruebas físicas o materiales. Cuando no se recurra al sistema informático descentralizado, la comunicación debe realizarse por las vías alternativas más adecuadas. Dichas vías alternativas deben incluir, entre otras, una transmisión lo más rápida posible y de forma segura por otros medios electrónicos seguros o mediante servicio postal.

(15)Con el fin de garantizar la flexibilidad de la cooperación judicial en determinados procesos judiciales transfronterizos, podrían ser más adecuados otros medios de comunicación. En particular, en el caso de la comunicación directa entre órganos jurisdiccionales en virtud del Reglamento (UE) 2019/1111 y del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 38 , así como la comunicación directa entre las autoridades competentes en virtud de los actos jurídicos de la Unión en materia penal. En tales casos, podrían utilizarse medios de comunicación menos formales, como el correo electrónico.

(16)Por lo que respecta a los componentes del sistema informático descentralizado, que son responsabilidad de la Unión, la entidad que los gestiona debe contar con los recursos suficientes para garantizar su correcto funcionamiento.

(17)A fin de facilitar el acceso de las personas físicas y jurídicas a las autoridades competentes, el presente Reglamento debe establecer un punto de acceso a escala de la Unión (punto de acceso electrónico europeo), como parte del sistema informático descentralizado a través del cual las personas físicas y jurídicas deben poder presentar reclamaciones y solicitudes, enviar y recibir información pertinente desde el punto de vista procesal y comunicarse con las autoridades competentes en los asuntos cubiertos por el presente Reglamento. El punto de acceso electrónico europeo debe alojarse en el Portal Europeo de e-Justicia, que sirve de ventanilla única para la información y los servicios judiciales en la Unión.

(18)Los Estados miembros deben encargarse de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de portales electrónicos nacionales (portales informáticos nacionales) a efectos de la comunicación electrónica entre las personas físicas y jurídicas y las autoridades respectivas que son competentes en los procesos contemplados en los actos jurídicos enumerados en el anexo I.

(19)En el contexto de la comunicación en asuntos transfronterizos de personas físicas y jurídicas con autoridades competentes, debe utilizarse la comunicación electrónica como alternativa a los medios de comunicación existentes. No obstante, para garantizar que el acceso a la justicia a través de medios digitales no contribuya a ampliar la brecha digital, la elección entre la comunicación electrónica, tal como se establece en el presente Reglamento, y otros medios de comunicación debe dejarse a discreción de las personas afectadas. Esta cuestión es especialmente importante para atender las circunstancias específicas de los grupos desfavorecidos y las personas en situación de vulnerabilidad, como los menores o las personas de edad avanzada, que pueden carecer de las competencias digitales o los medios técnicos necesarios para acceder a los servicios digitales.

(20)Para mejorar la comunicación electrónica transfronteriza y la transmisión de documentos a través del sistema informático descentralizado, el punto de acceso electrónico europeo y, cuando estén disponibles, los portales informáticos nacionales, no se denegarán efectos jurídicos a dichos documentos ni se considerarán inadmisibles en procesos judiciales por el mero hecho de estar en formato electrónico. No obstante, este principio se debe aplicar sin perjuicio de la valoración de los efectos jurídicos de dichos documentos o de su admisibilidad, que pueden constituir pruebas de conformidad con el Derecho nacional. Asimismo, dicho principio debe entenderse sin perjuicio del Derecho nacional relativo a la conversión de documentos.

(21)A fin de facilitar las audiencias orales en los procesos civiles, mercantiles y penales con repercusiones transfronterizas, el presente Reglamento debe contemplar el uso facultativo de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia para la participación de las partes en dichas audiencias. El procedimiento para solicitar las audiencias mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia y para llevarlas a cabo debe regirse por la legislación del Estado miembro que organice la videoconferencia. No debe denegarse la realización de una audiencia por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia únicamente sobre la base de la inexistencia de normas nacionales que regulen el uso de tecnologías de comunicación a distancia. En tales casos, deben aplicarse mutatis mutandis las normas más adecuadas del Derecho nacional, como las relativas a la obtención de pruebas. 

(22)El presente Reglamento no debe aplicarse al uso de tecnologías de videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en los procesos civiles, mercantiles y penales cuando dicho uso ya esté previsto en los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II.

(23)El Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 39 establece un marco regulador común de la Unión para el reconocimiento de los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza electrónicos (firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo, servicios de entrega electrónica y autenticación de sitios web) a los que se les reconoce el mismo estatuto jurídico que a sus equivalentes físicos a través de las fronteras. Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicar los servicios de confianza eIDAS a efectos de la comunicación digital.

(24)A fin de facilitar el pago de tasas en los asuntos con repercusiones transfronterizas que entren en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos de la Unión en materia civil y mercantil, el pago electrónico de tasas debe poder realizarse en línea mediante métodos de pago ampliamente disponibles en toda la Unión, como tarjetas de crédito y débito, monederos electrónicos y transferencias bancarias.

(25)Para garantizar la plena consecución de los objetivos del presente Reglamento y para adaptar los actos jurídicos vigentes de la Unión en materia civil, mercantil y penal al presente Reglamento, es necesario introducir modificaciones en los actos jurídicos siguientes: Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 40 , Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 41 , Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 42 , Reglamento (UE) 2015/848 y Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo 43 . Estas modificaciones tienen por objeto garantizar que la comunicación se lleve a cabo de conformidad con las normas y principios establecidos en el presente Reglamento. Las modificaciones de las Directivas y Decisiones Marco en materia civil, mercantil y penal se introducen en una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.../... [Directiva de modificación] 44 .

(26)De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 45 , la Comisión debe evaluar el presente Reglamento sobre la base de la información recopilada a través de modalidades de seguimiento específicas para cada uno de los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II del presente Reglamento, para evaluar los efectos reales del presente Reglamento y la necesidad de adoptar nuevas medidas.

(27)El programa informático de aplicación de referencia desarrollado por la Comisión como sistema de vigilancia debe recopilar sistemáticamente los datos necesarios a efectos de seguimiento, y estos deben transmitirse a la Comisión. En caso de que los Estados miembros opten por utilizar un sistema informático nacional en lugar del programa informático de aplicación de referencia desarrollado por la Comisión, dicho sistema puede estar equipado para recopilar sistemáticamente los datos y, en tal caso, estos deben transmitirse a la Comisión.

(28)Cuando los datos no puedan recopilarse automáticamente, y con el fin de aliviar la carga administrativa que supone la recopilación de datos, cada Estado miembro debe designar al menos un órgano jurisdiccional o autoridad competente a efectos de establecer una muestra de seguimiento. El órgano jurisdiccional o la autoridad competente designada de esta manera debe encargarse de recopilar datos sobre sus propios procesos y de facilitar a la Comisión dichos datos, que deben servir para proporcionar una estimación, a nivel de un Estado miembro determinado, de los datos necesarios para la evaluación del presente Reglamento. La autoridad competente o el órgano jurisdiccional designados deben ser representativos del ámbito de aplicación del Reglamento en la medida en que el mismo abarca los instrumentos de la Unión en materia civil, mercantil y penal. En los ámbitos en los que las autoridades consideradas competentes en el sentido del presente Reglamento no sean los órganos jurisdiccionales ni las fiscalías sino, por ejemplo, los notarios, la muestra de seguimiento designada también debe ser representativa de la aplicación del Reglamento por parte de dichas autoridades.

(29)La aplicación del presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los derechos procesales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 46 y en el Derecho de la Unión, como las Directivas sobre derechos procesales 47 , y en particular el derecho a un intérprete, el derecho a la asistencia de letrado, el derecho de acceso al expediente, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a estar presente en el juicio.

(30)El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo 48 son aplicables al tratamiento de datos personales llevado a cabo en el sistema informático descentralizado. Con el objetivo de clarificar la responsabilidad del tratamiento de datos personales enviados o recibidos a través del sistema informático descentralizado, el presente Reglamento debe indicar el responsable del tratamiento de datos personales. A tal fin, debe considerarse que cada entidad remitente o receptora ha determinado la finalidad y los medios del tratamiento de datos personales por separado.

(31)A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento en relación con la creación de un sistema informático descentralizado, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 49 .

(32)Dado que la digitalización armonizada de la cooperación judicial transfronteriza no la pueden alcanzar de manera suficiente los Estados miembros por sí solos (por razones como la ausencia de garantías con relación a la interoperabilidad de los sistemas informáticos de los Estados miembros y de los órganos y organismos de la Unión), y que dicha digitalización se puede lograr mejor mediante una acción coordinada a escala de la UE, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos expuestos.

(33)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(34)[De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación].

O

[De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado [mediante carta de...] su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(35)El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, y emitió su dictamen el [...].

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1.El presente Reglamento establece un marco jurídico para la comunicación electrónica entre las autoridades competentes en los procedimientos de cooperación judicial en materia civil, mercantil y penal, y para la comunicación electrónica entre personas físicas o jurídicas y autoridades competentes en procedimientos judiciales en materia civil, mercantil y penal.

Además, establece normas sobre:

a)el uso de videoconferencias u otras tecnologías de comunicación a distancia con fines distintos de la obtención de pruebas con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1783;

b)la aplicación de servicios de confianza electrónicos;

c)los efectos jurídicos de los documentos electrónicos y

d)el pago electrónico de tasas.

2.El presente Reglamento se aplicará a:

a)la comunicación electrónica entre las autoridades competentes en el contexto de los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II;

b)la comunicación electrónica entre las personas físicas o jurídicas y las autoridades competentes, y el pago electrónico de tasas en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos, en el contexto de los actos jurídicos enumerados en el anexo I y

c)la videoconferencia en procesos que entren en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II o en otros asuntos civiles y mercantiles, cuando una de las partes se encuentre en otro Estado miembro.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)«autoridades competentes»: órganos jurisdiccionales, fiscalías, órganos y organismos de la Unión y otras autoridades que participen en procedimientos de cooperación judicial de conformidad con las disposiciones de los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II;

2)«comunicación electrónica»: intercambio digital de información a través de internet o de otra red de comunicación electrónica;

3)«documento electrónico»: documento transmitido como parte de una comunicación electrónica, incluidos los documentos en papel escaneados;

4)«sistema informático descentralizado»: red de sistemas informáticos y puntos de acceso interoperables que opera bajo la responsabilidad y la gestión individuales de cada Estado miembro, agencia u organismo de la Unión, y permite un intercambio transfronterizo de información seguro y fiable;

5)«punto de acceso electrónico europeo»: punto de acceso interoperable en el contexto del sistema informático descentralizado, accesible a las personas físicas y jurídicas en toda la Unión;

6) «tasas»: pagos recaudados por las autoridades competentes en el marco de los procesos contemplados en los actos jurídicos enumerados en el anexo I.

CAPÍTULO II
COMUNICACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 3
Medios de comunicación entre las autoridades competentes

1.La comunicación escrita entre las autoridades competentes en los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II, incluido el intercambio de formularios establecido por dichos actos, se llevará a cabo a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable.

2.Cuando la comunicación electrónica de conformidad con el apartado 1 no fuese posible debido a la interrupción del sistema informático descentralizado, a la naturaleza del material transmitido o al concurso de circunstancias excepcionales, la transmisión se realizará por la vía alternativa más rápida y adecuada, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un intercambio de información seguro y fiable.

3.Cuando el uso del sistema informático descentralizado no resulte adecuado habida cuenta de las circunstancias específicas de la comunicación de que se trate, podrán utilizarse otros medios de comunicación.

4.El apartado 3 del presente artículo no se aplicará al intercambio de formularios facilitados por los instrumentos enumerados en los anexos I y II.

CAPÍTULO III
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

Artículo 4
Creación de un punto de acceso electrónico europeo

1.Se creará un punto de acceso electrónico europeo en el Portal Europeo de e-Justicia, y se utilizará para la comunicación electrónica entre las personas físicas o jurídicas y las autoridades competentes en los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos enumerados en el anexo I.

2.La Comisión será responsable de la gestión técnica, el desarrollo, el mantenimiento, la seguridad y el soporte técnico del punto de acceso electrónico europeo.

3.El punto de acceso electrónico europeo permitirá a las personas físicas y jurídicas presentar reclamaciones y solicitudes, enviar y recibir información pertinente desde el punto de vista procesal y comunicarse con las autoridades competentes.

Artículo 5
Medios de comunicación entre las personas físicas o jurídicas y las autoridades competentes

1.La comunicación escrita entre las personas físicas o jurídicas y las autoridades competentes que entren en el ámbito de aplicación de los actos jurídicos enumerados en el anexo I podrá efectuarse a través de los siguientes medios electrónicos:

a)el punto de acceso electrónico europeo o

b)los portales informáticos nacionales, cuando estén disponibles.

2.Las autoridades competentes se comunicarán con las personas físicas y jurídicas a través del punto de acceso electrónico europeo siempre y cuando dicha persona física o jurídica haya dado su consentimiento previo y expreso a la utilización de este medio de comunicación. 

3.La comunicación a que se refiere el apartado 1 se considerará equivalente a una comunicación escrita de conformidad con la normativa procesal aplicable.

Artículo 6
Obligación de aceptar la comunicación electrónica

Las autoridades competentes aceptarán las comunicaciones electrónicas incluidas en el artículo 5, apartado 1, transmitidas a través del punto de acceso electrónico europeo o de los portales informáticos nacionales, cuando estén disponibles.

CAPÍTULO IV
AUDIENCIAS POR VIDEOCONFERENCIA U OTRAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Artículo 7
Audiencias por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en materia civil y mercantil

1.Sin perjuicio de las disposiciones específicas que regulen el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en los procesos contemplados en los actos jurídicos enumerados en el anexo I, y a petición de una de las partes en procesos que entren en el ámbito de aplicación de dichos actos jurídicos o en otros asuntos civiles y mercantiles en los que una de las partes esté presente en otro Estado miembro, o a petición del representante legal o autorizado, las autoridades competentes permitirán la participación en una audiencia por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, siempre que:

a)dicha tecnología esté disponible; y

b)se haya permitido a la otra parte o partes en el proceso presentar una opinión sobre el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia.

2.La autoridad competente podrá denegar una solicitud de celebración de una audiencia oral mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia cuando las circunstancias particulares del caso no sean compatibles con el uso de dicha tecnología.

3.Las autoridades competentes podrán autorizar de oficio la participación de las partes en las audiencias por videoconferencia, siempre que se permita a todas las partes en el proceso presentar una opinión sobre el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia.

4.Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de solicitud y realización de una videoconferencia se regirá por la legislación nacional del Estado miembro que la realice.

5.Las solicitudes a que se refiere el apartado 1 podrán presentarse a través del punto de acceso electrónico europeo y de los portales informáticos nacionales, cuando estén disponibles.

Artículo 8
Audiencias por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en procesos penales

1.Cuando la autoridad competente de un Estado miembro solicite la audiencia de un sospechoso, acusado o condenado en un proceso contemplado en los actos jurídicos enumerados en el anexo II, la autoridad competente permitirá su participación en la audiencia por videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, siempre que:

a)dicha tecnología esté disponible;

b)las circunstancias particulares del caso justifiquen el uso de dicha tecnología;

c)el sospechoso, el acusado o la persona condenada haya prestado su consentimiento expreso sobre el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia; antes de prestar su consentimiento expreso sobre el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, el sospechoso o acusado podrá solicitar el asesoramiento de un abogado de conformidad con la Directiva 2013/48/UE.

2.El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan el uso de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en los actos jurídicos enumerados en el anexo II.

3.Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de realización de una videoconferencia se regirá por la legislación nacional del Estado miembro que la realice.

4.Se garantizará la confidencialidad de la comunicación entre los sospechosos, acusados o condenados y sus abogados antes y durante la audiencia mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia.

5.Antes de celebrar una audiencia en la que participe un menor mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, se informará sin demora a los titulares de la patria potestad, tal como se define en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo 50 , o a otro adulto apropiado a tenor del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. La autoridad competente tendrá en cuenta el interés superior del menor a la hora de decidir si procede oír a un menor mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia.

6.Cuando el Derecho nacional de un Estado miembro prevea la grabación de audiencias para asuntos nacionales, se aplicarán también las mismas normas a las audiencias mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia en asuntos transfronterizos. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que dichas grabaciones estén protegidas y no se difundan públicamente.

7.El sospechoso, el acusado y el condenado tendrán derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al Derecho nacional en caso de infracción del presente artículo.

CAPÍTULO V
SERVICIOS DE CONFIANZA, EFECTOS JURÍDICOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y PAGO ELECTRÓNICO DE TASAS

Artículo 9
Firmas electrónicas y sellos electrónicos

1.El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza establecido en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 será de aplicación a las comunicaciones electrónicas en virtud del presente Reglamento.

2.Cuando un documento transmitido como parte de la comunicación electrónica con arreglo al artículo 3 del presente Reglamento requiera o incorpore un sello o una firma manuscrita, estos se podrán sustituir por un «sello electrónico cualificado» o una «firma electrónica cualificada» respectivamente, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.

3.Cuando un documento transmitido como parte de la comunicación electrónica con arreglo al artículo 5 del presente Reglamento requiera o incorpore un sello o una firma manuscrita, estos se podrán sustituir por un «sello electrónico avanzado», una «firma electrónica avanzada», un «sello electrónico cualificado» o una «firma electrónica cualificada», tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.

Artículo 10
Efectos jurídicos de los documentos electrónicos

No se denegarán los efectos jurídicos de los documentos transmitidos como parte de la comunicación electrónica ni se considerarán inadmisibles en el contexto de los procesos judiciales transfronterizos contemplados en los actos jurídicos enumerados en los anexos I y II por el mero hecho de estar en formato electrónico.

Artículo 11
Pago electrónico de tasas

1.Los Estados miembros preverán la posibilidad de efectuar el pago electrónico de tasas, incluso desde Estados miembros distintos de aquel en el que tenga su sede la autoridad competente.

2.Los Estados miembros establecerán medios técnicos que permitan el pago de las tasas a que se refiere el apartado 1 a través del punto de acceso electrónico europeo.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN

Artículo 12
Adopción de actos de ejecución por la Comisión

1.La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer el sistema informático descentralizado indicando lo siguiente:

a)las especificaciones técnicas que definan los modos de comunicación por medios electrónicos a los efectos del sistema informático descentralizado;

b)las especificaciones técnicas de los protocolos de comunicación;

c)los objetivos en materia de seguridad de la información y las medidas técnicas pertinentes que garanticen las normas mínimas de seguridad de la información y un nivel elevado de ciberseguridad para el tratamiento y la comunicación de información dentro del sistema informático descentralizado;

d)los objetivos mínimos de disponibilidad y los posibles requisitos técnicos relacionados para los servicios prestados por el sistema informático descentralizado.

2.Los actos de ejecución previstos en el apartado 1 del presente artículo se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 16.

3.Los actos de ejecución por los que se establezca el sistema informático descentralizado para los actos jurídicos enumerados en el anexo I, puntos 3 y 4, y los actos jurídicos enumerados en el anexo II, puntos 2, 6 y 10, se adoptarán a más tardar [dos años después de la entrada en vigor].

4.Los actos de ejecución por los que se establezca el sistema informático descentralizado para los actos jurídicos enumerados en el anexo I, puntos 1, 8 y 9, y el acto jurídico enumerado en el anexo II, punto 11, se adoptarán a más tardar [tres años después de la entrada en vigor].

5.Los actos de ejecución por los que se establezca el sistema informático descentralizado para los actos jurídicos enumerados en el anexo I, puntos 6, 10 y 11, y los actos jurídicos enumerados en el anexo II, puntos 3, 4, 5 y 9, se adoptarán a más tardar [cinco años después de la entrada en vigor].

6.Los actos de ejecución por los que se establezca el sistema informático descentralizado para los actos jurídicos enumerados en el anexo I, puntos 2. 5, 7 y 12, y los actos jurídicos enumerados en el anexo II, puntos 1, 7 y 8, se adoptarán a más tardar [seis años después de la entrada en vigor].

Artículo 13
Programa informático de aplicación de referencia

1.La Comisión se encargará de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de un programa informático de aplicación de referencia que los Estados miembros podrán optar por utilizar como sistema de vigilancia en lugar de un sistema informático nacional. La creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de aplicación de referencia se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión Europea.

2.La Comisión proporcionará y mantendrá gratuitamente el programa informático de aplicación de referencia y ofrecerá asistencia técnica.

Artículo 14
Costes del sistema informático descentralizado, el punto de acceso electrónico europeo y los portales informáticos nacionales

1.Cada Estado miembro correrá con los costes de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los puntos de acceso al sistema informático descentralizado situados en su territorio.

2.Cada Estado miembro correrá con los costes de establecimiento de los sistemas informáticos nacionales interoperables con los puntos de acceso, o de adaptación de los ya existentes para que lo sean, y correrá con los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento de esos sistemas.

3.No se impedirá a los Estados miembros solicitar subvenciones destinadas a apoyar las actividades mencionadas en los apartados 1 y 2 en el marco de los programas financieros pertinentes de la Unión.

4.Los órganos y organismos de la Unión correrán con los costes de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los componentes del sistema informático descentralizado que se encuentren bajo su responsabilidad.

5.Los órganos y organismos de la Unión correrán con los costes de establecimiento y adaptación de sus sistemas de gestión de casos para hacerlos interoperables con los puntos de acceso, y correrán con los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas.

6.La Comisión correrá con todos los costes relacionados con el punto de acceso electrónico europeo.

Artículo 15
Protección de la información transmitida

1.Se considerará que la autoridad competente es responsable del tratamiento de datos personales en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679, del Reglamento (UE) 2018/1725 o de la Directiva (UE) 2016/680 en lo que respecta al tratamiento de datos personales enviados o recibidos a través del sistema informático descentralizado.

2.Se considerará que la Comisión es la responsable del tratamiento de datos personales en el sentido del Reglamento (UE) 2018/1725 en lo que respecta al tratamiento de datos personales por el punto de acceso electrónico europeo.

3.Las autoridades competentes velarán por que la información transmitida en el contexto de procesos judiciales transfronterizos a otra autoridad competente, que se considere confidencial en el Estado miembro desde el que se envía, siga siendo confidencial de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro al que se envía la información.

Artículo 16
Procedimiento de comité

1.La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 51 .

2.Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17
Seguimiento y evaluación

1.Cada cinco años a partir de la fecha de aplicación del artículo 25, la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe respaldado por la información facilitada por los Estados miembros y recopilada por la Comisión.

2.A partir de [...] 2025, a menos que se aplique un procedimiento de notificación equivalente en virtud de otros actos jurídicos de la Unión, los Estados miembros facilitarán anualmente a la Comisión información pertinente para la evaluación del funcionamiento y la aplicación del presente Reglamento sobre:

a)los costes ocasionados en virtud del artículo 14, apartado 2, del presente Reglamento y

b)la duración del procedimiento judicial en primera instancia, desde la recepción de la petición por la autoridad competente hasta la fecha de la resolución, en virtud de los actos jurídicos enumerados en el anexo I, puntos 3, 4 y 8, y en el anexo II.

3.Cada Estado miembro designará una o varias autoridades competentes que facilitarán anualmente a la Comisión los datos siguientes:

a)el número de asuntos tramitados por dicha autoridad en los que la comunicación se haya efectuado por medios distintos del sistema informático descentralizado, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y

b)el número de audiencias celebradas por dicha autoridad en las que se haya utilizado la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia para las audiencias orales de conformidad con los artículos 7 y 8.

4.El programa informático de aplicación de referencia y el sistema nacional de vigilancia, cuando esté equipado para ello, recopilarán sistemáticamente los datos a que se refiere el apartado 3, letra a), y los transmitirán anualmente a la Comisión.

Artículo 18
Información que debe comunicarse a la Comisión

5.A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor], los Estados miembros comunicarán a la Comisión la siguiente información con el fin de que esté disponible a través del Portal Europeo de e-Justicia:

a)cuando proceda, datos de los portales informáticos nacionales;

b)una descripción de la legislación y de los procedimientos nacionales aplicables al uso de la videoconferencia;

c)información sobre las tasas adeudadas en asuntos transfronterizos;

d)información sobre los métodos de pago electrónicos disponibles para las tasas adeudadas en asuntos transfronterizos.

Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión cualquier cambio relativo a esta información.

6.Los Estados miembros podrán notificar a la Comisión si están en condiciones de hacer funcionar el sistema informático descentralizado antes de lo exigido por el presente Reglamento. La Comisión facilitará dicha información por vía electrónica, en particular a través del Portal Europeo de e-Justicia.

CAPÍTULO VII
MODIFICACIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

Artículo 19
Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 52

El Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se modifica como sigue:

1) En el artículo 7, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La petición se presentará en papel, por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 53*, o por cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, aceptado por el Estado miembro de origen y disponible en el órgano jurisdiccional de origen.».

2) En el artículo 7, apartado 6, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente:

«6. La petición deberá llevar la firma del demandante o, si procede, de su representante. Cuando la petición se haya presentado por medios electrónicos, en virtud del apartado 5, se firmará de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 54*. La firma electrónica será reconocida en el Estado miembro de origen sin que sea posible establecer condiciones suplementarias.».

3) El artículo 16 se modifica como sigue:

a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El escrito de oposición se presentará en papel, por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 55*, o por cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, aceptado por el Estado miembro de origen y disponible en el órgano jurisdiccional de origen.».

b) en el apartado 5, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«5. El escrito de oposición deberá llevar la firma del demandado o, si procede, de su representante. Cuando el escrito de oposición se haya presentado por medios electrónicos, en virtud del apartado 5 del presente artículo, deberá firmarse conforme al artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 56*. La firma electrónica será reconocida en el Estado miembro de origen sin que sea posible establecer condiciones suplementarias.».

Artículo 20
Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 861/2007 57

El Reglamento (CE) n.º 861/2007 se modifica como sigue:

1) En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El demandante iniciará el proceso europeo de escasa cuantía cumplimentando el formulario estándar de demanda A, tal como figura en el anexo I del presente Reglamento, y presentándolo directamente ante el órgano jurisdiccional competente o enviándolo por correo postal, por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 58* o por cualquier otro medio de comunicación (fax, correo electrónico, etc.) admitido por el Estado miembro en el que se inicie el proceso. El formulario de demanda incluirá una descripción de los elementos probatorios en que se fundamenta la demanda e irá acompañado, cuando proceda, de todo documento justificativo pertinente.».

2) En el artículo 15 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los Estados miembros garantizarán que las partes puedan abonar las tasas judiciales por medios de pago a distancia que permitan a las partes efectuar el pago también desde un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que esté situado el órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 59*.».

Artículo 21
Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 655/2014 60

El Reglamento (UE) n.º 655/2014 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 8, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La solicitud y los documentos justificativos podrán presentarse por cualquier medio de comunicación, incluso electrónico, que sea admisible con arreglo a las normas procesales del Estado miembro en el que se presente la solicitud, o por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 61*.».

2) En el artículo 17, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La resolución sobre la solicitud se pondrá en conocimiento del acreedor con arreglo al procedimiento establecido en el Derecho del Estado miembro de origen por lo que respecta a órdenes nacionales equivalentes, o por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 62*.».

3) El artículo 29 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 29 
Transmisión de documentos

1. En caso de que el presente Reglamento disponga la transmisión de documentos con arreglo al presente artículo, dicha transmisión se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 63* en lo que respecta a la comunicación entre autoridades, o por cualquier medio adecuado cuando la comunicación deba ser efectuada por los acreedores, siempre que el contenido del documento recibido sea verídico y fiel al del documento expedido y que toda la información que contenga sea legible sin dificultad.

2. El órgano jurisdiccional o la autoridad que haya recibido documentos de conformidad con el apartado 1 del presente artículo enviará, antes de que finalice el día hábil siguiente al día de recepción:

a) acuse de recibo a la autoridad que haya transmitido los documentos, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 64*; o

b) acuse de recibo al acreedor o banco que haya transmitido los documentos por el medio más rápido posible de transmisión.

El órgano jurisdiccional o la autoridad que haya recibido los documentos de conformidad con el apartado 1 del presente artículo utilizará el formulario normalizado establecido mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 52, apartado 2.».

4) El artículo 36 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El escrito de interposición de los recursos previstos en los artículos 33, 34 o 35 deberá presentarse por medio del formulario establecido mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 52, apartado 2.

El escrito podrá presentarse en cualquier momento y de la siguiente manera:

a) por cualquier medio de comunicación, incluso electrónico, que sea admisible en virtud de las normas procesales del Estado miembro en el que se presente la solicitud;

b) por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 65*.».

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Excepto cuando el deudor haya presentado el escrito de interposición basándose en el artículo 34, apartado 1, letra a), o en el artículo 35, apartado 3, el recurso se resolverá después de haber dado a ambas partes la posibilidad de presentar alegaciones, lo que podrán hacer por los medios técnicos de comunicación disponibles y aceptados en el Derecho nacional del Estado miembro correspondiente o en virtud del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 66*.».

Artículo 22
Modificaciones del Reglamento (UE) 2015/848 67

El Reglamento (UE) 2015/848 se modifica como sigue:

1) En el artículo 42, apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: «La cooperación mencionada en el apartado 1 del presente artículo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) …/… [el presente Reglamento]*.».

2) El artículo 53 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 53 
Derecho a presentar los créditos

Los acreedores extranjeros podrán presentar sus créditos en el procedimiento de insolvencia por cualquier medio de comunicación aceptado por el Derecho del Estado de apertura del procedimiento, o por los medios electrónicos de comunicación previstos en el artículo 5 del Reglamento (UE) .../...[el presente Reglamento] 68*.

La representación mediante abogado u otro profesional del Derecho no será obligatoria al solo efecto de la presentación de créditos.».

3) En el artículo 57, apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«La cooperación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) …/… [el presente Reglamento]*.».

CAPÍTULO VIII

MODIFICACIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Artículo 23
Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1805 69  

El Reglamento (UE) 2018/1805 se modifica como sigue:

1) En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las resoluciones de embargo se transmitirán mediante un certificado de embargo. La autoridad de emisión transmitirá el certificado de embargo previsto en el artículo 6 del presente Reglamento directamente a la autoridad de ejecución o, en su caso, a la autoridad central mencionada en el artículo 24, apartado 2, del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 70*.».

2) En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La autoridad de ejecución informará a la autoridad de emisión de la ejecución de la resolución de embargo que incluya una descripción de los bienes embargados y, cuando sea posible, una estimación de su valor. La información se facilitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 71*, sin demora injustificada, una vez que la autoridad de ejecución haya sido informada de que la resolución de embargo ha sido ejecutada.».

3) En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cualquier decisión de no reconocer o no ejecutar la resolución de embargo se adoptará sin demora y se notificará inmediatamente a la autoridad de emisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 72*.».

4) En el artículo 9, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La autoridad de ejecución comunicará sin demora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 73*, su decisión sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución de embargo a la autoridad de emisión.»

5) En el artículo 10, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La autoridad de ejecución informará inmediatamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 74*, a la autoridad de emisión del aplazamiento de la ejecución de la resolución de embargo especificando los motivos a los que obedece el aplazamiento y, si ello fuera posible, la duración probable de este.».

«3. Tan pronto como dejen de existir los motivos del aplazamiento, la autoridad de ejecución adoptará inmediatamente las medidas necesarias para la ejecución de la resolución de embargo e informará de ello a la autoridad de emisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 75*.».

6) En el artículo 12, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La autoridad de ejecución, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, podrá presentar una solicitud motivada a la autoridad de emisión para limitar el período de embargo de los bienes. Esta solicitud, así como toda información justificativa pertinente, se enviará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 76*. Al examinar la solicitud, la autoridad de emisión deberá tener en cuenta los intereses de todas las partes, incluida la autoridad de ejecución. La autoridad de emisión responderá a la solicitud a la mayor brevedad posible. Si la autoridad de emisión no está de acuerdo con la citada limitación, deberá informar de los motivos a la autoridad de ejecución. En tal caso, los bienes permanecerán embargados de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Si la autoridad de emisión no responde en el plazo de seis semanas desde la recepción de la solicitud, la autoridad de ejecución dejará de estar obligada a ejecutar la resolución de embargo.».

7) En el artículo 14, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las resoluciones de decomiso se transmitirán mediante un certificado de decomiso. La autoridad de emisión transmitirá el certificado de decomiso previsto en el artículo 17 del presente Reglamento directamente a la autoridad de ejecución o, en su caso, a la autoridad central mencionada en el artículo 24, apartado 2, del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 77*.».

8) En el artículo 16, apartado 3, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La autoridad de emisión informará inmediatamente a la autoridad de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 78*, cuando: (...)».

9) En el artículo 18, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Tan pronto como se haya completado la ejecución de la resolución de decomiso, la autoridad de ejecución informará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 79* a la autoridad de emisión de los resultados de la ejecución».

10) En el artículo 19, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Toda decisión de denegación del reconocimiento o la ejecución de la resolución de decomiso se adoptará sin demora y se notificará inmediatamente a la autoridad de emisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 80*.».

11) En el artículo 20, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La autoridad de ejecución comunicará sin demora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 81*, a la autoridad de emisión su decisión sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución de decomiso.».

12) En el artículo 21, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La autoridad de ejecución informará sin demora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 82*, a la autoridad de emisión del aplazamiento de la ejecución de la resolución de decomiso especificando los motivos a los que obedece el aplazamiento y, si ello fuera posible, la duración probable de este.».

13) En el artículo 21, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Tan pronto como dejen de existir los motivos del aplazamiento, la autoridad de ejecución adoptará, sin demora, las medidas necesarias para la ejecución de la resolución de decomiso e informará de ello a la autoridad de emisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 83*.».

14) En el artículo 27, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La autoridad de emisión informará inmediatamente a la autoridad de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 84*, de la revocación de una resolución de embargo o una resolución de decomiso, así como de cualquier decisión o medida que genere la revocación de una resolución de embargo o una resolución de decomiso.».

«3. La autoridad de ejecución pondrá fin a la ejecución de la resolución de embargo o la resolución de decomiso tan pronto como haya sido informada por la autoridad de emisión de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. La autoridad de ejecución enviará al Estado de emisión, sin dilaciones indebidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 85*, una confirmación de la finalización.».

15) En el artículo 31, apartado 2, el texto del párrafo tercero se sustituye por el siguiente:

«Las consultas o, al menos, su resultado, se registrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) .../... [el presente Reglamento] 86*.».

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24
Disposiciones transitorias

1.Los Estados miembros empezarán a utilizar el sistema informático descentralizado a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del primer día del mes siguiente al período de dos años posterior a la adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 12, apartado 3.

Utilizarán el sistema informático descentralizado en los procesos incoados a partir del día mencionado en el párrafo primero.

2.Los Estados miembros empezarán a utilizar el sistema informático descentralizado a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del primer día del mes siguiente al período de dos años posterior a la adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 12, apartado 4.

Utilizarán el sistema informático descentralizado en los procesos incoados a partir del día mencionado en el párrafo primero.

3.Los Estados miembros empezarán a utilizar el sistema informático descentralizado a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del primer día del mes siguiente al período de dos años posterior a la adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 12, apartado 5.

Utilizarán el sistema informático descentralizado en los procesos incoados a partir del día mencionado en el párrafo primero.

4.Los Estados miembros empezarán a utilizar el sistema informático descentralizado a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del primer día del mes siguiente al período de dos años posterior a la adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 12, apartado 6.

Utilizarán el sistema informático descentralizado en los procesos incoados a partir del día mencionado en el párrafo primero.

Artículo 25
Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del [primer día del mes siguiente al período de dos años posterior a la fecha de entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Índice

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Política(s) afectada(s)

1.3.La propuesta/iniciativa se refiere a:

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) general(es)

1.4.2.Objetivo(s) específico(s)

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

1.4.4.Indicadores de rendimiento

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3.Conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación

1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Sistema(s) de gestión y de control

2.1.1.Justificación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de aplicación de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control propuestos

2.1.2.Información relativa a los riesgos detectados y al sistema o los sistemas de control interno establecidos para mitigarlos

2.1.3.Estimación y justificación de la rentabilidad de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)

2.2.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2.Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los créditos de operaciones

3.2.2.Resultados estimados financiados con créditos de operaciones

3.2.3.Resumen de la incidencia estimada en los créditos administrativos

3.2.4.Necesidades estimadas en recursos humanos

3.2.5.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.6.Contribución de terceros

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Política(s) afectada(s) 

1.3. La propuesta/iniciativa se refiere a: 

☒ una acción nueva 

◻ una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria 87  

◻ la prolongación de una acción existente 

◻ una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra/una nueva acción 

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) general(es)

1.4.2.Objetivo(s) específico(s)

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la población destinataria.

1.4.4.Indicadores de rendimiento

Precisar los indicadores para hacer un seguimiento de los avances y logros.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa 

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3.Conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación

1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa

◻ duración limitada

–◻    en vigor desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA.

–◻    incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA para los créditos de compromiso y desde AAAA hasta AAAA para los créditos de pago.

☒ duración ilimitada

–Ejecución con una fase de puesta en marcha desde 2022 hasta 2029 97 ,

–y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s) 98  

☒ Gestión directa por la Comisión

–☒ por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

–◻    por las agencias ejecutivas.

◻ Gestión compartida con los Estados miembros

◻ Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

–◻ terceros países o los organismos que estos hayan designado,

–◻ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense),

–◻ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones,

–◻ los organismos a que se hace referencia en los artículos 70 y 71 del Reglamento Financiero,

–◻ organismos de Derecho público,

–◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes,

–◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes,

–◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

–Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones

2.MEDIDAS DE GESTIÓN 

Normas en materia de seguimiento e informes

Especifique la frecuencia y las condiciones

2.1.Sistema(s) de gestión y de control 

2.1.1.Justificación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de aplicación de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control propuestos

2.1.2.Información relativa a los riesgos detectados y al sistema o los sistemas de control interno establecidos para mitigarlos

2.1.3.Estimación y justificación de la rentabilidad de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre) 

2.2.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, la estrategia contra el fraude

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 

·Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos 

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los créditos de operaciones 

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones.

–☒    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

DG: JUST				Año  2022	Año  2023	Año  2024	Año  2025	Año  2026	Año  2027	TOTAL
• Créditos de operaciones
Línea presupuestaria 102 : 02.04.05.01	Compromisos	(1a)		0	1,700	4,000	1,500	4,000	4,000	15,200
	Pagos	(2 a)		0	1,700	4,000	1,500	4,000	4,000	15,200
Línea presupuestaria	Compromisos	(1b)
	Pagos	(2b)
Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos 103
Línea presupuestaria		(3)
TOTAL de los créditos  para la DG JUST 104	Compromisos	=1a+1b +3		0	1,700	4,000	1,500	4,000	4,000	15,200
	Pagos	=2a+2b +3		0	1,700	4,000	1,500	4,000	4,000	15,200

Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una línea operativa, repetir la sección anterior:

Esta sección debe rellenarse mediante «los datos presupuestarios de carácter administrativo» introducidos primeramente en el anexo de la ficha de financiación legislativa (anexo V de las normas internas), que se carga en DECIDE a efectos de consulta entre servicios.

En millones EUR (al tercer decimal)

TOTAL de los créditos  para la RÚBRICA 7  del marco financiero plurianual

(Total compromisos = Total pagos)

0.310

0.862

0.862

0.862

0.862

0.862

4.620

En millones EUR (al tercer decimal)

3.2.2.Resultados estimados financiados con créditos de operaciones 

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)

3.2.3.Resumen de la incidencia estimada en los créditos administrativos 

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos.

–☒    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

RÚBRICA 7  del marco financiero plurianual
Recursos humanos	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	3.344
Otros gastos administrativos	0.006	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	1.276
Subtotal RÚBRICA 7  del marco financiero plurianual	0.310	0.862	0.862	0.862	0.862	0.862	4.620

Al margen de la RÚBRICA 7 107   del marco financiero plurianual
Recursos humanos
Otros gastos  de naturaleza administrativa
Subtotal  al margen de la RÚBRICA 7  del marco financiero plurianual

TOTAL

0.310

0.862

0.862

0.862

0.862

0.862

4.620

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la acción y/o reasignados dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

3.2.4.Necesidades estimadas en recursos humanos 

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–☒    La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en equivalencia a tiempo completo

XX es la política o título en cuestión.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

3.2.5.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente 

La propuesta/iniciativa:

–☒    puede ser financiada en su totalidad mediante una redistribución dentro de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual (MFP).

–◻    requiere el uso del margen no asignado con cargo a la rúbrica pertinente del MFP o el uso de los instrumentos especiales tal como se define en el Reglamento del MFP.

–◻    requiere una revisión del MFP.

3.2.6.Contribución de terceros 

La propuesta/iniciativa:

–☒    no prevé la cofinanciación por terceros

–◻    prevé la cofinanciación por terceros que se estima a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

3.3.Incidencia estimada en los ingresos 

–☒    La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

–◻    La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

◻    en los recursos propios

◻    en otros ingresos

indíquese si los ingresos se asignan a las líneas de gasto ◻    

En millones EUR (al tercer decimal)

En el caso de los ingresos afectados, especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.

Otras observaciones (por ejemplo, método o fórmula que se utiliza para calcular la incidencia en los ingresos o cualquier otra información).

(1)    Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).

(2)    COM(2021) 700 final.

(3)    Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (versión refundida) (DO L 405 de 2.12.2020, p. 40) y Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).

(4)    Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida) (DO L 405 de 2.12.2020, p. 1).    

(5)    COM(2020) 710 final.

(6)    En el contexto de la presente propuesta de Reglamento, el principio de «digital por defecto» debe entenderse como una forma de mejorar la eficiencia y la resiliencia de la comunicación, y de reducir los costes y la carga administrativa, dándole preferencia al uso del canal digital de comunicación.

(7)    COM(2020) 690 final.

(8)    COM(2020) 712 final.

(9)    COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

(10)    Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa 2020/C 202 I/01 (DO C 202I de 16.6.2020, p. 1).

(11)    Conclusiones del Consejo «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización» 2020/C 342 I/01 (DO C 342I de 14.10.2020, p. 1).

(12)    Aplicado con arreglo a las Conclusiones del Consejo del 9 de junio de 2016 relativas a la mejora de la justicia penal en el ciberespacio.

(13)    Conclusiones del Consejo «La orden de detención europea y los procedimientos de extradición: retos actuales y camino a seguir» 2020/C 419/09 (DO C 419 de 4.12.2020, p. 23).

(14)    Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(15)    COM(2021) 281 final.

(16)    JOIN(2020) 18 final.

(17)    COM(2020) 823 final.

(18)    COM(2020) 713 final.

(19)    Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 47).

(20)    SWD(2021) 392.

(21)    https://data.europa.eu/doi/10.2838/118529

(22)    SWD(2021) 392.

(23)    La principal herramienta informática desarrollada hasta ahora a escala de la UE, como ventanilla única para el acceso a la información y los servicios en el ámbito de la justicia.

(24)    Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(25)    Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(26)    Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(27)    SWD(2021) 392.

(28)    Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).

(29)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. La digitalización de la justicia en la UE. Un abanico de oportunidades, COM(2020) 710 final.

(30)    Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»), (DO L 405 de 2.12.2007, p. 40).

(31)    Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).

(32)    Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida) (DO L 405 de 2.12.2020, p. 1).

(33)    Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).

(34)    Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(35)    Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(36)    Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).

(37)    Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).

(38)    Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

(39)    Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(40)    Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).

(41)    Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).

(42)    Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).

(43)    Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (DO L 303 de 28.11.2018, p. 1).

(44) *     Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2003/8/CE del Consejo, las Decisiones Marco 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI y 2009/948/JAI del Consejo, y la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la digitalización de la cooperación judicial.

(45)    Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

(46)    Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).

(47)    Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p.1) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p.1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p.1); Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p.1); Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

(48)    Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(49)    Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(50)    Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1).

(51)    Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(52)    Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).

(53) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos en materia civil, mercantil y penal, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(54) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(55) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(56) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(57)    Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).

(58) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(59) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(60)    Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).

(61) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(62) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(63) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(64) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(65) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(66)    Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

(67) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(68)    Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (DO L 303 de 28.11.2018, p. 1).

(69) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(70) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(71) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(72) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(73) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(74) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(75) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(76) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(77) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(78) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(79) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(80) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(81) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(82) *     Propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial [COM(2021) 759].

(83) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(84) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(85) *     Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L ...).

(86)    Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

(87)    Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240. (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).

(88)    SWD(2021) 392.

(89)    https://www.e-codex.eu/

(90)    Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (DO L 405 de 2.12.2020, p. 40).

(91)    Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida) (DO L 405 de 2.12.2020, p. 1).

(92)    COM(2020) 710 final.

(93)    Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un sistema informatizado de comunicación en los procesos transfronterizos penales y civiles (sistema e-CODEX), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 [COM(2020) 712 final].

(94)    Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(95)    Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Justicia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1382/2013 (DO L 156 de 5.5.2021, p. 21).

(96)    Todas las medidas posteriores a 2027 estarán sujetas a la disponibilidad de las asignaciones en el próximo marco financiero plurianual (MFP) y no predeterminan la futura propuesta de la Comisión para el MFP posterior a 2027.

(97)    Los detalles de los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  

(98)    CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.

(99)    AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.

(100)    Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

(101)    Según la nomenclatura presupuestaria oficial.

(102)    Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(103)    La DG CNECT pondrá los créditos a disposición de la DG JUST tras la adopción de los programas de trabajo pertinentes.

(104)    Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).

(105)    Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…».

(106)    Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(107)    Sublímite para el personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).

(108)    El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Se deberá sustituir «N» por el primer año de aplicación previsto (por ejemplo: 2021). Igual para los años siguientes.

(109)    Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 20 % de los gastos de recaudación.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 1.12.2021

COM(2021) 759 final

ANEXOS

de la

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial

{SEC(2021) 580 final} - {SWD(2021) 392 final} - {SWD(2021) 393 final}

ANEXO 1
Actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil

1)Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios.

2)Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

3)Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

4)Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.

5)Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

6)Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

7)Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida).

8)Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.

9)Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.

10)Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

11)Reglamento (UE) 2016/1104, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

12)Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.

ANEXO 2
Actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal

1)Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación.

2)Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

3)Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

4)Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.

5)Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

6)Decisión Marco del Consejo 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

7)Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.

8)Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional.

9)Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.

10)Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

11)Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.